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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El trabajo silencioso de Bullrich, los plazos electorales que evalúa y el conflicto que evita Javier Milei

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Desde hace algunos meses, cada vez que Patricia Bullrich marcó una diferencia con el resto de la cúpula de La Libertad Avanza o insinuó tener ambiciones de competir por la Presidencia, en el Gobierno, e incluso el propio Javier Milei, buscaron minimizar la situación, negar cualquier tipo de tensión y enfocarse en solucionar el conflicto y fortalecer el vínculo con una de las figuras más fuertes que tiene el oficialismo actualmente, aunque en privado esos gestos molestan y crece la desconfianza.

A mediados de este año, especialmente luego de la salida de Manuel Adorni del Gabinete, a la senadora se la comenzó a mencionar como la posible candidata en la ciudad de Buenos Aires, pero con el tiempo empezó a circular nuevamente la versión de que sería la compañera de fórmula del jefe de Estado el año que viene.

“Sin comentarios”, le responde ella a su círculo íntimo cada vez que le consultan si le entusiasma esa idea de estar en la boleta como aspirante a vice, lo cual la mantendría dentro de la Cámara alta que ya conoce, aunque con un rol más importante.

El objetivo de la dirigente es claro: quiere llegar a lo más alto del Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de apertura económica, ordenamiento de la macro y reformas que comenzó Milei, aunque evita especificar a partir de cuándo.

“Nunca pensé que tuviera aspiraciones presidenciales inmediatas. Ella dijo ‘en el 2031′, fue muy clara. No sé por qué lo distorsionan tanto”, sostuvo a Infobae una persona de extrema confianza del líder libertario.

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Economía y ley de Tierras: el Gobierno, frente a los daños por sus propios giros y un discurso sin límites

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Mensajes en las redes, un nuevo viaje internacional, platea de empresarios: todo vale para exponer un discurso que oscila entre el reciclado de promesas de bienestar y un discurso sin límites que atribuye a la acción de enemigos los datos de la economía que deshacen pronósticos anteriores. En proceso acelerado de campaña, con indisimulables internas que juegan en contra, Javier Milei marca los picos de la línea libertaria, que difunden -y en algunos casos amplifican- funcionarios, legisladores y tuiteros. El discurso incluye ya sin vueltas un corrimiento de plazos para las promesas económicas, acompañado por una profundización del relato sobre intentos desestabilizadores -sin soporte, algo agravado porque es dicho desde el máximo escalón del Gobierno- y algunos giros que también enredan al oficialismo.

En ese último sentido, el más reciente sacudón fue producido por una inesperada decisión de la Corte Suprema de Justicia que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas -ingrediente significativo en el actual contexto-, dejó vigente el artículo del decreto presidencial que permite la venta de tierras a extranjeros sin límite alguno. El cambio de clima político/social explica en buena medida el impacto. Pasaron casi tres años desde la presentación de aquél recurso y más de dos desde la primera resolución judicial favorable. Otros momentos. En todo caso, ese artículo en particular no asomaba como el principal foco de tensión por el famoso DNU 70.

El punto es que en los últimos meses, especialmente después de la bandera por Malvinas en el Mundial, la cuestión de la soberanía fue creciendo en el temario público. Existen consideraciones diferentes entre consultores sobre la intensidad del hecho, pero está claro que todo vuelve a ir de la mano con las prevenciones sobre su uso político. Y el agregado significativo es que en el caso del mileismo, no representa una línea sino un giro. También, en las consideraciones más amplias sobre la cuestión de la soberanía.

La movida en este terreno fue atribuida por entero a Santiago Caputo, que, en lo personal, habría recuperado terreno doméstico frente a Karina Milei. La primera señal estuvo alimentada por el imaginario -más amplio que lo estrictamente futbolero, pero asociado a la huella mundialista- sobre una enorme y organizada campaña antiargentina. El Gobierno había quedado descolocado frente a la repercusión del episodio del “trapo” con la leyenda por Malvinas que bajó de una tribuna y terminó desplegado por jugadores de la Selección.

