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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Batalla con las universidades: la cerrazón del Gobierno tensiona a la Corte y no destraba el tema en el Congreso

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La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.

Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.

En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio RosattiRicardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.

El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.

Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.

La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.

El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.

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Tras la imputación de su hermano y las nuevas revelaciones de un testigo, Adorni sostiene su agenda política e interviene en los armados de Karina Milei

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El Gobierno hizo mutis por el foro ayer por la tarde, después de las nuevas complicaciones que surgieron en la Justicia para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la Casa Rosada no dieron opiniones ni respuestas sobre el más reciente testimonio de un nuevo testigo en la causa, que complicó a Adorni. Tampoco sobre el hecho de que su hermano, Francisco Adorni, resultara imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. En cambio, ratificaron que el ex vocero se mantendrá activo hoy en un acto de gestión en Mendoza con ribetes políticos electorales y que baraja brindar una tercera conferencia de prensa desde Balcarce 50, mañana.

A pesar del hartazgo que se generó incluso en las filas del propio gobierno por los más recientes hallazgos del caso, Adorni sostiene sin modificaciones la actividad que prevista para este mediodía en Las Heras para inaugurar el Parque Solar El Quemado. Y se mantienen firmes a su lado sus dos acompañantes: el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

También, el gobernador radical, Alfredo Cornejo, anfitrión, que se comprometió a recibirlo y acompañarlo en el la visita y ayer ultimaba detalles de la bienvenida. De hecho, está previsto que hablen los cuatro, en sendos discursos. A Marín le toca el discurso inaugural. Lo seguirán el titular de Hacienda y Cornejo, en ese orden. Y Adorni, que fue respaldado con creces por Javier y Karina Milei la semana pasada, incluso en la reunión de Gabinete, estará encargado del cierre.

Ávidos por mostrar normalidad, en la administración nacional señalaron que no encuentran motivos para suspender o modificar el acto, que se transmitirá en vivo. “Es el primer proyecto del RIGI que se termina y es el parque solar más importante del país”, dijeron anoche, mientras festejaban la postergación de la sesión que intentaba impulsar la oposición en Diputados para tratar la interpelación de Adorni, hoy.

La causa judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni volvió a complicar al Gobierno ayer, cuando el propietario de la casa que alquiló el funcionario en el country Indio Cuá reveló que el ex vocero le pagó 21 mil dólares en efectivo. Además, el diputado bonaerense Francisco Adorni fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia presentada por Marcela Pagano, ex libertaria devenida férrea opositora al Gobierno.

Con todo, Adorni sostiene su actividad tal y como estaba prevista antes de la declaración del testigo José Luis Rodríguez en el caso que investigan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.

La visita a Mendoza es una exhibición de gestión en medio de la parálisis administrativa que atraviesa el Gobierno (entre otros motivos, por el caso Adorni). Pero también una señal política sobre la voluntad de acuerdo de La Libertad Avanza con el radicalismo local en medio de las especulaciones electorales de cara a 2027 y las intrigas sobre los planes de Karina Milei para la relación con las provincias.

“Falta un montón”, dijeron ayer, para evitar adelantar posiciones, en el oficialismo. Pero admitieron que las proyecciones de la estrategia para armar el mapa político nacional ya empezaron a diseñarse en conversaciones entre Karina Milei y los hermanos Menem. También, con Adorni, a pesar de que la causa que investiga sus gastos y esmerila la imagen del Gobierno.

En la cúpula libertaria planean esperar que pase el Mundial para empezar a definir cuáles serán los distritos en donde competirán contra los líderes locales -o sus delfines-, así como los bastiones en donde buscarán alianzas y, por último, los terruños donde evitarán las disputas. Tomarán el paréntesis de la agenda pública para analizar pros y contras de cada territorio, y piensan en septiembre como mes ideal para empezar a perfilar los diálogos.

Como en el caso de Mendoza, adelantan que en Chaco también se orientan a un acuerdo con el también radical Leandro Zdero; mientras que en CABA se presenta como “apuesta segura” un enfrentamiento con el PRO de Jorge Macri.

En Córdoba y Santa Fe es muy probable que los libertarios decidan plantarse frente al justicialista antikirchnerista Martín Yaryora, que quiere la reelección; y al radical Maximiliano Pullaro.

El año pasado Santiago Caputo había recomendado no disputar en las provincias que se daban por perdidas para evitar costos políticos, especialmente en el Congreso. Fue uno de los motivos de disputa con el ala de los Menem, que se abrazaron al liderazgo de Karina Milei para persistir en los choques electorales en la mayor parte de las provincias, una postura que, a la postre, dejó al Gobierno a merced de severas derrotas legislativas.

Hoy en Balcarce 50 algunos esperan que la poderosa Secretaria General revea aquella estrategia. Mientras, ella analiza sus próximos pasos con los propios mientras apuntala a Adorni.

