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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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La Legislatura bonaerense retoma el debate por la ley de Endeudamiento

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La Legislatura bonaerense volverá a debatir este miércoles la ley de Endeudamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof y que tiene como fin tomar deuda por un monto equivalente a 3.600 millones de dólares, aproximadamente.

El objetivo del mandatario es encontrar el respaldo suficiente para obtener los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda pública previstos para el año 2025, y no hacer uso de los fondos destinados a Salud o Educación.

La sesión extraordinaria será presidida por Alexis Guerrera, quien hasta el recambio del 10 de diciembre mantendrá la titularidad de la Cámara baja.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el kicillofismo, además de su pelea interna con La Cámpora, también enfrenta dificultades para conseguir el apoyo necesario de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), que condicionó su voto a diferentes exigencias políticas, puestos y reparto de fondos.

El Gobierno provincial anunció el lunes último un fondo de 250.000 millones de pesos, el equivalente al 8% del total de la deuda, para ser distribuido entre los 135 municipios bonaerenses.

Kicillof enfatizó que no se trata de “tomar nuevas deudas para obras faraónicas” sino de “refinanciar” compromisos ya existentes y garantizar la sostenibilidad fiscal de la provincia.

Asimismo, el mandatario informó que los vencimientos que devengan de la deuda provendrían de Rentas Generales y que la ley busca “garantizar” estos pagos mediante la toma de nuevo financiamiento.

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Fentanilo contaminado: la Comisión Investigadora presentó el informe final con 20 recomendaciones sanitarias

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La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado presentó hoy el informe final con una batería de 20 recomendaciones para prevenir crisis sanitarias como la acontecida y fortalecer los controles estatales y la trazabilidad de medicamentos adulterados.

El encuentro fue presidido por la titular de la comisión, la diputada santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal), acompañada por la vicepresidenta Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza), quienes presentaron el documento de 1537 fojas.

Fein explicó que las 20 recomendaciones “tienen relación con lo detectado en la investigación como medidas que buscan prevenir futuros casos”.

Entre las sugerencias, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas (NA), se destaca la de “establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides y/o fentanilo”, como también “la declaración del origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, constitución o ampliación del establecimiento”-

También se recomienda “implementar un esquema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)” e “instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter previo a la producción de derivados del fentanilo”.

A su vez, se insta a “crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores”.

Otro punto importante es el que sugiere “implementar un sistema nacional de trazabilidad para inyectables y opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente”.

Además, se planteó “disponer la actualización y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud —tanto públicos como privados— que omitan o incumplan la obligación de notificación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)”.

En tanto, se sugiere “requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados”.

Asimismo se recomienda “mejorar los mecanismos de alerta sanitaria” y de los “Procedimientos para el Retiro de Productos Farmacéutico”, de manera tal que “ante el incumplimiento en la obligación de recupero de productos (recall) por parte de la empresa (laboratorio y/o droguerías), lo realizará la autoridad de aplicación con cargo a la empresa quien deberá solventar las erogaciones”.

“Homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y la distribución que dispensan las provincias al sector público”, es otra de las sugerencias mencionadas en el informe final.

Por último, se pide “garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas de delitos, en particular la asistencia integral física, psicológica y social, dotando al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) de todas las herramientas y recursos a esos fines”.

Luego de leer las 20 sugerencias, Fein reclamó que “haya un antes y un después, que cambie el sistema de producción de medicamentos, de control sobre los medicamentos y la fabricación, el control sobre la calidad de las clínicas y sanatorios, el acompañamiento a las víctimas, el rol del Estado para evitar esto”.

Por su parte, Tolosa Paz valoró la participación y exposición del juez federal Ernesto Kreplak, interviniente en la causa judicial, cuyas consideraciones “fueron tomadas para sumar a las recomendaciones finales del informe”.

A su turno, Giudici advirtió que “los mecanismos de control de organismos reguladores y los procedimientos de distribución y comercialización en todo el país y los mecanismos de asistencia a la víctima fallaron todos”.

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Diputados: La Libertad Avanza le arrebata al peronismo la primera minoría en la víspera a la sesión preparatoria

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Después de mucha “rosca” y de remar desde atrás, La Libertad Avanza logró este martes remontar la cuenta y superar a Unión por la Patria (UxP) en número de diputados nacionales, por lo que luego de que el miércoles a las 13 juren los 127 representantes electos en la sesión preparatoria, el oficialismo hará gala de su nueva condición de primera minoría.

Esta conquista le permitirá no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau (Unión por la Patria), y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda.

De esta manera, el riojano podrá recostarse en un ladero de su confianza cuando necesite descansar durante las sesiones y evitar cisnes negros inoportunos que le costaron más de un dolor de cabeza en el pasado reciente.

Quien sonaba para vicepresidente primero era el mendocino Luis Petri, pero altísimas fuentes del oficialismo en Diputados a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso señalaron que el saliente ministro de Defensa no sería el elegido porque recién abandonará su cargo en el Gabinete un par de días después de la sesión preparatoria.

