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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Tras la gira de Santilli por las provincias, cuántos votos le faltan al Gobierno para aprobar la reforma laboral

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Diego Santilli ya visitó seis provincias en lo que va de enero y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para la reforma laboral. Si bien algunos mandatarios mantuvieron el misterio como herramienta de negociación, en el Gobierno se entusiasman porque no recibió ningún rechazo rotundo de sus habituales aliados ni de los sectores dialoguistas. Al parecer, todo es conversable.

Este último jueves, el ministro del Interior se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. En la conferencia de prensa que dieron tras el encuentro, el mandatario provincial reconoció que el funcionario libertario se llevaba “un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral” y destacó que el proyecto permitirá “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”.

Un día antes, Santilli había estado por Neuquén, pero el saldo de su visita no fue tan claro. El gobernador Rolando Figueroa dijo que acompañará “cada iniciativa que impulse el desarrollo” y recordó que su provincia fue la “primera en implementar cambios importantes en la legislación laboral”. Sin embargo, enfatizó que la prioridad será el impacto que la ley tenga en su provincia y volvió a reclamar la deuda de USD 200 millones que Nación tiene con la caja previsional provincial. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, resumió.

En cada visita Santilli repite que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, prácticamente en todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (aproximadamente $1 billón).

Desde la Casa Rosada plantean que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta merma se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

Dentro del mismo oficialismo algunos como Patricia Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones a las provincias, mientras que otros como Luis Caputo apuestan a sostener el texto tal como fue dictaminado.

En el Senado, los libertarios parten de una base de 21 votos propios más otros 3 de PRO. Pero el Gobierno también suma a los representantes de la UCR, que acompañó el dictamen del oficialismo cuando el proyecto se trató en comisión. En total hay siete radicales que responden a gobernadores (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi -Corrientes-, Carolina Losada y Eduardo Garaletto -Santa Fe-, Mariana Juri y Rodolfo Suárez -Mendoza- y Silvana Schneider -Chaco-), y tres “sin techo” que son oposición en sus provincias (Maximiliano Abad -Buenos Aires-, Flavio Fama -Catamarca- y Daniel Kroneberger -La Pampa-).

Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre y además hay mandatarios que tienen alianzas políticas en sus provincias, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

“Apostamos a una nueva ley de reforma laboral porque las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados”, dijo el chaqueño Zdero la semana pasada tras su encuentro con Santilli. “La reforma laboral contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca”, completó Cornejo dos días después.

Con 34 votos anotados en la columna del “positivo”, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de un puñado de “provinciales” para llegar al quórum (37), como la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Gustavo Sáenz; la neuquina Julieta Corroza (Rolo Figueroa); los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de aceitados vínculos con Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia.

Santilli visitó a Torres, pero las conversaciones y declaraciones públicas posteriores giraron en torno a los incendios forestales que están devastando la provincia. No obstante, tuvo mejor suerte en Salta. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, dijo Sáenz, que tiene una relación cada vez más fluida con la Casa Rosada. Mediante algunas concesiones, los libertarios confían en poder sumar a neuquinos y misioneros, pero además podrán recurrir a los peronistas disidentes: el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. Por lo que la cuenta final podría superar los 40 votos para la aprobación en general.

En Diputados, los libertarios parten de una base de 95 votos del bloque oficialista más 12 del PRO y 2 de MID. En principio 109, por lo que tendrá que sumar 20 voluntades más para llegar a los 129 que le permitan abrir el recinto.

Pero en base a las declaraciones de los gobernadores de Salta y de San Juan, el Gobierno ya contaría con otros 5 votos (3 salteños y 2 sanjuaninos). Además, el radicalismo (UCR + ABA) aportaría otros 7, ya que no solo firmó el dictamen del oficialismo en el Senado, sino que además había propuesto su propia reforma laboral cuando se discutió la Ley Bases, al inicio del gobierno de Milei. Prácticamente 121 votos confirmados.

Los peronistas disidentes de Tucumán (3) y Catamarca (3), que casi siempre jugaron con los libertarios en las votaciones importantes, dejarían al Gobierno en la puerta del quórum, y las negociaciones con las provincias aliadas podrían terminar de empujar el proyecto a través de la línea de meta: Misiones (4), Neuquén (1), Santa Cruz (1), San Luis (1).

Las provincias mineras como Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz también seguirán con atención el devenir del proyecto para modificar la Ley de Glaciares, que le dará más poder a los gobiernos locales para habilitar proyectos productivos en zonas que ahora están prohibidas.

