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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Cómo analiza el PRO los movimientos de Bullrich y la reunión de Macri con dos gobernadores antes del Mundial

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Hay una certeza en el entorno de Mauricio Macri con relación a la última gran polémica que volvió a tensionar la interna del gobierno libertario y que, otra vez, tiene como protagonista a la senadora Patricia Bullrich. Más que una certeza es una definición: la de ser un agente autónomo. “Ella siempre tuvo su agenda propia, esto no me parece que sea sorpresa para nadie; quiere ser Presidenta”, sostuvo un dirigente cercano al exmandatario ante la consulta de Infobae.

Pero más allá de las diferencias por el pirotécnico portazo de Bullrich del espacio que la llevó a competir por la presidencia en 2023 para sumarse a las filas de la LLA, afiliación incluida, hay una coincidencia de fondo: el cuestionamiento al modo en que Milei manejó el caso Michelli. Jimena de la Torre, una abogada cercana a Macri, consejera de la Magistratura de la Nación y miembro fundador de espacios como Bases Republicanas, lo expresó con precisión.

“La candidata a jueza María Verónica Michelli atravesó todo el proceso de selección previsto por la Constitución y las leyes, fue evaluada y considerada apta para el cargo. La elección entre los ternados es una facultad del Presidente, que decidió primero impulsar su designación y luego retirar el apoyo. Sería saludable para la calidad institucional que explique los motivos de ese cambio de criterio”, escribió de la Torre. Y agregó: “La designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.

Es una coincidencia puntual. En las oficinas de Balcarce 412 son enfáticos: “Hoy Patricia Bullrich es una persona que para nosotros pertenece a otro espacio político, que es La Libertad Avanza. No tiene nada que ver con el PRO. No tenemos relación con ella, no hay diálogo“, afirmaron a Infobae. A modo de recordatorio, el mismo dirigente explicó: “Siendo presidenta del partido, negoció personalmente un cargo para el nuevo gobierno. Y no hay marcha atrás con eso. Para nosotros no hay marcha atrás”.

La lectura sobre las motivaciones de Bullrich es compartida por los armadores del PRO a nivel nacional. Para ellos, la senadora no actúa por impulso ni por convicción institucional: actúa con un objetivo de largo plazo.

“Yo creo que los movimientos tienen que ver con que ella sabe que si es por los Milei, en el 2027 no sería nada, no la utilizarían para nada, porque es un estilo que no está acostumbrado a que se los desafíe internamente ni buscan acatamiento total; son movimientos que tienen que ver con mostrar que ella sola puede generar algo”, sostuvieron. Y agregaron: “Lo de la ciudad de Buenos Aires es un chichoneo, una cosa ahí como para jugar un poco, pero el objetivo de ella fue y será la presidencia de la nación”.

¿Hay posibilidad de un reencuentro entre Bullrich y el PRO? “Lo veo muy difícil, porque ya es una puerta que se ha cerrado. Sería medio forzado. Hoy no lo veo”, admitió a este medio un dirigente que recorre el país para recomponer la estructura macrista, debilitada tras el proceso electoral en 2023. Sin embargo, es una puerta que nadie se anima a cerrar del todo, sobre todo de cara a la negociación política de cara al año que viene, tanto a nivel nacional, como en la ciudad de Buenos Aires. El futuro del bastión fundacional desvela a Macri.

En paralelo a todo este proceso, el exmandatario avanza en su propia estrategia territorial para fortalecer al PRO: el próximo viernes viajará a Paraná para reunirse a solas con el gobernador Rogelio Frigerio y, luego, ambos se trasladarán a Santa Fe, donde los esperará Maximiliano Pullaro.

La coordinación del viaje, que incluirá un encuentro con dirigentes provinciales, está a cargo de Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del partido, y del exembajador Ezequiel Sabor, y también de la diputada Gisela Scaglia, exvicegobernadora y presidenta del PRO santafecino. El punto central de la jornada será un acto convocado en la ciudad de Santa Fe, en el salón Ríos de Gula, ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, previsto para las 18:30.

Será otra foto con significado político para el expresidente, que en los últimos dos meses ya se reunió en público y en privado con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Macri, luego, viajará a Estados Unidos para participar de la ceremonia de apertura del Mundial de Futbol, en su rol de presidente de la Fundación FIFA. Casualidad, o no, Patricia Bullrich también tiene a Santa Fe en su agenda de corto plazo. Fue invitada por la Sociedad Rural de San Justo, en agosto.

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Los sindicatos educativos de la CGT planifican un paro docente en todo el país para después del Mundial

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Mientras varios de los principales dirigentes de la CGT están en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros líderes cegetistas planifican en Buenos Aires un plan de lucha en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene en $500 mil.

Para reforzar su pedido, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol.

En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros sindicatos educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros convocados por el Gobierno de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

El Gobierno convocó para el martes próximo, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, integrado por el titular del área educativa de la Nación y los ministros de las 24 jurisdicciones del país, pero los sindicatos advirtieron que en los 8 puntos del temario no figura el tema salarial.

Frente a la decisión de no volver a analizar una mejora sustancial del salario mínimo docente, Romero y sus colegas debaten el comienzo de un plan de lucha, que incluirá también los reclamos de las universidades.

“La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa”, dijo Romero a Infobae.

“Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones”, señaló el líder de UDA, aunque precisó que en todo el país, pese a que algunos gobernadores otorgaron aumentos, “los salarios siguen siendo de miseria”.

