Un día después de haber participado en las negociaciones para evitar que la oposición sesione para voltear el DNU 70/2023, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió a decir que los gobernadores deberían inquietarse ante una eventual victoria de Axel Kicillof y el regreso del kirchnerismo al poder.

Las declaraciones se producen en la etapa final de las tratativas entre los operadores políticos de la Casa Rosada y los gobernadores para que se suspendan las PASO y se cierren acuerdos electorales con vistas al año próximo. Hay casi una decena de los jefes provinciales que están dispuestos a acordar un apoyo político rotundo al Gobierno en el Congreso a cambio de que La Libertad Avanza compita con una “baja intensidad” en sus distritos.

Aun así, los acuerdos todavía no se están cerrando. En el Gobierno afirman que la gran mayoría de ellos ya dio su palabra para votar la Reforma Política, pero que falta acordar una estrategia para competir el año próximo, tanto a nivel nacional como en el plano de las provincias. “Las negociaciones se están haciendo más largas de lo que esperábamos”, afirmaron esta mañana a Infobae desde una de las provincias más cercanas a la Casa Rosada.

Ante el aletargamiento de las negociaciones, Santilli dijo esta mañana en Radio Mitre: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gane Kicillof”. En ese sentido, enumeró: “Te sacan la coparticipación a la Ciudad. En el sur avanza otra vez la toma de tierras. ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro, ese Abu Dabi y Dubái? ¿Qué va a pensar Córdoba si le vuelven a poner la 125, el gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo contra el narcotráfico, qué va a pensar San Juan que se está poniendo de punta en el proceso minero argentino, o Salta?”. La selección de los ejemplos da pistas de las provincias con las que le gustaría acordar.

El jefe de Gabinete estará este viernes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para asistir a la Cumbre Federal de Logística que organiza el Consejo Federal de Inversiones (CFI), por el que pasaron gobernadores de distinto espectro político. Esta mañana participaron en un panel conjunto Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

La alocución de los primeros mandatarios tuvo partes con críticas a la administración nacional, algo esperable dado que no son cercanos al Gobierno. “Se está discutiendo dónde nos vamos a ubicar en la cadena alimenticia: si la Argentina va a ser presa o si va a participar de los lugares donde se acumula”, dijo Kicillof durante su alocución.

“Me parece que es central darse una perspectiva nacional de planificación. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios [en referencia a los vínculos del Gobierno con Estados Unidos]. Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal. Y hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”, concluyó.

Por su parte, Llaryora criticó la visión del Gobierno respecto a las políticas de infraestructura: “La Nación no construye ni un bicicletero, sino se meten en un programa nacional de infraestructura, cada provincia puede hacer cosas, pero necesitamos un programa nacional”. Y agregó: “Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión. Sin infraestructura no podés construir un parque industrial. El octavo país más grande del mundo no se puede mover en camión, no puede no tener salidas. El desarrollo de toda esta potencia argentina necesita un acuerdo básico”.

Santilli estará esta tarde junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un panel con funcionarios del Ejecutivo Nacional. También se prevé la asistencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Una vez finalizado, el ministro coordinador tiene agendada una reunión bilateral con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, que busca acercar posiciones para un acuerdo político para las elecciones nacionales.

Ayer se dilucidaron cuáles son los gobernadores que están dispuestos a colaborar con la Casa Rosada, incluso en situaciones de altísimo voltaje.

El gobierno nacional logró evitar la sesión impulsada por la oposición gracias al aporte de varios gobernadores aliados, que ordenaron a sus diputados ausentarse del recinto. Los casos más determinantes fueron los de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy): ninguno de los legisladores que responden a ellos —Gisela Scaglia, José Núñez, los tres diputados de Jaldo, además de María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti— bajó al recinto. También colaboró el chubutense Ignacio Torres, que restó el voto de Jorge Ávila.

En el bloque de Gustavo Sáenz (Salta) hubo divisiones: Pablo Outes y Bernardo Biella asistieron, pero Yolanda Vega se ausentó alegando enfermedad, mientras que otros diputados cercanos al salteño, como Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis), tampoco se presentaron. Finalmente, la oposición quedó a ocho votos de alcanzar el quórum necesario de 129 legisladores.

