Política Nacional
Fernández endureció su discurso sobre las prepagas
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6 años haceen
Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.
A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.
“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.
Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.
Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.
En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.
El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.
Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.
El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.
En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.
Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.
Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.
Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.
Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).
Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.
Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.
En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”
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El Gobierno apuesta a que el buen clima mundialista se sostenga hasta el anuncio de la visita del Papa
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5 horas haceen
19 julio, 2026Por
Mayra Pastor
El Gobierno mira el día después del Mundial y, ya sin Manuel Adorni en el panorama, está convencido de que el humor social estará muy arriba, sea cual sea el resultado. Lejos de temer un “bajón” de ánimo generalizado post euforia mundialista, están convencidos de que el bienestar se prolongará. Según especulan, hasta que el Vaticano anuncie la visita del Papa, algo que creen que ocurrirá a fin de mes o inicios de agosto.
Las elucubraciones sobre el impacto en la política de los eventos internacionales más relevantes del año nacen de la preocupación por las dificultades para recuperar la imagen perdida por el caso de corrupción del ex jefe de Gabinete, de cara al año electoral.
Siguen de cerca las encuestas a la espera de una remontada, que por ahora no logran ubicar en los niveles que tenían antes de la debacle derivada, en parte, del manejo de la crisis del exvocero. La inflación por debajo del 2 por ciento, difundida la semana pasada, fue una apuesta a mejorar las perspectivas. Pero no funcionó como esperaban. Así como el Mundial cubre todo con un manto de rosas, también tapa todo.
Por lo pronto, analizan semana a semana los ánimos. No habrá un bajón post euforia, dicen. Al contrario, la alegría durará hasta la próxima inyección de ánimo positivo, con la visita del Papa. Por eso esperan con ansias que el Vaticano confirme al nuevo nuncio, condición previa necesaria para informar la llegada del Sumo Pontífice y empezar a diseñar el operativo.
Las especulaciones sobre los dos eventos masivos e internacionales más importantes del año vienen de largo, con sus respectivas advertencias. En la cúpula del Gobierno temían, por un lado, que la Selección tuviera que volverse demasiado temprano de la carrera por la Copa del Mundo. Y por el otro, que León XIV suspendiera o postergara su visita. Con el primer punto superado, les queda que se confirme formalmente la visita del Papa.
¿Cuándo? Pronto, deslizan fuentes de la Cancillería. Mencionan, “como mucho”, fines de julio o inicios de agosto. Sólo resta, dicen, que el Vaticano designe a su primer representante de la era León XIV en el país.
Envalentonados, en el plano del fútbol sólo se lamentan por la mala relación con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que le impidió a Milei participar del sorteo del Mundial. Enfrentan con soberbia el -muy probable- desaire de los jugadores ante el ofrecimiento de Milei de que vayan a la Casa Rosada y los mensajes de Messi sobre “la gente que la pasa mal”, que fueron interpretados por la oposición kirchnerista como una crítica a la política liberal del Gobierno. Pero están decididos a mantener, cueste lo que cueste, una buena relación con la Scaloneta. De ahí el mensaje de la Oficina de Respuesta Oficial, que en general se dedica a criticar con dureza, diciendo que acordaban a pleno con el mejor jugador de fútbol del mundo.
Están convencidos de que no pierden votos por la estrategia oficial frente al Mundial. Y de que a sus adeptos les resultan al menos naturales las reacciones del Presidente, y que no lo castigan por el intento de apropiación. “Este es de siempre un gobierno muy futbolero. El Presidente defiende a Messi desde 2010″. Sólo admiten un lado negativo. “No tenemos buena relación con la AFA, lamentablemente”, reconoció un estratega violeta.
Es por eso que el Gobierno diseña el operativo para el regreso de la Selección con extremo cuidado de no ofender a nadie. Y, encima, a ciegas: los jugadores le transmitieron a Milei que no quieren dar definiciones hasta que esté disponible el resultado de la final contra España.
