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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El Senado se prepara para sancionar dos leyes y cerrar su año: los escenarios posibles

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De dos leyes a ninguna, ese es el panorama que se presenta para lo que sería la última semana de actividad en el Senado: La Libertad Avanza debe decidir si sanciona este viernes el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal, tal como vinieron de Diputados, y cierra el período de sesiones extraordinarias convocado hasta el martes 30, o si empuja cambios desesperados en el proyecto de gastos para el año próximo, luego de las tropelías oficialistas en la Cámara baja. Esta situación derivaría en una ruptura con casi todo el sector dialoguista, con el que la Casa Rosada volvió a reconectar hace cinco minutos.

El sendero vigente en el Senado parece claro. Lo que menos quieren hacer eventuales aliados es aparecer pegados a las estrategias que impone Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria. El problema es que el Gobierno comprende esto como apoyo incondicional a cualquier idea y no reconoce las promesas realizadas a los sectores aliados.

Un combo letal para muchos “aceitosos” que quedan en el medio, con votos trascendentales. Nunca hay que dejar de dimensionar que el éxito o fracaso en el Congreso está atado a la voluntad de puñados de legisladores poco conocidos, pero con gran poder de daño.

Durante la tarde de ayer, el último intento magistral de la Casa Rosada fue pedirle un Zoom a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, con el resto de los titulares del flamante “entendimiento” entre oficialismo y dialoguistas senatoriales -44 de 72, aunque tiene uno menos hasta que el rionegrino Enzo Fullone jure en la próxima sesión- y la respuesta, más allá del intercambio en muy buenos términos, fue idéntico: si La Libertad Avanza insiste con retocar el Presupuesto 2026 y no sancionarlo tal como vino de Diputados, habrían más modificaciones y el texto quedaría en peores condiciones según la perspectiva del Ejecutivo.

No sólo eso. Para el convite del 26 en el recinto -a partir de las 12-, a la oposición que desea acompañar tampoco le costaría solicitar la discusión en particular de la ley de Inocencia Fiscal -interesan los dólares- para que el diablo meta la cola y esa iniciativa sea forzada a regresar a la Cámara baja en segunda revisión. “El clima es bueno, pero no podemos resolver nosotros la mala praxis de los diputados libertarios. Espero que no sea el comienzo de algo buscado a propósito para romper el ida y vuelta. Sería demasiada tomada de pelo”, sentenció un senador de peso a Infobae.

El viernes último, cuando se dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y la macrista Andrea Cristina (Chubut) realizaron observaciones al articulado. A pesar de la presidencia del libertario Juan Carlos Pagotto en la comisión de Justicia, fue la propia Bullrich la que tuvo que intervenir.

“Quiero decirles que nosotros estamos dispuestos, en las sesiones ordinarias, a analizar este planteo que hacen los senadores Abad y Cristina y explicar cuáles serían las multas en aquellos contribuyentes muy pequeños que necesitan que haya una proporción entre el capital y el capital de trabajo que tienen en sus negocios, las fallas que puedan tener por cuestiones formales y la posibilidad de que esas multas sean acordes a esta realidad. En todo caso, como creemos importante poner en marcha esta ley desde el momento de su promulgación, nos comprometemos a analizar un capítulo especial, una ley corta que pueda subsanar este problema”, expresó Bullrich.

Salvo la sesión del 26, en el Senado no aparece actividad oficial alguna. Sí es probable que se vea mañana a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en la inauguración del oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula”. La convocatoria no fue informada, aunque se estima que durante el evento habrá una bendición del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. La zona para rezar -varias volteretas de las autoridades, como contó este medio semanas atrás- quedará inaugurada en la oficina del expulsado Edgardo Kueider, quien fue detenido a fines de 2024, en un paso fronterizo, con más de USD 200.000 sin declarar.

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La Casa Rosada reactivó contactos con los gobernadores radicales para blindar el Presupuesto y las reformas en el Congreso

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El Gobierno decidió terminar con la etapa de reproches por el traspié en la Cámara de Diputados, con el Capítulo XI. Cuando culminó la sesión del miércoles, uno de los gobernadores más cuestionados fue Alfredo Cornejo porque, según dejó trascender La Libertad Avanza (LLA), “se jactaba de su control dentro del bloque” que integra un sector de la UCR y el PRO. Rogelio Frigerio y Leandro Zdero también entraron en la lista de apuntados. Pero, según pudo saber Infobae, en las últimas horas el oficialismo mantuvo conversaciones para bajarle el tono a la conflictividad e iniciar las negociaciones para garantizar los votos del Presupuesto en el Senado.

