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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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La Iglesia alertó por la crisis social entre los más vulnerables: “Se incrementa el número de personas que piden ayuda”

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se refirió este sábado a la situación social y advirtió sobre el aumento de la demanda de asistencia en el país. “Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas”, alertó.

“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó en diálogo con Radio Mitre, en el marco de la Semana Santa. En ese sentido, vinculó la coyuntura social con la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios.

Consultado sobre el contraste entre el desarrollo de sectores económicos y la situación cotidiana en las ciudades, el titular de la Conferencia Episcopal planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”. La referencia surgió tras una mención a la actividad en Vaca Muerta, que fue presentada como un ejemplo de crecimiento en determinadas áreas.

Durante la entrevista, el arzobispo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de distintos espacios. “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó.

En ese punto, detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.

La Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud en la que expresó su preocupación por la situación. Según Colombo, el tono del planteo reflejó la gravedad del escenario. “La empleo de esa frase marca la gravedad del emergente y la necesidad que tenemos que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, sostuvo.

En relación con ese reclamo, agregó que existían instancias de diálogo en marcha. “Creo que en estos días, Dios mediante, se van a encontrar algunos funcionarios con nuestra gente para ver esos datos y para chequear también los convenios en incumplimiento”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, Colombo se refirió a los posicionamientos institucionales de la Iglesia en el debate público. Consultado por un documento difundido en el marco del 24 de marzo, explicó que el objetivo fue plantear una reflexión general sobre el clima social. “Nosotros nos referimos a todos los comportamientos, cualesquiera sean los ciudadanos y las responsabilidades que tengan, esa violencia verbal”, indicó.

El arzobispo también hizo referencia a la necesidad de modificar los modos de comunicación en la vida pública. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar, de no ofender, pero sí de hacerse escuchar en cuanto tiene de justo lo que manifiesta”, expresó.

Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno, Colombo evitó plantear una confrontación directa y enmarcó los reclamos en el rol institucional de la Iglesia. “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”, afirmó.

En esa línea, insistió en que las preocupaciones planteadas tienen como eje las necesidades sociales. “La desatención que se haga de estos pedidos puede no solo repercutir en nosotros, sino sobre todo lo que más nos afecta, que no lleguen lo que pedimos por la gente”, sostuvo.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal remarcó que el objetivo principal es garantizar respuestas para quienes requieren asistencia. “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, afirmó.

En el tramo final de la entrevista, Colombo se refirió a la relación con distintos sectores y a la posibilidad de encuentros institucionales. Señaló que mantienen contactos a través de diferentes áreas del Estado y expresó su expectativa de que esas instancias continúen. “Vamos teniendo encuentros buenos a través de la Cancillería, a través de algunos funcionarios que se revelan muy sensibles a algunas de las preocupaciones”, indicó.

También planteó la expectativa de que esas gestiones se traduzcan en medidas concretas. “Ojalá que estas necesidades de la población que nosotros expresamos sean atendidas”, afirmó.

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El respaldo de Javier Milei a Santiago Caputo: “Soy yo quien decide las personas que me acompañan”

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En medio de la polémica por la denuncia sobre operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso, el presidente Javier Milei respaldó este sábado a su asesor Santiago Caputo, luego de afirmaciones de la periodista Laura Di Marco, de Radio Mitre, quien sugirió que el asesor se iba a ir del Gobierno. El intercambio comenzó la noche del viernes, cuando Caputo respondió en una red social a comentarios sobre los dichos de Di Marco.

“Laura es una viuda de Macri que quiere que me vaya del gobierno desde el primer año. Me voy a ir del gobierno el día que el Presidente lo decida. Porque nosotros servimos al Presidente de la Nación y a la sagrada causa de la Libertad”, expresó el consultor.

La periodista respondió a Caputo, asegurando que él dejaría próximamente el Gobierno: “Te vas a ir, Santi y lo sabes. Y no porque yo lo diga: no me importa que te quedes o que te vayas. Y además lo que yo piense es irrelevante. Es Karina Milei la que te quiere fuera del Gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Te vas a ir y lo sabés. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas. Y para los escépticos, guarden este tuit”, desafió Di Marco.

