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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El peronismo se disputa la agenda electoral y persiste la falta de acuerdo por las reelecciones indefinidas de intendentes en PBA

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Lentamente y con el correr de las semanas, en la dirigencia peronista asoman ciertos movimientos que evidencian la necesidad de avanzar en la agenda electoral del año que viene en territorio bonaerense. Si bien buena parte de lo que vaya a suceder está atado a una definición superestructural como por ejemplo la persistencia o eliminación de las elecciones Primarias a nivel nacional, hay temas que empiezan a conversarse y que están trasladados a proyectos de ley tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense: el que mayor atención se lleva es el que restituye las elecciones indefinidas para intendentes, diputados y senadores, concejales y consejeros escolares, que fue presentado el año pasado por la senadora Ayelén Durán y es por el que responde el Poder Ejecutivo cuando se le consulta sobre el tema.

Esta semana hubo una reunión entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la senadora de Fuerza Patria, Malena Galmarini, y la diputada también oficialista, Ana Luz Balor. Ambas legisladoras presiden las comisiones de Reforma Política en las cámaras que integran. El encuentro fue pedido por Galmarini, que forma parte del Frente Renovador. El espacio que comanda el excandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, no acompaña una modificación a la ley que limita las reelecciones de intendentes y demás cargos provinciales y municipales. Desde el Senado y la comisión que preside, Galmarini busca poner en discusión ese y otros proyectos. En la reunión, Bianco planteó que los temas de la agenda legislativa tienen que acordarse con la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila y que así lo dictamina la Ley de Ministerios. “Pediremos una reunión formal con Vila”, dijo la senadora peronista este martes luego de presidir la comisión de Reforma Política.

En su ámbito no hay proyectos relacionados con las reelecciones indefinidas. En este período legislativo solo se presentaron cuatro proyectos de ley. Uno que establece el régimen de debates preelectorales obligatorios para la elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires, del senador por Hechos, Marcelo Leguizamón; uno de la senadora radical Nerina Neuman y dos del libertario Luciano Olivera. El de reelecciones indefinidas está en la comisión de Legislación General, que preside el senador Germán Lago y que responde a la vicegobernadora Verónica Magario. De ahí no se moverá el expediente hasta que haya garantías.

En la reunión con los legisladores de Reforma Política de este martes, Galmarini explicó que solicitó el envío del expediente a la comisión, que no hubo respuesta y que volverá a insistir. Para Kicillof y el MDF, el proyecto de Durán debe tratarse en la comisión de Legislación General. Allí, este sector del peronismo tiene los votos para emitir un dictamen en mayoría. Sin embargo, ningún senador dará el puntapié hasta que su terminal política defina qué hacer, aunque ya se sepa que el MDF quiere las reelecciones indefinidas de intendentes,que el kirchnerismo también acompaña, aunque pide discutir todo el paquete electoral y otros temas de manera unificada y que el Frente Renovador no está dispuesto a restituir las reelecciones indefinidas.

Galmarini también adelantó que volverá a pedir que la comisión de Legislación General le gire los expedientes correspondientes a la boleta única de papel, a la reforma de la ley de partidos políticos, al cronograma electoral, al régimen electoral y a la reelección de intendentes y legisladores.

En la oposición creen que el gobernador no moverá ninguna ficha de este tablero electoral hasta marzo del año que viene. La idea contradice con lo que planteó la diputada Ana Luz Balor luego de reunirse con Bianco, quien si bien dijo que “no hay una urgencia” para tratar las leyes que responden al tema electoral como instauración de Boleta Única en Papel, reelecciones indefinidas o eliminación de las PASO “la idea es que se pueda trabajar este año porque el año que viene no queremos cambiar las reglas de juego como hizo Milei”, al referirse a la eliminación de la PASO o la aplicación de la Boleta Única en Papel para la elección de cargos nacionales que motorizó el año pasado, mismo tiempo que el año electoral.

