La mesa de entrada de la Cámara de Diputados se va llenando de proyectos de distintos legisladores de la oposición que apuntan a resolver un tema que hoy se volvió central en la discusión política y en la cotidianeidad de los ciudadanos: el endeudamiento de las familias.

Mientras el Gobierno nacional intenta, a través de todos sus voceros —sean legisladores, ministros o el propio Presidente—, establecer que es un problema entre privados en el que no se va a inmiscuir, los legisladores de la oposición acumulan casi 30 proyectos con diferentes soluciones a la mora y al papel que debe tener el Estado nacional en esa resolución.

Las propuestas incluyen planes de refinanciación, topes al peso de las cuotas sobre los ingresos, regulaciones al crédito y mecanismos especiales para consumidores que ya no pueden cumplir con sus obligaciones. La acumulación de proyectos plantea un desafío para la oposición y un problema para el oficialismo y sus socios parlamentarios.

Para los primeros, esa cantidad de iniciativas genera una fragmentación de los votos que dificulta avanzar. “Obviamente que cada uno entiende que el propio es mejor y es difícil encontrar puntos en común para avanzar con uno solo si hay buena cantidad de proyectos y varios de ellos nacen del mismo bloque”, explicó el autor de uno de los ya presentados.

Para La Libertad Avanza el conflicto es que esa cantidad demuestra que el tema está instalado y que existe el riesgo real de un acuerdo parlamentario para avanzar. “Si eso sucede, se veta”, reflexionó un libertario con cierta frialdad. En el caso de los socios el impacto podría ser más de carácter político: con seis millones de personas endeudadas y la mitad en modo incobrable, será difícil diferenciarse del discurso oficial.

La idea de avanzar en una especie de “emergencia crediticia” genera más que resquemor en el oficialismo, que en medio de todo esto busca que los bancos sean quienes lo resuelvan.

La oposición, en cambio, quiere avanzar, y los proyectos —del peronismo, de la izquierda y de sectores de Provincias Unidas y lo que era Innovación Federal— se van acumulando en busca del número que les permita hacerlo.

En ese contexto comenzaron las conversaciones, porque sin el apoyo del bloque del radicalismo y del PRO la oposición sabe que debe recorrer el camino “largo” para llegar al principio del debate.

“Hay que conseguir el número para poder ir al recinto y a partir de ahí emplazar a las comisiones para tratar el tema porque los libertarios no las abren para esto. Después necesitamos acordar para bajar la cantidad de proyectos y dictaminar. Y ahí, nuevamente, conseguir el número para ir al recinto”, explicó un diputado opositor. “Y necesitamos un número importante para que los socios de LLA no tengan opción y se sumen”, agregó.

Los números hoy no están, pero todos hacen cuentas. Las reuniones se multiplican en los pasillos del Palacio Legislativo y en las comisiones, donde se puede ver cómo los legisladores de los diferentes bloques conversan sobre el tema.

Marchas

El jueves pasado se realizó una movilización al Ministerio de Economía de la Nación. La CGT, la UTEP y las dos CTA marcharon a la sede de la cartera para visibilizar una crisis de morosidad. Jorge Sola, secretario general de la CGT, estuvo presente y habló con los canales de televisión: “Marchamos al Ministerio de Economía a mostrar esta pandemia de endeudamientos que está atravesando a la ciudadanía argentina. Efectivamente, no es un asunto entre privados, es una responsabilidad de la política económica del Gobierno. El endeudamiento lo produce el proyecto político del gobierno, efectivamente tienen la responsabilidad”, remarcó. La discusión respecto del rol del Gobierno se enmarca en la desregulación de las tasas que pueden cobrar las entidades financieras, y también en el impacto del DNU 70/2024, que, entre otras cosas, permite que no haya piso ni techo.

A pesar de que todavía sigue frenado el envío del nuevo Código Penal por diferencias internas, el Gobierno ya trabaja en un proyecto para reformar todo el Poder Judicial, que contempla la eliminación de algunos tribunales y la creación de otros, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.

La iniciativa, aunque ya está bastante avanzada e incluso tendría un posible nombre -que podría generar algún comentario pícaro por sus siglas, si se llega a confirmar-, todavía está en manos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el texto va a abordar varios aspectos de cómo funciona actualmente este sector, aunque el cambio principal es la reorganización de juzgados federales.

Para esto, el oficialismo quiere modificar la ley de Organización de la Justicia Federal y, por ejemplo, bajar de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la última instancia penal por debajo de la Corte Suprema.

“La propuesta va más allá de eso, no solo se van a cerrar determinados tribunales, sino que también se van a abrir otros. Todo esto se está pensando todavía”, explicó a este medio una persona que está trabajando en el tema.

Aunque no es el efecto prioritario al que el Gobierno está apuntando, sí esta iniciativa se envía al Congreso y se aprueba, también se van a reducir las vacantes en el Poder Judicial, una problemática de larga data en el ambiente.

“Hay que ver cómo queda finalmente redactado, pero posiblemente también ayude con eso. Lo estamos terminando”, precisó la fuente consultada.

