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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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A pesar de la baja en el humor social, el Gobierno cree que la marcha universitaria no afecta su imagen

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Después de la mesa política que se realizó ayer por la tarde en la Casa Rosada, testigos de lo conversado aseguraron, con seguridad, que en ningún momento se había mencionado la marcha universitaria. Otros, que el asunto que copó la agenda política del día había sudi tocado “muy por encima” entre los máximos funcionarios de Javier Milei.

“Es que todavía estaba ocurriendo”, dijo, con cierto tono irónico, un funcionario sobre el mítin liderado por Karina Milei y Manuel Adorni, con los primos Martín y Lule Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich. Después, otro señaló que en la Plaza de Mayo y alrededores la Policía Federal había registrado el irrisorio número de 135.000 personas. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) contaban cerca de 1 millón y medio, una cifra más creíble que la oficial al menos para cualquiera que mirase las imágenes de la plaza consideraría.

La estrategia del Gobierno para enfrentar la cuarta marcha universitaria contra la gestión presupuestaria educativa de Milei osciló, nuevamente, entre el ninguneo y la crítica. Ratificaron, como desde hace dos años, que consideran que las protestas por los fondos para la educación superior son “políticas”, o sea, partidarias. Y en ningún momento reconocieron, ni en público ni en privado, que las imágenes de los drones sobrevolaron el centro porteño atestado de manifestantes puedan perjudicar la imagen del Presidente.

El Gobierno sigue parado en la autopercepción de 2024, cuando la primera gran manifestación por el financiamiento universitario amenazó con complicar pero finalmente no hizo mella en la imagen de los libertarios. Esto aunque el momento político del Gobierno haya cambiado, desde entonces, hacia un grado de mayor fragilidad, especialmente con la merma o empeoramiento de la percepción pública que quedaron en evidencia en las últimas encuestas sobre el impacto del caso Adorni.

Así, a pesar de la caída en la imagen de la administración nacional incluso entre los propios votantes, las reacciones oficiales fueron tan verborrágicas como agresivas.

Empezaron con un comunicado para recordar que la ley de presupuesto universitario no está vigente por decisión de la Justicia. Siguieron con un anuncio formal de la ministra del área, Sandra Pettovello, sobre el lanzamiento de una plataforma virtual para “conocer la realidad de cada una de las universidades nacionales con datos actualizados y fehacientes”, en línea con las acusaciones de corrupción y desvío de fondos contra los comandos de las universidades. Y continuaron con un video explicativo del principal espadachín mediático de la política educativa del Gobierno, Alejandro Álvarez, que todos los alfiles de Santiago Caputo se encargaron de difundir meticulosamente en las redes.

Terminaron por la noche, cuando la protesta se desarmaba. También en las redes, con una especie de afiche al estilo de las promociones de las películas. El simple, directo título presentaba a “Los promotores de esta marcha política opositora” y a continuación mostraba los bustos de los protagonistas acusados: Sergio Massa, Axel Kicillof y Juan Grabois; los “zurdos” Myriam Bregman y Nicolás del Caño; Martín Lousteau, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta.

Es cierto que la manifestación tuvo el respaldo de esos dirigentes, y que varios se sumaron para apropiarse de la consigna. Pero hubo menos figuras opositoras in situ que en otras ocasionesY bastaba con prestar atención a las coberturas periodísticas, en la ciudad como en el interior para percibir, en los testimonios de los asistentes, que abundaban los “autoconvocados” en contraste con los militantes partidarios o sindicales.

Con todo, en las sedes del Gobierno al caer la tarde de ayer se mostraban despreocupados. Están seguros, decían, que la mejora en la economía que prometió Toto Caputo para después de junio -y durante los meses que le quedan a Milei de mandato- será suficiente para revertir la caída de la opinión pública.

En realidad, los interesaban mucho más otros temas, como las intrigas palaciegas por la designación al frente de la Comisión de Inteligencia del alfil karinista Sebastián Pareja, enfrentado a Santiago Caputo. El asesor de Milei, sugestivamente, decidió faltar a la reunión de la mesa política donde se definieron las prioridades legislativas del año y no se habló de la marcha universitaria. En la Casa Rosada aseguraron que fue con aviso. Y por la noche un funcionario cerró: “Estuvo todo muy bien”.

