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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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La posible derogación de la Ley del Libro genera preocupación en librerías de Bahía Blanca

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El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley del Libro, que establece un precio de venta uniforme para los ejemplares en todo el país. En ese contexto, librerías y referentes del sector expresaron su rechazo a la iniciativa al considerar que favorecería a las grandes empresas, afectaría a las editoriales pequeñas e independientes y priorizaría la comercialización de los títulos con mayor rentabilidad.

En diálogo Panorama, por LU2, el librero bahiense Enrique Martinelli defendió la vigencia de la Ley del Libro. “Esta ley se sancionó en 2001, la 25.542, porque el mercado se estaba desvirtuando y, en cierta manera, se manejaba de forma muy leonina”, sostuvo.

“Con esta ley, el librero no fija el precio; lo único que hace es discutir su rentabilidad con la editorial y, de esa manera, nadie sale dañado. Hay una organización que permite que se mantengan las librerías independientes, chicas, medianas y grandes, sin verse afectadas. Todos coincidimos en que la ley no debe derogarse porque realmente funciona, y funciona muy bien. Estamos a favor, desde quien vende el papel hasta el último librero independiente”, afirmó.

Mientras que desde el Gobierno sostienen que no debería existir ningún tipo de restricción en el mercado para la comercialización de productos, incluidos los libros, Martinelli consideró que la Ley del Libro surgió precisamente para evitar la desprotección del sector.

“¿Para qué tocar algo que funciona? No es una cuestión de ideología ni de que nosotros queramos manejar el precio de los libros. Ya tenemos el ejemplo de Chile: cuando derogó la ley e incorporó el IVA al libro, muchas librerías independientes, el 80 %, terminaron cerrando. Lo que decimos es que nos vamos a ver afectados en la cantidad de títulos que podremos ofrecer al público, porque solo se van a editar los que sean comercialmente rentables”, aseguró.

Martinelli advirtió que una eventual derogación de la ley podría tener consecuencias para toda la cadena del libro. “Liberar el mercado lleva a la desregulación del sistema, porque solo se va a priorizar la publicación de aquello que sea rentable. Eso va a reducir inmediatamente en un 50 % la cantidad de títulos que tenemos a la venta. Las grandes editoriales se van a dedicar únicamente a publicar libros que aseguren ventas”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las editoriales dejarían de apostar por obras de menor circulación. “Una editorial que hoy publica 69 títulos pasará a hacerlo solo con aquellos que sean rentables. Entonces corremos riesgos todos. Acá no hay nadie que se vea favorecido“, puntualizó.

Quienes impulsan la derogación de la Ley del Libro sostienen que la medida contribuiría a reducir el precio de los ejemplares. Sin embargo, Martinelli rechazó esa posibilidad y aseguró que el principal componente del costo es el papel.

Hoy el papel es el que determina el mayor costo y eso no va a cambiar. Nosotros hacemos la diferencia con la variedad de ejemplares, los descuentos bancarios y la atención que le damos al cliente. Si se desregula el precio, las editoriales se van a volcar a vender solo aquello que les genera ganancias y eso va a tener un impacto directo en las pequeñas y medianas editoriales, además de reducir la oferta que nosotros podamos hacerles a los lectores”, sostuvo.

El librero también remarcó que la Ley del Libro permitió ordenar el funcionamiento del sector. “La ley vino a poner orden en el mercado, porque antes de 2001 era un descalabro; era tierra de nadie, aunque la gente no lo advirtiera. El libro tenía un precio, pero todo estaba gobernado por las editoriales grandes, en detrimento de las más chicas”, señaló.

Queremos que las editoriales independientes y las librerías chicas, medianas y grandes sigan existiendo. Si uno analiza lo que ocurrió desde 2001 en adelante, la ley permitió la creación de un gran número de editoriales que antes no existían”, concluyó.

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno sabe que suenan las alarmas, pero juega al pleno elegido por Milei

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La provincia de Tucumán vota el próximo 9 de mayo. Es decir, en 10 meses. ¿Cómo estará la economía para esa fecha? ¿Es negocio para el gobernador Osvaldo Jaldo estar al lado de Milei para cuando llegue la fecha? ¿O habrá que mantener una distancia estratégica para no ser la cara del ajuste permanente? Preguntas como estas se las hacen todos los gobernadores aliados de Casa Rosada. ¿Cómo llegará Milei al 2027? Esas cuestiones no tienen respuesta aún. Por eso es que, sobre todo, la suspensión de las PASO aún no tiene los votos necesarios.

