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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El Gobierno, resignado ante el caso Adorni, apuesta todo al Mundial para cambiar el clima político

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Más allá de Javier y Karina Milei, reina una sensación de abatimiento total en el Gobierno por la férrea defensa oficial de Manuel Adorni. Mientras la dupla presidencial sostiene contra viento y marea a su cuestionado amigo y jefe de Gabinete, los ministros y asesores nacionales, impávidos y acallados, se sienten meros testigos de cómo se escurre la opinión pública favorable que supo tener el Presidente al inicio de la gestión, y sólo ven una luz al final del túnel en el Mundial.

Hasta ahora, todos los otros temas que el oficialismo lanzó al candelero por distintas vías -económicos, de seguridad, etc- fallaron en el afán principal de persistir en el centro de la agenda. Y por lo bajo, sin que se entere Milei, sus asesores admiten que no son -sólo- los medios los que sostienen el tema, sino que el foco Adorni late fuerte de manera espontánea en las charlas en los cafés y en las filas del cine, además de las redes sociales.

A diario, con cada revelación sobre el patrimonio de Adorni, se convencen de que el campeonato de fútbol es lo único que podría servir para cambiar el eje de la conversación. Y hay quienes se aferran a la lejana posibilidad de que Milei aproveche la euforia mundialista para despedirlo. En Balcarce 50, laderos del ex vocero ríen y dicen, directamente, que es imposible: “Hay un 100 por ciento de apoyo”.

El ministro pasó del abatimiento y la preocupación al alivio en cuestión de minutos durante la tarde del viernes, cuando el Presidente le expresó su respaldo en persona frente a todos los ministros, en la última reunión de Gabinete. El discurso de media hora a través del cual el primer mandatario dijo que no lo echará aunque le cueste la elección fue la frutilla del postre para Adorni, que se terminó de convencer de que el apoyo de los tuits y retuits presidenciales -la mayoría con insultos a periodistas- y la entrevistas telefónica con la señal LN+ eran reales. Anteayer, ese respaldo se hizo carne en el ámbito institucional, en un salón de la Casa Rosada, con todos los principales funcionarios vestidos de traje y blazer.

El problema de fondo es el 2027. “Las Mabeles van a votarnos porque le tienen miedo a Kicillof. El problema son los enanos en el balotaje”, graficó un alfil mileista que desde hace meses se siente -cada vez más- urgido por buscarse la vida por fuera de la política. En el Gobierno dan por descontada la fidelidad de los ex votantes de PRO, pero le temen a la atomización de la competencia. Y están convencidos de que el peronismo massista financiará figuras de derecha y centro derecha para licuar el poder violeta en la primera vuelta.

En definitiva, los preocupa la posibilidad de obtener nuevamente esos votos en un mano a mano con el gobernador bonaerense. “No es fácil recuperar de un plumazo veinte puntos si ya no tenés tus banderas disponibles para recuperar a tus desencantados”, dijo un importante colaborador nacional.

Se refería a los estandartes de la Honestidad y Anticasta, difíciles de izar tras el caso Adorni, el mote del “3 por ciento” que recaló sobre Karina Milei; y los affaires en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y en torno al renunciado José Luis Espert. Sólo les queda Inflación, que para mal de males acaba de sufrir un retroceso.

El viernes, Patricia Bullrich dijo algo similar en la reunión de Gabinete. “Tenemos un problema con la ciudadanía por la corrupción y la economía”, lanzó ante el reducido y silencioso auditorio. Ella hubiera deseado que el Presidente la escuchara en persona, pero no tuvo oportunidad: en ese momento, el jefe de Estado, enardecido, ya había dejado el salón sin escuchar a sus interlocutores.

Algunos ministros se sorprendieron por la vehemencia con la que el Presidente defendió a Adorni el cónclave. Dicen que habló con la voz alta, y que luego se fue sin esperar a escuchar réplicas. Adorni estaba más que conforme, y en Gobierno percibieron de su parte ciertos aires revanchistas. Sobre todo, frente a “Pato”, como la había llamado el jefe de Gabinete en la entrevista con el streaming Neura el jueves por la noche.

Hasta cierto punto, en el oficialismo algunos se ilusionan con las últimas revelaciones sobre las SIRA, que podrían involucrar a miembros de la oposición justicialista y balancear la indignación ciudadana. Pero se decepcionan rápido: también vislumbran nuevas instancias de novedades negativas en torno a los bienes de Adorni.

Tiemblan al pensar en el momento en que se conozcan más detalles de las conversaciones que figuran en el celular del contratista Matías Tabar. O en el día en que Adorni, finalmente, presente la famosa Declaración Jurada que Patricia Bullrich lo instó a publicar “de inmediato”. “Van a seguir apareciendo cosas, de una forma u otra, nuevas o coletazos de las que ya conocemos. No hay salida”, suspiró un integrante de la tropa mileista.

