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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Luis Juez habló de Victoria Villarruel: “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”

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Luis Juez reavivó el debate sobre la dinámica interna en el Senado y la relación entre Victoria Villarruel y Javier Milei. El dirigente cordobés atribuyó las tensiones actuales a lo que describió como una transformación de la actitud de la vicepresidente, que fue impulsada por su entorno. “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”, dijo.

El diálogo entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel es nulo desde hace tiempo y la salida de Guillermo Francos del Gabinete, que oficiaba como interlocutor entre las partes, hizo que la comunicación hoy sea inexistente.

Juez responsabilizó a los “adulones que rodean al poder” por alimentar las aspiraciones de Villarruel al estar en línea directa de sucesión, generando una desconfianza interna y dificultando la relación con Milei.

En diálogo con Luis Novaresio en A24, el senador nacional enfatizó que “no tiene sentido que no puedas acompañar a un tipo que te hizo diputada nacional y te hizo vicepresidenta”. Además, consideró que la titular del Senado se habría dejado llevar por la idea de que podría suceder al presidente en caso de una eventual caída del gobierno.

En ese sentido, el dirigente cordobés también abordó el impacto del poder en la conducta de los dirigentes políticos, afirmando que es “un gran afrodisíaco” y sostuvo que, incluso, quienes no provienen de estructuras políticas tradicionales pueden verse desestabilizados por tener aún más. De esta manera, el senador ironizó al decir que “si algún día se encapsula el poder, desaparece el Viagra”.

Asimismo, Juez recordó que, durante el primer año legislativo de Milei, trabajó para consolidar un bloque de 39 integrantes en el Senado, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la Cámara alta. Sin embargo, lamentó que las disputas internas y el clima de adulación hayan deteriorado la dinámica institucional.

En este contexto, recordó que la historia argentina demuestra que los vicepresidentes suelen convertirse en una complicación cuando no comprenden cuál es su función. “El Vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del Presidente. Si no, no aceptes el cargo”.

Uno de los episodios que, según Juez, marcó un quiebre en la relación con Villarruel fue la discusión por el aumento de los sueldos de los senadores. El legislador calificó esa decisión como “una vergüenza de la que no se iba a poder volver”, y sostuvo que ese tipo de medidas contribuyó a profundizar las diferencias dentro del oficialismo.

Esta semana, este tema volvió a ser noticia luego de que Villarruel se desmarque nuevamente de la Casa Rosada para otorgarle un bono extraordinario a los empleados del Senado. La presidenta de la Cámara alta dispuso un pago único de $500.000 a los trabajadores de planta y, aunque la medida no alcanza a los senadores, reavivó las tensiones por la política salarial restrictiva del Gobierno.

Juez insistió en que Villarruel fue “devorada por el personaje” y que su transformación responde tanto a factores personales como al entorno que la impulsó a creerse con un protagonismo superior al que su cargo le exige.

Sobre su relación con Milei, el senador comentó que habló con él cuando estuvo en Córdoba el fin de semana ahí en Las Higueras para la presentación de los aviones de los F-16. Y añadió: “Seguramente me voy a juntar antes de fin de año”.

Pese a las diferencias que tuvieron este año por haber votado a favor de la declaración de la Emergencia Nacional en Medicina Pediátrica y en Discapacidad, Juez mencionó: “Yo lo escucho a Milei y me identifico con algunas cuestiones disruptivas” y aseguró: “Yo antes de las redes ya era un Milei sin pelo”.

Milei tiene una idea de lo que no hay que hacer. Sabe que a este país el populismo lo puso en el lugar donde lo puso, y creo que ahí tiene una gran posibilidad. Yo por eso lo sigo, por eso lo acompaño, por eso estoy convencido, por eso creo que no puede fracasar. No hay más nada. Para mayor claridad, fue la última elección. La gente dijo ‘esto no, por Dios, no me llevés ahí’. Pero muchas veces los pueblos vuelven al peor de su destino, vuelven a manos de los tipos que los han mancillado, humillado. Entonces, me parece que Milei sabe lo que no”, concluyó.

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El Gobierno enfrenta su primera prueba poselectoral: tensión por los tiempos para arrancar con el Presupuesto 2026

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El oficialismo se impuso el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 como primera prueba poselectoral. El proyecto vino ganando títulos durante semanas, marcadas por una larga serie de reuniones formales y conversaciones reservadas con gobernadores, para tratar de asegurar un rápido trámite en Diputados y el paso sin modificaciones por el Senado. Llegó ahora el día de traducir las negociaciones. Este miércoles arranca formalmente el período de sesiones extraordinarias, pero hay demora y la previa anotó recelos en la Cámara baja, además de versiones sobre hilos aún sueltos en las tratativas con los jefes provinciales.

