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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El trimestre clave que mira Javier Milei para la economía y las amenazas internas en el Gobierno

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La consultora 1816 -probablemente, la más leída por el círculo rojo- publicó su último informe especial dedicado a la incesante suba de la mora en los créditos. Este dato creció por decimosexto mes consecutivo para el caso de las familias y llegó al 11,2%; un número marcadamente mayor al de las empresas, tan solo de 2,9%. “El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI y consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, indican. Con un mismo conjunto de datos, oficialismo y oposición hacen de la coyuntura actual dos narrativas diferentes.

En el Gobierno no niegan el monitoreo de la mora y reconocen que está creciendo a un ritmo preocupante, aunque marcan que no depende enteramente de ellos. Una fuente de acceso directo al despacho presidencial consultada por Infobae marcó que “los bancos se acostumbraron a vivir en connivencia con el Estado” y que “ahora que tienen que actuar de bancos, están prestando el dinero de manera poco inteligente”.

Es una lectura parecida que el presidente Javier Milei le convalidó a una persona que le consultó días atrás, a quien le recomendó un fragmento dicho por el economista Salvador Di Stefano en La Casa Streaming: “Los bancos pasaron a prestar del 4 % del PBI al 12 %. Si las empresas son más fiables que las familias, ¿por qué no les prestaste a ellas que generan más trabajo y después, a futuro, cuando se recompongan, les prestamos más a las familias?“. Ese razonamiento tuvo el sello de aprobación de la Quinta de Olivos.

La actividad y la dinámica de la economía son asuntos que se han consolidado en la agenda de los principales medios. Los estrategas comunicacionales de la Casa Rosada lo saben, aunque el que salió a hablar por decisión propia fue el mismo Milei. Marcó que los procesos de mejora “no avanzan a la misma velocidad para todos” y pidió paciencia: “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

La vuelta de la advertencia del “Riesgo Kuka” surge en una semana en la que surgieron “trascendidos” de diferentes proyectos presidenciales del centro hacia la derecha que estarían siendo impulsados por sectores políticos y empresarios. Uno de los más resonantes fue el del banquero Jorge Brito. El economista Carlos Melconian habló en público sobre su intención de lanzarse al plano nacional. El pastor evangelista Dante Gebel hizo su publicación más sugestiva en meses trabajando desde Europa con su equipo político, entre ellos el exfundador de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles.

Los dos líderes de esos primeros espacios son defenestrados por el propio Milei y su entorno, así como el armador político de Gebel. Ven con sospecha las noticias de estos proyectos presidenciales y las presiones para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea removido de su cargo. “Si logran voltear a un ministro, demostrarán su poder”, reposteó ayer Milei un tuit redactado por el diputado nacional Alejandro Fargosi. Ese marco es uno de los que hace que el Presidente y Karina Milei no se apresten a remover a Adorni de su cargo.

Al menos tres fuentes del círculo presidencial marcaron a Infobae que ven en este trimestre como el más determinante de cara a las elecciones del año próximo.

Es una prueba de fuego. Durante estos meses tienen que generarse las condiciones para una buena reactivación”, afirma uno de ellos, mencionando la sostenida compra de reservas que se espera hacia adelante, el tipo de cambio estable y la tasa de interés baja. De darse este escenario, creen que el optimismo podría crecer en agosto y septiembre. Parece faltar mucho recorrido para llegar a esa estación.

La preocupación principal entre varios integrantes que asisten a las reuniones de Gabinete es el funcionamiento de la política interna.

Adorni, en calidad de jefe de la administración del Estado, está disminuido en la consideración de varios libertarios de altísimo rango. En las primeras semanas de los escándalos judiciales y mediáticos, marcaban en el off the record que debía renunciar a su cargo o que el Presidente debía pedir su corrimiento. Ahora se encuentran ante la incómoda situación de que sigue ratificado tanto por Javier como Karina Milei, las dos personas más importantes del Ejecutivo.

“Me operó a más no poder y ahora me pide que esté presente en las reuniones”, dice, resignada, una persona que figuró el lunes en la reunión de Gabinete en Casa Rosada. No es el único caso.