“Nos cagaron”, se quejaron los libertarios. Cerca de Martín Menem le expresaron a este medio que confiaban en que Cornejo tenía su bloque controlado y que, por el contrario, Pamela Verasay (UCR) y Nicolás Massot (Provincias Unidas) se dedicaron a “porotear” para que el Capítulo XI del Presupuesto no salga.

Ese apartado estaba destinado a responder a las demandas de aliados parlamentarios, como los fondos que Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamados por Jorge Macri, junto con modificaciones en la ley de Zonas Frías y recursos para la Justicia, pero a último momento se agregaron la derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo. Varios diputados calificaron esa maniobra como un “chantaje”.

La versión de la Casa Rosada enfureció a los radicales aliados del Gobierno. En principio, respondieron con un dato contundente: los diputados mendocinos votaron a favor del proyecto y de los cambios que propuso el oficialismo en el Presupuesto. Pero, además, aseguraron que el propio partido libertario les había confirmado que tenían todos los apoyos para avanzar con la medida.

Pero el punto que más molestó en Mendoza fue que lo acusen a Cornejo de “jactarse de manejar el bloque completo”. Como reconstruyó este medio en varias oportunidades, durante las negociaciones para armar los bloques, el radical buscó mantener a la bancada de la UCR unida, aunque eso implicara votaciones distintas.

Durante el fin de semana, varios teléfonos sonaron para contener el conflicto que podía complicar al Gobierno en el Senado. Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli se comunicaron con Cornejo para bajar la espuma. Le agradecieron por el apoyo de sus diputados y desmintieron cualquier tipo de trascendido. En paralelo, convocaron una reunión por Zoom con los jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados para delinear la estrategia a aplicar en la próxima sesión en la Cámara alta.

“Los bloques tienen sus propias tensiones sobre cómo resolver el vínculo con el Gobierno”, confesó a este medio un senador de la UCR sorprendido por las maniobras del oficialismo. Aunque comparten electorado y apoyan varias medidas de ajuste que impulsa Javier Milei, el partido centenario sufre contradicciones sobre la mirada del Gobierno en materia de financiación de la educación.

En el Senado los radicales advierten que no todos estarán dispuestos a corresponder a las demandas de los gobernadores. “Muchos tienen sus propias aspiraciones en sus territorios y buscan mantener cierta coherencia”, ejemplifican y mencionan con incomodidad la insistencia del Gobierno con medidas que ya fueron ratificadas en varias oportunidades por el Congreso. Todos miran hacia 2027 y buscan hacer pie en un vínculo que no terminan de entender con el oficialismo, pese a las alianzas electorales.

La Casa Rosada, además, mantiene un frente abierto con Corrientes. En el entorno de Gustavo Valdés dejaron trascender que sigue el malestar por la falta de respuestas a sus demandas. “Lo que le prometió Santilli no estaba en el Presupuesto”, dicen los correntinos y enumeran la falta de financiación para distintas obras, entre ellas, el puente que une a la provincia con Chaco. De hecho, el diputado Diógenes González votó en contra del Capítulo XI. Los correntinos habrían sumado más malestar por el voto de un libertario en contra del endeudamiento en la Legislatura.

El panorama para el Gobierno con Provincias Unidas es totalmente diferente. Maximiliano Pullaro comenzó a tensionar cada vez más su relación con el Poder Ejecutivo. Fundó el partido con la idea de representar las necesidades del interior del país, pero sin convertirse en una oposición extrema y acompañar las medidas de Milei que consideren necesarias. Sin embargo, en los últimos meses su distancia es cada vez más notoria.

Hasta el momento, Pullaro se resistió a reunirse con Diego Santilli hasta que no aparezcan respuestas concretas a las demandas de su provincia. “Yo no voy a ceder ante el Gobierno nacional por una foto en redes sociales. Voy a defender los intereses de Santa Fe”, afirmó en una reciente entrevista que brindó a Radio LT10. Su bloque se abstuvo en la votación del Presupuesto.

“No hay negociación abierta con el Gobierno”, confirmaron a Infobae desde Provincias Unidas. A diferencia de lo que sucede en el bloque de la UCR, se jactan de la homogeneidad en las votaciones y de la necesidad de representar las demandas territoriales. “Somos una oposición razonable”, se auto describen, en especial, por haberle garantizado el quórum al Gobierno para tratar el Presupuesto en Diputados.

Los movimientos de todos los gobernadores no solo obligan a revisar la estrategia de los libertarios, sino que en esta nueva etapa comienzan a vislumbrarse las posibles estrategias que se instalarán en la carrera por 2027. De hecho, solo un sector del PRO se sumó al bloque de La Libertad Avanza. El resto busca defender su futuro político y, aunque Milei mantiene su fortaleza, muchos de los aliados esperan expectantes los resultados del plan económico en medio de sus propias advertencias por la crisis en los sectores productivos.