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Adorni reducirá un 20% la planta de la Jefatura de Gabinete: cuántos empleados tiene y dónde busca recortar

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En las vísperas de cumplir su tercer mes al frente de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni ordenó aplicar la directiva del presidente Javier Milei y pasar la motosierra por la estructura y la planta de empleados que conforman el área que lidera. La idea para el mes de febrero es avanzar en una disminución del 20% de la nómina de trabajadores, pero también de las dimensiones del organigrama, según confirmaron a Infobae desde la coordinación de ministerios.

Hasta entonces, la estructura funciona con 3018 personas, según el último informe del INDEC, cifra levemente superior a la revelada por su antecesor Guillermo Francos durante su primer informe de gestión, lo que alcanza a secretarías y direcciones. De ese total, el ministro coordinador tiene intenciones de recortar al menos 500. Desde su desembarco a principios de noviembre, la idea figura entre las prioridades de sus colaboradores más estrechos, que, luego de asentarse en los cargos, establecieron una fecha límite para que cada área realice una reducción de su nómina. “La Jefatura de Gabinete es enorme. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la estructura estaba completamente sobredimensionada”, sostuvieron ante este medio.

La tarea no alcanza solo a la lista de empleados, sino que trae aparejada la intención expresa de reducir ravioles y ordenar el uso de los recursos. Ese trabajo compromete al equipo de la Unidad de Asesores del Gabinete en articulación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger para concretar los planes. Hasta entonces hubo ronda de reuniones con todos los secretarios y directores a los que se les trasladó la necesidad de achicar las estructuras y eliminar las competencias duplicadas.

La Jefatura de Gabinete actualmente tiene bajo su órbita a los secretarios Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos), Federico Sicilia (Coordinación Legal y Administrativa), Ian Vignale (Ejecutiva), Javier Lanari (Comunicación y Medios), Darío Genua (Innovación, Ciencia y Tecnología) y Daniel Scioli (Ambiente y Turismo). Según supo este medio, las dos últimas registran el mayor caudal de empleados acumulados, en especial en Parques Nacionales, y deberán instrumentar el pedido con celeridad.

Desde la Jefatura de Gabinete aseguran que la reducción tendrá impacto en el monto total que se destina al pago de sueldos, al tiempo que garantizan que servirá para ordenar estructuras repetidas y funciones duplicadas, pero aclaran que no afectará al desempeño de la gestión. “El trabajo es similar al que se hace en otros organismos: revisar funciones, dotación y estructura. Determinar qué es esencial y qué es lo que está sobredimensionado”, explicaron a Infobae.

A finales de diciembre, y como contó este medio, el funcionario oficializó el recorte de gastos y redujo el uso de vehículos oficiales y choferes. Lo hizo a través de un comunicado en el que dispuso la revocación inmediata de las asignaciones de autos para el personal bajo la órbita del organismo. Cada secretaría tenía la indicación de presentar un relevamiento detallado con los bienes y recursos restituidos.

Según supo este medio, el área contaba con 78 autos a disposición utilizados por el personal, lo que se sometió a un proceso de revisión con posterior reasignación de los mismos. Desde entonces, opera un protocolo de gestión que debe contemplar la justificación y la solicitud de cada empleado, que es revisada por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

Otra de las medidas en las que trabajan desde el área es en la prohibición de pasajes en primera clase para funcionarios con una limitación en el monto destinado a viáticos. “Se terminó eso de viajar en business con viáticos incluidos. Turista o habrá que buscar alternativas”, argumentaron. Algo similar pregona la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante sus visitas a las provincias en el marco de las actividades partidarias de La Libertad Avanza.

No faltaron las quejas de algunos de los involucrados que se vieron afectados por los planes de austeridad que instrumenta el ex vocero en nombre de los Milei. Sin embargo, la decisión se muestra como indeclinable: “No hay plata y tenemos que predicar con el ejemplo”, fue la respuesta dada.

Lo cierto es que los planes de achicamiento estatal no alcanzan solo a la Jefatura de Gabinete. En coordinación con Sturzenegger, Adorni participó del diseño de la hoja de ruta para concretar la reducción de otro 10% del número de empleados de la planta total del Estado. “La motosierra es constante”, justificaron ante este medio.

En paralelo, busca imprimirle su impronta a la gestión y protagoniza reuniones individuales con los ministros del Gabinete para establecer prioridades y detectar problemas.

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Antes de las extraordinarias, Milei retoma la agenda política local y desembarca en Mar del Plata con Santilli

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Tan solo unos días después de haber regresado de su viaje a Davos, donde participó del Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei retoma la agenda local con una recorrida en tono de campaña en Mar del Plata, donde también encabezará un acto de derecha ante funcionarios y cientos de dirigentes.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de La Libertad Avanza, si bien todavía se estaban cerrando los detalles de la actividad, el mandatario nacional caminará el próximo lunes por el centro de la ciudad balnearia.