El foco apuntó en las últimas horas al despacho de Martín Menem. Se esperaba una señal sobre la inmediata recomposición de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero finalmente trascendió que recién a principios de la semana que viene sería dado ese paso, con la intención de sesionar uno o dos días después. El punto es que la demora se debería a antes que nada a cuestiones que tiene que resolver el Ejecutivo: con quiénes y cómo cerrar acuerdos, porque no habría elasticidad suficiente con todos los gobernadores.

Diego Santilli ya recorrió casi todo el circuito de las provincias consideradas para el diálogo, es decir, descontando opositores duros, por decisión de Olivos, no como fruto de desaires a una convocatoria oficial. La respuesta a las demandas es una cuestión que no se limita al ministerio del Interior, porque pesa Luis Caputo. Vale un ejemplo notorio: las tratativas con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que generó la poda de CFK -con Alberto Fernández presidente- suma una o dos reuniones por semana, pero hasta ahora sin acuerdo sellado.

Desde el oficialismo, insisten en proyectar un panorama optimista. No parece sencillo. Hablan de una negociación que finalmente le permitiría contar con el apoyo de peronistas alejados de UxP, provinciales y buena parte sino todo el interbloque armado por el PRO, golpeado por los saltos hacia LLA, y parte del radicalismo. Necesita avanzar más en el heterogéneo espacio abierto al diálogo y, a la vez, insistente con sus demandas. Le hacen falta 34 diputados para tener quórum, además de asistencia firma de su bloque, que creció a 95 integrantes.

El tratamiento a la carrera que Olivos se trazó como objetivo para coronar el Presupuesto aumentó las expectativas sobre una rápida constitución de la referida comisión de Diputados. Y tal vez por eso mismo, resultó llamativa la postergación hasta la semana que viene. El clima anotaba además algunas tensiones sobre el criterio para distribuir las 49 sillas de Presupuesto y Hacienda.

Durante la jornada, mientras se sucedían conversaciones en la presidencia de la Cámara, circuló la información según la cual podrían restarle un lugar al interbloque de Provincias Unidas y uno también al PRO-UCR. La discusión tiene antecedentes y remite al modo de considerar el peso de cada sector, como bloque exclusivamente o en función de interbloques. Pero, por supuesto, se trata de una cuestión política, que sería más evidente si termina siendo beneficiado algún socio del oficialismo.

La primera cita de PyH aprieta aún más el calendario violeta. La intención sería integrar la comisión el lunes o martes, imponer dictamen el miércoles y llevar el tema al recinto veinticuatro horas después. El acuerdo político con aliados y dialoguistas debería ser repetido en el Senado, también velozmente, para aprobar la ley antes de fin de año. Ese es el plan, claro, pero antes debe ser resuelto el capítulo de las tratativas con los gobernadores.

Vinculada con ese desenlace, aunque con características propias, la apuesta violeta en el Senado está centrada en la reforma laboral. El proyecto llegaría el jueves o viernes a la Cámara alta y se estima que, en el mejor de los casos, podría tener dictamen hacia fin de año. Es un desafío que se plantea personalmente Patricia Bullrich, después de algunos pasos en falso o contratiempos como elemento desgastante.

En este caso, a diferencia del Presupuesto, el tema trasciende el terreno “estrictamente político” e involucra a organizaciones sindicales y empresariales. La CGT está a la espera del texto del proyecto, más allá de las versiones que la ponen en guardia y de los guiños que trascienden. Los jefes cegetistas comenzaron a tener encuentros con representantes de la oposición y gobernadores. Por lo demás, la agenda formal para un trámite legislativo como el que se avecina incluye la convocatoria a las entidades directamente afectadas y a expertos en la materia.

Cada uno de los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias tiene artículos sensibles, desde la “modernización laboral” a la ley de glaciares y los dólares del colchón. Resulta difícil para el Gobierno articular un sistema de alianzas sólidas que funcione indistintamente frente a cualquier iniciativa. La prueba inicial, por lo pronto, está atada al Presupuesto.

