La Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por su presidente Fernando Espinoza, rechazó la derogación del régimen de Zona Fría y advirtió que la modificación del beneficio tarifario impulsada por el gobierno de Javier Milei afectará de manera directa a millones de usuarios de gas.

Desde la entidad, que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, señalaron que la quita de esa medida reparadora implica “un golpe directo al bolsillo de las familias”. La postura se suma a otros reclamos políticos por el impacto de los aumentos en el bolsillo.

Derogación del régimen de Zona Fría

El régimen establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. Para la FAM, su eliminación representa un retroceso en un contexto de tarifas elevadas y de inviernos rigurosos en distintas zonas del país.

“Este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”, expresaron desde la Federación en el comunicado difundido tras la sanción en el Senado de la Nación.

En ese marco, la organización sostuvo que el ajuste “anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”.

Impacto en municipios bonaerenses

La sanción de la reforma del régimen de Zona Fría aprobada por el Senado de la Nación desencadenó una fuerte ola de reclamos en el sudoeste bonaerense, donde municipios de la Sexta Sección Electoral, como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tres Arroyos, Tornquist, Villarino y Puan, formalizaron un frente unificado contra la quita de beneficios en las tarifas de gas natural.

La medida impulsada por el Ejecutivo nacional derogó el esquema diferencial que resguardaba a regiones con bajas temperaturas, dejó al margen a 94 distritos de la provincia y afecta a 1,24 millones de hogares.

Dentro del plano regional, Patagones quedó como la única excepción que mantendrá la cobertura automática por su encuadre dentro de la Patagonia.

“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, remarcaron desde la Federación Argentina de Municipios.

Un asado en un centro cultural peronista de La Plata reunió por primera vez a los principales referentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, en una cumbre política inédita que sentó en la misma mesa a dirigentes de La Cámpora, el espacio de Axel Kicillof, el Frente Renovador, La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo y el resto de las bancadas. La conversación incluyó las negociaciones por las reelecciones indefinidas de los intendentes, las vacantes de la Suprema Corte de Justicia y las diferencias internas del peronismo. También hubo un planteo de Facundo Tignanelli para incorporar la situación judicial de Cristina Kirchner entre las prioridades políticas.

Según pudo reconstruir Infobae, el encuentro del miércoles pasado dejó una novedad que podría tener consecuencias para el funcionamiento de la Legislatura: la intención de repetir estas reuniones una vez por mes, con representantes de todas las fuerzas parlamentarias de las dos cámaras, para discutir los principales asuntos de la provincia y establecer un mecanismo permanente de negociación política. Y que cualquier modificación de las reglas electorales -reelecciones indefinidas, fechas y boletas únicas de papel- debería definirse este año.

La iniciativa representa un cambio respecto de la dinámica que caracterizó la actividad legislativa durante los últimos años, con conversaciones fragmentadas, proyectos demorados y dificultades para construir acuerdos, incluso entre los distintos sectores del oficialismo. La posibilidad de mantener encuentros periódicos fue bien recibida por los participantes, que coincidieron en la conveniencia de establecer un contacto más directo entre quienes tienen la responsabilidad de conducir los bloques.

La organización estuvo a cargo del senador Sergio Berni, alineado políticamente con Cristina Kirchner, quien tomó la iniciativa de comunicarse individualmente con los dirigentes. La convocatoria se resolvió prácticamente de un día para otro, sin un temario formal ni negociaciones previas para establecer un documento conjunto.

Los bloques compartieron el asado en un centro cultural peronista

El almuerzo se realizó en el centro cultural El Amor y la Igualdad, en la calle 56 entre 8 y 9, en el centro de La Plata, que pertenece a Juan Manuel Pignocco, un funcionario del gobierno de Kicillof. La elección del lugar aportó uno de los datos de color de la jornada: los legisladores libertarios, radicales y del PRO compartieron una comida en un espacio identificado con el peronismo, con fotografías de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en las paredes.

La ambientación partidaria quedó en segundo plano frente a la posibilidad de conversar sobre asuntos que mantienen enfrentados a los bloques. Hubo chorizos, morcillas y carne. La cita había sido convocada para las dos de la tarde y algunos legisladores llegaron desde reuniones de comisión, mientras que otros debieron retirarse para continuar con sus actividades parlamentarias.

El encuentro tuvo alrededor de 40 participantes, entre legisladores y autoridades de ambas cámaras. Por Diputados estuvieron Alejandro Dichiara, presidente del cuerpo; Facundo Tignanelli, titular del bloque peronista y referente de La Cámpora; Alexis Guerrera y Rubén Eslaiman, del Frente Renovador; Mariano Cascallares y Juan Pablo de Jesús, vinculados al espacio político de Kicillof; Juanes Osaba, de La Libertad Avanza; Alejandro Rabinovich, del PRO; Diego Garciarena, del radicalismo, y Martín Rozas, de Unión y Libertad.

