El Gobierno tiene previsto continuar este año con su política de reducción de la dotación en diversas áreas de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una de las tantas variables de ajuste que el presidente Javier Milei considera precisas para avanzar con el objetivo de desescalar el tamaño del Estado, así como el gasto público.
Se trata de un pedido que fue realizado en una de las últimas reuniones de Gabinete realizadas en Casa Rosada por el mes de diciembre. Con la venia de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, instruyó a los nueve ministros y secretarios presidenciales a continuar con reducciones significativas en sus respectivas dotaciones.

“Deberíamos poder avanzar con el 10% en el cortísimo plazo”, habría sido la tarea solicitada, según indicó a Infobae un importante miembro del Gabinete. La evaluación de objetivos sería hacia finales del primer trimestre de este 2026.
El último informe del INDEC sobre dotación estatal dio que, hasta noviembre de 2025, la cantidad de empleados públicos era de 281.785. El objetivo de la reducción más urgente del 10% no cabría directamente sobre esa cifra total, la cual se puede desmembrar de la siguiente manera:

Administración Pública Nacional: 192.219 empleados
Empresas y sociedades: 89.566 empleados
Miembros del Gabinete consideran que el 10% podrá ser concretado con mayor facilitad en la denominada administración centralizada, que tiene 39.011 empleados directamente empleados por la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete y los nueve ministerios.
El resto forman parte de organismos descentralizados (tienen presupuesto y autonomía), desconcentrados (son una extensión más de los ministerios) y otras entidades. Estas tres últimas también tendrían la tarea de reducirse, así como las empresas y sociedades. Pero el procedimiento debería ser menos automático que con los ministerios.
Adorni le solicitó a sus seis secretarios que debían reducir su dotación de personal en un 20%. Por caso, tal y como lo contó Infobae un mes atrás, Adorni le solicitó a sus seis secretarios (Coordinación Legal, Asuntos Estratégicos, Ejecutiva, Innovación, Comunicación y Turismo y Ambiente) que debían reducir su dotación de personal en un 20%. Es muy probable que no se consiga ese número final porque hay algunos de ellos que lo consideran difícil en términos de supervivencia operativa. Pero prevén que se supere el 10% antes de terminar el primer trimestre.

El mes pasado se publicó el decreto que oficializó el organigrama de la estructura superior de la órbita de Adorni. Es decir, qué Secretarías y Subsecretarías existen a partir de la separación de la Jefatura de Gabinete con el Ministerio del Interior. Todavía queda publicarse el decreto que determine la estructura inferior: aseguran que habrá un proceso de “simplificación” y de “recortes” de direcciones y coordinaciones.

Así como sucedió esta esfera, en la cúpula del Gobierno afirman que esperan una réplica de aquello en los ministerios y secretarías presidenciales. “Sabemos que cada ministerio después va a hacer su propio criterio. Qué subsecretarías, direcciones o áreas estamos con capacidad de reducir o eliminar”, indica una figura del gabinete ministerial.

Milei asumió en diciembre del 2023 con 341.473 empleados. 231.305 de ellos corresponden a la administración pública, de los cuales 54.791 son de la administración centralizada; y 110.168 de empresas y sociedades del Estado. Para llevar a cabo los desplazamientos se realizaron desde despidos directos, pases a disponibilidad hasta retiros voluntarios.
Las carteras que más cantidad de empleados tienen en la actualidad son el Ministerio de Economía (8.348), el Ministerio de Capital Humano (8.231) y el Ministerio de Salud (5.954). Las de menores dimensiones son Desregulación y Transformación del Estado (384), Interior (953) y Defensa (983). Los dos organismos más grandes son el CONICET (25.686) y el ARCA (18.939).

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había alertado el mes pasado de un intento de recorte del 10% de la planta estatal en organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), entre otros.

“Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, durante la convocatoria al Paro Nacional realizado en diciembre.

El ajuste fiscal emprendido por el mileismo supuso una reducción real del 27% en el gasto público nacional entre 2023 y 2025, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esa disminución, que equivale a $50 billones a precios de noviembre de 2025 (unos USD 38.000 millones), se ha concretado, en buena medida, a través de recortes enfocados en jubilaciones, programas sociales y salarios públicos.