Ya en la tarde del sábado, el propio presidente Javier Milei intervino en la discusión y respaldó abiertamente a Caputo. “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa… además habla de reuniones privadas… creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió el mandatario.

Santiago Caputo es el principal asesor del presidente y, a pesar de los rumores que apuntan a una interna con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Milei afirmó su confianza en quien lo acompaña desde el inicio mismo de la gestión.

Tensión interna y apoyos del entorno presidencial

Mientras circulan versiones sobre tensiones internas, en particular por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Presidente busca mantener a su equipo cohesionado. En este marco, tanto Karina Milei como Santiago Caputo participaron en las muestras públicas de unidad.

Ambos cerraron filas para defender semanas atrás al jefe de Gabinete, cuando se generó polémica por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial a Estados Unidos y por el vuelo privado a Punta del Este durante los feriados de Carnaval.

La dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza hizo público su respaldo: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Siempre con vos”.

Poco después, el asesor presidencial, Santiago Caputo, también expresó su posición: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.

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Los gestos que preocupan en el Gobierno, el acuerdo con la oposición para 2027 y los próximos movimientos de Adorni

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Si no reaccionamos ahora, las posibilidades de que se vaya todo al carajo se van a incrementar con el paso del tiempo”. Con preocupación, una figura de primera línea que participa en las reuniones de mesa política le explicaba a Infobae que el Gobierno se encuentra ante un momento político bisagra, el cual hace vital que se tomen las decisiones correctas para poder cumplimentar el objetivo más importante del oficialismo: la reelección del presidente Javier Milei.

Esta figura considera que la gestión se encuentra en un momento de debilidad -tanto por flaquezas en la gestión como por ciertas alarmas preliminares en la economía- y que se hace preciso acelerar un acuerdo político con la oposición dialoguista.

El razonamiento es el siguiente: “Toda estrategia tiene que estar subsumida a asegurar un segundo mandato. La situación más adelante, a mi parecer, no va a ser mejor. Podemos relegar gobernaciones, pero no la Nación. Si mostramos voluntad de hacer alianzas más adelante, seguramente estemos más débiles. Tenemos que acordar lo antes posible y antes de que se empiecen a blindar en las negociaciones. Si aceleramos ahora, tenemos margen para sacar leyes hasta octubre de 2027 y más posibilidad de que Javier reelija”.

Las demostraciones de mayor apertura política que piden desde varias alas del Gobierno no se circunscriben solo a lo electoral y legislativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, estaría profundamente preocupado acerca de las señales que está dando la administración nacional sobre su funcionamiento político. Dos fuentes que conversaron con él dieron fe de esto a Infobae. “Considera que tiene que haber mayor voluntad política para generar credibilidad hacia los mercados”, afirman.

Uno de los indicadores que más miran en el Gobierno es el nivel del Riesgo País, que desde febrero no volvió a orillar los 500 puntos básicos. Las lecturas entre los libertarios son mixtas y hay quienes marcan que el factor político no es más importante que la suba global de las tasas, así como la expectativa de una política monetaria más agresiva de la Reserva Federal de Estados Unidos producto de los coletazos de la guerra.

Lo que es visto como una preocupación es que la oposición dialoguista le quite el apoyo al Gobierno antes de lo previsto y lo comprometa en frentes como el fiscal. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo a ejecutar las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario, que implica un gasto extra de 0,23 puntos del PBI o incluso más. “No hay margen para otra ley como esa”, afirman.

ARCA viene consignando 8 meses en el descenso de la recaudación y la sábana se vuelve más corta para toda la administración pública. Las Fuerzas de Seguridad ya dieron el primer aviso con una movilización días atrás. Las Fuerzas Armadas también muestran un amplio malestar. Entre los varios actores perjudicados por este factor también están los gobernadores, ya que la recaudación impacta sobre los fondos de coparticipación, que en algunas provincias implica dos tercios de sus presupuestos.

