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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Con el fin de las PASO y un plan para pagar la deuda, Milei prepara el terreno para la batalla por la reelección

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Javier Milei

Mientras Luis Caputo y Santiago Bausili terminan de definir los detalles del programa financiero con el que el Gobierno buscará despejar las dudas sobre el pago de la deuda hasta fines de 2027, Diego Santilli afrontará esta semana otra negociación igual de decisiva para el futuro de Javier Milei: empezar a construir la mayoría política y las condiciones que el presidente necesitará para intentar la reelección.

Las dos discusiones avanzan en paralelo. Una apunta a convencer a los mercados de que la Argentina podrá cumplir sus compromisos financieros sin sobresaltos durante el próximo año electoral. La otra busca convencer a gobernadores y aliados de acompañar una reforma electoral que elimine o suspenda las PASO y, al mismo tiempo, amplíe la base política del oficialismo.

No son dos agendas independientes. Son los dos pilares sobre los que Milei empezó a preparar el terreno para la elección presidencial de 2027.

Después de un año y medio dedicado casi exclusivamente a estabilizar la economía, bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas y sostener un programa de reformas con un Congreso donde nunca tuvo mayoría, el Presidente abrió una nueva etapa de gobierno. El objetivo económico sigue siendo el mismo. Lo que empezó a cambiar es la prioridad política.

Hasta hace pocos meses, la construcción del poder libertario giraba alrededor de una idea: consolidar La Libertad Avanza como una fuerza nacional con identidad propia, aun cuando eso implicara competir contra gobernadores y dirigentes que acompañaban al Gobierno en el Congreso.

Ahora la lógica empezó a modificarse.

La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete dejó la primera imagen de esa nueva etapa. Los trece gobernadores que participaron de la ceremonia en la Casa Rosada no fueron invitados únicamente para respaldar al nuevo funcionario. El Gobierno buscó enviar un mensaje hacia adentro y hacia afuera: el segundo tramo del mandato necesitará más acuerdos políticos que el primero.

La fotografía volverá a repetirse parcialmente esta semana. El miércoles por la noche, Milei viajará junto con su Gabinete a San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia. Varios gobernadores volverán a compartir esa escena con el Presidente, apenas unos días después de la asunción de Santilli. No será una imagen casual. La Casa Rosada quiere consolidar la idea de una nueva etapa en la relación con las provincias.

El cambio no supone abandonar la confrontación que caracterizó buena parte del primer año y medio de gestión. Tampoco implica renunciar a la identidad libertaria. Significa otra cosa: aceptar que un eventual segundo mandato requerirá una mayoría política mucho más amplia que la actual.

Santilli lo resumió con una frase que pronunció en la entrevista que este fin de semana publicó Infobae y que dentro del oficialismo interpretan como una definición de método: “En la etapa que viene, los colores no definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o seguimos para adelante”.

La frase tiene destinatarios concretos.

Gobernadores del PRO.

Radicales.

Partidos provinciales.

Y también sectores del peronismo que empezaron a mirar con preocupación la interna abierta entre Axel Kicillof y el kirchnerismo.

La discusión sobre las PASO aparece, justamente, en ese punto.

En la Casa Rosada dejaron de verla como una reforma electoral. La consideran una pieza central de la estrategia para 2027.

La primera razón es parlamentaria.

El Gobierno necesita negociar con gobernadores que hoy concentran buena parte del poder real del Senado.

La Cámara alta dejó de ser solamente el lugar donde se votan las leyes.

Se transformó en el principal ámbito de negociación entre la Casa Rosada y las provincias.

La primera prueba llegará este miércoles.

Victoria Villarruel convocó a una nueva reunión de Labor Parlamentaria en un Senado donde el oficialismo sigue sin controlar los tiempos políticos. La vicepresidenta mantiene una relación distante con Milei y continúa administrando una Cámara en la que los gobernadores demostraron durante las últimas semanas que pueden construir una mayoría capaz de condicionar la agenda oficial.

En el Gobierno ya trabajan con la idea de que será muy difícil avanzar con una sesión. Varios senadores anticiparon que no estarán en Buenos Aires y los proyectos prioritarios volverán a depender, una vez más, del resultado de las negociaciones políticas.

Ese dato explica buena parte del cambio de método.

La muralla que levantaron los gobernadores no puede perforarse únicamente con discursos o confrontación.

Necesita acuerdos.

Y Santilli llegó, precisamente, para abrir esos canales.

