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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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La provincia de Buenos Aires fue elegida Capital Mundial de la Salud Mental hasta 2029

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La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), en reconocimiento a las políticas implementadas para transformar el sistema público de atención, ampliar el acceso a los tratamientos y fortalecer los dispositivos comunitarios destinados a personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.

La distinción internacional surgió de la evaluación de la postulación y del Plan de Acción presentado por el Gobierno bonaerense, que puso el foco en los avances alcanzados durante los últimos años, especialmente en la incorporación de servicios de salud mental a los hospitales generales, la reducción de las internaciones prolongadas y el desarrollo de estrategias de prevención.

La Federación Mundial de Salud Mental es una organización fundada en 1948 que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Referencia internacional

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que el reconocimiento ubica a Buenos Aires como una experiencia de referencia internacional en la transformación de los sistemas públicos de atención, mediante un modelo que busca reemplazar progresivamente el aislamiento y las internaciones prolongadas por cuidados integrales dentro de las comunidades.

Uno de los principales avances señalados por la Provincia es la ampliación de la capacidad de atención en hospitales generales. Al comienzo de la actual gestión, solamente 11 establecimientos provinciales estaban preparados para atender urgencias e internaciones vinculadas con la salud mental y los consumos problemáticos. Actualmente, esa capacidad se extendió a los 100 hospitales generales de la red bonaerense.

Para alcanzar ese objetivo, se incrementó un 69,8% la cantidad de camas destinadas a internaciones por motivos de salud mental y se incorporaron más de 1.000 trabajadores especializados en esos establecimientos. Además, se impulsó la conformación de mesas de salud mental en los 135 municipios bonaerenses.

“La salud mental tiene que estar integrada al sistema de salud y no separada de él”, sostuvo el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, al destacar los resultados de las políticas desarrolladas.

Del encierro a la atención comunitaria

Otro de los ejes centrales de la transformación fue el proceso de desinstitucionalización, orientado a garantizar que las personas con padecimientos mentales puedan recibir atención y desarrollar sus proyectos de vida dentro de sus comunidades.

En ese marco, la Provincia pasó de contar con 74 viviendas con apoyo en 2020 a disponer de 227 en 2026. Actualmente, 743 personas reciben acompañamiento en casas integradas a la comunidad, como alternativa a las internaciones prolongadas en instituciones especializadas.

Según los datos oficiales, por primera vez la cantidad de personas externadas e integradas a la comunidad supera a quienes permanecen internadas en sectores crónicos de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales.

El proceso permitió reducir un 70% las internaciones en sectores de larga estadía y avanzar en el cierre definitivo de 28 de los 35 pabellones destinados a ese tipo de atención. Parte de esos espacios fueron reconvertidos en polos educativos y culturales abiertos a la comunidad.

La transformación también estuvo acompañada por un incremento del 37,5% en los recursos humanos destinados a tareas de atención, prevención, cuidado y acompañamiento.

En paralelo, se desarrolló una red territorial que actualmente cuenta con más de 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, a los que se suman 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

La expansión de estos servicios implicó la incorporación de más de 2.000 trabajadores a la red, con el propósito de acercar la atención a los lugares donde viven las personas y evitar que los tratamientos dependan exclusivamente de instituciones especializadas.

Prevención y acompañamiento de los jóvenes

Las políticas de promoción y prevención también ocuparon un lugar destacado en la evaluación internacional, particularmente aquellas destinadas a las infancias y juventudes.

A través del programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, el Gobierno bonaerense desarrolló actividades en 3.580 escuelas de los 135 municipios, que alcanzaron a 635.000 estudiantes.

La iniciativa incluyó más de 79.000 encuentros con 26.000 grupos y, según los relevamientos provinciales, el 94% de los estudiantes encuestados manifestó que recomendaría los talleres.

Las actividades buscan generar espacios de escucha, fortalecer los vínculos entre pares, prevenir situaciones de sufrimiento y promover el acompañamiento temprano, evitando la estigmatización de los problemas de salud mental.

En esa misma línea, durante 2026 se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, integrado por representantes de centros de estudiantes, organizaciones juveniles, universidades, escuelas secundarias y programas como Envión.

El objetivo es incorporar las experiencias y propuestas de los propios jóvenes al diseño de las políticas públicas destinadas a ese sector de la población.

La prevención del suicidio, entre las prioridades

Frente al crecimiento de la demanda de atención, la Provincia también fortaleció las estrategias de prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Más de 4.500 trabajadores del sector público participaron de instancias de formación sobre prevención y abordaje de esta problemática, mientras que se elaboraron herramientas destinadas a equipos de salud y gobiernos municipales.

Entre las medidas se encuentran una nueva guía clínica para servicios de urgencias, hospitales generales y centros de atención primaria, además de recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación para promover un tratamiento responsable de la problemática.

