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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El Senado debatirá pliegos militares y la designación de la ex legisladora Crexell como embajadora en Canadá

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La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), analizará este jueves un ramillete de ascensos militares, entre los cuales se encuentran los principales jefes de las tres fuerzas, y el pliego que propone la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.

Sobre el último caso, la oposición kirchnerista busca pegar a Crexell -desde hace largos meses- a un supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024. De hecho, hubo una denuncia que ya fue descartada por la justicia, por lo que el camino para firmar un dictamen y avanzar con este asunto estaría liberado, siempre que haya anuencia entre oficialismo y dialoguistas.

La resistencia del kirchnerismo con Crexell viene de otras épocas, ya que la exsenadora estuvo 12 años en la Cámara alta y, a diferencia del cristinismo, incomodó a diferentes gobiernos. De hecho, una de las opiniones más formadas sobre el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los vicios de las diferentes administraciones fue estudiado al detalle por Crexell, quien se opuso a la norma 70/23. Recién meses después ocurrió lo de la ley Bases. Los olvidos, casi siempre, son selectivos.

Según la perspectiva de la principal bancada opositora y, como ejemplo, dicho bloque tendría que haber denunciado también a todos los legisladores y “compañeros” que votaron la reforma judicial de la era de Alberto Fernández -se aprobó en el Senado cristinista y quedó noqueada en Diputados-, con una escandalosa creación de decenas de juzgados por todo el país para sumar adhesiones en pleno recinto y a la vista de todos. La miembro informante de ese papelón fue la ultra K María de los Ángeles Sacnun, quien sonó como una eventual candidata de dicho espacio nada menos que para la Corte Suprema.

En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”, razones por las cuales, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.

Militares

Durante la reunión de Acuerdos también se analizarán las propuestas para promover al grado inmediato superior, con fecha 15 de diciembre de 2025, al general de división Oscar Santiago Zarich. Es quien reemplazó como jefe del Ejército al actual ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.

Las otras subas de jerarcas apuntan al de la Armada, Juan Carlos Romay, y al del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Ambos son vicealmirantes. Además de esto, aparecen expedientes más que demorados de fines de 2021 y 2022.

Premio consuelo

Tras aterrizar hace menos de cuatro meses con llamativas ganas de sumar espacios y poder y, tras quedarse sin presidencia provisional de la Cámara alta, el libertario fueguino Agustín Coto asumiría esta tarde como presidente de la importante comisión de Asuntos Constitucionales. El convite para votar autoridades será media hora antes de Acuerdos, es decir, a las 14.

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Milei y más de medio gabinete se movieron para cerrar el caso Adorni, pero lo potencian y el foco incluye al Congreso

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Después de una temporada silenciosa y a la vez expresiva del fuerte impacto de su caso en el Gobierno, Manuel Adorni regresó a los micrófonos con una atípica conferencia de prensa. Fue acompañado por más de medio gabinete, recibió respaldo presidencial por X y sumó un nuevo apoyo público de Karina Milei, además de la asistencia de Santiago Caputo, como gesto para desandar o postergar un poco la interna. El jefe de Gabinete formalizó la fecha de su debut ante el Congreso -será el 29 de abril- y la información fue seguida por otro anuncio, inusual: Javier Milei tuiteó que acompañará a su funcionario en el Senado. Una novedad absoluta que, de hecho, potencia políticamente el caso.

Desde el Gobierno, habían trascendido en los últimos días versiones encontradas sobre la reacción frente al caso Adorni, es decir, diferentes especulaciones sobre costos de sostenerlo o no en el cargo. La movida de la primera línea violeta expone la necesidad de respaldarlo y al mismo tiempo, bajar el tema. No es sencillo, en un cuadro marcado además por los trazos del criptogate. En todo caso, nada parece posible sin dar batalla.

Por eso mismo, es un dato significativo que Milei le agregara condimento fuerte a la ahora confirmada presentación de Adorni en el Congreso. De todos modos, no generó lectura lineal en medios legislativos, por varias razones. En primer lugar, porque, se trataría de un hecho fuera de registro, que los senadores analizan ahora. Además, porque si la apuesta es a borrar este renglón de la “agenda pública”, se aseguraría una nueva entrega en cinco semanas. “No me lo pierdo. Ahí estaré”, fue el mensaje presidencial.

