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Política Nacional

Fernández endureció su discurso sobre las prepagas

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Tras haber negado una estatización del sistema, el Presidente dijo que el Estado debe intervenir en la medicina prepaga porque “nadie controla nada y sólo quieren aumentos”. La CGT analizará este lunes la situación.

A las empresas de medicina del sector privado, la tranquilidad les duró apenas unas horas. Este martes se fueron a dormir con las declaraciones tranquilizadoras de Claudio Belocopitt, quien había estado con Alberto Fernández y le aseguró que no existía ningún plan de estatización del sistema de salud y admitió la posibilidad de analizar alternativas para compensar el “no aumento” del 7% para las prepagas que el Gobierno anunció y dejó sin efecto el último día de 2019. En la mañana del miércoles, sin embargo, el Presidente hizo declaraciones radiales que parecieron relativizar sus propios dichos sobre el tema.

“Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos. Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente”, dijo. Belocopitt se mantuvo en silencio. Tampoco se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para avanzar con el análisis de las compensaciones para el sector que, quedó en claro, no podrá aumentar las cuotas.

Es cierto que Fernández habló de “control” y no de una estatización directa, pero en las empresas de salud se interpreta que el desmentido avance del Estado sobre el sistema sanitario es mucho más que un fantasma que agita el kirchnerismo en soledad. No ayudó a disipar esa sensación el documento “Ejes centrales para un Programa de Salud 2020/2024”, elaborado en agosto de 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, que dirige Nicolás Kreplak, actual viceministro de Salud bonaerense, que fue difundido en las últimas horas por algunos medios.

Allí se afirma que, “tras décadas de fragmentación y segmentación crecientes del sistema de salud, se debe poner en marcha un proceso que conduzca a una solución estructural: la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

En un documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que coordina el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sostenía lo siguiente en 2019: “Cuando regrese al gobierno nacional y popular (…), la profundización necesaria en el ámbito de la salud deberá comprender una cantidad cuando menos crítica de cambios que generen bases sólidas para la reconstrucción/reconversión del sistema. El fortalecimiento del rol del Estado como rector y ejecutor de las políticas de salud deberá ser contundente. Es imprescindible que el Estado pueda realmente ejercer una verdadera gobernanza del sistema en su conjunto, para lo cual debe tener capacidad prestacional propia y herramientas de poder que le permita alinear a los demás sectores y subsectores a la política sanitaria global. Sólo así el sistema podrá ordenarse e integrarse”.

El propio Kreplak, en un artículo publicado en junio pasado en la revista digital de su fundación, también dio algunas pistas sobre el eje de lo que estaría planificando un sector del oficialismo: “La ineficiencia e ineficacia que demuestra el mercado al hacerse cargo de la salud es la demostración dramática de la importancia que tiene contar con un sistema gobernable, conducido por el Estado, que disponga de la infraestructura asistencial básica distribuida según las necesidades y, especialmente, un enorme y capaz equipo de salud que pueda trabajar dinámicamente en diversas funciones”.

Para Gollán, según declaró en una entrevista de la fundación dirigida por Kreplak, “hoy tenemos un montón de actores en el sistema de salud que el Estado no controla, que son casi independientes, pero que son formadores de opinión y de sentido común”, por lo que concluyó: “El Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”.

El viceministro de Salud de la Provincia destacó que “muchos sectores privados de la salud se van quedando con las áreas más rentables, las que dan más dinero y nos van dejando a los Estados las áreas más costosas: las terapias intensivas, las guardias permanentes, las emergencias”. Y ejemplificó: “En la Provincia de Buenos Aires la mitad de los municipios no tiene clínicas y sanatorios privados ya que se fueron porque no son rentables. ¿Quién se hace cargo? El municipio o la provincia”.

En la misma revista, el gobernador Axel Kicillof brindó definiciones que están en sintonía con el pensamiento de sus funcionarios: “La salud es algo tan importante que no se puede dejar en manos del mercado”, advirtió, por lo cual dijo que “el Estado tiene que intervenir en la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud”.

