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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El Gobierno busca coronar su agenda legislativa en 48 horas, pero mezcla apoyos con alineamiento mecánico

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Arrancan este jueves 48 horas intensas en el Senado. Con algún cambio de temario para atender últimos pedidos presidenciales, el oficialismo avanza sobre terreno firme para coronar proyectos destacados de su agenda -reforma laboral y régimen pernal juvenil-, pero no ocurre lo mismo con la modificación de ley de glaciares. Llega con inquietud en este caso y eso altera la difundida idea de un tejido que aseguraría número de sobra para toda iniciativa del Gobierno. Olivos tiene para celebrar, aunque no cuenta con una alianza inalterable que garantice alineamiento mecánico. Los votos se negocian proyecto por proyecto.

El panorama del Congreso termina de exponer así un cuadro que explota el Gobierno, con beneficios y también con costos, y que a la vez puede provocarle algún disgusto. La crisis de partidos -esta semana, con capítulo fuerte del peronismo en el Senado- opera a favor de Olivos, en general. Al mismo tiempo, es un ejercicio costoso de acuerdos -especialmente, con los gobernadores- y cada tanto, por eso mismo, expone una realidad complicada por razones de interés provincial o sectorial, antes que por posicionamiento político/ideológico.

Es el caso del proyecto para modificar la ley de glaciares, que en caso de avanzar este jueves en el Senado integrará la lista de Diputados en sesiones ordinarias. Es probable que la votación esté marcada por fisuras en casi todos los espacios, incluido el interbloque del peronismo/K, golpeado por las últimas deserciones. La posibilidad cierta de sumar un par de votos de esas filas mantiene abierta la expectativa del oficialismo.

Según fuentes de buen olfato, jugarían a favor de la sanción –más allá de su origen o encuadramiento político– representantes de provincias que empujan y consideran favorable a sus economías la modificación de la ley. Corre para todos. El oficialismo apuesta al caso de senadores del San Juan y Catamarca que integran el interbloque peronista. Al revés, por cuestiones de fondo pero también por razones locales, descontaría votos de aliados. Un ejemplo: socios de LLA de provincias como La Pampa, que anota cruces de facturas con Mendoza.

En un tablero marcado por cuestiones de esa naturaleza, el oficialismo registra dificultades serias para contar con apoyo en bloque o al menos mayoritario de la UCR y también del PRO. Suma provinciales diversos y también el finalmente consagrado espacio del peronismo disidente, un logro que anota la operación violeta -y en especial, Patricia Bullrich– y que significó la vicepresidencia de la Cámara para Carolina Moisés.

Esa movida en dos tiempos -la fractura del interbloque del peronismo/kirchnerismo y la consagración de la legisladora jujeña sin atender a la primera minoría- alimentó un estado de celebración, casi de euforia, por los resultados que viene cosechando el oficialismo en esta etapa de sesiones extraordinarias. La votación de autoridades fue contundente. Y la reforma laboral, luego de negociar puntos o dejarlos de lado -lo más reciente, la baja del artículo sobre licencias por enfermedad- se impuso de manera sobrada en Diputados y mañana sería sancionada con comodidad en la otra ala del Congreso.

Esos resultados -también, el régimen penal juvenil- generaron una lectura por encima incluso del impacto político de tales logros legislativos. En el imaginario violeta, algunos anotaron la proyección de una mayoría sólida y garantizada para avanzar con todos los proyectos del Ejecutivo y también, con las ambiciones, entre ellas la ampliación e integración de la Corte Suprema. Desde el circuito próximo a Olivos se hicieron trascender especulaciones en ese sentido.

En lo inmediato, desde el Gobierno ya anticipan algunos títulos de los proyectos para después del 1° de marzo. Y en esa lista por ahora informal se destaca una iniciativa sobre fondos o presupuesto para las universidades públicas y un texto para sobre licencias médicas, algo que en su versión original fue desechado para allanar el camino de la reforma laboral. En los dos casos, parece difícil el trámite legislativo si no es en base a acuerdos con socios y aliados y, en cuanto a los reclamos universitarios, sin un entendimiento con el consejo de rectores.