Para organizar el paro nacional docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

Romero incluso espera que finalice la conferencia anual de la OIT para plantear ante la conducción de la CGT que también avance con otra medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. “Ante esta realidad, la CGT está obligada a tomar medidas por su historia de lucha”, consideró el secretario general de la UDA.

Si bien la Ley 27.802 de Modernización Laboral está vigente por los últimos fallos judiciales y establece la obligación del sector educativo de garantizar el 75% de servicios mínimos en caso de huelga, sigue en pie el fallo de la justicia del trabajo del 1° de abril pasado que suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

Por eso los sindicatos docentes consideran que están legalmente habilitados para hacer el paro y que el Gobierno no puede aplicar las limitaciones al derecho de huelga que están previstas en la Ley 27.802.

El planteo judicial contra el artículo 101 de la Ley 27.802 justamente lo hizo UDA y derivó en una sentencia favorable a su pedido dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet.

En ese momento, Romero afirmó: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”. Y agregó: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.

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Kicillof esquiva los ataques del Gobierno y La Cámpora y le da fuerza a su perfil electoral en el interior

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Axel Kicillof avanza, con decisión y sin mirar demasiado a los costados, en la construcción de su proyecto electoral. Aunque no lo nombre de esa forma. Aunque en su entorno aseguren que este no es un año de candidaturas, sino de construcción de un esquema político alternativo a Javier Milei. El gobernador bonaerense se mueve como un candidato nacional. Por fuera de los márgenes de la provincia de Buenos Aires.

Ayer por la tarde protagonizó una serie de actividades en Corrientes, lugar donde el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) está a cargo de Alberto Descalzo, el ex intendente de Ituzaingó, que desde hace unos días está a cargo de Provincia Seguros. El dirigente histórico del peronismo bonaerense hace varias se ha convertido en el nexo con un sector del peronismo correntino.

Kicillof se reunió con intendentes locales, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Pero el momento más simbólico fue su encuentro con el gobernador local, Juan Pablo Valdés, que es parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y que tiene un alto grado de aprobación en la conducción de su provincia.

Es, en este tiempo de recorridas por el interior, el primer mandatario no peronista con el que se junta. Ya lo había hecho con Gustavo Melella en Tierra del Fuego y con Gildo Insfrán en Formosa, además de su cercanía con el riojano Ricardo Quintela, con el que estuvo en el sur el 2 de abril. Pero Valdés está fuera del circuito justicialista. Es un mandatario que apoyó la participación de Provincias Unidas en las últimas elecciones.

En el kicillofismo creen que una verdadera apertura del peronismo se daría si se explora un acuerdo con ese espacio donde milita el peronismo cordobés, una parte del radicalismo, los sectores más blandos del PRO y una porción del socialismo. Por eso la visita tiene un marco político trascendente, más allá de las formalidades en las que ambos gobernadores tienen que plantear la visita.

En Corrientes aseguran que el encuentro fue enteramente formal e institucional. Pero no se quedan en la definición fría del protocolo. Desde el entorno de Valdés le remarcaron a Infobae que la gobernación bonaerense “ha sido muy solidaria con Corrientes en momentos difíciles como los grandes incendios”, en los que la gestión de Kicillof proveyó helicópteros, camionetas, ambulancias y personal para combatir la situación extrema.

“Hay buena sintonía y colaboración”, explicaron a este medio desde el litoral. En lo formal, se suscribieron convenios destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial. “Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, aseguró Kicillof en la rueda de prensa que brindó junto a Valdés.

No es la primera vez que el mandatario bonaerense tiene acercamientos institucionales y políticos con gobernadores de una posición política contraria a la que representa. En mayo del 2024 firmó convenios con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para fortalecer el trabajo en la lucha contra el narcotráfico, y con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, para fortalecer el sistema sanitario de la provincia patagónica.

En un par de semanas atrás visitó Córdoba para presentar su libro “De Smith a Keynes”, al igual que en Corrientes, y participar del congreso nacional del gremio de Sanidad, que conduce Héctor Daer, uno de los sindicalistas enrolados en el proyecto kicillofista. Ahí no hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora, pero si una comunicación previa. Los une una buena relación, que se sostiene con diálogos relativamente frecuentes. Hay veces que las fotos restan más de lo que suman, pero no describen a la perfección la realidad de los vínculos políticos.

Kicillof mantiene el ritmo en su armado territorial, que es la base de su futura candidatura presidencial. Y lo hace en el medio de una ola de cuestionamientos que salen desde el interior del peronismo, especialmente de La Cámpora, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde la gestión libertaria. Le llueven las críticas pero se inclina al silencio y prefiere no responder.

Ayer, durante un acto con la Policía porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó la gestión en seguridad de su par. “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, sostuvo.

También el martes, pero durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”.

Por último, también ayer, Máximo Kirchner apuntó contra el gobernador bonaerense sin nombrarlo. “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”, escribió en sus redes sociales. El economista fue uno de los principales destinatarios.

Kicillof esquiva todas las críticas que le llueven. Por la gestión, por la política, por lo que dijo o por lo que no dijo. Está parado en el centro de la escena política como el principal dirigente opositor con chances de ser candidato a presidente. Ese lugar que ocupa le ha traído tantos enemigos como aliados sea posible. Afuera y adentro de la línea que divide al peronismo del resto de la política.

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