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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Ley de propiedad privada: aliados no saben si la Casa Rosada avala la última versión y piden claridad

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Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrichcuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.

No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.

“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.

Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.

El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.

A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.

En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

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Milei abre la puerta a un acuerdo con aliados para definir su compañero de fórmula en las elecciones de 2027

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“La política es dinámica, pueden ocurrir acuerdos y en función de eso se puede tomar una opción u otra”, admitió el presidente Javier Milei, el día después de haber revelado que había definido el nombre de su compañero de fórmula para 2027. Aunque el mandatario sostuvo que tenía un nombre elegido, esta mañana admitió que existen alternativas en carpeta y no le cerró la puerta a definir el candidato a Vicepresidente en función de un eventual acuerdo electoral.

Lanzado el operativo por la reelección del libertario, en Casa Rosada garantizan que una de las condiciones para definir al candidato es que responda políticamente al Poder Ejecutivo. En La Libertad Avanza aspiran a evitar un desenlace similar al generado con Victoria Villarruel, de nula relación con el Presidente, por lo que intentarán designar a una persona del entorno del libertario. “Después de lo que pasamos con Villarruel, no vamos a permitir que el Vice no responda a Casa Rosada”, plantearon desde el oficialismo ante este medio.

A diferencia de la estrategia adoptada en 2025, en Balcarce 50 se muestran receptivos a nuevos entendimientos electorales con mandatarios provinciales y con partidos aliados como el PRO y la UCR. En los dos últimos casos, la negociación es aún más compleja, en particular con el partido que lidera Mauricio Macri, donde la discusión sobre la Ciudad de Buenos Aires oficia de parteaguas.

Asimismo, algunos interlocutores violeta ven con buenos ojos contemplar la posibilidad de tener un Vicepresidente que provenga del interior del país, en la búsqueda por otros cuatro años de gestión de Milei, pero aseguran que todavía no hay definiciones al respecto.

Luego de contar que tiene resuelto quién será la persona que lo acompañará en la disputa por un nuevo mandato, Milei planteó que cuenta con un “conjunto de personas” que califican para el cargo, pero evitó dar mayores precisiones debido a que considera que “la política es dinámica”. “Tengo alternativas y tengo orden de preferencia, pero la política es dinámica y pueden ocurrir acuerdos”, precisó el Presidente en declaraciones a Radio Mitre.

Como contó este medio, entre los nombres que evalúa la administración libertaria aparecen la jefa de la bancada violeta en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, quien admitió sus intenciones por competir en 2027, y figuras alineadas con el libertario como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Si bien este medio consultó con esta última, no obtuvo respuesta.

Pese a que desde su entorno lo negaron, el nombre del actual titular de la Cámara de Diputados –Martín Menem- es otro de los mencionados en las filas oficialistas por su cercanía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por su alineamiento con el Presidente. También el de la menor de los Milei en lo que configuraría una fórmula estrictamente pura de “Milei-Milei”.

La discusión sobre el futuro compañero de fórmula cobra especial relevancia en medio del deterioro definitivo de la relación entre Milei y Villarruel, quien ya no oculta sus diferencias con el Poder Ejecutivo e incluso acusó al mandatario de tener “persecuciones imaginarias”. Esto llevó a que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le sugiriera dar un paso al costado.

Por su parte, el mandatario se hizo eco de las declaraciones de la Vice y evitó confrontar con la que supo ser su compañera de fórmula en 2023. “Cada vez que alguien cambió la realidad lo tildaron de loco. Entiendo que los enamorados del status quo, al que quiere cambiar las cosas, lo traten de loco”, sentenció.

Pese a ello, le facturó a Villarruel el intercambio con los gobernadores peronistas de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, y el homenaje en el Senado a la expresidenta María Estela Martínez de Perón.

“No es tan importante Victoria Villarruel”, arremetieron por los pasillos de Casa Rosada para desmentir que el anticipo del mandatario respondiera a los chispazos ocasionados en los últimos días. A poco más de dos años de gestión, el vínculo entre el Presidente y la Vice está completamente roto.

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Miguel Ángel Pichetto: “El Presidente va a tener una elección mucho más competitiva de la que imagina”

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Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales, el escenario político ya comenzó a moverse. La confirmación de Javier Milei de que buscará la reelección y de que ya tiene definido a su futuro compañero de fórmula aceleró una discusión que, para Miguel Ángel Pichetto, terminará ordenando nuevamente la política alrededor de dos grandes polos.

En esa construcción de que no hay nadie enfrente es falsa. Les conviene decir eso porque también les permite instalar que, como Milei no tiene con quién pelearse, se pelea con Lula”, afirmó el diputado nacional durante una entrevista con Infobae al Regreso. “Va a haber un escenario de polarización”, resumió.

