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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Kicillof analiza una elección provincial unificada si el Gobierno no logra suspender las PASO

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En medio de la ola de desdoblamientos electorales que aplicarán la mayoría de las provincias en las elecciones del año que viene, Buenos Aires aparece, hasta el momento, como la excepción. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, observa cuál será el futuro de las PASO y, de continuar el sistema de primarias,las categorías de presidente, gobernador e intendente se votarían todas en un mismo y de manera concurrente. Es decir, sin desdoblar la fecha, en dos urnas y mesas distintas: una para presidente y diputados nacionales, mediante boleta única de papel (BUP), y otra con la boleta partidaria tradicional para elegir gobernador, intendente, concejales y consejeros escolares. Detrás de esa posible definición está la ley de PASO provinciales, que establece que deben ser el mismo día que las nacionales.

A medida que va transitando la construcción de su estructura política, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y la falta de votos del Gobierno para eliminar las PASO, también se ratifica que el año que viene Buenos Aires, la provincia de mayor peso electoral, votaría todo el mismo día. Otra línea argumental es que “muchas elecciones desalienta a la gente a participar”.

Hasta ahora, Tucumán y Santa Fe son las provincias con calendario electoral definido fuera de la elección nacional: la primera votará el 9 de mayo de 2027, mientras que la segunda prevé realizar sus PASO el 18 de abril y los comicios generales el 13 de junio. A ese grupo se suman distritos que ya anticiparon su voluntad de separar la contienda local de la presidencial, aunque todavía sin fecha oficial: Neuquén, Chubut, Río Negro, Chaco, Corrientes y Mendoza. En otros casos, como Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones, Jujuy y San Juan, los gobiernos provinciales evalúan esa alternativa, pero no han comunicado una decisión definitiva.

En lo que respecta a Buenos Aires, es facultad del gobernador la fecha elegida para los comicios provinciales. Una facultad que ostentó en los comicios del año pasado cuando decidió desdoblar la elección bonaerense de la nacional. Una determinación cuyo costo político aún se le sigue facturando desde el kirchnerismo. Una d las respuestas, desde un sector del MDF, es que la decisión sirvió para dar una señal clara de autonomía política. Ahora, superada esa instancia, el Ejecutivo bonaerense confía en seguir desplegando decisiones propias sin mayor dependencia de las necesidades políticas de sus socios: el kirchnerismo y el Frente Renovador. Si bien es cierto que la definición final será parte de una negociación con el resto de los sectores, la idea de Kicillof y de los armadores políticos del MDF va en esa línea. En el medio resta resolver un detalle nada mejor: candidaturas. Tanto presidencial como a la gobernación bonaerense.

Hoy las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) siguen vigentes. Ese escenario altera toda definición. El Gobierno dice estar cerca de conseguir los votos para eliminarlas o suspenderlas, pero de momento no logra llevar el texto al recinto. En paralelo, el peronismo hace esfuerzos para sostener un puente entre los diferentes sectores que permitan mostrar uniformidad. Kicillof, según supo Infobae, está “metido en el tema”. Al estar vigentes en Nación, siguen su curso en PBA.

La reunión en el Hotel Emperador que reunió a los gobernadores peronistas, a los jefes de bloque en el Senado, José Mayans, y en Diputados, Germán Martínez, además de Máximo Kirchner como representante del kirchnerismo y Sergio Massa, referenciado en el Frente Renovador, podría repetirse en los próximos días. “Hay diálogo”, asegura un dirigente del peronismo que sigue de cerca el tema.

La continuidad de las PASO permitiría al peronismo ordenar la discusión. En el plano ideal, sin acuerdo entre Kicillof y el kirchnerismo, la utilización de las Primarias podría servir para destrabar el conflicto. Si no hay PASO, no está claro aún cómo resolverá la discusión el peronismo. Y, en lo que se refiere a Buenos Aires, sin PASO no está descartado que vaya a darse un desdoblamiento. Todas las cartas están sobre la mesa.

Pero las primarias en la provincia de Buenos Aires también cobran relevancia dada la proliferación de candidatos y candidatas que hoy asoman para disputar la sucesión de Axel Kicillof. En ese lote aparecen, al menos, 11 dirigentes del peronismo bonaerense. Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda; Julio Alak, jefe comunal de La Plata; Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura; Carlos Bianco, ministro de Gobierno; Fernando Espinoza, intendente de La Matanza; Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; Federico Achával, intendente de Pilar o Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas.

