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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El PJ suma adhesiones a favor de las PASO y busca un acuerdo para terminar con las intervenciones

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En la fría tarde de este martes se llevó a cabo el congreso del PJ Nacional en una modalidad mixta, que unificó la presencialidad con la virtualidad en un mismo debate político. Una parte importante de los congresales acudieron a Matheau 130 y otros se conectaron a través de una videoconferencia. Fue un revival de la etapa pandémica.

El congreso comenzó cerca de las 18, en el segundo llamado dispuesto por el consejo. El primero, que era a las 16, fue pasado por alto con absoluta naturalidad. En el peronismo la puntualidad no es un bien preciado. Los primeros en llegar a la sede partidaria fueron el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos; el director del BAPRO, Rodrigo ”Rodra” Rodríguez, la ex legisladora Fernanda Raverta, el senador José Mayans, el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli y la diputada nacional Teresa García.

Con el correr de los minutos se sumaron Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Lucía Corpacci, Gustavo “Tano” Menéndez, Eduardo Valdés, Carlos Linares, Mariel Fernández, Juan Manzur, Emir Félix y Emilio Neder. La presencialidad fue para pocos y la virtualidad para muchos.

La presencia de Olmos, Michel, Félix y Luque, como congresales por CABA, Entre Ríos, Mendoza y Chubut respectivamente, fue, tal vez, el único dato de color que tuvo la tarde. Integrantes del armado federal que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo confluyeron en el PJ junto a una enorme mayoría de dirigentes que responden a la conducción política de CFK. Una convergencia, de algunas horas, de dos sectores del peronismo que en la actualidad arman un programa y una plataforma política por separado. A ese encuentro de rostros y posturas se sumó el diputado provincial e intendente, con uso de licencia, de Almirante Brown, Mariano Cascallares, hombre fuerte del kicillofismo.

Un gesto de distensión en el medio de la grieta que atraviesa a todo el peronismo, dividido, por momentos ensimismado en las diferencias más que en las coincidencias Caras distintas que, si sale todo como tienen pautado, se reencontrarán en una gran PASO peronista. Por ahora, son representantes de tribus que arman entre sí.

Parrilli, mano derecha histórica de CFK, se refirió a su situación judicial y al proceso político que está activo de cara a las elecciones nacionales del año que viene. “Tenemos una democracia trucha e inconclusa. Estamos frente a unas elecciones presidenciales donde Cristina Kirchner, que representa la mayoría de la fuerza nacional y popular, está proscripta”, sostuvo en la puerta del PJ.

El dirigente neuquino resaltó también que “se mantenga la proscripción, estamos en una democracia injusta“ y aseguró que “la Corte Suprema tiene que anular y revocar el fallo” de la causa Vialidad por el que la ex presidenta está presa. Además, Parrilli dejó una definición polémica sobre el futuro candidato del peronismo, sea quien sea su nombre: “Va a ser un candidato trucho el que esté el año que viene, porque ella está proscripta”.

En el encuentro institucional se votaron los normalizadores en los PJ de Jujuy y Salta, una figura que busca mantener la intervención partidaria en paralelo a la judicial, pero con una vocación de fondo: lograr un acuerdo entre la justicia, la dirigencia local y el PJ nacional para que haya elecciones, en ambos distritos, el 25 de octubre. En Jujuy estarán a cargo Teresa García y Máximo Rodríguez, que fueron interventores en el PJ Corrientes, y en Salta estarán Pablo Kosiner y Nora Cannuni. “Queremos llegar a un acuerdo para que se puedan hacer elecciones antes de fin de año”, explicaron en el partido.

El viernes de la semana pasada la resolución de la jueza federal, con competencia electoral, María Servini, de intervenir el PJ Salta, abrió un nuevo foco de conflicto entre la conducción nacional del partido y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quien hace tiempo reclama que haya elecciones en su distrito.

Servini desplazó a Pablo Kosiner, hombre de confianza de Juan Manuel Urtubey, que había reemplazado a Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, interventores designados CFK durante su etapa como presidenta del PJ Nacional. Kosiner había llegado a ese lugar con el aval de la ex jefa de Estado, que el año pasado retomó la relación política y personal con Urtubey, con quien no había hablado en la última década.

La histórica jueza federal colocó a José Luis Napoleón Gambetta, un dirigente salteño cercano a Sáenz, quien ya había tenido influencia en la designación de Ricardo Villada, ex ministro de su gobierno, como interventor del PJ Jujuy, que también tenía interventores que respondían a la conducción de CFK, como Aníbal Fernández y Gustavo “Tano” Menéndez.