Desde esa mirada, sostuvo que el desafío del peronismo ya no pasa únicamente por resolver nombres propios sino por reconstruir una propuesta política capaz de competir con el oficialismo. “Estoy en el peronismo, estoy trabajando para un modelo de unidad, construcción de una candidatura”, aseguró.

En ese proceso ubicó a Axel Kicillof como uno de los dirigentes con aspiraciones presidenciales, aunque advirtió que cualquier proyecto deberá priorizar la cohesión interna. “El que quiere ser candidato a presidente tiene que hacer todos los esfuerzos para tratar de consolidar la unidad del conjunto, mostrar buena voluntad y generar expectativas”, señaló.

Pichetto tampoco descartó otras figuras. Mencionó al gobernador cordobés Martín Llaryora y sostuvo que Sergio Massa continúa siendo un actor con peso dentro del espacio. “No descartaría a Sergio Massa; está evaluando y analizando su destino. Kicillof ya anticipó su vocación de ser presidente”, dijo.

En ese tablero político también ubicó a Victoria Villarruel. Lejos de considerar que la ruptura con Javier Milei terminó con sus aspiraciones, evaluó que el conflicto podría fortalecer su perfil electoral.

Probablemente, en función del rechazo, del desprecio, del resentimiento y del odio que ha generado este vínculo, la señora Villarruel sea candidata a presidente”, sostuvo. A su entender, la vicepresidenta conserva un electorado propio, “de cierta afinidad nacionalista, católico y con base ciertamente militar”, que le otorga una identidad diferenciada dentro de la derecha.

Al mismo tiempo, consideró que la experiencia del actual Gobierno obligará a Milei a elegir un compañero de fórmula con otro perfil en caso de competir por un nuevo mandato. “El presidente tiene que encontrar un vicepresidente o una vicepresidente que le garantice cierta lealtad y solidaridad”, afirmó. Incluso deslizó, en tono irónico, una hipótesis sobre Karina Milei: “Yo veo en ese lugar a la hermana, pero bueno, anótenlo por ahí en algún rincón”.

Al hablar del futuro del peronismo, Pichetto también se refirió a Cristina Fernández de Kirchner. “Hace quince días fui a ver a Cristina, después de la operación. Charlamos de la situación judicial. Charlamos de una condena que a mí me parece disparatada en términos de la inhabilitación especial perpetua, que es una pena de otro siglo”, relató.

Consultado sobre las alternativas jurídicas que aún podrían quedar abiertas, explicó que, una vez agotadas las instancias locales, el camino posible son los tribunales internacionales. “Frente a una condena firme de la Corte, queda una instancia ante los organismos internacionales, porque eso está previsto en la Constitución y en el Código Procesal Penal”, indicó.

En ese contexto, defendió la continuidad de las PASO y cuestionó cualquier intento de modificar las reglas electorales en la recta final del mandato presidencial. “Creo que hay que mantener las PASO. Modificar la ley electoral en el último año de un proceso de gobierno me parece totalmente equivocado”, afirmó, al tiempo que recordó que el propio Javier Milei utilizó ese mecanismo para consolidar su candidatura presidencial. “Fue un instrumento válido”, agregó.

Como horizonte político para la oposición, volvió a insistir con la necesidad de construir un frente amplio. “Miro la experiencia de Lula, que después de la cárcel armó un acuerdo con Fernando Henrique Cardoso y con sectores de la derecha económica para derrotar a Bolsonaro. El peronismo tiene que pensar en una construcción de esa naturaleza”, planteó.

Además del análisis electoral, Pichetto dejó definiciones sobre algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno. Rechazó una eventual reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al considerar que modificar la ley sin cambiar la conducción del organismo carece de sentido. “Estoy en contra porque además es una trampa. Si mantenés a las mismas autoridades, no la toques, dejala”, sostuvo.

También respaldó la expulsión de extranjeros condenados por delitos, aunque tomó distancia del tono que, a su juicio, adoptó el oficialismo en el debate migratorio. “El extranjero que cometió delitos en la Argentina tiene que cumplir la condena y ser expulsado. Pero esta exageración, este chauvinismo, tampoco me lo compro. La prioridad deben ser los nacionales”, afirmó.

Finalmente, reiteró su rechazo a una eventual flexibilización de la Ley de Tierras. Advirtió que, si el Gobierno no consigue modificar la norma en el Congreso, podría intentar trasladar esa facultad a las provincias. “Estoy en contra. Si no tienen el número para cambiar la ley, van a buscar otro andarivel. Tan inconstitucional es como la ley de glaciares”, concluyó.

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