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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Senado: libertarios destraban leyes y alivian la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias

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Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.

Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.

Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.

Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.

El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.

La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.

El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano– para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.

La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.

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En los últimos tres años se redujo la cantidad de extranjeros radicados en nuestro país

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En los últimos tres años se redujo el número de extranjeros que eligieron nuestro país para radicarse y más de 100.000 extranjeros ya no viven en Argentina. Así surge del análisis que hizo Infobae de los datos abiertos del Gobierno nacional, sobre la base del RENAPER.

Ese descenso en la población de otras nacionalidades se registró en 21 de los 24 distritos del país.

En 2024, los extranjeros residentes eran 2.470.453; el año pasado 2.349.816; y este año 2.367.573, lo que implica 102.880 extranjeros menos que hace dos años.

De qué nacionalidad son

El 30% de esos no nativos que viven hoy en Argentina son ciudadanos nacidos en Paraguay (711.219). Le sigue un 23% oriundos de Bolivia (551.881); casi un 9% nacidos en Perú (207.399); 8% en Venezuela (197.692) y 7% en Chile (171.176); 4,5% de Uruguay (106.067); 3% de Brasil (67.239); 2,7% de Italia (64.161), y 2,4% de Colombia (57.769).

Género y edad

Con datos a junio de este año, informados por el RENAPER, más de la mitad de los residentes (53%) son mujeres y el resto, varones. Hay 51 extranjeros identificados como no binarios.

En cuanto a la edad, el 31% del total tiene entre 30 y 44 años de edad, y el 22% entre 45 y 59 años. Los jóvenes extranjeros menores de 20 años residentes en el país son solo el 6%, y los que tienen entre 20 y 30, el 13%.

Del total de no nativos residentes, el 70% vive en el AMBA (1.658.480) y el 30% en el resto del país (709.093).

La provincia con mayor cantidad de extranjeros en números absolutos es Buenos Aires con 1.169.721, el 7% de su población.

Le sigue la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 596.763 no nativos residentes (el 19 %). A continuación, se ubican Córdoba con 77.129 (2%) y Mendoza con 76.578 extranjeros residentes (4% de la población del distrito).

Al analizar la variación de residentes nacidos en otros países por provincia, en 21 distritos hubo una baja en 2026 con relación a 2024. La excepción fue Neuquén, por el atractivo económico de Vaca Muerta, donde se radicaron 542 extranjeros, una suba del 1,17% respecto de dos años atrás.

Las otras dos provincias registraron un incremento, aunque muy leve, son Tucumán, con 30 extranjeros más (0,3%) y Catamarca, con 17 que eligieron esa provincia para vivir (0,8%).

Los distritos que más perdieron población residente extranjera en los últimos dos años en porcentaje son San Juan (-13%); CABA y La Rioja (-8%); Chaco (-7%), y Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego (todas -6%). Pero en números absolutos, lideran esa baja la Ciudad de Buenos Aires con 48.885 extranjeros menos viviendo en el distrito capital, y la provincia de Buenos Aires, con 36.056 (-3%).

Los que se van del país

Infobae consultó a Migraciones y a Cancillería para acceder al número de argentinos que se fueron del país, desde 2023, para radicarse en el exterior. En ambos organismos respondieron no tener esa información actualizada.

En el área de Migraciones dijeron que no registraban el motivo de salida del país.

Sin embargo, tras revisar los informes escritos de los jefes de Gabinete enviados al Congreso desde 2024, Infobae encontró que fue una pregunta que se repitió por parte de diputados y senadores.

Así, por ejemplo, en el Informe 139 del 15 de mayo de 2024, Nicolás Posse respondió que, de acuerdo a la definición de migrante que brinda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “debería considerarse emigrado aquél que ha egresado del país y no ha regresado en un período mínimo de un año, sin importar si ha establecido o no su residencia en otro país, puesto que en esta categoría se contabilizan tanto aquellos en situación migratoria regular como irregular”.

Pero advirtió que “para conocer entonces el número de emigrados desde organismos de Argentina sería necesario que la autoridad migratoria pudiera cruzar datos de egreso con datos de ingreso para cada persona y/o que el registro en la matrícula consular tenga carácter obligatorio. Ninguna de estas dos situaciones se verifica”.

No obstante, señaló que “a partir de la relación que los consulados tienen con las autoridades de los países donde tienen sede, se puede estimar cuántos argentinos se radicaron en un determinado país, pero no conocer cuántos se encuentran residiendo en situación migratoria irregular.” Si bien, aclaró que “éstas no dejan de ser estimaciones”.