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Motosierra sin fin: Javier Milei mantendrá el ajuste a pesar de las protestas en su contra

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“Deberías dejar de preguntarte por qué hace lo que hace”. Un ministro que participó de la mesa política respondió vía WhatsApp a Infobae ante la consulta por el último decreto de ajuste fiscal de 1,47 billones de pesos (1,6 % del PBI) publicado un día antes de la Marcha Federal Universitaria. Se refería a la forma de avanzar del presidente Javier Milei ante cada protesta social recibida como una amenaza.

El gabinete mostró (una vez más) sorpresa ante la estocada fiscal en una semana complicada en materia de gestión. En paralelo a la plaza llena de una multitud de estudiantes, sindicatos y políticos de la oposición, a pocos metros de la Casa RosadaKarina Milei comandaba la mesa política para volver a tomar protagonismo en el Congreso de la Nación.

La orden de la secretaria general de la Presidencia fue sostener el proyecto de reforma electoral sin modificaciones, a pesar de los dichos de la senadora Patricia Bullrich, que buscó modificar la iniciativa separando “Ficha Limpia” para negociar con bloques aliados del Poder Ejecutivo. Así las cosas, esta tarde el Senado comenzará a debatir en comisión la reforma electoral de manera conjunta. A contramano de lo acordado por Bullrich junto a los bloques del PRO y la UCR.

“Sin negociación no hay ley. Es como que busca sostener la autoridad por la autoridad en sí misma. Saben que así no sale y van igual. No se entiende la estrategia, una vez más”, planteó una senadora aliada a este cronista. Lo cierto es que los enfrentamientos entre la hermana del Presidente y Bullrich pasaron a ser recurrentes. Al protagonismo de “Pato” en las sesiones extraordinarias se sumó el bloqueo de Karina a que asumiera Diego Valenzuela en Seguridad en un cargo clave justo por debajo de Alejandra Monteoliva.

“Patricia pensó que pasaba al Senado pero mantenía la palabra final en Seguridad. Y eso no pasó”, comentó un funcionario del ministerio que atravesó las internas por ser cuadro técnico. A las exigencias de respuestas al Presidente, se sumó que la exministra de Seguridad quedó en primer lugar de imagen positiva según los números de la consultora Management & Fit. ¿Milei? Quedó séptimo y con una imagen negativa por encima de la excandidata de Juntos por el Cambio. “Tiene una emocionalidad importante”, dijo Bullrich para detener la catarata de preguntas de la prensa por los gritos de Milei en la última reunión de gabinete del viernes pasado. Es una historia en desarrollo.

No fue del agrado libertario el abrazo entre Bullrich y Mauricio Macri. El titular del PRO salió con todo el domingo en un duro comunicado donde planteó serias diferencias con el Gobierno. Tanto las autoridades del espacio como el entorno del expresidente coincidieron en que el texto no fue discutido, sino que fue “la voz de Mauricio”. ¿Entonces? El enojo se hizo sentir dentro del PRO. Aunque nadie quiso plantearlo públicamente. Solo el jefe de gobierno, Jorge Macri, reconoció al aire en televisión que no había leído el texto. “Me enteré viniendo para acá”, dijo sorprendido en TN.

Macri y Milei no se ven desde aquella reunión en Olivos el 31 de octubre de 2025, cuando el Presidente cortó en seco al hombre del PRO que le proponía cambios en el gabinete. Por lo pronto, Macri volverá de Egipto y aterrizará casi de manera directa en Vicente López junto a su diputado más cercano, Fernando De Andreis. La semana que viene hará una aparición en la región de Cuyo. “Busca rearmarse. Sabe que falta mucho para la elección, pero en política es muy poco. Pensá que todos van a desdoblar. Esto ya se juega”, afirmó un armador del espacio.

En ese juego ya entró, como de costumbre, el peronismo. La frase de Juan Manuel Olmos sobre los vaivenes del mercado cuando el PJ asoma la cabeza generó un ruido intenso en la discusión opositora. Olmos dialogó con Infobae al respecto y reiteró su idea: “Tenemos que despejar el factor miedo para ser otra vez competitivos”, consideró. En el movimiento de los sectores que quieren ser, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó hasta Córdoba para buscar cicatrizar una herida que lleva más de diez años entre la población cordobesa y el kirchnerismo desde el levantamiento policial del 2013, donde el Estado nacional se corrió de la escena.

