La jornada se desarrollará este jueves 17 de septiembre e incluirá atención de oficinas municipales y de la OMIC, además de una Sesión Territorial en la Escuela de Educación Técnica N.º 1.

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca realizará este jueves 17 de septiembre su Sexta Sesión Territorial del año, en esta oportunidad en la localidad de Ingeniero White, en el marco de la iniciativa que busca acercar el cuerpo deliberativo a los distintos barrios y comunidades del distrito.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana, con la presencia de distintas oficinas municipales y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que brindarán atención, asesoramiento y orientación a los vecinos.

Posteriormente, a partir de las 11 horas, se llevará a cabo la Sesión Territorial propiamente dicha en la Escuela de Educación Técnica N.º 1 “Crucero A.R.A. General Belgrano”, ubicada en Avenida Sargento Cabral y Tarija.

La propuesta permitirá que vecinos, instituciones y estudiantes puedan acercarse al ámbito legislativo local y participar de una jornada de intercambio con concejales.

De esta manera, el HCD continúa desarrollando su programa HCD Itinerante, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y llevar el Concejo Deliberante a los barrios, promoviendo además el acercamiento de los estudiantes a las instituciones democráticas.

“Más cerca de los barrios, más cerca de los alumnos, más cerca de los vecinos”, es la premisa que acompaña esta iniciativa.

El interbloque de La Libertad Avanza (LLA) y las bancadas dialoguistas del Senado acordaron sesionar este jueves con un puñado de temas. Entre ellos se encuentran la modificación del régimen vigente de cortes en biocombustibles -bioetanol y biodiésel- y una nueva transferencia de competencias penales de Nación a la Ciudad, mientras que quedó afuera la ley “Hojarasca” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que seguirá en la fila.

La definición se consumó en una cumbre informal realizada en los despachos centrales del radicalismo, bancada comandada por Eduardo Vischi (Corrientes). También estuvieron sus pares de LLA, Patricia Bullrich (Capital Federal); PRO, Martín Goerling (Misiones); y Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), entre otros.

Para que lo consensuado tenga validación real, todo tendrá que confirmarse mañana, cuando se realice la reunión de Labor Parlamentaria -14- que liderará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con todos los referentes del Cuerpo. Es decir, kirchnerismo incluido. La idea es sesionar desde las 11.

De cara a la jornada de este miércoles aparecen plenarios para comenzar los debates de los proyectos sobre Inocencia Fiscal II y el que cambia la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo apuesta a dictaminar ambas iniciativas -todo un desafío- para que queden listas y aprobarlas la semana próxima. Nadie asegura que esto se logre consumar, aunque libertarios lo intentarán. Dependerá de la voluntad de sus aliados.

Para el recinto del jueves además se estima la votación de dos o tres pliegos judiciales que quedaron rezagados por largos meses. Tampoco se descartan cuestiones de privilegio desde el kirchnerismo cuando se inicie el convite.

El despacho de mayoría sobre biocombustibles fue rubricado días atrás, en un plenario de las comisiones de Energía; y Presupuesto de la Cámara alta. Al principio, el sector azucarero pareció ser el más beneficiado y, con el correr de las semanas, se amortiguó en dosis bajas la tensión entre dicho sector -bioetanol- con el contrario, el del biodiésel.

La nueva modalidad activaría, para el primer caso, un corte obligatorio que pasará del 12% al 15% al año de estar sancionada la ley. Dicho porcentaje se compone de 6% para el producto elaborado con caña de azúcar, 6% con maíz y un 3% abierto de la libre competencia.

Para el biodiésel, el corte se mantendrá en el 7,5% durante el primer año y luego subirá al 10%. En tanto, se distinguirá entre empresas integradas, las cuales participan de toda la cadena productiva, y las no integradas, en referencia a pymes regionales. Las dudas que quedan apuntan a la transición para el último grupo y pujas sectoriales que, de continuar así, podrían generar una fuerte puja en el recinto. No sería lo recomendable por los distritos involucrados y los intereses en juego.

De Nación a Ciudad

Para el primer caso de transferencia de competencias judiciales, la Ciudad investigará y juzgará delitos contra: el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abusos, corrupción, prostitución y explotación; la libertad, como servidumbre, privación ilegítima y sustracción o instigación a fugarse; y seguridad del tránsito, como entorpecer el normal funcionamiento de los transportes, entre otros. Vale recordar que, para que todo esto funcione, deberá estar acompañado de los recursos correspondientes.

En tanto, el segundo implica que la justicia porteña intervendrá en todos los delitos no federales cometidos por menores de edad. Esto incluye a los adolescentes de entre 14 y 18 años. Para menores de 14 se prevé una intervención tutelar. Ambos textos fueron firmados el jueves pasado, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, presididas por los oficialistas Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) y Agustín Monteverde (Capital Federal).

La discusión sobre el endeudamiento tiene una segunda escena que suele quedar fuera de las estadísticas: el momento en que una persona deja de pagar y comienza a recibir llamadas, mensajes y reclamos para cancelar la deuda. En la Legislatura porteña, ese circuito quedó bajo la lupa después de que un grupo de deudores relatara situaciones de hostigamiento y cuestionara las condiciones en las que algunas empresas intentan recuperar el dinero.

