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Fracasó la sesión pedida por el kirchnerismo a favor de los jubilados por el vacío de La Libertad Avanza y aliados

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La Libertad Avanza y otros bloques aliados como el PRO y la UCR no dieron quórum y lograron voltear la sesión especial pedida por el kirchnerismo para tratar los proyectos de ley que planteaban la prórroga de la moratoria jubilatoria y la gratuidad de medicamentos esenciales.

Transcurrida la media hora reglamentaria, solo habían 124 legisladores sentados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para dar luz verde a la sesión, que igualmente se desarrolló con expresiones en minoría.

El PRO brilló por su ausencia, mientras que por la UCR solamente se dignaron a bajar al recinto el mendocino Julio Cobos y Natalia Sarapura.

Para disimular esta desaprensión por los jubilados, que en la tarde de este miércoles volvieron a marchar en la Plaza del Congreso para reclamar por la recomposición de sus haberes, la radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, convocó a una reunión informativa para el 9 de abril.

“Dicha convocatoria tiene el objetivo de empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo”, explicó la cordobesa de la UCR.

El otro sector del radicalismo, Democracia para Siempre, sí mostró mayor compromiso con los jubilados ya que nueve de sus doce integrantes se hicieron presentes para contribuir con el quórum de la sesión.

Estuvieron Pablo Juliano, Facundo Manes, Carla Carrizo, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Mariela Coletta, Marcela Coli y Juan Carlos Polini. 

La Coalición Cívica acudió a la convocatoria en pleno con sus seis integrantes, al igual que los cinco del Frente de Izquierda.

Encuentro Federal, en cambio, volvió a mostrarse fragmentado como en la votación del decreto que habilitó al Gobierno a cerrar el acuerdo con el FMI.

De los 15 miembros del bloque presidido por Miguel Pichetto (quien pegó el faltazo para no contrariar al Gobierno), concurrieron al recinto ocho representantes: Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Mónica Fein, Nicolás Massot y Juan Brügge. 

Innovación Federal, otro socio de La Libertad Avanza, tampoco colaboró para que la sesión viera la luz: apenas dos diputadas salteñas, Pamela Calletti y Yolanda Vega, bajaron al recinto a último momento tras cerciorarse de que no iba a haber quórum, y con el permiso del vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Unión por la Patria sentó a 91 de sus 98 integrantes. Tres de ellos (Celia Campitelli, Blanca Osuna y Juan Manuel Pedrini) se ausentaron por razones personales que no se hicieron públicas, pero los otros cuatro fueron con los cuatro diputados catamarqueños (Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega) con la complicidad del gobernador Raúl Jalil. 

Éstos cuatro tampoco habían concurrido a la votación del DNU sobre el acuerdo con el FMI.

Sesión en minoría

Caída la sesión, tomó la palabra en el recinto Leopoldo Moreau, quien embistió duramente contra los bloques dialoguistas que vaciaron el quórum.

Según expresó, la fallida sesión “ha tenido la virtud de dejar muy nítido cuáles son las prioridades de algunos bloques y diputados respecto al interés mayor o menor que ponen por defender a determinados sectores”.

Quienes se esforzaron para aprobar el DNU inconstitucional e ilegal que nos vuelve a empujar a un escenario de profunda crisis no hicieron el mínimo esfuerzo para defender a quienes precisamente son las próximas víctimas de ese acuerdo con el FMI”, siguió el radical devenido kirchnerista.

Para Moreau, el fin de la moratoria previsional definido por el Gobierno “es el regalito anticipado que viene en las condicionalidades del FMI y que explica las ausencias de estas bancadas” a la sesión convocada por Unión por la Patria.

“Seguramente no han venido aquí porque están imaginando que una decisión de este Congreso para proteger a los jubilados significaría darle una mala señal a los mercados”, evaluó.

El diputado de Unión por la Patria alertó que “de no prorrogarse la moratoria van a caer en una situación de desesperanza que los va a dejar afuera del sistema de las prestaciones contributivas y los va a llevar al subsuelo de los haberes previsionales que no es otra cosa que la PUAM”.

“Si hoy la mínima jubilatoria que afecta aproximadamente al 70% del total de los jubilados significa estar por debajo de la línea de pobreza, quedar atrapados en la Sobre la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) significa quedar atrapados por debajo de la línea de indigencia”, lamentó Moreau.

Sobre la PUAM, cuyo haber representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, señaló que los adultos mayores que caigan en esa alternativa por la imposibilidad de jubilarse perderán el derecho a recibir la pensión a la viudez y, en el caso de las mujeres, deberán esperar cinco años más para empezar a percibir esa prestación.

Además señaló que a partir del próximo domingo, cuando caiga la moratoria, solamente una de cada diez mujeres se podrá jubilar y solamente 2 o 3 de cada diez hombres.

Sabemos que el FMI hace mucho tiempo que quiere venir por el sistema de la seguridad social en la Argentina”, sostuvo Moreau.

