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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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La incomodidad en el Gabinete por Adorni y la tensión por las definiciones electorales

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¿Es joda esto?… ¿Pueden adherir los funcionarios a la Inocencia Fiscal?”. Un importantísimo miembro de la mesa chica del Gobierno se agarraba la cabeza ayer, mientras leía las noticias. Los portales informaban que la esposa de Manuel AdorniBettina Angeletti, y el mismísimo jefe de Gabinete, se adhirieron al régimen de Ganancias Simplificado. La Ley 27.799, que habilitó esa modalidad, se votó en las sesiones extraordinarias de diciembre, cuando Javier Milei estaba sobrado en el Congreso. El miembro del staff oficialista no había registrado que, a diferencia otras leyes de blanqueo anteriores, la norma de Milei permite que los funcionarios públicos gocen del “tapón fiscal” de ARCA, que se tapa los ojos y exime a los contribuyentes de una pesquisa fiscal, sin hacer mayores preguntas.

Como el resto del Gabinete, el funcionario que se desayunaba con los trámites de Adorni estaba completamente a ciegas de la explicación que, horas más tarde, daría el jefe de Gabinete sobre su nivel de vida actual. Nadie le anticipó al equipo oficial cuál sería la estrategia del ministro coordinador. “Nadie avisó nada”, se quejó.

Adorni dijo que tiene medio millón de dólares en negro gracias a ahorros de toda la vida y a exitosas inversiones en Bitcoin, que acumuló al margen de los radares del fisco. Aseguró que tenía ese dinero antes de asumir, y que decidió invertirlo recién en los últimos dos años por una necesidad familiar.

Adorni, sus contadores y sus abogados trabajaron durante las últimas semanas para encontrar un salvataje legal. No para evitar el papelón. Lo puso de relieve Victoria Villarruel, que ayer publicó en las redes: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones.

Un colaborador oficial reconoció: “Lo reputacional está perdido. Lo que tiene que hacer Manuel es resolver su causa por enriquecimiento ilícito”.

La Casa Rosada, no obstante, hizo esfuerzos para darle una narrativa digerible al tema, al menos ante la tropa propia. La idea fue instalar que el jefe de gabinete sólo omitió declarar fortuna ante los gobiernos populistas, algo que podría resultar cool en el mundillo libertario. De hecho, cuando se presentó la Ley de Inocencia Fiscal el lema fue: “Todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Salió de boca de Jose Luis Espert, el ex diputado libertario investigado por presunto lavado de dinero.

Adorni dijo en LN+ que todo el gabinete lo apoyaba, pero al menos hasta ayer, entrada la anoche, ningún ministro se había pronunciado al respecto en redes sociales. Todos mantuvieron un perfil bajísimo, a la espera de que el jefe de Gabinete se defendiera solo. Al menos dos importantes miembros de la mesa política de la Casa Rosada se fueron a dormir rogando que no llegara un pedido de “operativo clamor” de parte de Karina Milei como hubo al inicio del affaire.

Hoy, la plana mayor deberá disimular cualquier incomodidad en la reunión de mesa política que Adorni encabezará en la Casa Rosada.

Quien sí salió inmediatamente a defender en X al jefe de Gabinete fue Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia. “Listo, Manuel explicó todo perfecto y completo. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que es inocente. FIN”. El Presidente lo avaló con un retuit.

Hoy, Oría es más que el camarógrafo oficial del Gobierno. Karina le encargó que conforme una estructura de redes sociales que le dispute representación digital a los influencers que se referencian en Santiago Caputo. La hermana del Presidente tiene miedo que sus enemigos internos le “apaguen” el dispositivo digital o que le jueguen en contra.

“A Oría lo están enfierrando”, reconoció una fuente de la Casa Rosada, en alusión a los recursos que comenzaron a volcarse para organizar esa nueva estructura. Una misión semejante requiere, de mínima, contar con un ejército de líderes de opinión que bajen líneas narrativas eficaces. Por ahora, el cineasta cuenta con un sitio digital propio. Se llama Contra Relato (@contrarelatoarg) y tiene un diseño muy parecido a La Derecha Diario, aunque infinitamente menor cantidad de seguidores.

La hermana del Presidente tiene la mira, primero, en aquello que dota de mayor poder a Caputo y que es el magma mismo de Las Fuerzas del Cielo: el control de la conversación oficialista en las redes sociales. “Nos quieren reemplazar pero no saben cómo hacerlo. No tienen cuentas que puedan guiar la conversación y, sobre todo, no entienden la lógica de las redes. Son autoritarios para bajar línea y eso no funciona. La militancia amplifica orgánicamente lo que dicen el Gordo Dan o los pibes de Carajo porque se sienten representados”, replicó uno de los referentes “fuerzadelcielistas”.

