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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El PRO presiona al Gobierno y condiciona su apoyo político a la renuncia de Manuel Adorni

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El diagnóstico de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri sobre la situación de Manuel Adorni, que hasta ayer mantenían en privado, pero ahora también en público, es contundente. Para el PRO, el Jefe de Gabinete “tiene que presentar la renuncia, no esperar a que se lo digan”. Y, ante la consulta de Infobae, advirtieron: “Es un papelón que hace daño y hace aún más difícil el acompañamiento”.

El comunicado que el partido difundió el jueves, tras la presentación por parte del funcionario nacional de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), donde incorporó USD 513.000 no declarados, que atribuyó a inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, fue en el mismo sentido, pero en un tono más institucional, y calificó la situación como “irreversible” y que Adorni “mintió al Congreso sin justificación”. El viernes fueron un paso más: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

Cerca del expresidente no entienden cómo escaló la situación de Adorni a un punto de no retorno y lamentan, sobre todo, que opaque los “buenos resultados” que tuvo en las últimas semanas el equipo económico. “El Gobierno está obteniendo muy buenas noticias, baja del riesgo país, de la inflación, temas de los que nadie habla. No sabemos por qué no renuncia o no lo dejan renunciar”, cuestionaron.

El diputado Fernando De Andreis, secretario general del partido y mano derecha de Macri, fue explícito. “La situación no da para más. Se le está pidiendo un esfuerzo enorme a los argentinos y de repente estas actitudes la tiran afuera”, afirmó. Además, y en diálogo con radio Mitre, descartó que manifestarse a favor de una moción de censura en el Congreso, como impulsa el peronismo y otros partidos opositores, sea el camino del PRO. “No hay número para eso y además va a ir al Senado en julio”, señaló, y añadió que la solución depende del Ejecutivo: “Acá el Gobierno le tiene que terminar de poner el cascabel al gato y dar vuelta la página urgente”.

“Todo es mentira. Nos hace perder el tiempo tratar de analizar en detalle lo que dijo. Cuando fue al Congreso, acompañamos. Cuando dijo que tenía todo en regla, también. Pero evidentemente, todo era una mentira de principio a fin”, cuestionó.

En este marco, el peronismo en el Senado apura una sesión única para interpelar y votar la destitución del Jefe de Gabinete. En Diputados, en tanto, la oposición convocó a una sesión especial y busca votos para una moción de censura para el próximo martes 23 de junio. Este mecanismo le otorga al Congreso la capacidad de remover al funcionario con la mayoría absoluta de ambas Cámaras si se considera que ha incurrido en actos, omisiones o conductas que comprometan su responsabilidad política.

Según supo Infobae, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, convocó a una reunión para el próximo martes para coordinar una postura parlamentaria. El viernes hubo reuniones virtuales, y mucho enojo. “No hay mucho margen. No veo margen político para bancar esto. Previo a la moción de censura, interpelémoslo, sería una salida. Cuando me dijeron que lo habían citado para el 23, en un primer momento pensé que le daban tiempo para que renuncie”, señaló a Infobae un diputado del PRO.

Y agregó: ”No se entiende. Los logros que podés exhibir quedan tapados. Ahora, prefiero que este tema que generó el Gobierno lo resuelva el Gobierno. Prefiero interpelarlo a resolverle el problema desde el Congreso con una moción de censura”. Otro legislador nacional, ante la consulta de este medio, expuso la disyuntiva que atraviesa el partido amarillo: sumarse a un reclamo de todo el arco opositor, incluido el kirchnerismo, o quedar como defensores del Jefe de Gabinete. Hay una delgada línea, argumentan algunos, entre apoyar o ser cómplices.

“No hay nada definido. La energía está puesta en que el gobierno tome una decisión antes del llamado a sesión”, afirmó.

Un dirigente bonaerense con un importante cargo partidario también se manifestó crítico: “No se le puede decir a los argentinos que está bien ahorrar en negro, que evadir impuestos no tiene consecuencias, que el dinero apareció porque alguien lo prestó o porque se encontró un pendrive. Esas explicaciones no están a la altura de la responsabilidad que exige un cargo público”, señaló.

“¿Con qué autoridad se le pide a un vecino, a un comerciante o a un trabajador que cumpla con sus obligaciones tributarias, si quien integra el gobierno relativiza el cumplimiento de las mismas. Una cosa es respaldar el rumbo económico de un gobierno y otra muy distinta es resignar los estándares de transparencia e integridad. La honestidad en la función pública no es optativa ni negociable. Sin transparencia no hay confianza, y sin confianza es imposible construir instituciones sólidas”, agregó a Infobae.