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Universidades: tras el paro, los gremios se encaminan a una nueva marcha federal y definen medidas

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Tras rechazar el aumento del 3% que ofreció el gobierno nacional a los gremios universitarios, los docentes concretaron un paro de actividades el miércoles 2 de septiembre con gran acatamiento en todo el país y definirán nuevas medidas de fuerza, incluyendo la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definirá en las próximas horas nuevas acciones de protesta a concretarse la próxima semana y la construcción de una nueva Marcha Federal hacia fines de septiembre o comienzos de octubre. Los sindicatos de base realizarán este jueves y viernes asambleas y consultas para definir la continuidad del plan de lucha.

“De manera unánime, el Frente Sindical Universitario rechazó el vergonzoso aumento del 3% que ofreció el Gobierno nacional y llamó a un paro total de actividades para el miércoles 2 de septiembre”, plantearon los docentes tras la reunión paritaria con funcionarios del Ministerio de Capital Humano, realizada el 1º de septiembre.

Conflicto que se extiende

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien expuso los lineamientos de la oferta oficial, que estipula un aumento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre. Asimismo, ratificó la vigencia del incremento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio pasado.

Clara Chevalier, secretaria General de CONADU, sostuvo que “no fue una oferta, fue una provocación”, y aseveró que asistieron a la convocatoria a paritarias “con la determinación de recuperar lo perdido”. Los gremios consideran que la deuda es del 31,2%, más agosto, más los salarios adeudados y el abordaje del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En esa línea, indicaron que “la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

La comitiva docente estuvo integrada por los representantes gremiales de las organizaciones Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica, Fedun, así como también por el presidente del CIN, Franco Bartolacci. Según el Gobierno, su “propuesta de recomposición salarial se inscribe en el marco del esfuerzo financiero continuo del Gobierno nacional para el sostenimiento del sistema de educación superior. Las partidas consolidadas para las universidades nacionales representan una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional”. Por delante, la Subsecretaría de Políticas Universitarias promovió la reanudación de las negociaciones para el jueves 17.

En paralelo, el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, dieron cuenta desde los gremios.

Fuente: Agencia DIB

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Ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora: alerta por vientos en Bahía y la zona

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes vientos para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

La advertencia rige desde la medianoche del viernes y el mediodía del sábado.

En ese período de tiempo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”.

El sector comprendido en el alerta incluye los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Monte Hermoso.

También comprende los departamentos pampeanos de Hucal y Caleu Caleu, y en este rionegrino.

Por esta razón, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Fuente: Frente al cano.

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Biodiésel: el Senado avanzó con el proyecto que rechazan las PyMES bonaerenses

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Un plenario de comisiones le dio despacho favorable hoy a un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de producción de biocombustibles y ahora el proyecto, que genera resistencia entre las PYMES bonaerenses del sector, quedó listo para ser tratado en el recinto.

Se trata de la iniciativa para reemplazar la ley 27.640, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsada por Patricia Bullrich y que recibió el OK en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la cámara Alta.

La principal modificación del régimen que establece el proyecto es que el Estado tendrá menos control sobre los cupos y habrá más libertad para que las empresas compitan por el mercado.

Pero el proyecto también eleva el porcentaje de biocombustibles que se mezcla con naftas y gasoil. En el caso del gasoil, el biodiesel pasará del 7,5% al 10% durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley. Para las naftas, el bioetanol subirá del 12% al 15%. Además, se mantendrá un mínimo del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz.

El conflicto con las Pymes del interior

Como contó DIB, el proyecto genera fuerte resistencia entre las PyMES del interior bonaerense. Las empresas se reunieron por el tema con el gobernador Axel Kicillof, que les dio el apoyo contra la iniciativa.

El punto que genera mayor preocupación entre las empresas chicas es la reducción de la porción del mercado que tienen asegurada, en favor de plantas que pertenecen a grandes commpañías vinculadas a exportadoras de granos, ubicadas en Santa Fe, cerca de Rosario.

Las Pymes no integradas, que hoy cuentan con el 7,5% del mercado de biodiesel, irán perdiendo participación. El porcentaje bajará al 6,5% durante la transición, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y quedará en 3% desde 2031.

El 7% restante podrá ser negociado entre las refinadoras y las grandes empresas integradas. Las plantas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires temen no poder competir con los grandes grupos del polo agroexportador de Rosario.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que nuclea a las empresas bonaerenses emitió un comunicado durísimo, en el que directamente habla de que sus compañías “quedarían condenadas a la quiebra” si se aprueba el proyecto. Pusieron así sobre la mesa el peso de un sector que opera que diez plantas -están en Saladillo, Ramallo, Pilar, Daireaux, Junín y Bahía Blanca- sostienen 500 empleos directos y alrededor de 3000 puestos indirectos vinculados con transporte, logística, insumos y servicios.

El impacto alcanzaría además a la cadena de extrusado de soja. Según Cepreb, Buenos Aires concentra 96 establecimientos de ese tipo distribuidos en más de 50 localidades. Esas fábricas producen el aceite crudo que utilizan las elaboradoras de biodiésel y sostienen entre 750 y 960 puestos directos, de acuerdo con las estimaciones del relevamiento.

El informe empresario calcula que las plantas generan un valor generado cercano a los u$s 415 millones anuales y advierte que una caída de actividad también afectaría la recaudación municipal.

Fuente: Agencia DIB.

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