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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Detrás del ruido de las internas, el PJ empieza a encontrar puntos de acuerdo para el armado de una alianza

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A pesar del ruido de las internas, los sinsabores de las acusaciones cruzadas y la tensión permanente por las disputas de poder, en el peronismo empiezan a existir puntos de coincidencias que tienen el aval de la mayoría. Hay, claro está, disidencias de sectores porque la unanimidad es una utopía. Mucho más en un armado político sin un jefe que conduzca a todos, ni una causa que los aglutine, como suele ser el poder de gobernar.

En el camino de la reconstrucción, empiezan a aparecer puntos de contacto que traspasan la afinidad ideológica y que están vinculados a una agenda política y económica. A lo que el peronismo debería discutir lo suficientemente bien para forjar un nuevo programa y tener un plan de acción armado por si lograra ganar las elecciones.

Una de las primeras coincidencias tiene que ver con la necesidad de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lograr un “acuerdo razonable” en base a un plan económico que tenga como base levantar al castigado sector productivo e industrial del país. No hay grandes corrientes internas que hablen de un default. Sí, en cambio, hay una mayoría que advierte la necesidad de una negociación más puntillosa y extrema, que, probablemente, dilate un acuerdo.

“¿Estamos todos de acuerdo en que pagar hay que pagar, no? No podemos llevar a un país a un default porque eso es un problema. Lo que hay que hacer es sentarse y ver cuánto estaba el Fondo habilitado a prestarle a la Argentina en parámetros técnicos. Son entre 20 y 22 mil millones de dólares. El resto no fue un préstamo técnico, fue un préstamo político. Discutámoslo políticamente”, sostuvo el entrerriano Guillermo Michel, durante una entrevista con la AM 530.

En ese sentido, remarcó: “¿Cómo hacemos? Asignemos una porción del superávit comercial a un fondo y que con eso se le vaya pagando al FMI en 20, 30 o 40 años. Paguémoslos pero de acuerdo a nuestras posibilidades. Lo que corresponde a la parte política del crédito, la vamos a pagar pero de acuerdo a lo que vaya teniendo Argentina por sus exportaciones”.

La postura de Michel, uno de los principales impulsores del PJ Federal, tiene coincidencias con la de Máximo Kirchner, aunque expresada en otros términos. “La propuesta debe tener una base sólida y estar vinculada a qué vamos a hacer con el endeudamiento externo. ¿Los vencimientos que tiene Argentina por delante se pueden hacer con la sociedad en esta situación o peor? Nosotros creemos que no”, expresó Kirchner, algunos días atrás, en una entrevista con Ar12.

El líder de La Cámpora sentó su postura y explicó: “Creemos que hay que charlar con los acreedores argentinos y empezar a cambiar esto. No puede ser la realidad de la gente una variable que no se tenga en cuenta a la hora de negociar con quienes han endeudado el país y han prestado. El FMI prestó de manera irresponsable y sin tener en cuenta la capacidad de repago de la Argentina”. El discurso es el mismo, pero expresado por dos perfiles distintos.

Máximo Kirchner expresa la idea del kirchnerismo y Guillermo Michel la del peronismo federal. Una coincidencia entre varias divergencias. Después empiezan a tallar los modos, las formas de negociar, la capacidad de generar consensos hacia adentro del peronismo para sostener una postura uniforme. Las diferencias ideológicas y sobre cómo gestionar el poder, están a la vista. Por eso construyen una alternativa por caminos separados. Sin embargo, empiezan a aparecer puntos de unidad.

Más atrás en el tiempo, pero con una línea similar, Axel Kicillof planteó la necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI frente a lo que consideró que es una deuda “impagable”. “El FMI tiene que comprender que dio créditos de manera irresponsable y que fueron usados de manera más irresponsable aún. Romper con el Fondo no tiene fundamentos. Es un poco infantil plantearlo así. Tienen que hacer una autocritica y proponer soluciones. Se tienen que sentar a hablar qué hacer con una deuda que es impagable. Hay que tener una discusión madura con el Fondo”. La idea es la misma. Hay que negociar, no hay que romper, pero hay que poner sobre la mesa nuevas condiciones.

