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Diputados aprobó el proyecto de sostenibilidad de deuda pública

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El proyecto recibió 233 votos favor, 2 en contra y 2 abstenciones y contó con el aval de la mayor parte de los bloques de la Cámara baja.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, sostuvo que con esta iniciativa el Congreso “aprobará un plan rector que dará certezas y confianza a la ciudadanía”.

El legislador precisó que la iniciativa tiene como objetivo “establecer que sea este Congreso que no sólo apruebe un acuerdo con un organismo internacional sino un plan rector para varios años que dará certeza y confianza a la ciudadanía”.

Heller destacó, además, la importancia del artículo que establece que esas financiaciones “no sean utilizadas para financiar gastos corrientes” y afirmó que esa medida “es muy adecuada porque no nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos”.

“Este proyecto va a marcar un hito en la historia legislativa de nuestro país en relación con los antecedentes del endeudamiento público”, continuó.

Para la diputada nacional, Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas de la cámara baja, se trata de un tema “central” en la agenda del país y sostuvo que la iniciativa constituye “un resguardo poderoso”, a la vez que destacó el anhelo de “que este proyecto, en el marco de un nuevo pacto social en el que debe basarse la reconstrucción del país, resulte un elemento constitutivo: el del NUNCA MÁS a los procesos de fuga y endeudamiento”.

“Es importante que estemos empezando a recorrer este camino de fortalecer una nueva institucionalidad democrática de nuestra economía con una legislación tan necesaria como esta”, agregó.

Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, explicó que su bancada votará a favor el proyecto en general y solo algunos artículos en particular ya que se contradice con la Ley de Administración Financiera, y sentenció que “la Ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en materia de endeudamiento. Algunos ejecutivos lo hacían por decreto, otros por ley, y esto salda de alguna forma el debate”.

En tanto, el diputado y miembro de Consenso Federal, Jorge Sarghini, indicó que “esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos”.

A su turno, el legislador del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, justificó su voto negativo y explicó que “este proyecto es una verdadera impostura. Hace que el Congreso actúe como una escribanía que dé garantía a todas las operaciones de deuda en jurisdicciones extranjeras”.

El proyecto de sostenibilidad de la deuda determina que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio”.

En ese sentido, el texto establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho “porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente”.

En el artículo segundo, el proyecto dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley” del Congreso “que lo apruebe expresamente”.

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La advertencia de un dirigente rural: “El voto no es del campo, es del pueblo”

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En Trenque Lauquen viven 55 mil personas. Apenas 700 u 800 son productores agropecuarios. El resto se reparte entre comercios, escuelas, oficinas públicas. Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, eligió ese ejemplo para explicar por qué el voto del campo no puede confundirse con el voto del interior. “El voto no es del campo, es del pueblo”, advirtió.

“La mayoría vota por lo que le pasa a ellos, no por lo que le pasa al campo”, insistió. Y con esa definición apuntó al análisis posterior a las elecciones bonaerenses: “El electorado del campo es menos del 10% del padrón. No alcanza para definir una elección”.

En ese marco, en diálogo con Radio Rivadavia, cuestionó que el regreso al triunfo del peronismo en secciones con fuerte presencia agropecuaria —la segunda, cuarta y séptima— pueda explicarse solo por el apoyo del agro. “Que el peronismo haya ganado ahí no significa que lo votó el campo. Significa que lo votó la mayoría de la población, que no necesariamente está vinculada a la producción agropecuaria”, remarcó.

Ni siquiera la baja de retenciones alcanzó para revertir el malestar de algunos productores. Pero Kovarsky fue más allá con una advertencia de alcance general: “Un gobierno le puede dar al campo, a los bancos o a cualquier sector lo que pidan, pero si desatiende a los jubilados, a los maestros, a los discapacitados, a la universidad pública o al Garrahan, no va a ganar elecciones. Puede atender reclamos puntuales, pero si no responde a la mayoría, pierde”.

Los tiempos del campo y los tiempos de la política

En una entrevista con La Voz del Pueblo publicada tras su visita del sábado a la Exposición Rural de Tres Arroyos, Kovarsky amplió la mirada. “Nuestro sector tiene una particularidad, que los ciclos productivos no tienen nada que ver con los políticos, con los tiempos de la política”, explicó. Y agregó: “Discutir la Argentina o la provincia cada dos años no tiene nada que ver con el largo plazo que necesitamos”.

El dirigente recordó que Carbap presentó a todos los candidatos un documento con propuestas concretas. “Nosotros plasmamos en ese trabajo varios temas y nos juntamos con los candidatos. Y eso es lo que tenemos que hacer después, ya con el resultado puesto. Nosotros tenemos que lograr que las políticas agropecuarias se cumplan y para eso trabajamos”, señaló.

Menos motosierra para algunas instituciones

El reclamo incluyó a organismos técnicos. Sobre Senasa, advirtió: “Es un ente que ha sido reconocido mundialmente por muchísimo tiempo, pero hoy está en una situación difícil, no tiene demasiado rumbo, y falta que se aclaren algunas cuestiones”. Y reclamó: “A ciertas instituciones más que meterles motosierra, hay que apoyarlas, hacerlas fuertes”.