Son temas singulares. El de las licencias médicas tiene el antecedente mencionado: la poda y, al mismo tiempo, las internas en el propio oficialismo por la letra y la oportunidad del artículo. No parece razonable el sentido casi de revancha que tiñe la versión de algunas fuentes del oficialismo, en base a la lectura sobre el “envalentonamiento” violeta por los últimos éxitos legislativos. Esos avances fueron expresión de negociaciones y las votaciones, notables, sumaron apoyos pero no mayoría al estilo de la “escribanía” K.

El otro ejemplo tiene capítulo previo y tiempos diferentes. El Gobierno necesita resolver en algún momento su respuesta frente a la ley de financiamiento universitario, vigente luego del rechazo legislativo al veto presidencial. El tema está en la Justicia, sin buena perspectiva para el Gobierno más allá de recursos de abogados. Por supuesto, si los negociadores coronan un acuerdo con las universidades, pasaría sin sobresaltos la prueba del recinto.

En un punto, los resultados del Congreso aportan al discurso del oficialismo, que busca fundir avances plenos y hasta logros matizados en un todo triunfal. Acaba de ocurrir con los números del EMAE, que muestran un global desempeño positivo y también renglones preocupantes, como la sostenida baja o frío en actividades como la industria y el comercio. La reacción oficialista frente a tales señalamientos es descalificarlos por K.

La intención de mostrarse avasallante y con un armado uniforme en el Congreso coloca en lugar destacado, como contrapartida, cualquier sobresalto legislativo. El tratamiento de la reforma a la ley de glaciares viene teñido por esa pincelada, que por lo demás relega la discusión de fondo sobre un tema delicado como los presupuestos de protección de glaciares y ambiente periglacial. El último señalamiento sobre los cuidados del caso fue hecho por la Iglesia Católica. No es un tema menor y supera la economía inmediata. Como sea, si se limita al número de votos, aún una aprobación ajustada expondría el mal cálculo -y discurso- que confunde alianzas con mayoría automática.

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La Libertad Avanza lanza su frente universitario y se prepara para competir por cargos en la UBA

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El 2025 fue el período en el que La Libertad Avanza terminó de desplegarse a nivel nacional y competir en todas las provincias del país. Ese armado partidario llevó años para terminar de consolidarse, aunque no es el único ámbito en donde los dirigentes libertarios depositaron energías para desplegar el aparato libertario. “Este año vamos a aumentar nuestra presencia en las universidades”, comentó una fuente del Gobierno.

La emergencia de la militancia libertaria en las universidades nacionales comenzó a darse casi en espejo al de la emergencia de Javier Milei como fenómeno político. Ahora mismo son varias las agrupaciones que existen y que tienen pretensiones de ganar representación en facultades de diferentes puntos del país.

Hasta el año pasado solo dos sectores del oficialismo nacional habían logrado constituir un entramado de organizaciones encolumnados bajo una misma denominación. Una era Universitarios por La Libertad Avanza (ULLA), que tiene como principales impulsores a los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que se referencia en Santiago Caputo. Otra estructura de relevancia es Crear + Libertad, encolumnada en el sector del armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Tanto ULLA como Crear + Libertad tienen su principal base operativa en la provincia de Buenos Aires. De hecho, una de las primeras disputas territoriales entre Las Fuerzas del Cielo y el sector de Pareja se dio hace casi un año y medio en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La chispa se inició por una solicitud firmada por el armador Juanes Osaba al rector de la casa de estudios para que ULLA, apoyada por Caputo y el legislador Agustín Romo, se abstuviera de utilizar simbología del partido bonaerense que presidía su jefe político. En rigor, esa acción había sido impulsada porque Crear + Libertad también tenía intenciones de competir en los comicios universitarios.

El clima entre ambas agrupaciones sigue algo tirante, aunque hay más concertación que en ese entonces. Según informó uno de los líderes de estas agrupaciones, nunca se agruparon para competir contra los demás espacios y solo volvieron a disputar una elección por separados en la Universidad Nacional Guillermo Brown, pero sin golpes por debajo del cinturón. “Deberíamos empezar a ir juntos dejar esta pelotudez de ir separados”, admite uno de los líderes universitarios a Infobae.

