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Ya hay fecha para tratar el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal

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El consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados posibilitará que el plenario del cuerpo retome el martes 26 de octubre su actividad en el recinto con el tratamiento de los proyectos de Ley de Etiquetado Frontal y de políticas para personas en situación de calle, entre otras iniciativas, tras la fallida sesión de hace dos semanas.

Con la realización de esta sesión, la Cámara volverá a funcionar en plenitud luego de tres meses y medio: el 8 de julio había escuchado el informe de gestión del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y una semana antes se había realizado la última sesión especial con el tratamiento de proyectos.

El escenario de campaña electoral, el receso invernal y la demora en la renovación del protocolo de sesiones mixtas (presencial y virtual) vencido desde el 12 de julio, condicionaron la vuelta al trabajo del plenario del cuerpo, que finalmente será presencial según lo dispuesto a fines de septiembre por la Presidencia de la Cámara.

La vuelta a la metodología de trabajo de la pre-pandemia se da con algunos complementos sanitarios como hisopados, uso de tapabocas y limitación en la cantidad de asesores de los legisladores, por lo que para la puesta en marcha de una sesión se requiere de una mayor planificación previa.

En ese contexto, el Frente de Todos intentó el pasado martes 5 llevar adelante una sesión especial para tratar proyectos como la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la de políticas para personas en situación de calle y un par de proyectos con beneficios al sector viñatero, pero fracasó en su intento ya que sólo consiguió sentar en las bancas a 122 diputados, siete menos que el quórum de 129.

La oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, argumentó ese día su ausencia en el desacuerdo con las formas en las que el Frente de Todos convocó a la sesión, ya que, afirmaron, “lo hizo el viernes anterior a última hora de la tarde y sin consultar al resto de los bloques”.

Además, los diputados de JxC conducidos por el radical Mario Negri aclararon ese día que coincidían en la necesidad de abordar esos temas, pero que además se debían llevar al recinto la denominada Ley Ovina, e iniciar el debate en comisiones de proyectos como Ley de Alquileres, Boleta única y Emergencia Educativa.

La aclaración de Juntos por el Cambio se fundamentó en que desde el Frente de Todos se insistía en que la principal bancada opositora se negaba a tratar la Ley de Etiquetado Frontal, cuando la mayoría de los diputados radicales había acompañado el dictamen de mayoría.

Tras una serie de reuniones entre los principales referentes parlamentarios del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y del resto de los bloques minoritarios desarrolladas en los últimos diez días, finalmente se saldaron las diferencias que hicieron fracasar esa sesión y se acordó la realización de la del martes 26 al mediodía.

Además de los tres temas incluidos en la fallida sesión, se acordó que la agenda que se llevará ese día al recinto incluirá la prórroga de la Ley Ovina y el proyecto enviado por el Senado que autoriza la entradas de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse del 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.

Otros expedientes contemplados son el de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el Covid-19; la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada Guatemala en 2013; y el Régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescentes con cáncer.

En esta oportunidad, el pedido de sesión fue firmado por los presidentes de los bloques del Frente de Todos; Juntos por el Cambio; Consenso Federal, Córdoba Federal; Frente de la Concordia de Misiones; Juntos Somos Río Negro; Movimiento Popular Neuquino; Progresistas; Socialista y Acción Federal.

En la solicitud sólo faltan las firmas de los bloques Justicialista, Unidad para el Desarrollo, Justicia Social de Tucumán y la Izquierda.

Fuentes parlamentarias estimaron que la semana próxima se podría avanzar en los dictámenes pendientes de los proyectos que fueron incluidos en el temario, como el de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia, elaborado por el titular de la Cámara, el oficialista Sergio Massa.

A su vez, fuentes parlamentarias confiaron a Télam que la del martes 26 sería la última sesión antes de las elecciones generales del 14 de noviembre, y que entre esa fecha y el 10 de diciembre (prórroga de sesiones ordinarias mediante), se desarrollaría una intensa actividad que incluiría, entre otros temas, el tratamiento del Presupuesto 2022.

En la sesión del martes 26 también está prevista la jura de los diputados que reemplazarán al fallecido Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico de Catamarca-Juntos por el Cambio) y a los renunciantes Facundo Moyano, Cristina Alvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti, los tres del Frente de Todos.

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Elecciones bonaerenses: El Gobierno dice que está 4 puntos abajo del peronismo

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El Gobierno maneja una reciente encuesta que lo estaría dando cuatro puntos debajo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo el próximo domingo y consideraron que sería “un triunfo” ser superados por ese margen en ese distrito no tan favorable para La Libertad Avanza.

“Tengo una encuesta que da cuatro puntos abajo del kirchnerismo. Para nosotros es un triunfo sacar entre cero y cinco puntos por debajo de ellos”, sostuvo uno de los más encumbrados miembros del Gobierno en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada.

Consultado sobre ese posible escenario para la votación del domingo, agregó: “Se dieron un montón de factores, las elecciones desdobladas, esta campaña de desprestigio, etc. Así que para nosotros es óptimo estar cuatro puntos abajo de los K. Canto victoria”, insistió el dirigente libertario.

Sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei, negó de plano que las grabaciones hayan sido realizadas por integrantes del Ejecutivo: “No son funcionarios ni gente de adentro del Gobierno. Esto vino de afuera. Está comprobado que células rusas están en la Argentina para llevar adelante una campaña de desinformación. Esta descontado que haya sido una operación interna”, planteó en línea con lo dicho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Es una campaña organizada para desinformar. Es externo para desestabilizar al gobierno”, insistió.

Y detalló: “Karina fue el viernes a hacer la denuncia. No es casual que los audios lo tengan periodistas identificados con el kirchnerismo. Después de las denuncias hay que esperar a la Justicia”.

De cara al acto de cierre de campaña de LLA el próximo miércoles en el municipio de Moreno, esta fuente adelantó que se reforzará “la seguridad del presidente Javier Milei y de Karina”, tras los incidentes en Lomas de Zamora y Corrientes.

Por último, sobre la visita que hará Milei a Los Ángeles y Las Vegas tras el cierre de campaña y antes de la votación del domingo, destacó el poder financiero de los empresarios con los que se reunirá el Presidente, rechazó las críticas por asistir a la obra de teatro de su ex pareja Fátima Florez  en la llamada “Ciudad del pecado” y cerró con un jocoso: “Ya que está ahí, que se juegue unas fichas en uno de los casinos”.

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El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias

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El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien hoy ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, carga sobre sus espaldas un extenso historial de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Nueve expedientes fueron abiertos en su contra, de los cuales cinco corresponden a casos de presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.

La notificación formal de los cargos se produjo la semana pasada. De acuerdo con el reglamento, el magistrado tiene veinte días hábiles para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau. Allí se definirá si las denuncias ameritan sanciones administrativas o si deben ser giradas a la Comisión de Acusación, instancia que podría pedir su remoción.

Las acusaciones contra el juez Alejandro Maraniello

Las acusaciones contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Una de las empleadas denunció que, a pocos días de haber ingresado al juzgado, fue citada por el magistrado fuera del horario laboral. Según su testimonio, allí sufrió tocamientos y besos no consentidos, y se vio luego forzada a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación.

Otra trabajadora aseguró haber recibido mensajes a través de redes sociales, además de comentarios reiterados sobre su vestimenta y hostigamiento laboral tras rechazar avances personales. Relató que padeció acercamientos físicos no deseados y terminó en tratamiento médico por depresión y pensamientos suicidas. La denuncia fue elevada a la Unidad de Bienestar Laboral y también tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de la fiscal Mariana Labozzetta.

Consigna policial

El gremio judicial Aefpjn alertó ya en septiembre de 2024 sobre el clima de violencia en el juzgado de Maraniello y reclamó la presencia de consigna policial para resguardar la integridad física y psíquica de los empleados. Desde entonces, el juzgado cuenta con presencia policial en horario laboral.

Algunos expedientes permanecen bajo reserva, remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y por la Oficina de Bienestar Judicial. Sin embargo, testimonios de empleados actuales y exempleados permiten reconstruir un patrón de conductas abusivas. Una de las denunciantes subrayó su situación de vulnerabilidad: hija de un camionero, ingresó como trabajadora interina para sostener sus estudios universitarios, siendo la primera de su familia en acceder a la educación superior.

El fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei

La gravedad de las acusaciones coincide en el tiempo con el protagonismo que adquirió Maraniello al dictar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei grabados dentro de la Casa Rosada.

El fallo, con alcance a cualquier medio, plataforma o red social, fue celebrado por la Casa Rosada, que sostiene que la filtración respondió a una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

La denuncia oficial, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, habla de una maniobra golpista y responsabiliza a sectores de la oposición. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. Además, se pidió allanar las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y se apuntó contra allegados de la diputada Marcela Pagano.

En el oficialismo preocupa el impacto político de la filtración, tanto por la desmotivación en la militancia como por el riesgo de que la crisis se profundice si no logran un buen resultado en las próximas elecciones legislativas. La coincidencia entre la resolución judicial de Maraniello y la situación personal del magistrado agrega un condimento de alto voltaje institucional.

Mientras se desarrolla el proceso disciplinario, Maraniello sigue en funciones. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura deberá resolver en las próximas semanas si las denuncias prosperan y si corresponde avanzar hacia un eventual pedido de remoción.

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La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

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El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal”, a raíz de la difusión de audios grabados en Casa Rosada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Paralelamente, un juez en lo Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de su divulgación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su cuenta de X que el Ejecutivo “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación judicial fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni. Más tarde, el funcionario celebró en la misma red social la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello, quien resolvió que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El magistrado dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material difundido el 29 de agosto, ordenando el cese de su circulación “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. En la resolución se especificó: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025… que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.

Para garantizar el cumplimiento, se dispuso el envío de un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), con habilitación de días y horas inhábiles.

Los audios atribuidos a Karina Milei

La controversia comenzó el viernes, cuando se difundió un fragmento en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir “unidad” en la interna libertaria. Desde Presidencia sostuvieron que la emisión en el canal de streaming “Carnaval” tuvo como fin “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”. Además, señalaron entre los responsables al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial -“que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei”- y el abogado Franco Bindi.

En la denuncia, recuerda la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno remarcó “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”, y reclamó una “medida cautelar urgente” que impida su circulación “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”. (DIB) GML

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