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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Milei reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán y cuestionó a la comunidad internacional: “Son cobardes”

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El presidente Javier Milei volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán. Todo se da antes del viaje que el mandatario tiene preparado para los próximos días, donde participará de los festejos por el Día de la Independencia del país hebreo.

En una entrevista con el Canal 14 de Israel, Milei sostuvo: “Si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos. No tiene problemas de convivencia. Sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente, Irán es una amenaza”.

En ese sentido, afirmó que el régimen iraní es “enemigo de Argentina” luego de los dos atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA terroristas que sufrió el país durante la década de los noventa, que dejaron centenares de víctimas. “Estamos hablando de un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas en mi país. Y además, el peligro que representaba Irán desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y además lo financiaba”, continuó.

“Claramente no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo Occidente. Es decir, frente a alguien que lo quiere exterminar, usted no puede negociar, no puede tener una posición intermedia, no puede tener una posición gris, se lo va a llevar puesto”, enfatizó.

Las palabras de Milei llegaron mientras Estados Unidos e Israel negocian con el régimen iraní para cortar el conflicto armado y retomar las condiciones normales en el Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el gobierno israelí acordó un alto al fuego con Libano que entrará en vigor en la tarde de este jueves.

Sin embargo, ante la pregunta sobre cómo el mandatario argentino veía a la comunidad internacionales, aseguró: “Son cobardes que tienen miedo de enfrentarlos. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. La persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morirse una sola vez”.

Y añadió: “Nosotros hemos sido víctimas de eso, pero yo soy muy optimista con lo que está pasando en este momento. Debemos agradecer al Creador por tener líderes de la estatura de Netanyahu y de Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de encarar y terminar de una vez por todas de estas personas que se encargan de sembrar el terror y el horror en el mundo”.

En tanto, Mieli se refirió antes de su viaje a Israel para los festejos por el Día de la Independencia y donde será homenajeado por el presidente Isaac Herzog con la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” desde los ataques Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Verdaderamente me sentí emocionado. Defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. Y lo hago sin especulación política, sin especulación de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la posibilidad de alinear esta visión”.

Además de los reconocimientos, Milei se reunirá por tercera vez con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En tanto, se esperan avances con la mudanza de la embajada de Argentina a Jerusalén, mientras la representación diplomática a cargo de Axel Wahnish sigue en Tel Aviv.

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El Gobierno presentó un per saltum ante la Corte para que quede sin efecto la suspensión de la reforma laboral

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La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario federal de per saltum para que intervenga directamente en el expediente sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar fallo alguno de segunda instancia.

El escrito del cuerpo de abogados del Estado pide la revisión del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley.

La Procuración, representando a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, exigió que se acepte el recurso extraordinario, que se declare su admisibilidad y que se suspendan los efectos de la sentencia cautelar hasta que la Corte resuelva de modo definitivo.

Además, solicita que la Corte revoque la sentencia del tribunal laboral en cuanto considera que fue dictada por un juez incompetente y que no se configura un caso judicial ni existe legitimación activa colectiva.

Según el texto presentado, la acción inicial fue iniciada por la CGT, que había pedido la declaración de inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de una serie de artículos de la Ley 27.802.

La CGT argumentó que los artículos impugnados modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, aceptó la medida cautelar solicitada, suspendiendo con alcance general los artículos cuestionados por la central obrera.

En su recurso, la Procuración sostiene que la CGT no acreditó la existencia de un caso concreto ni identificó ningún acto específico que le haya causado un perjuicio, señalando que su acción se basa en argumentos abstractos y generales.

Asegura también que la CGT carece de legitimación suficiente para representar en este proceso a todos los trabajadores del país y que el juez de primera instancia omitió considerar la representación sindical según lo exige la normativa vigente.

La Procuración remarca que la causa es de competencia federal, dado que el Estado Nacional es parte y los efectos de la resolución se extienden sobre todo el territorio argentino. Explica que la competencia del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 fue oportunamente rechazada y que se planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El 10 de abril, en efecto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a ese planteo y reclamó el expediente, sin que hasta ese momento se haya dictado ninguna resolución que revierta la suspensión dictada por el juzgado laboral.

El recurso presentado califica la situación como una de “gravedad institucional”, ya que sostiene que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal local implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en riesgo el principio de división de poderes. El escrito cita diversos precedentes dictados por la Corte Suprema, argumentando que ningún juez está facultado para suspender una ley nacional con efecto erga omnes (que es un principio jurídico por el cual una norma, sentencia o derecho es aplicable a todas las personas, no sólo a las partes involucradas en un litigio).

De acuerdo con la Procuración, la decisión judicial genera un “perjuicio irreparable” al imponer incertidumbre sobre la vigencia de la Ley N° 27.802, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulatorio para empleadores y trabajadores a nivel nacional. También advierte que, de confirmarse este mecanismo, cualquier juez podría suspender leyes nacionales, con el consiguiente riesgo para el sistema normativo.

El recurso describe distintas objeciones legales y procesales a la sentencia de primera instancia: cuestiona la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, sostiene que la cautelar adoptada coincide con el objeto principal del proceso (lo que estaría prohibido por la legislación), y señala que el juez fue más allá de lo solicitado por la CGT al suspender artículos que no formaban parte del pedido original.

