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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Kicillof prepara un acto nacional con el que buscará mostrar su perfil federal de cara a 2027

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Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suba al escenario del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), pronunciará un discurso opositor al gobierno de Javier Milei, en clave nacional. También empezará a dar algunas pistas sobre qué hacer a futuro. De hecho, la jornada se bautizó con el eslogan “Construir la Esperanza”. El encuentro, que será el próximo 19 de septiembre en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Wilde, municipio de Avellaneda, servirá para mostrar qué construyó políticamente el gobernador hasta el momento y sobre qué está parado, en vistas a las elecciones del año que viene.

El encuentro será también el cierre de los plenarios seccionales que vienen dándose en el interior bonaerense todos los sábados. Sin embargo, los organizadores ya buscan darle contenido federal para que, efectivamente, el mandatario provincial se suba a la contienda electoral. La logística y organización pasan por el círculo político de Kicillof. Semanas atrás hubo una reunión en el despacho del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para organizar la dinámica del encuentro y empezar a trabajar en la convocatoria. Aunque participaron intendentes, ministros y dirigentes del peronismo provincial, se buscará presencia no solo de figuras bonaerenses. Habrá sindicatos, movimientos sociales e intendentes del conurbano que pondrán su estructura al servicio del encuentro. Sin embargo, también esperan que haya legisladores nacionales, intendentes del interior del país y demás referentes por fuera de los márgenes de PBA.

El encuentro comenzará a las 11 de la mañana. Habrá diez carpas en las que se debatirán distintas agendas: Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat y Cultura y Deportes. Cada mesa tendrá disertantes y será en modalidad de debate. Se espera un documento final del MDF y el cierre a cargo de Kicillof en un escenario unificado. Aunque los organizadores dicen que “no está pensado como un acto masivo”, las dimensiones del predio permiten que la reunión sea multitudinaria.

La semana pasada, Kicillof volvió a levantar el perfil en pos de su construcción nacional. Con parte de sus ministros, viajó a Chaco escoltado por Héctor Daer de la CGT y participó de la asunción de las nuevas autoridades cegetistas en la provincia del nordeste del país. Fue recibido por el senador nacional y exgobernador, Jorge Capitanich. También mantuvo un almuerzo con intendentes y dirigentes del peronismo chaqueño, presentó su libro y firmó convenios con la Universidad Nacional del Nordeste. En su paso por esa provincia invitó a participar del acto que encabezará el 19 de septiembre en Avellaneda.

La locación elegida tiene un antecedente en la dinámica interna del peronismo. En ese mismo lugar, en marzo de 2023, se llevó adelante el acto “Luche y Vuelve”, en donde el kirchnerismo pedía por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, en un operativo de presión hacia el entonces presidente Alberto Fernández. Lo particular es que en ese momento el escenario mostró una postal que hoy es inimaginable con Máximo Kirchner y Axel Kicillof compartiendo espacio. Sin embargo, allí, empezaron los matices. El acto tenía un componente de efeméride. Se cumplían 50 años del regreso de Juan Perón al país, tras 18 años de proscripción.

“Algunos, en esos 18 años de persecución, pensaron que podían hacer un Peronismo sin Perón, pero no se podía, como hoy no puede haber Peronismo sin Cristina”, decía el gobernador. Antes había pedido que la dirigencia “bajase al territorio”, para conocer de primera mano el termómetro social. En ese ámbito se escuchó, acaso por primera vez en público, una contundente crítica del jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner hacia el gobernador. Kirchner fue el último orador de ese plenario. “No hay que bajar al territorio, compañero gobernador, hay que subir a los militantes a los lugares de una buena vez por todas y ahí vamos a ver cómo se negocia”. El resto de la historia es conocida hasta estos días.

Hoy, de quienes completaron ese escenario, hay dos sectores bien diferenciados. El gobernador armó su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, mientras que el kirchnerismo siguió en su posición. Sin embargo, en vista de las elecciones del año que viene, tanto La Cámpora/cristinismo como el MDF, el resto de los gobernadores peronistas o el Frente Renovador de Sergio Massa coinciden en un punto: que hay que sostener las elecciones primarias (PASO) en el Congreso para ordenar una interna que con el paso del tiempo asoma irresoluble en el marco de un acuerdo superestructural. De eso se habló en la cumbre que mantuvieron semanas atrás en el Hotel Emperador en el barrio porteño de Retiro. Un primer acercamiento.