El resultado de la final, a esta altura, es indiferente para el Gobierno. “Si ganamos, la alegría no nos la saca nadie. Y si caemos, nadie va a salir enojado, vamos a recibir con honores a los jugadores y vamos a estar más que agradecidos. Es una Selección única”, dijo un alto referente de la diplomacia mileista.
Hoy, festejan que, gracias al fútbol, la política esté corrida a un segundo plano. Lo cual permitió que en las filas libertarias desaparezca el clima de derrotismo que se palpó durante la primera parte del año. Pero temen que la paz sea demasiado fugaz.
“Nuestro quilombo en parte viene del quilombo del peronismo”, dicen. Del otro lado del espectro político ven a un Axel Kicillof débil, demasiado enfocado en la Provincia de Buenos Aires y con poca llegada nacional. “No es querido, no despierta el ánimo de nadie”, analizó un armador violeta. Y lo comparó con Alberto Fernández, pero en sentido negativo. “Al menos, Alberto tenía el apoyo de CFK. Axel no”, dijo un estratega violeta que, desconfiado, se mostró temeroso de tal escenario.
Para ilustrar el razonamiento, al mejor estilo libertario, usó una teoría económica, la de la “crisis de la abundancia”, que sostiene que cuando no hay competencia, los productos pierden calidad. “Cuando nos relajamos surgen los problemas”, advirtió.
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Cuenta regresiva para el año electoral: el Gobierno tropezó en el final del Mundial
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5 horas haceen
19 julio, 2026Por
Mayra Pastor
Un trapo cambió el contexto. El Gobierno terminó esta semana enredado en un conflicto autogenerado, fue protagonista de una profunda desconexión popular y obvió reparar en la dimensión histórica de lo que estaba ocurriendo. Una ministra quedó en la mira, Javier Milei tuvo que emprender una campaña en soledad para intentar reconducir su no lugar y quedaron expuestas las debilidades de las alianzas que sostienen al gobierno libertario en el Congreso.
El Presidente habló con Gianni Infantino después de que Inglaterra presentara una queja formal ante la FIFA por la bandera improvisada en una sábana de hotel con el reclamo en alto de la soberanía sobre las islas Malvinas. El Gobierno perdió el diálogo con Claudio “Chiqui” Tapia. “Me estoy encargando yo con el plantel”, le dijo Milei a un colaborador para describir que tiene relación más allá de lo institucional. El vínculo formal con la AFA se rompió con la decisión del Gobierno de actuar contra el presidente de la entidad del fútbol argentino hasta buscar la intervención del organismo. Quienes conocen de cerca a Tapia reconocen que sólo una llamada de Karina Milei podría reconducir la relación. Esperan un gesto. Karina es hoy quien define absolutamente todo lo que no sea materia económica. Todas las áreas están sujetas a lo que defina la Secretaria General. Y ella había sido el nexo antes de la pelea.
En el Gobierno reconocen que Victoria Villarruel les terminó corriendo el arco con su pronunciamiento. Eso valió otra queja británica, en ese caso, a la Casa Rosada. Más allá del conflicto diplomático, aquel mensaje malvinero dejó expuesta la incomodidad con la que se movió Milei desde que se confirmó la semifinal, de la que nunca pudo ni quiso salir.
Llegó a decir que era simplemente “válido” que los jugadores levantaran la bandera de Malvinas y a admitir que se deberá pagar una multa de 30.000 dólares, sin chistar. Ni Infantino cree eso. Un día después, el gobierno de Donald Trump terminó reconociendo el gesto de la Selección. Lo hizo a través de Andrew Giuliani, el funcionario que lideró la organización del Mundial, que amparado en la libre expresión, le quitó dramatismo al caso. A esa hora, Trump saludaba efusivamente a Tapia en uno de los eventos finales de la copa del mundo. La foto circuló rápido para marcarle la cancha a Milei.
