Eran las 16 y Patricia Bullrich salió raudamente del recinto. Caminó haciendo señas a su bloque para convocarlos al salón rosado. Allí se sumaron senadores del PRO y Luis Juez, mientras entraba y salía el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi. La jefa de los libertarios tenía que dar explicaciones y prefirió hacerlo de una sola vez y con todos. Para entonces, ya estaba circulando la última versión del proyecto de reforma laboral que dejaba consagrada la ya famosa cuota solidaria, uno de los ejes del reclamo gremial. Los radicales y lo que queda del macrismo resistieron el pacto sindical libertario, pero ya estaba sellado. El Gobierno cedió, se aseguró una media sanción por amplia mayoría, al borde de conseguir los dos tercios, y dejó desarticulada por completo a la oposición. La pureza de los aliados deberá esperar.
El estreno del nuevo escenario político derivado del resultado electoral de octubre puso a Javier Milei en un rol negociador. Fue Bullrich la que destrabó el diálogo el viernes de la semana pasada, una vez que la CGT anunció que sólo se movilizaría a la plaza del Congreso el día del tratamiento, sin decretar un paro nacional. Ese gesto fue leído rápidamente por “la muchacha”, como la renombró un dirigente sindical al que le tocó ser parte de la negociación. Patricia dejó de ser “la piba” de los ’90 por algo. “Es la única que hace política en este Gobierno”, elogió su madurez un hombre de la mesa chica sindical, que tejió vía ex militantes del peronismo porteño que hoy rodean a la senadora una relación que habilitó, al menos, una primera negociación.
Ella se cuidó de no recargar los ánimos frente a un pacto endeble, que incluyó cruces de llamadas más allá de las 3 de la madrugada. En su discurso de cierre, cuando ya tenía asegurada una holgada votación a su favor, celebró a los sindicatos que usan el fondo de cese laboral y hasta se congració con Andrés Rodriguez. “Siempre gana el gremio más razonable. ¿Qué pasa en el Estado argentino? Hay varios gremios, está ATE, UPCN, y quién gana, el gremio más razonable. Por eso UPCN tiene más afiliados que ATE, porque es más razonable, porque tiene más lógica, porque no te lleva al conflicto permanente”, lo celebró. Sus peleas, que las tuvo, las encaró con el trío de Mariano Recalde, Juliana Di Tullio o José Mayans. Para que no quedaran dudas del pacto cegetista, Bullrich les recordó que les dejaban la cuota solidaria: “No la vamos a sacar eternamente, la van a tener, pero en un máximo para que realmente no sea una lógica contraria al interés del trabajador”.
La CGT respiró. No sólo consiguió mantener ese ingreso compulsivo con limitación del 2%, sino que mantuvo el porcentaje de aportes a las obras sociales sindicales, otra de las líneas rojas que habían trazado los gremios en la previa al debate. Más allá de estas pocas concesiones, el sindicalismo no tiene nada más para celebrar. El margen de negociación se los sacó el propio Milei cuando aceptó levantar del capítulo fiscal la baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que afectaba los ingresos provinciales. Eso sucedió el lunes y fue el quiebre para una dirigencia carente de recursos para presionar. Habían apostado todo a los gobernadores. Sin ese anzuelo, quedaron con las manos vacías. El único camino era el pacto. O radicalizarse. Eligieron lo primero.
Dividida en al menos cinco ventanillas de negociación, la Casa Rosada apuró los acuerdos, consciente de que no podía permitirse un traspié. Dicen los gremios que la interna del Gobierno colaboró para llevarse las últimas modificaciones. “Santiago se borró dos días antes”, se quejaba un jefe sindical sobre el rol del asesor presidencial, que supo ser la única vía de acercamiento en estos años con Balcarce 50. Estuvo, pero no definió, según relatan los protagonistas. El rol central se lo llevó Bullrich, y en segundo escalón, Martín y Eduardo Lule Menem, que desde diciembre emprendieron los contactos subterráneos, línea a la que se sumaba Diego Santilli, más volcado a monitorear a los gobernadores. Siempre con desconfianzas, los gremios repiten que estos últimos fueron los que los llevaron al fracaso. “Nos cagaron (Alejandra) Vigo, (Flavia) Royón y (Carlos Espínola) Camau”, se quejaban de madrugada, cuando la votación estaba terminada. La paradoja es que Alejandra Vigo, una de las apuntadas, surgió a la vida política desde lo gremial, como presidenta del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) en Córdoba.
