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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El trasfondo de la nueva jugada de Bullrich: cuáles son las chances de que se produzca su “Plan B”

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Hace meses que Patricia Bullrich viene publicando videos que tienen un propósito comunicacional pensado hasta el más mínimo detalle, tanto por el momento en el que se lanza como por los elementos que se muestran y los que no. Ayer por la tarde reunió a cinco dirigentes de su círculo más chico en el Senado y decidió proceder con una nueva jugada. En ese instante difundió en redes una foto suya con el texto “se vienen cositas”. Ese anuncio no tardó en concretarse: este viernes por la mañana publicó un sugerente video que volvió a poner interrogantes sobre su futuro político.

El video de 28 segundos juega con diferentes tomas. Un plano aéreo del Palacio del Congreso, un paneo del recinto del Senado, la banca en la que se sienta, la silla de la Presidencia de la Cámara (ocupada por el Vicepresidente de la Nación) y, hacia el final, solo aparece la mismísima Bullrich. “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, figura como descripción del video.

“Hasta ahí pensaba que era otro de los videos que suele hacer, aunque me pareció que faltaba algo”, reconoció un importante legislador de La Libertad Avanza, que se enteró más tarde que la clave de todo ese montaje estaba en la música de fondo, la versión instrumental de “Es un secreto”, el clásico de reggaetón del dúo puertorriqueño Plan B. Muchos de quienes se enteraron por las redes de la existencia de esa canción, terminaron sacándose el sombrero por la elección.

La alusión al dúo Plan B remite a lo que sucedía en los albores de la administración de Mauricio Macri, cuando su popularidad se desdibujaba al calor de la crisis económica y había integrantes del PRO que impulsaban un Plan V, en referencia a una eventual candidatura de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Esto no quiere decir que haya una correlación con el panorama político-económico actual, pero la elección es sugerente.

Quienes están cerca de Javier Milei afirman que no hay un panorama similar y que la nueva movida comunicacional de la senadora configura “otra de muchas”. “Me parece que está muy bien, está en línea con lo que viene expresando con algunos gestos particulares”, agrega otro funcionario. Al igual que en los casos anteriores, la Casa Rosada eligió no recoger el guante.

Esta saga de videos comenzó en febrero cuando celebró la media sanción de la reforma laboral con un clip musicalizado con “Vogue”, de Madonna. En junio recurrió a “Se dice de mí”, de Tita Merello, en la versión de La Joaqui, tras diferenciarse de Milei por el pliego de una jueza federal. En septiembre sacudió los despachos de la Casa Rosada con “No me importa”, de Lali Espósito, luego de denunciar que el Gobierno le había ocultado cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

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El Gobierno se ilusiona con un triunfo de Bolsonaro: la apuesta de Milei y qué creen que puede cambiar

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A horas de que se defina el futuro político de Brasil, un socio estratégico para la Argentina, en la Casa Rosada se ilusionan con un triunfo de Flávio Bolsonaro en el balotaje y creen que la eventual victoria del dirigente de derecha puede representar un punto de inflexión en la relación bilateral de los países, muy tensa en los últimos años, y, sobre todo, para los planes de Javier Milei de avanzar con una agenda de crecimiento para la Argentina y de apertura comercial en la región.

La apuesta del Gobierno por el opositor de Luiz Inácio Lula da Silva no es nueva. Meses atrás, el líder libertario viajó a San Pablo para respaldarlo en un acto de campaña, un gesto que derivó en un conflicto diplomático luego de algunas declaraciones contra el actual mandatario de la nación vecina y contra uno de los integrantes del tribunal supremo.

Pese a ese nivel de involucramiento por parte del Presidente cuando la reelección del referente del socialismo estaba casi garantizada, según pudo saber Infobae, no habrá una delegación argentina en los comicios de este domingo.

Fuentes del entorno de Milei explicaron a este medio que la decisión responde a cuestiones de seguridad, debido a la presencia de bandas criminales consideradas peligrosas en Brasilia, lo que vuelve complejo cualquier operativo de traslado para una comitiva.

El perfil bajo del oficialismo argentino contrasta con los gestos del kirchnerismo, que tuvo a la diputada Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, fotografiándose con Lula en un gesto de respaldo tras los malos resultados en la primera vuelta, en el que terminó segundo.

En contraste, en el búnker de Bolsonaro no se mostraron representantes de La Libertad Avanza (LLA) y lo mismo ocurrirá en el balotaje: ni Juliana Santillán, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ni su par en el Senado, Bruno Paoltroni, viajaron a Brasil este fin de semana.

