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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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Es ley la indemnización para los familiares de los submarinistas del ARA San Juan

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Se convirtió en ley el proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

Fue por unanimidad, durante una sesión especial en la Cámara de Senadores de la Nación.

El proyecto establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, “tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar”.

La misma será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, multiplicado por 100.

Según los cálculos actuales el beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

El proyecto señala que el cobro del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto.

También remarca que el otorgamiento del resarcimiento “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”.

El proyecto además establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

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Bartolozzi: “Que la ciudadanía llame al Enacom”

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Nicolas Bartolozzi, Titular del Enacom, habló con CNN Radio Bahía Blanca sobre los aumentos en los servicios de telefonia, Internet y cable.

“En caso de la telefonía celular, el Enacom autorizo un aumento del 7,5 en febrero  5 % en marzo, en la telefonía fija es 5%  no aplicable en febrero, sino aplicable a partir de marzo”, mencionó Bartolozzi.

Y agregó que ” Las prestadoras de Internet, la variación depende de la velocidad de megas y la cantidad de suscriptores que tenga la empresa, menos de 1.000 suscriptores 7%,  mas de 100.000 un 5% y los planes corporativos un 7,5%” .

El titular del Enacom sostuvo que quienes vean irregularidades en el cobro o aumento de sus servicios, que se empoderen y reclamen sus derechos “Que llame al Enacom”

Además agregó que, lo cobrado indebidamente en el mes de enero y febrero por las diferentes empresas, van a  tener que devolver la plata en el mes de marzo aunquesea con una nota de credito.

Bartolozzi también critico a las empresas que pertenecen al grupo Clarin quienes no están siguiendo lo que la ley indica, pero que tarde o temprano deberán devolver el dinero de lo aumentado indebidamente.

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El Senado elegirá a sus autoridades en una sesión especial

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El Senado de la Nación llevará a cabo hoy desde las 14 la sesión preparatoria para elegir a las autoridades de la Cámara alta, según lo establecen los estatutos reglamentarios y, una hora después, los legisladores celebrarán una sesión especial solicitada por el bloque oficialista del Frente de Todos.

La llamada “preparatoria” servirá para ratificar a las actuales autoridades de la Cámara alta: la peronista santiagueña Claudia Ledesma de Zamora como Presidenta Provisional; el opositor porteño Martín Lousteau como vicepresidente; el oficialista misionero Maurice Closs como vicepresidente primero; y la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado como vicepresidenta segunda.

Además, los legisladores votarán por mantener en sus puestos a Marcelo Fuentes como secretario parlamentario, a María Luz Alonso como secretaria administrativa y a Juan Tunessi como prosecretario parlamentario.

A continuación, de acuerdo con el Decreto Presidencial 07/21, los legisladores llevarán la segunda sesión especial del año para debatir una serie de proyectos de ley que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados, así como los acuerdos para designar a embajadores.

Previamente, el oficialismo pretende que se le tome juramento al reemplazante del fallecido senador riojano Carlos Menem: el exministro de Hacienda provincial Ricardo Guerra, luego de que la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, renunciara a ocupar la banca en el Senado.

Tras la negativa de López, la representación de esa provincia en la Cámara alta quedará a cargo de Guerra, el primer candidato suplente.

Sin embargo, podría abrirse en las próximas horas una controversia legal si la gremialista Ilda Lucero, que en 2017 fue la segunda suplente, reclama ese lugar ante la justicia -tal como adelantó que lo haría- con el argumento de que, al renunciar a tomar la banca la vicegobernadora, correspondería que la ocupe otra mujer.

Más allá de que se le tome o no juramento a Guerra, el Senado aprovechará para rendir un homenaje al expresidente Carlos Menem, quien falleció el 14 de este mes a los 90 años en el Sanatorio Los Arcos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encontraba internado debido a una infección urinaria.

Durante la sesión especial, los senadores debatirán proyectos vinculados con incentivos para el sector de la construcción y para la ciencia y la tecnología, el consenso fiscal firmado entre el Gobierno y las provincias, un resarcimiento para los familiares del submarino ARA San Juan y los pliegos con las designaciones de los embajadores de Cuba, Luis Ilarregui; de Bolivia, Ariel Basteiro, y de China, Sabino Vaca Narvaja.

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