En el peronismo también hubo fisuras favorables al oficialismo: pese a que Martín Llaryora mantiene una relación “oscilante” con Javier Milei, uno de sus diputados, Ignacio García Aresca, contribuyó a bloquear la sesión con su ausencia, al igual que Alejandra Torres, mientras que el resto del bloque cordobés —Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge— sí asistió para respaldar a la oposición.

También resultaron sorpresivas las ausencias de Agustín Tita y Estela Neder, vinculados a los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero), respectivamente. En contraste, el catamarqueño Raúl Jalil, pese a ser uno de los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada, mantuvo a sus tres diputados del bloque Elijo Catamarca en la sesión, en defensa de la Ley 26.737.

Santilli se mostró optimista sobre las chances del Gobierno de avanzar con la reforma política. “Nosotros vamos camino a lograr un proceso que los ciudadanos desean”, destacó Santilli. “Decían que no íbamos a tener el número para sacar las reformas estructurales y salieron. Yo estoy convencido. ¿Qué diputado o senador va a estar en frente de la sociedad que no quiere votar seis veces o que le cueste USD 200 millones una elección para dirimir la interna de los partidos políticos? Creo que vamos a estar bien y vamos a tener reforma electoral”, cerró.

La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.

El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.

Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.

El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.

La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.

La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones

La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.

La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.

La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.

El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.

La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.

Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.

Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.

El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad

El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.

Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.

El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.

Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.

Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.

La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.

Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.

El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.

Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.

La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.

“Se van a llevar todo”, dice una diputada, en una mezcla de bronca y resignación. “Empujamos, coordinamos, cedemos, hacemos lo que podemos, pero no nos acompañan los números”, graficó otro diputado de la oposición.

Los bloques de la oposición sienten cierta frustración respecto de los resultados que están teniendo en el Parlamento, donde entienden que los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza estuvieron signados por el apoyo al Gobierno para “dotarlo de gobernabilidad” y que este año la gobernabilidad “es para los gobernadores”.

En ese esquema, los bloques de la oposición intentaron avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la semana que pasó y chocaron de frente con la ausencia de los diputados que responden directamente a gobernadores como los de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Algo que se repite en varias sesiones y que los más pesimistas estiman que el próximo miércoles sucederá de la misma manera.

El oficialismo citó para el miércoles a una sesión cuyo temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que modifica las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial—, desalojos express y, además, la vuelta de la ley de Tierras de 2011; la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural; la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco del inmueble propiedad del Estado nacional Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB); la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad; y la ley sobre endeudamiento familiar.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.

Cruces de estrategias

“Puede ser que alguna nos la den vuelta”, reconoció un diputado de La Libertad Avanza que suele tener reuniones en la Casa Rosada. Aunque la oposición tiene dictamen propio en cada una de las normas a debatir —salvo en trazabilidad, que salió por unanimidad—, la referencia del legislador libertario apunta, principalmente, a discapacidad, propiedad privada y morosidad.

En algunos despachos se especuló con la idea de pedir una sesión para ese mismo día a las 10 de la mañana con un temario propio. Sin embargo, la propuesta fue descartada para que “no nos pase lo mismo que el otro día” y se quedaran cortos para el quórum.

En algún momento la palabra de Miguel Ángel Pichetto resonó en el debate. Así como alguna vez les dijo a los libertarios “¿qué aplauden? acá se viene a ganar, aprendan”, ahora el experimentado legislador advirtió que la oposición debe mejorar sus cálculos parlamentarios y evitar exponerse a nuevas derrotas.

En la oposición se renueva la esperanza de la mano de algunos datos que dejó la sesión anterior. “Quedamos a ocho, pero teniendo en cuenta que faltaron dos de Unión por la Patria, el número baja a seis. Es difícil, pero no imposible”.

En este caso, los diputados de los gobernadores nuevamente serán quienes definan si se impone el proyecto de LLA o el de la oposición en cada una de las votaciones.

Por el lado del oficialismo, la Casa Rosada maniobra con los jefes de los estados provinciales en busca de asegurarse los votos necesarios. “Les prometen que van a buscar inversiones para un tren y te bajan los diputados. Entendemos la gobernabilidad, pero una promesa de posibles inversiones no puede ser suficiente”.

El lunes muchos legisladores volverán a sus despachos en la Cámara de Diputados. Los teléfonos sonarán todo el fin de semana. Ganar o perder una votación hoy se define con dos o tres legisladores que se sumen o que no. Pero el oficialismo parece correr con ventaja en esa discusión.