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En medio de la crisis, los colectivos del conurbano bonaerense extienden su vida útil

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El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en crisis desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Los colectivos, por caso, aumentaron su boleto, pero siguen atrasados y las empresas vienen denunciando que no cobran los subsidios de Nación. En el medio, la Provincia intenta aliviar su situación.

Tras darle más tiempo para instalar cámaras de seguridad, el gobierno bonaerense volvió a tirarles un centro con la Resolución 117. Desde hoy, elMinisterio de Transporte determinó que la antigüedad máxima de los colectivos que se incorporen por primera vez al servicio de pasajeros podrá ser de hasta 10 años. Esto rige para las líneas urbanas e interurbanas de media distancia aledañas a la Ciudad de Buenos Aires.

La cartera que lidera Jorge D’Onofrio también determinó que cuando se venza la antigüedad máxima de una década, los coches continuarán habilitados por tres años más. Estos colectivos, sin embargo, deberán hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) cada cuatro meses de manera obligatoria.

La medida alcanza a vehículos del año 2011, 2012 y 2013, es decir, al 24,66 por ciento de los colectivos registrados en el parque móvil habilitado por la Provincia. En total, son 5278 coches que deberían reemplazarse por modelos más nuevos para que las líneas sigan teniendo la misma capacidad. Sin embargo, las empresas del sector pidieron extender la vida útil de los colectivos amparadas en “la delicada situación económica y financiera” que atraviesan.

Desde el punto de vista técnico, además, la Resolución cita un informe de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial en el cual se estableció que “las unidades con una antigüedad de hasta 13 años, bajo un régimen de control estricto de revisiones técnicas obligatorias cada 4 meses, no presentan problemas de seguridad”.

Fuente: Infocielo.

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Presupuesto 2026: Kicillof “blindó” el gasto corriente para resistir el ajuste del Gobierno

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El proyecto de Presupuesto bonaerense 2026 que tomará estado parlamentario el miércoles próximo fue concebido por el gobernador Axel Kicillof como su principal arma política para confrontar el modelo de austeridad del gobierno de Javier Milei.

El mensaje que incluye la “ley de leyes” es claro y se constituye como una justificación política del gasto, pero no elude la confrontación y establece un diagnóstico lapidario de la situación.

“La economía argentina se encuentra transitando una situación de emergencia a partir de la crisis provocada por las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional desde diciembre de 2023”, arranca la herramienta presupuestaria con la que Kicillof se propone resistir al contexto de ajuste.

La necesidad de “blindar” el gasto social y la estructura estatal se basa en la premisa de que el territorio bonaerense es particularmente vulnerable a la recesión que atraviesa el país.

Según el documento oficial, “la provincia de Buenos Aires no es ajena a esta situación general, sino todo lo contrario: por sus propias características, las crisis se amplifican”. Esta emergencia obliga a la Provincia a destinar una porción abrumadora de sus recursos al funcionamiento diario.

Las planillas anexas confirman la estrategia: los gastos corrientes (destinados a salarios, servicios, transferencias sociales y funcionamiento de la estructura estatal) consumirán $39.86 billones, lo que representa el 92,6% del total presupuestado, una cifra récord que consolida el enfoque en el sostenimiento de servicios esenciales y la asistencia directa.

Este foco en el gasto corriente se da a costa de la inversión estructural: el gasto de capital (obra pública e inversión directa) apenas alcanza el 7,3% del total. Para poder suplir este déficit, la Provincia envió a la Legislatura el proyecto de endeudamiento, que ronda 3035 millones de dólares.

El gobierno de Kicillof justifica esta baja inversión con una crítica directa a la Casa Rosada. Al déficit económico, “se agrega el abandono del Estado nacional de sus funciones básicas, la interrupción de mil obras inconclusas en el territorio provincial y el recorte de transferencias obligatorias no automáticas”, plantea el presupuesto del Ejecutivo provincial.

El mensaje político de la Provincia insiste en que el foco del presupuesto está en paliar el daño social y productivo que genera la recesión.