Javier Milei está hastiado de este tipo de tironeos en su equipo. “Javier no está contento con ese tema, está muy hinchado las pelotas. Pero no tiene el poder para ordenar que tenía antes. Tiene temor a que los propios le hagan quilombo.”, dijo uno de sus interlocutores habituales.

Con la mira puesta en Comodoro Py

Adorni pretende que la rectificación de sus declaraciones juradas oficie de salvavidas en la causa judicial que investiga si él se enriqueció gracias a la función pública.

La pelota está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, que espera que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) culmine el peritaje contable sobre los números del jefe de Gabinete. Los auxiliares de la Justicia también trabajan en una pesquisa sobre las criptomonedas de Adorni, que podría verificar las inversiones que el relató en las últimas horas.

En paralelo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dio una señal de una etapa de mayor sintonía con los tribunales. Su cartera invitó a Ariel Lijo -juez del caso Adorni y del caso ANDIS- a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. En ediciones anteriores, a ese encuentro asistieron Juan Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es del riñón de Lijo. También otros jueces federales de primera instancia, como Sebastián Casanello.

“Ese viaje no va a cambiar las causas en trámite. Pero demuestra algo más importante: que si hubo tensión y sorpresa en Comodoro Py por la designación de Mahiques en el Gobierno, hoy prima una larga historia de amistad”, dijo un conocedor de los pasillos de tribunales.

Ayer, en tanto, el Consejo de la Magistratura, con el voto de los representantes del Poder Ejecutivo, avanzó con el Concurso 461, destinado a cubrir dos cargos en la estratégica Cámara Federal que resuelve los fallos de segunda instancia en Comodoro Py. Son sillas actualmente ocupadas por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados a esos cargos durante la gestión de Mauricio Macri. En las ternas que se elevarán al Poder Ejecutivo hay seis nombres, pero el rumor más fuerte es que los elegidos por el Gobierno serán el propio Bertuzzi (que decidió concursar su cargo) y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico.

El futuro de los jueces trasladados trae alguna polémica porque hay quienes señalan que se deberían concursar decenas de cargos que están en la misma situación. Bruglia, de hecho, pidió que se suspendiera el concurso 461.

El jefe de Estado está muy lejos de toda la trama judicial. Solo revisa la lista de pliegos que Mahiques confecciona antes de que se formalice su envío al Senado. El Presidente, en cambio, opta por los temas que lo apasionan más, como la aplanadora desreguladora que le propone Federico Sturzenegger, los anuncios de inversiones que le acerca “Toto” Caputo o la agenda internacional de alineamiento ferreo con los Estados Unidos e Israel.

Milei también deja en un paréntesis las decisiones de estrategia política para 2027 que ya generan chispas entre sus tribus. El Presidente anhela que, al final del camino, la economía -que hoy está empujada por un puñado de sectores “ganadores”- derrame en el gran público y sea una ordenadora de la cuestión electoral. Si después la dirigencia y la voluntad popular no se alinean detrás de su reelección, él se “volverá a la casa” como suele decir en sus entrevistas y discursos.

Una de las decisiones trascendentales, a resolver en el mediano plazo, tiene que ver con la fórmula presidencial de 2027. ¿Quién va a integrar el binomio con Milei? Hay quienes leen los movimientos políticos de Patricia Bullrich en esa clave, como si buscara una candidatura a vice con aporte de votos propios. Es decir, como una compañera de fórmula que, de lograr la reelección, pueda controlar espacios de poder haciendo valer su capital político.

Patricia hoy está buscando representar a la gente que la votó en 2023. Es un cuarto del electorado. Tiene lógica que recale como una candidata a vice no decorativa que, en caso de ganar, asuma funciones importantes”, describe un miembro del elenco bullrichista.

Hay colaboradores de Milei que coinciden con esa variante y que, incluso, aconsejaron recientemente acelerar un ofrecimiento para abrazar a Bullrich y neutralizar sus movimientos autónomos.

Ese plan, no obstante, tiene un obstáculo mayúsculo: Karina Milei. Ella hoy se resiste a darle a Bullrich la candidatura a la Vicepresidencia. “No quiero otra Villarruel”, le comunicó la hermana presidencial días atrás a uno de sus colaboradores. Si fuera por la secretaria General de la Presidencia, Bullrich se quedaría en la Cámara alta hasta cumplir su mandato de seis años.

