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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Javier Milei se prepara para comenzar el 2026 enfocado nuevamente en la agenda internacional

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Javier Milei

Luego de un año de altibajos, que finalizó con una victoria en el Congreso, el presidente Javier Milei se prepara para comenzar el 2026 con una nueva agenda internacional que lo llevará una vez más a Davos y a los Estados Unidos. En ese marco también espera reunir a líderes globales de derecha en Buenos Aires.

En primer lugar, y como hace cada enero desde que asumió al frente de la Casa Rosada, el libertario viajará a la ciudad suiza para participar del Foro Económico Mundial, donde volverá a brindar un discurso crítico del colectivismo.

“Lo hizo en el 2024, lo repitió en el 2025 y muy probablemente lo haga de nuevo ahora y en cada oportunidad que vaya a tener en el futuro, porque es nuestra posición, es nuestra ideología”, sostuvo al respecto una fuente diplomática.

El evento se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, bajo el lema “Un espíritu de diálogo” y con la asistencia de más de 3 mil líderes de diferentes sectores y países.

En esta oportunidad, los debates se centran en cinco desafíos: la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la creación de prosperidad dentro de los límites planetarios.

En su última disertación en este encuentro, Milei generó polémica al cuestionar los organismos en los que se “promueve la agenda LGBT” y puso como ejemplo el caso de “dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años”.

“Quieren imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”, sostuvo aquella vez.

Por otra parte, el Presidente tiene previsto viajar a los Estados Unidos para firmar personalmente el acuerdo de libre comercio con ese país, una vez que el tratado, en el que todavía se está trabajando, ya esté finalizado.

“Los acuerdos comerciales suelen ser muy laboriosos, llevan mucho tiempo, especialmente en la parte técnica. Entendemos que el canciller, Pablo Quirno, lo tiene como uno de sus principales temas y en cualquier momento vamos a conocer finalmente el texto. No podemos dar precisiones porque no las tenemos y porque, efectivamente, los equipos siguen intercambiando información y cuestiones que hacen a la parte técnica”, explicó al respecto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que dio el martes en Casa Rosada.

De acuerdo con lo que precisaron varias fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno busca que el tratado sea rubricado pronto para que pueda entrar en vigencia lo antes posible, pero para eso están ultimando detalles con la contraparte norteamericana.

A mediados de noviembre pasado, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que confirmó que ya se había alcanzado un convenio marco con la gestión libertaria para avanzar hacia un programa de “comercio e inversión recíprocos”.

Según informó semanas atrás la administración de Donald Trump, el tratado contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

Tal como anticipó este medio, la idea de Milei es viajar a Washington D.C. cuando ya esté todo listo para firmar el acuerdo con su contraparte republicana, con la que además tiene una afinidad ideológica.

En tanto, entre abril y mayo el libertario volará a Londres para reunirse con dirigentes ingleses de derecha, por lo que se convertirá de esta manera en el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido desde la guerra de Malvinas.

Así lo confirmó el propio mandatario en una reciente entrevista que brindó a un prestigioso medio británico, durante la cual también sostuvo que el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas se va a mantener y “no es negociable”.

En reiteradas ocasiones, el libertario reconoció que una de las figuras históricas que admira es a la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo la admiro a ella, también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?”, remarcó.

Por último, en estos meses el jefe de Estado también planea convocar a una cumbre de líderes mundiales de derecha, que posiblemente se realice en Buenos Aires, para consolidar una alianza estratégica que oficie de contrapeso a los gobiernos populistas.

Aunque todavía no hay una fecha para este evento, la intención es reunir a los presidentes José Antonio Kast (recientemente electo en Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), a los que también se podría sumar Nayib Bukele (El Salvador).

 

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El Gobierno analiza alternativas para modificar la administración de cinco hospitales cuya gestión comparte con la Provincia

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Manuel Adorni

El Gobierno planea tomar medidas para resolver la deuda que la provincia de Buenos Aires mantiene con cinco hospitales de responsabilidad compartida, los denominados SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad). Así lo reconoció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue consultado por Infobae luego de que hiciera mención a los fondos pendientes que la Provincia debe en diversos centros hospitalarios.

