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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Tras su viaje a Nueva York, Kicillof busca volumen con China y el Papa ante la apatía de un sector del PJ

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Axel Kicillof está decidido a seguir construyendo un proyecto presidencial que no anunciará hasta llegado el momento, pero cuyos movimientos son cada vez más parecidos a los de un candidato. Desde hace un tiempo se mueve como tal y sus armadores intentan darle estructura federal. También apura un perfil de corte internacional para mostrarse frente a los diferentes estamentos de poder como la contracara del presidente argentino Javier Milei. “Les traigo malas noticias”, dijo en el desayuno con el alcalde Zohran Mamdani y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Remató: “En Argentina estamos viviendo una catástrofe”.

Eso fue parte de la agenda que desplegó en Nueva York la semana pasada y que buscará replicar en China en los primeros días de noviembre. Kicillof intentará estar en la feria de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái. Antes, según supo Infobae, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tendrá una reunión con el embajador del gigante asiático para delinear la agenda. Hay un tema no menor: la fecha coincide con la visita del Papa León XIV a Argentina. El sumo pontífice recorrerá el Cottolengo Don Orione, en Claypole (Almirante Brown), y oficiará una misa multitudinaria en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Kicillof debería estar presente. La actividad en China es del 5 al 10 de noviembre. El Papa estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El gobernador quiere estar en China. Tiene que hacer un viaje XXL.

En una semana, el mandatario bonaerense va por una foto con el Jefe de Estado del Vaticano y con referentes comerciales de China en medio de la guerra comercial desatada con Estados Unidos, que también tiene su réplica en Argentina. Es un factor más que atendible a cualquier agenda presidencial. Antes de que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, advirtiera sobre el acuerdo de la Cooperativa Eléctrica de Neuquén (CALF) con Huawei, Buenos Aires ya había cerrado con la misma empresa la provisión de baterías para garantizar el transporte de energía en los nodos Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. El tema, según reconstruyó este medio, fue parte de las conversaciones del mandatario en la Gran Manzana. La respuesta fue que Huawei es quien mejor oferta en las licitaciones. Mismo argumento que empleó la cooperativa de Neuquén cuando escaló el conflicto.

El plan, dicho en diferentes oportunidades por Kicillof y los suyos, es el multilateralismo. Lo dijo el sábado pasado cuando cerró el acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “No necesitamos un plan austríaco, norteamericano o israelí; necesitamos una estrategia argentina, federal y contemporánea. A otros les podrá fascinar la Doctrina Donroe de Donald Trump. Nosotros seguimos nuestra propia doctrina, la que viene del general Perón: “Argentina para los argentinos”. Un posicionamiento que no pudo, no logró, o no quiso repetir cuando —entre reunión y reunión— fue abordado en Nueva York por la periodista argentina Silvina Sterin Pensel, quien le pidió un posicionamiento sobre el conflicto en la franja de Gaza y le endilgó una condición de tibieza al respecto. Un imprevisto.

Kicillof pasó por el corazón financiero de Occidente con el objetivo de despejar fantasmas. En distintos momentos de su carrera como funcionario público alcanzó acuerdos con acreedores internacionales. Se sienta en la mesa con representantes de firmas internacionales con capacidad de inversión en el país y busca mercados. Quienes lo frecuentan en esas reuniones con empresarios cuentan que suele decir —medio en serio, medio en broma—: “No vamos a expropiar nada”.

A la par de que afina su perfil internacionalista, en Argentina sigue con su construcción federal. Una edificación que tampoco está exenta de complejidades y que transita en paralelo con la discusión interna del peronismo. En el acto en Avellaneda le dedicó varios pasajes. Dijo no querer una construcción “a control remoto”, ni surgida de entre cuatro paredes “en una rosca”. Fueron señales a distintos y conocidos destinatarios: el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, que está empezando a moverse por fuera de “las cuatro paredes”. El sostenimiento de las PASO será a lo que se aferre para evitar una negociación cuya victoria puede ser pírrica cuando llegue el momento de definir la estrategia electoral para enfrentar a Javier Milei en la Nación y a —hasta el momento— Diego Santilli en el territorio bonaerense.

En la dirigencia se empieza a repetir una hipótesis que va desde una lectura analítica hasta la presión de los intereses sectoriales: quien sea candidato a presidente deberá tener asegurada la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Los distritos que se miran, sin posibilidad de reelección, son La Matanza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Quilmes, Tigre, Esteban Echeverría, entre otros. El peso de esas intendencias en una elección que hasta el momento se perfila para que sea unificada —más aún si el candidato es Kicillof— es gravitante para la discusión provincial y nacional.

Hoy, pese a que manifieste su acuerdo con las reelecciones indefinidas, Kicillof no logra empujar el tema en la Legislatura. Tanto en el Senado como en Diputados aseveran que nadie hará nada hasta tanto el gobernador no se siente con Máximo o Cristina Kirchner y con Sergio Massa. Una vez que haya un entendimiento en ese tridente de cúpula, se saldrá a la caza de voluntades para dejar sin efecto esa normativa que algunos consideran proscriptiva.