También agregó que “por su parte, los consulados argentinos, a partir de diversos datos registrados en el marco de sus competencias específicas, realizan estimaciones anuales de, entre otros parámetros, ciudadanos argentinos residentes en la jurisdicción. Esta información, al nutrirse de distintas fuentes, tanto registrales como informales, es estimada”. Sin embargo, desde el área de Relaciones Exteriores actual, no brindaron esta información actualizada.

Al mismo tiempo, precisó que “la Cancillería trabaja con el padrón electoral de ciudadanos argentinos residentes en el exterior, cuyos datos son provistos por la Cámara Nacional Electoral”.

En su respuesta, la estimación de argentinos viviendo en el exterior ascendía a 967.000, con datos del 2023. El principal destino era España (510.000), seguido de Estados Unidos (240.000) e Italia (170.000).

En el Informe 141 del 27 de noviembre de 2024 que envió su sucesor Guillermo Francos, la estimación brindada por escrito, tras hacer las mismas observaciones respecto de la dificultad de tener un número preciso, ascendía a 1.803.000 ciudadanos argentinos residiendo en el exterior en 2023. En su respuesta, los veinte principales países con mayor cantidad de coterráneos residentes en el exterior eran: España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Israel, México, Alemania, Bolivia, Canadá, Australia, Reino Unido, Perú, Francia, Suiza, Venezuela, Colombia y Ecuador.

En el Informe nro. 145 que Manuel Adorni envió al Congreso, el 29 de abril de este año como jefe de Gabinete, detalló que, de acuerdo al padrón electoral de ciudadanos residentes en el exterior elaborado por la Cámara Nacional Electoral, sumaban 490.726 los electores fuera del país. Aunque aclaró que ese número solo incluye a connacionales que tienen más de 16 años y que han registrado en sus respectivos DNI su domicilio en el exterior. “Sin perjuicio de lo anterior, sobre la base de diversos datos originados en distintas fuentes, por ejemplo, registros consulares, los consulados argentinos estiman que residen en el exterior alrededor de 2.165.000 argentinos”.

Si se toma este número informado en 2026, y se confronta con los 1.803.000 informados en 2023, la diferencia es de 363.000 argentinos que se fueron para radicarse en el exterior.

No obstante, en el mismo informe, Adorni admitió que no tienen el dato preciso. Así surge de lo contestado en la pregunta 1097 referida “a cuántas personas argentinas emigraron fuera de la Argentina en los últimos años y cuántas personas han retornado?”. La respuesta de Adorni fue: “El Ministerio de Seguridad Nacional informa que la Dirección Nacional de Migraciones registra los datos de los egresos e ingresos de argentinos al país pero sin discriminar el motivo, por lo tanto, no es posible dar una cifra al respecto”.

Movimientos migratorios

De acuerdo a los datos oficiales correspondientes a 2024, los últimos disponibles brindados a Infobae, los movimientos migratorios – que incluyen entradas y salidas del territorio argentino, tanto por vía terrestre, aérea como marítima-, se redujeron ese año respecto de 2023. Pasaron de 73,6 millones a 69,5 millones en total en el año.

Si se analizan las entradas y salidas, en 2024 fueron casi las mismas: 34,8 millones las primeras y 34,6 millones las segundas. Estos movimientos pueden incluir más de una salida o entrada de una misma persona.

En 2023 se registraron 37,1 millones de entradas al país y 36,5 millones de salidas por los aeropuertos con destinos internacionales y los distintos pasos fronterizos.

El 74% de las salidas y entradas al país se producen por pasos terrestres; el 17% por aeropuertos como el de Ezeiza, Aeroparque, San Fernando, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, Rosario y Salta; y el 8% por vía marítima a través de 42 puertos del país.

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El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del papa León XIV

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El Gobierno declaró feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV, en el marco de una gira apostólica que se extenderá del 8 al 11 de ese mes en el territorio nacional y abarcará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, también establece días no laborables diferenciados para Córdoba y la provincia de Buenos Aires el 10 y el 11, respectivamente.

De acuerdo con lo dispuesto, el lunes, fecha en la que se realizará la multitudinaria misa en Palermo, será feriado en todo el territorio nacional. El martes 10 regirá únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será no laborable exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. El instrumento invoca razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito, y señala que la magnitud de los eventos previstos haría imposible compatibilizarlos con una jornada hábil.

A su vez, se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para planificar, articular y conducir todas las acciones necesarias. La unidad estará encabezada por un funcionario con rango de secretario, con carácter ad honorem, y tendrá vigencia de hasta doce meses.

Así quedó la agenda del papa León XIV

León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.

El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.

A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.

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