En lo formal, el Congreso sirvió para regularizar la situación del partido, donde se deben presentar balances y el estado contable del partido, para que conste en actas que el partido está funcionando y en regla. Una forma de hacer desaparecer los fantasmas de intervención que siempre sobrevuelan sobre el PJ Nacional.

Un sector de la dirigencia que forma parte del partido cree que el esquema político norteño que integran los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), junto a la senadora nacional Carolina Moisés (Jujuy), tenían en sus planes pedir la intervención del partido nacional como parte de una afronta contra el kirchnerismo. Postales de la desconfianza que atormenta al peronismo de todo el país.

Durante el congreso no hubo un pedido unánime de libertad para Cristina Kirchner. La voz la levantó Fernanda Raverta, quien expuso la necesidad de seguir reclamando ante la justicia y en forma pública, las limitaciones que tiene la ex presidenta en sus condiciones de detención. El congreso fue más diverso y menos K de lo que se esperaba de antemano. Una señal de que los temas no se pueden imponer y el debate federal pasa por el futuro del conjunto más que por una figura central.

Un foco de conflicto se abrió en el PJ San Luis, que gobierna Alberto Rodríguez Saá, distanciado del kirchnerismo hace tiempo. Le hicieron llegar al congreso el pedido para que haya elecciones en PJ Nacional y se conforme una nueva conducción colegiada hasta que esos comicios se realicen. Aseguran que la conducción actual, que virtualmente es de Cristina Kirchner, no tiene legitimidad. ”Falta una conducción real. Faltan consensos hacia el interior. Reclamamos federalismo en la toma de decisiones“, explicaron a Infobae desde el partido en suelo puntano. El tema no fue tratado en el congreso.

Otro punto de tensión tiene que ver con las intervenciones judiciales en Salta y Jujuy. Entre los congresales y principales dirigentes del partido hubo coincidencia en rechazar la intervención que limitó el accionar partidario. “La justicia debería respetar el accionar del partido a nivel nacional. Los partidos políticos tienen la potestad de resolver sus problemas internos y organizativos”, afirmó José Mayans, que es vicepresidente primero del partido y es, en las funciones, el principal responsable del PJ, debido a la imposibilidad de Cristina Kirchner de estar a cargo.

El lunes por la tarde, tal como contó Infobae, hubo otra reunión en la sede histórica del partido para organizar una serie de actividades políticas y culturales en la antesala del primer aniversario de la condena de Cristina Kirchner. El kirchnerismo quiere mantener en alto el reclamo del pedido de libertad de la ex presidenta de la Nación.

En el tramo final hubo una suerte de catarsis política de varios congresales, que relataron la situación en sus distritos y que hicieron hincapié en que el peronismo necesita que los dirigentes que tienen voluntad de ser presidentes caminen y que las diferencias se diriman en unas PASO el año que viene. Y si no hay primarias, que sea en una interna. Pero la candidatura de consenso hoy no tiene apoyo. Existe un acuerdo amplio en la dirigencia sobre la necesidad de legitimar al candidato peronista con los votos en las urnas.

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Las tropas de Caputo y Karina Milei se sintieron reivindicadas por el Presidente y la interna seguirá intacta

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Javier Milei intenta mantenerse al margen de las florecientes internas en su Gobierno, pero el nivel de fuego que provocaron las denuncias de Santiago Caputo y su tropa contra Martín Menem (y sin usar cuentas anónimas) lo obligó a salir a terciar. Como era de esperarse, el jefe de Estado optó por el equilibrio, sin comprometerse con ninguno de los bandos enfrentados. Pero en ambas tribus sintieron que ganaron la batalla. Y todos aseguran que la encendida interna no sólo seguirá vigente, sino que será cada vez más grave.

Después de mantenerse en silencio durante el fin de semana, en la noche del lunes el Presidente retuiteó el tuit que había publicado Santiago Caputo contra sus enemigos, lo cual dio a pensar a su ejército que quizá, esta vez, se pondría públicamente de su lado.

