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Fracasó la sesión pedida por el kirchnerismo a favor de los jubilados por el vacío de La Libertad Avanza y aliados

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La Libertad Avanza y otros bloques aliados como el PRO y la UCR no dieron quórum y lograron voltear la sesión especial pedida por el kirchnerismo para tratar los proyectos de ley que planteaban la prórroga de la moratoria jubilatoria y la gratuidad de medicamentos esenciales.

Transcurrida la media hora reglamentaria, solo habían 124 legisladores sentados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para dar luz verde a la sesión, que igualmente se desarrolló con expresiones en minoría.

El PRO brilló por su ausencia, mientras que por la UCR solamente se dignaron a bajar al recinto el mendocino Julio Cobos y Natalia Sarapura.

Para disimular esta desaprensión por los jubilados, que en la tarde de este miércoles volvieron a marchar en la Plaza del Congreso para reclamar por la recomposición de sus haberes, la radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, convocó a una reunión informativa para el 9 de abril.

“Dicha convocatoria tiene el objetivo de empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo”, explicó la cordobesa de la UCR.

El otro sector del radicalismo, Democracia para Siempre, sí mostró mayor compromiso con los jubilados ya que nueve de sus doce integrantes se hicieron presentes para contribuir con el quórum de la sesión.

Estuvieron Pablo Juliano, Facundo Manes, Carla Carrizo, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Mariela Coletta, Marcela Coli y Juan Carlos Polini. 

La Coalición Cívica acudió a la convocatoria en pleno con sus seis integrantes, al igual que los cinco del Frente de Izquierda.

Encuentro Federal, en cambio, volvió a mostrarse fragmentado como en la votación del decreto que habilitó al Gobierno a cerrar el acuerdo con el FMI.

De los 15 miembros del bloque presidido por Miguel Pichetto (quien pegó el faltazo para no contrariar al Gobierno), concurrieron al recinto ocho representantes: Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Mónica Fein, Nicolás Massot y Juan Brügge. 

Innovación Federal, otro socio de La Libertad Avanza, tampoco colaboró para que la sesión viera la luz: apenas dos diputadas salteñas, Pamela Calletti y Yolanda Vega, bajaron al recinto a último momento tras cerciorarse de que no iba a haber quórum, y con el permiso del vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Unión por la Patria sentó a 91 de sus 98 integrantes. Tres de ellos (Celia Campitelli, Blanca Osuna y Juan Manuel Pedrini) se ausentaron por razones personales que no se hicieron públicas, pero los otros cuatro fueron con los cuatro diputados catamarqueños (Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega) con la complicidad del gobernador Raúl Jalil. 

Éstos cuatro tampoco habían concurrido a la votación del DNU sobre el acuerdo con el FMI.

Sesión en minoría

Caída la sesión, tomó la palabra en el recinto Leopoldo Moreau, quien embistió duramente contra los bloques dialoguistas que vaciaron el quórum.

Según expresó, la fallida sesión “ha tenido la virtud de dejar muy nítido cuáles son las prioridades de algunos bloques y diputados respecto al interés mayor o menor que ponen por defender a determinados sectores”.

Quienes se esforzaron para aprobar el DNU inconstitucional e ilegal que nos vuelve a empujar a un escenario de profunda crisis no hicieron el mínimo esfuerzo para defender a quienes precisamente son las próximas víctimas de ese acuerdo con el FMI”, siguió el radical devenido kirchnerista.

Para Moreau, el fin de la moratoria previsional definido por el Gobierno “es el regalito anticipado que viene en las condicionalidades del FMI y que explica las ausencias de estas bancadas” a la sesión convocada por Unión por la Patria.

“Seguramente no han venido aquí porque están imaginando que una decisión de este Congreso para proteger a los jubilados significaría darle una mala señal a los mercados”, evaluó.

El diputado de Unión por la Patria alertó que “de no prorrogarse la moratoria van a caer en una situación de desesperanza que los va a dejar afuera del sistema de las prestaciones contributivas y los va a llevar al subsuelo de los haberes previsionales que no es otra cosa que la PUAM”.