Tanto el caputismo y el parejismo desarrollaron estructuras por fuera del área de la Provincia. El primer espacio lo hizo con otras denominaciones: por ejemplo, en Córdoba se llaman Fuerza Estudiantil Liberal (FEL). En tanto, el otro espacio buscó consolidar la marca utilizando la misma denominación.

La provincia en la que no hubo desarrollo por ninguno de los dos sectores libertarios fue en Santa Fe, territorio que está dominado por parte de la diputada nacional Romina Diez, de estrechísima confianza de Karina Milei. Allí nació Universitarios por la Libertad (UPL), que parece haber abandonado su estatus de agrupación provincial para expandirse como la marca definitiva que responde a los designios del partido nacional, comandado por la hermana presidencial.

Al menos así lo reconocieron tres figuras libertarias, todas de diferentes huestes del Gobierno. “Queda como la agrupación oficial”, admitió a Infobae una alta fuente libertaria que no es cercana a UPL.

UPL se lanzará como el frente de los universitarios libertarios en su primer Encuentro Federal que se desarrollará este sábado por la tarde en el barrio porteño de Núñez. Quien coordina este armado es Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados y responsable de la Juventud de La Libertad Avanza a pedido de Karina Milei.

Los organizadores del evento esperan llevar a cinco referentes de cada una de las provincias en donde está presente el frente. En principio, habrá integrantes de Crear + Libertad y un referente del FEL cordobés. También se planteaban impartir invitaciones a los responsables de ULLA. “No tenemos problemas con ellos. Pueden englobarse adentro del frente”, confirmó una fuente del armado de UPL. También está previsto que asista el senador Juan Cruz Godoy y el diputado nacional Agustín Pellegrini.

No es casual el momento en el que se desarrolla esta primera actividad. En abril se desarrollarán las elecciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para Centro de Estudiantes y Consejo Directivo. Los libertarios quieren hacer pie y ganar lugares en los consejos de ciertas facultades. En algunas aspiran a ganar la elección.

Pese a que UPL se está imponiendo como el frente representativo del oficialismo nacional, se decidió que la marca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantenga como Somos Libres, una agrupación de derecha liberal que se inició desde el lado del PRO pero que ahora responde a La Libertad Avanza: aunque sigue adoptando el amarillo macrista, también se tiñó al violeta libertario. Su principal dirigente es Rocío Gómez, quien comenzó militando en Republicanos Unidos y pasó a ser la mano derecha de Sharif Menem en la coordinación libertaria en la Juventud y en las universidades.

“Creemos que en la Facultad de Ingeniera podemos ganar y que en Económicas podemos hacer un resultado buenísimo si todo acompaña”, confesó una fuente de la organización universitaria. Por el otro lado, Somos Libres prevé bastante esquivo el camino para su presentación en las facultades de Sociales y de Filosofía y Letras; territorios donde los espacios del centro hacia la derecha no vulneran.

Mientras que el karinismo-menemista tiene aspiraciones expansionistas en el ámbito universitario, en otros espacios marcan que realizaron un trabajo indispensable durante años donde el foco sobre las Universidades Nacionales y su financiamiento estuvo en el centro de la agenda política. “Lo que se organizó durante 2024 y 2025 fue el catalizador de lo que hay ahora. La disputa cultural en relación a este tema ya no es la misma. Va a haber un contraproyecto del Gobierno para aceptar un financiamiento universitario. Esos focos ya los está resolviendo la política”, afirmó un armador. Otro responsable por fuera del karinismo se sinceró: “A mí no me interesa más expandir. Lo que se hizo hasta ahora es suficiente”.

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Kicillof y Máximo Kirchner ponen en juego su tregua en una sesión clave por las autoridades del Senado

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Este jueves, a partir de las 15, tendrá lugar una sesión clave en el Senado bonaerense para confirmar si existe una tregua entre el Axel Kicillof y la familia Kirchner, que empezó con las negociaciones para la articulación del nuevo PJ Bonaerense y que siguió durante los últimos días, en formato de diálogo y sin ruido de guerra, donde se buscó acordar las autoridades de la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires.

