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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Operación disimulo: la Casa Rosada sobrelleva el vínculo con Bullrich, pero aumentan los resquemores por la PASO

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Por nosotros está todo bien”, dijo, con cierto grado de hastío, un funcionario nacional que dialoga a diario con Javier Milei. Patricia Bullrich acababa de redoblar la apuesta contra la Casa Rosada, una vez más. Y de sumar a sus cuestionamientos el intocable área de Economía, por los cambios no consensuados (con ella) que introdujo Luis Caputo en el Presupuesto 2027.

Si bien en la Casa Rosada se esmeran por mostrar que la sintonía con la socia de PRO sigue intacta, por lo bajo hay señales de que se les agota la paciencia.

El video de ayer y las entrevistas que Bullrich dio el jueves con dardos directos contra Hacienda y la conducción de la mesa política -a cargo de la misma “jefe”, Karina Milei- se sumaron a lo que ya constituye una colección de desmarques de “la Doctora”, como llama el Presidente a la senadora.

Los ejemplos sobran. El año pasado, con el proceso electoral en marcha, Bullrich se diferenció del Gobierno con el caso del amigo del jefe de Estado, José Luis Espert. En el verano tomó distancia con el giro de la reforma electoral. Luego les marcó la cancha a los Milei con Manuel Adorni (con éxito, porque lo echaron). Después, discutió con Federico Sturzenegger por la ley de Propiedad Privada. Y, en el camino, empezó a plantear con insistencia que los votos para eliminar la PASO no están. En varios de esos episodios, eligió una canción distinta para rematar sus señalamientos, con sendos tuits. Desde Vogue, de Madonna, al tango “Se dice de mí”, de Tita Merello, entre otras. Las canciones cambiaron, el mensaje fue el mismo: “Patricia no se va a callar, no es empleada de nadie”, dijeron ayer en su entorno.

El detonante de la discusión, esta vez fue el giro del Presupuesto 2027 al Congreso. El jueves, Bullrich dijo en distintas entrevistas que no le habían avisado de los recortes en Discapacidad, pese a haber estado dos días antes en la mesa política con Luis “Toto” Caputo y Karina Milei. Cuando un jefe de bancada no se entera, planteó, “quedás como un tonto o como un mentiroso”. En la Casa Rosada admitieron “fallos en la comunicación” en Economía y, cerca de la Secretaria General, le reconocieron la razón. Martín Menem, cercano a Karina Milei, tampoco conocía el detalle en Diputados.

En ese contexto apareció el video de ayer. El equipo de comunicación de la senadora había preseleccionado distintas canciones, algunas más fuertes que otras. Eligieron la más picante, tanto por la letra como por la autora. Lo grabaron el mismo jueves y lo publicaron el viernes, con una frase de la letra de la canción de la archienemiga artista de Milei, Lali Espósito: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.

La estrategia de los Milei fue fingir demencia. Según relató la periodista Marcia Frisciotti en Canal 13, y confirmaron fuentes oficiales a Infobae, Milei dijo que politizar el arte es “una tontería mayúscula” -aunque él mismo lo hizo cada vez que se ensañó con la cantante-. Y agregó que, después de la polémica, escuchó temas suyos que le gustaron. Mientras, el brazo tuitero de Santiago Caputo reforzaba la línea en X.

“No se va” y “no rompe”, sostienen en el entorno de Bullrich. Pero no niegan que su plan principal siga siendo la Presidencia, y lo asocian a su negativa, cada vez más rotunda, a competir por la Ciudad. El único plan B, posible hoy, sería la vicepresidencia. Y el C, CABA, cada vez menos atractiva para la jefa, dicen quienes la acompañan y escuchan en su despacho.

Sólo muy por lo bajo en el Gobierno admiten bronca. Pero en Balcarce 50 están a la orden del día las sospechas, firmes, de que la senadora tiene planes de tomar el lugar de Javier Milei como candidato presidencial el año que viene. Incluso sospechan que conspira o boicotea adrede la reforma política por su interés en sostener las PASO y eventualmente disputarle poder al jefe de Estado.

