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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Luis Caputo y el rumbo económico del país: “No hay razón para ser pesimistas, sino todo lo contrario”

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El ministro de Economía, Luis Caputo sostuvo este jueves que “no hay razón para ser pesimistas” sobre la situación del país sino “todo lo contrario”, al participar del 7° Foro de Inversiones y Negocios en la ciudad de Mendoza, donde agradeció al gobernador Alfredo Cornejo por el apoyo y trabajo conjunto.

“Si bien hay políticos y provincias que ven a la política como un negocio y que, de alguna manera, para manejar ese negocio necesitan que al país le vaya mal, gracias a Dios tenemos provincias como Mendoza que piensan bien diferente y tratan de que al país y a sus provincias les vaya bien. Entonces, cuando nos encontramos con esa gente es mucho más fácil trabajar”, expresó Caputo.

Y resaltó que “la reconstrucción de la confianza es un punto esencial en la Argentina y una buena parte es explicar por qué Argentina es un país que viene generando desconfianza desde hace décadas en el mundo y entre los argentinos, y esa desconfianza joroba mucho a la hora de recuperar la economía y a la velocidad a la que se puede hacer. Esta economía tiene todo”.

Caputo argumentó que el rumbo del país ahora sí es diferente porque “es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Es decir, hoy hay estabilidad por decisión política, no por accidente”.

A su vez recordó que “en algunas épocas en Argentina hemos vivido, por momentos, estabilidad política que nos hizo creer que ahora así arrancábamos, pero inmediatamente después de 4,5 años todo se frustraba y, en realidad, era porque no había decisión política de que hubiera orden macro y, simplemente, se había llegado a ese orden porque previamente se había gatillado una crisis donde todos los ajustes que hay que hacer en la economía los hacía de manera brutal el mercado”.

Dio el ejemplo de la convertibilidad, originada con dos hiperinflaciones y un Plan Bonex, licuando salarios, jubilaciones y depósitos.

“Este es un presidente (Milei) y un grupo de ministros que vino por un tiempo a tratar de hacer lo que Argentina no hizo en 120 años, y lo vamos a hacer, créanme, ni tengan dudas”, concluyó.

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Luego de haber pasado 448 días preso en Venezuela, Nahuel Gallo se reunió en el Senado con Patricia Bullrich

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Patricia Bullrich se reunió esta tarde con el gendarme Nahuel Gallo en su despacho del Senado, luego que el efectivo haya pasado 448 días preso en Venezuela y regresado a la Argentina este lunes.

“Fue una charla muy importante. Yo como ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día. Hablamos muchísimo de lo que fue este año que vivió él. También de cuestiones de carácter íntimo de la cárcel que las va a contar él cuando esté en condiciones”, dijo Bullrich en declaraciones al finalizar la reunión.

Luego adelantó que Gallo seguirá siendo gendarme: “Primero hará un tiempo de adaptación y luego vendrán sus tareas de gendarmería”.

Bullrich también contó que el gendarme se enteró del rol de la AFA al subirse al avión que lo trajo de regreso: “Él decidió no decirlo (en la conferencia que dio el miércoles) porque su país estuvo siempre. Les agradeció, pero lo quiere mantener de manera privada”.

La senadora además cuestionó el accionar de la Asociación del Fútbol Argentino: “Hubo un intento de apropiación. Ellos pueden llegar a Delcy Rodríguez, nosotros no. Nuestra embajada fue destruida, siempre tuvimos dificultades”.

Al encuentro se sumó el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el senador libertario Agustín Monteverde y el radical Maximiliano Abad.

Fuente: TN

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La tensión con la industria y las internas copan la agenda frente al descanso del Congreso

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El Congreso parece haberse tomado un respiro después de un mes a paso forzado, impuesto en febrero por el oficialismo para avanzar con sus principales proyectos en sesiones extraordinarias. Ese descanso legislativo coincide con una escalada en el frente industrial después de sucesivas cargas presidenciales y, también, potencia el efecto de la renovada interna violeta. La ofensiva de Javier Milei sobre empresas acaba de generar respuesta orgánica del sector, un dato político fuerte, hasta impensable no hace mucho. Y la pelea doméstica con Victoria Villarruel escribe un capítulo grave -con sospechas cruzadas-, mientras el recambio en el ministerio de Justicia expone un pico de tensión en la línea más próxima a Olivos.

El ruido político y mediático de estas horas no tiene los protagonistas centrales que seguramente imaginaba el Gobierno al elaborar el discurso y la actuación que marcaron la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, hace apenas cuatro días. Los pasajes más resonantes de Milei ante la Asamblea Legislativa tuvieron como eje las cargas sobre el kirchnerismo. Sin embargo, en buena medida por la crisis del peronismo/K y la fatiga del tema, el efecto más notable es la consagración de una franja empresarial como “enemigo” para la “batalla cultural”. Era previsible, después de algunos mensajes previos, y quedó ratificado en la cadena nacional.