Por el Senado participaron Berni, los representantes del PRO Pablo Petrecca y Alex Campbell, el libertario Carlos Curestis, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, de Unión y Libertad, y Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos.

La composición de la mesa permitió una particularidad: dirigentes de las distintas vertientes del peronismo compartieron una conversación política con representantes del gobierno de Javier Milei y de otras fuerzas opositoras, en un contexto en el que las diferencias dentro del oficialismo bonaerense condicionan buena parte de las negociaciones legislativas.

La ausencia de Kicillof y de la vicegobernadora Verónica Magario también marcó el carácter de la convocatoria. Se trató de una iniciativa de los dirigentes parlamentarios, con la intención de establecer un ámbito propio de negociación.

Tignanelli pidió incluir la situación de Cristina Kirchner en la agenda

Uno de los momentos políticos de la conversación se produjo cuando Tignanelli introdujo la situación judicial de Cristina Kirchner y planteó que debía ocupar un lugar prioritario en la agenda.

El jefe del bloque peronista en Diputados puso sobre la mesa la posición de La Cámpora respecto de lo que ese sector considera la proscripción de la expresidenta y la consigna de “Cristina libre”, que el kirchnerismo mantiene como uno de sus principales objetivos políticos.

El planteo abrió una discusión sobre las prioridades de la Legislatura y los asuntos que efectivamente pueden resolverse mediante acuerdos parlamentarios bonaerenses. La situación de la exmandataria, condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos, pertenece al ámbito judicial federal, pero continúa atravesando las conversaciones sobre el futuro electoral del peronismo.

La intervención también dejó expuestas las diferentes posiciones de los sectores del oficialismo provincial. Mientras La Cámpora sostiene que la situación de Cristina debe formar parte de los acuerdos políticos, el kicillofismo tiene entre sus prioridades la modificación del régimen de reelecciones para los intendentes que pretenden competir nuevamente en 2027.

Las reelecciones de los intendentes

Las reelecciones indefinidas ocuparon otro capítulo de la conversación. Kicillof asumió un compromiso político con los intendentes para impulsar una modificación del régimen que limita los mandatos consecutivos, pero todavía enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios.

La cuestión tiene especial importancia para los jefes comunales que necesitan conocer las reglas que estarán vigentes en 2027. Varios de ellos ya comenzaron a organizar sus estrategias electorales y requieren una definición para resolver si podrán presentarse nuevamente o deberán preparar una sucesión en sus municipios.

El problema es que las posiciones atraviesan transversalmente al oficialismo. El Frente Renovador conserva su oposición a las reelecciones indefinidas, mientras que La Cámpora pretende que cualquier entendimiento forme parte de una negociación institucional más amplia.

Durante el asado quedó expuesta la dificultad para construir una mayoría que permita aprobar la modificación. También apareció la conveniencia de resolver esa discusión durante lo que resta de 2026, antes de que comience formalmente el proceso electoral.

La cuestión terminó vinculada con otra diferencia política: el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses de 2025 y la estrategia que adoptará Kicillof si decide competir por la Presidencia en 2027.

Dentro del kirchnerismo persiste una interpretación crítica sobre aquella decisión. El sector cercano a Cristina considera que el gobernador priorizó los intereses de los intendentes, preocupados por conservar sus mayorías en los concejos deliberantes, y terminó condicionando la estrategia nacional del peronismo.

La separación de los comicios constituyó uno de los momentos determinantes del enfrentamiento entre Kicillof y la expresidenta. Ahora, ante una eventual candidatura presidencial del gobernador, reaparece el interrogante sobre la conveniencia de unificar las elecciones provinciales y nacionales.

La definición corresponderá al mandatario bonaerense, pero las diferencias sobre el calendario electoral vuelven a plantear una discusión entre los intendentes, el kirchnerismo y el sector que impulsa la proyección nacional de Kicillof.

Las vacantes de la Suprema Corte siguen atadas a una negociación más amplia

Las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense fueron otro de los asuntos que aparecieron en la conversación.

El radical Diego Garciarena insistió en la necesidad de avanzar con las designaciones y recordó que existen compromisos políticos anteriores para completar la integración del máximo tribunal. Tignanelli acompañó ese planteo, que el kirchnerismo considera parte de las cuestiones institucionales que deben resolverse antes de alcanzar nuevos entendimientos.

La discusión tiene una relación directa con las reelecciones indefinidas. Mientras el gobernador pretende avanzar con la modificación del régimen de mandatos, otros sectores del peronismo reclaman que las negociaciones incluyan la cobertura de las vacantes judiciales.

El problema político de fondo es que los acuerdos legislativos de mayor trascendencia siguen condicionados por las diferencias entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.

