El Senado comenzará a debatir mañana en comisión los proyectos que proponen la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y que, a su vez, impulsan la paridad de género en el tribunal, dos cuestiones que aún no tienen, al menos públicamente, la luz verde del Gobierno nacional.

Su inicio estaba previsto para las 13:00 y sería de carácter netamente informativo. Además, al término, pasarán a tratarse otros iniciativas vinculadas a la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la duración de sus mandatos.

El carácter informativo es importante de resaltar ya que, este martes, operadores de la Casa Rosada tantearon el panorama -sin margen- para intentar suspender el encuentro por temor a un eventual dictamen entre algunos de los proyectos vinculados a estos dos temas.

Días atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni desentendió al Poder Ejecutivo de uno de esos proyectos que promovió un aliado del oficialismo como lo es el senador salteño Juan Carlos Romero; su texto aspira a elevar el número de integrantes de cinco a siete miembros.

No obstante, también existen otros proyectos que pretenden llevar la composición de la Corte a nueve haciendo énfasis en la paridad de género; hasta en el temario aparece el proyecto de la kirchnerista Silvia Sapag, aprobado en la Cámara alta en 2022, que eleva el número 15 jueces.

El dictamen de Romero detalla que solo cinco de esos siete miembros pueden ser del mismo sexo; mientras que el de Sapag, que es una reproducción de la ampliación aprobada en septiembre de 2022, lleva esa misma fórmula a ocho sobre 15 miembros.

No está clara la postura de La Libertad Avanza con respecto al número de la Corte o si prefiere continuar con la actual estructura del tribunal de cinco miembros, pero que en la actualidad solo tiene tres miembros: Horacio Rossati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

La bancada podría dejar entrever la visión del presidente Javier Milei en este punto en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, y de Justicia y Asuntos Penales, que lidera el libertario Juan Carlos Pagotto.

Por otro lado, se tocarán los proyectos vinculados a la AGN. En los papeles, el organismo debería compuesto por siete auditores: seis designados por el Legislativo, tres por la Cámara alta y tres por la Cámara baja; mientras que el séptimo es elegido por el partido político de la mayoría. Sus mandatos vencieron y debe renovarse su composición.

Los senadores Romero y Carlos Espínola (Corrientes) aspiran a reducir el mandato de ocho a cuatro años. La acción propone modificar el artículo 121 de la Ley 24.156. El kirchnerismo busca cambiar su composición con dos proyectos distintos.

Uno de esos, reduce el número de siete a cinco, como es el caso del proyecto del senador Sergio Leavy. El líder del interbloque peronista, José Mayans, pretende elevar el número de siete a nueve. 

Esto podría llevar a un acuerdo intermedio entre la preferencia del kirchnerismo y el tándem Romero – Espínola. El texto de estos no modifica la composición de la AGN, sino que solo se enfoca en la duración de los mandatos.

Sin embargo, este posible escenario puso con la guardia alta al bloque Convicción Federal, que integra el interbloque peronista del Senado y que se conformó por diferencias con la conducción.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la senadora Carolina Moisés (Jujuy), resaltó que pujarán por el criterio de integración de la AGN con perspectiva “federal más allá de los cupos partidarios y la participación de mujeres en ese organismo”.

“Podemos pensar en aumentar sus miembros y acortar sus mandatos, sin embargo, no tenemos una posición definida al respecto“, sintetizó Moisés poniendo en duda el virtual acuerdo entre el interbloque peronista y Romero.

Desde Balcarce 50 motorizaron en las últimas horas el proyecto en la Cámara de Diputados de Martín Menem. Tiene el impulso de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y que colisiona con los intereses del Senado.

La CGT presentó ante la Justicia una acción de amparo sindical para frenar la vigencia del reciente decreto del Gobierno que limitó el derecho a huelga al ampliar la cantidad de actividades consideradas esenciales.

Tal como había anticipado los referentes sindicales la semana pasada apenas se conoció la publicación del decreto, la presentación se concretó hoy ante el juzgado Laboral Nro. 3, a cargo de Moira Fullana.

En un comunicado, la CGT había manifestado su repudio al Decreto 340/2025 porque “intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, y advirtió que el movimiento obrero “dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

Días después, el cosecretario general de la CGT Héctor Daer visitó la Casa Rosada para tratar un tema relacionado a su sindicato de Sanidad pero fue consultado por la prensa sobre el decreto y sostuvo: “La semana próxima estamos actuando nuevamente en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema”.

Se refirió de esa forma al Mega DNU que publicó el presidente Javier Milei a pocos meses de su asunción y que contenía un apartado con reformas laborales, el cual quedó suspendido por la Justicia tras una presentación de la CGT.

“Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el decreto DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa”, dijo Daer.

El DNU 340/2025 publicado el pasado miércoles limitó el derecho de huelga en actividades consideradas a partir de ahora esenciales y deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto sindical.

La norma incluye en este segmento a los servicios sanitarios; transporte y de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.

También incluidos en el decreto la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció este lunes que convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información, de acuerdo a los lineamientos de implementación del Plan de Reparación Histórica de Ahorros de los Argentinos.

La medida implicará que aquellas jurisdicciones que no adhieran al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, “perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas” así como los datos relativos “a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)”.

El comunicado añadió que el Gobierno avanza en la decisión “histórica” de devolverle a los argentinos la “libertad de usar su dinero como quieran” y añadió que la invitación a los mandatarios provinciales implica “ser parte de una nueva era” en la que “los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario”.

El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que entrará en vigencias el próximo 1º de junio, busca incentivar el uso de dólares no declarados por los ahorristas – los mencionados por el Gobierno como dólares “de abajo del colchón” – comprados para atesoramiento en el mercado paralelo conocido como dólar blue.

El anuncio de este nuevo plan se realizó el pasado 22 de mayo y el titular de ARCA, Juan Alberto Pazo, ya había adelantado la intención de derogar los regímenes de información vigentes, por los cuales los comercios deben informar todas las operaciones que realicen. (DIB) ACR