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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Javier Milei decidió no arbitrar y los libertarios se acostumbran a gestionar con dos bandos

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Con la evidencia empírica de que el presidente Javier Milei no tomará un rol de árbitro en las disputas de poder que tenga su hermana Karina con Santiago Caputo, los hombres y mujeres que gestionan el gobierno libertario aceptaron que la situación difícilmente cambiará y se resignan a llevar adelante las tareas con ese problema ya internalizado. Esa disputa se observa en la cúpula de poder, pero también -en demasía- en las segundas líneas que toman decisiones con temor a quedar presos de la interna en alguna operación cruzada. “Hay mucho cagazo. Es lamentable pero es la verdad porque en todos lados hay funcionarios de ambos sectores. Y nadie confía”, reconoció un cuadro técnico al frente de un organismo ante Infobae. Para peor, toda noticia que golpee al entorno de la secretaría general de la Presidencia es visto por ese bando como un mensaje interno y viceversa.

El último ejemplo sucedió con el envío de pliegos por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elegido personalmente por Karina. El archivo de los elegidos por el ministro sumado a algunos artículos periodísticos que hablaban de “incomodidad” interna por “lazos K” hicieron desatar la bronca hacia adentro de Casa Rosada por creer que hay piedras en el camino de la gestión.

Las filas no se cerraron ni siquiera sobre Manuel Adorni. Más allá de la sobreactuación en redes sociales (el terreno más importante para el gobierno libertario), en “Las Fuerzas del Cielo” hay bronca contenida por el daño que le realiza el jefe de gabinete al Presidente. Pero, una vez más, quedó en el medio quien lo eligió, Karina Milei. Por eso la orden fue contundente. Desde el Presidente hacia abajo estarán todos. “Es como si nos tomaran falta”, reconoció entre risas y algo de nerviosismo un ministro que hoy buscará sentarse en primera fila.

Las más de cuatro mil preguntas fueron respondidas por escrito. Cuando fueron enviadas aún no se conocían todos los viajes del matrimonio Adorni-Angeletti. En las últimas horas se conocieron dos destinos más. El primero a Río de Janeiro a mediados del 2024. El efectivo fue la forma predilecta para pagar los costos. Lo mismo para el último conocido. Su esposa gastó cerca de 6.000 dólares en efectivo en un viaje a España, en septiembre de 2025, entre pasaje y estadía, según reconstruyó la Justicia. Con un sueldo que estuvo entre los 3 y los 7 millones de pesos, los malabares para justificar esos ingresos serán materia de estudio en cualquier universidad de Economía.

Más allá de las investigación judiciales, la discusión política que termina siempre en la Corte Suprema es un tema de debate. Así lo planteó el martes Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal. Dijo que mientras la Corte Federal de Estados Unidos dicta entre 80 y 100 sentencias por año, en Argentina fueron 15.000. “¿Por qué esa diferencia? En primer lugar porque hay una judicialización creciente de todos los temas. Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y, en la Justicia, siempre se busca llegar a la palabra de la Corte”, aseguró.

Este panorama está lejos de frenar. El ejemplo más concreto es la reforma laboral. Otros proyectos que tensan al poder real podrían terminar igual, más allá de lo que diga el Congreso. El debate para aprobar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) podría seguir ese camino. Allí se da algo curioso. Fue el canciller Pablo Quirno quien mandó a frenar el avance. La pregunta que se hizo al respecto el área de Federico Sturzenegger es en base a qué. “Ahí es una pelea de laboratorios nacionales que buscan frenar a toda costa el cambio. El lobby es enorme”, reconoció un empresario al tanto de la disputa. La Cámara que nuclea a estas empresas, CILFA, apuesta a estirar los tiempos. La creencia es que si a Donald Trump le va mal en noviembre como las encuestas preven, todo lo negociado entre su administración y la de Milei entrará en debate.