El sindicalismo quedó apuntado frente a la magra cosecha que consiguió. “Priorizamos las organizaciones sindicales, sí. Estratégicamente había que mantener la estructura gremial primero para después ir por el resto”, se defendió uno de ellos. “Teníamos la presión encima, la votación estaba perdida”, recuerdan para justificarse. “Les afanamos lo importante, tenían todo para matarnos”, fue otra de las explicaciones.
En la negociación se involucró hasta el propio Milei. Fue infranqueable con el artículo que habilita los convenios por empresas frente a los de rama de actividad. Lo llamaban “el artículo Milei”. En rigor son dos: el 130 y el 131, que quedaron tal cual estaban en su versión original de diciembre pasado.
En el medio, la Casa Rosada aprovechó la ¿distracción? gremial y coló las nuevas reglas para las licencias por enfermedad, que establecen el pago del 75% o 50% del salario en caso de enfermedad. “Alguien hizo una de más”, se lamenta un libertario. Federico Sturzenegger, la otra pata que vetaba o dejaba pasar, levantó la mano tras el escándalo y fue el primero en defender el cambio. Es extraño. Muchos de los involucrados en las decisiones fingen no conocer el artículo, o argumentan que se incorporó a último momento. No fue así. Estaba en la versión final del día martes. Tuvieron más de 24 horas para darse cuenta qué votaban.
Con ese agregado el Gobierno se abrió ahora un escenario incierto en la Cámara de Diputados, donde la oposición hace números para bloquear ese artículo y mandar de nuevo el proyecto al Senado. Desarticulados, el peronismo y los gremios ven una hendija por donde hacerle algo de ruido a Milei. “El Gobierno ya cedió todo lo que estaba dispuesto, más no va ceder”, reflexionan en Unión por la Patria sobre las bajas chances de lograr el rechazo general a la reforma.
Hay dos gobernadores que podrían ser árbitros: Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, pero ambos demostraron, al cancelar una reunión con la CGT, que no están dispuestos a darle un golpe a Milei. En el Senado se alinearon a los intereses libertarios. El poroteo opositor incluye justamente a parte del bloque de Provincias Unidas (PU), algún radical sin tierra y robarle apoyos de los siempre aliados de Innovación Federal. En principio, los 6 diputados de Córdoba y los 3 del PRO que integran PU votarían por la aprobación en general y podrían oponerse al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el otro punto de la polémica. También tienen un proyecto propio para modificar el régimen de incentivo para las medianas empresas (RIMI), que usarán como prenda de negociación. Si el tema licencias cala fuerte en el debate público, podrían hacer caer el artículo.
Un llamado de atención para la Casa Rosada fue el voto en el Senado de los integrantes de Convicción Federal, que se alinearon con el peronismo, sobre todo los representantes de Catamarca y Tucumán. Si se repite en Diputados, el escenario sería más complejo. Se abre otra negociación.
Para apurar los tiempos, el oficialismo dictaminará el miércoles próximo. Ya convocó al plenario de comisiones, pero no tiene quórum propio y necesita de los aliados. Ahí empezará a despejarse el panorama. Una opción es llevarlo al recinto al otro día, para que en caso de que le impongan cambios, el Senado pueda ratificar el proyecto original y todo quede listo para el 1 de marzo. El feriado de carnaval complica a todos. Ya circula entre los diputados la promesa oficial de modificar el artículo con el recorte de derechos en las licencias en la reglamentación posterior.
El Gobierno logró dos contundentes triunfos políticos en 24 horas. De la media sanción de la reforma laboral saltó a la media sanción del nuevo régimen penal juvenil. Ahí también hizo concesiones. Retiró su propio proyecto en la previa de la sesión y aceptó dejar en 14 años la edad de punibilidad de los menores. Lejos del slogan oficial de “delito de adulto pena de adulto”, aceptó bajar a 15 años la pena máxima para casos graves y estableció una escala progresiva, y que sólo se pueda alojar a los menores en instituciones especializadas. Aunque exiguo, también incorporó $23.000 millones para su funcionamiento, algo que no contemplaba el proyecto original. La gobernabilidad exigida tras el triunfo electoral obligó a Milei a pactar. Ese pacto le ofrendó amplias mayorías, una foto que extendida, le podría facilitar en el Senado el nombramiento de jueces de la Corte.