Con respecto a la BUP para cargos provinciales y locales, la oposición intentará poner el tema en discusión. Este martes, el presidente del bloque de Fuerza Patria, en el Senado, Sergio Berni, dijo al retirarse de la comisión que estaba a favor de la BUP, “pero no como lo pide la oposición”, en referencia a La Libertad Avanza.

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El pedido de Milei para confrontar con una “campaña del miedo” de la oposición, que busca impulsar proyectos en el Congreso

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Javier Milei

Javier Milei reunió este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada por primera vez en 45 días, ratificó que no va a “traicionar sus ideas” y sostuvo que “no hay una situación de crisis” por la morosidad en créditos y pagos. Se trata de un asunto central, debido a que la oposición comenzará a impulsar iniciativas focalizadas en esa temática.

En ese plano, el Presidente les hizo saber a sus ministros que se siente incomprendido por una parte de la sociedad que le demanda políticas “populistas”. Fue ese el mensaje que solicitó enviar de manera posterior por sus voceros. Por caso, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, publicó ese mismo día un mensaje en su cuenta de X en la que contó que Milei “reafirmó que no va a entregar las ideas que guían la gestión y que al populismo no se le gana con más populismo”.

El mandatario libertario hizo especial mención a la cuestión de la “empatía”. El término fue esbozado en editoriales periodísticas y en discursos de opositores aliados e intransigentes. Para Milei, ese es un mecanismo por el que políticos “buscan justificar el crecimiento del nivel de gasto”. “Empatía es una palabra que usaba [Facundo] Manes”, se limitan a decir estrategas del Gobierno para explicar el por qué del rechazo de Milei a ese término. El neurólogo, conocido por navegar por los afluentes del centrismo político, fue uno de los principales apuntados por La Libertad Avanza de pregonar políticas “de buenos modales”.

Aunque existen resignaciones en vastos lugares del Ejecutivo, también comprenden que la posición que adoptó Milei no es nueva. “Es auténtico diciendo lo que piensa. Todo lo que está pasando ocurría también el primer año. Lo que pasa es que hay cosas que se van agotando en su repetición”, afirma otro de los representantes de una de las alas del oficialismo, que agrega: “Quizás determinado exabrupto que a alguno antes le parecía pintoresco, y que otros directamente omitían en aras de la cirugía mayor que necesitaba la Argentina, hoy no les gusta cómo resuena”.

Dos miembros del Gabinete que estuvieron en ese encuentro admitieron ayer no querer encuadrarse con el nivel más intransigente de comunicar de Milei, pero a la vez admiten que la continuidad de esa estrategia no será la que favorezca o perjudique al Gobierno.

“Esto es sencillo: si la economía arranca, somos todos Gardel. Si no lo hace, no importa lo que hagas, la gestión te va a costar más. En todo caso, lo que está haciendo Javier es aguantar los pelotazos de una oposición que nos quiere ver caer”, remarca uno de ellos.

La definición política que transmitió el Presidente fue que “para ganar no se hacen trampas” y que no va a “traicionar sus ideas en pos de resultados electorales”. También, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por el diario, remarcó que construir credibilidad demanda tiempo y que modificar el rumbo ahora implicaría perderla.

La respuesta central que dejó la reunión fue esa: para el Gobierno, el aumento de la mora en créditos y pagos no refleja una situación crítica y considera que comenzó a revertirse. Milei le confesó a los suyos que ve en las empresas de medios -ahora considera que el 96,7% de los periodistas son corruptos- forman parte de una coalición que buscan desmerecer sus medidas en pos de favorecer una agenda que puede impactar en la visión del mercado sobre la coyuntura política argentina.

Justamente, en la reunión también se evaluó el escenario político y se habló “del impacto de los discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados”. Frente a eso, la conclusión fue que el Gobierno debe seguir exhibiendo los resultados de su gestión y poner en evidencia sus logros ante una oposición que esta semana comenzará a dar muestras contundentes de fortaleza en ambas cámaras.

Y es que, con su reordenamiento de las últimas semanas, la oposición en la Cámara de Diputados quedó a menos de diez votos de reunir mayoría propia y busca instalar una agenda que incomoda al presidente Javier Mileiel aumento del endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, dos temas que podrían ordenar una sesión especial si este miércoles logran medir fuerzas y captar aliados.