En la mira quedó Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad. Levantó el tema hasta convertirlo en bandera nacional. “No se entiende por qué se metió si no maneja la seguridad en los estadios de Estados Unidos”, planteó la duda una fuente libertaria que la conoce de cerca. La funcionaria tuvo una conversación con otro integrante del Gabinete que terminó en un abrupto corte de teléfono. Tenía agendadas varias entrevistas, que le cancelaron. De la expresión “mapita” a sugerir “taparle la boca” a los hinchas, lo que hizo Monteoliva fue exponer la línea oficial. Pero en la Casa Rosada salieron a desprenderse de esas declaraciones. Dicen que “se fue de boca” y le ordenaron que no hablara más, por su bien. Lo hizo. Sólo se limitó a promocionar el operativo de seguridad para el regreso de la Selección, que coordina con Ciudad, sin la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof tiene llegada directa a Tapia y esperan que pase la final para empezar a hablar de la logística.
El contexto mundialista, con la llegada de la Argentina a la final, dejó fortalecido al presidente de la AFA, hoy, el enemigo más visible que eligió Milei. “Demostró liderazgo y conducción”, refuerzan en la entidad y creen que los libertarios se dejaron llevar por el PRO de Mauricio Macri en su embestida hacia el organismo. “Ese acuerdo político les distorsionó la relación”, explica un dirigente cercano a la Selección. La pregunta ahora es si a partir del resultado el Gobierno cambia la relación o no.
Viaje a Londres y quejas
El trasfondo de la reacción errática del Gobierno por la malvinización del partido se explica en parte por el viaje a Londres que tiene en carpeta Milei para octubre próximo. Se había anunciado para el primer cuatrimestre del año pero se postergó. Gran Bretaña ya se había quejado del incumplimiento por parte de la Argentina del acuerdo firmado por la entonces canciller Diana Mondino con su par David Lammy. Londres viene marcando que el Gobierno no facilitó la información en materia pesquera a la que se había comprometido en aquella firma del año 2024. La última queja fue en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí Estados Unidos viene votando a favor del diálogo, algo que había comenzado en la gestión argentina anterior y que se mantuvo en las presidencias de Trump y Milei sin cambios.
El Presidente resaltó que su Gobierno está avanzando en la vía diplomática pero hasta ahora no se produjeron hechos concretos. Quienes siguen de cerca el tema destacan como un logro que Milei haya podido mantener el apoyo a la Argentina en el comité de descolonización de las Naciones Unidas a pesar de sus críticas al organismos y a los países promotores del reclamo. Sucede que el procedimiento para el tratamiento y aprobación requiere de la presentación de varios países. Como todos los años, el proyecto lo presenta el representante de Chile en nombre de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, la mayoría de ellos, fuertemente criticados por la gestión libertaria.
En este contexto, la Cancillería recién hizo pública una hora después del triunfo de la Selección, y cuando todos los jugadores se habían expresado sobre la cuestión Malvinas, una queja que había presentado ante Gran Bretaña por la violación del espacio martítimo argentino por parte del buque británico HMS Medway. Otro dato inquietante es que el Gobierno no informó queja alguna ante Chile después de que se conociera, el 10 de julio, que miembros de la armada del país vecino habían celebrado la recalada del patrullero en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas, hecho que fue destacado como la primera visita a un puerto chileno de un buque británico.
Sin votos y con amenaza de veto
La mala praxis del Gobierno tuvo su consecuencia más significativa con la caída de la sesión en el Senado para tratar el proyecto llamado de inviolabilidad de la propiedad privada, en el que el capítulo 3 busca derogar la actual ley de tierras que limita la venta a extranjeros en un 15% del territorio nacional. Los votos estaban muy ajustados incluso antes del partido contra Inglaterra, pero la actuación de la Selección de Lionel Messi pesó a la hora de las definiciones finales.