Estuvo lejos de ser una señal aislada. Fue parte de una entrega más amplia. Buscó reforzar la imagen de dureza para el combate, algo que a su manera mostró también el jefe de Gabinete. Con inocultable nerviosismo, en el segundo tramo de la conferencia de prensa retomó el tono descalificante frente a las preguntas, que rechazó sin aclarar temas, salvo uno, a medias: confirmó que se mudó al barrio porteño de Caballito.

El funcionario no explicó si alquila o es propietario reciente de ese departamento, como todo lo indica. Y más bien, apuntó a dejar abierta la discusión sobre si corresponde que lo haga recién en la nueva declaración jurada. El tema, por supuesto, es el impacto social de las novedades que se suman como en una serie. Resultó débil, de mínima y no sólo en términos legales, el argumento según el cual no daba explicaciones porque algunas cuestiones, como el de los pasajes a Punta del Este, ya están instaladas en el terreno judicial.

Adorni dedicó unos veinte minutos a exponer temas de gobierno y, en ese tramo, reiteró que será enviado al Congreso una decena de proyectos, que en buena medida ya habían sido anunciados. Por ahora, títulos. Fuentes legislativas dicen que ni siquiera los bloques violetas o aliados saben qué temas serían impulsados primero, los ritmos pretendidos para tratarlos y el momento de reabrir seriamente las negociaciones con otros espacios y con gobernadores.

Antes que eso, asoma el nuncio oficial sobre la fecha del informe de gestión, que sería el primero de Adorni. En rigor, hasta ahora estaba claro que el oficialismo eludía marzo, lo cual suponía apostar a cierta declinación mediática de los casos que impactan en el Gobierno -el del jefe de Gabinete y $LIBRA-, antes de enfrentar este paso. La referida conferencia de prensa y el mensaje presidencial indicarían menos expectativa sobre el paso del tiempo como remedio para mejorar el cuadro. Adorni anudó respuestas destempladas con el reiterado giro defensivo que intenta colocar al Gobierno como blanco de “operaciones” u “operetas”, organizadas por medios y políticos opositores.

El implícito del mensaje de Milei es que Adorni estaría recompuesto y eso anticiparía una fuerte batalla con legisladores. Se verá el grado de intensidad cuando llegue el 29 de abril. Podría ser un punto culminante del caso o podría reponerlo si antes baja de intensidad. Y al menos en parte, influirá el clima extendido en el Congreso.

La foto del momento mostró a Adorni acompañado por cinco de los nueve ministros: Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno y Mario Lugones. Karina Milei, que no asistió -estuvo, sí, Martín Menem-, se encargó de difundir un mensaje claro: “Mi apoyo, intacto”. Santiago Caputo hizo su aporte. La situación de Adorni estaría frenando la interna mayor, marcada por la ofensiva de la funcionaria y hermana del Presidente con foco en la SIDE y ARCA.

Precisamente esa especie de tregua, cuyo alcance y duración genera dudas incluso en filas de LLA, expondría el nivel de impacto provocado por la sucesión de episodios que arrancó con la inclusión de la esposa del jefe de Gabinete en el vuelo a Nueva York, hace un par de semanas. La idea de motorizar una intensa actividad en el Congreso, para dejar fuera de agenda el caso Adorni, resulta desdibujada, insuficiente y de momento, imprecisa.

El Gobierno reiteró la intención de avanzar con una serie de reformas y otros proyectos. La mayor precisión fue acerca de una primera tanda de pliegos de jueces y fiscales, que sumarían 60 sobre más de trescientas vacantes. Tarea para Patricia Bullrich en el Senado, que demandará acuerdo con socios y aliados de la Cámara, y conversaciones con jefes provinciales. Esto último, trabajo para Diego Santilli, que viene sondeando a gobernadores.