“Proscripta está Cristina”, repiten en el kirchnerismo desde donde alientan una candidatura de la expresidenta. Una trama que hoy sigue siendo compleja para el camino de Kicillof. “Queremos que Cristina sea candidata”, dijo Máximo Kirchner en una reciente entrevista con Víctor Hugo Morales. Y así como Kicillof dejó señales varias en su discurso en Avellaneda, el diputado nacional y líder de La Cámpora aseveró: “Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”.

La semana pasada un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca dio lugar a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo para que las empresas distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN se abstengan de aplicar incrementos si antes no existen audiencias públicas para discutir las nuevas tarifas. El aumento había sido autorizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que comanda Gabriel Katopodis. En el Ejecutivo, vinculan la jugada de la Defensoría con el kirchnerismo. La respuesta tácita llegó el viernes con la decisión de los diputados del MDF que decidieron abstenerse en un plenario de comisiones en la votación de un proyecto cuyo autor es el presidente del bloque, Facundo Tignanelli. La iniciativa, como contó Infobae, impulsa un registro para crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores. El expediente busca crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.

En el plenario, la diputada de Fuerza Patria, Ana Luz Balor, que forma parte del MDF, expuso que estaban de acuerdo con el registro y el espíritu del proyecto, pero que “sería mejor” que las autoridades de aplicación fueran las dependencias municipales y no así la Defensoría, ya que estaba fuera de sus competencias establecidas por la Constitución y el proyecto podía luego ser judicializado y declarado inconstitucional. En el kirchnerismo dejan trascender que detrás de los argumentos técnicos están los políticos. Tiempo atrás, Kicillof había bajado la línea de “no responder acusaciones”, ante las críticas del kirchnerismo en diversos temas. Las respuestas aparecieron de manera implícita.

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Martín Lousteau: “Si revisamos la metodología, lo que queda no es una Argentina que sacó a millones de la pobreza”

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El economista y diputado nacional del bloque Provincias Unidas, Martín Lousteau, volvió a cuestionar que el gobierno de Javier Milei haya sacado a millones de personas de la pobreza, y alertó que, tras el deterioro de esos indicadores, se podría incluso “empeorar el problema”.

La pobreza oficial del primer semestre del año llegó a 32,3%, luego de subir 4,1 puntos porcentuales respecto de la segunda mitad del año anterior, cuando había sido de 28,2%. Para Lousteau, ese dato erosiona la mejora que otros cálculos habían detectado luego del pico posterior a la devaluación.

Ante las nuevas cifras que exponen el deterioro de los ingresos, Lousteau realizó una clara advertencia. “La dinámica más reciente empieza a mostrar que, quizás, todo el costo del cambio de régimen no alcance para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, y hasta termine empeorando el problema”, expone según su análisis publicado en su blog Rumbo en disputa.

Los tres límites de la medición de pobreza

Lousteau sostuvo que la medición de la pobreza en Argentina enfrenta tres problemas metodológicos. El primero es el uso de una Canasta Básica Total (CBT) “vieja” elaborada con valores de 2004 y 2005, que, según su evaluación, subestima la incidencia de los servicios en los gastos de los hogares.

El segundo problema está vinculado con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y que impacta durante períodos de inflación elevada, como el que atravesó el gobierno del Frente de Todos. El diputado consideró que la metodología empleada entonces sobreestimó la pobreza.

La tercera limitación afecta a los ingresos de los trabajadores informales. La encuesta no puede ponderar con precisión cuánto gana una persona que desarrolla actividades fuera del sector formal, ya que depende de las respuestas de los entrevistados.

Ante esas dificultades, Lousteau citó una investigación del Centro de Estudios Distributivos de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) que recalibra las mediciones para corregir esos desajustes. Sin embargo, señaló que la cifra difundida para el primer semestre alcanza para “erosionar la ganancia real” estimada por ese trabajo.

Su planteo es que la reducción registrada de pobreza durante 2024 y 2025 debe analizarse a la luz de las correcciones metodológicas y de la evolución más reciente de la pobreza. En ese marco, reconoció que el indicador descendió en 2024 y 2025 respecto del máximo posterior a la devaluación de diciembre de 2023. “Eso no está en discusión”, escribió, aunque planteó que el debate debe centrarse en cuánto de esa baja representó una mejora efectiva y si podía sostenerse en el tiempo.

Según su interpretación, la trayectoria favorable “primero se estancó y luego se revirtió”. El diputado describió que toda la secuencia de deterioro afecta la recuperación para modificar el régimen económico. “Estamos, otra vez, en el punto de partida”, afirmó el legislador. “Y, a juzgar por los últimos datos, hasta eso está en riesgo”, alertó.

“Si revisamos cuidadosamente la metodología y se corrigen los tres problemas mencionados, lo que queda ciertamente no es una Argentina que sacó a millones de la pobreza”, remarcó.