La conveniencia de estar junto al Presidente puede ser positiva un día y perjudicial otro. Las alertas comenzaron a sonar hace tiempo en el armado oficialista. De ahí el apuro -improvisado- por determinar la forma de votación con tanta anticipación. En el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo aseguran que no hay margen de maniobra para una reactivación de la actividad en el corto plazo como exige el ala política. La situación no será muy distinta a la actual cuando lleguen las urnas. De ahí el reconocimiento al problema que hay para vencer a la oposición.

El Gobierno sabe que las alarmas suenan, pero juegan todo al pleno que eligió el Presidente. A lo sumo es seguir con baja de inflación y lograr una tasa de interés que descienda más rápido. No mucho más que eso. El resto es despejar el ruido financiero para evitar el escenario que tuvo Mauricio Macri en 2019. La visita de Kristalina Georgieva, titular del FMI, se leyó desde esa perspectiva. Sabe el oficialismo que el verdadero asunto hoy es el poder adquisitivo. No alcanza. Pero las noticias se mantienen en la macro. Se pide por salario y frenar el ajuste, pero en los portales está el FMI y el anuncio de la presentación de una reforma del Banco Central por cadena nacional.

La campaña empezó y los laberintos electorales son interminables. Este fin de semana comenzaron las versiones cruzadas. Salen de adentro de sectores del Gobierno que se miran con desconfianza. Cómo surgió la idea de mover a Diego Santilli de la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal. El equipo del jefe de gabinete se sorprendió el mismo domingo de la alternativa. Algunos creen que sale del entorno de Santiago Caputo. “Diego no quiere que lo muevan de un lado para el otro. Bastante tiene con gestionar de manera delicada entre los dos sectores en pugna”, relatan.

Explican que por eso se demoran algunos cambios de nombre. Porque al no haber consenso con el reemplazo, es preferible no tocar nada. Es más, aunque el nombramiento como jefe de gabinete le dio más poder del que ya tenía como ministro del Interior, ese nuevo rol trastoca los planes electorales para la provincia en 2027, quizás lo que más tiene en agenda el hombre que aún está afiliado al PRO. Santilli había reunido a su mesa chica cuatro días antes de su ascenso. Allí, les ordenó armar las “bajadas” al territorio bonaerense. Comenzaba la campaña. Ese fin de semana de junio lo nombraron. El lunes bajó una nueva orden: “Suspendan todo hasta nuevo aviso”.

Hay, además, diferencias en cómo armar la estrategia electoral. Santilli planifica, junto a Cristian Ritondo, la manera de tener a todos adentro para enfrentar al peronismo bonaerense. “Si no vamos juntos, no hay chance”, afirman. Para eso cree que necesita las PASO hacia abajo. Es decir, permitirles a los radicales y a los del PRO que tengan lista propia en los distritos para enfrentar a los libertarios. “Es la única manera de que no se presenten por fuera. Y si lo hacen, el peronismo gana. Es una herramienta para ganar, no más que eso”, explican.

Karina Milei tiene otra idea. La secretaria general de la Presidencia no quiere esa PASO. Quiere a todos abajo de los violetas. Y ella con la lapicera. Es el mensaje que le mandó a Sebastián Pareja, su diputado y armador. Él, junto a Alejandro Carrancio, se encargan de dialogar con el equipo de Santilli. Pareja aún sueña con una candidatura para el año que viene. Peleará por eso. Quienes compartieron secundario con él en el colegio Manuel Belgrano de Temperley, del Sagrado Corazón de Jesús, aún hoy recuerdan sus cualidades para “fajarse” en la vereda. “Pocas veces vi a alguien pegar así en la calle. Era un mito”, contó un ex compañero suyo a este medio.