Pero la eliminación de las PASO persigue un objetivo todavía más ambicioso.

El destinatario principal de esa decisión no son los gobernadores.

Es el peronismo.

Cristina Kirchner quedó fuera de la competencia electoral después de la condena y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Axel Kicillof decidió avanzar con un proyecto presidencial propio.

Máximo Kirchner intenta preservar el liderazgo político de la ex presidenta y la centralidad de La Cámpora.

Mientras tanto, gobernadores, intendentes y otros sectores del PJ observan esa disputa sin terminar de definir quién conducirá el peronismo en la etapa posterior a Cristina.

Las PASO constituyen hoy el único mecanismo institucional capaz de ordenar semejante interna.

Sin primarias, el conflicto quedará trasladado exclusivamente a la negociación política entre los distintos sectores del justicialismo.

En la Casa Rosada están convencidos de que ese escenario favorece al oficialismo.

No solamente porque dificulta la reorganización del principal espacio opositor.

También porque abre una oportunidad para atraer a dirigentes peronistas que ya no se sienten contenidos por la conducción kirchnerista y buscan preservar su poder territorial sin quedar atrapados en una pelea de liderazgo.

Ahí aparece la segunda parte de la negociación.

El Gobierno ya no pretende que todos esos dirigentes se incorporen formalmente a La Libertad Avanza.

La Boleta Única de Papel permite pensar otra ingeniería electoral.

La candidatura presidencial de Milei podría convivir con listas legislativas de gobernadores o fuerzas provinciales que conservarían su propia identidad política.

Es el cambio de método que sintetizó Santilli cuando afirmó que “los colores no definen”.

Pero antes de salir a negociar con gobernadores y dirigentes de otros espacios, Milei decidió ordenar la política propia.

Y ese movimiento empezó mucho antes de que Santilli jurara como jefe de Gabinete.

La decisión de no abrir nuevos frentes internos quedó reflejada en un dato que pasó casi inadvertido fuera del oficialismo, pero que en la Casa Rosada consideran parte de la nueva etapa. Después de las tensiones que dejó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete en medio de las investigaciones judiciales sobre su situación patrimonial y de las diferencias que provocó la abstención de Patricia Bullrich en la votación del pliego de la jueza María Verónica Michellini, el Gobierno optó por contener antes que confrontar.

Bullrich seguirá participando de la mesa política que volverá a reunirse esta semana y mantendrá actividades con el armado político que conduce Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor. Hace apenas unas semanas muchos imaginaban que esas diferencias podían convertirse en una ruptura. Ocurrió exactamente lo contrario. Milei y su hermana resolvieron congelar las disputas internas para no distraer energías en el momento en el que el Gobierno empieza a negociar hacia afuera.

La decisión también ayuda a entender el nuevo reparto de funciones dentro del oficialismo.

Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem siguen concentrando las decisiones políticas. Nadie les disputó ese lugar. Pero la ejecución empezó a distribuirse de otra manera. Santilli quedó a cargo de la negociación política cotidiana; Adrián Ravier asumió la vocería presidencial con una lógica más institucional; Fabián Fernández comenzó a coordinar una estrategia de comunicación orientada a ordenar el mensaje del Gobierno en una etapa menos atravesada por la confrontación permanente y más enfocada en la construcción de acuerdos.

No cambió el centro de gravedad del poder.

Cambió el modo de administrarlo.

La señal más evidente de ese cambio es que el Gobierno ya no discute solamente cómo aprobar una ley o cómo superar la próxima votación en el Congreso. Empieza a discutir cómo construir una mayoría política que sobreviva al mandato actual.

Por eso la semana que comienza tiene una importancia mayor que la de una agenda cargada de actividades oficiales.

El lunes, Caputo y Bausili buscarán responder una pregunta que inevitablemente aparece cuando un gobierno entra en la antesala de un proceso electoral: de dónde saldrán los dólares para afrontar los vencimientos de deuda.

El mensaje está dirigido a los mercados, pero también a la política.

La Argentina atravesó demasiadas campañas presidenciales condicionadas por la incertidumbre económica como para subestimar esa discusión.

La Casa Rosada pretende demostrar que el Estado dispone de un programa financiero capaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante lo que resta de este año y durante 2027. El objetivo no consiste únicamente en presentar números. Busca instalar una idea de previsibilidad.

En el Gobierno consideran que esa previsibilidad es un activo político.