Ese bloque crítico reúne alrededor de 122 voluntades, con el peronismo de Unión por la Patria a la cabeza junto con un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, Encuentro Federal y bancadas provinciales. Entre esos espacios figuran legisladores misioneros, salteños, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández.

La primera escala de esa estrategia será durante la sesión de este miércoles, cuando evaluarán pedir una ampliación del temario aunque saben que no prosperará. Para hacerlo necesitan el respaldo de las tres cuartas partes del cuerpo, una mayoría hoy fuera de alcance, pero la votación les servirá para contar apoyos, detectar indecisos y precisar cuántos votos faltan para un llamado propio.

El objetivo posterior es avanzar con un pedido de sesión especial enfocado en discapacidad y endeudamiento. La búsqueda apunta sobre todo a diputados alineados con gobernadores que endurecieron su posición frente a la Casa Rosada, entre ellos tucumanos y catamarqueños, que en conjunto representan cerca de media docena de votos.

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Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: el Gobierno pone a prueba la relación con los aliados en una sesión clave

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En una sesión que promete ser maratónica -aproximadamente 16 horas- el oficialismo buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la media sanción de dos proyectos centrales para afianzar la estabilidad económica. Después del duro revés que sufrió en el Senado, con el naufragio de las reformas de la leyes de tierras y de manejo del fuego, los libertarios optaron por abrir el temario a una docena de proyectos de la oposición dialoguista -la mayoría sin costo fiscal- para asegurarse el quórum. Sin embargo, los aliados vienen endurecido sus posturas y hasta las ausencias podrían jugar un rol determinante durante la jornada.

El proyecto más importante para la Casa Rosada, porque sería una clara señal para los mercados, es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Si esta ley se aprueba, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa que impulsa Javier Milei apunta a revertir la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos como promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Ahora el Gobierno pretende que sólo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, el oficialismo también promueve un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados. Una carta de negociación que, según reconocieron los libertarios, todavía está bajo análisis sería acceder al pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central a partir de la designación de algunos de sus integrantes “por regiones”.

El segundo punto del temario será la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, aprobado a fines del año pasado, para favorecer la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema. Según los cálculos del Gobierno, actualmente hay USD 179 mil millones que podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reformar la “seguridad jurídica”. Muchos de los cambios surgieron tras reuniones con estudios contables y expertos tributaristas.

La nueva versión del régimen ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley. Además, por presión de los aliados tras es escándalo de Manuel Adorni, se incluirá una cláusula para que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), pero no así a la exteriorización de los dólares del colchón o los fondos no declarados.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

El tercer proyecto económico que impulsa el Gobierno será la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), que permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. De esta forma, la solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

El punto álgido de la negociación había sido la resistencia de los laboratorios nacionales al Capítulo II del Tratado bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Finalmente el Gobierno accedió a dejarlo “en reserva” y pudo destrabar el dictamen.

Por último, el cuerpo pondrá en debate un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. En este caso, dado que está involucrado el bloque regional, se espera lograr un amplio consenso.

Luego de los cuatro proyectos de interés para la Casa Rosada llegará el turno de una docena de iniciativas presentadas por los bloques aliados y dialoguistas. Entre ellos se destacan la rebaja del IVA a la fécula de Mandioca -un reclamo de los misioneros-, la declaración de San Juan como cuna de Sarmiento y capital nacional de la Educación, de la provincia de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

El temario también incluirá la declaración de San José de los Cerrillos (Salta) como Capital Nacional del Cerdo Negro, Caá Catí (Corrientes) como Capital Nacional de la Producción Bubalina y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. Además se ampliarán las cámaras federales de apelaciones en Tucumán y Mar del Plata. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico o estratégico para los diputados provinciales a nivel local. Con estos gestos, el oficialismo espera sumar apoyos entre los bloques Argentina Federal (Misiones y Salta), Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz, Independencia (Tucumán), Adelante Buenos Aires y Córdoba Federal.

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