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Magario y Otermín suenan para conducir el PJ Bonaerense y crecen las disidencias entre Kicillof y los Kirchner

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“No le vamos a dar el PJ a Máximo ni a ningún aliado de él. A partir de ahora hay que dar todas las peleas y todas las discusiones”. Fuerte y al medio. Así pateo un importante dirigente del grupo político más chico que rodea a Axel Kicillof. El aliado al que se refiere tiene cargo, nombre y apellido. Es el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En el kicillofismo, donde se engloba el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), fortalecen la idea de que quien conduzca debe estar alineado al Gobernador. El encargado de remarcarlo ayer, durante una entrevista en radio La Red, fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que dejó entrever dos posturas que dan vueltas hoy por el gobierno bonaerense: que el nombre impulsado por Kicillof sea el de la vicegobernadora, Verónica Magario, y que se realicen elecciones internas en el partido.

“Hay muchos compañeros que podrían ejercer esa responsabilidad política de excelente manera. Después, quien sea, lo tendrán que decidir los afiliados al partido”, sostuvo Bianco. Luego, agregó que Magario “además de su carrera política, es quien más representa directamente los intereses del Ejecutivo Provincial”. Fue un guiño claro.

El sector del gobernador bonaerense empieza a cerrar filas sobre la posibilidad de que la vicegobernadora sea la presidenta del partido, aunque también aseguran que hay varios intendentes con capacidad y voluntad de conducir el PJ Bonaerense el próximo año.

Magario ha ganado confianza en el círculo más chico de Kicillof y empezó a aparecer en la boca de varios dirigentes cercanos a Kicillof como una opción viable para llegar a la presidencia del partido. El Gobernador no tiene intenciones de ser el presidente del partido, pero quiere a alguien de su confianza en esa silla. Si no es él, la matancera aparece como una opción viable.

Lo que todos tienen claro en el kicillofismo es que no avalan la continuidad de Máximo Kirchner o el desembarco de un intendente cercano. Quieren imponer un dirigente cercano para que desembarque en medio de una negociación tumultosa y cruzada, o para que compita en una elección interna y empiece, a través de los votos, a saldar las diferencias que atormentan al peronismo bonaerense.

“¿Cómo va a ser prenda de unidad una persona que negocia por un sector?“, se preguntaron cerca del Gobernador respecto al jefe comunal de Lomas de Zamora. Otermín es un dirigente de estrecha relación con Máximo Kirchner, a través del ex intendente lomense Martín Insaurralde, que sigue teniendo influencia en las discusiones de poder de la política provincial.

Durante las negociaciones por el armado de la alianza electoral y las listas de candidatos, Otermín fue uno de los nombres propios que trianguló información entre la gobernación bonaerense, el massismo y la familia Kirchner. Tiene buena relación con todos los sectores, pero está parado de un lado de la línea que divide a Kicillof de Cristina Kirchner. Más allá de los buenos modales y de su vocación de hablar con todos. Hace equilibrio, pero tiene un lugar de identificación bien marcado.

Otro nombre que suena para llegar a la cúpula del PJ Bonaerense es el de Federico Achával. Hace un año que el intendente de Pilar está presente en la ronda de nombres propios con posibilidades de ocupar cargos importantes en el peronismo de la provincia. Fue uno de los promocionados para encabezar la boleta de diputados nacionales y también para competir por la senaduría de la Primera sección electoral. Hasta aquí solo fueron rumores.

La opción de que Máximo Kirchner siga al frente del partido se diluye con el pasar de las semanas. En el MDF no avalan otro mandato, mientras que por fuera del esquema de Kicillof algunos intendentes, que tratan de hacer equilibrio en la interna, creen que la información que hizo correr el líder camporista de que quería continuar en la presidencia, tiene que ver más con una postura para negociar que con una decisión auténtica.

“Máximo quiere una salida elegante. Si no dice que quiere seguir, se lo llevan puesto y lo patean en el piso. Y eso no está bien. Esta postura le da aire para negociar. El nombre de Otermín aparece en ese contexto”, analizó un intendente del conurbano bonaerense que trabaja por una paz que nunca llega.

En La Plata impulsan la idea de hacer unas elecciones internas. “El peronismo necesita democracia interna. Necesitamos votar. Puede haber algunos sillazos, puede haber alguno que se robe una urna. Es algo mínimo al lado de que voten una gran cantidad de afiliados en un partido que se está muriendo”, fue el análisis crudo de una figura de renombre dentro del peronismo bonaerense.

La interna siempre tiene un equipo de intendentes que la repelen. Encuentran argumentos en los daños colaterales, el dinero que se debe gastar y la falta de logística para hacerlo. El peronismo hace muchos años que esquiva una competencia interna. Ya sea en una elección partidaria o en una nacional.

La fecha estimada en que debe realizarse el acto electoral es entre febrero y marzo. En eso hay acuerdo de las partes. Por eso para fin de este año o, como máximo, el principio del 2026, debe estar resuelto cómo se va a decidir la conducción del PJ Bonaerense.

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