Para los dirigentes de la CGT, el contenido del documento de la Fundación Soberanía Sanitaria “es un catálogo de lugares comunes”, por lo que están tratando de conseguir la reforma del sistema de salud que fue elaborada en el Instituto Patria y cuya base, en la misma línea de Kicillof, Gollán y Kreplak, fue transparentada por Cristina Kirchner en un acto en La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Desconfiados, los sindicalistas temen que el kirchnerismo logre avanzar sobre las obras sociales para ejercer un mayor control en el sistema, aunque se supone que el proyecto K incluiría dos cuestiones que los expertos de la CGT vienen proponiéndole al Gobierno: la fusión de las obras sociales chicas con las más grandes para reducir el gasto estatal en el sector y la limitación del llamado “descreme”, que es la triangulación de aportes que obras sociales pequeñas negocian con la medicina prepaga y que le permite al sector privado quedarse con una parte de los fondos derivados de la población joven, sana y con mayores recursos.

Sin mucha información y con demasiadas preocupaciones, la mesa chica de la CGT decidió reunirse el lunes 11 en la sede de UPCN para analizar la situación y decidir algún curso de acción. Su interlocutor más directo en estos temas es el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, recluido en su casa para reponerse de un infarto que sufrió a fin de año.

Entre los empresarios también hay movimientos vinculados con el temor a la reforma del sistema sanitario: directivos de unas 5500 empresas prestadoras de servicios de salud mantendrán el jueves 14 de este mes un Zoom para evaluar el panorama crítico del sector y presentar en sociedad una nueva entidad que los agrupa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Creada en diciembre, la FAPS nuclea a sanatorios, clínicas, centros de diagnósticos, laboratorios, servicios de emergencia médica, hospitales de comunidad, institutos de salud mental y geriátricos, y en su primera presentación destacó que atienden a 7 de cada 10 pacientes de prepagas, obras sociales y particulares en todo el país, aunque aclaró: “Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero, como último eslabón de la cadena de atención, asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”.

Se trata de un sector que advirtió que desarrolla su actividad en “un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, y por eso reclamaron auxilio a las autoridades nacionales: están sufriendo el recorte de la ayuda económica estatal desde el 31 de diciembre y, además, afrontan costos que aumentaron más del 60% a lo largo del año pasado mientras los financiadores del sistema de salud (obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de medicina prepaga) mantuvieron “casi sin aumento” los aranceles.

En el Instituto Patria, mientras tanto, hay mucho hermetismo sobre la reforma del sistema de salud. Uno de sus integrantes dijo que el tema “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan existe y se comenzó a escribir en septiembre”

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La desafiante respuesta de Alberto Fernández tras su procesamiento: “Me persiguen por peronista”

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El ex presidente Alberto Fernández atribuyó hoy su procesamiento en la causa Seguros a una “decisión judicial que fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”.

“Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, expresó el ex mandatario desde sus redes sociales.

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Kicillof expresó que los gobernadores y el Senado le dieron un “correctivo democrático” a Javier Milei

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue lapidario con el rumbo económico que sostiene la gestión del presidente Javier Milei y reflexionó sobre la falta de apoyo de las gestiones provinciales a ese modelo “regresivo”. De igual modo, apuntó al recurso mediático que usó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, para definir, a través de un mensaje enviado al periodista Alejandro Fantino, que la situación no es la esperada y que vienen meses difíciles.

Kicillof habló en el programa El Diario (C5N) y se refirió con ironía a “la semanita” que tuvo Milei. Mencionó la negativa de los gobernadores provinciales a participar del festejo oficial del 9 de Julio en Tucumán y “la excusa” que puso el Presidente para no viajar por cuestiones climáticas. “Milei que no viajó por el clima, (Victoria) Villarruel viajando para dejarlo en ridículo, la negativa de los Gobernadores, hubiera tenido una foto muy penosa, muy triste, que no la quiso tener”, señaló el mandatario provincial.

El Gobernador dijo que esta semana fue una “puesta en escena”, y se refirió a los exabruptos del Presidente, las amenazas, los insultos, de sus tuiteros, a los que calificó de “voceros”. En esa línea, se refirió al mensaje que envió Luis Caputo a través de Fantino, para dar cuenta de que el plan del Gobierno no sigue el curso que ellos mismos esperaban.

“Fue un episodio patético, en el filo de todo lo que va a haciendo Milei en el terreno de la comunicación, Caputo le mandó a través de Fantino un mensaje (a Milei), una suerte de amenaza, ‘si pasa tal cosa se va a descalabrar el proceso económico’, que sabemos que está rodeado de una gran fragilidad”, analizó. Y abundó: “Me parece que en esta situación trataron de atribuirle a la oposición los resultados que hoy estamos observando, producto de las dificultades que tiene el Gobierno por sus inconsistencias”.