“El peronismo gobierna Córdoba desde hace muchísimos años. Es un peronismo con características cordobesas, pero me parece que el problema ha sido mirarlo desde acá”, sentenció Carlos Bianco para buscar un punto de encuentro con Martín Llaryora.

En tierras serranas también estuvo la CGT. En un acto del gremio de SanidadHéctor Daer volvió a pedir por “Axel Presidente”. No le será fácil. Teresa García, diputada cercana a Cristina Fernández, consideró que era hora de buscar “un nuevo (Héctor) Cámpora, es lo que va a pasar”. En sintonía con los dichos de Sergio Berni, hoy senador provincial pegado a La Cámpora. El exministro de Seguridad de Buenos Aires dijo que “si Kicillof no acepta la conducción estratégica de Cristina, buscaremos otro candidato”.

¿Y el escenario económico con un ajuste que no parece terminar? Martín Rapetti, licenciado en Economía por la UBA y doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, director ejecutivo de Equilibra Consultores, dio un panorama completo ante Infobae: “Estamos hoy en una economía que, más allá de algunos sectores puntuales como, sobre todo, energía, minería y el agro, el resto está en una economía con una actividad que está deprimida, si no es que está en un proceso directamente contractivo (…) En ese contexto, lo que ves es que la recaudación tributaria está cayendo mes a mes; abril fue el noveno mes consecutivo de contracción interanual de los ingresos tributarios. Y estás viendo que los ingresos vinculados a la actividad económica están en retroceso, por ejemplo, los ingresos de la seguridad social están en retroceso“.

Ante esta situación donde el Gobierno debe mantener el acuerdo con el FMI de un superávit primario del 1,4 %, “lo que está haciendo es recortar gastos o posponer gastos, no pagar algunos pagos, sobre todo a proveedores —hay casos elocuentes que están en todos los medios—”, consideró el economista.

“Y eso obviamente le permite ir manteniendo el objetivo de superávit primario, pero obviamente contrayendo el gasto”, agregó. “Esa contracción del gasto tiene un efecto negativo sobre la actividad económica, porque ese gasto que no hace el gobierno es un faltante de caja para alguien, para alguna empresa proveedora, etcétera, que empieza a resentir su situación porque tiene que financiarse con tasas que, bueno, ahora están cayendo, pero que siguen siendo relevantes. Entonces ahí entras en una dinámica que es preocupante”, consideró.

Rapetti planteó que la preocupación principal no pasa por la “sanidad fiscal”, que parece estar cubierta a fuerza de ajuste, sino que el mercado vea un problema en la sostenibilidad del plan. “La impresión que uno tiene mirando las encuestas, hablando con la gente, es que a la sociedad le costó el esfuerzo, pero no pensaba que el esfuerzo iba a ser tan prolongado en el tiempo”.

Para el economista, el problema en materia de empleo y en materia de ingresos, puede generar “un problema de sostenibilidad”. ¿Por qué? “Porque si los mercados perciben que empieza a haber un riesgo de cambio de régimen político, eso puede preocupar, llevar a todos los inversores a tomar medidas más precavidas en sus portafolios, tener menor exposición a Argentina, tener menor exposición a activos en pesos, y eso puede generar eventualmente una suba del riesgo país y una presión en el mercado de cambios”. ¿Los tiempos? Rapetti resumió: “Después de la cosecha gruesa y después del Mundial, cuando ya se empiece a vislumbrar un poco más en Argentina el proceso preelectoral, me parece que ahí estos temas van a empezar a aparecer con más nitidez y ahí es donde puede empezar a haber más dificultades”.

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La marcha universitaria dividió al PRO: lo que apoyaron el reclamo y la posición oficial

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Mientras la cuarta Marcha Federal Universitaria colmaba Plaza de Mayo en la tarde del martes, el PRO atravesó la jornada sin un comunicado oficial sobre el conflicto y con sus dirigentes divididos entre quienes tomaron posición pública a favor del reclamo y quienes guardaron silencio.