La primera en jugar para que cayera la sesión fue Villarruel. La filtración del chat con Patricia Bullrich pidiéndole darla de baja generó el clima propicio para el desenlace que ya se precipitaba desde la noche anterior. Ningún espacio político se mostraba más agradecido con la Scaloneta que el bloque peronista en la Cámara alta. El tema ya venía complicado para el oficialismo. Esta es la tercera postergación del tratamiento, que sufrió los primeros traspiés en medio del estallido de la crisis de Manuel Adorni. La traba con la que se encuentran varios proyectos en el Congreso dan cuenta de las débiles alianzas oficiales. La primera vez que se cayó el tratamiento, el proyecto volvió a comisión. Los libertarios llegaron a la sesión del jueves con la versión número 15 del borrador. Más allá de los cambios, el Gobierno no alcanzaba a conseguir los votos, aunque estaba cerca. Esta vez, el partido fue clave.
Bullrich estaba obligada a hacer sesión porque debía aprobar este mes el pliego del juez Víctor Pesino, el camarista laboral que el 27 de julio cumple 75 años. Por haber fallado a favor de la reforma laboral se ganó su continuidad por parte de Milei. La senadora consiguió con los justo los 37 legisladores para abrir sesión, con quienes ya había acordado que sólo trataría los pliegos. No se podía permitir una derrota en el contexto interno en el que está, por lo que decidió no arriesgar.
El oficialismo consiguió el quórum con los diez integrantes de la UCR, dos del PRO, los dos senadores de Misiones, una por Neuquén, y otra por Salta. No se sumaron, además del peronismo, el bloque Convicción Federal, que son tres con Carolina Moisés a la cabeza; Carlos Camau Espínola se ausentó y tampoco dio quórum Alejandra Vigo; a ellos se sumaron los dos santacruceños y una senadora por Chubut.
El otro que jugó un rol clave fue Federico Sturzenegger. El ministro y autor de la ley, que estaba de viaje, presionó por teléfono para dar marcha atrás con las modificaciones y amenazó con la posibilidad de vetar, por parte del Presidente, algunos de los cambios que se habían acordado con la oposición. Si lo hacían, Bullrich perdería toda capacidad de diálogo a futuro.
El anticipo de la pelea por Whatsapp de Villarruel y Bullrich se había vivido la semana pasada en la reunión de labor parlamentaria, en la que la senadora le advirtió que ella no votaba, tal como contó Infobae. ¿Podría tocarle desempatar en una futura sesión? Los radicales llegan a ese capítulo divididos. Los 37 que dieron el quórum no estaban para votar a favor. El peronismo estuvo de acuerdo con el cuarto intermedio pedido por Bullrich porque tenía algunas bajas imprevistas, por cuestiones de salud. El poroteo estaba ajustado. Y el contexto sembró la duda necesaria para que Bullrich no se permitiera una derrota.
El factor Villarruel y la PAS peronista
Villarruel aceleró su plan de candidata a algo estas últimas dos semanas. Puso primera el 9 de Julio, con su incursión en Tucumán y su claro diferenciamiento del Gobierno al advertir por la situación de la industria. Promovió el debate por la ley de tierras para abrir espacios críticos al proyecto y emprendió la cruzada malvinera del partido del Mundial que descolocó a la Casa Rosada. Aunque se le noten las jugadas, pretende ocupar el lugar que quedó vacante tras la salida de Adorni, que terminó desactivando a Bullrich, la dirigente con mejor imagen del oficialismo y que era vista por el establishment como una alternativa a Milei. En ese camino intenta meterse Villarruel.
El problema con el que se encuentra la Vicepresidenta es que su imagen positiva alcanza sólo al 18,1% según el último sondeo de Management & Fit, con una negativa del 42,2%. Llegó a tener en febrero del año pasado 34%. Para esta misma consultora, Bullrich alcanza el 32,9% de imagen positiva, con una baja a prestarle atención de mayo a junio de 3,4%.
