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Política Nacional

Argentina negociará un acuerdo comercial con EE.UU.

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Con la visita al país del secretario de comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, el Gobierno argentino entrará este viernes en conversaciones para buscar un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Será en línea con lo acaba de anunciarse en Brasil tras el paso allí del funcionario de Donald Trump. Esta iniciativa fue incluso anunciada por el propio Mauricio Macri en unas declaraciones que hizo tras el anuncio del TLC alcanzado por el Mercosur y la Unión Europea. Así lo confirmaron a Clarin fuentes de la Cancilleria.

En Buenos Aires, Ross mantendrá las principales reuniones de trabajo con su par Dante Sica, pero también será recibido en Olivos por el presidente Mauricio Macri, quien estará acompañado por el canciller Jorge Faurie y el embajador en Washington Fernando Oris de Roa.

La diferencia con Argentina entre la catarata de anuncios que con distintos matices vienen dando los gobiernos de Donald Trump y de Jair Bolsonaro entre lunes y miércoles, es que aquí desde el acuerdo del Mercosur y la UE del 28 de junio pasado moderaron las palabras en cómo se buscará ese acuerdo. Mientras que antes del anuncio de acuerdo conjunto en Bruselas, el jefe negociador de la Argentina Horacio Reyser planteaba la necesidad de que el bloque se flexibilizara para poder hacer acuerdos bilaterales, que hoy no están permitidos, ahora se habla de buscar buscarlos junto al bloque aduanero del sur.

Fuentes de la cartera de Sica señalaron que en la reunión con Ross se abordarán: El reciente acuerdo entre el MCS y la UE, y la relación entre EEUU y el Mercosur, buscando promover el comercio y las inversiones entre ambos. Temas de interés de la agenda bilateral, incluyendo el caso de Biodiesel, Los avances en el Diálogo Bilateral entre el MPyT y el Departamento de Comercio de EEUU, haciendo hincapié en los mecanismos de coherencia regulatoria e intercambio de buenas prácticas. La profundización de la integración bilateral y la relación entre EEUU. La situación internacional en materia de comercio, incluyendo la reciente visita de Ross a Brasil.”

Fuente: Clarín

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AySA deberá esperar 60 días antes de cortar el agua por falta de pago

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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un nuevo Reglamento del Usuario para los servicios de agua potable y desagües cloacales de AySA, que establece nuevas condiciones para los cortespor falta de pago, amplía las instancias de atención y fija plazos para responder reclamos.

La normativa también incorpora mecanismos de protección para hogares con dificultades económicas y reconoce la intervención del organismo regulador ante incumplimientos de la empresa que brinda servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 partidos del conurbano bonaerense, alcanzando a unos 14 millones de habitantes.

Uno de los principales cambios está relacionado con la deuda de los usuarios residenciales. Antes de avanzar con el corte del suministro, AySA deberá aplicar una restricción temporal del servicio de agua potable durante un plazo mínimo de 60 días corridos. Esta medida consiste en limitar el caudal entregado a cada unidad funcional y busca darles tiempo a los hogares para gestionar su incorporación al Programa de Tarifa Social o acordar un plan de pagos con la empresa.

El reglamento también establece que AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS. Además, no podrá aplicar restricciones ni cortes cuando exista un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del organismo regulador.

La protección alcanza también a hospitales, sanatorios y cárceles, considerados usuarios sensibles, y a quienes tengan vigente el beneficio de la Tarifa Social. En los casos en que se compruebe que una restricción o corte fue improcedente, la empresa deberá restablecer el servicio dentro de las 48 horas y compensar al usuario con una suma equivalente al 3% del importe de la última factura por cada día de demora.

Tarifa Social y atención al público

El nuevo reglamento incorpora expresamente el Programa de Tarifa Social, que contempla tres modalidades: Tarifa Social, Caso Social y Tarifa Comunitaria. Entre sus beneficios incluye descuentos en las facturas, planes de regularización de deudas sin intereses ni recargos y facilidades para pagar los cargos de conexión. La duración del beneficio será de 12 meses, con posibilidad de renovación.