La reunión permitió que sus representantes conversaran sobre los asuntos pendientes, aunque las definiciones principales requieren un entendimiento entre los dirigentes que conducen cada sector.

Las cámaras revisarán los proyectos con media sanción que siguen pendientes

Más allá de las diferencias, el encuentro terminó con un primer compromiso sobre el funcionamiento de la Legislatura: coordinar el tratamiento de los proyectos que recibieron media sanción por unanimidad en una cámara y permanecen pendientes de aprobación en la otra.

Durante el almuerzo hubo reclamos cruzados por las demoras. Desde el Senado se cuestionó que varias iniciativas aprobadas quedaran detenidas en Diputados, mientras que representantes de la Cámara baja recordaron que existen proyectos del Ejecutivo que tampoco avanzaron en la Cámara alta.

La solución acordada fue establecer una revisión de los expedientes para identificar aquellos que cuentan con consensos amplios y pueden completar su recorrido parlamentario antes de fin de año. Los proyectos que recibieron media sanción con diferencias políticas deberán continuar su propia negociación.

La tarea quedó en manos de los secretarios legislativos Gervasio Bozzano, de Diputados, y Mariano Ríos Ordóñez, del Senado, quienes deberán coordinar el tratamiento de las iniciativas pendientes.

También hubo un reclamo para conformar la comisión bicameral encargada de revisar proyectos de obras para los municipios y la asignación de parte de los fondos correspondientes, otro de los compromisos que permanecen sin resolver.

La principal novedad, sin embargo, fue la intención de darle continuidad al encuentro. Los participantes coincidieron en la conveniencia de reunirse una vez por mes para discutir las prioridades políticas y coordinar las negociaciones entre ambas cámaras.

La experiencia dejó una imagen singular: dirigentes de La Cámpora, el kicillofismo, el massismo, La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo compartiendo un asado en un centro cultural peronista, rodeados por fotografías de Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

El próximo desafío será comprobar si esa primera conversación consigue convertirse en una mesa política estable para resolver los acuerdos que la Legislatura bonaerense mantiene pendientes.

En apenas 72 horas, el INDEC difundió cuatro informes con números realmente preocupantes, todos de rubros sensibles. El martes, publicó el relevamiento de salarios y el miércoles, difundió los de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings, en el mes de julio. El jueves, anotó el Estimador Mensual de Actividad Económica, también de julio. Y ese mismo día, el mayor sacudón fue producido por el registro de pobreza en el primer semestre de este año. Como primera reacción, el oficialismo intentó morigerar el efecto, argumentando cuestiones de coyuntura y ensayando comparaciones estadísticas. Poco, frente al cuadro señalado. Y con un agregado: el juego político más amplio de Olivos no logra amortiguar el impacto de la sucesión de noticias de la economía. Como agravante operan, además, las internas libertarias.

Para el oficialismo, la agenda política de esta semana incluía dos renglones principales, de distinta magnitud y por eso mismo, en este orden: el nuevo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, para asistir a la Asamblea General de la ONU, y el Congreso. El Gobierno sabía que iban a ser días de números negativos o al menos tenía indicios firmes, además de análisis de consultoras como los que anticipaban una suba porcentual en pobreza e indigencia -algo menos que el informe del INDEC- o registraban una nueva caída del consumo masivo en agosto. El punto es que no se trata de una cuestión de circunstancia.

La demanda cruzada entre política y economía es sabida. Los oficialismos apuestan a que los resultados económicos -y más básico, el bolsillo- motoricen los planes políticos, en este caso la reelección presidencial. Cuando ocurre lo contrario -con riesgo sobre la credibilidad- la demanda se invierte: la economía necesita que el juego político del Gobierno sostenga la expectativa y corra el eje del temario público.

El giro presidencial sobre Malvinas fue interpretado en ese contexto y es algo que genera malestar en Olivos. Rechazan ese cuestionamiento como “basura” opositora. Y sostienen que la movida del Gobierno expresa una “estrategia”, cuya elaboración habría comenzado desde la llegada al poder, y no el aprovechamiento -que no sería cuestionable en sí mismo- de la presión de Donald Trump sobre el laborista Andy Burnham.

De todos modos, Malvinas fue el centro de la presencia de Milei en la ONU, con escasa chance de un encuentro en paralelo con Trump, que al final no se produjo. En el discurso ante la Asamblea General, el Presidente ratificó de hecho el alineamiento internacional y buscó explotar su habitual tono más que áspero, aunque esta vez, frente a otra platea. Por eso mismo dejó una contradicción, al reclamar una intervención más efectiva del organismo mundial que acababa de descalificar.

El otro foco de interés político, para el círculo de Olivos, estaba puesto en las dos cámaras del Congreso. Esperaba aplacar en Diputados el tema de discapacidad y coronar proyectos en el Senado, después de algunos disgustos. Lo que ocurrió es significativo, pero no nuevo: las tensiones domésticas complican hasta la coronación de jugadas propias. Vale repasarlo.