El Ejecutivo bonaerense afirma que “el entramado productivo se deteriora a gran velocidad, el cierre de empresas se extiende en todo el territorio, el desempleo crece al mismo ritmo que se destruye la producción, los ingresos de las familias se derrumban y la vulnerabilidad social se multiplica”.

De esta manera, el Presupuesto 2026 queda definido como un “presupuesto de defensa“, un término que sintetiza la posición oficial, donde la mayor partida de gasto se explica por la obligación de sostener la red de contención frente a los efectos que la administración provincial atribuye directamente a las decisiones de la Nación.

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Reapareció Alberto Fernández: “Me costó un maltrato mediático que no merecía”

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El expresidente Alberto Fernández reapareció públicamente en el canal de streaming Blender, en el programa “Hay Algo Ahí”, y se refirió abiertamente al período de ostracismo mediático que experimentó tras dejar la presidencia, describiéndolo como un proceso de “cancelación”.

Fernández confesó que el trato recibido lo llevó a un aislamiento autoimpuesto, algo que nunca esperó.

“Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía, sinceramente, un proceso de cancelación mediático que nunca pensé que podía ser tan severo y que hasta me convenció a mí, que era mejor no salir,” declaró el exmandatario.

El expresidente relató que, poco a poco, fue recuperando “el aire” y las “fuerzas” para volver al debate público, motivado por la preocupación ante la situación actual de Argentina.

En tanto, Fernández explicó que dudó al aceptar la invitación al streaming, un formato que sentía “raro” para él, preguntándose si “quepo en ese lugar, tengo un lugar en ese lugar, no sé”.

La reaparición de Fernández en un medio de comunicación no tradicional marca un intento de recuperar su voz política fuera de los canales convencionales, tras haber pasado meses alejado del ojo público.

Sobre las acusaciones en su contra, el exmandatario reveló que entregó su teléfono y la clave al juez de la causa, pero denunció trabas para avanzar en la investigación.

“Los chats están manipulados. Yo entregué mi teléfono. Di la clave para que lo abran. Tuve que pedir que, por favor, que me lo periten. Porque no lo quería abrir el juez [Julián] Arcolini. Y lo abrieron y no existen esos chats,” aseveró Fernández.

El expresidente criticó duramente al juez a cargo de la causa, Julián Arcolini, calificándolo de “juez que da vergüenza que siga siendo juez”, y lo acusó de parcialidad al compararlo con su accionar en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

Respecto a su expareja, Fernández se mostró cauto, pero sugirió que fue manipulada para iniciar la causa, vinculando la situación a sus propias políticas de género.

“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada… La verdad es que yo soy cuidadoso de hablar con de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública. Pero la verdad es que yo lo que quiero es que ella lo explique, que ella lo aclare simplemente, que todo se aclare”, manifestó el expresidente.

Finalmente, Alberto advirtió que todo el material probatorio y la desmentida sobre la existencia de los chats se encuentra documentada en la causa judicial.

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Maxi Pullaro insiste en el reclamo de los fondos coparticipables y pide una “nueva redistribución de recursos”

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a expresar públicamente el reclamo de los fondos coparticipables al Gobierno Nacional y pidió una “nueva redistribución de recursos”.

El discurso se realizó en una fiesta local, donde el mandatario le solicitó al presidente Javier Milei, además del dinero que le corresponde a su provincia, “discutir” el sistema impositivo de la Argentina y apuntó contra la provincia de Buenos Aires.

“Santa Fe aporta cerca de 3.000 millones de dólares al Estado cada año, y lamentablemente, no recibe nada a cambio. Esos fondos terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires y, por eso, es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino”, aseveró Pullaro.

En la misma línea, y en referencia a las reformas que impulsa la gestión de Milei, en particular sobre la impositiva, el santafesino señaló que las retenciones, que cobra el Estado Nacional, son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina” y remarcó que se deberían bajar “todos los impuestos”, ya sean nacionales, provinciales y locales, “para poder producir más”.

Para finalizar, solicitó una redistribución “más equitativa” de los recursos porque sólo “se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires” y dejan de lado “el interior productivo”.

“Le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato”, concluyó.

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