La crisis de confianza es un tema recurrente en el peronismo. Y uno de los motivos por los que gran parte de la dirigencia manda señales para aplacar la interna bonaerense con impacto nacional. Porque la base para recuperar la confianza es ordenar el espacio desde la identidad política y delinear un nuevo plan económico, donde haya algunos ejes en los que la mayoría coincida: orden fiscal, superávit e inflación controlada. En los tres puntos el consenso es amplio.

“Cuando ganamos los activos se van a pique y cuando perdemos rebotan hasta la estratosfera. ¿No vamos a tomar nota de eso? Eso quiere decir que tenemos un problema de confianza. Tenemos un problema reputacional en cuestiones económicas. En cuestiones de brechas, de tipo de cambio, de riesgo país, de un imaginario de déficit”, planteó Juan Manuel Olmos en Cenital.

En el streaming de Infobae, Miguel Pichetto, que se acercó al esquema principal del justicialismo, consideró que “tiene que haber un programa para transmitirle a la sociedad” y que hay que buscar “convencerla frente a la decepción”. “El período de (Alberto) Fernández requiere de una autocrítica. Qué pasó y por qué el peronismo perdió la confianza de la gente”, sostuvo.

Ambos mensajes van a un mismo lugar. La necesidad de generar confianza con un programa sólido y en el que una amplia mayoría de la coalición en construcción se muestre de acuerdo. Para eso es determinante disminuir la confrontación interna y empezar a hablar de posturas y propuestas concretas. Por eso Máximo Kirchner expuso lo que muchos creen dentro del peronismo sobre que no se debe armar un frente anti Milei, sino discutir las bases del plan y la articulación de las distintas vertientes en una gestión. La clave es no volver a construir el Frente de Todos.

En la entrevista con este medio, Pichetto dijo también que el peronismo “tiene que generar un hombre de sistema”, en referencia a un candidato que provenga de la política. Esa mirada coincide con la que tienen, por ejemplo, Axel Kicillof y Sergio Massa, quienes creen que el tiempo que viene no es para un outsider, sino para un líder que tenga recorrido y consenso político para enfrentar un eventual postmileísmo.

En uno de los puntos donde hay más acuerdo es en las PASO. El PJ Federal es uno de los principales impulsores de realizar una elección primaria en el peronismo. Claro que para eso es necesario que el gobierno de Milei no logre derogarlas. A priori, parece ser una tarea difícil para la Casa Rosada, que no tiene consenso entre sus aliados más directos. Una diagonal posible es buscar un acuerdo para que las elecciones no sean obligatorias, sino opcionales.

Sergio Uñac, que ya declaró su voluntad de ser candidato a presidente, hace varias semanas que insiste en la necesidad de una interna. Cree que el peronismo debe organizar una elección partidaria, dividida por regionales y abierta a todos los votantes. Sin embargo, avala también la idea de las PASO, en el caso de que la oposición logre sostenerla en el Congreso.

Axel Kicillof, al igual que la mayoría de los gobernadores de Fuerza Patria, están de acuerdo con conservar las PASO. El mandatario bonaerense, que es el candidato más firme que tiene el peronismo en esta instancia, está dispuesto a competir. Tiene en claro que si figura no ordena a todos. Incluso, cree que una elección primaria puede servir para ampliar la coalición y abrirle la puerta a sectores que en la actualidad de aglutinan en Provincias Unidas.

Involuntariamente, Kicillof también es protagonista de otra de las coincidencias que vienen creciendo dentro del peronismo. Una gran parte de la dirigencia cree necesario que tanto él como Cristina Kirchner resuelvan la conflictividad en la que subsiste el PJ Bonaerense desde hace más de dos años. Algunos creen que el Gobernador sentarse a hablar con la ex presidenta en San José 1111 y ordenar la interna con un acuerdo. Otros consideran que debe romper ese vínculo político en forma terminante.