En tanto, Kicillof expresó que ese mensaje “le volvió como un búmeran”, y criticó el accionar de Caputo: “A mí me toco desempeñar el papel de ministro de Economía, está en las antípodas de lo que hay que hacer. Y después salieron a desmentir, hablaron de IA, montaje, pero es el modo que tienen de actuar, con esa irresponsabilidad”.

Al hilar fino sobre la gestión económica, tanto en materia financiera como en la economía diaria de los ciudadanos, Kicillof sostuvo que “en Argentina está todo parado, hicieron pronósticos y está todo para atrás”, y aseveró que “la gente no llega a fin de mes”.

“Tienen pisado el dólar y los salarios de sectores populares y trabajadores, lo que causa una obvia consecuencia caída de demanda y caída de producción: una espiral que estamos viendo de pérdida de actividad”, sintetizó.

Amenazas, veto en duda y “deserción”

Sobre la decisión del Presidente de vetar el paquete de leyes aprobado por el Senado este jueves, Kicillof dijo que está “amenazando” y que las provincias están “bajo ataque de Javier Milei”. Y añadió: “Hay que ver si Milei está dispuesto a vetar un proyecto que tiene una mayoría tan abrumadora y son proyectos que tienen que ver con el artículo 1 de la Constitución Nacional, que define que estamos ante un sistema de gobierno que es federal”.

En esa línea, citó el documento que firmaron todos los Gobernadores reclamándole los fondos correspondientes al Presidente, por la crisis y la situación recesiva que se vive. “Nos quitan recursos y cada vez tenemos que atender y cubrir más necesidades, por la deserción de Milei, le echa la culpa a gobiernos municipales y provinciales por la llamada presión tributaria, que son impuestos nacionales que Milei se queda con la parte del león trucho, porque lo que esta haciendo es  fundir a las provincias deliberadamente”, aseveró. Y sumó: “Se le puso un correctivo democrático a Milei, los gobernadores y en el Senado”.

Unidad y Fuerza Patria

Consultado por la conformación del frente de unidad del peronismo de cara a las elecciones legislativas, la alianza Fuerza Patria, Kicillof se mostró “satisfecho” de haber limado las diferencias entre las facciones, tras las reuniones que mantuvo con el diputado Máximo Kirchner y el exministro de Economía, Sergio Massa.

“Había que sumar fuerzas para ponerle un freno a Milei y poner el interés colectivo por delante y trabajar intensamente y dar una señal clara de que hay una boleta que es la de Fuerza Patria a través de la cual se defiende la salud, la educación, la producción el trabajo, ya que la democracia está bajo ataque”, concluyó el Gobernador. (DIB) ACR

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La Justicia ratificó que Cristina Kirchner debe seguir usando tobillera electrónica

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La Cámara de Casación resolvió que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner debe seguir usando tobillera electrónica en su lugar de detención, el departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en la calle San José 1111.

La decisión judicial responde al pedido de la defensa de Fernández, quien solicitó que le quitaran el accesorio ya que por su condición de expresidenta cuenta con custodia obligatoria permanente.

Así, los jueces de la Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificaron las condiciones de detención de la también presidenta del Partido Justicialista en el domicilio fijado: debe llevar tobillera electrónica y respetar el actual régimen de visitas limitado.

Los magistrados también analizaron el pedido del Ministerio Público Fiscal para que Cristina cumpla la prisión domiciliaria en otra locación. Los tres jueces estuvieron de acuerdo en forma unánime en ese punto: el lugar de arresto continuará siendo en el departamento de San José 1111. No obstante, la discusión sobre la modalidad de cumplimiento de condena – cárcel común o prisión domiciliaria – o el domicilio fijado podría revisarse si no se cumplen las condiciones impuestas y las “circunstancias fácticas”.

Sobre la tobillera, Hornos y Barrotaveña expresaron que la presencia de una custodia policial “no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial”, por lo que “renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina, implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”.

Por su parte, Borinsky pidió que se deje sin efecto la colocación del dispositivo, ya que la “custodia permanente y especializada” de la policía “garantiza un control suficiente sobre su situación”. Además, señaló que “no existen razones objetivas para presumir riesgo de fuga, en tanto se trata de una figura pública ampliamente conocida, sometida a una exposición constante que hace inviable cualquier intento de evasión”. Borinsky también votó por liberar la limitación del ingreso al departamento de la exmandataria, pues la exigencia de autorización judicial previa “configura una restricción desproporcionada de los derechos personales, sociales y políticos de la persona condenada”.

Los camaristas Hornos y Barroetaveña sostuvieron la  necesidad de que las visitas estén restringidas. (DIB) ACR

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