También pidió previsibilidad en el comercio exterior. “En materia comercial con Argentina no se habla con el Estado, se habla con el color partidario del momento y eso entonces se traduce en acuerdos de cuatro años, de ocho años con suerte. En cambio, otros países… hay ciertas cosas que no cambian”, comparó.

El pueblo y el campo

La escena de Tres Arroyos lo encontró de paso, camino a Carmen de Patagones, pero con la decisión de detenerse en la muestra local. Allí volvió a poner el foco en el costado social de las exposiciones rurales: “Es una buena oportunidad para que el pueblo conozca qué hacemos en el campo… Muchas veces nosotros pensamos que la gente del pueblo sabe qué hacemos en el campo, y no tiene porqué”. Entre maquinarias, animales y puestos de artesanos, Kovarsky resaltó que las rurales se fortalecen cuando abren espacio a emprendedores, clubes e instituciones locales. Una manera de expresar, en los hechos, esa comunión entre campo y ciudad que también quiso defender en sus palabras.

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“Es a favor de todos”: estudiantes llaman a marchar contra el veto de Milei

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“Queremos cursar”. “Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos”. “Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos”. Las frases se suceden en el video que circula en redes, con los rostros de estudiantes que convocan a la nueva Marcha Federal Universitaria. La cita será el próximo miércoles 17 de septiembre frente al Congreso Nacional.

La consigna, repetida como un mantra, busca despejar cualquier equívoco: “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”. El mensaje apunta al corazón del conflicto abierto por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que había logrado una amplia mayoría en Diputados con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero quedó a un voto de alcanzar los dos tercios necesarios. Ese umbral especial habría blindado la sanción e impedido que el presidente pudiera vetarla.

La norma vetada contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1,5% del PBI. Junto con la norma universitaria, el Congreso había sancionado también la ley de emergencia del Hospital Garrahan, otro símbolo de lo público, que igualmente fue alcanzado por el veto presidencial. Y por el que también se marchará.

Una convocatoria federal

La marcha es de todos: estudiantes, docentes y no docentes de cada una de las universidades nacionales, desde el norte hasta la Patagonia. En cada facultad se repite la misma preocupación: garantizar que la universidad pública siga en pie.

La movilización será abierta a toda la sociedad y tendrá como eje exigir “más recursos para garantizar el funcionamiento” de universidades y hospitales públicos.

El orgullo en disputa

“Queremos seguir siendo el orgullo de nuestra familia”, “el orgullo de nuestro país”, dicen los jóvenes en el video. En esas palabras se condensa el sentido de pertenencia de millones de argentinos que reconocen en la universidad pública un camino de ascenso social, de excelencia académica y de libertad de pensamiento.

Los centros estudiantiles remarcaron que el miércoles no será un día más: buscan enviar un mensaje claro a la Casa Rosada. “El Gobierno no puede desoír el reclamo expresado en las calles y en las urnas”, señalaron.

El próximo 17 de septiembre, la universidad pública volverá a ocupar la escena. Y lo hará bajo una consigna que no deja lugar a dudas: defender la educación y la salud de todos.

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Javier Milei arrasó en las elecciones en Bahía Blanca y horas después les pasó la motosierra

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A pesar de haberle dado un contundente triunfo a La Libertad Avanza en las elecciones del domingo, los vecinos de Bahía Blanca recibieron una dura noticia del Gobierno nacional: a través de una decisión administrativa, se recortó a la mitad el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a la reconstrucción de la ciudad tras el trágico temporal de marzo.

La medida, revelada por un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y publicada por Página 12, implica una quita de $100.000 millones del fondo original de $200.000 millones que el propio presidente Javier Milei había creado por decreto. Según supo Noticias Argentinas, la decisión, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó apenas unos días después de que LLA se impusiera en la ciudad con el 46,41% de los votos.

El veto previo y una ayuda que se achica

Este recorte se suma a una serie de decisiones del Gobierno nacional que generaron malestar en la ciudad. Anteriormente, el Presidente había vetado una ley aprobada por unanimidad en el Congreso que también creaba un fondo de ayuda de $200.000 millones. En ese momento, el argumento oficial fue que el Decreto 238/25 ya era suficiente para atender la emergencia.

Ahora, con la Decisión Administrativa 23/25, el monto que el propio Gobierno libertario consideraba “suficiente” se reduce a la mitad. La medida golpea a los damnificados por la tragedia climática de marzo, que dejó una veintena de muertos y daños incalculables en la infraestructura de la ciudad.

La decisión contrasta fuertemente con el resultado electoral del domingo, donde Bahía Blanca fue uno de los bastiones de La Libertad Avanza. En la Sexta Sección Electoral, el oficialismo superó el 41%, mientras que el peronismo apenas superó los 34 puntos.

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