La ex ministra de Seguridad, por su parte, está concentrada en acumular volumen político y evita dar definiciones para el año próximo. “Yo tengo capacidad de decisión propia y hoy no quiero atarme a nada”, le transmite a su entorno. Lo que sí viene diciendo internamente -incluso se lo dijo de frente a la propia Karina- es que LLA no puede prescindir de un acuerdo con PRO. Y que eso implica negociar la ciudad con los primos Macri para lograr un respaldo de ese partido “en todo el país”.

Bullrich hoy cumple 70 años pero le pidió a su primer anillo que no hubiera festejos. La senadora considera que una celebración es inoportuna con amplios sectores sufriendo la recaída de la industria y la construcción (tras el rebote de marzo, esta semana se conoció que en abril esas actividades retrocedieron 2,1% y 4%, respectivamente). Toda una definición política. Además de elevar la vara republicana ¿Bullrich va a empezar a diferenciarse también aspectos económicos? En principio, su austeridad para los agasajos muestra un contraste apabullante con la declaración de Adorni del medio millón de dólares “bajo el colchón”.

Contra los deseos de Bullrich, el jefe de Gabinete mandó a comprar una torta para agasajar a la senadora hoy en la reunión de mesa política.

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Kicillof descarta responderle a Caputo las reiteradas críticas y cree que lo beneficia que lo elijan como rival

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En las últimas dos semanas Axel Kicillof se convirtió en el centro de los ataques del ministro de Economía nacional, Luis “Toto” Caputo, quien lo arrastró al centro de la escena para asegurar que “nunca” podrá cumplir con sus pretensiones de ser presidente de la Nación. No es la primera vez que el ministro lo critica, pero sí que lo hace con tanta vehemencia en un corto lapso de tiempo.

El martes, durante su intervención en el IAE Summit 2026, un evento organizado por IAE Business School, el titular del Palacio de Hacienda se refirió al Gobernador, sin mediar un enfrentamiento previo: ¿En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo que toman a la gente por boluda. Realmente no se puede creer”.

Su afirmación llegó en el final de una defensa cerrada a la política económica del gobierno de Milei, al que consideró una gestión que “decidió ir hacia el orden fiscal después de una crisis sino evitando una crisis”. Una defensa y un ataque en la misma jugada. Kicillof fue el blanco perfecto para marcar los extremos y remover la idea del “riesgo kuka” que el ministro inauguró el año pasado. Riesgo que apareció y desapareció, según las distintas percepciones del funcionario nacional, en un corto plazo de tiempo.

La semana pasada, en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, Caputo habló del mismo tema y apuntó contra el mismo rival político. “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”, sostuvo.

No es la primera vez que el funcionario económico apunta contra Kicillof. Un par de meses atrás también lo había cuestionado por la expropiación de YPF y su política económica durante la última gestión de Cristina Kirchner. Pero lo de las últimas semanas fue más explicito y severo. Más directo y original.

En la gobernación bonaerense creen que el ministro solo está “mandando un mensaje a sus amigos del mercado financiero”, que son “los que lo sostienen”. “Hay algo que le están reclamando y que no puede cumplir. El mercado le da cada vez más la espalda”, indicaron bien cerca del mandatario provincial. En ese sentido, remarcaron que “la credibilidad de Caputo está en niveles muy bajos” y que lo ven “desesperado por generar expectativas”.

En el corazón del kicillofismo no toman a mal los ataques de Luis Caputo. Incluso, creen que tiene un beneficio político para ellos porque construye una polarización extrema entre el gobierno libertario y el gobernador bonaerense, lo que, a priori, puede entenderse como una competencia anticipada de las elecciones nacionales.

“Todo lo que no sea ellos, somos nosotros”, fue la frase que utilizaron en La Plata para marcar que se sienten a gusto con la polarización que propone Caputo. Y agregaron, con una fuerte carga de ironía: “Se está peleando con sus propios fantasmas. Tiene que ir al psicólogo. Vamos a ver si le conseguimos un turno en IOMA”.

Kicillof se siente cómodo en la polarización. Porque lo eligen como rival sin que él diga absolutamente nada. De hecho, no va a responder públicamente los cuestionamientos del ministro. Solo seguirá con sus críticas a la gestión libertaria. Nada fuera del discurso normal que viene teniendo en sus actos públicos.

En La Plata sienten que el ministro de Economía los posiciona como el principal rival dentro del mano a mano con el peronismo, lo cual le da mayor volumen a su figura como principal oponente a la gestión de Javier Milei. Gana en el silencio y en el posicionamiento al que lo someten sus rivales.