En otro punto de su artículo, Lousteau recuerda que la medición de pobreza por ingresos fue introducida en Estados Unidos recién en la primera mitad de 1960. Y parafrasea el libro Agenda for the Nation (1968), del premio Nobel James Tobin, quien reflexionó sobre ello al señalar que “las administraciones serán juzgadas por el éxito o fracaso en reducir la medida oficial de incidencia de la pobreza”. “Lo que quería decir es que no hay evidencia más contundente de que una política pública funciona que cuando logra “mejorar el ingreso de los pobres” (así se llamaba el capítulo que escribió) en forma sostenida. Y que esa debe ser la vara para aprobar o desaprobar una gestión”, afirmó el diputado nacional.

“Con los datos oficiales, se ve que Milei pensaba algo parecido. Porque hizo un enorme hincapié en este tema, incluso exagerando las cifras”, sostuvo Lousteau. Y traza un paralelismo de la gestión libertaria con “La Farolera”, una canción española. “En España farolear significa “presumir de algo sin fundamento”. Hay cosas que lamentablemente parecen a propósito. “A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal…”, ironizó el economista en el texto.

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Sergio Massa volvió a enviar un mensaje para la unidad del peronismo: “Abramos los brazos”

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Todas las piezas del peronismo se mueven ante la chance de regresar al gobierno en 2027. Y en eso está Sergio Massa. En dos actos partidarios en el interior del país, el dirigente del Frente Renovador (FR) volvió a mostrarse como un “arquitecto de la unidad” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Así lo dejaron en claro los referentes que comparten el partido fundado por el tigrense y ex ministro de Economía, que lo secundaron en actividades proselitistas en el nordeste argentino y en el sur de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, Massa pidió “construir propuestas con mirada federal” y “trabajar por la unidad del peronismo y de los argentinos”.

La reunión regional del NEA, realizada en Resistencia con referentes de Chaco, Corrientes y Misiones, organizó comisiones para definir un programa de desarrollo para las tres provincias. Las conclusiones incluyeron obras de infraestructura vial y energética, inversiones en ciencia y tecnología para agregar valor a las economías regionales y el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven”.

La legisladora nacional Sabrina Selva cuestionó las consecuencias sociales de la gestión nacional: “Este gobierno deja a la mitad de los argentinos y argentinas afuera. Tenemos un desafío enorme desde el Frente Renovador, de pensar ese proyecto de país que vamos a tener que construir de cara a lo que nos va a dejar Milei”.

Las propuestas también contemplaron políticas habitacionales municipales para evitar que los jóvenes deban dejar sus territorios. En materia sanitaria, los participantes señalaron la falta de presupuesto, medicamentos y profesionales, además del cierre de salitas de atención.

El presidente del partido y diputado nacional, Diego Giuliano, sostuvo que el espacio debe enfrentar un modelo que definió como orientado a una minoría. “Tenemos que resistir a este proyecto de país extranjerizante, proyecto para una minoría de argentinos cada vez más ricos y una mayoría cada vez más pobre”, afirmó, y agregó que “hay 20 millones de argentinos con deudas y Milei nos llevó a esta situación de desgarro de la matriz productiva de la Argentina”.

En una clara alusión a Massa como potencial competidor en la interna peronista, el legislador exhortó: “El Frente Renovador tiene el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina”. En la misma línea se pronunció la diputada provincial de Chaco Katia Blanc definió al ex ministro de Economía como “el arquitecto de la unidad” y afirmó que el dirigente “tiene perfectamente claro que el adversario es Javier Milei y que en la provincia la gente está agotada: los jubilados, los docentes, el personal de salud, los estudiantes”.

La formación docente permanente, con orientación vocacional y salida laboral, fue otro de los puntos analizados en Resistencia. El encuentro propuso, además, revalorizar la cultura y el turismo a partir de la identidad compartida por Chaco, Corrientes y Misiones. Desde esa mirada, Blanc afirmó que Milei considera que el NEA “es la periferia del país” y cuestionó el hecho de que “conoce más Estados Unidos que su propio país”. Y rechazó que el peronismo sea entendido como una expresión ligada al pasado. “No consideramos al peronismo como un lugar de nostalgia. Cada vez hay más gente que se suma a este espacio: un espacio firme, amplio, y que tiene claro que el enemigo es Milei”, expresó.

El cierre de Sergio Massa y la proclama por la unidad

En Carmen de Patagones, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, junto con la diputada provincial Sofía Vanelli, participaron de un encuentro de la Sexta Sección electoral. La jornada contó con la presencia del intendente local, Ricardo Marino.

También asistieron la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni; el exintendente de ese distrito, Pino Bordoni; el senador provincial y exintendente de Bolívar, Marcos Pisano; y el intendente de Saavedra, Matías Nebot, entre otros dirigentes.

Los participantes analizaron el impacto de las políticas regresivas del Gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires, con atención particular a la reciente modificación de la Ley de Zonas Frías y sus efectos sobre los bonaerenses. El encuentro planteó la necesidad de consolidar la unidad del peronismo como una opción competitiva y transformadora para las elecciones de 2027.

En ese ámbito, Massa cerró la jornada con un mensaje dirigido a los presentes: “Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer”. El líder del Frente Renovador convocó a ampliar esa perspectiva y concluyó: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.

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