Es que Bullrich repite desde hace semanas que los votos no están para eliminar las PASO. Y en la Casa Rosada, cansados de escuchar esas advertencias, responden que la búsqueda de adhesiones no le corresponde a ella, sino a Karina Milei, los Menem y Diego Santilli. En el Gobierno empiezan a sospechar que quiere boicotear la ley más codiciada por la titular de La Libertad Avanza. Mientras, la comisión de Asuntos Constitucionales sigue sin dar dictamen al proyecto y los senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente bloquearon la firma.

A la senadora, dicen en su círculo, no le importa demasiado haber quedado afuera de la mesa con el PRO que Karina Milei acordó con Mauricio Macri y que encabezan Santilli y los Menem, junto a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Ya en agosto les había comentado a los suyos que se sintió aliviada de no ser convocada. “Ella ya tiene vínculo con el PRO vía senadores importantes del partido”, sostuvieron ayer en el bloque de la Cámara alta. Y respondían al reproche por los votos: “Dicen que ella encabeza un bloque de 44, pero ese número se debe a ella, a que se esmera en convencer a los radicales y a los amarillos. Después le descalabran ese trabajo”.

Por lo pronto, la decisión de Milei de ir por la reelección está firme y en Gobierno están convencidos de que Bullrich no tendrá los números en las encuestas para intentar nada. Por eso, dicen, están tranquilos. Y, como siempre, repiten que se tragan los sapos de sus cuestionamientos, como a nadie, porque la necesitan. En el Senado, la comisión pretende retomar la discusión por la reforma política la semana próxima o la siguiente. Por ahora, tanto Bullrich como los Milei planean mantenerse en aparente son de paz.

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El discurso de Milei en la ONU: fuerte presencia de Malvinas y la posible reunión con Donald Trump

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En medio del clima de tensión reciente por las medidas que tomó el Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, el presidente Javier Milei viajará el lunes a la noche rumbo a Nueva York para participar de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas, en una visita que estará atravesada también por la posibilidad de mantener una bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

Milei tendrá otra participación internacional, el plano que más cómodo le sienta, mientras, como en otras oportunidades, el clima local está convulsionado. En este caso no solo por los índices económicos y sociales que aún no repuntan y preocupan a la Casa Rosada, sino también con tensiones internas en el Gabinete por el Presupuesto, el vínculo con los aliados y la figura de Patricia Bullrich, que redobla la apuesta constantemente exponiendo las malas decisiones de la administración libertaria.

Por la mañana, el mandatario encabezará una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada para conversar con sus ministros los ejes de la gestión durante la semana, en la que Diego Santilli asumirá el rol principal.

El líder libertario y su comitiva partirán a las 23:00 desde Aeroparque para llegar a la ciudad de Nueva York el martes a las 09:30 (hora de Buenos Aires, las 8:30 locales).

Por la tarde de ese mismo día, el Presidente disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y recibirá el premio “Ohev Yisrael” por parte de las autoridades del lugar.

Posteriormente, tendrá dos encuentros: primero con Roberto Salinas, el titular de Mexico Business Forum y director de Atlas Network en América Latina, y después con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El miércoles, en tanto, la agenda comenzará con la participación de Milei en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, el evento principal de todo el viaje.

Hasta el cierre de esta semana, el mandatario todavía estaba trabajando en el discurso que pronunciará ante el organismo internacional y no tenía definidos los principales conceptos que iba a abordar, aunque como en las anteriores oportunidades, se espera que mezcle el conflicto con el Reino Unido con pasajes sobre la economía y la geopolítica.

El año pasado, el líder libertario cuestionó el funcionamiento de la propia ONU y planteó que se había alejado de su mandato original, al argumentar que la institución debía volver a concentrarse en “preservar la paz y la seguridad” a nivel global, por lo que propuso la simplificación de normas, la evaluación de resultados y la protección de las libertades individuales y comerciales.

En el tramo dedicado a la política exterior argentina, Milei reiteró el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, a las que definió como territorios “ilegalmente ocupados” por Gran Bretaña, y volvió a pedir la reanudación de las negociaciones bilaterales.