Hubo un cambio en la estrategia de comunicación del Gobierno respecto a la oposición. Desde octubre del año pasado hasta marzo, la decisión del Presidente Mfue polarizar con Cristina Kirchner y mantenerla a ella como foco de los principales ataques. Pero en los últimos meses hubo un giro hacia Kicillof, al que visualizan como el principal contrincante y, en consecuencia, el primer oponente al cual apuntarle para limitar el crecimiento de sus acciones y su perspectica de futuro.

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Se trabó el proyecto de Zonas Frías y Patricia Bullrich sufre otra complicación en el Senado

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La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, acumula sin parar leyes que pretende la Casa Rosada desde hace largas semanas y no logra destrabar, ni siquiera, una. La de “zonas frías”, que en Diputados salió con esfuerzo tras crear guiños hacia sectores “cálidos”, se hundió rápido en la Cámara alta y, ahora, un filo dialoguista -acompaña casi nada al Gobierno- reclama que se declaren áreas “polares”, por lo que el destino del proyecto, si no es de siesta, involucrará inevitables modificaciones y un regreso, en segunda revisión, a la Cámara baja.

El sistema actual fue impulsado por Máximo Kirchner, durante la era de su “compañero” Alberto Fernández, y sirvió como una de las estocadas finales del mega descalabro energético que por años fomentó el cristinismo; incluso, con el bolsillo del payaso ya reventado. Diputados hizo las cosas rápido, la administración central cerró con un puñado de gobernadores -curiosos guiños a zonas “cálidas”, lo que hizo más delirante el debate- y, de esa manera, le pasó la pelota de titanio al Senado.

Con el aterrizaje del texto a la Cámara alta se asomó, con mayor claridad y contundencia, un eventual adiós a la diferencia nada menor entre el beneficio vigente sobre la boleta final, en comparación del que se haría sobre el costo de generación del gas, que es el ítem menos jugoso en comparación con la distribución. A fines de mayo pasado, un aliado reflexionó ante Infobae: “Nos mandaron a activar un palazo en las facturas, con el invierno que se asoma y quieren, en paralelo, que discutamos el etiquetado frontal de los alimentos. Uno trata de comprender, pero es cada vez más difícil”.

Días atrás, el silvestre provincial y semi dialoguista José María Carambia (Moveré Santa Cruz) presentó un proyecto para imponer una “bonificación adicional por ‘Zona Polar’, aplicable a los consumos residenciales de gas natural por redes y al gas propano” para su distrito y Tierra del Fuego, que será “equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS”. En tanto, el segundo artículo plantea que “los usuarios residenciales comprendidos en el Régimen Zona Polar gozarán de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de la prestación del servicio público de gas natural por redes y gas propano”.

“Durante los últimos años, los aumentos tarifarios impactaron fuertemente sobre los usuarios residenciales de la región, generando facturas imposibles de afrontar para miles de vecinos. La eliminación de bonificaciones, la reducción de subsidios diferenciales y el incremento sostenido de tarifas provocaron un deterioro significativo en la capacidad de pago de los hogares patagónicos”, señaló Carambia en los fundamentos de su propuesta.

Según el -por momentos- indescifrable legislador, “a ello se suma una realidad paradójica: Santa Cruz es una de las principales provincias productoras de gas natural de la Argentina”. Y agregó: “La región aporta recursos energéticos estratégicos para el país, mientras sus habitantes afrontan costos crecientes para acceder a un servicio esencial”.

En las picardías pinceladas dentro de lo que aprobó Diputados sobre zonas frías -por caso, deudas-, la Nación expuso también a las provincias, con situaciones similares y la lupa direccionada hacia cómo se fondearon campañas electorales. Un puñado de parlamentarios conoce a la perfección ciertas historias. No sólo eso: se volvió a poner, en el foco de atención, el pisotón de mamut sobre fondos fiduciarios para defender, como sea, el superávit fiscal, el corazón del programa libertario.

Bullrich nunca tuvo en cuenta a Carambia para la aprobación de leyes, desde diciembre pasado. Tampoco, a Natalia Gadano. No obstante, a la observación del primero se suman aliados que siempre buscan un entendimiento más viable y sano con el Ejecutivo y que, en este caso, ya no sólo le avisaron a Bullrich, sino también a otros funcionarios relacionados con el tema y responsables políticos de peso.

Para el último caso, se empezó a sospechar de los mensajes que traslada la porteña hacia Balcarce 50. El papelón por los pliegos judiciales de la semana pasada y el insólito -y casi eterno- cruce de llamadas en medio de la sesión confirmaron las dudas de un puñado de legisladores -incluso, propios- sobre ex ministra de Seguridad. Esto ya ocurrió durante la primera mitad de la gestión. No terminó bien para el oficialismo.

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