“Si hoy la mínima jubilatoria que afecta aproximadamente al 70% del total de los jubilados significa estar por debajo de la línea de pobreza, quedar atrapados en la Sobre la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) significa quedar atrapados por debajo de la línea de indigencia”, lamentó Moreau.

Sobre la PUAM, cuyo haber representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, señaló que los adultos mayores que caigan en esa alternativa por la imposibilidad de jubilarse perderán el derecho a recibir la pensión a la viudez y, en el caso de las mujeres, deberán esperar cinco años más para empezar a percibir esa prestación.

Además señaló que a partir del próximo domingo, cuando caiga la moratoria, solamente una de cada diez mujeres se podrá jubilar y solamente 2 o 3 de cada diez hombres.

Sabemos que el FMI hace mucho tiempo que quiere venir por el sistema de la seguridad social en la Argentina”, sostuvo Moreau.

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Muerte en el gym: la defensa asegura que el secuestro de celulares fue “un show innecesario”

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La Justicia de Garantías de Bahía Blanca rechazó un recurso de habeas corpus preventivo que había presentado uno de los defensores en la causa por la muerte en el gimnasio Sport Club.

Se trata del recurso formalizado por el abogado Agustín Robbio, quien asesora a los dueños de la franquicia que administraba las instalaciones ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100, donde a principios de junio falleció el cliente Juan Roberto Cafasso (68), al caer desde un entrepiso.

Robbio fue crítico con la decisión de la fiscalía, habilitada por el juez Guillermo Mércuri, de incautar (mediante presentación judicial y/o allanamiento) los teléfonos o tablets de los propietarios del comercio.

En el escrito consideraba que todo fue “un show innecesario” y que “no había razones” para la medida, “carente de motivación”, porque ni siquiera existe imputación y, por otro lado, que “pasó un mes y medio del hecho y no había urgencia”, teniendo en cuenta que la orden se dio en medio de las vacaciones de invierno.

“Sin perjuicio de ello nos hemos presentado a estar a derecho denunciando sus domicilios y estos letrados hemos asumido su representación”, dijo.

Robbio también explicó que algunos de los dueños están de receso y otros, como Germán y Gastón Decker, son empresarios y viajan periódicamente a Buenos Aires por temas comerciales, con lo cual pueden no estar presentes en la ciudad.

Con el secuestro de los teléfonos, el fiscal Cristian Aguilar -a pedido de la querella, encabezada por los abogados Martiniano Greco y Carlos Carnevale- busca determinar si los dueños y/o encargados del gimnasio intercambiaron mensajes previamente por los riesgos que existían en el lugar, ya que el entrepiso -que no estaba autorizado- carecía de paredes.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Se buscará determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

Fuente: La Nueva.

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La inflación de julio en Bahía fue 1,26%, según IPC Online

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IPC Online informó que en julio registró una inflación de 1,26%, medio punto menos respecto de junio, cuando había alcanzado 1,76%.

Detalló también que es la menor variación mensual observada en la serie presentada desde julio del año pasado. En efecto, la interanual dio 26,94% y la acumulada de este 2026 arrojó 14,14%.

Indumentaria fue el capítulo de mayor aumento, con 3,59%, seguida por Atención médica y gastos para la salud, con 2,34%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,11%. En el extremo opuesto, Esparcimiento cayó 1,70% y actuó como el principal freno sobre el nivel general.

El capítulo Alimentos y Bebidas se ubicó en 1,56% a raíz de subas en minutas, con 8,10%; leche, 5,09%; verduras frescas y congeladas, 4,93%; cerveza, 4,29%; bebidas gaseosas, 3,41%; empanadas y pizzas, 3,05%; té, 2,85%; agua envasada, 2,77%, y quesos, 2,70%.

“La trayectoria confirma una desaceleración interanual, aunque con comportamientos muy heterogéneos entre capítulos y productos. Seguimos por debajo de todos los acumulados comparados. De continuar esta tendencia, no sería raro que nuestra estimación sea la primera en quebrar el piso de 1% mensual y de los 20% acumulados interanuales”, cierra el informe.

 

Fuente: Frente al cano.

