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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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El Gobierno y la sombra de Adorni: un plan reduccionista para tratar de cambiar de tema

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La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y la definición de un núcleo de prioridades legislativas son presentadas por el Gobierno como la base de su reacción, lenta, para tratar de cerrar la historia corrosiva de Manuel Adorni. La estrategia es elemental, atada al juego de poder. Y parece limitada por diferentes factores, entre los que sobresalen al menos dos: suponer que toda la “culpa” del deterioro de imagen recae en el ex funcionario y, por consiguiente, apostar a cambiar el foco de la agenda política, como si eso solo fuera suficiente para moldear el temario de interés social o, si se prefiere, la conversación pública.

El caso de Adorni provocó sin dudas el daño mayor para Olivos. Marcó la pendiente pronunciada en la valoración de la imagen presidencial y de la gestión de Gobierno, según la coincidencia abrumadora de las encuestas, el impacto mediático, el oleaje en las redes sociales y el sentido común. Pero el tema es que no se habría tratado de la causa excluyente. Tuvo -tiene-, efecto propio y a la vez, habría funcionado como catalizador de otros malhumores, que ya se insinuaban de manera parcial.

La lectura de encuestas que mes a mes exponen evaluaciones de imagen y tablas de preocupaciones sociales indican, en líneas generales, que ya en febrero y en marzo, cuando recién arrancaba la serie de Adorni, aparecían datos negativos para el Gobierno. Y algún trabajo que circula en medios reducidos, con muy circunstancial difusión en los medios, anotaba un primer registro de ese tipo en diciembre. Ahora, sondeos de junio -previos al final del entonces jefe de Gabinete- indican cierta “estabilización” de la imagen presidencial o al menos desaceleración, después de las alarmantes anotaciones de mayo y aún en escalones altamente negativos, bastante por encima de los 50 puntos.

En el recuento de la primera mitad del año surgen otros datos de interés. Por un lado que, en términos estrictamente políticos, el oficialismo venía de un verano exitoso en el Congreso, con aprobación de leyes en rápido trámite. Un par de ejemplos: el Presupuesto, a fines de diciembre, y la reforma laboral, en los últimos días de febrero. En ese clima, sin embargo, comenzaban a surgir indicios de cierto declive del impulso poselectoral, mientras los temas de raíz económica -precios, ingresos, empleo- aparecían en conjunto por encima de rubros como la inseguridad o la corrupción.

En medios libertarios, quizás lo que más se le reprochó a Adorni fue “aferrarse” al cargo y no lo que expone la investigación sobre su patrimonio. Eso alimentaba el malestar doméstico porque, en tal visión, el caso “opacaba” la difusión e impacto de resultados económicos. Menos cerrada, una lectura más completa sobre la realidad económica muestra de mínima datos contrapuestos. Lo exhibe regularmente el Estimador Mensual de Actividad Económica, más allá de que el promedio alimente celebraciones o disgustos en el circuito oficialista. Por lo general, se cruzan datos positivos en algunos rubros (minería, finanzas, casi siempre el agro) y caída como tendencia sostenida en industria y comercio. De un lado, entusiasmo por el superávit y la baja de la inflación, y por el otro, los datos de empleo, ingresos y consumo.

No está en auge una discusión sobre el tipo de país que se imagina. En el universo violeta asoma de algún modo el reconocimiento de una realidad con diferentes dimensiones, traducida como necesidad -con proyección al plano electoral- de “trasladar los datos de la macro a la micro”. En otras palabras: atender al bolsillo de la gente. Como sea, asoma en esa mirada que Adorni fue un problema mayúsculo, sin vueltas, pero no único.

Por supuesto, el final del tercer jefe de Gabinete de Milei produce un respiro, que el Gobierno necesita explotar de inmediato. Eso mismo convive con la inquietud que genera la marcha de la causa, a cargo del fiscal Gerardo Policitta en el juzgado de Ariel Lijo. El ritmo alimentará especulaciones sobre el efecto o las limitaciones de operaciones políticas.

En lo inmediato, el Gobierno le puso títulos legislativos a su movida para tratar de marcar la agenda. En rigor, y es un dato político potente, fue la instrucción expuesta por Karina Milei en la reunión con diputados y senadores de LLA. Aunque parezca contradictorio en la superficie, la secretaria General reafirmó y extiende su poder en el tablero post Adorni, que era su pieza operativa en la gestión. Suma juego en el Congreso, donde ya manejaba Diputados con Martín Menem y agrega juego en el Senado, parte de la tensión con Patricia Bullrich. Tiene línea con gobernadores. También afirma su peso en Justicia. Todo, en precario equilibrio con Santiago Caputo.