Tampoco lo harán funcionarios del Gabinete ni otros posibles delegados nacionales, como Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien consideró que su lugar en la línea de sucesión presidencial no era compatible con una actividad política de esta magnitud, ya que piensa que significaría intervenir en el proceso democrático.

De esta manera, el único libertario que estará en Brasilia será el diputado Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich, en medio de la tensión que la ex ministra de Seguridad mantiene con el resto de la cúpula del Gobierno.

Recientemente, Bolsonaro le pidió a Bullrich que le envíe un video de respaldo dirigido especialmente a las mujeres de Brasil, un segmento decisivo en una elección, que llega según los últimos sondeos con pronósticos ajustados.

Más allá de la decisión sobre la comitiva, lo que domina las conversaciones puertas adentro de la Casa Rosada es la expectativa sobre lo que podría significar para la región un cambio de signo político en el Palacio de Planalto.

En el Gobierno local interpretaron el reciente debate presidencial como una señal favorable para Bolsonaro, a quien calificaron de “muy sólido” frente a un Lula que, según la lectura oficial, “mostró su decrepitud”. De todos modos, son cautos con el pronóstico y calculan que el balotaje “va a seguir siendo muy ajustado”, a pesar de que el enfrentamiento televisivo entre los candidatos “ayudó mucho”.

El motivo de fondo detrás de ese entusiasmo tiene que ver con una lectura geopolítica más amplia. Uno de los funcionarios que sigue de cerca la campaña brasileña y que mantiene informado a Milei sobre su evolución, en paralelo al canciller Pablo Quirno, explicó por qué consideran que lo que suceda del otro lado de la frontera trasciende ampliamente lo bilateral.

“Es mucho más importante de lo que parece. Europa va camino a una guerra mundial sí o sí y Brasil es una potencia económica enorme que tiene buen trato tanto con los países asiáticos como con los americanos, a nivel comercial, olvidándonos de lo político, que va aparte. Si se alinean los intereses económicos y políticos de una nación, suelen crecer muchísimo”, sostuvo.

Para esa fuente, el escenario internacional actual potencia la relevancia de lo que ocurra en la región, ya que, “en un contexto donde se viene una devastación, que a Brasil lo gobierne algo racional va a ser un golazo”.

“Podemos tener alianzas en todos los niveles con un bloque latinoamericano, sacando a México, que es muy importante. Que por lo menos que haya cuatro años de coherencia en Latinoamérica es un golazo, porque de esa manera atraes a todos los capitales que se están yendo de Europa, que se resguardan en otros activos”, planteó.

Esa expectativa se conecta de manera directa con uno de los objetivos que Milei viene sosteniendo desde el inicio de su gestión, que es el de flexibilizar las reglas del Mercosur, un bloque que bajo la conducción de Lula se mostró reacio a introducir cambios estructurales y que el Gobierno argentino considera un freno para sus planes de apertura comercial.

“El Mercosur no sirve más. La ley no es monolítica, todo cambia todo el tiempo. Creer que algo que se hace hoy va a servir para mañana es un acto de soberbia estatal. Hay que darle suficiente flexibilidad a las instituciones para que se adapten permanentemente”, afirmó la misma fuente.

El funcionario reconoció que modificar el esquema actual del bloque “va a ser una tarea titánica”, si es que finalmente se avanza en ese sentido, porque se trata de un organismo “muy complejo”, pero destacó que “ya hay varias ideas sueltas” y “se puede ir diseñando un nuevo esquema”.

Con ese horizonte, en la Casa Rosada esperan el resultado del domingo con la convicción de que un triunfo de Bolsonaro no solo sumaría un nuevo aliado ideológico en la región, sino que también podría destrabar una de las principales complicaciones que el Gobierno identifica para avanzar con su agenda de libre comercio dentro del bloque sudamericano.

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El Gobierno navega cortocircuitos internos por el proyecto Malvinas y apura un dictamen para el martes

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Javier Milei

La postergación del proyecto Malvinas, la “causa” que abraza Javier Milei e instrumenta Santiago Caputo desató cortocircuitos en el Gobierno, donde intentan navegarlas para evitar la habitual escalada de cielistas vs. territoriales. Mientras buscan calmar las aguas, puertas adentro negocian con los aliados. Los esfuerzos apuntan a que el texto que el presidente adoptó como caballito de batalla y que generó dudas en la oposición llegue al recinto lo antes posible.