La apuesta consiste en llegar a la próxima elección presidencial con una economía creciendo, una inflación estabilizada, una recuperación gradual de los ingresos, creación de empleo privado, un mercado cambiario sin sobresaltos y un esquema de financiamiento que elimine las dudas sobre la deuda.

No es una discusión técnica.

Es la plataforma política sobre la que Milei pretende construir su proyecto de reelección.

Los antecedentes pesan.

Desde 2015 ningún oficialismo consiguió conservar el poder presidencial dentro de su propio espacio político.

El kirchnerismo perdió con Daniel Scioli frente a Mauricio Macri.

Macri no consiguió renovar su mandato frente a Alberto Fernández.

Y el Frente de Todos tampoco logró sostener la Presidencia con Sergio Massa frente a Milei.

Las razones fueron diferentes en cada caso, pero todos esos procesos compartieron un elemento común: la economía terminó condicionando la política.

Milei pretende romper esa secuencia.

Por eso decidió trabajar simultáneamente sobre los dos factores que considera decisivos para llegar competitivo a 2027.

La política.

Y la economía.

Mientras Santilli intenta ampliar la base de sustentación del oficialismo y negociar con gobernadores una salida para las PASO, Caputo busca reducir la incertidumbre financiera que suele reaparecer cuando un gobierno entra en un año electoral.

Las dos tareas están íntimamente vinculadas.

Una economía previsible facilita los acuerdos políticos.

Y una mayoría política más amplia fortalece la credibilidad del programa económico.

La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán volverá a mostrar esa lógica.

Después de la fotografía que dejó la jura de Santilli con trece gobernadores en la Casa Rosada, Milei volverá a compartir una escena con mandatarios provinciales en un momento en el que el Gobierno necesita reconstruir puentes sin resignar liderazgo.

No será una postal inocente.

Será la continuidad de una estrategia que empezó a desplegarse hace pocos días y que busca transmitir que el oficialismo está dispuesto a negociar sin alterar el rumbo.

El Presidente no dejó de confrontar con el kirchnerismo ni abandonó la batalla cultural que convirtió en una marca de su gestión.

Lo que empezó a hacer fue diferenciar a sus adversarios de sus potenciales aliados.

Ese matiz explica buena parte de los movimientos de las últimas semanas.

El Gobierno ya no mira solamente el próximo dato de inflación o la próxima sesión del Congreso.

Empezó a mirar el calendario de 2027.

Y, desde esa perspectiva, cada decisión adquiere otro sentido.

La eliminación de las PASO deja de ser apenas una reforma electoral y se convierte en una herramienta para rediseñar el escenario en el que deberá reorganizarse el peronismo.

La negociación con los gobernadores deja de ser una necesidad parlamentaria y pasa a formar parte de la construcción de una mayoría para un eventual segundo mandato.

La presentación del programa financiero deja de ser un anuncio económico y se transforma en una señal de estabilidad para el año electoral.

Incluso los cambios dentro del propio Gobierno responden a esa lógica.

Santilli, Ravier y Fabián Fernández no llegaron para modificar el rumbo de la administración libertaria. Llegaron para ejecutar una etapa distinta del mismo proyecto político.

Durante el primer año y medio, Milei construyó poder diferenciándose del resto del sistema político.

Ahora empezó a construir poder seleccionando con quiénes está dispuesto a compartir parte de ese camino.

No cambió el objetivo que se fijó el 10 de diciembre de 2023.

Cambió el método con el que pretende alcanzarlo.

Y esa, probablemente, sea la principal novedad política de un Gobierno que ya empezó a preparar el terreno para la elección presidencial de 2027.

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El Gobierno avanza con cambios en inocencia fiscal: la estrategia parlamentaria y el factor Adorni que sigue complicando

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En el comienzo de una semana corta, el Gobierno vuelve a impulsar el proyecto para cambiar la ley de Inocencia Fiscal y permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, con la esperanza de que las esquirlas del caso Manuel Adorni no enturbien las negociaciones.

Se trata de una de las tres medidas, junto a la reforma política y la normativa sobre Zonas Frías, que el presidente Javier Milei planteó días atrás como las primeras metas del oficialismo en esta nueva etapa tras el cambio de jefe de Gabinete.

El texto en cuestión ya está listo desde junio pasado y plantea una serie de modificaciones al sistema que el propio Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso a finales del 2025.

Aunque ya fue reglamentada, la herramienta no generó el impacto que la Casa Rosada esperaba y es por eso que la cúpula libertaria decidió ampliar el universo de beneficiarios.