En materia de atención, AySA deberá mantener su sede central y contar, como mínimo, con una oficina fija de atención presencial y una unidad móvil de rotación diaria en cada región y subdivisión operativa de la concesión: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los casos de facturación incorrecta, el usuario tendrá garantizada la continuidad del servicio mientras se resuelve el reclamo, siempre que haya abonado la última factura consentida. Si se comprueba que pagó de más, AySA deberá ajustar la factura o compensar los importes, con los intereses correspondientes. Además, no podrá cobrar recargos ni intereses durante el período en que haya excedido el plazo establecido para responder.

Calidad y continuidad del servicio de AySA

En cuanto a la prestación, se establecen metas para atender problemas de infraestructura y funcionamiento. Entre ellas, se fija un plazo de 24 horas para resolver desbordes cloacales en la vía pública en tiempo seco y taponamientos cloacales. Para las interrupciones no programadas del servicio de agua potable, la concesionaria deberá alcanzar la resolución dentro de las 48 horas en al menos el 95% de los casos.

Cuando una interrupción del suministro de agua potable supere las 18 horas continuas desde que la empresa tomó conocimiento o recibió la denuncia de un usuario, deberá garantizar el abastecimiento de emergencia, con prioridad para los usuarios sensibles.

La aprobación del reglamento se produjo luego de un proceso de revisión que incluyó observaciones de la Sindicatura de Usuarios, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Defensoría del Pueblo de la Nación y asociaciones de consumidores. La Sindicatura había cuestionado 23 artículos del proyecto original presentado por AySA por considerar que algunas disposiciones podían representar un retroceso en los derechos de los usuarios.

Fuente: Agencia DIB

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Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”

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Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.

Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.

“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.

Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.

A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.

La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.

El costo de garantizar los derechos individuales y sociales

Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.

“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.

El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.

También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.

Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.

“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.

Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.

Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.

“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.

El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.

De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.

La gestión del Estado y las prioridades del gasto público

Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.

Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.

El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.

“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.

También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.

El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.

En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.

La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones

Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.

“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.

El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.

También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.

Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.

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La CGT saldrá a la calle por la crisis de las obras sociales y definió cómo será su protesta sin paros en diciembre

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La CGT ya definió su calendario de protestas hasta fines de año: el jueves próximo realizará una marcha por la crisis de las obras sociales ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y, a mediados de diciembre, innovará al promover un cese de actividades de 2 o 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo.

Así lo definió este jueves la mesa chica cegetista, que se reunió en la sede del Sindicato del Seguro, Carlos Pellegrini 575, en donde se analizó la estrategia que seguirán en las próximas semanas, que incluye aquellas dos acciones, pero sus máximos líderes están a la espera de una posible convocatoria del Gobierno al diálogo, instancia que se reabrió durante la visita del Papa.

Al encuentro asistieron, además del anfitrión, Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro, los otros dos cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), más Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. Ausentes con aviso: Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.

La medida más inminente es, como anticipó Infobae, la movilización del jueves 26 ante la sede de la SSS, en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales, que los expertos de la CGT califican de “casi terminal” porque ocasiona cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro sigue sin responder a las propuestas que efectuaron para superar la crisis.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes sindicales, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

La marcha ante la SSS será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que le ganó de mano a la CGT y anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.

En la reunión de este jueves, además, se avanzó en la organización del cese de actividades parcial (de 2 o 4 horas) que proyecta la CGT para mediados de diciembre. Aclaran que no será un paro porque en este caso contemplará la permanencia en los lugares de trabajo, donde se promoverá la realización de asambleas.

Será una medida de fuerza original para una CGT acostumbrada a concretar paros generales. Contra Javier Milei ya hizo cuatro y ahora definió que el eventual quinto paro general, si se hace, será el año próximo.

A fines de octubre, en la anterior reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada, se resolvió postergar otro paro general y concretar otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus reclamos sin afectar a los trabajadores con la pérdida salarial del día o del presentismo para quienes adhieran a la medida.

“No se le puede joder la vida a la gente”, dijo ese día un líder sindical a sus pares al justificar la propuesta de efectuar acciones que no perjudiquen al trabajador.

Pero, además, la conclusión de algunos líderes cegetistas es que “el paro general no cambia nada” porque Milei no rectificará ninguna de sus medidas por una protesta sindical. Es más, creen que el paro general servirá para que ataque a la CGT y lo utilice como una herramienta electoral para apalancar su proyecto de reelección.

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