El Gobierno se mueve. Casi en un intento por contrarrestar el desencuentro tras la Selección contra España en el Mundial 2026, activó una intensa agenda de actividades que incluyó reuniones internas, definiciones legislativas y hasta el contacto con gobernadores. Si bien la actividad política se intensificó, aún no logra traducir ese movimiento en avances concretos.

La dinámica de la semana que pasó desnudó la necesidad del presidente Javier Milei de avanzar con las reformas que diseñó para el segundo tramo de la gestión, donde cobran especial relevancia la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyos cambios presentará por cadena nacional a su regreso del viaje a Perú, previsto para el 28 de julio.

Completan la lista las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y de Inocencia Fiscal II, un paquete de proyectos económicos que apuesta a complementar el proceso de desregulación. Y, en particular, la reforma electoral, tan necesaria rumbo a 2027, pero que tantos dolores de cabeza le genera al oficialismo.

“Es un Gobierno con la libido puesta en las reformas. El segundo semestre estará marcado por una lógica legislativa, y en ese plano, están primero las reformas y después las fotos, a diferencia de otros”, resumió ante Infobae un integrante de la mesa política.

El pasado martes, la mesa política se reunió para ajustar las clavijas y ordenar las diferencias existentes entre el equipo encargado de impulsar los proyectos en el Congreso. Sinceradas las partes, la senadora Patricia Bullrich limó asperezas con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y acordó la versión número 16 de la letra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que intentarán discutir el próximo 6 de agosto en el Senado.

Tras tres intentos fallidos, el receso invernal, que culminará la primera semana de agosto, le otorgó margen de tiempo al oficialismo para intentar reunir los apoyos necesarios para convencer a los gobernadores de respaldar el proyecto y empezar a consolidar “el año más reformista de la historia”, que prometió el libertario.

En Casa Rosada atribuyen la nueva dinámica a los efectos de lo que denominan como “el reseteo” del Gabinete, a raíz del desembarco de Diego Santilli al frente de la coordinación de los ministerios y la designación de Adrián Ravier en la Vocería y de Fabián Fernández en la Secretaría de Comunicación.

En ese escenario, aún detectan resabios de la quietud derivada del caso Adorni, que sumergió a la administración libertaria en un período de inacción, pero prometen acelerar la dinámica de cara a los próximos días. “Venimos de una parálisis de la gestión, pero tenemos una agenda ambiciosa de reformas con el Presidente a la cabeza. A eso se le suma las definiciones político electorales que se vienen y el desafío de amalgamar los intereses del partido con la política de cara a los aliados”, prometió una fuente del campamento karinista.

Hasta ahora, el oficialismo tiene pendiente el tratamiento final de los proyectos con media sanción de Zonas Frías, Super RIGI y la Ley de Hojarasca; el debate por la reforma electoral; y la discusión de nuevos proyectos, como Inocencia Fiscal II y los cambios en la Ley de Salud Mental, además de la postergada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A eso se suman la propuesta final para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y algunos pliegos judiciales pendientes.

“Algunos proyectos habían quedado trabados en Senado por el tema de Manuel (Adorni), en principio, y producto de algunos viajes de los aliados en la última sesión, pero creemos que en el arranque post receso retomamos la dinámica más fluida”, argumentó un alfil legislativo ante Infobae.

Con la salida de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, los cambios en el equipo de Gobierno permitieron oxigenar la dinámica y le imprimieron una dimensión política que la administración libertaria tanto había denostado durante la primera etapa de la gestión. “Retomamos la actividad de gestión y la conversación política a diferencia del equipo anterior que mantenía una mirada más técnica”, sintetizó una fuente de Casa Rosada.

Tras la renuncia de su ladero, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ganó centralidad en la gestión cotidiana en permanente coordinación con el presidente Javier Milei, que prefiere pasar sus jornadas en la quinta de Olivos. “Karina abre y cierra Casa Rosada”, exageró una vez el mandatario para graficar la tarea de la funcionaria.

El pasado miércoles, activa y secundada por Santilli y un nutrido grupo de legisladores santafesinos de La Libertad Avanza, entre los que estaba la karinista Romina Diez, encabezó la firma del traspaso de obras con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, uno de los aliados más difíciles de encuadrar, cuyo vínculo parece haber repuntado en las últimas semanas.

En Balcarce 50 desmienten que Karina Milei haya tomado la decisión política de levantar el perfil, pese a que por primera vez se distribuyó un material audiovisual en el que se la ve en el centro de escena, y atribuyen su presencia en las actividades de gestión a su rol interno. “Estamos creciendo. No es que ella levante el perfil, es que es la que decide políticamente todos los movimientos”, sintetizó un miembro del reducido círculo que rodea al mandatario.

A la activa participación de Karina Milei, quien hasta entonces se movía por las sombras, y que encontró voz pública en Fabián Fernández, se sumó el impulso del “Día de la Unidad”, una idea que algunos le adjudican al cineasta Santiago Oria, aunque él la desmiente, y que busca bajar un mensaje ordenador a la interna de cara a la pelea por la reelección de Milei en 2027.