El peronismo mira con simpatía los números de Villarruel, que alcanzan para hacer daño a los libertarios. Pero el foco está puesto en una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires. Sucede que a nivel nacional, con escenario de segunda vuelta, el efecto de una postulación de diseño se diluye. En territorio bonaerense, sin balotaje, podría ser un experimento más acertado, como el de Carolina Píparo, que en 2023 sacó 13% de votos y ayudó a la reelección de Kicillof.
A pesar de que el Gobierno no pudo hasta ahora presentar una proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO, el peronismo diseña una interna que le permita llegar ordenado y competitivo a la elección. En el PJ proyectan la idea de una interna abierta, con padrones nacionales, no obligatoria, con uso de la boleta única papel (BUP) en la que sólo se elija el candidato a presidente. El vice quedará para una negociación posterior de alianzas electorales. Se imaginan como fecha de realización entre abril y mayo, que deje el escenario acomodado para la presentación de listas, en agosto.
Diego Santilli tiene como prioridad la eliminación o suspensión de las internas. El peronismo trabaja por evitarlo, pero arma un plan B ante la posibilidad de que el Gobierno termine consiguiendo los votos.
Marcos Juárez, ensayo para los gobernadores
Los gobernadores miran lo que sucedió esta semana en Marcos Juárez, ciudad que va a elecciones en septiembre. En 2014 fue el “kilómetro 0” de Juntos por el Cambio. La novedad es que a último momento, La Libertad Avanza decidió no presentarse como marca. Es lo que pretenden los mandatarios provinciales para garantizar sus respectivas reelecciones: que el Gobierno no les plante candidatos propios ante el solapamiento de los electorados. Aunque tiene una lectura vecinal, el caso de la ciudad cordobesa podría ser un ensayo para Karina Milei y Lule Menem, a cargo del armado nacional.
Tampoco medía quien se presentaba como el candidato violeta, Gerardo Pasquali, que terminó en alianza con la UCR y el partido demócrata. Y el favorito a volver a la intendencia, Pedro Dellarossa, rechazó el sello libertario. Sabe que comparte electorado con Milei, pero mantiene aún su cercanía con el gobernador Martín Llaryora, de quien fue ministro. Irá con sello propio. La novedad es que Karina no se arriesgó a perder en la única elección que podría haber sido “nacionalizable” este año. Y los gobernadores leen el gesto para provincializarlo.
Reorganización interna
Santilli ganó peso esta semana con el rediseño institucional de la jefatura de Gabinete, en fusión con Interior. Se quedó con ENACOM, bajo control de Juan Martín Ozores, cercano a Santiago Caputo y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Arsat y el Correo Argentino quedaron a su cargo en la estructura que maneja su mano derecha, Gustavo Coria. Por ahora no hizo movimientos de funcionarios, pero a su lado anticipan que son áreas que controlará y que es probable que haya cambios de nombres.
Esta última semana se empezó a hablar con más fuerza de la posibilidad de que Santilli juegue en territorio porteño en un hipotético acuerdo entre Karina y Mauricio Macri. Es el funcionario que salió mejor posicionado de la interna. Supo leer a tiempo que el poder estaba en la hermana presidencial, y se acomodó con facilidad al discurso libertario sin titubeos ni diferenciaciones.
El otro cambio es la unificación comunicacional en manos de Fabián Fernández, el nuevo secretario de Medios, que coordinará la pauta publicitaria de los organismos descentralizados como Banco Nación, ARCA y Correo Argentino, y mantendrá influencia en YPF, de donde viene. Incluso fue incorporado por Karina Milei a las reuniones de la mesa política para darle forma en los medios a las decisiones que se tomen. Una suerte de profesionalización de un área en la que pesaba la espontaneidad de Milei, atributo que fue perdiendo.