El contexto, sin embargo, cambió radicalmente. Hace tan solo unos días, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que estabece un endurecimien to de las sanciones para las empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago.

La iniciativa, además, plantea crear un Consejo de Seguridad Nacional, que será presidido por el jefe de Estado e integrará a funcionarios de las áreas de Defensa, Economía, Cancillería e inteligencia, con facultades para coordinar políticas y adoptar medidas ante amenazas externas, que incluso pueden llegar al uso de la fuerza en casos específicos y extremos.

En la Casa Rosada no habían terminado de definir los ejes del mensaje, aunque se espera que Malvinas ocupe un lugar relevante, como lo viene haciendo en cada uno de los comunicados oficiales durante estas semanas.

La redacción del discurso quedó en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, que en los últimos días participó de las conversaciones internas sobre la estrategia que la Argentina adoptará frente al Reino Unido.

Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el canciller Pablo Quirno, quien tiene a su cargo las gestiones internacionales con Inglaterra y el contacto con las autoridades estadounidenses.

Luego de la ONU, el Presidente asistirá a la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

A las 18:00 de la Argentina, tendrá una reunión con entre 12 y 15 importantes empresarios de distintos países, todos socios de Americas Society/Consejo de las Américas. Estará, de hecho, la máxima autoridad de ese organismo, Susan Segal, que tiene buena relación con el mandatario nacional.

Una hora y media más tarde Milei conversará con el Rabino Simón Jacobson, uno de los referentes del movimiento Jabad Lubavitch y que en el 2023 lo hizo llorar cuando, antes de asumir, le aseguró “que él podía ayudar a cambiar el mundo“ y que era “un líder espiritual”.

El jueves, en tanto, el jefe de Estado hablará en The Economic Club of New York, uno de los centros más prestigiosos en estudio de las cuestiones económicas, políticas y sociales.

A las 21:00 abordará el avión oficial que lo traerá de regreso a Buenos Aires, en donde tiene previsto aterrizar el viernes a las 08:30.

El viaje se da, además, en un contexto de fortalecimiento militar por parte de la Casa Rosada, que recientemente también dispuso el aumento de recursos para Defensa, anunció la construcción de una base naval integrada en Ushuaia y avanzó con denuncias contra compañías vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el área en disputa.

Aunque todavía no está confirmado en la agenda, también aparece la posible reunión con Trump. La Cancillería trabaja con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para intentar coordinar un encuentro formal entre ambos mandatarios, que podría realizarse el martes.

Un día después, el Presidente tiene previsto asistir a un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL), con sede en Tucumán, y el International Republican Institute (IRI), de Washington y que tuvo a Marco Rubio en su board.

En uno de los auditorios de las oficinas centrales del Citibank, el argentino hablará ante empresarios de diferentes secores y algunos funcionarios norteamericanos que también se espera que asistan.

En tanto, Milei coincidirá con Trump en el cóctel protocolar que la administración republicana organizó para los jefes de Estado que asistan a la Asamblea General. Sin embargo, la intención argentina es conseguir una audiencia aparte para abordar la cuestión Malvinas y conocer con mayor precisión la posición de Washington.

El norteamericano declaró recientemente que está dispuesto a revisar la postura histórica de su país sobre la disputa y se mostró abierto a involucrarse ante un eventual conflicto. De todos modos, una mediación formal requeriría que el Reino Unido acepte una instancia de diálogo con la Argentina, una posibilidad que aparece lejana.

La Casa Rosada considera que el vínculo político entre Milei y Trump puede ser útil para fortalecer el reclamo, aunque también reconoce que la administración norteamericana deberá contemplar su relación estratégica con Londres. El discurso ante la ONU y la eventual reunión bilateral permitirán medir hasta dónde está dispuesto a llegar el respaldo de los Estados Unidos.

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Presupuesto 2027: el Gobierno cede en parte del recorte a Discapacidad y hará un ajuste consensuado con los aliados

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El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

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