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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Ley de Góndolas: El Gobierno aclaró que productos tendrán baja en los precios

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La Secretaría de Comercio Interior fijó la nueva regla de exhibición en el Boletín Oficial.

Sancionada y reglamentada en 2020, la Ley de Góndolas comenzará a regir recién este año. La misma entrará en vigencia este 15 de mayo, fecha que fijó el Gobierno nacional para que los supermercados se reorganicen y realicen las modificaciones pertinentes. A tres días de su puesta en marcha, el Poder Ejecutivo aclaró qué productos serán considerados los de “menor precio”.

A lo largo del último mes las sucursales de supermercados con una superficie superior a 800 metros cuadrados se dedicaron a adecuar sus espacios para poner en práctica la norma y evitar sanciones. Para el sábado los comercios tienen que ofrecer una distribución diferente de la góndola con diversidad de marcas con el objetivo que también haya una oferta mucho más diversificada de productos y de precios.

La Ley de Góndolas fue sancionada por el Congreso con la idea de “contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”, para mantener “la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos” y con la finalidad de “evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”; además de ampliar la oferta de productos de PYMES y de fomentar “la oferta de productos del sector de la agricultura familiar”.

Entre otras disposiciones la norma dispuso una serie de reglas de exhibición de productos que deberán cumplirse en las góndolas de los establecimientos alcanzados. En efecto, en el Artículo 7° de la misma se estableció que “los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y el último estante”.

Este miércoles la Secretaría de Comercio Interior, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicó en el Boletín Oficial la Resolución 485/2021 mediante la cual se explicita “qué deberá interpretarse por producto de menor precio”.

“Se entenderá como producto de menor precio a aquellos que, conforme la unidad de medida, posean el precio de lista más bajo ofertado al consumidor final con carácter no transitorio. A tal efecto, no deberán considerarse aquellos cuyo precio de lista más bajo resulten de ofertas, bonificaciones o descuentos temporales o relativos a determinados medios de pago o membresías”, resolvió la Secretaría a cargo de Paula Español.

El Gobierno publicó el listado de productos que están alcanzados por la regla de exhibición establecida. Entre ellos se encuentran artículos como leche, manteca, queso, yogurt, tapas de tarta y de empanadas, puré de tomate, pan rallado, harina, yerba, azúcar, dulce de leche, jabón de tocador, champú, pañales, jabón en polvo y líquido, lavandina y papel higiénico, entre otros.

Para dichos productos, se estableció “la exhibición obligatoria en los salones de venta presencial al público minorista de una cenefa perpendicular a la góndola con carácter destacado que contenga la leyenda ‘MENOR PRECIO por unidad de medida. Ley 27.545′”.

Cabe recordar que la ley fija que cada categoría debe contar con un mínimo de 5 proveedores y ninguna empresa debe disponer de un espacio en góndola superior al 30%. Además, un 25% debe estar reservado para las micro y pequeñas empresas y 5% para firmas de la economía popular.

A su vez, si la cadena tiene un producto de marca propia en esa categoría, funciona como un proveedor más. Por otro lado, los productos del programa Precios Cuidados no cuentan en esta división, por lo que una empresa que tiene un artículo en el plan oficial puede usar más espacio en góndola que el 30% fijado como máximo. Tampoco se consideran para la cuenta los exhibidores especiales, por lo que se especula con que -si el espacio de la cadena lo permite- este tipo de presentaciones crecerán.

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Coronavirus

El Senado debate el proyecto oficial sobre criterios para combatir la pandemia

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El proyecto de ley oficial sobre criterios epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus en todo el país comenzará a ser debatido este miércoles, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Senadores, con el objetivo de llevarlo al recinto la semana próxima.

Según se informó oficialmente, la reunión está convocada para las 10 por el sistema de videoconferencia, de acuerdo con lo conversado entre los presidentes de las comisiones de Salud, Mario Fiad; y de Asuntos Constitucionales María de los Ángeles Sacnun.

Asimismo, desde el despacho de la senadora santafecina también confirmaron la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.Ambas funcionarias defenderán el proyecto ante los legisladores y luego se someterán a preguntas.