Como continuidad de un mensaje en X que la titular de La Libertad Avanza publicó en 2025, en el que habilitó acuerdos con sectores aliados para las elecciones legislativas bonaerenses, el oficialismo apuesta a ordenar a propios y socios de cara al objetivo de retener el poder por otros cuatro años.

“Bajó línea el Presidente del partido y marcó valores, disciplina, lealtad, unidad y que tenemos que apuntar todos para el mismo lado. Quedó marcado ese día: es una bajada de línea y un mensaje para que se dejen de joder los rebeldes”, afirmó un alfil violeta. “Acá el único que puede ganar y seguir teniendo éxitos es Javier Milei. Todos deberíamos encolumnarnos detrás suyo”, coincidieron desde Casa Rosada.

No obstante, hay quienes detectan un cálculo político detrás de la exposición de la secretaria general de la Presidencia, que -según precisan- busca mostrarse como conductora para atribuirse la iniciativa de eventuales acuerdos amplios con gobernadores de cara a 2027. Una idea que abrió debates internos en el espacio en las elecciones legislativas de 2025.

Lo cierto es que Javier Milei resolvió que, al menos, el período electoral será con todos adentro. Bajo esa premisa es que Karina Milei se esfuerza en retomar el vínculo con Patricia Bullrich, a quien, sostienen desde su entorno, respeta políticamente, aunque el vínculo se resintió a raíz del caso Adorni, y también con el asesor presidencial Santiago Caputo, al que le reconoce la capacidad de “decodificar la narrativa libertaria”.

El tiempo dirá cuánto durarán los esfuerzos por sostener una unidad todavía frágil, aunque el verdadero desafío será convertir el movimiento en resultados: si el Gobierno logra anotarse los hitos legislativos que busca y relanzar la gestión, podrá convertir ese proceso en su principal campaña rumbo a 2027. Pero, como advirtió Borges, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer.

A pesar de que la iniciativa no avanza desde que se impulsó y no hay consensos al respecto, el Gobierno insiste con la propuesta de que las universidades públicas comiencen a cobrarles una cuota a los estudiantes extranjeros, pero las instituciones se niegan a implementar la medida y dudan de su eventual efectividad.

El debate sobre si aquellos alumnos que no tienen la ciudadanía argentina deben acceder o no de manera gratuita a la educación superior se reavivó en los últimos días, a partir de un proyecto que presentó el libertario Agustín Romo en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Tal como detalló Infobae, esta propuesta se presentó justo cuando el tema estaba en auge debido a la polémica que se generó en el marco del Mundial, por los comentarios, principalmente en las redes sociales, de usuarios de otros países cuestionando a la Argentina y acusando a sus habitantes de racistas y xenófobos.

No obstante, de aprobarse el texto elaborado por Romo, el pago aplicaría solamente para el ámbito bonaerense y, eventualmente, también porteño, donde La Libertad Avanza daría la misma batalla.

En el plano nacional, en tanto, las autoridades nacionales insisten en que esta medida ya se puede aplicar libremente, gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei el año pasado.

“Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, escribió en su cuenta de X Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

La defensa llegó porque a finales de junio pasado la Cámara Nacional Electoral lo anuló al considerar inconstitucional algunos de sus artículos.

Es que, además de este punto, el decreto en cuestión también había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.

El tribunal concluyó que esa modificación avanzó sobre una materia expresamente vedada por la Constitución para el Poder Ejecutivo que, además, no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran evitar el trámite legislativo ordinario para aprobar las modificaciones en el Congreso.

En el entorno de Álvarez aseguran que solamente ese punto está en conflicto, porque fue expresamente denunciado, pero que no hay ninguna queja respecto del cobro a los extranjeros.

Asimismo, remarcan que la medida “es completamente constitucional”, ya que la Carta Magna garantiza la gratuidad de la educación básica y superior solamente para los argentinos y todos aquellos que quieran “habitar” el suelo patrio.

Aquí radica el argumento central del Gobierno, que considera que aquellos que no tengan la residencia permanente no tienen derecho de acceder a ese beneficio.

Para inscribirse a una universidad pública, actualmente la persona interesada solamente debe contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI), al cual puede acceder incluso si se encuentra en una situación migratoria precaria.

El Estado le puede dar a un extranjero un DNI local no solo cuando tiene una residencia permanente, sino también cuando posee una Temporaria, la cual es de mediano plazo y se otorga por hasta tres años, con la posibilidad de solicitar una prórroga.

Sin embargo, más allá de este debate, la decisión de si cobrar o no una cuota a los alumnos que no sean de este país recae en última instancia en cada universidad, las cuales se niegan a aplicarla.