En la introducción de su conferencia de prensa, Adorni marcó que en los últimos años la Gobernación de Axel Kicillof no envió fondos obligatorios para el mantenimiento de cinco SAMIC por un total de $507.064 millones. Esta cifra se desglosa en deudas que serían:

  • $ 328.432 millones para el Hospital El Cruce
  • $ 82.237 millones para el Hospital Cuenca Alta
  • $ 45.722 millones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría
  • $ 42.297 millones para el Hospital René Favaloro
  • $ 8375 millones para el Hospital Presidente Néstor Kirchner

“Su Presupuesto es de 34 billones de pesos. Y, a pesar de ser gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado nacional”. En ese sentido, el jefe de Gabinete repudió que el gobierno bonaerense haya realizado “gastos en cajas navideñas y en políticas de género”. “Sería bueno que siempre se le dé prioridad a la salud de los bonaerenses”, aseveró.

En conferencia de prensa, Infobae consultó al respecto a posibles cursos de acción ante el panorama descrito por Nación. Desde el 2024 que las autoridades sanitarias marcan la situación de los nosocomios de gestión mixta, aunque sin acciones concretas para resolver el problema.

En los últimos meses, hubo funcionarios que mencionaron la intención de traspasar de Nación a la esfera de la Provincia alguno de estos centros. Aunque habría habido conversaciones por uno de ellos, las gestiones no prosperaron.

Ante la consulta de este medio fueron mencionadas diferentes opciones: la de judicializar esta situación, la de desprenderse de su manejo o resolver la deuda a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (el cual resuelve deudas que Nación mantiene con distritos subnacionales y viceversa).

Están sobre la mesa todas las alternativas, incluso algunas que no fueron nombradas, que probablemente sea el curso a seguir”, respondió Adorni.

Importantes fuentes del sector de la salud marcaron que el Gobierno realizó consultas con jugadores de peso del rubro para “mantener los hospitales públicos nacionales con gestión privada”. “Están trabajando en eso”, marcaron.

Un funcionario de altísimo peso dentro de la mesa política presidencial aseguró que la medida sigue en proceso de depuración y que “se estaban evaluando todas las opciones”.

A mitad de año, el Gobierno publicó el Decreto 460/2025 que deja sin efecto la facultad del Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC y disponer la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. En esa normativa, el Ejecutivo marcó que se debe ir “fortaleciendo la descentralización hacia las jurisdicciones provinciales” y que hay pruebas de “la ineficacia de los entes interjurisdiccionales para garantizar una distribución equitativa de los recursos y responsabilidades”.

El Gobierno reconoce que habrá una medida concreta en cuestión de semanas. “Es muy probable que en enero vayamos a tener novedades”, apuntan fuentes al tanto de los avances.

En su respuesta en vivo, el jefe de Gabinete marcó que lo que se pretende “es que los bonaerenses tengan participación de su Gobierno provincial y que afronte los gastos de salud”. “El Gobierno nacional no está dispuesto a que un bonaerense no se pueda atender. Es por eso es que el Gobierno nacional solventa el 100% de los gastos compartidos. Es algo que está mal”, agregó.

Desde la provincia de Buenos Aires desconocen la cifra que comunicó hoy el vocero presidencial. “Nosotros no tenemos ese número y no sabemos como la construyeron”, afirman, agregando que la disposición al diálogo que existe de parte de la Casa Rosada y del Ministerio de Salud de la Nación es prácticamente nulo.

“No hay articulación ni tienen voluntad de resolver los problemas. Hay una voluntad de prepotear. Es una de las tantas amenazas que venimos recibiendo en los últimos dos años. Nosotros tenemos aproximadamente 100 hospitales a cargo y mucho del funcionamiento de los mismos fue motorizado por esta administración”, explican.

Esto marcaría la pauta de que cualquier medida implementada en el corto plazo por Nación no habría sido extensamente conversada con sus pares bonaerenses. “Si quieren hacer alguna modificación tienen que pasar primero por el Congreso. Si lo quieren cerrar que le pongan llave porque son hospitales principalmente nacionales. Pero cualquier cambio lo tienen que hacer por el Congreso y para eso necesitan otra ley”, afirman.

Los SAMIC se rigen hoy día bajo la Ley 17.102 de Salud Pública, la cual crearon los ”Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad” (SAMIC), unidades hospitalarias que se integrarían al sistema público.

Los hospitales englobados en el SAMIC tienen una participación mayoritaria del Estado Nacional y una minoritaria de las provincias (solo en tres casos hay municipios involucrados -en El Calafate, el Favaloro y el Néstor Kirchner-).

En líneas generales, El Estado Nacional tiene una responsabilidad financiera con los hospitales de entre 80 y 70 por ciento. En años anteriores el aporte nacional era menor. En 2017 se acordó que la CABA dejaría de cubrir el 50% de los gastos del Garrahan y pasaría al 20%. Otro caso es el del Hospital El Cruce, que Nación se elevó las transferencias de 70 a 80 por ciento en 2022.