“Todos los gobernadores estamos administrando pobreza y por eso las paritarias están abiertas. Y en unos meses se vienen los aguinaldos”, expresa uno de ellos. Por eso, este lunes se hará oficial un decreto con adelantos de fondos coparticipables que Milei le hará a 12 jefes provinciales, incluso a algunos a los que detesta como a Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Un dialoguista explica cuánto margen le dará al mileismo: “Nosotros miramos nuestro electorado y vemos que sigue siendo importante la voluntad de cambio del anterior régimen. Seguiremos apoyando hasta que veamos lo contrario”.

No es menor esto último. Quienes tienen olfato político al interior del Gobierno creen que algunos de sus colegas se están durmiendo en los laureles. “Yo puedo negociar con las provincias y con los legisladores. Pero siempre si puedo vender futuro y que puedo pagar con lo que prometo”, afirma una fuente del oficialismo.

En el armado de La Libertad Avanza, liderado por Eduardo “Lule” Menem, prevén una estrategia más concesiva que la hecha el año pasado. Seguramente se repitan las alianzas realizadas y se sumen conversaciones con gobernadores que le aseguran votos en ambas cámaras: habría intención para acordar en Catamarca, Salta y Tucumán, por mencionar solo algunos casos. En el entorno de la hermana presidencial afirman que pondrán candidatos a diputados y senadores en todas las provincias y que algunas gobernaciones pueden negociarse si es que les perjudica el primer objetivo.

También hay miradas nuevas. Esta semana se escuchó a una importante voz libertaria -que no es del karinismo- dar una propuesta impensada semanas atrás: “Deberíamos dejarle la Ciudad al PRO”.

¿Señal de época? En más de un despacho del Gobierno consideran que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tiene perspectivas de mejorar su imagen para dentro del año próximo y competir para el puesto de Jorge Macri. No lo catalogan como un muerto político. El plan principal es sostenerlo todo lo que se pueda. Tiene la bendición más importante de todas: la de los hermanos Javier y Karina Milei.

Parece paradójico, pero en la medida en la que se publican cada vez más revelaciones periodísticas al respecto del otrora vocero presidencial, Milei termina confirmando su sesgo de que los medios de comunicación conspiran contra su funcionario y su propia gestión. En los últimos días -y al calor de los trascendidos de una campaña de desinformación liderada por agentes rusos-, el libertario se dedicó a repetir incontables veces la sigla “NOLSALP”, que significa “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”.

Hay quienes marcan que no habría problema en convivir con un Adorni disminuido por varios meses. “Superamos ANDIS, podemos superar esto”, afirman sus sostenes. El dilema es si en algún momento ese esquema puede volverae insostenible. Quienes vieron la degradación de Guillermo Francos afirman que la única posibilidad de que la hermana presidencial cambie de opinión sobre Adorni es que la influencien desde su propio sector, algo altamente improbable.

Las revelaciones que den las investigaciones del fiscal Gerardo Pollicita serán centrales para determinar su sonrevida. Este miércoles será el turno de su escribana, Adriana Nechevenko. La gran prueba final será el Informe de Gestión en la Cámara de Diputados, donde debe responder por escrito unas 4800 preguntas. ¿Cabe la posibilidad de que deba comparecer en Comodoro Py antes de esa fecha? No es algo que descarten distintas fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Es por eso que Adorni comenzó a elaborar su estrategia legal. El funcionario les ha dicho a más de un miembro del Gabinete que tiene pruebas para mostrar su inocencia y que las va a presentar. “Si era tan fácil hubiera estado genial que muestre todo antes así nos evitábamos el chasco”, dice con cierto escepticismo un integrante del Gobierno que dialogó con él recientemente. Su rol de vocero se verá anulado por un tiempo largo si es que quiere sostener su hoja de ruta judicial.