Esa previa en el país más poderoso del mundo es seguido con detenimiento por la política argentina, sin importar el oficialismo y la oposición. Desde el PJ creen que el comienzo del fin de Trump puede adelantar el ruido económico para Milei. Sobre todo el financiero. Si bien la creencia es generalizada, el método para enfrentar a Milei tiene tantos caminos como líneas internas existen hoy en el universo peronista. Axel Kicillof no tiene otra salida que hacia adelante y es el único candidato firme. Pero encuentra rivales de peso. El sector de Cristina Fernández de Kirchner amenaza con una ruptura total y apoyar a otro candidato. A esa idea se le suman otras. Algunas muy conocidas y otras que son imposibles de obviar. El banquero Jorge Brito dejó correr la idea de presentarse el próximo año. Apareció y se fue Dante Gebel, apoyado por un círculo que rodea peronistas, ex libertarios y sindicalistas. Y detrás de todos, siempre presente Sergio Massa.

“Hay un error. En ese momento no solo estaba Perón proscripto, sino que estaba el peronismo en proscripción. Cuando se llamó a votar en blanco. Hoy Cristina no puede ser candidata, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina proscripta, como lo dijimos mil veces. Entonces, son situaciones que no se pueden comparar. Tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga un candidato, independientemente de la situación de Cristina”, dijo la mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, a FutuRock. La respuesta vino por parte de Teresa García, diputada nacional que responde directamente a la ex presidenta: “La quieren fuera de la cancha. No hay diálogo con el sector de Kicillof”. Suenan los tambores.

En la Ciudad de Buenos Aires la campaña nunca se detuvo. El fin de semana el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aprovechó la mirada mundial sobre Franco Colapinto para anunciar que irá por la reelección en 2027. El hombre del PRO sueña con traer a la Fórmula 1 para el 2028 (confirmarlo, obviamente, durante la campaña).

Por lo pronto, durante mayo tendrá su primer test legislativo con un recinto segmentado como nunca antes. Buscará ampliar el Presupuesto producto de la inflación. ¿La razón? Lo aprobado para este año contemplaba, como marcó el Estado nacional, una inflación del 10 por ciento. Ahora buscará ampliarlo un 15,5 más (total de 25,5%). Tiene lógica, ya que en el primer trimestre los aumentos de precios registrados por el INDEC rozaron el 10%. Para esa ampliación necesita el aval legislativo. El bloque más importante lo lidera Pilar Ramírez, los ojos de Karina Milei en la Ciudad. Los votos no llegarían por esa vía ya que sería admitir una inflación muy por encima de lo anunciado por el Presidente. ¿Entonces? La pecera que sigue es la peronista. Allí están dispuestos a acordar a cambio de avanzar con iniciativas propias.

Falta un tercero en el juego: Horacio Rodríguez Larreta. El ahora legislador que ya dijo que buscará ser jefe de gobierno tendrá votos clave para el futuro presupuestario del PRO. Además de este tema, será interesante escuchar si Larreta tiene algo para decir acerca de la salida de Carlos Frugoni del ministerio de Economía de la Nación. Es que el ahora ex funcionario no declaró siete (si, siete) propiedades en Miami. ¿Cuándo hizo semejante patrimonio? Quizás su pasado al frente de AUSA y de la polémica obra del Paseo del Bajo tengan algo que ver.

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El Gobierno apura la reglamentación de la reforma laboral, pero un artículo clave podría quedar afuera del decreto

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Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la validez de 83 artículos de la norma, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

Con ese impulso brindado por un sector de la Justicia, el Gobierno consideró que la Ley 28.702 de Modernización Laboral está plenamente vigente y decidió no perder el tiempo: es inminente la firma del decreto reglamentario de la norma con el fin de no dilatar más la instrumentación de los cambios previstos en la norma.

“Hay algunos aspectos que ya se pueden aplicar de manera directa, como los vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no necesitan reglamentación en particular, pero sí la requieren otros artículos como el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el de las rebajas en las cargas para las nuevas contrataciones”, dijo a Infobae una fuente oficial.