Para la vicepresidencia tercera se libraba hasta altas horas de la noche una sorda disputa entre tres nuevos interbloques que tomarán forma a partir del 10 de diciembre: Provincias Unidas, el armado de un segundo grupo de gobernadores del Norte Grande y la casi segura alianza entre el PRO y la UCR.

La disputa por las comisiones

Más allá de la renovación de autoridades, el tamaño final de los bloques y de los interbloques es fundamental porque determinará la cantidad de representantes que cada espacio político podrá contar en cada una de las comisiones.

Al capturar la primera minoría, La Libertad Avanza se garantizará un integrante más que Unión por la Patria en cada una de las comisiones, lo que le permitirá tener un mayor control político sobre la oposición que el que tuvo durante el 2024 y lo que va de este año.

Conforme a la distribución de los bloques e interbloques, las comisiones tendrán un fuerte componente bipartidista, y quedarán muy pocos lugares por fuera de la polarización para las fuerzas del medio.

Provincias Unidas (con el impulso de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut) se encaminaba a reunir una veintena de legisladores sumando los resabios de Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot), los radicales díscolos que se agrupaban en Democracia para Siempre, y la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade).

Los gobernadores de las provincias de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca daban pelea y se esforzaban por lograr un armado con un volumen mayor.

Con las salidas del santafesino José Nuñez y del rionegrino Sergio Capozzi con destino a Provincias Unidas (que se sumaron a una seguidilla de fugas previas) y del entrerriano Francisco Morchio a La Libertad Avanza (por orden del gobernador Rogelio Frigerio), el PRO profundizaba el estado de anemia general, reteniendo apenas una docena de legisladores propios.

En ese contexto, apuró las negociaciones con el bloque de la UCR (también magro, reducido a solo siete diputados) de forma tal de armar un interbloque, al que también se integraría el MID (Oscar Zago y Claudio Falcone) y Coherencia. 

Al cierre de esta nota, La Libertad Avanza llegaba a 95 diputados nacionales y escondía debajo de la manga una carta adicional para jugar en caso de que las circunstancias lo obliguen a hacerlo: un diputado proveniente de una provincia del norte que estaría dispuesto a saltar al bando libertario.

Con este número le alcanza para superar a Unión por la Patria, cuyas esperanzas se terminaron de desvanecer este martes cuando el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó la salida de tres diputados nacionales de esa provincia, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca.

La bancada que seguirá presidiendo el santafesino Germán Martínez, con la camporista Paula Penacca ratificada como secretaria parlamentaria, arrancaría la nueva etapa con una tropa de 93 diputados y mantendrá el nombre de Unión por la Patria (no cambiará a Fuerza Patria), averiguó la Agencia Noticias Argentinas. 

Renuncias y juras

Antes de la sesión preparatoria está prevista otra reunión plenaria en el recinto programada para las 11 con el objetivo de efectivizar las renuncias de los diputados nacionales que tenían mandato hasta 2027 pero que decidieron anticipar su salida por diversas razones (para asumir una banca en el Senado, en la Legislatura porteña, etcétera).

Esas renuncias habían sido notificadas por escrito el jueves pasado a la Presidencia de la Cámara, pero este martes se conoció que Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) retiraba esa medida, producto de los obstáculos que viene teniendo para asumir la banca que ganó para el Senado.

Así las cosas, la rionegrina seguirá, al menos por ahora, siendo parte del elenco libertario en Diputados, luego de que se frenara su jura en la Cámara alta en medio de una catarata de impugnaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La ceremonia de jura de nuevos diputados nacionales prevista para este miércoles a las 13 será un punto de quiebre que marcará un rediseño del equilibrio de poder, una reconfiguración de fuerzas en el tablero legislativo.

Este nuevo mapa del poder parlamentario, cuyo bosquejo inicial ya había empezado a dibujarse el 26 de octubre tras el resultado electoral, terminará de condensarse este miércoles, que inaugurará un nuevo sistema de pesos y contrapesos, con un escenario mucho más favorable a La Libertad Avanza que el que tuvo en los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.

El álbum de figuritas del nuevo Congreso estará compuesto por diputados que renovaron sus bancas, otros que retornan después de un tiempo y otro grupo importante de legisladores que harán su debut en la Cámara baja.

Los que renuncian

La Libertad Avanza: Nadia Marquez, María Emilia Orozco

Unión por la Patria: Itai Hagman, Martín Soria

PRO: Silvia Lospennato y Diego Santilli

Frente de Izquierda: Christian “Chipi” Castillo

Los que repiten

La Libertad Avanza: Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sanchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello

Unión por la Patria: Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Agustina Propato

UCR: Pamela Verasay

Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota

Los que vuelven

La Libertad Avanza: Luis Petri

Unión por la Patria: Agustín Rossi, Teresa García, Horacio Pietragalla

Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, Martín Lousteau

Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Néstor Pitrola

Caras nuevas

La Libertad Avanza: Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, “Tronco” Figluolo, Virginia Gallardo, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Laura Soldano, Diego Hartfield

Unión por la Patria: Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Huguito Moyano, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño, Adriana Serquis.

PRO: Fernando De Andreis, Antonela Giampieri

Innovación Federal: Oscar Herrera Ahuad

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