En ese cuadro, que además de trazos gruesos tiene pinceladas menos visibles, debe moverse Santilli. Y hacerse cargo como prueba propia de la suerte de los proyectos destacados por Olivos para recuperar manejo en el Congreso. Por supuesto, el tema de mayor gravitación política es la reforma electoral, que puede sumar puntos al texto original en función del objetivo máximo, que es el plan reeleccionista.

Por ahora, no parece una cuestión de interés público aunque, como apunta un consultor experto, podría jugarle a favor el foco en el intento de anular las PASO. Las encuestas que incluyen el tema, no sólo en esta etapa, registran en general un fuerte cuestionamiento al sistema de primarias. De todos modos, no se está abriendo una discusión sobre el modo de garantizar la mayor transparencia posible en el proceso de selección de los candidatos. Al revés, lo que busca negociar el oficialismo es su anulación a cambio de una especie de sistema de colectoras -un enganche de listas locales a candidatos presidenciales- para sumar apoyo de gobernadores. No proyecta nada muy saludable o superador en términos políticos.

El punto para Olivos sería conseguir un doble resultado con la mirada ya repuesta en el 2027. Por un lado, anular las primarias, un mecanismo que podría ser útil para dirimir espacios en un armado opositor. Y por el otro, garantizar o facilitar la confluencia de intereses nacionales de los libertarios y apuestas de los jefes provinciales en sus distritos. Algo así como reelección para todos los que puedan.

En cualquier caso, se trata de una negociación renovada. Las cuentas previas no garantizaban los votos necesarios y eso mismo alentaba otras opciones, como la no obligatoriedad de las primarias. Las tratativas son con los bloques dialoguistas -PRO, UCR, algunos provinciales- y sobre todo con los gobernadores. Y allí se mezclan planes violetas y necesidades financieras de los distritos.

Lo concreto, en estas horas, es una nueva declinación de la coparticipación federal. Junio terminó con una baja de más de 4 puntos porcentuales, según cifras que circulan entre gobernadores, además de recortes en giros discrecionales. Es el reflejo de la recaudación nacional, que registró una caída de más del 7 por ciento y frenó la expectativa después del repunte acotado de mayo. Esos números también pesan en la mesa de conversaciones.

En el Congreso, parece difícil acelerar a fondo antes de las virtuales vacaciones de invierno, hacia fines de mes. Pero los tiempos dependen de las tratativas y de la decisión política. En definitiva, la breve lista de prioridades legislativas de Olivos incluye dos proyectos a destrabar -reforma electoral y recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías- y otros dos anunciados pero aún no escritos: nuevo capítulo de inocencia fiscal y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Su impacto en la sociedad es otra cosa. Un interrogante para el Gobierno, sobre todo por el lugar asignado en la movida que pretende olvidar el caso Adorni.

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El reordenamiento del Gobierno impacta en el Congreso: Karina Milei ordenó no impulsar leyes sin aval del Ejecutivo

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La reconfiguración del Ejecutivo nacional que significó el cambio del jefe de Gabinete no solo se acotó al modelo de trabajo —que incluye la eliminación del Ministerio del Interior y la creación de dos subjefes de Gabinete—, sino que también impactará en el Congreso de la Nación, donde aparece con fuerza una de las figuras centrales del mundo libertario.

En los últimos días se conoció que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se sumó a los grupos de WhatsApp tanto del bloque libertario en Diputados como en el Senado —donde se creó uno nuevo—, lo que en la práctica significa un control más directo de la hermana del Presidente sobre la actividad y la estrategia parlamentaria libertaria.

Pero ese no fue el único cambio que se gestó en Balcarce 50 respecto del accionar de los 116 legisladores que tiene el oficialismo repartidos en ambas cámaras del Palacio Legislativo.

Tras el encuentro en Casa Rosada de todos los legisladores con Javier y Karina Milei, desde la oficina de la secretaria general se bajó un mensaje claro: nadie presenta ningún proyecto de ley que no sea autorizado por el Ejecutivo.

“La orden que se bajó a los diputados es que no pueden presentar directamente proyectos —mucho menos de ley— que antes no sean analizados por la secretaría parlamentaria del bloque y, en un segundo paso, por el vicejefe de gabinete Ignacio Devitt, el hombre de Karina Milei en la Jefatura de Gabinete”, explicó a Infobae una fuente del bloque libertario en la Cámara Baja.

La intención de la Casa Rosada es no generar ningún tipo de ruido en la conversación parlamentaria con proyectos —sean de resolución o de ley— que deriven en un debate indeseado.