Tal y como adelantó Infobae, el jefe de Gabinete será defendido por el penalista Matías Ledesma. De perfil bajísimo, quienes lo conocen afirman que “conoce y mucho” los pasillos de Comodoro Py. Fue abogado de Matías Kulfas en los albores del albertismo cuando hizo una acusación de presuntas irregularidades en una licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Su defensa fue un éxito: el juez Daniel Rafecas cerró la investigación a los 10 días de haberla iniciado.

Ledesma fue abogado de alguien que en los últimos meses incrementó su diálogo con diferentes terminales del karinismo: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que también lidera el Consejo de la Magistratura, el órgano que promueve y remueve a los jueces federales. El Gobierno prevé avanzar con el nombramiento de 62 pliegos en el corto plazo, pero quedan más de 300 vacantes por completar.

Es en ese marco que la reforma que impulsan del sistema de selección de jueces que promueven los cortesanos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti toma mayor relevancia. “Esperamos que logre aprobarlo a libro cerrado”, advierten en una de las vocalías, donde coquetean con un cambio de conducción en la Corte si no se cumple con esto. Desde la otra campana responden que “el Consejo es un mini-Congreso”, con sus propias lógicas y bloques. “Trabajar es buscar votos. Convencerlos. Como se hace todos los días para a conseguir los fondos para pagar los sueldos y hacer las obras de infraestructura en todo el país”, dicen en el Consejo.

De vuelta al ámbito del Ejecutivo, esta será otra semana clave para que Adorni pueda demostrar iniciativa y apoyo de los propios. El funcionario le habló en la mitad de la semana al Presidente para saber si lo autorizaba a convocar al Gabinete el lunes al mediodía. La respuesta fue afirmativa y, además, le indicó que era el momento para demostrar liderazgo. Pese a todo, Milei no irá, aunque no se conoce si alegó algún motivo en particular.

Se prevé que la asistencia sea prácticamente perfecta. Algunos irán arrastrados por las circunstancias, sin convencimiento de que internamente se estén dando los incentivos correctos. “Yo ya me harté de decir las cosas. Hacia adentro no se evalúa cómo es cada uno con la gestión. Al final del día, me parece un régimen stalinista en el que solo se evalúa cuánto te querés someter a ciertas personas”, indicó una fuente a Infobae.

Hay casos disímiles en el grado de autonomía que hay en el Gabinete. En el karinismo parecen haberle dado la bienvenida a su ala a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que fue visitada intempestivamente el jueves pasado por la secretaria general de la Presidencia. No hablaron de gestión, sino de asuntos triviales. Lo que realmente importó fue cuando la hermana le dijo de hacer una selfie. Monteoliva lo subió a sus redes. En esa ala festejaron.

En lo que a independencia refiere, el caso paradigmático es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El jueves a la noche vio un tuit que mencionaba que su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, había tomado un crédito hipotecario del Banco Nación. La funcionaria lo llamó al instante y le pidió la renuncia. “Se acumularon otras razones pasadas y esa fue la gota que rebalsó el vaso”, afirman cerca de la ministra. No porque sospechara sobre el mecanismo crediticio, sino porque cuando salió la controversia pública en los últimos días el funcionario no le contó que había aplicado meses atrás. “Su protocolo se rige bajo la regla de que el que hace ruido se va. Y más cuando se supone que debe ser de su círculo de confianza”, afirman.

Milei apoyó la decisión internamente a través de un tuit publicado este sábado. Minutos después lo hizo con Santiago Caputo. “Creo que soy yo quien decide las personas que me acompañan en la gestión”, le respondió a la periodista Laura Di Marco, quien sugirió que Karina quería afuera al asesor. En ese sector interpretaron ese gesto como una ratificación contundente. Días atrás, habían dicho estar siendo víctimas de una acción “psicológica” de parte de aliados de la hermana presidencial. “Siempre van a estar con esa famosa de que se van, se van. No son Tim Cook, que se va de Apple y las empresas se van a pelear por contratarlo. Es por eso que no se van a ir a ningún lado”, dicen muy cerca de Karina.

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