El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.

En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.

“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.

Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.

“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.

Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.

Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.

El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.

Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.

El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.

Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.

Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad

Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.

El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.

Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.

Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.

Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.

Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.

Con la media sanción en Senado de la Nación de la reforma laboral, el Gobierno ultima los detalles de la estretegia que desplegará para blindar la norma que obsesiona al presidente Javier Milei ante los potenciales embates judiciales que descartan que ocurrirán. Según confirmó a Infobae una fuente inobjetable involucrada en el diseño de la misma, vaticinan que el caso terminará de definirse en la instancia de la Corte Suprema.

De conquistarse la aprobación completa durante las sesiones extraordinarias y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, en Casa Rosada anticipan que se abrirá una instacia de presentaciones judiciales que, detectan, nacerán de la propia Justicia y de los gremios.

Para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales diseña desde hace meses la estrategia definitiva, que mantienen bajo llave, que utilizarán. En la tarea coordinan la Secretaria de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario, Sebastián Amerio. Todos del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”, precisó una voz con acceso al despacho presidencial en alusión al ministro del Máximo Tribunal, el constitucionalista Horacio Rosatti.

Con el antecedente del amparo judicial presentado por los gremios al capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo descuentan que los puntos que mayor conflicto despertarán en el sindicalismo son la prelación de convenios de empresas, item que establece que los acuerdos de empresa de una provincia prevalecerá por sobre uno del ámbito nacional; la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo; la redefinición del cálculo de indemnizaciones; entre otras cuestiones.

Asimismo, detectan que el propio Poder Judicial cuestionará la determinación de Nación de transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno le otorgó la potestad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar acuerdos de traspaso. El conflicto reside en la disputa por el ejercicio del poder real sobre los tribunales laborales y se originó con la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta entonces, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control Nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado, algo que la Corte Suprema sostuvo que debería ser una determinación temporaria. “No corresponde que la justifica intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, argumentó una fuente judicial al tanto.

En los últimos años, tras la aprobación en la Legislatura porteña de las leyes que reorganiza la justicia laboral local y que fija un nuevo Código Procesal para el fuero del Trabajo, la Ciudad avanzó con la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis magistrados y diez juzgados de primera instancia.

En el ecosistema violeta denunciaron que la justicia laboral “ha sido cooptada”, y aseguran que se dedicó a “atentar” contra las pymes. “Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra que 5 jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia”, arremetió un voz calificada.

Pese a que en la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó una audiencia con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y representantes de otros bloques, el oficialismo avanzó con su tratamiento en la sesión y obtuvo media sanción a la espera de su aprobación definitiva en Diputados hacia finales de febrero.

En paralelo, en la administración libertaria reafirman la vigencia de la proyecto de “Modernización”, mientras trabajan en los últimos retoques de la hermética estratégia judicial. “Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”, sentenció ante Infobae uno de los involucrados.

El oficialismo aprieta el acelerador en el Congreso de la Nación. A los libertarios ya no solo les alcanza con tener la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur – Unión Europea aprobados sino que los quieren para antes del 1 de marzo, para que formen parte central del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.

En la Casa Rosada entienden que el efecto político de ambas medidas se lograría en su totalidad si Milei las puede nombrar en su discurso. Por eso hoy giraron el texto de la reforma laboral a Diputados y aceleran al máximo para cumplir con la fecha de cierre de las sesiones extraordinarias el próximo 27 de febrero.

Los libertarios ya están dejando trascender cómo quieren establecer el cronograma para las próximas dos semanas. Tanto en el Senado para darle sanción definitiva al tratado con el Viejo Continente y a la baja de edad de imputabilidad, como en la Cámara de Diputados, en donde buscará convertir en ley la reforma laboral.

En el caso de esta última, la primera intención que barajó el oficialismo era citar a las comisiones durante los feriados de carnaval pero desistieron. “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”, reconoció una alta fuente libertaria. En este esquema, la intención del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del titular del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, es citar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para el próximo miércoles 18 de febrero con la intención de dictaminar e ir rápidamente al recinto.

Sin embargo, para que esto suceda necesita resolver varios puntos. El reglamento establece que en extraordinarias se debe obtener dictamen 10 días antes de que finalice el período establecido por lo que se espera la publicación de un nuevo decreto del Presidente que estire las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.

Además, suponiendo que logran citar al plenario para el miércoles porque cuentan con los números para tener un dictamen de mayoría, tiene que sumar el quórum para ir al recinto, y la intención es que sea el jueves 19 de febrero.

En la Comisión de Presupuesto el oficialismo tiene 18 diputados y se suman los aliados con 2 del PRO, y se le suman el MID, Encuentro Federal, Producción y Trabajo, Independencia, Innovación Federal, UCR y Elijo Catamarca con un miembro cada uno, lo que le da un total de 27 firmas sobre un total de 45 miembros. En el caso de Legislación del Trabajo tiene 11 propios más 2 del PRO y 1 de la UCR sobre un total de 28 miembros. Para poder tener el dictamen de mayoría necesita 37 firmas, algo que alcanzaría si lo acompañan todos los socios.

Pero el problema que deberá resolver es la intención de ir al recinto el jueves 19 de febrero porque desde los sectores de la oposición se muestran reacios a que una ley de este peso tenga un tratamiento exprés. “En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, explicó un diputado de la oposición. “Más escribanía no se consigue si hacen eso, los que se llenaban la boca de republicanismo están cada vez más selectivos”, agregó en referencia a los sectores del PRO y del radicalismo que se quejaban del kirchnerismo y de su tratamiento express de los temas cuando el peronismo era mayoría.

Pero LLA no sólo enfrenta la negativa de los opositores de ir a un tratamiento tan simplificado de la reforma laboral sino que también encuentra resistencia de los socios que, además, proponen modificaciones. Así lo dejó en claro Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, quien adelantó que van a pedir cambios en el proyecto de ley que llegó con media sanción del Senado.

“Lo quieren apurar porque tienen miedo que el PRO les meta un cambio y tenga que volver al Senado, por eso quieren sesionar la semana que viene así le dejan una semana a Patricia Bullrich para poder ir al recinto antes del 1 de marzo”, explicó un diputado K.

En paralelo, Patricia Bullrich también impone su ritmo en el Senado de la Nación y tiene la intención de llamar a las comisiones el miércoles a Relaciones Exterior y el jueves Acuerdos para el pliego de Fernando Iglesias y a la tarde la de Justicia para el régimen penal juvenil.

La Libertad Avanza necesita dictaminar la semana que viene si quiere tener esas leyes el 1 de marzo ya que necesita 7 días de plazo entre el dictamen e ir al recinto, por lo que Bullrich y su bloque está acelerando los pasos para poder contar con los textos ingresados en la Cámara Alta y citar a las comisiones.