“A mí me parece que se están aprovechando de toda esta ola contra la Argentina y de discriminación para instalar esto de nuevo, no tengo ninguna duda”, cuestionó ante este medio el rector de una importante casa de estudio, que prefirió que no se lo cite “para no seguir dándole entidad al asunto”.

El referente del sector explicó que, si bien es cierto que para acceder a la matrícula es necesario tener un DNI y muchos de los documentos son precarios, “por un acuerdo vigente del Mercosur, a los 2 años de permanencia en el territorio ya se puede conseguir automáticamente la residencia permanente“.

“No lo vamos a hacer. No le vamos a cobrar a nadie. Sí se han hecho cosas, como poner niveles de español más altos para poder ingresar. No es que cualquiera puede venir acá hablando portugués y le tenemos que dar clases en su idioma. Hay cosas que está bien plantearlas, pero esto en particular, no”, opino.

Para el rector, los ingresos que podrían tener si implementan este pago “es marginal a nivel presupuestario y terminaría perjudicando a la economía local, porque es más lo que cada alumno deja viviendo acá, que lo que se les puede pedir de cuota en última instancia”.

“Ya hoy en día bajó mucho el fenómeno de los estudiantes extranjeros, porque dejó de ser atractivo el país. En mi provincia hace 5 o 10 años había empresas que se dedicaban al turismo académico y ahora cerraron todas. Estás quitando los incentivos para que vengan”, lamentó una persona que conduce una institución de educación superior del interior.

Por otra parte, los rectores coinciden en que “el decreto es de dudosa legitimidad, porque modifica dos leyes vigentes, la de Educación y la de Migración, que son las que garantizan que no le puedas cobrar a nadie”.

“Si se llegara a hacer, cualquiera que vaya a la Justicia para protestar te lo gana, porque un DNU no está por encima de ley. Después está la discusión más de fondo, yo soy hijo de inmigrantes, primera generación, y no sé si estoy de acuerdo con que para otros haya criterios que este país no aplicó para mi familia. Lo que quiere el Gobierno es generarles incomodidad a la universidades y sumar un elemento más para desprestigiarnos”, cerró.

En cuanto a la potestad para que Migraciones se haga cargo de los trámites para la ciudadanía también hay debate, ya que un sector del Ejecutivo considera que todo el DNU sigue rigiendo, porque no tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo único que puedo decir es que los pedidos que nos están llegando a nosotros los seguimos tomando y están teniendo su curso habitual. Por lo que hagan otros organismos no puedo responder”, remarcó una fuente de la Cámara Nacional Electoral, que es la que históricamente revisó los casos de personas a las que se les rechaza en primera instancia la ciudadanía.

El gobierno de Javier Milei anunció recientemente una agenda legislativa con fuerte impronta económica para el segundo semestre. Este viernes ingresó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados la reforma del régimen de Inocencia Fiscal y para las próximas semanas se espera la llegada del proyecto para garantizar la independencia del Banco Central (BCRA).

Los libertarios aclaran que el cronograma todavía no está definido pero apuntan a convocar a una sesión especial para finales de agosto. Esto le daría margen al Senado para avanzar con otro proyecto de alto impacto político: el de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la flexibilización de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

El tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada sufrió un nuevo revés la semana pasada, cuando Patricia Bullrich se vio obligada a llamar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados. No obstante, la jefa del bloque de senadores de LLA se reunió este jueves con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para analizar los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar para conseguir los votos. Si los tres proyectos, Inocencia fiscal, BCRA y Propiedad Privada, coinciden en el temario, la jornada legislativa inevitablemente será maratónica.

El texto definitivo de la ley de inocencia fiscal, que comenzará a discutirse en las próximas semanas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden respectivamente los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, propone varios cambios significativos al régimen que el Gobierno sancionó en diciembre pasado.

La nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, el régimen quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley.

Por otro lado, se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

La principal polémica girará en torno a la posibilidad de que funcionarios y otras personas políticamente expuestas adhieran al régimen, tal como ocurrió con Manuel Adorni, quien presentó su Declaración Simplificada de Ganancias en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. De hecho, diputados de Unión por la Patria y Provincias Unidas ya presentaron proyectos propios para excluir a funcionarios y políticos.

En esa línea, el diputado peronista Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque libertario consideraron poco probable que se acepten cambios en este sentido para ampliar los consensos. Se muestran confiados en que los mismos bloques que apoyaron la ley original en diciembre volverán a jugar en tándem con el oficialismo. En aquella oportunidad, se consiguieron 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz.

Por otro lado, los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central serán presentada por el propio Milei en las próximas semanas. Según anunciaron, el punto central del proyecto será reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Según la visión de los libertarios, ambos proyectos contribuirán a consolidar la estabilidad financiera ya que permitirán “remonetizar” la economía y ampliar el crédito con dólares que actualmente están fuera del sistema y también ahuyentaría los fantasmas de que próximos gobiernos vuelvan a financiar déficit con emisión monetaria, con el consecuente aumento de la inflación.