Alguien en Balcarce 50 llegó a estatuir que el desenmascaramiento perpetrado por Caputo, el Gordo Dan y Agustín Romo, entre otros, había resultado en un “KO” contra los Menem.
La ilusión duró poco. Menos de 24 horas después, ayer por la tarde, en una entrevista con el streaming Neura, Milei donde dejó saber con claridad que había creído la explicación que había dado Martín Menem en el grupo de WhatsApp del Gabinete, el domingo, que contradecía las acusaciones de los caputistas y lo desligaba de cualquier vínculo con la cuenta “RufusPeriodista”.
El Presidente buscó el equilibrio, y en ambos campamentos se sintieron reivindicados.
Los caputistas venían de 48 horas triunfales, donde algunos referentes de peso incluso decían sentirse directamente “felices” por haber logrado exponer los supuestos ataques anónimos de los Menem. Y si bien algunos sintieron un grado de decepción cuando Milei evitó tomar partido claro, otros remarcaron que no esperaban que el Jefe de Estado se pusiera de su lado.
Quienes conocen a Milei desde sus inicios en la política recuerdan que nunca le gustaron “los obsecuentes” de su hermana, y aseguran que los primos Menem, para el jefe de Estado, entraron desde el inicio en esa categoría. Pero el Presidente, señalan también, nunca se ubicará en la vereda opuesta de la hermana, y enfrentarse a los Menem de manera directa sería hacer exactamente eso.

Con todo, los “cielistas” no dejaron que la entrevista les arrebate -del todo- los aires victoriosos. Por un lado, recordaron el retuit de Milei en su cuenta de X, del mensaje de conclusión del conflicto que había publicado su principal colaborador. Pero, sobre todo, remarcaron que el primer mandatario permitió que durante tres días las hordas mileistas virtuales atacaran sin cuartel a los territoriales del menemismo. “Permitió el linchamiento. Y fin. Eso es todo”, dijo, tajante, un caputista de alto peso.

Básicamente, cerca de Caputo creen que en el fondo, Milei favorece a las huestes digitales, su militancia de base. Y que el respaldo al grupo en el que se apoya Karina Milei es estratégico y -creen- casi a su pesar.

En espejo, una sensación de revancha corrió por las espaldas de los integrantes del grupo de los Menem. También, de tranquilidad, como deslizó un alfil del presidente de la Cámara de Diputados. Siempre estuvieron seguros del respaldo de Karina Milei, y de que ella creía su versión oficial. Pero temían que esta vez el primer mandatario tomara represalias de algún tipo. Con la entrevista en el streaming se convencieron de que están a salvo, como siempre.

Las FFCC venían cabizbajas después, entre otras cosas, de la eyección de Sebastián Amerio de Justicia y del nombramiento en la Comisión Bicameral de Inteligencia del karinista Sebastián Pareja. Después de los últimos episodios, están nuevamente envalentonadas. “No podés pretender humillar a la gente y que se queden callados. Ellos nos operaban y nosotros callados. Estuvieron tirándonos gratis y encima, después, canchereaban haber ‘ganado’, cuando nosotros ni habíamos intentado contestar. Bueno. Ahí tienen una respuesta”, dijeron.

En el corner de los Menem también se sintieron reivindicados después de que en el entorno de Karina dijeran que no estaba, para nada, enojada con los propios. “Naaaaa”, bajó el tono a un posible tirón de orejas un funcionario cercano a la Secretaria General. “Martín es uno de sus hombres de confianza, no lo van a retar, no va a cambiar nada”, dijeron. Pero evitaron el triunfalismo. “Nuestro único triunfo va a ser hacer grande a la Agentina Grande Otra Vez”, dijo un funcionario de la órbita menemista.

La interna reverdece, con la diferencia, o el agravante, de que se suma a otros enfrentamientos internos, principalmente Patricia Bullrich y Karina Milei.

La semana que viene, el lunes feriado del 25 de mayo, los caciques de las distintas tribus se encontrarán en la reunión de Gabinete, y el martes, en la mesa política. Esto, si es que no hay algún faltazo de último momento.

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Armas, drones y municiones: un ministro de Lula viaja a la Argentina a ofrecerle material militar al Gobierno

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La relación bilateral entre Argentina y Brasil se encuentra en momentos inusitados de desconexión. Los actuales mandatarios de ambos países, Javier Milei y Lula da Silva, respectivamente, no lograron mantener encuentros cerrados en los casi tres años que llevan coincidiendo en el poder y, en particular, el libertario pretende que las tratativas entre sus gobiernos sean guiadas por las conversaciones ministeriales.

La relación bilateral entre Argentina y Brasil se encuentra en momentos inusitados de desconexión. Los actuales mandatarios de ambos países, Javier Milei y Lula da Silva, respectivamente, no lograron mantener encuentros cerrados en los casi tres años que llevan coincidiendo en el poder y, en particular, el libertario pretende que las tratativas entre sus gobiernos sean guiadas por las conversaciones ministeriales.

