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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El Senado debate la nueva ley de discapacidad y hay dudas por el número para el dictamen

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Tras el festín de concesiones que la Casa Rosada le concedió a la oposición dialoguista y también al kirchnerismo para no perder en Diputados, el Senado intentaría dictaminar mañana -de haber número- la nueva ley de discapacidad. El objetivo principal es dejar atrás la emergencia que vence a fin del corriente año, en un área más que delicada y que trajo varios dolores de cabeza al Gobierno.

El plenario que miró hacia un costado la semana pasada y ahora buscará analizar la iniciativa es el de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano. La primera es la de cabecera -tiene la responsabilidad de convocar- y la preside el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es comandada por Alicia Kirchner (Santa Cruz).

La propuesta en cuestión, que obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara baja -es decir, con casi nulas posibilidades de cambio alguno-, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. En Diputados logró 236 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras descartar el ajuste que aún aparece en la versión original del Presupuesto 2027.

Puntos principales

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

En Diputados, una de las legisladores del oficialismo que se cargó la negociación al hombro fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado. No obstante, con el Ejecutivo en medio de insólitas internas y tras la pésima apuesta en el capítulo del Presupuesto 2027, el mileísmo tuvo que bajar los brazos y aceptar la mayoría de las condiciones dialoguistas para no dañar a Martín Menem. Sólo así se frenó la imposición cristinista de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre del año próximo.

Durante la sesión ocurrida en octubre, el oficialismo sí pudo patear la discusión sobre endeudamiento: regresó a comisión y, hasta ahora, no hay novedades ni movimiento alguno relacionado con el tema, que parece quedar en el olvido tras meses de crisis promocionadas por operadores de turno ante un problema que, no obstante, continúa a la vista.

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La visita del Papa también impacta en el Congreso: apuran el tema de discapacidad y renace el proyecto sobre ludopatía

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El Senado acaba de poner en marcha el trámite que, finalmente y después de muchas batallas, permitiría sancionar la ley sobre discapacidad antes de que concluya el período de sesiones ordinarias, a fin de mes. Mucho más comprometido en materia de fechas, el proyecto sobre ludopatía y apuestas online fue rescatado del olvido y podría ser tratado en la Cámara alta si los legisladores cumplen el compromiso expuesto ahora, a casi dos años de la aprobación en Diputados. Son dos temas reclamados por organizaciones civiles, especialistas en la materia y espacios opositores. Y también, desde hace rato pero con mayor eco en estos días, por la Iglesia Católica: la visita del Papa expone así su impacto político también en el Congreso.

Se trata de dos movimientos que, sin son coronados, quedarán expuestos como marcas concretas en una agenda que el Gobierno no vislumbraba cuando trascendió el viaje regional del Papa, que incluye a Uruguay en el inicio y a Perú en el final. Por entonces, se especulaba únicamente sobre el efecto enorme de la simple presencia de León XIV, sin considerar su mensaje amplio en un cuadro social como el de la Argentina.

Los días posteriores, pasada además la incertidumbre por la intervención quirúrgica que debió enfrentar el Papa, colocaron el foco en los puntos que viene destacando desde los primeros días de su pontificado, entre ellos los efectos del manejo de la IA en términos de poder, la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad y hasta el arte desde el punto de vista ontológico. Estarán presentes en su actividad pastoral. Y le darán marco a otros gestos, como la visita al Cottolengo Don Orione.

La confirmación de esa actividad, cuyo relieve creció en espejo con la incomodidad que se dejaba trascender desde pliegues del oficialismo, se produjo en momentos en que seguía abierto el debate sobre la emergencia en el área de discapacidad. El ruido había tenido un pico cuando llegó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía un ajuste intolerable incluso para legisladores oficialistas, dedicados a negociar una nueva iniciativa con socios y dialoguistas. Ese tejido le permitió a LLA amortiguar la ofensiva de la oposición más dura, que motorizaba la prórroga de la emergencia en el sector, resistida por el Gobierno, judicializada y cumplida sólo parcialmente.

Llegó en ese contexto la sesión de Diputados convocada por LLA y aliados luego de hacer fracasar el intento previo de la oposición. La Iglesia, para entonces, había realizado varios gestos a modo de reclamo para que el tema -en rigor, el panorama para el año que viene- fuera despejado y se asumiera el pago de las deudas, algo demandado por organizaciones del sector, desde familiares hasta prestadores. Hubo incluso un encuentro convocado por el ministro Mario Lugones al que asistieron integrantes de la Pastoral Social y de la Conferencia Episcopal Argentina.

El cuadro legislativo ya estaba cruzado por la cercanía de la visita papal. Y representantes de la Iglesia ratificaron su posición ante legisladores libertarios y de la oposición el día previo al tratamiento del tema en el recinto de Diputados, hace poco más de diez días. Al final, el oficialismo hizo concesiones ante la demanda de aliados para garantizar la efectividad de una nueva ley. Las tratativas incluyeron a espacios de la oposición y el texto -que toma en buena medida los puntos centrales de la emergencia- fue aprobado con 237 votos a favor. Esa postal, fuera de lo común, expuso una mayoría que no dejaría margen para contratiempos.