La nómina no se agota allí. El kirchnerismo, el Frente Renovador y otros sectores del peronismo bonaerense también pretenden gravitar en la definición de una candidatura que, hoy, está lejos de tener dueño. La posibilidad de una PASO permitiría ordenar esa competencia si no hubiera una síntesis política previa. Además, abriría una vía para medir la fuerza propia de cada sector en el distrito que concentra cerca del 40% del padrón nacional.

La discusión por la gobernación está atada a la estrategia presidencial. Kicillof trabaja para que el Movimiento Derecho al Futuro tenga presencia nacional y para llegar a 2027 con una estructura que respalde una eventual candidatura a la Casa Rosada. Esa aspiración es uno de los focos de tensión con el kirchnerismo, que mantiene su propia red de dirigentes, legisladores e intendentes y busca conservar influencia sobre la definición de la oferta electoral del peronismo.

Por eso, la continuidad de las PASO tiene una dimensión que excede el mecanismo electoral. Para Kicillof, sostenerlas permitiría contar con una herramienta para procesar una interna que involucra la sucesión bonaerense y su propia proyección presidencial. Para el resto del peronismo, será una instancia de negociación sobre el reparto de poder en la antesala de 2027. Si las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueran mañana, se elegiría todo en un mismo día y en dos urnas separadas.

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Movimientos populares de América Latina debatirán en La Matanza la encíclica de León XIV junto a representantes del Vaticano

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Movimientos populares de toda América Latina se reunirán en Buenos Aires para debatir la primera encíclica de León XIV y entregarle un mensaje conjunto antes de su llegada al país.

El Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026 se realizará el martes 27 y el miércoles 28 de octubre en la “Ciudad Papa Francisco”, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”. La cita reúne a delegaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), TECHO, Cáritas, los Hogares de Cristo, el mundo sindical y organizaciones hermanas de la región, entre ellas el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra y el MTST de Brasil.

Llegarán desde Roma representantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral —organismo de la Santa Sede que acompaña desde el comienzo el camino de los movimientos populares— con presencia de su prefecta: Alessandra Smerilli. Los acompañarán integrantes de la Pontificia Comisión para América Latina. Participarán también el padre italiano Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP).

Doce años después de que el papa Francisco convocara al primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma, las organizaciones de la región se congregan una semana antes de la llegada de León XIV a la Argentina, en lo que definen como una continuidad de ese camino abierto en 2014. El propio lema del encuentro, “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”, retoma el título de la primera encíclica del Pontífice y busca ponerla en diálogo con la agenda histórica de Tierra, Techo y Trabajo, las “3T” que Francisco definió como “derechos sagrados” en la exhortación Fratelli tutti.

Un espacio nacido de la invitación de Francisco a no resignarse

El Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) es, según define su propio dossier de presentación, “un espacio de hermandad entre organizaciones de base de los cinco continentes”, construido en torno a la invitación de Francisco a que “los pobres y los pueblos organizados no se resignen y sean protagonistas del cambio”.

El documento sostiene que esa cita “responde a la necesidad de promover la organización de los excluidos para construir, desde abajo, la alternativa humana a esta globalización excluyente que nos arrebata hasta los derechos sagrados al techo, al trabajo y a la tierra”.

El primer encuentro se celebró en Roma en octubre de 2014 y reunió a un centenar de representantes de los cinco continentes para debatir con Francisco la realidad de los trabajadores precarizados y excluidos, desde la perspectiva de la exhortación Evangelii gaudium.

Le siguieron Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en 2015, donde más de 1.500 delegados de 40 países redactaron la Carta de Santa Cruz, y un tercer encuentro en el Vaticano en 2016, con 170 delegados de 65 países.

Durante la pandemia, Francisco envió una carta a los movimientos el 12 de abril de 2020 en la que propuso “un salario universal para los trabajadores más humildes y sin derechos”, y en 2021 se realizó un cuarto encuentro virtual centrado en el impacto de la COVID-19.

El quinto capítulo, ya con León XIV como Pontífice, se celebró en Spin Time, Roma, entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Fue la primera audiencia del nuevo Papa con las delegaciones del movimiento, recibidas en el Aula Pablo VI, y culminó con una multitudinaria peregrinación jubilar en el Vaticano. Allí, León XIV les dijo a los representantes de los cinco continentes: “Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, por los que vale la pena luchar, y quiero que me oigan, que me escuchen decir, ¡estoy con ustedes!”.