De esta manera, el jefe de Estado volverá a mostrarse públicamente en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales distritos -si no el más importante- que quiere gobernar a partir del 2027.

Lo hará acompañado de la secretaria general, Karina Milei, en su rol de titular del partido, y del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aparece como el posible candidato a gobernador bonaerense del oficialismo.

De hecho, “El Colo” lideró la lista libertaria en las últimas elecciones en PBA, cuando el espacio logró remontar la derrota de más de 13 puntos que había sufrido en los comicios locales.

“La provincia de Buenos Aires quiere el cambio y depende de nosotros que nos unamos para dar esa batalla en el 2027”, sostuvo el ahora funcionario en el acto de celebración de aquella victoria, en octubre del año pasado.

Desde entonces, el dirigente del PRO que se sumó a las filas violetas cuando fue designado en la cartera de Interior aparece como la figura que podría elegir Milei para tratar de disputarle el poder a Axel Kicllof.

El Presidente y su hermana vienen haciendo varios actos de campaña en este territorio y, de hecho, la secretaria general estuvo hace tan solo unos meses en esta misma ciudad balnearia, donde organizó un “congreso libertario”.

La funcionaria fue la oradora principal del evento que se llevó adelante el 30 de noviembre en el NH Gran Hotel Provincial, que reunió a integrantes del Gabinete y los principales dirigentes del espacio.

En esta oportunidad, será el propio jefe de Estado el que encabece la recorrida junto a Santilli, Karina y referentes como los diputados Sebastián Pareja -titular del partido a nivel local- y Lilia Lemoine, entre otros.

La caminata comenzará a las 20:30 en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, y al día siguiente el mandatario será el encargado de cerrar una nueva edición de la Derecha Fest.

El Presidente ya fue el último en tomar la palabra en uno de estos eventos privados a finales de julio pasado, en la capital de Córdoba y en la previa de las elecciones nacionales.

Para esta oportunidad, la sede será el Horizonte Club de Playa y están invitados al escenario la propia Lemoine; su compañero de banca Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”; el legislador Guillermo Montenegro (ex intendente local); los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez, y el pastor evangélico Gabriel Ballerini, entre otros.

Por la noche, Milei irá a ver el espectáculo de su ex pareja Fátima Flórez, quien protagoniza un unipersonal en el Teatro Roxy-Radio city. Así lo confirmó la propia artista en declaraciones periodísticas: “Es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo. Le gusta mucho lo que hago arriba del escenario. Realmente me admira mucho y no quiere perderse el show”.

Con estas actividades, el Presidente encara la última semana antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, convocadas a partir del 2 de febrero y hasta fines de ese mes.

Durante ese plazo, el líder libertario buscará que se aprueben en ambas Cámaras la reforma laboral y el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, a pesar de que el tratado todavía no fue ratificado en el Viejo Continente.

Para esto, tanto la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, como Santilli comenzaron las negociaciones con la oposición, con el objetivo de llegar a las votaciones con los mayores consensos posibles.

El ministro del Interior, por caso, retomó sus recorridas por el interior del país para reunirse con gobernadores y conversar personalmente con ellos sobre estas iniciativas. Recientemente, se encontró en Salta, con Gustavo Sáenz; en Neuquén, con Rolando Figueroa, y en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio.

Esta semana, la mesa política volverá a reunirse en la Casa Rosada para terminar de delinear la estrategia legislativa antes del inicio de las sesiones.

Además de Santilli y Bullrich, este grupo lo integran la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

A pesar de que el temario de extraordinarias incluye también otros asuntos, como la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, el Gobierno concentra todos los esfuerzos en lograr un éxito con la reforma laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo “El Colo” después de una de sus reuniones.

Si bien muchos mandatarios locales anticiparon su apoyo a la medida, también hay varios de ellos que reclaman algunos cambios en el proyecto que ya tiene dictamen, puntualmente en el artículo referido a la modificación del impuesto a las Ganancias.

Debido a que se trata de un gravamen que es coparticipable, los gobernadores entienden que una baja de las alícuotas que pagan las empresas impactaría directamente en sus recaudaciones, por lo que piden rever la medida o algún tipo de compensación.

El ministro y la senadora tendrán esta última semana (después de los actos en Mar del Plata, solo les quedarán tres días) para tratar de convencer a los indecisos y dar comienzo al debate formal en el Congreso.

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