Desde la cartera sanitaria señalaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia destinada a detectar tempranamente situaciones de riesgo y fortalecer las redes de acompañamiento comunitario.

Un reconocimiento y nuevos desafíos

La designación como Capital Mundial de la Salud Mental permitirá a Buenos Aires ampliar los intercambios internacionales, desarrollar instancias de formación y cooperación y compartir experiencias de gestión con otros gobiernos e instituciones.

Sin embargo, las autoridades provinciales remarcaron que el reconocimiento no implica que la transformación del sistema haya concluido, sino que representa un respaldo al camino recorrido y un compromiso para sostener los cambios.

“Este reconocimiento es una validación a un camino que venimos construyendo y, sobre todo, una responsabilidad para profundizarlo”, afirmó Kreplak.

En ese sentido, la Provincia buscará consolidar los avances mediante el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031, que establece como prioridades continuar con la desinstitucionalización, fortalecer la red pública de cuidados y ampliar las respuestas frente al suicidio y los consumos problemáticos.

El programa también contempla una mayor participación de usuarios, familiares y organizaciones sociales en la construcción de políticas sanitarias.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un parque eólico en Olavarría

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Parque Eólico La Rinconada, que se desarrollará a unos 40 kilómetros de Olavarría. La iniciativa, a cargo de la empresa Vientos La Rinconada S.A.U., contempla una inversión total de US$ 230,7 millones y una potencia instalada de 94,5 megavatios (MW).

Según establece la resolución, el parque tendrá como objetivo principal abastecer el proceso productivo de la siderúrgica Siderca S.A.I.C., ubicada en Campana. Para ello, se conectará al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) a través de la nueva Estación Transformadora La China, de Transba, situada en un predio lindero al Parque Eólico Viento de Olavarría.

Del monto total declarado, US$ 218,2 millones corresponden a inversiones en activos computables, cifra que supera el mínimo exigido por el RIGI para los proyectos del sector energético. La empresa también informó que destinará US$ 110,6 millones a esas inversiones durante el primer año y otros US$ 1,4 millones en el segundo.

La iniciativa cuenta con una prioridad de despacho de 91,5 MW adjudicada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Además, el organismo elaboró un informe sobre el impacto que tendrá el proyecto en la sustitución de importaciones de energía y combustibles para el Mercado Eléctrico Mayorista.

La resolución también establece que la firma deberá acreditar, durante el primer y segundo año desde la notificación de la medida, inversiones en activos computables equivalentes al menos al 40% del monto mínimo requerido para el sector energético. En tanto, fijó el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido.

La empresa, por otra parte, no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de las divisas provenientes de cobros de exportaciones, dado que el proyecto está destinado al abastecimiento energético de Siderca y no prevé exportaciones.

Fuente: Agencia DIB

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Cae la proporción de alcoholemias positivas en las rutas bonaerenses

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La proporción de alcoholemias positivas en los controles viales de la provincia de Buenos Aires bajó del 5% al 1,24%, según el balance difundido por el Ministerio de Transporte. Entre el inicio de 2025 y el 31 de octubre de 2026 se realizaron 622.834 testeos en 5.075 operativos, que permitieron detectar 7.745 conductores con alcohol en sangre.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Transporte bonaerense en el marco del Día Mundial sin Alcohol, como parte del balance de las políticas de prevención y seguridad vial implementadas en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos de la provincia.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los principales indicadores de la gestión de Martín Marinucci fue la reducción de la positividad en los controles de alcoholemia. El porcentaje pasó de aproximadamente el 5% a ubicarse en torno al 1,2%, desde que asumió ese funcionario a principios de 2025 hasta fines de octubre de este año.

Cabe recordar que desde principios de 2023 rige en la provincia de Buenos Aires la ley N° 15.402 de Alcohol Cero, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de todo tipo de vehículos que circulen en todo el distrito. En la actualizad, la multa por conducir alcoholizado puede costar entre $702.000 y $2.340.000.

El despliegue del Ministerio de Transporte

Como parte del despliegue territorial, el Ministerio entregó alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses para ampliar la capacidad de fiscalización local y fortalecer los controles en coordinación con los gobiernos comunales.

También incorporó cámaras digitales y puestos de monitoreo vial en corredores estratégicos, destinados a detectar infracciones y conductas de riesgo, como el uso del teléfono celular durante la conducción y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

El esquema se complementa con operativos dinámicos en distintos puntos del territorio, jornadas de concientización en establecimientos educativos y capacitaciones para agentes municipales.

En ese contexto, Marinucci sostuvo que la política de Alcohol Cerobusca modificar los hábitos de conducción y destacó la importancia de mantener los controles en las rutas bonaerenses. Según señaló, la prevención no depende únicamente de las fiscalizaciones, sino también de la educación vial y de la articulación con los gobiernos locales.

Fuente: Agencia DIB

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