Hay cuatro puestos importantes que están encima de la mesa política en la que se intentan gestionar acuerdos: la vicepresidencia primera, las secretarias administrativa y legislativa, y la jefatura del bloque peronista. Además, deben ordenarse las otras cinco vicepresidencias, pero no tienen el peso específico que el resto de los cargos.

Kicillof quiere quedarse con la vicepresidencia primera a toda costa. Es un hueso que no tiene pensado soltar, lo que demuestra, una vez más y al igual que en la negociación por el PJ, que el kicillofismo, aglutinado en el Movimiento al Futuro (MDF), ha decidido imponer condiciones en base a su peso territorial y el rol que el Gobernador ha tomado, abriendo paso a la construcción de una candidatura presidencial.

“Falta una alternativa y es una obligación nuestra organizarla”, sostuvo el mandatario bonaerense durante una entrevista en el streaming Cenital. Además, dejó en claro su vocación de competir en las próximas elecciones nacionales: “Yo no estoy diciendo vengan todos y vótenme a mí, es un momento de construcción. Yo estoy dispuesto”. Kicillof ya movió las primeras fichas del tablero 2027.

El Gobernador juega cada día un poco más fuerte. Sin perder su ritmo, menos vertiginoso que el de otras figuras políticas, pero con una tenacidad superior a la que ha tenido un puñado de años atrás. Desde que decidió despojarse de la conducción política de Cristina Kirchner, empezó a dar peleas más intensas y corrosivas con el cristinismo, con el objetivo central de consolidar su liderazgo y alejarse de los condicionamientos del kirchnerismo.

En La Plata dan por descontado que la conducción del bloque peronista quedará en poder de La Cámpora y que pueden perder el control de una de las secretarias. Durante todo el día de ayer no hubo acuerdo. A partir de la media mañana se intensificarán las conversaciones para lograr un acercamiento y sellar la continuidad de la tregua.

Kicillof construye poder en distintos puntos cardinales de la política bonaerense. En la Legislatura le ha costado hacer pie. Tal es así que las autoridades en la Cámara de Diputados están repartidas entre el cristinismo y el massismo. La presidencia es de Alejandro Dichiara, cercano a CFK, y la vicepresidencia pertenece a Alexis Guerrera, del Frente Renovador de Sergio Massa. La conducción del bloque está en manos del camporista Facundo Tignanelli. El Gobernador no tiene peso en la Cámara baja.

En esta negociación que se llevó adelante por las autoridades del Senado, el kicillofismo bloqueó con decisión el desembarco del intendente – en uso de licencia – de José C. Paz, Mario Ishii, que tiene el aval del cristinismo para ocupar un lugar importante en el esquema de sucesión que enlaza el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo.

Para ese lugar promocionó a la senadora de Bahía Blanca Ayelén Durand. En el kicillofismo piensan que La Cámpora pelea por ese lugar para “hacer alguna maldad” ante un hipotético corrimiento de las autoridades. “Si Axel se toma licencia el año que viene por una eventual campaña electoral, Verónica (Magario) tiene que asumir su rol y la conducción del Senado tiene que quedar en manos de alguien que responda al gobernador”, argumentaron cerca del mandatario provincial.

Kicillof piensa en el futuro inmediato anclado en la desconfianza que tiene su relación con La Cámpora. Ya no habla directamente con Cristina y Máximo Kirchner. Esos vínculos están rotos y solo son activados en casos muy específicos de negociación política. Si el peronismo termina teniendo a Kicillof como candidato a presidente, la relación con el cristinismo será un tema a resolver para construir un proyecto político consistente.

Ayer, durante una entrevista en Infobae en vivo, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dejó en claro, una vez más, cuál es la postura en La Plata. “Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”, afirmó el funcionario.

“No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas. Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”, precisó durante la entrevista. Esa idea expresada por Bianco marca dos líneas de pensamiento que hay en el kicillofismo: la discusión en el peronismo nacional es totalmente horizontal y, para Kicillof y sus leales, el ciclo de CFK está terminado.

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