Para el Ejecutivo, esta situación viene siendo un dolor de cabeza y, aunque ya envió 203 pliegos al Senado en lo que va del año (144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y cuatro listas de conjueces), hasta el momento solo fueron designados 96 funcionarios.

En este contexto, otros 85 candidatos siguen a la espera de acuerdo parlamentario y en la Casa Rosada se pusieron la meta de alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial del 35% inicial al 27 por ciento.

La iniciativa también apunta a una fuerte disminución de causas que todavía están en trámite y en una nueva distribución del poder dentro de los juzgados, reduciendo las subrogancia.

Asimismo, el Ministerio de Justicia evalúa transferir a las provincias los fondos que queden disponibles por esa reducción de cargos y, al mismo tiempo, seguirá impulsando el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que lleva décadas.

Dentro de este proceso, de todas formas, hay un capítulo que el Gobierno maneja con cautela: los juzgados con competencia electoral en cada lugar del país, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay presidenciales.

Estos despachos intervienen en cuestiones sensibles para la construcción territorial de poder, como la oficialización de listas, la personería de los partidos y el calendario de votación.

Por otra parte, el Ejecutivo todavía tiene pendiente el envío al Congreso del nuevo Código Penal, una iniciativa que quedó trunca por diferencias de criterios entre los propios miembros del oficialismo.

Aunque en la mesa política aseguran que “es probable que este sea el próximo asunto para discutir”, todavía no hay un consenso respecto del texto que finalmente se presentará.

El proyecto original se presentó a finales del 2025 y fue elaborado por un equipo de especialistas en la materia encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buompadre.

El grupo estuvo compuesto por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Los expertos entregaron un primer borrador que consistía en un Código completamente renovado -el que está vigente data de 1921- y que contenía un total de 912 artículos.

Este prototipo había sido autorizado por el entonces ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, pero fue congelado cuando llegó su sucesor, Mahiques, que decidió revisarlo antes de mandarlo al Congreso.

Tan solo unos días después, el funcionario fue a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente y sugerirle postergar el proyecto para trabajar en otro “que contenga más el espíritu libertario”.

Puntualmente, Mahiques propuso implementar “otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual“ y que así la nueva versión no sea tan pesado el contenido.

“En la transición, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó el ministro en aquel momento.

Sin embargo, cuando el proyecto reducido llegó a la Secretaría de Legal y Técnica no pasó el filtro de María Ibarzábal Murphy, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien se inclina por la modificación total.

A partir de ese momento, entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría circularon varios borradores que fueron revisados y rechazados hasta que se llegó a una última versión que, si bien no es un Código entero, sí es más amplio que el paquete de leyes que pretendía presentar Mahiques.

Se trata de una iniciativa que incluye unos 300 artículos y que ya contaría con consenso por parte de los dos sectores en pugna, aunque cerca del consultor político remarcan que podrían continuar presionando hasta llegar a los 500.

En el oficialismo algunos sospechan que una maniobra similar podría repetirse con la reforma judicial, aunque otras fuentes afirman que esta vez el contenido ya fue acordado y no debería bloquearse.

Con los tiempos electorales anticipados, como admiten varios funcionarios, el Gobierno apuesta a que la gestión sea su principal herramienta de campaña y sigue de cerca la evolución de sus apoyos. Con margen todavía para corregir el rumbo, uno de los sectores que observa con particular atención es la juventud, clave para la llegada al poder de Javier Milei. En los últimos días, algunas mediciones sobre el respaldo de los jóvenes instalaron el debate en despachos karinistas y caputistas, donde admitieron que deben atender el tema.

Dentro del oficialismo el diagnóstico no es uniforme. Si bien el mandatario perdió apoyos en todos los estratos de la sociedad, la merma detectada entre los jóvenes, aunque las cifras varían según el interlocutor, activó algunas alertas. “Hay un 21% del electorado que hay que volver a enamorar, pero se fue a no sabe/no contesta. Es cierto que bajamos un poco en los jóvenes, pero no los perdimos”, admitió con optimismo una fuente del oficialismo.

Los primeros llamados de atención surgieron del Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella, que mostró que, por primera vez, el respaldo entre los menores de 30 años se ubicó por debajo del indicador general.

Otro dato clave que grafica el complejo panorama es que los jóvenes de entre 18 y 29 años constituyen el segmento con menor participación electoral, según un informe elaborado por el politólogo Facundo Cruz. Representan el 23,3% del padrón y, en las elecciones de 2025, la participación fue de apenas el 65,5%, frente al 73,4% de los adultos de entre 30 y 49 y al 80% de los de entre 50 y 69.

Pese a que la preocupación por la potencial fuga de jóvenes es compartida, los números y los argumentos que maneja el oficialismo son múltiples. Algunos proyectan una deserción del 39% respecto de 2023, difícil de “volver a enamorar”, mientras otros hablan de un 23%, aunque con perspectivas de recuperación. Para unos, la explicación está en el desencanto con la línea adoptada por la administración libertaria; para otros, en el “amesetamiento” económico.