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Las diferencias entre La Libertad Avanza en el Senado y la Casa Rosada liman los acuerdos con los aliados

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A pesar del incipiente “consenso” -aún no sellado en su totalidad- para modificar la ley que blinda el derecho a la propiedad privada, el sendero de la “buena voluntad” en el Senado comenzó a presentar espinas en las últimas semanas, tras negativas de la Casa Rosada a la hora de convalidar acuerdos entre libertarios y la oposición dialoguista. Esto pone en riesgo diálogos sobre varios proyectos y, en medio de reminiscencias del “por todo y contra todos”, genera un mal clima de cara a la eventual sesión que se piensa en la Cámara alta para el jueves 14, aún sin confirmación oficial.

El detonante ocurrió el miércoles pasado, cuando el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), anunció -vía red social X- que diversas iniciativas relacionadas con Ficha Limpia comenzarán a ser analizadas en los próximos días. Es decir, por fuera de la amplia reforma electoral que envió el Ejecutivo para dinamitar las PASO. De hecho, llamó la atención el cabildeo de diputados “karinistas” para forzar todo en el mismo paquete. Más curioso fue que éstos se enteraron tarde que, en el Congreso, corre un “deadline” hasta finales de mayo para avalar un pacto del Estado con dos holdouts. Prioridades.

De nuevo en la Cámara alta, lo cierto es que, hasta el término de la corriente semana, aún no se llamó a comisión para Ficha Limpia. Y la jugada de Goerling pone en la plana principal algo básico: demostrar si en Balcarce 50 la quieren de verdad. Votos hay en el Senado, como contó este medio durante el último período estival. Sí avanzaría propiedad privada que, de hecho, tuvo otro inconveniente: el oficialismo intentó apurar un dictamen exprés sin siquiera convocar de nuevo al plenario, que había pasado a un cuarto intermedio. Algo parecido a lo que se hizo en la ley Bases, en 2024. De mínima, desprolijo. Al final, no ocurrió.

La ley en cuestión tuvo la novedad -ya adelantada- de la eliminación, por completo, del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Todo sea por el déficit fiscal cero, el alma del plan económico.

También es cierto que, de esta manera, sobrevive un sistema de regularización de barrios populares promocionado en la era Cambiemos por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votado con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores privilegiados suelen vanagloriarlo con un exceso -para nada- sugestivo.

A los proyectos mencionados se le deben sumar los cambios a le ley de salud mental -hay cerca de 60 invitados y el martes próximo habrá plenario-, la eterna siesta en la norma sobre discapacidad -sin respetar desde el Ejecutivo la insistida con dos tercios por ambas Cámaras-, y otras delicias que marcan el pulso del Senado. Un ejemplo claro es que dialoguistas dejaron en stand by los pliegos judiciales ya analizados en la comisión de Acuerdos. No hay un solo dictamen de mayoría. Y para la potencial sesión del 14, donde hay ascensos diplomáticos en fila, ya son muchos los que piden que aparezca antes la lista de 2026.

“Hasta que no vengan los del interior, estaremos sin novedades. Ya le dimos casi todo desde diciembre a los libertarios. El problema no es con -la jefa oficialista, Patricia- Bullrich, que es una mujer de palabra. Pero sospechamos que el Gobierno nos quiera extorsionar con los jueces que nos interesan para que votemos más leyes. Se agotó esa avivada”, sentenció un experimentado legislador a Infobae.

Otro movimiento que hicieron los aliados en la Cámara alta -Bullrich incluida- y que no pasó desapercibido el miércoles último fue, tras un encuentro en la bancada radical, la cumbre informal -no fue Labor Parlamentaria- que mantuvieron con la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. “No nos metemos en sus internas. Pero ser parte de esta desconexión que quiere imponer el Ejecutivo es un delirio y no podemos intoxicar más el clima acá”, reflexionó una senadora dialoguista ante este medio.

Premios

Como se informó semanas atrás, la otrora kirchnerista Carolina Moisés (Convicción Federal) no sólo se quedó con el premio de la vicepresidencia de la Cámara: sumó un lugar en la siempre juguetona bicameral que controla los organismos de inteligencia, conocida por tener presupuesto reservado. Es lo único así en el Congreso. Al cristinismo le dejaron un solo lugar por el Senado y estallará de furia. Esto se activaría en 48 horas.

Moisés se colgó otra medalla: también aparece en la estratégica bicameral de Trámite Legislativo, que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde otros bloques ya hacen apuestas sobre “cuándo” se “volverá a dar vuelta”. Algo similar, en la Mixta Revisora de Cuentas, para su colega y siempre pícaro catamarqueño Guillermo Andrada, cuya botonera es direccionada sin chistar por el gobernador, Raúl Jalil. Apuestas de altísimo riesgo.