La fractura quedó expuesta en las redes sociales. La diputada nacional Silvia Lospennato fue la primera en pronunciarse: “En una República las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho”, publicó en X horas antes del inicio de la concentración. El diputado nacional Álvaro González, cercano al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pero integrante del bloque amarillo, siguió la misma línea: “La educación pública es una de las herramientas más importantes para igualar oportunidades y construir futuro.” Defenderla, agregó, no debería ser una discusión partidaria, sino un compromiso de todos. “Hoy acompaño el reclamo de estudiantes, docentes y universidades”, sostuvo. No es la primera vez que González tiene una postura crítica a LLA.

La diputada nacional Gisela Scaglia también defendió el financiamiento universitario con argumentos que apuntaron a las casas de estudio de su provincia —la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela y la UTN Santa Fe— como motores del desarrollo regional. Aunque preside la bancada de Provincias Unidas, la ex vicegobernadora de Santa Fe preside el PRO provincial.

Sergio Siciliano, legislador porteño de Vamos por Más, se mostró igualmente crítico hacia el Ejecutivo: “Hay una ley vigente que se debe cumplir, eso también es seguridad jurídica que atraerá futuras inversiones. La ley no es buena, debió debatirse más, pero hoy es la reglamentación vigente y ratificada por el Congreso y por la Justicia”, escribió. Y advirtió: “Lamentablemente, esta disputa hace que los docentes no cobren salarios dignos” y eso atenta contra la calidad educativa.

La ex diputada nacional y también legisladora por CABA, Laura Alonso, optó por una posición intermedia. Reivindicó la universidad pública desde lo personal y anticipó que la jornada tendría politización, pidió no dejar que eso opacara el reclamo: “Que el árbol no tape el bosque. Muchos asistirán porque quieren y creen en una educación superior pública de calidad”.

En el extremo opuesto del arco interno, el ex senador Federico Pinedo publicó un mensaje que contradijo el argumento central de los manifestantes: “En una república, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la iniciativa de gasto público corresponde al Poder Ejecutivo y se discute en el Presupuesto”, escribió en respuesta directa al tuit de Lospennato, en un gesto de alineamiento con la postura del Gobierno nacional. Pinedo, sherpa argentino para el G20, ya manifestó de manera publica sus diferencias con Mauricio Macri.

El exmandatario (que se encuentra fuera del país) y los principales dirigentes del PRO se llamaron a silencio. No hubo comunicado institucional sobre el conflicto. La única publicación oficial en la jornada fue un mensaje de tono político general, sin mención alguna a las universidades: “El próximo paso no es un partido político. Ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”. El texto llegó horas después de que las columnas de docentes, estudiantes y gremios ocuparan la plaza frente a la Casa Rosada.

El silencio institucional del PRO contrasta con el clima interno que el partido atraviesa desde el fin de semana. El domingo previo, el expresidente avaló la difusión del “Manifiesto próximo paso”, en el que apuntó contra quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, en una referencia interpretada en pasillos libertarios como una crítica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, desde el PRO bonaerense informaron sobre la actividad del próximo viernes en Vicente López que encabezarán Macri y la intendenta Soledad Martínez. “Nos reunimos para lanzar una nueva plataforma de inteligencia ciudadana, pensada para que la militancia, los consejeros escolares, concejales y vecinos de toda la Provincia podamos construir datos propios desde el territorio. Porque hay equipo en la Provincia. Y porque lo que Kicillof no muestra, lo mostramos nosotros”, señalaron.

El presidente Javier Milei siguió la movilización desde la Quinta de Olivos y retuiteó un mensaje de Camila Manfredi, dirigente de la Juventud del PRO, referenciada en el ministro del Interior, Diego Santilli, quien cuestionó los reclamos: “A la educación hay que defenderla siempre, el tema es de quién”.

La marcha, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, organizaciones representativas del sector universitario, fue la cuarta movilización federal del sector desde la asunción de Milei.

El documento final, leído por estudiantes frente al escenario en Plaza de Mayo, exigió al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso y validada en dos instancias judiciales, mientras la resolución definitiva aguarda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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