Las tratativas con las provincias siempre son dominadas por números sobre fondos. Ahora, en un momento delicado. La baja de la recaudación repercute naturalmente en la relación con los gobernadores: disminuye la coparticipación y afecta también el manejo de fondos discrecionales. El último reparto de ATN no resuelve las necesidades de cada distrito. Y se suma la caída de ingresos por impuestos locales.

Están claras las necesidades de las provincias. Y el oficialismo aún debe precisar el temario. El caso Adorni agrega un elemento fuera de cálculo.

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El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada y evalúa alternativas

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En medio de semanas complejas, el gobierno nacional ordenó retirar la replica del histórico cuadro del expresidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón ubicada en la antesala al Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Según supo Infobae de fuentes oficiales, la decisión de descolgar la obra responde a un pedido de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que determinó además el retiro del ploteo del glaciar Perito Moreno exhibido en la pared frontal del mismo pasillo ubicado en el ala del noreste del primer piso.

El argumento formal para el desmontado de las copías de las obras de Helmut Ditsch y de Numa Ayrinhac gira en torno a la detección de fallas en la estructura para su exhibición. Además, en la administración libertaria alegan que la exposición a cambios de temperatura producto de los aires acondicionados del pasillo podrían “afectar” la estética de las piezas.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, se sinceró un funcionario ante este medio. El retrato de la familia Perón es una copia del original en óleo sobre tela de 220 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho de 1948 que se encuentra exhibido en el Museo de Casa Rosada. Se trata de la última obra del autor que sobrevivió a la destrucción de la simbología peronista en el marco del proceso de “desperonización” tras el golpe de Estado de 1955 y que refleja al Primer Mandatario, con la banda y sonriente, acompañado por “Evita”.

Ante la desnudez de las paredes, la administración libertaria evalúa una serie de alternativas para reemplazar las piezas. En lugar del retrato del exmandatario y la primera dama, en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de enmarcar una lámina de algún procer argentino, entre los que destacan Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. Sin embargo, la figura que más se impone por estas horas es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el ídolo popular Lionel Messi.

Con intención de canjear paisaje por paisaje, en el Poder Ejecutivo meditan la chance de replicar una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino, lindantes con Brasil. La explicación a la elección la vinculan a la proximidad del espacio vacío con el despacho del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones.

A finales de febrero, Helmut Ditsch, el autor de la obra “El hielo y la eternidad transitoria, la más valuada en la historia del arte argentino, se pronunció en contra de las modificaciones a la Ley de Glaciares, una de las claves del Poder Ejecutivo para el año legislativo 2026, y pidió que legisladores y funcionarios “estén a la altura de las circunstancia”. “La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de un decisión crucial“, argumentó el argentino en la carta abierta que publicó en El Destape.

Con intención de respetar la “historicidad y coherencia del espacio”, las copias removidas fueron preservadas en el Museo de Bicentenario de Casa Rosada a la espera de un proceso de preservación. Algo similar ocurrió con la pieza original del francés, el pintor oficial de la familia Perón, que en 2020, luego de la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, el equipo de Conservación Restauración de Patrimonio Cultural sometió a una serie de estudios preliminares de laboratorio y fotografía para avanzar con su restauración.

Con la quita del cuadro, el Ejecutivo suma una nueva acción a la tendencia que inició el Ministerio de Capital Humano, que tiene a Sandra Pettovello al frente, en 2024 luego de que ordenara un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” que implicó la quita afiches, fotos y bustos de la figura de Eva Perón y del expresidente Néstor Kirchner de las dependencias de ANSES.

La lógica fue replicada en febrero de 2025 con la quita de la gigantografía ubicada en el patio de la exESMA en la que se observaba al expresidente Kirchner aquella jornada del 24 de marzo de 2004, cuando resolvió bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. La determinación fue adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada en aquel entonces por Alberto Baños.

El accionar forma parte de un nuevo capítulo de la batalla cultural que encarna Javier Milei, quien se define profundamente crítico de la gestión de Néstor Cristina Kirchner, pero que replican además sus funcionarios, legisladores, referentes y exponentes en redes sociales. “Me encataría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, metaforizó el mandatario en una síntesis de sus deseos por dejar atrás el populismo y todo lo que representa.

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