Pero ¿por qué cedió si la aprobación estaba garantizada? En el Gobierno sostienen que quieren quitar frentes de conflicto y que lo importante era que la ley saliera. “Salir con esos números del Senado da la sensación de partido liquidado en Diputados”, apuntan como explicación. En la CGT creen que el próximo paso de Milei será ir por la ley de asociaciones sindicales.
Tras el triunfo electoral de octubre, la Casa Rosada fue desactivando conflictos. Avanzó con la actualización, aunque escasa, del nomenclador que exigía la ley de emergencia en discapacidad y la tuvo que reglamentar, y aceptó aumentos para los trabajadores del Garrahan. Ahora negocia con las universidades una nueva ley de financiamiento. El acuerdo aún no está cerrado. Incluye un reconocimiento de un 13,5% de pérdida salarial del año 2025, a pagar en tres cuotas, $80.000 millones para hospitales universitarios, la apertura de la paritaria y una actualización de la partida para mantenimiento, en espejo con lo que se acuerde en la negociación salarial. Lo que no reconocen es la pérdida del poder adquisitivo de 2024. El Gobierno tenía previsto sumar el tema en extraordinarias en los próximos días.
El avance político contrastó esta semana con el parate económico. El dato de inflación de enero, con una suba de 2,9% y un fuerte impacto en alimentos, enciende luces de alerta. La economía no reacciona. Los datos del uso de la capacidad instalada de la industria marcaron un alarmante 53,8%, el nivel más bajo en casi dos años, y las estadísticas del Indec sobre salarios registrados dejaron una foto notable en el bolsillo: cerraron el 2025 casi 3,3 puntos abajo de la inflación. El conflicto policial en Santa Fe marcó un punto de quiebre. El gobernador tuvo que aceptar una suba de haberes arriba del 40% y aclararle al resto de la administración pública que semejante cifra no se replicará. El impacto lo empezó a sentir también Axel Kicillof, con amenaza de paro de algunos gremios docentes por primera vez en toda su gestión.
El derrotero de empresas en crisis y la conflictividad laboral también está pegando de lleno en el inicio del año que el Gobierno planteó como el de la recuperación. Desde enero de 2024 hasta el 5 de febrero de este año se registraron al menos 717 conflictos en todo el país, según el último relevamiento del CEPA. El sector que encabeza el ranking es la Industria, con el 62,1% de los conflictos. Las ramas más afectadas fueron la textil, de alimentos y la metalurgia y siderurgia con despidos en un 63,6% de los casos en un contexto de pérdida de puestos de trabajo de 272.607 trabajadores registrados desde noviembre de 2023. Hay un dato llamativo: antes de la elección de octubre se registraron 21 conflictos por día; pos elección se disparó a 42 por día. Eso da cuenta de que los empresarios esperaban el resultado electoral para ajustar. Una vez aprobada la reforma laboral podría incrementarse aún más ese número.
La inflación va ganando la conversación pública. Un informe de la consultora Ad Hoc mostró un salto en febrero, motivado por el escándalo en el Indec, con más de 206 mil menciones, la más alta en dos años, y que incluye una mirada negativa hacia el Gobierno tras la renuncia de Marco Lavagna y la suba de precios. A eso se suma la conversación digital sobre la reforma laboral. “La negatividad hacia Milei subió 3,6 puntos con respecto a su promedio de este mes. Escaló a 52,5%. La comunidad libertaria se activó para resaltar a los manifestantes violentos y validar tanto el accionar policial como la posición política oficial. No se observa una defensa positiva de la reforma, sino que la actividad de los usuarios digitales afines al Gobierno se dirigió sobre todo a deslegitimar la protesta o confrontar con dirigentes opositores”, destacan en el informe.
La efectividad política del Gobierno se choca con la economía diaria que no despega. El Gobierno aprovechará el envión para enviar una reforma electoral, una nueva Ley Bases y un listado de empresas a privatizar, en el menú para un Congreso que hoy muestra un alto disciplinamiento libertario.
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