Asimismo, los salarios de los fondos destinados a empleados públicos nacionales experimentaron una retracción real del 25,8%, es decir, 6,3 billones de pesos menos, por efecto tanto de la disminución de la planta laboral como de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El gobierno de Javier Milei reformó por decreto el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al término de las sesiones extraordinarias y ahora afina su estrategia para blindar el decreto en el Congreso.
El decreto 941/25, que introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, fue publicado el último día hábil del año pasado: redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y establece un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica por parte del Estado.
Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados.
Desde la oposición cuestionaron que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso. Al mismo tiempo, se hicieron diferentes presentaciones ante la Justicia para suspender su aplicación.

En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.
La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.

El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviar el texto del decreto al Congreso, es decir, tiene margen hasta el jueves 15 de enero. Desde ese momento deberán correr otros 10 días hábiles para que el decreto sea analizado por la comisión bicameral. Pero como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.

La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. En ese sentido, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.

La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadores y del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento guardaron un silencio absoluto sobre el tema. “Lo están estudiando y consultando con los gobernadores”, se limitaron a decir desde el bloque UCR. Y las provincias aliadas cerraron el año pasado en buenos términos con la Casa Rosada luego de las negociaciones por el Presupuesto 2026, hasta el momento no hubo señales que indiquen cambios en las relaciones de fuerza parlamentarias.

Por su parte, el PRO hizo algunas salvedades pero anunció su apoyo a la reforma a través de un comunicado: “Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”.

Los legisladores libertarios consultados por Infobae coincidieron en que el Senado a priori muestra un escenario más favorable para poder blindar el veto de Milei. Aunque aclararon que ven difícil que la oposición logre avanzar en Diputados también. “Es un tema poco sexi para la ciudadanía y un tema muy áspero para voltearlo”, razonaron.

Por otro lado, primero se suscitará una discusión parlamentaria que podría embarrar más el terreno. Los libertarios aseguran que la oposición no podrá tratar el tema durante febrero porque Milei no lo incluirá en la lista del Poder Ejecutivo, junto con la reforma laboral y la ley de glaciares, por ejemplo.

En cambio, la oposición argumenta que el procedimiento de control de los DNU tiene un régimen propio, autónomo y obligatorio para el Congreso, que no depende de la agenda establecida por el Ejecutivo. Plantean que es una atribución indelegable del Congreso y no puede quedar supeditada a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Como suele suceder con casi todas las polémicas reglamentarias, su resolución dependerá del número de voluntades que reúna cada parte, ya que el “recinto es soberano” y tiene la interpretación última.

Al momento de hacer un balance de lo que fue el 2025, un importante dirigente partidario, ante la consulta de este medio, realizó un crudo diagnóstico del estado de situación del PRO y habló de una “etapa de transición” en el corto plazo para redefinir objetivos. Ese camino, señaló, debería ser encabezado por aquellos que conservan territorialidad, gestión y poder, es decir, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño.
“El partido a nivel nacional está presente en todos los distritos, sigue siendo uno de los tres partidos nacionales existentes hoy en la actualidad, y eso es un capital político que hay que seguirlo trabajando. El 2026 es un año de redefinir realmente cuál va a ser el objetivo. Si Mauricio (Macri) no tiene ganas, o no tiene un proyecto político, o si los gobernadores están en la suya y van a priorizar lo provincial, me parece que hay que redefinir cuál es el objetivo como partido nacional. Tenemos que enfocarnos en las elecciones anticipadas que van a haber en 2027, para que los gobernadores propios conserven los lugares que tienen e, incluso, ayudar a los aliados también, entendiendo que es una utopía pensar que el PRO va a tener un candidato en el 2027″. El análisis, del mismo dirigente, se contrapone a las declaraciones públicas del propio Macri sobre los planes de tener un candidato propio en las próximas elecciones.
Así, la discusión ahora se centra en la disyuntiva de ser un partido testimonial o una oferta de poder real, frente a la opción nacional de La Libertad Avanza, que logró quedarse con parte del electorado que antes votaba PRO. “Si Mauricio está medio en retirada, me parece que los gobernadores tienen que tomar la posta”, planteó un sector del partido amarillo. Un guiño para Jorge Macri, Frigerio y Torres.
El mandatario porteño ya piensa en su reelección. Es por ello que planificó una ciudad de Buenos Aires enfocada en la gestión, sitiada de obras en 2026 que pueda capitalizar en 2027, como la finalización de la cárcel de Marcos Paz, la modernización de la autopista de Dellepiane, iniciar los túneles para la Línea F de subte y nuevos vagones para las líneas A, C y B, avanzar con nuevos pasos bajo nivel, finalizar los 71 paradores del trambús, entre otros.