Mientras los ex kirchneristas obtienen cositas -la jujeña criticó la prisión de la ex presidenta cuando, en paralelo, ésta le destrozaba el PJ local, a favor de La Cámpora-, dialoguistas que no se movieron del cerco aliado esperan, por citar un caso, que el Ministerio de Economía confirme si los adelantos de coparticipación podrán ser devueltos no en cuatro meses, sino en ocho. Fue planteado por el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes) ante el propio Luis Caputo. Bajo esta rutina se convive en el Senado.

Lo que parece estar claro, sobre todo por Bullrich y lo del miércoles de Goerling Lara -fue astuto al hacerlo por X, el corazón de los mileístas-, más otros aliados que asoman la cabeza, es que la Cámara alta es hoy uno de los pocos terrenos donde se volvió a hacer política. Algo que olvidó hace muchísimo tiempo el kirchnerismo, que se autoproclama experto y no encuentra dos gotas de agua para cargar una discreta “pelopincho”. Ahora, la pelota pasa hacia la Casa Rosada. El resto mira desde muy lejos.

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LLA quiere sesionar en Diputados y superar la parálisis que provocó el caso Adorni: la agenda en carpeta

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El oficialismo busca mostrarse activo en la Cámara de Diputados para contrarrestar los movimientos de la oposición, que por estos días intenta conseguir los votos para avanzar con una interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mientras que la oposición ya convocó a una sesión el próximo jueves 14 de mayo, que será apenas un primer paso dado que deberá emplazar a las comisiones que controlan los libertarios para obligarlos a tratar los proyectos de interpelación, el oficialismo planea hacer lo propio el miércoles 20 con un temario que incluirá la adhesión Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) -en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos-, la denominada Ley Hojarasca y la reducción de subsidios por zonas frías.

Durante el último mes la actividad parlamentaria estuvo casi paralizada por el escándalo de Adorni. El jefe de Gabinete brindó su informe de gestión el miércoles pasado y allí aseguró que puede explicar su patrimonio y adelantó que brindará todos los detalles necesarios a la Justicia.

Los libertarios esperaban que su presentación en Diputados pusiera punto final a la discusión pero las recientes revelaciones de la Justicia, por ejemplo las refacciones por USD 245 mil que habría hecho en su casa del country Indio Cuá, le suministraron a la oposición el combustible necesario para mantener el tema en el centro de la agenda.

Hasta el momento sólo el proyecto de ley Hojarasca tiene dictamen de mayoría y está listo para ir al recinto. Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

Para llegar a un consenso, los libertarios decidieron dejar afuera del proyecto los puntos más resistidos por la oposición como la derogación de exenciones fiscales para cooperativas, la eliminación de la credencial de libre circulación para legisladores nacionales y los recortes del aporte estatal para la Federación Argentina de Municipios.

Por otro lado, fuentes oficiales adelantaron a Infobae que este martes intentarán llevarse el dictamen del Tratado de Patentes para dejar el proyecto listo para el recinto. Funcionarios del Ministerio de Desregulación irán a evacuar dudas de los aliados al plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General.

El Gobierno había intentado avanzar hace un mes con el Tratado de Patentes pero terminó suspendiendo una reunión de comisión por presión de los laboratorios. Este sector, con fuerte poder de lobby, reclamaba que se deje “en reserva” el capítulo 2 del tratado porque significa que una patente registrada tiene vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Actualmente, producir medicamentos genéricos o biosimilares permite reducir drásticamente los costos. Por otro lado, los laboratorios extranjeros plantean que sin protección de patentes no hay incentivo para investigar.

La diagonal para destrabar la negociación será efectivamente dejar en reserva el capítulo 2 pero este cambio extenderá el trámite legislativo, ya que el texto tendrá que volver a pasar por el Senado.

Por último, el Gobierno envió a Diputados un proyecto para modificar el régimen de zonas frías para reducir los subsidios al gas. A partir de la nueva iniciativa sólo mantendría la bonificación del 50% los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

En cambio, quedarán excluidas las zonas que se sumaron en 2022. Este cambio impactará en 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán. En estas localidades sólo podrán acceder al beneficio aquellos consumidores -se toma por medidor- que tengan como ingresos menos de tres canastas básicas.

El oficialismo deberá encarar una negociación complicada con aliados eventuales, como los gobernadores de Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que aprobarán aumentos de tarifas en sus territorios. La medida es especialmente antipática dado que está comenzando el invierno.

Si logra avanzar con la sesión del 20, el oficialismo no solo podrá retomar la iniciativa sino también mostrar a la oposición que tiene los votos para bloquear una eventual interpelación de Adorni.

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