La misma fuente reconoció que el envión del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo que se decidiera acelerar el dictado del decreto reglamentario, pero advirtió que todas las áreas del Gobierno involucradas en esa tarea no tienen el mismo ritmo porque hay artículos complejos en materia legal. “Fue una tarea en conjunto ya que hay borradores de la reglamentación que fueron elaborados por los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA”, agregó el funcionario.

El FAL fue, según trascendió, lo que implicó más análisis y consultas técnicas y jurídicas. Y es, al mismo tiempo, una de las principales apuestas del Gobierno en la Ley 28.702 de Modernización Laboral: se trata de una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.

Aun así, en la Casa Rosada advirtieron que, ante la complejidad del tema, existe una posibilidad de que la reglamentación del FAL no sea incluida en el decreto que se conocerá en las próximas horas y que sea el eje de otro decreto que sería dictado más adelante.

Según la ley 27.802, el FAL debía empezar a funcionar a partir del 1° de junio próximo, pero en el mercado ya temían que hubiera una prórroga sobre este punto por la demora en reglamentar la reforma laboral. Y ahora Economía no descarta dejar ese artículo para más adelante y que sea reglamentado con otro decreto.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, insiste en la necesidad de que los empresarios aprovechen las herramientas de la nueva ley para aumentar los sueldos por encima del piso paritario, como el salario dinámico, que ayudaría a descomprimir las fuertes presiones de los sindicatos para lograr acuerdos salariales que compensen la inflación.

Ese punto, de todas formas, ya tiene vigencia y no requiere de reglamentación. En cambio, sí necesita ser reglamentado uno de los artículos de la reforma laboral que más expectativa genera en la administración libertaria, como es el que promueve la creación de sindicatos de empresa, que la normativa del trabajo ya contemplaba, pero la Ley de Modernización Laboral facilitará el otorgamiento de la personería.

Hasta ahora, la ley vigente decía que “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión”. En la reforma laboral, el artículo 136 establece que podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando, durante un período continuo de al menos seis meses, esa organización cuente con más afiliados cotizantes que el sindicato de actividad con personería previamente reconocida. Será un golpe al gremialismo tradicional, cuyo poder se basa en los derechos exclusivos que brinda la personería sindical.

En el Gobierno admiten que tampoco depende de ninguna reglamentación la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y, al mismo tiempo, prevén un aumento de la conflictividad en los próximos meses. Los funcionarios libertarios incluso imaginan una complicación adicional: creen que muchos sindicatos desobedecerán la exigencia de mantener servicios mínimos del 75% o del 50% en caso de huelga, como figura en la reforma laboral, y que será muy difícil constatar los porcentajes exactos de acatamiento y exigir que se cumpla lo establecido en la Ley 27.802.

Otros artículos que son considerados válidos y que no hace falta reglamentar son, entre otros, la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y el tope del 2% para la cuotas solidarias, que limita el financiamiento de los sindicatos.

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En medio de la interna con Kicillof, el PJ se reúne y pone en agenda la libertad de Cristina Kirchner

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Este jueves, a las 11 de la mañana, en Matheu 130, se reunirá el consejo nacional del PJ tras cinco meses. La última vez que se encontraron fue el 18 de noviembre del año pasado, pocos días después de la dura derrota en las elecciones nacionales frente al gobierno de Javier Milei.

Al encuentro asistirán los cinco vicepresidentes que están en funciones y que llevan adelante el partido, debido a la imposibilidad de Cristina Kirchner de estar presente. La ex presidenta de la Nación monitorea los movimientos del partido a través de los ojos del formoseño José Mayans, vicepresidente primero del PJ.

En el orden del día aparecen cinco puntos: la lectura y consideración del acta anterior; la situación de las intervenciones en Salta y Jujuy; el informe de normalización del PJ de Misiones; la convocatoria al Congreso Nacional y el análisis de la situación política nacional.