Ante los rumores de posibles desplazamientos, en boca de los funcionarios libertarios hubo dos nombres de ministros que surgieron como los más probables para entrar en su lugar. A uno de ellos se le notó espantado con esa posibilidad: “Es una picadora de carne ese lugar. Si me obligan lo tendré que hacer, pero no me gustaría para nada”. Infobae escuchó la misma opinión de otras dos figuras del Gobierno que habían sido mencionadas durante los días en los que se mencionaban presuntos candidatos para reemplazarlo.

Si a la gran cúpula del Ejecutivo le parece una suerte de cargo de altísimo voltaje, ¿por qué Adorni no podría continuar en el cargo, con la posibilidad de tratar de recuperar su imagen perdida de cara al año próximo? Es una decisión que Milei está dispuesto a tomar. Por lo pronto, Adorni viajará esta semana con Karina a Vaca Muerta y cuando Milei se vaya a Israel en una semana buscará comunicar que dejará al jefe de Gabinete en el país para que se haga cargo de la administración libertaria. Eso sí, cerca de Milei ya dicen que en las próximas semanas, “el vocero de la gestión va a ser el Presidente”.

La pregunta que se hacen en más de un despacho del Gobierno es cuánto más está dispuesto a avanzar el tándem del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Nos están dando una señal, porque no es normal un avance así de rápido. Tampoco nos sorprende”, afirman fuentes judiciales del Ejecutivo. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no gustó en algunos sectores de Comodoro Py porque consideraban un hecho que allí iba a desembarcar Guillermo Montenegro, de estrechísimo vínculo con Lijo.

El karinismo mira con atención esta cuestión porque en los tribunales federales de la Capital Federal también se halla la Causa Libra. Casualidad o no, la esposa del juez que lleva ese expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, fue elegida por Mahiques para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Hubo gestos a otros importantes miembros de la familia judicial. Si los cálculos de los operadores judiciales libertarios no fallan, la avanzada de un sector de la Justicia Federal podría mermar con el pasar de los meses. “Aun así, no hay ser humano que pueda asegurar impunidad en Comodoro Py. Es un organismo vivo con sus propias lógicas y cada cual juega su juego”, avisa una fuente judicial ligada al Gobierno.

Hay 14 pliegos que interesan mucho en el Gobierno y que están en manos de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura. Cuatro juzgados, cuatro vacantes en Casación y seis lugares en el Tribunal Oral Federal. Ninguno de estos procesos se verá modificado por el proyecto que impulsan los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que su propia iniciativa para modificar el esquema de selección de los magistrados fue presentada con posterioridad.

Los dos cortesanos habían pedido que su propio proyecto fuera aprobado “a libro cerrado”. Aquello no convencía al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que pese a no integrar la Comisión de Selección, fue el jueves a una reunión para calmar a algunos consejeros que amenazaban con voltear la iniciativa de la Corte y, además, proponer que los contratos del Poder Judicial pasara a ser determinado por el Consejo.

Uno de los que tomó la palabra en ese encuentro fue el representante del Poder Ejecutivo, el secretario de Justicia, Santiago Viola, que dijo que no había motivo para tratar de manera apresurada esa cuestión. El jueves a las 12.30 horas tiene agendado un encuentro tanto con Rosenkrantz como Lorenzetti. Seguramente allí les diga que el reglamento que proponen necesita modificaciones y que hacer algo a libro cerrado no tiene posibilidades reales, como ya se lo ha adelantado a su círculo íntimo.

La nueva mesa judicial que responde de manera directa a Karina Milei vio con atención una reunión que mantuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; y el juez federal Mariano Borinsky en el despacho que el asesor presidencial tiene en el primer piso de la Casa Rosada.

Uno de los presentes marcó que se habló sobre la modificación integral del Código Penal que el magistrado había liderado en su redacción con una mesa de especialistas. Mahiques, en tanto, optó por dividir la reforma en dos: una más pequeña que se trate en las próximas semanas con algunas tipificaciones y otra más amplia que termine de implementar cambios más abarcativos. “Corremos el riesgo de que la implementación sea incorrecta y se arribe a algo parecido a lo que ocurrió con la Ley Blumberg”, afirmó una fuente a Infobae. Otra altísima fuente desmintió que esto haya sido tema de conversación.

