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Política Nacional

El Gobierno reglamentó la ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas

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El Gobierno reglamentó la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia (ley 27605/2020) -conocida también como aporte de las grandes fortunas- y sus detalles se conocieron al publicarse la edición del Boletín Oficial correspondiente al viernes 29 de enero.

La reglamentación se concretó a través del decreto 42/2021, tiene 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ley 27605, que se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre último y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos (aunque la tasa va subiendo según el patrimonio) .

El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones
La norma, en ese aspecto, establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.

El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones.

Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.

Además, la ley 27605 determina específicamente cuál será el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos, a saber: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar creadas para apoyar a jóvenes estudiantes, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.

La ley de Aporte Solidario y Extraordinario fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia global de Covid-19
La ley de Aporte Solidario y Extraordinario fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia global de Covid-19.

La iniciativa surgió de una serie de ideas y propuestas que se fueron ajustando y que sobre todo fueron impulsadas por el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller (FdT-CABA), y el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, quienes se convirtieron en las caras públicas del proyecto.

La reglamentación que se conoció con la publicación en el Boletín Oficial, a las 0 horas de este viernes 29 de enero, fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas, permitiéndoles, por ejemplo, descontar deudas o pasivos de las empresas a la fecha del 18 de diciembre de 2020.

Algunos empresarios con grandes patrimonios que quedarán en la base imponible de esta aporte por única vez amenazaron con iniciar una rebelión fiscal
Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas “actividades operativas” ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas no podrán definirse como “activos financieros”.

El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se encargue de “instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos” y evitar así las operaciones de evasión impositiva.

En ese sentido, al sancionarse y promulgarse la norma, algunos empresarios con grandes patrimonios que quedarán en la base imponible de esta aporte por única vez amenazaron con iniciar una rebelión fiscal contra una ley que a pesar de despertar mucha aprobación en las encuestas fue al mismo tiempo muy atacada desde ciertos medios de comunicación.
(télam)

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Máximo Kirchner: “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”

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El diputado nacional Máximo Kirchner reclamó que cualquier propuesta política seria para Argentina debe partir de una discusión sobre el endeudamiento externo, y advirtió que los actuales niveles de vencimientos de deuda hacen inviable una mejora en las condiciones de vida de la población. “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”, sostuvo el legislador durante una visita a Cañuelas, en el marco de los actos por el Día del Trabajador.

Para el líder de La Cámpora, el escenario que atraviesa el país no fue producto de la casualidad: “A todas luces era previsible lo que iba a pasar con este gobierno. Esto iba a suceder y era evidente ley tras ley que sancionaba el Congreso de la Nación, decisión tras decisión de Sturzenegger y Caputo“. En ese sentido calificó la situación actual como “una consecuencia previsible que la Argentina ya ha vivido en otras oportunidades, en esta quizás con mayor crudeza y cuyo calado a futuro parece profundizarse”.