El encuentro se dará en un contexto caliente. En el medio de las peleas internas que agobian, una vez más, al peronismo bonaerense, y algunas horas después de que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente el informe de gestión en el Cámara de Diputados, acompañado por el presidente Javier Milei. Serán horas efervescentes las que sigan desde hoy hasta el fin de semana.
En el quinto punto de la convocatoria, cuando se trate la situación nacional, varios dirigentes pondrán sobre la mesa la necesidad de mantener en alto el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner. Ese tema generó un nuevo enfrentamiento con el kicillofismo en los últimos días, luego de que el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijera que “Cristina está proscripta, pero el peronismo no”, lo que desató una cadena de críticas por parte del cristinismo a la mano derecha del Gobernador.

Aunque esté detenida en San José 1111, CFK es la presidenta del partido, se mantiene en línea con lo que sucede y, sobre todo, hace valer su conducción sobre muchos de los dirigentes que son parte del consejo nacional. Por eso el reclamo por su libertad estará presente y atravesará el debate en el primer piso del edificio partidario.

En paralelo a la reunión del consejo, Axel Kicillof va a estar en el centro porteño encabezando una marcha por el Dia del Trabajador como presidente del PJ Bonaerense. Ya que es el partido de la provincia el que hizo la convocatoria, a las 12, bajo la consigna: ”Marchamos en defensa de los derechos del pueblo trabajador“.

En lo que respecta a las intervenciones en los PJ del norte, la situación más amigable para la conducción kirchnerista es la de Salta, donde la intervención cambió de manos un puñado de semanas atrás y está en una instancia de organización, auditoria y convocatoria a elecciones.

Hasta el mes pasado Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso estaban a cargo del partido. En un cambio de estrategia evidente, CFK dio luz verde a que la intervención quede en manos de Pablo Kosiner, un hombre de confianza de Juan Manuel Urtubey. Esa conducción, al igual que la anterior, es resistida por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que presiona para que haya elecciones y se abra la competencia a todos los sectores.

Sáenz hoy tiene una parte importante del peronismo dentro de su esquema provincial, pero no al partido. Sin claridad plena sobre qué camino seguirá el año que viene en términos electorales, mantiene un enfrentamiento abierto con el kirchnerismo, desde donde se lo cuestiona cada vez que levanta la voz o que queda asociado a Javier Milei a través de su apoyo en iniciativas parlamentarias.

En lo que tiene que ver con el PJ de Jujuy, el grupo de los gobernadores norteños, que integran Sáenz junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), y del que también es parte la senadora jujeña Carolina Moisés, se alzó con un triunfo político cuando la justicia federal de la provincia designó como interventor a Ricardo Villada, un ex funcionario del gobierno de Sáenz y hombre de mucha confianza del Gobernador.

Moisés, que está en pie de guerra con el kirchnerismo, dejó en claro tiempo atrás, cuando se conoció el ingreso de Villada, que debe existir un espacio de participación nuevo dentro del partido y tras la intervención de CFK. El peronismo del norte mantiene una disputa abierta con el sector que lidera la ex jefa de Estado.

“La conducción del PJ Nacional hoy debe reconsiderar sus decisiones políticas, porque con Jujuy quisieron dar un mensaje claro: si pensás distinto, te castigan. Mi mensaje también es claro: no son dueños del peronismo y mucho menos de pensar que pueden pisotearnos, vamos a seguir defendiendo lo que pensamos en todos los ámbitos”, dijo la senadora a principios de abril, cuando se conoció el cambio de mando en el partido.

Lo cierto es que hay una tensión permanente entre la conducción nacional del PJ y las dirigentes que son parte o rodean las delegaciones partidarias en Salta y Jujuy. Conflictos que tienen un correlato en el Congreso y también en la discusión pública sobre hacia dónde debe ir el armado nacional del peronismo de cara a las elecciones del año que viene.

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