Cuenta regresiva, telefóno para Caputo
El año electoral comienza mañana. Para la Casa Rosada arranca la cuenta regresiva para la reelección y el gran eje será el económico. La baja de la inflación, que marcó 1,9% en su última medición, no resuelve el problema de los ingresos y el empleo formal. Este último cumplió en abril doce meses de caída ininterrumpida. Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados registrados, según datos del SIPA. Se explica básicamente por el sector privado, que eliminó en abril casi 12.000 puestos de trabajo formal, sobre todo en la industria manufacturera (-4,4%) y el comercio (-2,6%). Pero la situación se agravó ante la perspectiva de que no hay sectores que compensen esas caídas. El agro (-0,3%), la minería (-5,1%) y la intermediación financiera (-4,6%) también destruyeron empleo. Ni siquiera estos últimos rubros muestran números positivos en la comparación abril 2026 y abril 2025.
La consultora 1816 destacó la baja de la inflación pero puso una luz amarilla por el reinicio de la guerra en medio oriente que podría romper la inercia a la desaceleración vía suba del costo del petróleo.
Junio cerró con déficit primario. Según Luis Caputo, fue porque el Gobierno corrió el vencimiento de Ganancias de personas humanas de junio a julio, pero incluso así le podría haber dado un resultado deficitario. Hay otro tema preocupante, que son los gastos devengados pero no pagados, dato que se conocerá esta semana.
“Dado el vínculo del Gobierno con el organismo, los logros en materia fiscal y el monto (pequeño) del incumplimiento, no esperamos castigo alguno por parte del Fondo Monetario Internacional, pero el dato obliga a mirar de cerca recaudación y gasto en el segundo semestre”, advierte 1816. Otro segundo semestre complicado. Para entonces, ya será en la incipiente campaña electoral.
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Reforma laboral: la jugada del Gobierno entre los empresarios que apunta a debilitar al poder sindical
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5 horas haceen
19 julio, 2026Por
Mayra Pastor
El Gobierno promueve la multiplicación de los convenios por empresa, incentivados por la reforma laboral, con el objetivo de descentralizar la negociación colectiva y, en el fondo, quitarle al gremialismo la enorme capacidad de presión que brinda el tradicional unicato sindical.
Por eso en las últimas semanas, a partir del interés de grandes compañías y de pymes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mantiene reuniones con empresarios para brindarles más información acerca de la posibilidad de “juntarse con sus empleados y fijar las reglas de la relación laboral en la propia empresa”. “El sindicato no entra, no hay que pagarle peaje a nadie”, como lo destacó el funcionario en el Congreso Nacional de Pymes que se realizó en junio.
“Si un empleado ve un sueldo bruto de un millón y cobra 700.000, tiene que saber que a la pyme le cuesta 1.400.000 -les dijo Sturzenegger-. Siéntense con sus empleados, eliminen esos peajes y armen un convenio mutuo que les sirva a ambas partes”.
Entre quienes colaboran con Sturzenegger para esos contactos empresariales figura la diputada nacional Verónica Razzini, hoy en La Libertad Avanza tras haber llegado a su banca por el PRO, que es toda una especialista en darle pelea al gremialismo: fue la fundadora y presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), donde agrupó a pymes afectadas por protestas sindicales extorsivas y tuvo un papel clave para fallos judiciales que terminaron con procesamientos y detenciones para quienes bloquearon empresas, e incluso para los cambios en la Ley Bases y en la Ley de Modernización Laboral que penalizan los bloqueos.
Una de las claves de la reforma laboral es que antes un convenio de actividad prevalecía sobre uno de empresa o regional, salvo que el inferior fuera más favorable. Ahora, los convenios colectivos de ámbito menor (como los de empresa o región) prevalecen sobre los convenios de actividad, incluso si resultan menos favorables para el trabajador, quitando poder a los sindicatos.
Para la CGT, esa medida apunta a fragmentar la representación gremial y, además, habilita la negociación de convenios “a la baja”, ya que antes la discusión por actividad establecía un piso que podía mejorarse a nivel de cada empresa, pero ahora se convertirá en un techo que les pondrá limitaciones a los trabajadores.
Lo explicitó el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), cuando en febrero pasado, antes de sancionarse la Ley 27.802, advirtió que “hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, ya que buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.