La Procuración concluye que la única vía “eficaz” para revertir la medida recurrida y proteger el derecho federal invocado es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el mecanismo de per saltum. Solicita, en consecuencia, que el el máximo tribunal disponga la suspensión de los efectos de la sentencia cuestionada y restituya la plena vigencia de la Ley N° 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.

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El Gobierno admite una falta de ritmo en la gestión por el impacto del caso Adorni y las diferencias internas

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Desde la irrupción mediática y el consecuente desenlace que dio lugar a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios integrantes del Gabinete empiezan a detectar una especie de lentitud y empantanamiento en la gestión, que adjudican a diversos motivos. Frente a la caracterización que parece ser colectiva, salvo contadas excepciones, lo que difiere es la línea argumental con la que intentan justificar la demora en la dinámica. Los planteos son de todo tipo y color.

Sin embargo, también existen voces que niegan ese diagnóstico y destacan el funcionamiento interno de cada cartera, que someten a revisión en cada instancia de coordinación colectiva. “Nosotros no paramos. A Adorni lo llamo y las cosas se resuelven. Cuando hay política en el medio las percepciones pueden no ser objetivas”, lo defendió un ministro ante Infobae.

Entre los que detectan signos de quietud en la diaria figuran quienes le confieren el “stand by” del proceso -que aclaran arrastraba demoras- a la causa abierta contra el ministro coordinador. Convergen con quienes sostienen que las diferencias internas entre los vértices del Triángulo de Hierro complejizan la operatoria institucional.
“La idea de la mesa política es tratar este tema”, expresó un alfil violeta que abona al último grupo y que cuestiona la sobrediscusión abierta y la “burocratización” que se despliega ante cada decisión.
“En esta dinámica de gobierno asambleario, cualquier ruido se convierte en noticia”, contrarrestó una importante voz que, en cambio, relativiza a la mesa política como instancia de decisión colectiva que funciona, en paralelo, a las reuniones de Gabinete. El interlocutor detecta una falta de resolución en algunos temas, que adjudica a la multiplicidad de opiniones, y lo ejemplifica con el vencimiento del plazo dispuesto por el fallo judicial que habilita la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
A colación de la situación, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitó en las últimas horas el tratamiento en comisiones para la próxima semana del proyecto ya anunciado y diseñado en Balcarce 50 en medio de acusaciones por haber “pisado” su debate.

Lo cierto es que, desde hace días, el Gobierno que ensaya sobrados gestos para retomar el control de la agenda, combinados con las muestras de apoyo al funcionario señalado. No obstante, no logra golpes de impacto en la gestión ni definir una hoja de ruta legislativa que establezca prioridades claras en el Congreso.

Pese a anuncios y anticipos de normativas como las promesas por tan mencionado Código Penal, pendiente desde diciembre, y la Reforma Política, con sorpresivas modificaciones de último momento, aún restan definiciones y la puesta a punto de un cronograma que permita ordenar la dinámica diaria.

Desde el inicio de sesiones ordinarias, luego del discurso del presidente Javier Milei, uno de los principales defensores del ministro coordinador, el oficialismo solo trató -con éxito- la Ley de Glaciares en Diputados, una de las banderas de los gobernadores mineros. A esa noche en la que la Casa Rosada cosechó 137 acompañamientos que habilitaron las modificaciones, le siguió una serie de proyectos anunciados que, por distintos motivos, aún no tienen fecha de tratamiento.

Todo lo que se mandó, se aprobó. Es natural que a veces haya una sobreexpectativa de proyectos porque no se tienen en cuenta los tiempos parlamentarios“, destacó una fuente legislativa en diálogo con este medio.

En medio de la multiplicidad de voces, algunos miembros de la mesa política -que volverá a reunirse este viernes desde las 11 en la planta baja de Casa Rosada- alertan además por un desfasaje entre las necesidades del Poder Ejecutivo y los escenarios que barajan los alfiles negociadores en el Congreso.

Para evitar la descoordinación, el ex vocero, en su nuevo rol, atiende de manera individual las prioridades de cada cartera, fija plazos de seguimiento e intenta habilitar instancias de síntesis colectiva, como los intercambios de Gabinete, que buscará realizar con mayor frecuencia. “Es clave trabajar en equipo. Lo bueno es que, a veces, una solución que funciona para otro puede ser readaptada a tu mismo problema”, los respaldó un miembro de una importante cartera a este medio.

A la causa judicial contra Adorni en movimiento, que motiva constantes señales de respaldo del Ejecutivo orquestadas por los Milei, se suma la tensión propia de una interna, que aún no encuentra resolución. En ese escenario, el oficialismo busca ordenarse e imprimir mayor celeridad a una gestión que, desde hace más de un mes, muestra signos de parálisis. “O nos ordenamos o la realidad nos va a terminar ordenando”, expresó, a tono de necesidad, un habitué de la quinta de Olivos.

El diagnóstico parece ser compartido; no así la receta. Otra diferencia que amenaza con sumar un nuevo capítulo a la lista de tensiones internas que postergan los planes de transitar los “mejores 18 meses de la historia”.

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