El Presidente avanzó entonces en la nueva línea. Se hizo cargo personalmente de potenciar el tema: llegó a acusar directamente a Brasil y apuntó con menos intensidad a México. En el primer caso, fue otra señal de su apuesta directa en la campaña brasileña: este domingo se enfrentan en primera vuelta Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Como sea, y por variados intereses propios -no sólo la apuesta regional alineada con Donald Trump-, el oficialismo colaboró con el clima que se venía insinuando. Curioso, tal vez no lo advirtió cuando, a contramano, se cerró en la intención de avanzar sin cambios con el proyecto original de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía entre otros puntos sensibles la venta de tierras a personas y capitales extranjeros. Hizo más que ruido y afectó las alianzas en el Congreso. Finalmente, el Gobierno debió aceptar en el Senado la poda de ese capítulo -también de Manejo del Fuego- para aprobar la iniciativa. El debate había quedado dominado por la ley de Tierras.

Por entonces, y en medio de los cruces con los críticos del proyecto -no sólo opositores duros, sino una amplia gama de espacios no libertarios-, Pablo Quirno dejó una frase con posterior eco político: dijo que el concepto de soberanía territorial era “anticuado”. Resultó un punto de arrastre para el canciller por la sucesión cronológica de los hechos: aquella votación del Senado fue el 7 de agosto y menos de un mes después, el 3 de septiembre, Milei realizaba la cadena nacional por Malvinas.

Está claro que todos tomaron nota de lo ocurrido en el terreno legislativo y, además, el recorrido violeta siguió adelante. Esa combinación de política y clima más amplio alimenta ahora el oleaje generado por la referida decisión de la Corte, al punto que el propio tribunal decidió difundir una comunicado –algo inusual– para explicar que no se pronunció sobre la cuestión de fondo. Dijo que rechazó el amparo por una cuestión de legitimidad de los impulsores -con criterio restrictivo, según sus críticos- y que siguen abiertas instancias judiciales, además del camino legislativo.

El segundo síntoma lo constituye la incomodidad del Gobierno, que queda otra vez frente a un tema que ya le produjo costos y enfrenta una inesperada alteración de sus planes legislativos. La oposición volvió a apuntar contra el DNU y decidió impulsar una sesión especial en Diputados para mediados de este mes. La suerte de esa movida es un interrogante. Pero alcanza para que el oficialismo analice alternativas. Necesita sumar aliados y provinciales detrás de alguna propuesta que deje de lado el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Por ahora, ideas variadas: impulsar una nueva ley, retomar el texto de propiedad privada con cambios, incluir el tema en el texto de la ley por Malvinas.

Los tiempos corren y en el plano judicial, para salvar el límite marcado por la Corte, asoman posibles jugadores legítimos. Puede ser alguna provincia en manos de gobernadores que no suelen responder a Olivos. Y también, legisladores. Por lo pronto, ya lo hicieron Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, que dejaron planteada la intención de recurrir directamente a la Corte si se demora la primera instancia judicial.

No es este el único que coloca a la gestión libertaria frente a contradicciones en su propio discurso. Es notable en materia económica. Y lo exponen Milei y Luis Caputo, protagonistas centrales de esta especie de costo autoprovocado en materia narrativa. El Presidente viene utilizando hasta escenarios internacionales para tratar de sostener el viraje en sus pronósticos, considerados al menos inoportunos en filas propias.

El ejemplo más notorio tiene que ver con la evolución de la economía, que alguna vez el Presidente graficó con una frase soez sobre la velocidad del crecimiento. Y que el ministro definió, en abril, como el inicio de los “mejores” dieciocho meses de la economía. Cambiaron los tiempos y también las condiciones que demandaría ese vuelco. Primero desde Nueva York y esta semana desde París, Milei ató todo al resultado de los comicios del año que viene. “Si somos reeelectos, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, dijo.

Pero no sólo eso. En la mirada de Olivos, los problemas tienen origen ajeno. Y los cambios de proyecciones -por ejemplo, la inflación con un cero adelante- son atribuidos a movimientos desestabilizadores. Milei repitió en estos días que enfrentó siete intentos de golpe, cuarenta proyectos en contra del equilibrio fiscal y hasta apuestas de algunos operadores de los mercados. Agregó otro ingrediente: “Gente haciendo actos terroristas en la calle”. Eso último, asociado a sus dichos sobre la expulsión o freno unos treinta mil “terroristas” que pretendían ingresar al país.