A partir de las consultas a Sturzenegger, varias empresas están analizando la posibilidad que brinda la nueva legislación laboral en este rubro, aunque hay mucha cautela por la reacción negativa del sindicalismo y por las eventuales trabas judiciales que puedan aparecer.
El dilema para el Gobierno es que aun los convenios de empresa, como los de actividad, tienen que ser firmados por los sindicatos que tienen personería gremial y delegados del establecimiento, por lo que la aspiración de debilitar al poder sindical tradicional no será sencilla.
Aun así, la Ley 27.802 de Modernización Laboral facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio fomentado de los sindicatos por actividad. La nueva norma permite que un sindicato obtenga la personería si al menos por 6 meses tiene más afiliados cotizantes en esa empresa que el sindicato con personería preexistente, aunque este último sea un sindicato de actividad, una unión o una asociación de otro grado.
Para eso hacen falta, en principio, trabajadores que decidan crear un sindicato de empresa, desafiando a a la organización gremial con personería y, además, consiguiendo ventajas concretas que antes no tenían. Eso implica, al mismo tiempo, que los empresarios acepten darles beneficios a esos trabajadores que resuelvan romper con el sindicato que hoy los representa.
Una de las frases que trascendió de los representantes libertarios para promocionar los convenios por empresa, por ejemplo, es: “Depende mucho de las ganas que tengan los trabajadores porque son ellos los que van a tener el poder. Esto no se trata de quitarles el poder a ellos. Por el contrario, esto es empoderarlos a ellos y al empleador, y correr a las cámaras y a los sindicatos”.
La jugada del Gobierno, en realidad, no puede generalizarse ni aplicarse de manera automática en todas las empresas: se podrá intentar en aquellas compañías que tengan una reducida sindicalización ya que la resistencia del gremio con personería a perder su poder dará lugar a un conflicto prolongado.
Si efectivamente se incrementan los sindicatos de empresa será un duro golpe para la dirigencia que lidera los sindicatos por actividad, que son el corazón del modelo sindical argentino acuñado en 1945 por Juan Domingo Perón porque los más representativos reciben por parte del Estado la personería gremial, esa llave decisiva que les otorga derechos exclusivos como firmar los convenios colectivos y administrar las obras sociales.
De todas formas, un asesor legal de empresas advirtió a Infobae sobre un riesgo de esta apuesta de Sturzenegger: “El Gobierno parte de la premisa de que con sindicatos de empresa se debilitan las grandes concentraciones de poder que tienen los sindicatos nacionales, pero no se dan cuenta que eso también generaría un sobrecosto para las empresas. La conducción de un sindicato de empresa van a ser empleados de la misma empresa y, por ende, toda la conducción, comisión directiva más los delegados que pueden llegar a tener, van a tener tutela sindical en la misma empresa y ante un conflicto de lo que puede llegar a ser lograr la representación de ese sindicato de empresa, el conflicto va a ser dentro de los establecimientos de la empresa, no en la actividad, como pasa hoy con la UOM, por ejemplo”.
En una frecuencia similar, como anticipó Infobae, la reforma laboral derivó en que cámaras empresariales de unas 10 provincias resolvieran “desengancharse” del convenio colectivo de trabajo que rige en el transporte automotor de cargas a nivel nacional y firmar convenios regionales según la realidad económica de cada zona.
Se trata de una rebelión que afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres cámaras del sector, y que pondrá en crisis a esta entidad y también al poder centralizado del Sindicato de Camioneros.
En la CGT interpretan que la ofensiva del Gobierno apunta a quebrar el viejo unicato gremial mediante el incentivo a los convenios de empresa y sindicatos de empresa, con una medida complementaria: jaquear el financiamiento sindical a través de los límites a las cuotas solidarias y aportes especiales. Entre los sindicalistas crece cada vez más la sensación de que la reforma laboral desatará una batalla que, por ahora, es de resultado impredecible.







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