¿Está la intención de ciertos sectores del Gobierno de promocionar a figuras encumbradas de la Justicia para la Corte Suprema y la Procuración General? Es una de las consultas que se hacían en el entorno de la hermana, que recuerdan las visitas de Montenegro por la Casa Rosada cuando se lo mencionaba como un probable postulante para el Ministerio de Justicia. En el entorno de Santiago Caputo afirmaron que la voluntad del Presidente era clara: “No se van a negociar cargos judiciales que impliquen dos tercios de la Cámara”. Es decir, los dos cortesanos y el Procurador.

La política judicial sirve para traspolar cómo funciona la interna entre karinistas y caputistas sobre otras decisiones del Gobierno. Esto preocupa sobremanera a otros integrantes del Gobierno que no pertenecen explícitamente a ninguno de los dos bandos. “Es algo que le quita inercia a la gestión y se perpetúa”, afirma un responsable de una cartera ministerial. Que se haya agregado la situación del jefe de Gabinete tampoco ayuda a que se asiente una dinámica que deje a todos cómodos.

Aun así, habrá que estar atentos. Hay una fuente de cercanía absoluta con el Presidente que augura que uno de sus pares “va camino al degüello”. Si es cierto, se tratará de una novedad total en el Gobierno. Caso contrario, una nueva señal de que el oficialismo convive con un clima imposible que nadie estuvo dispuesto a solucionar. Ni siquiera con números de aprobación de la gestión que se encuentran en niveles históricamente bajos.

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Mientras avanzan con los pliegos judiciales, el Senado estableció el calendario para las próximas sesiones

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En paralelo a las audiencias públicas para avanzar con los más que demorados pliegos judiciales que empezó a enviar -por secciones- el Ejecutivo, el oficialismo senatorial ya armó un esquema provisorio junto a dialoguistas para volver al recinto, en principio, el 29-30 de abril y el 13-14 de mayo próximo.

La Cámara alta “trabajó” el jueves pasado. Allí, en una sesión de escaso vuelo y algunos discursos para el olvido, el pleno activó a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. También se aprobaron ascensos de los jefes de las tres fuerzas militares y, sobre todo, ingresó un lote de más de 70 pliegos judiciales.

Este paso es clave para que las designaciones en cuestión tomen estado parlamentario y, de esa manera, sean giradas a la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Allí, La Libertad Avanza (LLA) fileteó al kirchnerismo y le dejó, de 17 lugares, tres.

La bancada cristinista, que lidera el formoseño José Mayans, volvió a tener que contener días atrás a algunos integrantes que ya repiten su incomodidad por no “laburar” y ni siquiera ubicar, en agenda, iniciativas sin demasiado conflicto. Ni hablar de las bicamerales, con nombres de oficialistas y dialoguistas que acrecentarán, sin dudas, la puja entre peronistas y libertarios, como contó Infobae.

Si bien no se descartan otras reuniones en las próximas horas, hasta el fin de semana, la única en pie y oficial es la de Acuerdos, por un único tema: la propuesta de la Casa Rosada para que Carlos Mahiques continúe, por cinco años, en la Cámara Federal de Casación Penal. Esto ocurre debido a que el juez está a meses de cumplir los 75 años. Es el límite para jubilarse, excepto que el Ejecutivo pida una extensión por el plazo mencionado.

El magistrado es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Como los legisladores pueden participar de cualquier comisión, por más que no formen parte de ella, se aguardan fuertes cruces con el kirchnerismo. Y será un buen termómetro para saber si Pagotto, el “amigo” de casi todo el Senado -según su visión-, merece su sitial en Acuerdos, que es estratégico.

La postulación de Mahiques -padre- había tomado estado parlamentario en la penúltima sesión, y por ello el proceso de avales e impugnaciones que corrió desde hace varios días. En tanto, para los que aterrizaron el jueves pasado en el recinto, se tendrá que esperar casi al cierre del corriente mes. Y seguirá en mayo.

Junto a ello, LLA dejó prefijado el 29-4, por un lado, para dar luz verde a Mahiques, si es que consigue el dictamen en Acuerdos. En segundo término, aparece el despacho -exprés- rubricado días atrás sobre falsas denuncias, la gran manía de la radical Carolina Losada (Santa Fe). En Diputados no parece ser prioridad -por ahora-, ni siquiera, para la propia UCR. Allí perciben a su colega legisladora como “demasiado” teñida de violeta, en referencia al color partidario del oficialismo.