Pichetto dijo algunas horas atrás que sería “importante” que “Kicillof la vaya a ver” a Cristina Kirchner porque en política “es importante lo humano”. Planteó en otros términos lo que La Cámpora le pide al gobernador bonaerense hace tiempo. Lo cierto es que tanto el diputado nacional como los dirigentes de la agrupación ultra K son actores que están, por diferentes circunstancias, en la vereda opuesta al economista.

La aceptación de que la discusión es plenamente horizontal, más allá de los jefes que tiene cada tribu, es también un punto de encuentro. No hay ni un líder, ni un nombre propio, ni un futuro candidato que alinee la mayor parte del peronismo. No hay síntesis y no hay legitimidad sobre ninguna figura, lo suficientemente contundente para consolidar la punta de un proyecto político.

Hay coincidencias que se van transformando en pequeñas paredes de una nueva alianza. El peronismo avanza en una discusión integral, detrás del ruido de las diferencias.

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Sin los votos asegurados, el oficialismo y los dialoguistas buscan destrabar la agenda de leyes en el Senado

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Con el regreso desde Chile de la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el oficialismo senatorial se reunirá esta tarde -15- con la oposición dialoguista para intentar destrabar algunas de las leyes que envió la Casa Rosada y que, hasta las últimas horas, continúan sin las firmas necesarias para avanzar con dictámenes de mayoría.

Tras el cónclave, los legisladores mantendrán otro convite junto a la vicepresidenta -a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei– y titular de Cuerpo, Victoria Villarruel, para actualizarla un poco -aunque sea- sobre el estado de la agenda que piensan entre las principales fuerzas -sin contar al kirchnerismo- y vislumbrar, en caso de haber algún entendimiento, la posibilidad de sesionar la semana próxima -jueves 14- o la siguiente, que sería con temas sin conflicto y ya despachados.

El primer texto a definir es el relacionado con el blindaje a la “propiedad privada”. Fue defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y criticado por otros tantos disertantes invitados por la oposición. Como contó Infobae días atrás, el capítulo que quiere borrar la mayoría de los dialoguistas apunta es el referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Durante la era Cambiemos, la regularización de barrios populares fue promocionada por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votada con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores de distintas esferas suelen vanagloriarla como el ejemplo de “consenso”.

No piensa igual el Gobierno que, a través de Sturzenegger, señaló: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Detrás de todo esto se asoman millonadas. No obstante, como está planteado el articulado, no tendrá luz verde y se acumulan sugerencias parar borrar, de un plumazo, el capítulo entero.

La segunda espina a quitar es la de venta de tierras a extranjeros. La bandeja de opciones incluye límites vía porcentaje, cifra o, como deslizan desde algunos pícaros despachos, que cada provincia tenga la libertad de decidir sobre ello. Algo parecido a la reciente sancionada ley de glaciares. Los votos mandan y los aliados ya no huelen el mismo perfume que post elecciones de octubre pasado. La Casa Rosada tendrá la última palabra. Mismo caso para planteos sobre desalojos exprés, otro ítem delicado para el sector más zigzagueante de la corrección política.

Otro proyecto por ahora frenado es la reforma política. Allí, el Gobierno desea dinamitar las PASO e incluyó la normativa de Ficha Limpia que hicieron caer, hace casi un año, los misioneros renovadores Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, siempre bajo las estrictas directivas del inoxidable mandamás provincial y exgobernador Carlos Rovira.

En tanto, en cuanto a la ley de salud mental, se habla de una lista cercana a 60 expositores que aterrizarían a partir de las próximas semanas. Ni una palabra se menciona sobre la iniciativa de discapacidad y, mucho menos, sobre la norma -vetada e insistida luego con dos tercios- que el Ejecutivo continúa sin cumplir.