Por otro lado, el legislador porteño Darío Nieto, que hizo una extensa publicación en X para explicar los “supuestos” movimientos de Adorni con Bitcoin, destacó en Infobae en Vivo que “Lo verificable es el movimiento, no la titularidad. Adorni podría haber arreglado a posteriori con alguien que sí hizo esos movimientos en su momento para justificar el incremento patrimonial”, advirtió.

El legislador, también muy cercano a Mauricio Macri, también puso en duda que el Jefe de Gabinete haya pertenecido a la comunidad cripto argentina de 2013: “Era una comunidad muy chica, se conocían todos, y hasta ahora no encontré a nadie que lo conozca de esa época”.

Para Nieto, la salida debe provenir del propio Ejecutivo antes de que el asunto llegue al Congreso. “Mi opinión es que el presidente debería hacer renunciar a Adorni antes de llegar a ese punto”, afirmó, al tiempo que señaló que una interpelación sería, como mínimo, inevitable si el funcionario no da un paso al costado. “Adorni debería renunciar sin duda. Es insostenible esto”, remarcó.

La presión sobre Adorni no proviene solo del PRO. Tras un pedido de presidente de la bancada amarilla, Martín Goerling Lara, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles próximo con el objetivo de citar al jefe de Gabinete a presentar su informe de gestión ante el Senado durante junio, tras no haberlo hecho en mayo. El bloque de la UCR acompañó ese reclamo.

El propio Adorni anunció el jueves que concurrirá al Senado en julio a dar su informe de gestión, mientras que el presidente Javier Milei fue uno de los primeros en repostear mensajes de apoyo al funcionario en las redes sociales.

Los pedidos para que el Jefe de Gabinete de un paso al costado también provienen de la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo cordobés. Se suman, incluso, a los pronunciamientos de miembros del Gobierno como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, las únicas dos que se animaron -por ahora- a decir en público lo que piensan en privado.

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Se calienta la puja por la sucesión de Kicillof: el PJ le pide que defina si habrá PASO y si va a desdoblar

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Distintas terminales del peronismo en la provincia de Buenos Aires aguardan iniciar conversaciones con Axel Kicillof de cara a la estrategia electoral para las elecciones de 2027. Una vez finalizado el mundial, esperan llegar a esa instancia y tener precisiones sobre qué hará el gobernador. Mientras, el mandatario provincial avisa que no es tiempo de candidaturas, sino de construcción política.

Los últimos movimientos políticos de Kicillof se parecieron bastante a una candidatura presidencial. Un viaje a Córdoba, en el mes de mayo; otro a Corrientes en junio que incluyó una reunión con su par correntino Juan Pablo Valdés y antes, en abril, una gira por España.

Más allá de si será candidato o precandidato presidencial por el peronismo, hay un imperativo y es que no podrá ir por otro mandato en la provincia de Buenos Aires. En 2027 asumirá otro gobernador o gobernadora; por eso en el peronismo empiezan a mover fichas. Un grupo de intendentes trabaja para ser una pata más de los tres sectores que conviven en el peronismo bonaerense dentro de Fuerza Patria: el kirchnerismo, el Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador. Se trata de los intendentes mediáticamente conocidos como el Grupo AFA que integran -germinalmente- Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza). Este grupo viene trabajando para sumar más dirigentes y sentarse en la mesa decisoria del peronismo bonaerense. Lo explicó esta semana Granados. El intendente de Ezeiza dijo que buscarán participar de la instancia de definiciones para conseguir un candidato -o candidata- a la gobernación y que el mismo tiene que ser intendente. “Los candidatos tienen que ser los mejores y no tengo dudas de que tienen que ser intendentes. Podemos ser la cuarta pata de la mesa para que no quede chueca”, dijo días atrás en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.

Para este grupo de intendentes esta vez no hay margen de “aceptar” candidaturas sin consenso. “No vamos a aceptar el dedo de nadie. Si ello llega a ocurrir nosotros vamos a competir”, detalló Granados quien a la vez planteó que “son momentos donde hay que empezar a tomar decisiones para ir definiendo cuestiones como las PASO o si se va a desdoblar o no”. Admiten que presentarán boleta propia si las condiciones lo ameritan.

