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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Kicillof celebró la victoria de Lula: “Fue un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump, Milei y su motosierra”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como “un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump y Milei”, advirtió que el resultado representa un quiebre en la tendencia de avance de la ultraderecha en la región y analizó las consecuencias del triunfo para la Argentina.

El mandatario provincial enfatizó que la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil fue, también, un golpe directo para el gobierno argentino porque desactivó la narrativa del modelo exportable de políticas de ajuste, recorte de derechos y subordinación a intereses extranjeros.

“Fue un rechazo en el que influyó la motosierra de Milei, que pretende ser, incluso en otros países como España, un elemento de propaganda del sector de la ultraderecha para mostrarles que lo de Argentina es bárbaro, como que hay un éxito en esas políticas”, sostuvo el gobernador bonaerense en diálogo con El Destape.

En la misma línea, Kicillof destacó la capacidad de Lula para remontar una elección que muchos analistas daban por perdida. “Tomó una serie de decisiones, cambios en la campaña, en su propia forma de hablar con la sociedad. La verdad que generaron una movilización impresionante que terminó dando vuelta una elección que parecía imposible”, señaló. Para el gobernador, el triunfo no fue solo mérito de la campaña del líder del Partido de los Trabajadores (PT), sino también una decisión soberana del pueblo brasileño: “No estaban condenados a tener un presidente de ultraderecha”.

Una situación distinta para las elecciones en 2027

En otro momento de la entrevista radial, el mandatario bonaerense fue contundente al analizar el impacto geopolítico del resultado. “Si Brasil se pintaba de ultraderecha, la situación de la Argentina a partir de las elecciones del año que viene era muy distinta. Indudablemente, es un hito importantísimo que representa un quiebre”; para Kicillof, la victoria de Lula frena lo que parecía “una tendencia inexorable” del avance de la ultraderecha en el continente.

Luego, el gobernador subrayó que el resultado también constituye una derrota para la estrategia continental de Estados Unidos. “Hubo un intento de injerencia muy fuerte en la campaña electoral. A través de Milei, pero a través del propio Trump, trataron de manipular, de influir con instrumentos muy poderosos y fracasaron”, enfatizó.

Kicillof amplió sus cuestionamientos al vínculo entre el gobierno argentino y Washington. “La sumisión de Milei a la agenda norteamericana, a los intereses extranjeros, es clarísima, tanto en los votos de la ONU como en cada una de las decisiones que toma”, disparó. Mencionó la firma de acuerdos que, según su lectura, colocan a la Argentina “dentro de la agenda de Estados Unidos, de su doctrina Monroe”, con implicancias en el acceso a recursos naturales y la agenda militar.

El gobernador también recordó episodios recientes de presión externa sobre el proceso político argentino: “Tuvimos al propio Trump hablando de las elecciones, de cómo tenían que votar acá y cuáles eran las consecuencias de votar distinto. Al secretario del Tesoro comprando pesos argentinos desde Estados Unidos en una maniobra que no se vio nunca”.

De cara a las elecciones argentinas del año próximo, Kicillof no ocultó su preocupación: “Indudablemente hay una vocación, una predisposición de influir, de impactar, de incidir a través del apoyo, pero también de amenazas implícitas o hasta explícitas al votante”.

Las lecciones de Lula y el mensaje para Argentina

Consultado sobre las enseñanzas que deja la campaña de Lula para el peronismo, el gobernador destacó la convicción del líder brasileño y su capacidad de conectar con el electorado. “Lo que vimos en Lula es una voluntad arrasadora y una convicción. Un vínculo con su pueblo donde Lula decía: ‘Esto no le puede pasar a Brasil’, y Brasil comprendió que no había motosierra que le sirviera”, aseguró.

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Los motivos por los que Patricia Bullrich decidió no ir a la reunión de Gabinete y el posible conflicto por Brasil que se avecina

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El presidente Javier Milei reunió este lunes por la mañana a su Gabinete y llamó la atención la ausencia de Patricia Bullrich, que horas antes le había anticipado a las autoridades nacionales que no iba a poder asistir por cuestiones personales, aunque la decisión también fue motivada por el malestar que tiene con el resto de la cúpula del oficialismo y que cada vez oculta menos, en un contexto en el que, además, se especula con su futuro político.