En privado y sin avisar a nadie, Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, recibieron ayer a la mañana a la diputada Silvina Giudici y a Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara Baja y cercano a Martín Menem, para pulir los detalles de la iniciativa. Y coincidieron en incorporar algunos cambios que, aclararon, “no serán sustanciales”.

Admiten que se tomaron sugerencias del PRO, la UCR, el MID y el PJ, tanto en el régimen sancionatorio como en el resto del proyecto. “Lo mejoraron, y eso que ya era bueno”, deslizó una alta fuente de Balcarce 50 a Infobae.

No habrá división de la iniciativa, como pedía la oposición, que insiste en votar solo el título referido a las sanciones contra empresas del paquete “soberanía de Malvinas”. Tampoco tocarían el capítulo de sanciones por injerencia extranjera ni la integración del Consejo de Seguridad Nacional. Sobre este último, remarcan que es un órgano del Poder Ejecutivo y que no debe entrar ningún legislador, después de los dardos contra el kirchnerismo y Victoria Villarruel por “intentar colarse” en el eventual órgano. Los parlamentarios están contemplados entre los miembros no permanentes, solo para casos de competencia legislativa, dijeron.

Del “lado” de Diputados, el equipo que negocia el texto con Caputo está integrado por Giudici, Laura Rodríguez Machado, el titular del bloque, Gabriel Bornoroni, Mariel Castelnuovo y Federico Mayoraz. Todos muy cercanos, al menos en el plano legislativo, a Martín Menem. Dicen en su círculo que el titular de la Cámara Baja “siempre busca consensos con los aliados”. También en el bloque están convencidos de que el próximo martes van a tener dictamen.

El tema generó fricciones entre las Fuerzas del Cielo y los Menem, que ya venían de varios chispazos: la discusión por el rol de los jóvenes en la campaña tras el triunfo de Bolsonaro y el debate sobre el islam. Pero este caso amenazó con ser más grave.

En el sector de Caputo sospechan que desde el propio oficialismo, los Menem desde Diputados quieren impulsar cambios a un texto del Ejecutivo que lleva la firma, en las sombras, del asesor presidencial. Cuando el titular de la Cámara Baja dejó el expediente fuera del temario de la sesión del 21 de octubre, esas sospechas crecieron en la Casa Rosada: creyeron que no estaban colaborando por su animadversión hacia Caputo.

“Martín Menem es capaz de entregar hasta la causa Malvinas con tal de que no se anote un ‘gol’ Santiago, que en realidad es una de las prioridades del Presidente”, disparó un alto dirigente de las Fuerzas del Cielo, también en off.

En la presidencia de la Cámara lo niegan. Aseguran que Menem no se mete en el proyecto, que lo que hay son “discusiones técnicas” y que no “traba nada” ni juega en contra de nada. Atribuyen cualquier diferencia a la oposición y a los aliados, y sostienen que la ley terminará saliendo. “Se hace el mayor esfuerzo para que salga”, dijeron en Diputados para desligarse de cualquier acusación de otro bando violeta.

Fuentes del oficialismo y del bloque libertario admiten una discrepancia, pero la acotan a un punto. Unos cambios, o la no aceptación de una propuesta de los aliados, llegaron a último momento, cuando peligraba la sesión. Por eso el equipo decidió esperar hasta después del miércoles. “La realidad es que se trabajó en equipo”, insisten. Aseguran además que, luego de la reunión de Caputo y los representantes legislativos ayer, viernes, quedó “todo ok”. “Los gobernadores dan el visto bueno, pero algún diputado marca un tema de redacción y las cosas se demoran”, esgrimieron.

A ese frente se suman los reparos de Washington. En especial los que transmitieron los enviados de Donald Trump el jueves, sobre las sanciones que podrían alcanzar a empresas estadounidenses vinculadas, directa o indirectamente, con actividades en las islas. Por ahora, en Balcarce 50 no confirman si habrá cambios en los efectos sobre compañías asociadas a otros proyectos. Sí se esperan modificaciones en el polémico capítulo sobre sanciones a publicaciones periodísticas “con injerencia extranjera”.

El reloj corre. La Casa Rosada pretendía contar con media sanción antes de que termine octubre, y esa meta depende de que el dictamen salga el martes. “Estamos muy cerca”, repiten en el bloque libertario.

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