 

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Axel Kicillof refuerza su alianza con la CTA y la CGT para frenar la reforma laboral de Milei y coordinar una estrategia en el Congreso

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La avanzada del gobierno Javier Milei sobre el régimen laboral volvió a reordenar al sindicalismo y a los gobernadores opositores en un mismo frente de resistencia. A pocas semanas de que el Congreso empiece a debatir formalmente la reforma impulsada por el Presidente, el gobernador Axel Kicillof recibió en La Plata a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en una señal política que excede la coyuntura parlamentaria y apunta a consolidar una estrategia común frente a lo que definen como un cambio estructural “regresivo” para el mundo del trabajo. Antes se habían reunido con la CGT.

El encuentro, del que participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, se dio en un contexto que ilustran como “de creciente conflictividad social, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo” que, según advierten las centrales obreras, se ubica “entre los más bajos de América Latina”. En la mesa también estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo Walter Correa y dirigentes sindicales de peso como el Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA)Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; y Pablo Maciel, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Airesgremio (CICOP).

La lectura compartida fue contundente: la reforma laboral que promueve la Casa Rosada no es un ajuste técnico, sino “una ofensiva política que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y transferir riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores”.

Para Kicillof, se trata además de una amenaza directa al entramado productivo bonaerense, especialmente a las pymes industriales que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia.

La reunión se inscribe en una secuencia de movimientos coordinados. Antes de recibir a las CTA, el gobernador ya había encabezado encuentros con otros mandatarios provinciales críticos de la reforma, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), y más tarde hizo lo propio con empresarios pymes, a quienes instó a asumir un rol activo en defensa de la producción y el trabajo. También mantuvo una foto política con la conducción renovada de la CGT, que comparte el diagnóstico y el rechazo al proyecto oficial.

En ese marco, las centrales sindicales coincidieron en la necesidad de articular una doble estrategia: intervención institucional en el Congreso, buscando sumar a gobernadores y legisladores provinciales, y movilización en las calles. No es un dato menor: el antecedente inmediato fue la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales contra la reforma laboral y el rumbo económico del Gobierno, una demostración de fuerza que el sindicalismo pretende sostener en el tiempo.

Las críticas al contenido de la reforma se repiten y se profundizan. Yasky advirtió sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: la posibilidad de recrear un esquema similar al de las AFJP, utilizando fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto de cierres de pymes y caída del empleo industrial. Desde la CTA AutónomaOscar de Isasi planteó que el desafío no se limita a frenar una ley, sino a construir una intervención coordinada frente a un modelo que, según definió, combina ajuste, saqueo y transferencia de recursos.

El rechazo no es exclusivo de las conducciones nacionales. En Mar del Plata, la CGT regional, las dos CTA y abogados laboralistas fijaron una posición unificada contra lo que calificaron como una “contrarreforma”, alineada con el DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Allí, advirtieron que el proyecto no generará empleo, abarata los despidos, flexibiliza la jornada mediante figuras como el “banco de horas” y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva por actividad.

El documento difundido en General Pueyrredón puso el acento en el contexto macroeconómico: con un mercado interno contraído y crédito restringido, sostienen, ningún empleador tomará trabajadores aunque se degraden las condiciones laborales. Además, alertaron sobre una negociación colectiva “a la baja”, el fin de la ultraactividad de los convenios y una ampliación de las actividades esenciales que, en los hechos, vaciaría de contenido el derecho a protestar.

Más allá del rechazo puntual a la reforma laboral, en La Plata también se discutió el escenario político de mediano plazo. Las CTA plantearon la necesidad de ampliar la unidad del campo popular y convocar a los millones de argentinos que no participaron en las últimas elecciones, con vistas a construir una alternativa creíble frente al creciente descontento social. La coincidencia fue clara: la resistencia a las políticas del presidente libertario Javier Milei no puede limitarse a la defensa de derechos adquiridos, sino que debe traducirse en una propuesta política capaz de disputar el rumbo del país.

Con el debate legislativo previsto para febrero y un clima social en tensión, el mensaje que emergió de la Gobernación bonaerense fue inequívoco. Kicillof se muestra decidido a ocupar un rol central en el armado opositor al proyecto laboral del Gobierno, en sintonía con las centrales sindicales y los sectores productivos. Del otro lado, el sindicalismo vuelve a apostar a una combinación conocida: unidad, presión parlamentaria y calle. El 18 de diciembre fue una postal; lo que viene, advierten, será una secuencia.

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