La intención del oficialismo es emitir dictamen este miércoles, con el objetivo de llevar el tema al recinto la semana que viene y que Diputados lo convierta en ley antes del 22 de mayo, cuando caduca el actual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández y que faculta a los gobernadores a adoptar restricciones, según el riesgo epidemiológico de los distritos.

La discusión en comisión del asunto había sido anticipada este martes por el jefe bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans.

“Seguramente lo vamos a tratar y vamos a invitar a la gente de la Jefatura de Gabinete y a la gente de Salud. Lo que se está tratando de aclarar son los riesgos sanitarios de cada provincia o de cada localidad y tomar las medidas como consecuencia de eso”, adelantó el senador en declaraciones formuladas el martes a Radio 10.

El legislador formoseño señaló que la idea es que tras el tratamiento en comisión se le dé “el despacho favorable” para “tratarlo la semana que viene” en el recinto de la Cámara alta, “una vez que se cumplan los siete días y pasarlo para Diputados” para completar su proceso parlamentario.

La Casa Rosada insiste con la posibilidad de que el debate parlamentario genere cambios en el proyecto, en el marco de un “diálogo siempre buscado” con la oposición.

El expediente dispone un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus y tiene como finalidad “proteger la salud pública” y “establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país”.

La iniciativa reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales.

El senador nacional Alfredo Luenzo (Chubut somos Todos) aseguró el martes que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para establecer un criterio federal respecto a las medidas restrictivas ante el coronavirus “es un modo de estandarizar qué es lo que cada uno debe hacer, siempre respetando la decisión de cada uno de los Gobiernos provinciales”.

Luenzo exhortó al Congreso a tratar la iniciativa de manera urgente, dado que “hay más de 500 argentinos que se mueren todos los días en Argentina” en el medio de “picos de contagios en una segunda ola, donde el mundo lleva un aprendizaje constante de qué hacer y cómo enfrentarlo”, remarcó.

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Alberto Fernández almorzará con Macron para anudar la negociación con el Club de París

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Alberto Fernández almorzará hoy con Emmanuel Macron a pocas horas de cerrar un probable acuerdo de refinanciación de la deuda externa con el Club de París. La comida se servirá en el Palacio Eliseo y su resultado geopolítico puede implicar que Argentina no tenga que desembolsar más de 2.000 millones de dólares antes que concluya mayo. “Soy optimista”,dijo anoche el Presidente.

La gira relámpago protagonizada por Alberto Fernández tiene como objetivo fundamental explicar a sus aliados europeos la necesidad de refinanciar la deuda externa de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

Y por ahora, el balance es positivo. Antonio Costa, primer ministro de Portugal, y Pedro Sánchez, Jefe del Gobierno de España, afirmaron en público que respaldan a Alberto Fernández en su negociación con los acreedores externos. Ello implica que Argentina tiene la posibilidad de retrasar un desembolso de casi 7.000 millones de dólares destinados a evitar el default en el FMI y el Club de París.

Esos 7.000 millones de dólares de deuda externa, con vencimientos previstos en mayo (Club de París) y septiembre y diciembre (FMI), no existen en las arcas del Banco Central. Y la posibilidad de refinanciar su pago, implicaría una alivió en las cuentas públicas durante la segunda ola del COVID-19.

“La gente está preocupada por la deuda con el FMI y también con el Club de París. Considera que sin acuerdos todo puede estallar o todo puede complicarse a su alrededor. Por eso es importante esta gira: podemos avanzar en acuerdos que dan previsibilidad a la vida de los argentinos”, opinó anoche Alberto Fernández frente a un secretario de Estado que lo acompaña por Europa.

Martín Guzmán está a cargo de las negociaciones secretas y es probable que hoy sonría durante el almuerzo con Macron. “La idea es postergar los pagos con el Club de París hasta que cerremos un programa definitivo con el FMI”, aseguró a Infobae un integrante de la comitiva oficial a prueba de desmentidas.

Fuente: Infobae.

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