Es probable, como viene sucediendo en los actos políticos en los que participa, que quienes asistan al encuentro del MDF en Avellaneda vuelvan a pedir la candidatura presidencial de Kicillof. El gobernador no lo dice en público. Quienes tienen diálogo diario con el mandatario bonaerense avisan que “cuando Axel esté en campaña se van a dar cuenta”. Por el momento, los movimientos que viene dando se parecen bastante a los de un candidato. Avellaneda será otra parada en su construcción política.

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La oposición convocó a una sesión en Diputados para debatir morosidad y emergencia en discapacidad

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Luego de haber mostrado en el recinto de la Cámara de Diputados que contaba con una mayoría suficiente para impulsar una sesión especial, la oposición formalizó este jueves la convocatoria para el miércoles 9 de septiembre para tratar dos temas incómodos para el gobierno de Milei: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Argentina Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

En la última sesión, en la que el oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición intentó incluir en el temario proyectos sobre estas cuestiones. En realidad, no fue más que una maniobra para poder determinar la voluntad real de algunos bloques dialoguistas de confrontar con la Casa Rosada, ya que para abrir la orden del día de una sesión se necesita una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible dado que los libertarios controlan más de un tercio del recinto.

Sin embargo, cuando el tablero mostró que 133 votos positivos (cuatro más del mínimo para llegar al quórum) quedó en claro que era posible construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión especial.

Estos 133 diputados nos permitirán avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, explicó el diputado Germán Martínez en la conferencia de prensa que realizaron en el Salón de los Pasos Perdidos, mientras en el recinto continuaba la sesión.

El presidente del bloque de Unión por la Patria se refería así a la imposibilidad de la oposición de tratar ningún proyecto el mismo 9 de septiembre, ya que no hay textos que cuenten con dictamen de comisión, un requisito casi ineludible para poder debatir un tema en el recinto.

Ante este escenario, la oposición deberá conformarse con emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégicas Presupuesto Finanzas, para ponerles un plazo máximo en el que tendrán que dictaminar los proyectos de la oposición. Para esto sólo se necesitan 129 votos positivos.

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal – el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID Independencia (Tucumán). Si bien en las filas de la oposición reconocen que por presión del Gobierno es probable que algunos diputados pierdan el entusiasmo, confían en que podrán sostener la mayoría. Por ejemplo, destacan que incluso hubo cuatro ausentes que jugarán a su favor: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.

Las decenas de propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

Durante las próximas dos semanas, cada bloque se comprometió a unificar criterios a su interior para luego intentar llegar a un texto de consenso que pueda ser aprobado en el recinto.

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“Milei alcanzó un récord histórico”: el Gobierno celebró la aprobación de otros 67 pliegos judiciales en el Senado

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La Oficina del Presidente celebró este jueves un récord histórico en materia de designaciones judiciales tras la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta. Así se precisió a través de un comunicado oficial en el que se remarcó que la administración del presidente Javier Milei se convirtió así en la gestión que mayor cantidad de jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

“La Oficina del Presidente celebra la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta”, comenzó el comunicado compartido a través de las redes sociales.

Con esta aprobación, el Gobierno del Presidente Javier Milei alcanzó un récord histórico en materia de designaciones judiciales, convirtiéndose en la administración que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994”, destacaron en el mismo mensaje en base al registro que logró el Gobierno.

El comunicado que compartió la Oficina del Presidente

La sesión se realizó este jueves a partir de las 11 y fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien retomó la conducción del recinto luego de tres semanas de inactividad de la Cámara Alta. La jornada, de baja intensidad política, incluyó además el ingreso de 24 nuevos pliegos judiciales girados a comisión y la aprobación de cinco convenios internacionales.

El comunicado de la Oficina del Presidente subrayó de manera particular la labor de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, a quien atribuyó la construcción de los consensos con todos los espacios políticos que hicieron posible la aprobación.

También destacó la gestión del ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques, por el trabajo realizado para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales. Mahiques asumió la titularidad de la cartera en marzo de 2026, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, y desde entonces motorizó el envío de candidatos a la Cámara Alta con el objetivo de reducir el alto porcentaje de vacantes en juzgados, defensorías y fiscalías del fuero federal y nacional.

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