La agenda de dos jornadas en La Matanza

El Capítulo Argentina retoma ese impulso en las vísperas de la primera visita de León XIV al país, la tierra donde su predecesor forjó buena parte de su mirada pastoral.

La primera jornada, el martes 27, estará dedicada a talleres de reflexión e intercambio de experiencias entre las organizaciones participantes. Las mesas de trabajo debatirán cinco ejes: exclusión y dignidad humana, el futuro del trabajo, tecnología e inteligencia artificial, narcoestructura y vida en los barrios, y comunidad y organización. Entre las preguntas que se abordarán figuran qué ocurre con la dignidad humana y el trabajo en tiempos de plataformas y automatización, quién controla las nuevas tecnologías y qué lugar le queda al pueblo organizado en el mundo que viene.

El miércoles 28 se pondrán en común las conclusiones de los talleres y se redactará, de manera colectiva, un mensaje y un documento oficial que los movimientos populares entregarán directamente a León XIV durante su estadía en el país.

Esa segunda jornada cerrará con una peregrinación a pie hacia el predio “Las 3T”, en el barrio Puerta de Hierro, partido de La Matanza, donde se celebrará una misa de cierre a las 11:30 que presidirá monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata.

De la jornada final del encuentro participarán integrantes de TECHO y toda la mesa directiva de la UTEP, entre ellos Alejandro Gramajo y el secretariado completo de la organización: Norma Morales, Dina Sánchez, Johana Duarte y Vasco Berdesegar. También formará parte el diputado nacional Juan Grabois, quien funciona como nexo directo con Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Francisco había nombrado a Grabois como integrante de ese dicasterio.

La presencia de Smerilli (junto al sacerdote italiano Mattia Ferrari) destaca el peso que ocupa la religiosa en el vínculo entre el Vaticano y los movimientos sociales latinoamericanos: asumió la prefectura del organismo el 1 de septiembre, en sucesión del cardenal Michael Czerny, y ya había sido mencionada como interlocutora directa de las organizaciones argentinas en los meses previos a la gira papal.

La carta que la UTEP envió al Papa

La actividad del miércoles tiene un origen concreto. Según explicaron los organizadores del encuentro a este medio, la jornada responde a una carta que la UTEP y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores enviaron al Vaticano apenas se confirmó el viaje de León XIV a la Argentina. “Le habíamos mandado una carta al Papa cuando nos enteramos que iba a venir, que la hicimos pública. Le pedimos que, por favor, visite los barrios populares. Y este encuentro y el recorrido con los representantes del Vaticano a los barrios populares es una respuesta a ese pedido que con amor y respeto le hicimos a Su Santidad”, señalaron ante una consulta de Infobae.

La carta que la UTEP envió al Vaticano

También detallaron que: “El día miércoles se va a hacer una peregrinación por Puerta de Hierro para mostrarle a Alessandra Smerilli, que es la prefecta del dicasterio, la situación de la integración sociourbana y de los barrios populares. Y después culmina con la misa que presidirá monseñor Carrara”, detallaron.

En esa misiva, la UTEP le pedía al Papa que visitara barrios para constatar el estado de la integración sociourbana y que atendiera la situación de los cartoneros, además de solicitar un recorrido por cooperativas de la economía popular. “

La recuperación de León XIV

El encuentro se desarrolla en el tramo final de los preparativos del séptimo viaje apostólico de León XIV fuera de Italia, que también incluye Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Según el cronograma presentado por la Casa Rosada en septiembre, el Pontífice llegaría a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, tras su paso por Montevideo, Paysandú y Florida, para un homenaje al general José de San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El lunes 9, León XIV visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

La confirmación definitiva de ese itinerario depende todavía de la recuperación del Pontífice, de 71 años, operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Vaticano informó esta semana que los estudios posteriores a la cirugía descartaron la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales, al confirmar que el tumor se encontraba localizado. León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre y retomó de manera gradual sus actividades públicas: encabezó el Ángelus del domingo siguiente ante unas 15.000 personas y, el miércoles 21, volvió a presidir la audiencia general en la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil.

El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó en declaraciones recogidas por Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje” y estimó que el Papa podría estar “plenamente recuperado” en un plazo cercano a los diez días.

La Santa Sede no introdujo hasta el momento modificaciones en el programa de la gira sudamericana, mientras en la Argentina el Gobierno mantiene activa una unidad especial de coordinación de seguridad, logística y protocolo para la visita.

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