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El ajuste en el Presupuesto generó malestar en algunos Ministerios y hay quejas por las trabas en la gestión

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Las últimas reuniones importantes que tuvieron los integrantes del Gobierno se desarrollaron en un clima de fuerte tensión: el viernes último, cuando se juntó el Gabinete, hubo gritos, advertencias y recelos, mientras que el martes, en la mesa política, los protagonistas fueron las ausencias, las retiradas y las chicanas.

A pesar de los avances en la investigación por las denuncias sobre su patrimonio, Javier y Karina Milei continían respaldando a Manuel Adorni y reiteran que no lo van a apartar del cargo, como tímidamente sugieren algunos miembros de Poder Ejecutivo.

Así lo ratificó el propio Presidente en el encuentro que encabezó a finales de la semana pasada, en el que también “cagó a pedos” a varios de sus ministros con palabras fuertes que la senadora Patricia Bullrich calificó como consecuencia de una “emocionalidad importante” que tiene el mandatario.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta también se retiró prematuramente de la mesa política por cuestiones de agenda, poco antes de que se conociera que finalmente la cúpula del oficialismo decidió impulsar la reforma electoral completa, con la eliminación de las PASO incluida, a pesar de que no cuenta, a priori, con los votos de sus aliados como para aprobarla.

En esa oportunidad tampoco estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, que faltó así por primera vez a una reunión de este grupo de trabajo desde que fue creado, y tampoco envió a nadie en su lugar.

“¿No estuvo? Ah, es verdad. Qué raro, ¿qué le habrá pasado?“, bromeó otro de los integrantes de ese cuerpo, aunque tanto cerca de la secretaria general como del consultor habían aclarado que era porque ya tenía un compromiso asumido previamente.

La interna entre esos dos sectores también está demorando, según argumentaron a Infobae algunos de sus protagonistas, el avance de determinadas reformas, como la del Código Penal, que todavía no entró al Congreso.

En un principio, el Gobierno pretendía tratar un texto completamente nuevo que tenía 912 artículos, pero con la llegada de Juan Bautista Mahíques al Ministerio de Justicia se optó por suspender ese plan para hacer una revisión más profunda y, mientras tanto, debatir solamente el endurecimiento de las penas para algunos delitos puntuales y la creación de otros.

Según sostuvo una de las personas interesadas en que la iniciativa prospere, ese paquete de medidas está frenado en la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzábal Murphy, quien responde a Caputo.

De acuerdo con esta versión, el asesor no está apurado en mandarlo a la Cámara de Diputados porque insiste en tratar el proyecto original, en el cual trabajó durante años un equipo de especialistas en la materia.

“El Presidente, el jefe de Gabinete y Karina Milei dijeron que debía mandarse la reforma completa. No está frenada, sino que se aguarda devolución del Ministerio de Justicia sobre la propuesta original, que es la que se definió mandar”, responden desde el ala caputista.

Por otra parte, también continúa el malestar por la situación judicial de Adorni, que según revelaron distintas fuentes, también está perjudicando el normal funcionamiento de la administración nacional.

“Enviamos un comunicado a Presidencia para ver si está bien y tardan una eternidad en responder, y cuando lo hacen ya es tarde. Ha pasado de salir con algo y que después nos pidan cambiar algún párrafo, cuando tuvieron días para revisarlo”, protestaron en uno de los Ministerios.

En este sentido, también señalaron que “no está habiendo una estrategia en conjunto para determinados anuncios”, por lo que muchas veces un área publica una decisión que luego queda opacada por otra medida.

Asimismo, en algunos despachos también cuestionan, aunque por lo bajo, el Decreto con el que Milei cambió el Presupuesto 2026 y recortó poco más de 2,5 billones de pesos de diferentes partidas.

La orden a los Ministerios de reducir el 2% de los gastos corrientes llegó hace aproximadamente un mes y medio, por lo que en ese tiempo los diferentes sectores debieron organizar cómo ajustarse.

“Lo que se hizo en muchos casos fue tomar el dinero que ya no iba a ingresar y ese faltante repartirlo entre todos los programas que están activos para que ninguno tuviera que cerrar, pero eso también implica que cada proyecto ahora tenga menos recursos”, lamentó un funcionario.

No ibstante, a partir de esta decisión, algunos planes sí se dieron de baja, como es el caso del de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano, del Ministerio de Capital Humano, o el de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer, de la cartera de Salud.

En el interior del oficialismo confían en que la llegada del Mundial de Futbol le dará un respiro al Ejecutivo, y ese es el espíritu que circula también en varias oficinas, donde esperan que pronto se ordenen las cosas en la Casa Rosada para poder retomar la gestión de forma más intensa.

Quienes piensan que esto se va a olvidar y que no es un problema porque no es un año electoral, se equivocan. Esto es el equivalenete a ‘la foto de Olivos’ de Alberto Fernández. Cuando se conoció esa imagen tampoco se votaba, pero después la gente no se lo perdonó y el tema siguió en la opinión pública”, sostuvo un ex referente libertario, actualmente alejado del partido.

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