El nuevo proyecto, de hecho, fue consensuado con todos los colegios y agrupaciones de contadores del país, los cuales previamente habían cuestionado algunos aspectos de la ley original.

El cambio más importante que plantea ahora el Gobierno tiene que ver con quiénes pueden acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que actualmente es solo para aquellos que tienen ingresos menores a $1.000 millones al año y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.

La iniciativa es para que también se permita la adhesión de grandes contribuyentes a esta modalidad, aunque con alcances restringidos en cuanto a los beneficios y presunciones fiscales.

El oficialismo deberá llevar ahora el tema al Congreso, como parte del primer paquete de propuestas tras la salida de Adorni del Ejecutivo.

El propio -ahora- ex jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron en mayo el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para inscribirse en el régimen de inocencia fiscal.

De esta forma, el entonces funcionario accedió a la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

La decisión fue fuertemente cuestionada por la oposición debido a que el ministro coordinador en ese momento ya estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Con Adorni afuera del Gobierno, las autoridades nacionales esperan que esa situación no sea un impedimento a la hora de tener que negociar con el resto de los bloques.

A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo a Infobae un integrante de la cúpula libertaria.

Por el momento, sin embargo, el proyecto no comenzó a ser discutido con los otros espacios parlamentarios y tampoco tiene el respaldo de las provincias, que no fueron consultadas sobre este asunto.

“No conozco qué es lo que quieren modificar y tampoco me vino a hablar nadie por ese tema“, explicó un gobernador aliado de la Casa Rosada, que esperará a ver el texto final antes de tomar una posición.

Aunque Milei ya lo planteó como una meta a corto plazo, el Ejecutivo aún no envió la iniciativa al recinto y aún no definió por qué Cámara entrará, aunque este medio pudo saber que la opción más segura por estas horas era que ingresara por Diputados.

De todas estas cuestiones conversará la mesa política en su siguiente reunión, todavía sin fecha confirmada. Si bien el próximo encuentro estaba previsto para el martes, finalmente se suspendió porque ese día, a las 13:00, la selección argentina juega contra Egipto por los octavos de final del Mundial.

Los especialistas en la materia están presionando para que las modificaciones se traten lo antes posible, teniendo en cuenta que el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 está previsto para fines de julio.

Es que, el retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al régimen, por lo que los expertos advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Quienes opten por la modalidad simplificada deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal. Si ARCA detecta la pérdida de esta condición, podrá excluir al contribuyente del régimen y habilitar procesos de verificación, fiscalización, determinación de oficio y aplicación de sanciones. Esta disposición apunta a garantizar la integridad del sistema y la correcta aplicación de los beneficios del régimen.

Para los Grandes Contribuyentes Nacionales, la adhesión a la modalidad simplificada solo tendrá validez para la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente, sin acceso a otros efectos, presunciones o ventajas que ofrece el régimen para el resto de los pagadores de impuestos.

El proyecto también contempla la eximición de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen, salvo que esas sanciones ya se encuentren firmes.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá la obligación de dictar la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

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El nuevo estilo del Gobierno, la reforma electoral rumbo a 2027 y los motivos detrás de los cambios de la mesa política

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Los agónicos 120 minutos que necesitó la Selección Argentina para imponerse ante la sorpresiva Cabo Verde alteraron los planes de la administración libertaria que había programado la primera reunión de mesa política con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y el desembarco del secretario de Comunicación, Fabián Fernández, para el martes a las 13. Al menos, así lo comunicaban a la prensa desde varios despachos el pasado viernes, en la previa al partido.

Con la clasificación a octavos, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán el paso a cuartos contra Egipto en la misma fecha y hora en la que el reducido círculo discutiría la agenda legislativa, por lo que Karina Milei, quien había convocado a la instancia, resolvió postergar el horario, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

“Se canceló por el partido”, reveló uno de sus integrantes para graficar la resolución que conformó a más de uno. Si bien existe la promesa de reeditar el encuentro esta semana, por más corta que sea, incluso hay versiones de concretarla el mismo martes, pero en otro horario, al cierre de esta edición, a última hora del domingo, todavía no había precisiones.

La suspensión fue apenas una consecuencia del calendario deportivo. El verdadero objetivo de la reunión era comenzar a delinear la nueva etapa política que atraviesa el Gobierno. La administración continúa reacomodándose internamente tras la salida de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, quien durante meses fue la voz de los Milei y uno de los principales exponentes del discurso “anticasta”.