El Gobierno aspira a controlar cuatro ejes fundamentales para tener una chance de seguir en el poder: Inflación, dólar, una mejora en la economía familiar y la fractura opositora. Cada uno tiene vida propia, pero están entrelazados por obvias razones. La inflación, si bien no es al ritmo que dejó el peronismo, lejos está de ser un problema del pasado. El 1,9 % es una buena noticia. El 16,8 % acumulado en lo que va del 2026, no. Está a la baja pero no termina de caer al ritmo que el Ejecutivo desea.

El dólar se mantiene estable. Más allá del insólito error del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aventuró un movimiento alcista. Ravier parece no haber entendido aún que ya no es un diputado economista que modera las charlas del Presidente, sino que ahora tiene un rol más político que económico. Aún resuenan los insultos que le propinaron desde las oficinas de Hacienda. En lo que va de un mes ya cometió demasiados errores. La elección para ese cargo fue exclusiva de los hermanos Milei. Como con Manuel Adorni.

Contener al dólar es, además, contener la inflación. El mayor problema aparece con la economía familiar. El último informe de la Fundación Pensar (think tank del PRO) puso números al análisis. El 49 % de los jóvenes asegura que no les alcanza el sueldo. El 46 % de los adultos activos tiene miedo a perder el empleo. El 44 % de los adultos activos resignó muchos consumos que realizaba. El 60 % de los adultos mayores va a votar por un cambio de gestión en 2027. En el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral alcanzó el 44,2 % de los ocupados y aumentó 2,2 puntos interanuales. El salario público subió 1,5 % mensual en mayo de 2026, por debajo del índice general de salarios, que creció 2,2 % mensual, y por debajo del privado no registrado, que subió 3,5 %. En tanto, la desocupación fue 7,8 %, pero la subocupación llegó a 11,1 % y los ocupados demandantes de empleo fueron 15,8 %.

El último punto es político por excelencia. Mantener esa fractura opositora está siendo, por ahora, sencilla. El peronismo ayuda para que eso suceda. La interminable interna entre La Cámpora y Axel Kicillof lo demuestra, aunque siempre hay margen de un acuerdo “porque lo pide el pueblo argentino”. Habla del pragmatismo a la hora de ganar una elección.

Pero más allá de lo que plantee el gobernador como eje, el sector afín a la ex presidenta mantiene como central la campaña por “Cristina Libre“. Hoy habrá una conferencia de prensa para comunicar la carta que se presentará ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de Cristina Fernández en el marco de la causa Vialidad.

¿Significa que buscará ser candidata? Tal como se anticipara en esta columna semanas atrás, el objetivo de La Cámpora es insistir hasta último momento con que la expresidenta está proscrita y que así el peronismo está en desventaja democrática. Quienes están en esa estrategia proponen poner el nombre de Cristina en la boleta para que la Justicia lo rechace. Con ese impacto en los medios, ahí sí buscar una suerte de delegado de San José 1111 para ir en la lista o forzar una negociación con el sector de Kicillof. “Lo de Aníbal insultando a quienes se ponen la remera por Cristina cayó muy mal en La Cámpora. Pero ya no sorprende de un funcionario que pasó por todos los jefes del PJ sin tener lealtad hacia ninguno”, dijeron a Infobae.

Ahora, la pregunta que persiste es: ¿hace un buen negocio el Gobierno en la búsqueda por suspender las PASO? Gustavo Córdoba, analista político y director de Zuban Córdoba y Asociados, analizó datos de las últimas elecciones para sacar una conclusión a contramano de lo que cree el Gobierno que hay que hacer con el sistema de votación para lograr la reelección: “Milei requiere de las PASO para potenciar el voto antiperonista. Es ese sector el que gana con las PASO, no al revés. El peronismo no se beneficia con las internas abiertas. Te doy un ejemplo concreto. Mauricio Macri arranca con 26 puntos en las PASO. Luego le suma 3 de Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Después va a la primera vuelta. Después va al balotaje. Creció sin parar. Si iba directo, no llegaba. Te agrego otro. En 2023, el resultado de las PASO lo mata a Macri. Esa era la directa. Luego, en la general, el expresidente crece más de cuatro puntos. Alberto pierde otros tantos. Pasa de ganar por 15 a ganar por 7“.