No parece casual que, luego de varias semanas concentrado en lo estrictamente económico, Javier Milei haya sumado una caminata con la militancia en Rosario, algo que no hacía desde principios de año, cuando estuvo en Mar del Plata en el marco del olvidado Tour de la Gratitud, y haya anunciado un nuevo recital, que en el pasado le permitió reconectar con los propios.

Por detrás del índice subyace una discusión que marcó el cierre de listas en 2025 y gira en torno a la militancia libertaria. Por un lado, los métodos tradicionales de construcción política, con fuerte presencia territorial, encarnados por los armadores karinistas, y por el otro, las estrategias digitales y el uso de las redes sociales como arena de disputa, representadas por Las Fuerzas del Cielo.

Asimismo, en el espacio hay quienes detectan que el distanciamiento de la juventud se da en medio del predominio de las lógicas tradicionales, en particular luego del categórico triunfo en las elecciones legislativas de octubre, y la marginación de la organización juvenil que responde al asesor, Santiago Caputo, con una participación más limitada en las decisiones de la administración.

“No es tan trágico como se plantea, pero no tenemos la sintonía tan fina como en 2021, 2020 o 2023. Puede que tenga que ver con que se resintió la relación con las Fuerzas del Cielo, que antes tenían más lugar dentro del mileismo, y eso hizo que se enfriara la relación con la juventud”, expresó un referente libertario.

Signo de época es la notoria merma de la actividad digital, que terminó relegando a personalidades como el Gordo Dan -que en algún momento llegó a anticipar despidos- al papel de meros comentaristas de la realidad. “Dejaron hasta la batalla cultural. Perdieron espacio en el ecosistema, que ahora parece estar mucho más disperso que antes”, observó una fuente violeta. “Es gente a la que hay que hacer parte y escuchar. A veces se van activando o desactivando en función de los respaldos o rechazos a los proyectos”, agregó un hombre del entorno de Karina Milei.

Por su parte, desde el karinismo argumentan que la juventud constituye un segmento particularmente demandante y adjudican la distancia a factores económicos, que consideran reversibles de cara a 2027. “Es cierto que el apoyo bajó, pero sigue siendo alto. Milei sigue siendo el que mejor está entre los jóvenes”, precisó un funcionario al respecto.

“Los jóvenes de entre 18 y 24 años siguen siendo todavía el segmento de la población que más apoya a Milei y no hay otro político que performe mejor. Lo que se perdió se perdió y se fue a desencanto”, coincidió, aunque con matices, un conocedor de los números.

Algunos estudios permiten medir el impacto del programa económico sobre este segmento de la población y dan cuenta de una mayor vulnerabilidad entre los jóvenes. Según datos de Empiria Consultores, entre los deudores de 18 a 25 años, el 38% está en mora, una proporción que apenas baja al 37% entre quienes tienen entre 26 y 35 años.

“El reclamo es económico. Les está costando llegar a fin de mes, pagar la tarjeta. Además, el joven es demandante, tiene la rebeldía innata, pero si les gustan las nuevas metas de Milei, van a volver. No hay que descuidarlos, tienen una demanda y hay que atenderla”, sintetizó un alfil libertario que sigue con atención la situación.

Pese a que el mandatario considera “una estupidez” las versiones que aseguran que “la gente no llega a fin de mes”, en el oficialismo se muestran receptivos a los reclamos en la materia. Esa preocupación también se reflejó en algunos pasajes del discurso -que redactó en colaboración con el asesor presidencial- que pronunció el pasado lunes en la Plaza San Martín, con menciones a la necesidad de que la sociedad alcance el bienestar y la prosperidad económica.

También aparecen señales en los mensajes de algunos funcionarios, como el titular del Banco Central, Santiago Bausili, que admitió que la economía crece “mucho más despacio” de lo que se espera o la senadora Patricia Bullrich, quien pidió “más velocidad en los resultados” para que “se sienta en la vida cotidiana”.

A más de un año de los comicios presidenciales y con el cronograma electoral todavía sin definir, en La Libertad Avanza trabajan con la expectativa de otros cuatro años de gestión y reafirman que, en función del ajuste que la administración llevó adelante, el Presidente conserva buenos niveles de imagen positiva, que estiman en torno al 35%. Incluso, remarcan que en la comparativa con Alberto Fernández y Mauricio Macri para el mismo momento de sus respectivas gestiones, Milei está en alza.

“Todo lo que tuvo que hacer fue impopular. En abstracto, es cierto que perdió imagen, pero la realidad es que si se considera la magnitud del ajuste que tuvo que hacer Milei, ningún otro político hubiera podido sin que le estallara la calle. Es casi milagroso en el buen sentido de la palabra”, argumentaron ante este medio.

En las antípodas de la ideología libertaria, León Trotsky consideraba a la juventud el “barómetro” más sensible de un espacio político. Con un diagnóstico que oscila entre la preocupación y la confianza, el Gobierno todavía tiene tiempo para interpretar las señales, definir cuál de las dos lecturas se acerca más a la realidad y actuar en consecuencia si aspira a un nuevo mandato.