En lo que respecta a las PASO en la provincia de Buenos Aires, en La Plata suelen sostener que están atadas a lo que vaya a suceder a nivel nacional. Javier Milei apuró la eliminación de las Primarias en el Congreso, básicamente para que no funcionen como una primera vuelta, pero por el momento no puede reunir los votos.

Buenos Aires tiene una ley propia de Primarias y más allá de que se eliminen o no esos comicios en el orden nacional, Kicillof tiene autonomía para llevar adelante las PASO fechándolas cuando considere. Para su eliminación deberá contar con el aval de la Legislatura bonaerense, como ocurrió el año pasado.

Pese a este escenario, por el momento difuso, distintos dirigentes del peronismo se mueven y esperan a que Kicillof defina qué hacer, cómo ordenar la estrategia en la provincia de Buenos Aires. Hay un factor que rodea toda definición que vaya a tomar Kicillof: Cristina Kirchner. La ex presidenta retiene caudal electoral dentro del propio peronismo. La Cámpora se aferra a esto como uno de los puntos accesorios detrás del pedido y del clamor de Cristina Libre. De hecho, esta semana, el diputado nacional Máximo Kirchner planteó que su madre sea candidata en 2027. Antes se debe revocar la pena que pesa sobre 6 años de prisión —ya cumplió uno esta semana— e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. “Queremos que Cristina pueda ir a elecciones. Y si la sociedad quiere elegirla, que la vote y el que no quiera votarla, que no la vote”, dijo esta semana en una entrevista con C5N. Aseguró también que ”hay un montón de argentinos que quieren votarla, no quieren votar otra cosa. No quieren votar candidatos por default”. No mencionó explícitamente a Kicillof, pero casi.

Para el grueso de la dirigencia peronista el encuentro entre la expresidenta y Axel Kicillof debería ser inevitable. Dado el contexto, es el mandatario bonaerense quien debería acercarse hasta San José 1111. El fallecimiento del Indio Solari reanudó el diálogo entre el mandatario y el líder de La Cámpora. Solo se circunscribió a ese evento de trascendencia nacional.

Saber si Kicillof va a separar la elección bonaerense de la nacional es otra demanda de intendentes. Con los resultados de la elección de septiembre del año pasado, para los intendentes del peronismo, esa decisión fue acertada. En la mayoría de los casos lograron retener las mayorías en los concejos deliberantes. Para el kirchnerismo fue la ruptura definitiva con Kicillof. Lo volvió a plantear el exministro de Seguridad bonaerense y actual jefe de bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni. Ante periodistas, el dirigente trazó ese diagnóstico. También dijo no saber qué quiere hacer Kicillof. “Yo no lo escuché decir que quiere ser candidato. Y suponiendo que quiera ser candidato, ¿qué va a representar al peronismo o la izquierda progresista albertista?”, presionó. Si Kicillof define desdoblar los comicios y adelantar las elecciones provinciales —que en definitiva es uno de los escenarios que maneja—, también podría pedir una licencia como gobernador para encarar una campaña presidencial. En ese caso, sería la vicegobernadora Verónica Magario, quien quedaría a cargo del Ejecutivo provincial.

Berni, también pidió por unas PASO para definir candidaturas y promovió incluso a su esposa y diputada nacional Agustina Propatto, a una listado que cada vez tiene más apellidos: el intendente de La Plata, Julio Alak; el de Pilar, Federico Achával; la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández; el de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el de Avellaneda, Jorge Ferraresi -quien subió acciones tras la intervención en la despedida al Indio Solari-; el de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Kicillof quisiera que su sucesor sea el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Hoy, la apuesta de La Cámpora es la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, quien también -como Kicillof- mantuvo algunos viajes en el último tiempo. Además de la campaña Cristina Libre, en sus giras, Mendoza buscó financiamiento externo para las obras de la cuenca del arroyo San Francisco-Las Piedras y se ha vuelto una voz de referencia para el cristinismo en cuestiones provinciales. De ese listado, son Mariel Fernández y Katopodis quienes vienen recorriendo la provincia con más velocidad que el resto.

Otro actor que por ahora espera es el Frente Renovador de Sergio Massa. Para el exministro de Economía y otrora candidato presidencial del peronismo, un buen candidato a la gobernación bonaerense por su espacio sería el jefe comunal de San Fernando, Juan Andreotti.