Si bien la jefa del bloque de La Libertad Avanza no integra formalmente el grupo de funcionarios que acompañan al mandatario en la gestión diaria, suele participar de estos encuentros en la Casa Rosada, igual que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sin embargo, en esta oportunidad, y luego de nuevas declaraciones televisivas que hizo en contra de algunas actitudes del líder libertario, la legisladora optó por no presentarse y aumentó el ruido interno.

“La realidad es que los motivos fueron un 50/50. Es cierto que tenía cuestiones personales, pero también estaba muy molesta con algunas actitudes de Milei, principalmente con lo de quemar a los periodistas en la hoguera. Eso no le gustó porque, además, ya había tenido una charla con él al respecto”, reveló a este medio una persona del círculo más íntimo de la dirigente.

La referencia es a las declaraciones que el Presidente realizó durante un evento de la Fundación Faro en el que buscó recaudar fondos para su campaña del año próximo y volvió a cuestionar a determinados comunicadores.

“Como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, sostuvo el jefe de Estado en esa oportunidad.

Según el dirigente bullrichista consultado, la senadora ya le había manifestado su desacuerdo con ese tipo de expresiones durante una reunión a solas en la que “le dijo que no puede atacar la prensa así”,

Si bien la fuente consultada negó que se trate de “un punto de quiebre en la relación”, sí reconoció que el episodio “generó mucho enojo” dentro del espacio que conduce la ex ministra de Seguridad.

Según reconstruyó este medio, la senadora no está pensando en romper con La Libertad Avanza, sino que su estrategia continúa siendo la de marcar diferencias puntuales con el Gobierno para posicionarse como una alternativa de cara a las elecciones de 2027, sin descartar tampoco la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta si recibe una propuesta formal del Presidente.

En ese sentido, en el entorno de Bullrich señalaron que no descarta integrar una fórmula conjunta con el Presidente, pero insisten con que el eventual acuerdo deberá incluir condiciones claras sobre el rol que ocuparía la senadora dentro de una futura gestión, con injerencia en áreas sensibles como Seguridad y Economía, y bajo un esquema que ella misma describe como necesario para evitar roces constantes con el resto de la administración.

A esa tensión se sumó otra diferencia, esta vez vinculada con la agenda internacional: la ex ministra siguió de cerca el resultado del balotaje presidencial en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva se impuso finalmente a Flávio Bolsonaro, y le preocupaba que desde el Gobierno argentino se plantearan dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.

“Patricia entiende que hay que asumir que perdió Flávio, que todos los gobiernos democráticos del mundo salieron a reconocerlo con un mensaje y todavía la Argentina no. Aunque, la verdad, es mejor que mantenga el silencio antes que decir que Lula hizo trampa”, señaló la misma fuente de su entorno.

Según había revelado este medio, Milei evitó referirse de manera directa al triunfo de Lula durante la reunión de Gabinete de este lunes y concentró su exposición en la defensa del programa económico, además de cuestionar las medidas que, según la lectura oficial, le permitieron al mandatario brasileño consolidar su victoria.

El único representante libertario que viajó a Brasil para seguir los comicios fue el diputado Damián Arabia, cercano a Bullrich, quien estuvo presente en el búnker de Bolsonaro, donde incluso se fotografió con el candidato derrotado, aunque decidió no exponer esas imágenes en sus redes sociales luego de conocerse el resultado adverso para el espacio de derecha.

En el plano internacional, la senadora también tiene diferencias con el resto de su espacio y considera que está bien apoyar a los sectores más liberales e incluso conservadores, pero no coincide cuando se trata de fuerzas más extremas.

Por caso, valora el vínculo con el Partido Popular español, en sintonía con el encuentro que Milei mantuvo durante su viaje a España con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no comparte la cercanía con Santiago Abascal, líder de VOX.