La incorporación de nuevas figuras dota al Gobierno de un estilo político diferente. Tanto Santilli como Fernández y, en particular, Adrián Ravier desde la Vocería Presidencial, buscan imprimir una mayor vocación de diálogo y consolidar un perfil negociador hasta ahora poco habitual en la gestión.

“Los cambios no fueron por convicción sino por la situación de Manuel (Adorni). Una vez ocurrido eso, es como en el fútbol: vos haces cambios en función del plantel que tenes y el esquema se adapta a los jugadores con los que contas”, expresó una fuente libertaria ante este medio.

No obstante, en Balcarce 50 sostienen que los tres flamantes funcionarios son parte del reordenamiento político iniciado con las modificaciones instrumentadas. Este martes a las 10, Ravier volverá a pararse frente a la prensa acreditada con la templanza que lo caracteriza, leerá las respuestas que escribió su equipo y dedicará varios minutos para explicar los principales puntos económicos que el mandatario aspira a resaltar.

En paralelo, Santilli trabaja en los tres ejes prioritarios que estableció desde su nombramiento: el primero consiste en retomar la dinámica de gestión, empantanada a raíz del caso Adorni; el segundo, en recuperar la agenda mediática; y el tercero, en impulsar las reformas que el presidente Javier Milei diseñó. Entre ellas figura la electoraluna de las claves que mencionan en el oficialismo para concretar los deseos reeleccionistas del libertario.

Ante la necesidad de anotarse éxitos legislativos, en Balcarce 50 cambiaron la receta y ensayan una faceta de mayor diálogo y de construcción de puentes con los distintos actores: los aliados legislativos y los gobernadores. De ellos, 13 de los 24 mandatarios estuvieron presentes en la jura del ex legislador del PRO.

“Siendo el cuarto jefe de Gabinete, el Gobierno no podría hacer una apuesta que no fuera segura. Este tiene que ser el último del primer mandato. No había lugar para especular o probar algo extraño. Se fue a la segura”, explicó un alfil violeta luego de una nueva salida en la coordinación ministerial, la tercera tras las forzadas renuncias de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

La apuesta de La Libertad Avanza es doble y deberá combinar la necesidad de sancionar las reformas con la chance de consolidar los planes electorales para 2027. Este fin de semana, Karina Milei -que parece haberse reordenado luego de la salida de su ladero- reiteró ante la militancia, en Misiones, que trabaja por otros cuatro años para su hermano.

A la compleja tarea está dedicada la mesa política, pero en particular, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el propio Santilli, quienes activaron incipientes contactos con los gobernadores. “No hay apuro para sacar la reforma electoral. Tiene que estar antes de diciembre, pero estamos bien de tiempos”, planteó ante Infobae un importante funcionario.

El plazo establecido, con el receso del Congreso incluido, parece ser el mes de agosto, según revelaron al menos tres fuentes del reducido círculo político.

Asimismo, uno de los interlocutores violetas reveló ante este medio que evalúan la posibilidad de condicionar los potenciales acuerdos electorales en función de los apoyos que reciba el Ejecutivo para la sanción de la reforma que aspira a eliminar las elecciones PASO. Aunque, por ahora, todas son ideas en evaluación.

Como contó Infobae, también se plantearon alternativas sobre la mesa como las llamadas “colectoras”, o “adhesiones” como contraponen algunos gobernadores, que les permita al menos suspender las primarias.

Pese al incierto panorama, el optimismo reina entre los alfiles negociadores y en el oficialismo creen que la estrategia desplegada, que en 2025 enfrentó a los dos sectores de la interna, es compartida. “Los votos están, falta algún que otro gobernador, pero será cuestión de entendernos”, garantizaban desde el karinismo. “Los mismos que antes se negaban a los acuerdos reconocen que ahora hay que evaluar distinto. Si hacemos las cosas de manera razonable, no hay razón para que no estemos todos tirando para el mismo lado”, aseveraron por su parte desde el caputismo.

Con las energías recuperadas, o al menos con la intención de demostrarlo, el Presidente -que suspendió su viaje a Estados Unidos- visitará la provincia de Tucumán el próximo miércoles para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia argentina, y lo hará escoltado por Santilli, pero también por varios miembros del Gabinete. Milei será recibido por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, uno de los más reticentes a la eliminación de las PASO, y no se descarta la presencia de otros mandatarios provinciales.

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