Para el consultor político, “el Gobierno se está equivocando solo. Eliminar las PASO es uno de los errores más grandes que puede tener”. ¿Por qué lo hacen entonces? “Ellos se compraron una fantasía y allá van. No hay evidencia de lo que están tomando. Toman decisiones ideológicas que no son pragmáticas”. Para Córdoba, el desdoblamiento peronista también puede ser un problema. El antecedente es claro. En 2023 los gobernadores del PJ que lo hicieron pensando en despegarse de la suerte nacional tuvieron una tragedia electoral. “Perdieron Santa CruzChubutSan JuanSan LuisSanta FeEntre Ríos y Chaco“. En ese sentido, Córdoba apuntó a una pregunta que puede generar dolores de cabeza en la estrategia gubernamental: “Antes las PASO amortiguaban el voto castigo. Vos las sacás y vas directo al voto castigo. Ahí es donde Axel Kicillof suma”.

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Aliados en duda y presión opositora: el Gobierno entró en la recta final para destrabar una ley clave

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El jueves de la semana que viene el Senado de la Nación retomará el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, a pocos días de que termine el receso invernal, el oficialismo todavía no cuenta con los votos para asegurar la media sanción, principalmente por el rechazo de los aliados al capítulo del proyecto que propone eliminar los límites para la venta de tierras a extranjeros.

Si bien el amplio proyecto que diseñó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego y modificaciones a la ley de expropiaciones, el principal escollo gira en torno a la venta de tierras. Justamente por diferencias en torno a la redacción de este capítulo es que la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio en la sesión que naufragó al día siguiente de la victoria de la Selección Nacional contra Inglaterra en el Mundial, en medio del fervor que despertó la bandera que desplegaron los jugadores reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas.

El gobierno de Milei pretende modificar la Ley de Tierras vigente desde 2011, que limita la tenencia extranjera al 15% de la superficie nacional y a 1.000 hectáreas por titular. Así apuestan a facilitar el ingreso de capitales extranjeros al mercado rural.

El borrador del proyecto fue objeto de intensas negociaciones durante el debate en comisión y se llegaron a redactar 15 borradores. En la última versión, a la que tuvo acceso Infobae, se estipulaba en el artículo 25 que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios de conformidad con los arts. 121 y 124 de la Constitución Nacional”. Y a pedido de las provincias se aclaraba también que “en ejercicio de sus competencias, cada provincia podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto”.

Esta redacción no había dejado satisfecho al ministro Sturzenegger pero la semana pasada, en una reunión de más de una hora, este habría aceptado los términos que Bullrich negoció con las provincias.
Los libertarios tienen 21 votos propios y cuentan con 3 del PRO, otros 4 aliados como Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén) y Beatriz Ávila (Tucumán).
Hasta el momento generan incertidumbre los votos de los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que están afectados por la pelea interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y su ex jefe político Carlos Rovira; la dupla de senadores de Santa Cruz; y el radicalismo, que se alza con 10 votos determinantes.
El bonaerense Maximiliano Abad ya dio señales de rechazo a la ley mientras que el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger juegan al misterio.

Otra muestra de las tensiones internas que atraviesa el radicalismo fue el comunicado que difundieron desde el Comité Nacional del partido, que lidera Leonel Chiarella, en contra de la iniciativa oficialista y de los propios gobernadores radicales que juegan como aliados de Milei.

La Unión Cívica Radical rechaza la modificación de la Ley de Tierras que el gobierno promueve en el Senado de la Nación por considerar que se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, plantearon.

Y agregaron: “Para la UCR defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente al 5% del país y ya existen más de 30 zonas que ya pasaron el límite permitido del 15%. Todos los países que buscan promover el desarrollo promueven una protección responsable de sus recursos estratégicos. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria. Nueva Zelanda, entre otros, regulan la compra de tierras por extranjeros”.

Sin al menos 9 votos radicales, el oficialismo podría verse en problemas en las sesión del jueves 6 de agosto para llegar a los 37. A esto se suma la presión de la oposición, que ante la impotencia legislativa apuesta por la presión popular y convocó a una movilización a la plaza del Congreso el día de la sesión.

Las dos CTA ya convocaron formalmente a participar de la marcha. También se sumarán el peronismo, partidos de izquierda, organizaciones sociales y distintas agrupaciones ambientales.

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