Como dijo alguna vez el diputado karinista Sebastián Pareja: “A nosotros no nos importa el currículum de nuestros candidatos, nos importa que sean soldados y levanten la mano, nada más”. nos importa que sean soldados y levanten la mano, nada más”.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo bajan la línea de que los diputados no están para presentar proyectos sino para aprobar los que envía el Gobierno. Cuando se inició el proceso que culminó con la reforma laboral, reunieron a los diputados en Balcarce 50 y se les explicó que su función era acompañar. Eso ocurrió como consecuencia de un proyecto presentado por la diputada libertaria por Santa Fe Romina Diez, que iba en la misma línea pero planteaba diferencias. La situación generó que la conversación pública mezclara la intención oficial con la letra del proyecto de la santafesina, lo que complicó el inicio del debate.

Uno de los que siguió a rajatabla la orden de la hermana presidencial fue el ahora vocero presidencial, Adrián Ravier. El economista que asumió como diputado nacional el 10 de diciembre solo presentó dos proyectos de declaración —uno de repudio por el atentado contra Donald Trump en Washington y otro por las pintadas en fachadas públicas y privadas atribuidas al diputado Juan Grabois— y tres de resolución: un homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento, un repudio a la agresión física sufrida por el diputado Federico Pelli en Tucumán y una modificación del artículo 128 del Reglamento de la Cámara para acotar las cuestiones de privilegio.

En esa línea se enmarcan los dichos de este viernes del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien señaló en una radio porteña que “si la política no jode, la economía va a mejorar”.

Los libertarios en general lo vienen cumpliendo, y las estadísticas así lo confirman. A pesar de ser el bloque más numeroso en Diputados —95 legisladores—, es el que menos proyectos presentó. Además, desde enero hasta finales de junio solo se aprobaron iniciativas redactadas y enviadas por el Ejecutivo: la ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Reforma Laboral, Régimen Penal Juvenil —que implicó la baja de la edad de imputabilidad—, la modificación de la Ley de Glaciares, la llamada ley Hojarasca y cambios en la ley de Zonas Frías.

La intención de la administración de Javier y Karina Milei es relanzar la gestión una vez que se conozca el dato de inflación que, aseguran, romperá el piso del 2%. Y, como les dejó en claro Javier Milei esta semana, se trabajará sobre cambios económicos y los legisladores tienen que “acompañar y militar porque para que eso suceda —los cambios económicos— hace falta la reelección”.

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Kicillof se blinda frente a la interna con los Kirchner: el silencio como protección y la cautela como sello

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“Están hablando solos. Y eso es lo que van a seguir haciendo”. Corto y filoso. Ese fue el mensaje que surgió del corazón del esquema político que conduce Axel Kicillof. Los destinatarios son, a esta altura de los acontecimientos, más que evidentes: La Cámpora y el universo cristinista. Los que están del otro lado de la grieta kirchnerista.

Sin respuestas, no hay interna que pueda crecer en volumen. El gobernador bonaerense buscará en el silencio su aliado protector para los ataques de sus rivales internos. En las últimas semanas el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, fue el único que dio alguna respuesta vinculada a la interna. Poco y nada para el tenor de la batalla.

El resto de la tropa no se refirió al tema. El ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fustigó a Kicillof en los últimos días. Aseguró que el mandatario provincial “no quiere representar al peronismo”, que busca armar “un peronismo sin Cristina” y que decidió construir un “frente de izquierda progresista y albertista”. Nadie le respondió.

El Gobernador quiere neutralizar la interna bloqueando al camporismo con el silencio. En esa decisión de evitar las respuestas se origina lo que algunos kicillofistas creen que es la disociación entre lo que representa el cristinismo y lo que están construyendo ellos. “La línea divisoria es entre los que queremos ganar y los que no se sabe”, sentenció un funcionario de alto rango en el gabinete bonaerense.

En el kicillofismo consideran que los ataques del sector de CFK es pura ganancia para ellos. Porque las voces del cristinismo quedan como provocadoras y porque exponen, en un mensaje que puede ser decodificado con exactitud en el micromundo de la política, que Kicillof no se somete a los designios de los Kirchner. Además, creen que cada vez que suman un cuestionamiento, quedan más disociados de la realidad de la gente. Percepciones de La Plata.

En definitiva, en el sector del Gobernador buscan encapsular las críticas del cristinismo y exponerlas como parte de un plan de acción que tiene más que ver con una lucha de poder interna que con el armado de una alternativa seria para enfrentar a Javier Milei. Kicillof pide orden y cautela. Hacer un equilibrio entre la audacia y la prudencia.