Está claro que ese cuadro carece de datos que lo sostengan. Asoma como parte de la acelerada carrera electoral, jugada desde el primer día a la polarización extrema con el kirchnerismo: una batalla que no deje espacio para ninguna propuesta diferente. Es una estrategia básica, con pinceladas cada vez más visibles de lo que suele calificarse como “campaña del miedo”.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo”, llegó a anatematizar Luis Caputo. ¿Suma o resta con ese tipo de declaraciones? La respuesta asoma en el doble ensayo de hacer campaña en esos términos y transmitir un mensaje de otro tono al mundo empresarial. Resulta difícil el intento de hacer equilibrio entre alarmar sobre riesgos ciertos de un triunfo opositor y, al mismo tiempo, negar esa posibilidad para no generar un efecto contractivo.

Ese es un riesgo. Y en cualquier caso, efecto directo de los giros y desmesuras del discurso. No se trata sólo de una cuestión de estilo.

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Con los números ajustados para el quórum, la oposición apela a la presión social para derogar el DNU 70

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“Dependemos del clima social para empujar a algunos bloques”. A dos semanas de la sesión especial en la que se tratará la derogación del mega DNU 70, la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre mora y endeudamiento, la oposición todavía está lejos de tener el quórum garantizado y varios bloques provinciales especulan con su silencio.

Al igual que sucederá con otros debates clave, como la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, los gobernadores -especialmente los del norte- tendrán la palabra final. Pero muchos de ellos estuvieron recorriendo París junto al presidente Milei y en las filas del oficialismo reina el optimismo.

“No tienen los números, de ninguna forma”, calculan los libertarios. La convocatoria estuvo respaldada por Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. “Están complicados para no dar quórum porque la senadora Vigo -del mismo espacio- estuvo muy activa con el tema de la venta de tierras y en Córdoba la movilización fue tremenda”, señalaron.

Por su parte, el oficialismo también ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Ante este panorama, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Por eso en la oposición observaron con preocupación el clima amistoso y las selfies que Jaldo y Sáenz se tomaron con Milei y Luis Caputo en París, durante la Argentina Week. “¿Vos pensas que los que están en Francia con Milei van a volver para ir en contra del Gobierno?”, planteó un diputado que ponía en duda que la oposición llegue al quórum.

Si bien los libertarios aclaran que la estrategia parlamentaria se terminará de definir el próximo martes en la reunión de la Mesa Política, entre las opciones disponibles se destacan volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado o presentar un texto aparte que se trataría en una eventual sesión el 21 de octubre, junto a los proyectos de endeudamiento y discapacidad.

El oficialismo consiguió quedarse con los dictámenes de mayoría tanto en endeudamiento como en discapacidad y con algunas concesiones podría asegurarse una mayoría en ambos temas, esto también serviría para desinflar la sesión opositora.

De hecho, entre los bloques que apoyaron con disidencias la propuesta de LLA en Discapacidad no ocultaban su enojo con la oposición más dura por haber mezclado los temas en una misma sesión. “Están usando una causa noble para asegurarse el quórum”, lamentaron.

Por otro lado, los libertarios consideran que la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros perderá intensidad a raíz de una novedad anunciada por el Gobierno desde Francia.

Según explicaron, el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina, hace que la ley de tierras “no tenga sentido”.

Esta iniciativa, presentada por Luis Caputo y Diego Santilli durante un encuentro de Argentina Week, habilitará trámites desde el cuarto trimestre de 2026 y destinará los recursos recaudados a reforzar la posición fiscal y financiera nacional. Quienes completen el trámite también obtendrán el pasaporte argentino.

Los solicitantes podrán optar entre realizar un aporte directo, no reembolsable, al Tesoro Nacional de USD 350.000 o suscribir un título público a tasa cero creado específicamente para el programa por USD 800.000.

“Con esta medida cualquier extranjero podría tener nuestra ciudadanía y comprar tierra de manera ilimitada. Además le significará un problema a los argentinos que viajen a Europa. La Unión Europea ya había advertido que de suceder esto, impondría un visado a los argentinos, porque nacionalidades que hoy no pueden entrar sin visa a Europa, lo podrían hacer comprando nuestra ciudadanía”, publicó en sus redes sociales la diputada peronista Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones.

A partir de este martes, el oficialismo comenzará a mostrar sus cartas y la oposición enfrentará el desafío de mantener el tema candente en la opinión pública para fomentar la movilización social.

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