No lo dicen las respuestas formales, pero resulta evidente que este giro del oficialismo se produce frente a algunos elementos de la economía preocupantes. Lo exponen registros diferentes, incluso algunos, como el último informe del EMAE, que muestran avances en algunos rubros y retrocesos en otros. Esos renglones de retroceso incluyen a la industria y el comercio interno, en la misma línea que estimaciones privadas. Y en paralelo con relevamientos sobre consumo (niveles y modificaciones de hábitos por cuestiones de ingresos) y empleo.

Milei había dedicado mensajes con descalificaciones a Paolo Rocca y, después, a Javier Madanes Quintanilla. Esa andanada sobre Techint y Fate/Aluar había generado malestar, contenido hasta ahora. El discurso presidencial en el Congreso terminó por precipitar una reacción medida, pero fuerte, más que por los términos por el hecho en si mismo de la respuesta, a cargo de la UIA y de AEA. Reclamaron “respeto” y “diálogo”, una manera también de contraponer mensajes. Se verá si abre una discusión de fondo sobre algunos trazos gruesos de la gestión económica.

Por lo pronto, en dos días seguidos, la UIA difundió el referido comunicado y el último informe de su Monitor de Desempeño Industrial, que anota otra vez una caída generalizada de la actividad. Resulta probable que dispare una confrontación de datos desde la vereda violeta, al estilo de las redes sociales, antes que una discusión sobre visión económica y desarrollo. Pero en términos prácticos, se trata de un dato también político.

Aunque tenga sentido paradójico, el discurso de Milei terminó corriendo el foco del Congreso -protagonista casi exclusivo de febrero- y a la vez dejó abierta una expectativa sobre el anuncio de decenas de reformas, sin precisiones y, por lo tanto, un interrogante sobre la actividad legislativa que realmente impulsará el Ejecutivo. En lo inmediato, viene más lento el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, que aprobó el Senado y recién empieza a moverse en Diputados. Habrá audiencias públicas y el desenlace quedaría para abril.

La tensión del oficialismo aparece ahora concentrada en la interna. El más repetido enfrentamiento -entre Olivos y la vicepresidente- agregó entregas y, sobre todo, añadió ingredientes mas fuertes: sospechas de operaciones y acusaciones graves. Los cruces más visibles acaban de sumar a Patricia Bullrich y registraron fragilidad de límites en el intercambio de Villarruel y Luis Petri. La vicepresidente pegó en tono de denuncia sobre la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión del ex ministro de Defensa. Y el ahora diputado la acusó de golpista.

Ese cruce y el arrastre del estado de no retorno con Karina Milei -recreado en la Asamblea Legislativa del domingo pasado- pusieron otra ves en primera línea las especulaciones sobre movimientos en el Senado. Es curioso, porque Bullrich retomó la exposición pública de la disputa con Villarruel, pero más allá de lo que se busca imponer como versión de distensión, está lejos de una buena relación con la hermana del Presidente. En ese clima, la vicepresidente dijo que van por su caída del cargo, algo que pareció anticipar capítulos más oscuros de esta pelea.

En el centro del Gobierno, la interna repuso titulares sobre las disputas de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. La designación de nuevas autoridades en el ministerio de Justicia no agota la historia, sino que provoca interrogantes sobre su proyección hacia otras áreas sensibles de Gobierno, la justicia federal y hasta la Corte.

Como se sabe, Mariano Cúneo Libarona actuó durante meses como pieza para evitar un conflicto grave en el tablero del poder. Había difundido su decisión de renunciar en los días amargos para el oficialismo por la derrota en la elección bonaerense y siguió en el cargo, en parte porque el cuadro se alivió con la celebración de octubre. En rigor, su salida venía escrita desde antes. Y la permanencia se estiró hasta ahora; termina con la designación de Juan Bautista Mahiques. La jugada incluye a Santiago Viola en el segundo escalón ministerial, desplazando a Sebastián Amerio.

La movida expresa un éxito de Karina Milei en detrimento de Santiago Caputo. El punto ahora es si este avance se extiende hacia cargos de peso que responden al asesor: ARCA y SIDE. Por lo pronto, los primeros pasos del designado ministro fueron claros. Visitó la jefatura de Gabinete y allí estuvo reunido con Karina Milei -a quien había agradecido su designación de manera especial y públicamente- y con Santiago Viola.

Este jueves, Milei tomará juramento a los nuevos funcionarios. Presencias, ausencias y gestos presidenciales también tendrán lectura en clave de interna.

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