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Un abogado de Milei habló sobre la presentación de CFK ante la ONU: “Puede abrir una revisión de la condena”

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La presentación que la defensa de Cristina Kirchner realizó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría abrir una nueva discusión judicial en la Argentina. Al menos esa es la interpretación del abogado Francisco Oneto, quien representa al presidente Javier Milei en distintas causas y sostuvo que un eventual pronunciamiento del organismo internacional habilitaría una vía extraordinaria para revisar la condena de la exmandataria, aunque aclaró que ello no implica que la sentencia pueda revertirse automáticamente.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, Oneto cuestionó una de las afirmaciones que más se repitió desde que se conoció la presentación internacional: que el trámite ante la ONU no tendría ningún efecto en el ámbito local.

Es desacertado afirmar que eso no tiene efectos”, sostuvo el abogado, antes de explicar que el Código Procesal Penal Federal contempla la posibilidad de promover un recurso de revisión cuando existe un pronunciamiento de un organismo internacional de derechos humanos en el marco de una comunicación individual.

La vía judicial que podría abrir un pronunciamiento internacional

Según explicó Oneto, el eventual debate comenzaría recién si el Comité de Derechos Humanos emitiera un pronunciamiento sobre el caso. En ese escenario, los tribunales argentinos deberían resolver si ese dictamen reúne los requisitos para habilitar una revisión de la condena y cuál es el alcance que corresponde otorgarle dentro del derecho interno.

Si hay un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, eso habilita la admisibilidad de un recurso de revisión conforme al artículo 366 del Código Procesal Penal Federal”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la apertura de esa instancia no garantiza un cambio en la situación judicial de Cristina Kirchner. “Que el recurso de revisión sea admisible no quiere decir que sea procedente. Son cosas distintas”, explicó.

Oneto sostuvo además que la defensa de la expresidenta no solo promovió el reclamo de fondo ante Naciones Unidas, sino que también solicitó una medida cautelar. A su entender, la redacción del artículo 366 permite que ese tipo de pronunciamientos sean considerados por la Justicia argentina. “La Corte Suprema tiene una jurisprudencia histórica según la cual donde la ley no distingue, no corresponde distinguir”, señaló.

El abogado agregó que, si eventualmente la revisión fuera admitida, el propio Código Procesal Penal Federal prevé que los jueces puedan analizar el alcance de determinadas medidas cautelares mientras se resuelve el planteo. Para Oneto, el verdadero interrogante no pasa por determinar si la ONU puede revocar una condena argentina, sino por establecer qué efectos procesales puede generar un pronunciamiento internacional dentro del sistema judicial local.

Los tiempos del trámite ante la ONU

Más allá del eventual debate judicial en la Argentina, Oneto explicó que el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos tiene etapas definidas antes de que exista cualquier resolución.

Según indicó, la Observación General Nº 33 establece que el Estado dispone de seis meses para responder sobre la cuestión de fondo una vez que la presentación es admitida. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner solicitó una medida cautelar, cuyo tratamiento sigue un trámite distinto.

El abogado advirtió además que los plazos podrían extenderse debido a la reducción de recursos que afectó el funcionamiento del organismo internacional y disminuyó la frecuencia de sus reuniones.

El impacto político de la estrategia

Además de las consecuencias jurídicas, durante el programa también analizaron el efecto político que podría tener la decisión de la defensa de Cristina Kirchner de acudir a un organismo internacional. Para Diego Iglesias, la estrategia busca mantener abierto el escenario político de la expresidenta mientras avanza el proceso.

Lo que buscan es volver a instalar la posibilidad de una candidatura de Cristina y sumar una herramienta de presión internacional para revertir la situación, más allá de los efectos jurídicos”, sostuvo.

Oneto coincidió en que el proceso puede producir consecuencias políticas incluso antes de que exista una resolución. “La incertidumbre abre una ventana para la negociación”, resumió, al señalar que la falta de definiciones mantiene abiertos distintos escenarios y fortalece la capacidad de negociación dentro del peronismo.

Por ahora, el expediente recién comienza su recorrido ante el Comité de Derechos Humanos. Si el organismo decide pronunciarse sobre el caso, la discusión dejará de ser exclusivamente política para trasladarse nuevamente a los tribunales argentinos, donde deberá resolverse una cuestión que prácticamente no registra antecedentes: cuál es el alcance que puede tener un dictamen de la ONU sobre una condena firme dictada por la Justicia nacional.

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