El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó un ajuste de tal magnitud en el área de discapacidad que fue calificado como un gesto de insensibilidad por socios de LLA. También provocó rechazo dentro del oficialismo, porque desarmaba el acuerdo que venía tejiendo en Diputados para tratar de ganarle la pulseada a la oposición, que había impuesto el tratamiento efectivo del tema. El cortocircuito fue serio, porque además realimentó recelos de aliados. Hubo rápidas tratativas, con atención directa de Martín Menem, y el oficialismo dio marcha atrás con ese tramo del Presupuesto para lograr dictamen.

Visto así, el Gobierno volvía a pagar costos por un daño autoprovocado, pero salía de un terreno de derrota y allanaba su camino para ir a la búsqueda de votos, con la mirada puesta en el tratamiento en el recinto. El clima doméstico -con proyección hacia socios y dialoguistas- volvió a enrarecerse en las últimas horas, cuando trascendió que el acuerdo para lograr dictamen es cuestionado especialmente por el equipo de Luis Caputo. Es decir, no se trataría de una historia cerrada.

El malestar inicial había sido expuesto por Patricia Bullrich. Otros, en cambio, optaron por la reserva. La senadora evitó ir a la cuestión de fondo y prefirió concentrar su descarga -con señal directa a Economía- sobre dos aspectos: el desconocimiento de la “mesa política” del oficialismo y el efecto desgastante en la relación con aliados y dialoguistas en general.

Los recelos y malestares tiñen buena parte de lo que sucede en el Senado. El oficialismo pudo celebrar esta semana que finalmente logró número para convertir en ley el proyecto que recorta subsidios al consumo de gas en zonas frías. En cambio, aprobó pero con modificaciones la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Hubo un entendimiento, que incluyó al peronismo y tuvo a Bullrich como eje -en su condición de jefa del bloque violeta-, para modificar el requisito impuesto en el texto original del proyecto para remover a las autoridades del banco. Quedó establecida la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos). El Ejecutivo pretendía que fuera mayoría de dos tercios. El texto vuelve a Diputados y parece imposible revertir la decisión de la Cámara alta.

La senadora tuvo además otro gesto crítico -extensible a Jorge Macri-, respecto de la ofensiva sobre dos juezas -una porteña, Laura De Marinis, y otra de Lomas de Zamora, Marta Eba Pascual- que de diferente forma se pronunciaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad de menores. Las dos decisiones fueron revocadas en el escalón de las cámaras. La senadora rechazó los planteos a favor del juicio político a las juezas y sostuvo que, más allá de su conocida posición en la materia, estas cuestiones deben ser resueltos en las instancias judiciales.

Por supuesto, la disputa entre Olivos y Bullrich no se circunscribe a estas últimas muestras de juego propio. Existen diferentes especulaciones sobre la apuesta de la senadora para las elecciones del 2027. Está claro, en cambio, que se trata de un proceso de construcción política. Y eso es lo que provoca tensión con el círculo de Olivos. El efecto aumenta cuando la economía hace crujir la realidad política.

La semana amplificó esas preocupaciones. El informe sobre salarios del mes de julio indica que el promedio de los trabajadores registrados -privados y públicos- estuvo dos décimas por encima de la inflación respecto del mes anterior y quedó 3,7 puntos porcentuales por debajo en la comparación interanual. Sólo la heterogénea franja de trabajo informal, siempre motivo de discusión, supera al IPC.

Los registros de julio sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings expusieron números variados, con una mejora interanual en el último rubro. Sin embargo, los tres mostraron bajas en el acumulado de los primeros siete meses del año.

El informe del EMAE mostró caídas en relación con el mes anterior (-2,9%) y también en el registro interanual (-1,4%). Como viene sucediendo desde hace rato, algunos renglones como minería, producción agropecuaria, pesca -esta vez, de manera muy significativa- muestran crecimiento y otros como industria y comercio repiten caídas.

El peor dato, claro, lo aportó el informe sobre pobreza en el primer semestre de este año. Llegó al 32,3%, que traducido a nivel nacional representa dos millones más de pobres y eleva a 15 millones el total. Las cifras exponen un crecimiento en comparación con el primer semestre del 2025 (31,6%), una diferencia que es mayor si se toman los segundos seis meses del año pasado (28,2%).

Dos datos se destacan por encima de todo. El primero: se quiebra la línea de descenso anotada a partir del pico del primer semestre del 2024 y extendida hasta el final del 2025. El segundo, más de fondo: se afirma un piso duro de pobreza, alrededor del 30%. Declaraciones en la vereda libertaria -con arrastre de autocelebración- y condenas desde franjas opositoras -con aire de chicana- sólo agregan patetismo político. Se trata del peor registro de la realidad.