Para la jornada de hoy se estima, de no repetir cancelaciones sorpresivas, la conformación de tres bicamerales: Mixta Revisora de Cuentas, a las 11.30; y Control de los Fondos de La Seguridad Social, desde las 16. Media hora más tarde será el turno de la Permanente de La Defensoría del Pueblo, que sigue sin resolver al sucesor de Eduardo MondinoFue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se arribó a un reemplazo.

 

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El Congreso intensifica el seguimiento judicial sobre Adorni y crece la idea de una interpelación

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Manuel Adorni

Cada noticia que surge respecto del patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, repercute en un Congreso de la Nación que sigue muy de cerca el devenir judicial del funcionario nacional, que cada vez parece más complicado. Esas complicaciones, a las que ahora se sumó un contratista que presentó facturas por miles de dólares por las refacciones de la casa del country, parecen estar cambiando el clima respecto al futuro de Adorni en el cargo.

Así como los datos de las refacciones hicieron que en Tribunales desaparezca la percepción de que Adorni podría presentar algún tipo de contabilidad creativa, en Diputados se reinició un proceso de consultas entre los bloques de la oposición respecto de las posibilidades de una interpelación.

“El centro no se mueve todavía —en referencia a los bloques del PRO, la UCR y los que responden a algunos gobernadores— pero hay conversaciones para llevar adelante una sesión con emplazamientos cruzados”, dijo a Infobae un diputado de la oposición.

Respecto a la idea de los emplazamientos cruzados, los bloques buscan sumar los 129 diputados necesarios para llegar a una sesión y para eso están “recolectando” proyectos que La Libertad Avanza se niega a tratar para poder impulsarlos desde el recinto. “La idea es tratar de ponernos de acuerdo e ir a una sesión en donde se voten los emplazamientos y poder avanzar en las comisiones”.

Un tercer diputado que busca avanzar con un paso más firme va a impulsar la moción de censura. “Ya tuvimos 125 diputados para citarlo, hay que ver si logramos pescar a alguno disgustado de los bloques del medio”. Este diputado de la provincia de Buenos Aires tampoco descarta que en el oficialismo “dejen hacer” en busca de una destitución. “Pero al final del día le puede servir para no ser él quien lo entregue porque la situación parece insostenible”, agregó.

El peronismo quiere avanzar con la interpelación pero reconoce que la idea “tiene que madurar”. “Lo está haciendo de a poco porque hay muchos que esperan los movimientos de la Justicia. Nosotros creemos que eso es un error porque la Justicia tiene sus tiempos, pero mientras tanto cada vez que se conoce algún dato respecto del estilo de vida del Jefe de Gabinete y su familia, la idea va madurando”, señalaron desde el bloque que conduce Germán Martínez.

Un dato que no pasó desapercibido entre los diputados fue la “jornada de trabajo” que tuvo ayer la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo señalan que fueron reuniones de trabajo para intentar avanzar en la agenda oficial, que está “empantanada”.

En ese sentido, este medio pudo confirmar reuniones con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con los diputados oficialistas Sebastián Pareja y Celeste Ponce, entre otros. “Recibió a todos los diputados que tenían temas, habló sobre la reforma electoral”, explicó una fuente libertaria.

“La presencia de Karina Milei alteró el orden de la Casa. Metieron un vallado y se hizo imposible transitar por la zona de la Presidencia de la Cámara. Como siempre con ellos —los libertarios— se hacen dueños del lugar”, se quejaba un diputado de los del “centro”.

En el mundo libertario hacen referencia a una jornada de trabajo y aseguran que no se tocó el tema Adorni. A nadie se le escapa, sin embargo, que la hermana del Presidente mantuvo encuentros con sus legisladores en momentos en que se iba conociendo el detalle de los supuestos gastos de Adorni en el country y los memes crecían en las redes sociales respecto de la construcción de una cascada en la pileta de la casa.

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