Por su parte, la Casa Rosada suele manejar las cuestiones de geopolítica en sintonía con Washington, su priincipal aliado global. En este sentido, recientemente Donald Trump calificó el proceso electoral en Brasil de “fraude” y cuestionó la prórroga de dos horas autorizada por la justicia de ese país.

“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, agregó en declaraciones realizadas antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Misisipi, donde tenía previsto un mitin.

El faltazo de Bullrich a la reunión de Gabinete se da en medio de un clima de tensión más amplio entre la senadora y la cúpula de La Libertad Avanza, que en las últimas semanas había quedado expuesto por otros gestos de la dirigente, como un video publicado en sus redes sociales que fue interpretado dentro del oficialismo como una señal de sus intenciones electorales de cara a 2027.

Mientras tanto, en la Casa Rosada continúan con la estrategia de no confrontar públicamente con la senadora y le restan magnitud a sus gestos de distanciamiento, a la espera de que la relación entre ambos dirigentes se mantenga estable de cara a la definición electoral del año próximo.

Por lo pronto, a pesar de que hay algunos desafíos importantes para el oficialismo en el COngreso, este martes no habrá reunión de mesa política, en las que la senadora suele verse de frente con el resto de la cúpula libertaria.

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El Gobierno limita las sanciones por Malvinas tras las advertencias de EEUU sobre sus empresas

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Javier Milei

El gobierno de Javier Milei incorporó una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, tras las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las sanciones originales podían tener sobre sus empresas, y en un intento por conseguir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16, aunque existen versiones de que podría modificarse porque al oficialismo aún le cuesta reunir las firmas necesarias.

La negociación quedó a cargo de la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantuvo conversaciones con los bloques cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes del encuentro. “En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, señaló una de las autoridades del plenario en declaraciones a un medio nacional. Desde el Congreso y la Casa Rosada sostuvieron que el tratamiento del proyecto sigue activo y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propias propuestas.

El texto original, que según aseguran fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, preveía un esquema de sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten de forma ilegal recursos argentinos en las Islas Malvinas. El viernes previo al plenario, el presidente Milei recibió en la Casa Rosada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante ese encuentro, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias que las sanciones del primer capítulo del proyecto podían generar para sus empresas.

Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas al proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a firmas asociadas con ellas en otros emprendimientos. En ese contexto, también tuvo un papel relevante el embajador Peter Lamelas.

Como resultado de esas gestiones, el Gobierno aceptó limitar las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos. De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras. “Había que poner un corte, porque si no el proceso jurídico iba a ser eterno y hasta podía llegar a complicar intereses de empresas nacionales”, justificó un funcionario al tanto de los cambios.

Pese al acotamiento de las sanciones, el proyecto mantiene la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el órgano que busca coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior, presidido por el jefe de Estado. Ese organismo tendrá la facultad de controlar, aceptar o rechazar las inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales del mismo origen en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

Para garantizar el respaldo de los bloques aliados, el Ejecutivo aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia de Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. La nueva redacción excluye de manera expresa al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

El cambio respondió a los pedidos de sectores cercanos al Gobierno, como la Unión Cívica Radical (UCR), y a los cuestionamientos de Unión por la Patria, entre ellos los planteados por la diputada bonaerense Agustina Propato. A su vez, se incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, aunque sin establecer una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.

Dividir el proyecto

Pese a las concesiones, persiste el reclamo de Unión por la Patria y de legisladores de Provincias Unidas, que vienen pidiendo separar el proyecto en dos tramos: por un lado, las disposiciones vinculadas con Malvinas y la defensa de la soberanía; por otro, las reformas a los sistemas de inteligencia, defensa, seguridad interior, protección de infraestructura crítica y los delitos de desinformación. El oficialismo, en cambio, defiende su tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026.

El plenario de este martes será la instancia decisiva para determinar si La Libertad Avanza reúne las firmas necesarias para un dictamen de mayoría y avanzar hacia el recinto, o si el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, debe convocar a un nuevo encuentro, lo que implicaría una nueva pérdida de impulso político para la iniciativa.

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