En la última reunión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que hubo en La Plata, Kicillof pidió no contestar chicanas y esquivar los ataques. Cree en esta táctica de defensa para mantener su construcción política indemne a los chispazos de la interna con los Kirchner. Y, mientras tanto, insistió en la necesidad de seguir adelante, construyendo un esquema político y buscando tender puentes con nuevos aliados. Con cierta ironía un dirigente que convive a diario con el economista largó un dardo hacia el camporismo: “Mientras ellos más se alejan, más se acercan otros espacios”.

Se trata de pescar votos por fuera del peronismo. Ahí está una parte importante de la tarea que ven por delante. Sino serán siempre los mismos, pero divididos en distintas expresiones. Porque en el kicillofismo asumen que CFK va a poner algún candidato en cancha, ya que no lo va a apoyar al Gobernador. La unidad es una utopía, las PASO son una opción y la interna partidaria es un camino lleno de curvas. La incertidumbre sobre el futuro es absoluta. Por eso los distintos sectores del peronismo ponen el pie firme en el presente.

Las elecciones Primarias podrían ser la clave para el ordenar el espacio político. Aunque el paso del tiempo y la degradación del vínculo personal y político entre los Kirchner y Kicillof, siembre un interrogante enorme sobre la posibilidad de convivir en un eventual gobierno. Por eso las PASO pueden ser una solución a medias. Porque permitiría legitimar un candidato ganador, pero dejaría un tendal de heridos y una enorme cantidad de dudas sobre un futuro compartido. La ruptura interna es muy profunda y no hay tiempo de sellarla con un perdón basado en el pragmatismo.

Un outsider para ganarle a un outsider y el movimiento federal

Una de las novedades que se metió en la conversación peronista de esta semana es la posible candidatura de Jorge Brito (H). El empresario, que tuvo un paso exitoso por River y es dueño de uno de los bancos más importantes de la Argentina, se metió en la agenda política. Fue a través de dos nombres propios que trabajan para convencerlo de que puede ser el represente de una opción de centro dentro del universo peronista: Nicolás Massot y Diego Bossio.

Massot, que trabaja en tándem con Emilio Monzó, se refirió a la posibilidad de que Brito salte a la cancha de la política electoral. “Es uno de los empresarios más importantes del país y de los que más empleo genera. Tiene participación pública, tiene inquietud y tiene ideas. Quiere contribuir a generar una alternativa a largo plazo y desarrollo económico”, sostuvo el diputado durante una entrevista en el canal de streaming LACA.

Massot señaló también que Brito “está dispuesto a dedicarle tiempo y energía”, y a “arremangarse para tratar de ayudar a construir algo que nos saque de este juego de suma cero permanente”. El legislador planteó que el empresario “es un outsider para la política electoral”, pero que está empapado de la realidad económica del país. “Entiende muy bien de que estamos hablando”, aseguró.

El otro dirigente político que empujó su nombre a la cancha electoral fue Bossio. El ex titular de la ANSES dijo que Brito “tiene una vocación y un compromiso por las cuestiones públicas”, que si juega el año que viene “puede ser una alternativa completamente distinta” y que su presencia “le daría frescura a la política argentina”. Además, repasó su paso exitoso por River y los avances en insfrastructura y gestión institucional que tuvo en el club de Núñez.

El nombre de Brito empezó a sonar hace un tiempo dentro de las terminales del peronismo como una opción por fuera de la lógica política. La segunda parte del año será clave para que el empresario sepa dónde está parado respecto a la percepción del electorado sobre una figura de su estilo. También para ver cuál es el acompañamiento dirigencial que tiene dentro de un universo tan heterógeneo como el del peronismo. Faltan las señales de su voz para que el proyecto tenga un salto cualitativo.

En paralelo, los representantes del peronismo federal avanzan en la construcción de una colectora que los lleve a la mesa de definiciones de la fuerza política. Sergio Uñac empezó a caminar solo esta semana. Estuvo en Misiones y Corrientes mostrando su voluntad de ser candidato y juntando apoyos, de abajo hacia arriba, para ser una opción en el 2027. Es uno de los pocos nombres del peronismo que están caminando con decisión.

Por su parte, el grupo de Olmos, Michel, Tolosa Paz y Achával empezó a armar un nuevo acto en el norte argentino, tal como contó Infobae esta semana. Ese sector está edificando una propuesta y abriendo las puertas para la dirigencia del interior que no tiene un techo más amplio donde resguardarse. Apuestan a tomar volumen con representación en los próximos meses y llegar al próximo año con el nombre de un candidato que sea representativo de esa identidad.

Falta un año entero para la elección presidencial. Tiempo suficiente para que surjan nuevos candidatos, para que algunos de los que están en pie tengan más consenso o para que la interna bonaerense haga volar todo por los aires. La responsabilidad y las ambiciones de la dirigencia política en los próximos meses empezará a construir ese futuro que en la actualidad es imposible dimensionar.

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