Sí se espera, para la corriente semana, que se reactive el análisis del texto que blindaría la propiedad privada. Lo empuja la Casa Rosada y, en particular, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya asistió al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ambas son presididas por oficialistas.

La primera es liderada por Agustín Coto (Tierra del Fuego); la segunda, por Nadia Márquez (Neuquén). El libertario intentó no pelearse con cristinistas y hasta se preocupó por repetir, en un puñado de ocasiones, que ese día no dictaminarían. En cambio, su compañera pastora, cuando quedó a cargo de manera parcial -por algunos minutos-, lo hizo sin titubear y no ofreció gestos extra a quienes denostan sin cesar a sus jefes, Javier y Karina Milei. Como el texto aún presenta dudas, quizá quede en línea para la sesión de mayo. O no, si el despacho logra rápido las firmas.

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Manuel Adorni volverá a reunir a la mesa política en una semana clave para la causa por presunto enriquecimiento

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En una semana en la que podrían surgir novedades en torno a las denuncias en su contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará participando de actividades oficiales, aparecerá públicamente y volverá a ponerse al frente del armado de la estrategia parlamentaria del Gobierno, que ya tiene definidas las próximas reformas que buscará aprobar en el Congreso.

Este lunes, a partir de las 9:00, comenzarán a declarar como testigo las dos mujeres que le prestaron 100 mil dólares al funcionario bajo juramento de decir la verdad y con el compromiso de entregar toda la documentación que pudiera ser relevante, tal como anticipó Infobae.

Se trata de Graciela Molina, comisario retirada de la Policía Federal, y su hija, Victoria Cancio, que actualmente es miembro de esa misma fuerza de seguridad, a quienes el ministro coordinador conoció a través de su escribana, Adriana Nechevenko.

En el círculo íntimo de Adorni remarcan que “todavía ni siquiera está imputado” en la causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, que llevan adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, por lo que niegan que vaya a renunciar, porque “siempre tiene que regir el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario”.

Sin embargo, el otrora vocero de esta gestión se muestra poco desde que se generó la polémica alrededor de sus propiedades y viajes al exterior, y todavía no tiene definido si va a asistir al tradicional foro de negocios de AmCham Summit.

En las últimas horas, el presidente Javier Milei les confirmó a los organizadores del evento que va a dar el discurso de cierre, que será escuchado por cientos de inversores y empresarios de distintos rubros.

Ese mismo día, un poco antes de que tome la palabra, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación correspondiente a marzo, por lo que se espera que el mandatario vuelva a defender el rumbo de su administración.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, remarcó que “los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos” y pidió “paciencia” para aquellos sectores que todavía no fueron alcanzados.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, señaló.

Entre los oradores están, por ejemplo, representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal Río Tinto Lithium, entre otras.

Asimismo, habrá varios integrantes del Poder Ejecutivo y referentes de La Libertad Avanza, como los ministros de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; del Interior, Diego Santilli, y de Salud, Mario Lugones; y los jefes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich.

Luego de la victoria que consiguieron la semana pasada con la modificación de la Ley de Glaciares, las autoridades nacionales intentan continuar en esa línea y sancionar otras reformas que tienen el carpeta.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes al tanto de las conversaciones, el objetivo en el corto plazo es conseguir los votos para tratar el 22 de abril los proyectos de Hojarasca y de adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

La primera iniciativa busca derogar cerca de 70 normas que siguen vigentes, pero que se consideran obsoletas, mientras que la segunda es una medida que se viene discutiendo desde 1998, cuando tuvo media sanción del Senado, aunque nunca terminó de aprobarse.

Ahora, el país se comprometió a adherirse a ese régimen antes de que termine el mes. Así se comprometió cuando firmó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, por lo que pasó a ser la prioridad.

Una vez que finalicen las negociaciones en Diputados, la actividad pasará por la Cámara alta, donde el Gobierno pretende avanzar con el paquete de propuestas vinculadas a la propiedad privada y el enduecimiento de las penas por falsas denuncias, aunque para el tratamiento de estos textos todavía no hay fecha exacta.

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