Macri sabe que su futuro, en parte, está atado a la suerte de Javier Milei, con quien mantiene una relación zigzagueante. Sabe que, si el Presidente mantiene el nivel de popularidad que le permitió imponerse en las legislativas, y si mantiene controlado el dólar y la inflación, eso se va a trasladar al candidato que impulse LLA y la competencia por el electorado común será más compleja. Es una carrera en la que ya está anotada la senadora Patricia Bullrich. En este escenario, varios dirigentes macristas no ven con malos ojos participar de una PASO de todo el espacio de la centro derecha.
En cuanto a Torres, el chubutence atraviesa horas de preocupación por los incendios forestales que afectan a la Patagonia. En las últimas elecciones legislativas enfrentó y compitió contra LLA, aunque es uno de los mandatarios que la Casa Rosada considera “dialoguistas” y el propio ministro del Interior, Diego Santilli, viajó esta semana para supervisar los trabajos de contingencia en las zonas afectadas, como El Hoyo y Epuyén, pero también para negociar los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral.

“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, sostuvo el funcionario nacional.

Hace una semana, y en diálogo con Perfil, Torres -de buena relación con la exdiputada nacional María Eugenia Vidal, aunque mirado de reojo por algunos dirigentes por su participación en Provincias Unidas- también hizo un balance del 2025 y habló de las proyecciones para 2026/2027.

“Yo estoy profundamente convencido que el tiempo, a quienes mantenemos la coherencia en la política, nos termina dando la razón, no soy de los que cambian de parecer de un momento para el otro o cambian de camiseta según la coyuntura. Hay una resistencia a la frustración muy grande, y tenemos una Argentina que hoy es binaria, que es pendular, donde también eso tuvo un factor en la elección que se polarizó mucho a nivel nacional”, señaló.

Sobre la etapa que se viene, amplió: “Veo un esquema frentista. Hay una crisis de representación partidaria muy importante, donde se votan nombres propios y, y creo que vamos hacia frentes hasta incluso más transversales. Hoy, yo veo un frente que contenga a parte del peronismo (…). Lo veo más amplio de lo que fue en su momento Juntos por el Cambio”.

A pesar de ciertas rispideces, por ejemplo con Cristian Ritondo, y según supo este medio, el gobernador mantiene su presencia en la mesa directiva de PRO, pero también “su posicionamiento dentro de lo que es Provincias Unidas”, y la postura “dialoguista con el Gobierno, donde las cosas que considere que estén bien las va a acompañar, como lo hizo con el presupuesto, y las cosas que vea que afectan a su provincia, o no está de acuerdo, se va a oponer”.
Frigerio, en cambio, tiene una relación más cercana con LLA y mantiene su posicionamiento de aliado al Gobierno, tanto a nivel provincial como nacional. “Obviamente, se va a plantar cuando haya medidas o propuestas o leyes que afecten los recursos y los intereses de la provincia. Va a seguir participando de las reuniones de la mesa directiva del PRO, pero su cabeza, su tiempo y su energía están cien por ciento puestas en la gestión”, graficó a Infobae un dirigente cercano.

En las últimas elecciones, Frigerio y LLA lograron un acuerdo para competir de manera conjunta, el mismo que suscribieron el PRO y los libertarios en otras 10 provincias, y la Casa Rosada descuenta el apoyo político desde Entre Ríos a proyectos como la reforma laboral. De todas formas, y para reforzar el entendimiento, Santilli tiene en el calendario de su nueva gira por el país reunirse con el mandatario provincial.

Con relación a esta iniciativa, un grupo de legisladores peronistas de la provincia advirtieron que la reforma laboral afectará la coparticipación. Según las estimaciones que realizaron los representantes del PJ en el Congreso, las cuentas de esta provincia se verían seriamente afectadas y se podría dejar de percibir vía coparticipación unos $81.265 millones si el el proyecto avanza.

Uno de los dirigentes que habla de transición es el diputado Martín Yeza. La semana pasada, y ante a consulta de Infobae, el ex intendente de Pinamar planteó que ”el PRO estuvo buscando al líder perfecto, y eso no existe ni va a existir, pero sí hay materia prima para construir un equipo perfecto; y el proceso de reconstrucción tiene que estar puesto al 2031″. “Que en el medio cada elección nos encuentre construyendo un partido sólido y serio”, concluyó.