La semana que viene habrá una visita más que sugerente que buscará restablecer diálogo en uno de los tantos planos que tienen ambas administraciones. El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, aterrizará el lunes en Buenos Aires para mantener una intensa agenda de reuniones al día siguiente, la cual tendrá como punto álgido el encuentro con su equivalente argentino, el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La visita se da en un momento de particular convulsión al interior de la cartera militar argentina por la publicación de una investigación que advierte presuntos sobreprecios en la compra de un avión para la Fuerza Aérea Argentina. La investigación señala que el avión adquirido costó USD 4,085 millones de dólares, mientras que otro proveedor presupuestó una aeronave similar y en mejores condiciones por 2,3 millones, lo que generó sospechas de un sobreprecio de 1,7 millones de dólares y problemas técnicos en la aeronave comprada.

De cualquier manera, la agenda fue confirmada a Infobae desde ambas carteras y tuvo particular trascendencia en Brasil. Portales de referencia en aquel país informaron que el viaje tenía como uno de sus propósitos el ofrecer una cartera amplia de armas y unidades militares para vender en los países vecinos. Se van a poner a disposición la venta de armas, municiones, equipos de comunicación, drones, aeronaves y embarcaciones.

Ya hay conversaciones. El estado de las mismas son avanzadas. La negociación es para la venta de productos de defensa producidos en Brasil hacia la Argentina”, confirmó el Ministerio de Defensa brasileño a Infobae.

En el Gobierno argentino marcaron mayor cautela al respecto de las conversaciones. “El interés está pero no creo que sea solo para con Brasil”, afirmaron desde el Edificio Libertador. Un funcionario de alto rango del Ministerio marcó que se están escuchando “muchas ofertas de diversos países, por ahora muchas están orientadas a adquirir material y unidades de Estados Unidos e Israel”. “La reunión no es solo para vender armas. Es una visita oficial con reunión sobre temas más amplios”, afirmó esta misma fuente, que advierte que la prioridad está en la adquisición de drones.

Por el momento, la única actividad que confirmaron desde el sector de Múcio fue la que habrá con Presti el martes de la semana próxima. La actividad estaba planificada desde hace tiempo pero fue diagramada en extrema cautela, al punto que la secretaria del embajador no sabía que el ministro brasileño iba a ir, cuentan fuentes calificadas.

El funcionario lulista pasará por distintos países de la región para ofrecer la incipiente industria militar que está desarrollando Brasil. Aun así, Argentina es su primera parada porque entienden que hay interés concreto del gobierno de Milei de mejorar sus capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Javier Milei oficializó semanas atrás el DNU 314/2026 que establece el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino con el objetivo de modernizar y fortalecer las capacidades militares. El texto dispone que una parte de los ingresos obtenidos por la venta o uso de bienes inmuebles del Estado Nacional, así como de las privatizaciones de empresas estatales, se destine específicamente al financiamiento de programas de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades militares. El porcentaje asignado varía: el 10% de los recursos generales y el 70% cuando se trata de inmuebles que hayan estado afectados al Ministerio de Defensa.

La visita que se dará la semana próxima tiene como objetivo secundario la mejora del diálogo entre ambas administraciones.

Y es que Múcio no es solo un ministro de Defensa. “Es más que eso, es el troubleshooter [solucionador] de Lula”, afirman altas fuentes de Brasilia. Esto se explica en otras tareas que le impuso el mandatario nacional que exceden los asuntos de su cartera: ahora es uno de los encargados de intentar una tregua entre Lula y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. El legislador fue el responsable de que fue rechazado el candidato oficialista para el Tribunal Supremo Federal (TSF), Jorge Messias, lo que configuró la primera derrota legislativa de este estilo en más de un siglo.

Múcio recayó en el Ministerio de Defensa a pedido de Lula. “Esto se debe a que es un político profesional, que tiene terminales con todos los lados del espectro político y que tenía que ponerse al hombro la relación con la cúpula de las Fuerzas Armadas al comienzo de su gobierno después de la presidencia de Jair Bolsonaro”.

Lula aspira a reelección y su cuarto mandato en total en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el último trimestre de este año. Su principal competidor en las encuestas es el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. En ese sentido, Milei ya dio señales explícitas de alineamiento hacia el candidato conservador. Ambos se mostraron juntos abrazándose y dándose palabras de aliento en la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

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