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Negociaciones de último momento: el Gobierno trabaja contra reloj para garantizar la aprobación del Presupuesto en el Senado

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Luego de idas y vueltas, y de diferentes posturas tomadas, el Gobierno encabeza frenéticas reuniones con sus aliados para intentar garantizar que se apruebe el Presupuesto 2026, que finalmente se sancionaría tal como viene de Diputados, sin nuevas modificaciones, ante la falta de apoyo para cualquier otro cambio en el texto.

Para lamento de la Casa Rosada, la iniciativa que se tratará durante la sesión del próximo viernes será la que ya tiene dictamen y no se van a incluir, por ejemplo, artículos referidos a la emergencia en discapacidad ni al financiamiento universitario, como así tampoco ninguna de las otras normas que quedaron afuera por el rechazo al Capítulo XI.

Ya habiendo sacado de la agenda estos dos temas que venían generando controversia, las autoridades nacionales confían en que la oposición “dialoguista”, y sobre todo las provincias, acompañen el proyecto.

“Vos podés culpar de la derrota a (el gobernador de Tucumán, Osvaldo) Jaldo o a (de Catamarca, Raúl) Jalil, que estaban enojados, y con justa razón, porque también es cierto que las derogaciones de esas dos leyes se metieron por la ventana y sin haberle avisado a nadie”, se sinceró ante Infobae una fuente que conoce a la perfección las negociaciones.

Cuando el oficialismo sufrió el revés en la Cámara baja, varios funcionarios salieron rápidamente a remarcar que, si bien era una buena noticia que el proyecto avanzara, no iba a salir así como estaba.

Puntualmente, en el Poder Ejecutivo señalaban que si no se tomaba alguna decisión con esas dos leyes que están vigentes, pero permanecen sin ser implementadas, iba a provocar un desequilibrio fiscal.

“Es un delirio lo que sacó el Congreso con esas dos normas, es un escándalo. La cantidad de dinero que se destina para esos gastos es abismal y es algo que afecta a todos, no solamente a esta gestión. Es una irresponsabilidad tremenda” remarcó un integrante del Gabinete.

Sin embargo, recientemente en el Gobierno reconocieron que no tienen los votos como para incluir ningún artículo referido a la emergencia en discapacidad ni al financiamiento universitario, principalmente por la negación de la Unión Cívica Radical (UCR), que cuenta con 10 bancas en la Cámara alta.

Ante esta situación, se optó por priorizar la aprobación de la iniciativa, aunque no sea la que se pretendía, e insistir en un futuro con las derogaciones de esas normas, en un debate aparte.

La preocupación pasa ahora por no sufrir imprevistos de último momento, como pasó en Diputados, donde un grupo de gobernadores retiró inesperadamente su apoyo y evitó así que se aprobara el Capítulo XI.

Para evitar un escenario parecido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comenzó el fin de semana con una serie de negociaciones tendientes a garantizar lo votos.

El domingo por la tarde, la ex ministra de Seguridad convocó a una videollamada a los líderes de las bancadas aliadas que, según una estimación de la Casa Rosada, en total reúnen cerca de 44 senadores.

Se va a tratar de aprobar el Presupuesto así como está, sin modificaciones”, resumió a Infobae uno de los legisladores no libertarios que participó de esa comunicación virtual.

Para ese objetivo, cuentan con el respaldo de los tres miembros que tiene el PRO en el recinto: a pesar de que continúa el enojo en el partido por haber sido excluido del reparto de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), va a acompañar este proyecto.

No obstante, no está garantizado el acompañamiento de este espacio para la otra medida que se va a debatir en la sesión del viernes, la ley de inocencia fiscal, que busca fomentar el uso por parte de los ciudadanos de dólares comprados en el mercado informal.

En tanto, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política para seguir analizando la estrategia parlamentaria. Además de Bullrich, estarán la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

La última vez que este grupo se juntó fue el jueves pasado, al día siguiente de la derrota en Diputados y en medio de una marcha de la CGT a Plaza de Mayo. En esa oportunidad, se decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral hasta febrero para concentrar la discusión en el Presupuesto.

Con todas estas concesiones, el oficialismo considera que la denominada “ley de leyes” debería ser aprobada en el Senado este viernes sin mayores dificultades y con el respaldo de los gobernadores, que también están interesados en que se sancione.

“A priori no debería suceder que haya sorpresas”, remarcó uno de los funcionarios que está en conversaciones permanentes con los legisladores, tanto propios como de los otros bloques.

En el Gabinete, había una confianza de que los conflictos con las provincias estaban resueltos luego de que se escuchara, finalmente, la posición de Santilli, Bullrich, Adorni y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes desde un inicio se manifestaron en contra de agregar las derogaciones de las leyes que desataron la polémica.

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