El eje de su diagnóstico se centró en la deuda pública contraída desde 2015. A su entender, ese endeudamiento no se tradujo en mejoras concretas para la ciudadanía: “A 8 años —se cumplen el 20 de junio— no lo hemos visto en escuelas, en universidades, en viviendas, en asfalto, en rutas, en mejorar la logística de nuestro país para que la economía sea más competitiva”. El diputado afirmó que se trata de “un endeudamiento que nadie puede explicar dónde está” y cuestionó que el Poder Judicial “mira para otro lado”.
Máximo Kirchner apuntó contra el actual superávit fiscal y señaló que alcanzar ese resultado a expensas del bienestar social no representa un mérito. “Alcanzar estos números y este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquier persona que no tenga alma, que no tenga empatía, que no tenga un mínimo grado de humanidad”, afirmó en diálogo con AR12. En esa línea, sostuvo que “cuando la gente es tenida en cuenta y está adentro, trabaja, se mueve, produce, puede acceder a su vivienda”.
La figura del Fondo Monetario Internacional (FMI) también ocupó un lugar central en su discurso. El legislador señaló que el organismo “prestó de manera irresponsable y no teniendo en cuenta la capacidad de repago de la Argentina”, y planteó la necesidad de renegociar los términos con los acreedores: “Hay que charlar con los acreedores argentinos y empezar a cambiar esto. No puede ser la realidad de la gente una variable que no se tenga en cuenta a la hora de negociar con quienes han endeudado el país y han prestado“.
En términos históricos, trazó una línea que va desde la salida de Cristina Fernández de Kirchner del gobierno hasta el presente: “Hace 10 años ya que gobierno tras gobierno se le pide sacrificio y paciencia a la sociedad argentina. Un gobierno que fue entregado el 9 de diciembre de 2015 con cero deuda con el FMI y hoy son 60 o 70 mil millones de dólares”. Esa cifra, proyectada sobre una década, representa —según sus propias palabras— “casi 6 o 7 mil millones de deuda solo con el Fondo” por año, sin que los argentinos lo hayan visto reflejado en su calidad de vida.
El diputado también apuntó contra el presidente Javier Milei y cuestionó la coherencia de su gestión. Recordó que el mandatario había calificado públicamente a su propio ministro de economía, Luis Caputo, con términos duros antes de designarlo en el cargo. “La opinión de Milei sobre su actual ministro de economía era más dura que la que hemos tenido muchos. Prácticamente decía que era un inútil que se había patinado el préstamo con el FMI y después lo pone ahí. Son conscientes de lo que están haciendo, esto es una miseria planificada, una entrega planificada”, afirmó.
En ese marco, el legislador reivindicó la figura de Cristina Fernández de Kirchner, detenida tras su condena en la causa Vialidad: “Es una mujer firme, inteligente, estudiosa, trabajadora. Le mete, nos está empujando a todos para ponerle ganas y poder transmitirle a la gente que tenga esperanzas, que vamos a poder salir de esto”, dijo. Máximo calificó la situación de la expresidenta como “tremendamente injusta” y remarcó: “En Argentina la casta está libre y Cristina está presa y la sociedad vive como vive”.

El diputado también hizo una autocrítica sobre el ciclo político del peronismo: “El peronismo tiene que asumir que el 9 de diciembre de 2015 nos fuimos con una plaza llena y el 9 de diciembre de 2023 nos fuimos con la plaza vacía y esa es la realidad, de ahí tenemos que arrancar para tener una discusión seria, responsable y que no busque engañar voluntades por un par de votos”.

Máximo Kirchner cerró su intervención con una advertencia dirigida a quienes, según él, prometen mejoras salariales y jubilatorias sin explicar de dónde saldrán los recursos. “Yo quiero que me digan cómo vamos a hacer. Si no discutimos esto después aparecen diciendo vamos a subir los salarios y las jubilaciones. ¿Cómo? ¿Con este nivel de vencimientos actual cómo vamos a hacer? Esta es la pregunta y la discusión central de la Argentina hoy”, concluyó.

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La Libertad Avanza busca dar vuelta la página tras el informe de Adorni y salir de la parálisis en el Congreso

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“La exposición fue contundente, tema terminado”. Mientras se retiraban del recinto tras el informe de gestión de Manuel Adorni, los diputados de La Libertad Avanza se ilusionaban con la idea de retomar su agenda de reformas en el Congreso.