En las definiciones a tomar por Kicillof aparecen también otros temas como las reelecciones indefinidas a los intendentes. Hoy, modificar esa ley a partir de un acuerdo político asoma complejo. Como contó Infobae, hay una alternativa dando vueltas y es que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia provincial. Sin embargo, ahí se abre otra puerta: las vacantes en el máximo tribunal que actualmente funciona con tres de sus siete miembros. En el Ejecutivo dejaban correr que aún hay tiempo. La respuesta automática del ministro Bianco al respecto es que el gobernador lo definirá “de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”.

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El Gobierno sostiene a Adorni, pero desconfía del compromiso de Bullrich para defenderlo en el Senado

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El Gobierno sigue decidido a sostener en el cargo a Manuel Adorni, a pesar de que las más recientes explicaciones del jefe de Gabinete, lejos de blindarlo, terminaron de convencer al arco político de activar los resortes institucionales para forzar su salida.

Javier y Karina Milei se quedaron en silencio después de la entrevista que le dio Adorni a LN+, y que funcionó como parteaguas. Las contradictorias versiones del jefe de Gabinete sobre el crecimiento de su patrimonio provocaron que incluso miembros del propio oficialismo -por Patricia Bullrich- lo repudiaran. Pero la cúpula del Gobierno dejó trascender off the record que Adorni se mantiene intacto como ministro coordinador, e inclusive que planean que retome nuevamente sus conferencias de prensa con anuncios de gestión a partir de la semana que viene.

En paralelo a esta pulsión por fingir demencia, a lo largo y ancho del oficialismo se impuso ayer una sensación de abatimiento y preocupación por la embestida opositora en el Congreso, donde desde los distintos partidos presentaron sendos pedidos de interpelación y una moción de censura que podrían determinar una salida forzada de Adorni.

Una de las preocupaciones centrales en Balcarce 50 surge por la sospecha de que Patricia Bullrich, que le marcó la cancha a Adorni dos veces, no trabaje para reunir los votos que le permitan a los Milei resistir la arremetida del kirchnerismo. La jefa del bloque de senadores libertarios se llamó a silencio después de sacudir el tablero del oficialismo y transformarse en la única referente del Gobierno dispuesta a plantear públicamente una crítica directa a Adorni. Y en su entorno, evasivos, aseguraron que por ahora no se sentó a evaluar cómo procederá en el Senado.

Una posibilidad de salvataje para el Gobierno sería que los karinistas Martín y Lule Menem, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, se dediquen a reunir los votos con los gobernadores más allá de Bullrich. Pero la eventual reticencia de la jefa del bloque de LLA en el Senado los inquieta.

El panorama luce desolador para el oficialismo. Todavía ven en el horizonte un margen de negociación con los gobernadores aliados y con algunos radicales. Pero vislumbran una muy probable negativa a ayudarlos de parte de los aliados de PRO y de la UCR, como del llamado “cordobesismo”. Y el antecedente reciente del fracaso de los Menem para retirar el pliego de la jueza Verónica Michelli en el Senado, la semana pasada, les augura problemas. Creen que están muy lejos de conseguir las voluntades para proteger a Adorni.

Además, en el Gobierno temen por la inminencia de un desenlace negativo forzado. Adorni buscó dilatar los tiempos y postergar su informe de gestión ante el Senado hasta “julio”, pero sin fijar fecha. Y la moción de censura podría demorarse algunas semanas, en caso de que se trate en la comisión de Asuntos Constitucionales. Pero hay temor en LLA por la posibilidad de que la oposición logre tratar sobre tablas la moción de censura contra Adorni, lo cual podría precipitar una definición.

En caso de que Adorni fuera destituido, se pregunten en La Libertad Avanza, ¿Milei volvería a designarlo como jefe de Gabinete? En la Casa Rosada no contestan a esa pregunta, que les parece propia de una realidad distópica. Pero en LLA deslizaron que la Constitución no lo prohíbe.

Mientras hacen proyecciones de posibles escenarios, en el Gobierno se impone el mutis por el foro. Solo en off the record ningunearon el comunicado donde el PRO prácticamente pidió remover a Adorni. “Son posiciones partidarias. No interferimos”, sostuvieron cerca de Karina Milei.

Milei rechaza la presión de Macri para echar a Adorni. Pero puertas adentro se pimponean nombres Para su eventual reemplazo. Unos apuestan por el canciller, Pablo Quirno, pero muchos están convencidos de que de no hay lugar para a otro que no sea Martín Menem, quizá el karinista más puro. Y hay quienes mencionan a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, de buena relación con los hermanos presidenciales. Por lo pronto Adorni está resguardado al calor de sus jefes y no parece registrar que el resto de los propios le quitaron el apoyo.

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