El interés se corrió entonces hacia la otra ala del Congreso. En principio, está previsto tratar el tema de discapacidad en plenario de comisiones, este miércoles. La agenda incluye más de un “expediente”, pero se supone que el texto aprobado por abrumadora mayoría en Diputados no debería enfrentar inconvenientes en el Senado. La duda, en todo caso, tendría que ver con la convocatoria en una semana de poca actividad legislativa. Los trascendidos indican que la idea es avanzar con el dictamen y sancionar la ley a fines de mes.

Más jugado de tiempo viene el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Es una cuestión sensible -no son novedad las advertencias sobre los efectos de enorme gravedad entre chicos y adolescentes, y su mundo familiar-, sin avance hasta ahora en el Senado. El proyecto fue aprobado en Diputados a fines de noviembre del 2024 y desde entonces, no logró avanzar, a pesar de reclamos y algún intento de abrir el debate.

El jueves último, la sesión de la Cámara alta anotó la aprobación por mayoría total de una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada antes de que pierda estado parlamentario, en el final de noviembre: en ese caso, quedaría en la nada como si no hubiese logrado la aprobación de una de las dos cámaras.

En lo que hace a la Iglesia, la secuencia previa a esa movida en el Senado está a la vista. El 19 de octubre, la Pastoral Social volvió a reclamar una respuesta del Congreso. Y una semana después, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, reiteró el mensaje en una entrevista: dijo que el Senado estaba “dejando morir” el proyecto y advirtió sobre “intereses muy grandes” que operan para frenarlo.

Se verá ahora cómo se manejan los tiempos para superar la instancia de comisiones y pasar al recinto. No parece fácil, habida cuenta de las trabas registradas durante dos años. El contexto, por cierto, fue cambiando. Y la visita del Papa no es un elemento menor.

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Milei volvió a felicitar a Netanyahu y cuestionó a la izquierda internacional: “No defendemos a Israel por un capricho personal”

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Javier Milei

El presidente Javier Milei recibió el premio Gratitud de la Coalición Latina por Israel, realizada en la Iglesia Visión de Futuro, en Boedo, donde volvió a defender el alineamiento de la Argentina con Israel, felicitó a Benjamín Netanyahu por los resultados electorales y cuestionó a la “izquierda internacional”.

El premio fue entregado por Mario Bramnick, titular de la Coalición Latina por Israel, en reconocimiento al respaldo del Gobierno de Milei a Israel y al pueblo judío, la declaración de Jerusalén como capital israelí y el anuncio del traslado de la embajada argentina.

Antes de referirse al conflicto en Medio Oriente, Milei celebró la próxima visita del papa León XIV al país. “Quiero usar este espacio que reúne a representantes de multiples credos y religiones para celebrar la proxima visita del papa León XIV a la Argentina. La primera desde el paso de Juan Pablo II en 1987”, expresó durante la ceremonia.

El mandatario planteó: “Este acontecimiento servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente y de los cuales emana nuestra grandeza como civilización”.

Luego, sostuvo que la visita papal reunirá a quienes comparten “una ascendencia religiosa común” y remarcó: “Habla de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca”.

Milei se refirió al escenario político israelí y volvió a felicitar al primer ministro Benjamín Netanyahu por ser el candidato más votado. “Hoy más que nunca es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo, que le permita afrontar los desafíos de esta nueva etapa”, expresó.

El Presidente ya había saludado públicamente a Netanyahu días atrás, cuando el Likud se impuso como la fuerza más votada en los comicios, aunque sin conseguir por sí solo una mayoría para formar gobierno. En aquel mensaje, Milei afirmó que continuarían como aliados estratégicos.

“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”, dijo al justificar el alineamiento de su Gobierno con Israel

En ese sentido, señaló: “El terrorismo y el antisemitismo buscan romper con estos lazos y romper con nuestra confianza en los valores que nos unen. La Argentina sabe de qué habla cuando habla de terrorismo, porque lo conoce en carne propia”. Y continuó: “El atentado a la Embajada de Israel en 1992, y el de la AMIA en 1994 dejaron ciento catorce víctimas fatales inocentes. Hoy la Justicia reconoce que fueron crímenes de lesa humanidad y señala la responsabilidad de Irán y de Hezbollah”.

En ese marco, contrastó la política exterior de su administración con la que mantuvieron las gestiones anteriores a nivel nacional. “Mientras otros gobiernos firmaban un memorándum con Irán, nosotros firmamos uno con la democracia liberal de Israel”, afirmó.

El jefe de Estado sostuvo que las organizaciones terroristas reciben apoyo político e ideológico de sectores internacionales. “Los terroristas no están solos. Cuentan con el auxilio de la izquierda internacional, que trabaja día a día para esmerilar la confianza en los gobiernos liberales y allanar el terreno para quienes desde afuera atentan contra nuestro modo de vida”, manifestó.

Además, cuestionó los reclamos de sanciones y embargos contra Israel por sus acciones militares en el conflicto de Medio Oriente. “Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales”, dijo.

“Cuando Israel lucha por su supervivencia, piden sanciones, embargos y limitaciones. Cuando Hamas extorsiona con rehenes o cuando el terrorismo bloquea las vías navegables del mundo, ellos solo culpan a Israel o a los Estados Unidos por no ceder ante su chantaje, ante su extorsión”, añadió.

El Presidente cerró su discurso con una advertencia: “Tener en claro que quien se mete con Israel, se mete con todo Occidente y que no descansaremos ni un segundo para resguardar el tesoro de nuestra herencia civilizatoria”.

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