Ahora los libertarios aseguran que el tema deberá seguir su trámite exclusivamente en la Justicia y esperan poder dar vuelta la página: entre sus prioridades se destaca la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reforma política, que también incluye cambios en el financiamiento de las campañas y en el régimen de reconocimiento de los partidos políticos, debe ser aprobada este año, ya que encontrará cada vez más dificultades para sumar apoyo a medida que se acerque el calendario electoral. “La mayoría de los gobernadores van a buscar diferenciarse del oficialismo para el momento de las elecciones”, reconocen en las filas de LLA.
Las declaraciones de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) en contra de la eliminación de las PASO fueron un balde de agua fría para la Casa Rosada. Los gobernadores aliados se sumaron al rechazo del PRO y la UCR, que necesitan de esta herramienta para definir candidaturas y conformar alianzas electorales. Al Gobierno le espera una larga negociación si pretende convencer a los principales afectados por la reforma política.
Además, la maniobra de incluir Ficha Limpia en el paquete aumentó el malestar entre los bloques aliados. Tanto el PRO, como la Coalición Cívica, la UCR y Provincias Unidas respaldan la iniciativa, pero exigieron que se trate por separado, para que no quede mezclada con el resto del proyecto, que no reúne consenso.
Entre los proyectos que ya están listos para ir al recinto se destaca la Ley Hojarasca, una iniciativa que tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger es el más avanzado porque obtuvo dictamen de comisión hace casi dos semanas pero el oficialismo no se animó a convocar a sesión.

Por otro lado, en el Senado el oficialismo evalúa algunos pedidos de la oposición para llegar a un texto de consenso del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta iniciativa incluye un procedimiento sumarísimo para recuperar inmuebles usurpados, elimina la restricción general para la titularidad extranjera de tierras rurales, limita la discrecionalidad del Estado para las expropiaciones con nuevos criterios para determinar las indemnizaciones y flexibiliza la ley de manejo del fuego.

Es el proyecto con más chances de avanzar ya que la reforma electoral y la nueva ley de discapacidad están lejos de tener los votos necesarios. Este último proyecto es el más polémico ya que propone un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Además, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones.

Por lo pronto, aún no hay reuniones de comisión importantes convocadas para la semana que viene y tampoco se avizora ningún pedido de sesión en el corto plazo. Los libertarios seguramente se tomarán una semana para retomar el diálogo con los aliados y esperar a que la Justicia no le dé a la oposición ninguna excusa -como un eventual procesamiento- para volver a la carga con la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Tras el informe de Adorni, la oposición busca imponer una agenda social que incomoda al Gobierno

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Pasó Manuel Adorni por el Congreso de la Nación y, aunque el oficialismo entiende que tuvo una especie de triunfo porque el Jefe de Gabinete “respondió todo”, la oposición hace una lectura diferente y define los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo.

En varias publicaciones anteriores este medio explicó que los referentes de la oposición en Diputados vienen conversando sobre los pasos a seguir y cómo había sido la estrategia para llegar a la sesión con el Jefe de Gabinete. Ahora comienza otra parte de ese plan integral.

En los próximos días comenzará un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques de la oposición avanzar rumbo al hemiciclo.

“Ahora viene la parte tres que es la de juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto y avanzar en una agenda en común. Y vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social”, explicó uno de los diputados que negocia esa agenda.

En diferentes despachos del Congreso de la Nación se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, por lo que se están “peinando” proyectos y diputados para sumar votos. “Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número. Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios”.

El hilo conductor en los diferentes bloques de la oposición es la agenda social, que entienden que crece sobre la base de la aparición de casos de corrupción. “La agenda social se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados”.

El eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky— que tiene una veintena de proyectos que proponen medidas en busca de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.

“Lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular.” El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión; por eso la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir alguna firma más. La comisión tiene 31 integrantes donde LLA tiene 13, UP 11, Provincias Unidas 2, PRO 2, UCR 1, Coalición Cívica 1 e Innovación Federal 1.

El otro punto es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.

En medio de esto, desde las provincias hay algunos movimientos que ilustran la situación. Un ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, con medidas para desendeudar a trabajadores privados y públicos, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.

La ex vicegobernadora de Pullaro es la diputada Gisella Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, que tiene 18 miembros. Además, la santafesina es del PRO de la provincia que, aunque tiene algunos desencuentros con los amarillos nacionales, mantiene los puentes.

“Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso”, reconoció un diputado libertario que suele tener buenas conversaciones con los legisladores del peronismo.

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