A partir de esos testimonios, Leandro Santoro presentó una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer responsabilidades concretas para quienes participan de ella.

El legislador porteño, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó en Infobae al Regreso que el objetivo es crear un registro para las firmas dedicadas a esa actividad y fijar reglas que permitan identificar quién está realizando un reclamo, en representación de quién y bajo qué condiciones.

Según detalló, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, aunque el universo incluye también estudios jurídicos y áreas de cobranzas de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales.

El proyecto, que tiene más de 50 artículos, propone que esas estructuras queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control. Uno de los puntos centrales establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto dentro de una empresa como en las agencias que actúan en nombre de terceros. “Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.

La iniciativa también apunta a modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas conductas estén prohibidas, pero que las herramientas disponibles para castigarlas resulten insuficientes, y mencionó entre ellas el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. Su propuesta contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas cuando se comprueben incumplimientos. “Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó.

El problema que busca abordar la iniciativa aparece con particular claridad cuando las deudas cambian de manos. Santoro explicó que los bancos pueden desprenderse de determinadas carteras cuando las obligaciones acumulan un período prolongado de incumplimiento y venderlas a terceros por una fracción de su valor. “Se desprenden de esas carteras y las venden más o menos al cinco por ciento de su valor”, señaló. En ese proceso, la persona que recibió originalmente el crédito puede encontrarse luego frente a una agencia o empresa distinta, con la necesidad de determinar quién es el nuevo acreedor y cuál es el origen del reclamo.

Durante la entrevista, Mica Mendelevich aportó un caso que expone otra dimensión del conflicto. La conductora contó que terminó pagando $200.000 por una deuda que atribuía a una tarjeta del banco Santander que nunca había activado. Según relató, los llamados no se limitaron a ella, sino que también llegaron reiteradamente a sus padres. La presión terminó cuando su madre decidió transferir el dinero ante la insistencia de los reclamos. Para Santoro, situaciones de ese tipo deberían quedar expresamente contempladas por la regulación, de modo que el deudor pueda conocer qué empresa está autorizada para reclamar y cuál es la obligación que se le atribuye.

Pero el proyecto no se limita a establecer límites sobre las formas de contacto. También incorpora instancias de mediación para facilitar acuerdos y planes de pago, a partir de una de las situaciones que, según Santoro, aparece con mayor frecuencia en los testimonios: personas que aseguran estar dispuestas a cancelar sus obligaciones, pero no pueden afrontar las condiciones que les ofrecen. “El problema es que yo tengo voluntad de pago y las condiciones que me dan no me permiten”, resumió el legislador.

En esa línea, Santoro planteó que la discusión tampoco puede reducirse a la educación financiera. Se mostró a favor de que los consumidores puedan conocer con mayor claridad las tasas de interés, los impuestos y el costo financiero total de los créditos, pero cuestionó que esa responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien tomó el préstamo cuando existen prácticas de cobranza que considera abusivas. “Echarle la culpa a la persona que está siendo víctima de la usura es un problema”, sostuvo.

La evolución tecnológica agregó además una nueva dificultad. El legislador señaló que las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento y cobro de créditos introdujeron mecanismos capaces de acceder a información de los dispositivos de los usuarios, que puede terminar siendo utilizada para contactar a personas de su entorno. Frente a ese escenario, planteó que la incorporación de inteligencia artificial no puede convertirse en una forma de diluir responsabilidades: “Cuando la que cobra es la inteligencia artificial, tiene que ser un instrumento, no puede ser un agente en sí. Tiene que haber alguien que ponga la matrícula, un abogado que ponga la matrícula, que sea el responsable final”.

El proyecto deberá ahora atravesar el recorrido legislativo y pasar por distintas comisiones, entre ellas la de Justicia, presidida por La Libertad Avanza. Santoro señaló que había enviado el borrador a Pilar Ramírez y que esperaba que la iniciativa pudiera ser discutida entre los distintos bloques, luego de una primera reunión en la que, según afirmó, participaron sectores diversos de la Legislatura.

El debate se inscribe, además, en un contexto que el propio legislador vinculó con el crecimiento de la morosidad, la expansión del crédito y el aumento de préstamos otorgados sin una evaluación suficiente del riesgo. Según su diagnóstico, el deterioro de la capacidad de pago de algunos consumidores terminó generando un mercado alrededor de la recuperación de esas deudas. “Hay mucha gente que le dieron crédito sin medir el riesgo crediticio. Ahora esa gente no puede pagar, se plancharon los salarios, aumentaron los costos fijos y entonces hay un nicho de negocio”, concluyó.

La propuesta de Santoro busca intervenir precisamente en ese punto: no impedir que una deuda sea reclamada, sino establecer quién puede hacerlo, de qué manera y bajo qué responsabilidad, para que la cobranza extrajudicial deje de depender de prácticas difíciles de controlar y quede sujeta a reglas y sanciones concretas.