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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Milei y Brasil: política exterior sectaria, tensiones internas y despiste regional

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El silencio de Javier Milei sobre el triunfo electoral de Lula da Silva arrastra casi una semana y el mundo libertario sigue concentrado en destacar únicamente el escape de Flávio Bolsonaro. Esa combinación resume la visión del oficialismo: una concepción sectaria, básicamente ideologizada, que sustituye -y niega, a la vez- el sentido más elemental de la política exterior, en términos de Estado y no por cuestiones de gusto personal. Como muestra complementaria, el Presidente le dedicó la calificación de “masterclass” a un mensaje en X, bastante pobre, que intenta ironizar sobre la fuga del derrotado candidato brasileño y repite insultos al periodismo. Dice mucho, pero no sólo en ese plano.

Son varios los capítulos previos en el frente externo, aunque de diferente magnitud. El anterior, en otra escala, fue escrito por Milei en su paso reciente por España, que dejó una nueva tanda de insultos a Pedro Sánchez y cosechó incomodidad de amigos políticos, además de una señal negativa de la Casa Real. Otro y más complejo es el saldo de estas horas. La enorme diferencia puede ser medida por su impacto político y público. La cerrazón frente al resultado electoral de Brasil alimenta las tensiones internas y exhibe un despiste para el imaginario de liderazgo regional.

La cancillería argentina fue un reflejo de lo mismo, expectante de la reacción de Washington y atenta a los gestos iniciales de Flávio Bolsonaro. Llamativo con el correr del reloj, entre otras razones porque medios periodísticos tradicionales e importantes de Brasil no demoraron en contar que la posición inicial del candidato derrotado era, de mínima, relativizada por sus socios de derecha. La idea de plantear la anulación de las elecciones cedía lugar al reclamo sobre manejos del oficialismo -por cierto, cuestionables- en la campaña. De allí al reconocimiento del resultado, fue un paso.

En las horas siguientes al escrutinio y sobre todo una vez concretada la operación de salida de Bolsonaro y su familia, el Gobierno dejó trascender una línea de cuestionamiento a las elecciones que el ejército violeta en redes sociales buscó instalar como denuncia de fraude comprobado. Por supuesto, un tema aparte es el hecho en sí mismo del papel local en el operativo de escape del candidato perdedor, desde Puerto Iguazú a Miami. El contexto doméstico ya estaba claro: la derrota mezcló sorpresa y malestar en Olivos, después de la sucesión de cargas contra Lula da Silva y de los festejos que había dejado la primera vuelta. Nadie parecía reparar en los graves errores de campaña bolsonarista que siguieron a aquella celebración, según la visión extendida en medios brasileños.

El Gobierno o el oficialismo en sentido amplio exhibieron una contradicción: destacaron que fue absolutamente normal y legal el paso de Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas por territorio argentino. Casi un trámite, basado en el hecho, cierto, de que no existía ningún reclamo internacional de Brasil. Y al mismo tiempo, buscaron darle un sentido casi épico a la participación en la movida que concluyó con el embarque hacia Estados Unidos. Existen trascendidos para la investigación, más allá de chicanas políticas. Entre otras cuestiones, debería ser aclarado si existió presencia y, más aún, jefatura de agentes estadounidenses y subordinación de organismos argentinos en esta historia.

Se trata sin dudas de un punto significativo, que ocupa renglones mediáticos sobresalientes y no parece agotado: es incierto cuáles serán las estribaciones locales y también en Estados Unidos, donde motorizó reclamos demócratas a la administración de Donald Trump, en los umbrales de las elecciones de medio término.

Más allá de ese tema, la primera expresión de la cerrazón de Olivos fue la decisión de no realizar un saludo al menos formal, con el resultado electoral a la vista. Y se agregaron, sin modificar esa postura, el mensaje de la política brasileña, que no puso en discusión el resultado, y las propias señales de Trump, que acogió a Flávio Bolsonaro pero evitó ir al choque con Lula da Silva.

El estreno de Bolsonaro en Estados Unidos fue marcado por las modificaciones a su declaración inicial. Tuvo que dejar de lado la presentación como “presidente electo” de Brasil y la sustituyó con la categoría de “líder”. El cambio se habría debido a un señalamiento directo desde el Departamento de Estado. La versión menos ácida remite a la consideración de un asesor brasileño. Como sea, resulta claro que Washington sólo podría aceptar la definición de “presidente electo” si tuviera intención de romper con Lula da Silva. No parece que ese sea el interés estadounidense. Está a la vista que tampoco resulta el mensaje que expresa el poder brasileño.

El cuadro político de Brasil también dejó sin sustento la decisión de Olivos frente al desenlace de las elecciones. Si de entrada eran evidentes los reparos de los principales actores de la derecha frente a la actitud del candidato que acababa de perder, con el correr de las horas el panorama fue más claro. Por supuesto, la derecha no es un único partido disciplinado sino un conglomerado, que de todos modos y en líneas generales reconoció el resultado, desestimó las referencia a un fraude por parte den Bolsonaro -algunos le bajaron el tono y hablaron de una reacción emocional- y empezó a mostrar su juego para reacomodar la jefatura política. Eso, frente al panorama legislativo que anticipa una prueba exigente para Lula da Silva.

Por eso mismo, el cambio en el texto difundido en Estados Unidos tiene lectura para Washington y también al interior de Brasil. El concepto de “líder” de la oposición al PT ya está más que en discusión. Enfrenta el cuestionamiento desde su propio espacio, el Partido Liberal; alimenta facturas en la familia del ex presidente Jair Bolsonaro, y afirma el juego de Tarcísio de Freitas, que acaba de lograr, con mucha diferencia sobre el PT, su reelección como gobernador de San Pablo.

La actitud del Gobierno abre interrogantes sobre la relación con Brasilia. Y al mismo tiempo, fisura el imaginario de un liderazgo regional, por la sola condición de principal socio estratégico de Trump, tomado ahora por las elecciones del martes próximo. La posición de Milei estuvo lejos de marcar una línea entre los presidentes que, con diferencias, se anotan como expresiones de derecha. Al contrario. Los saludos y felicitaciones a Lula da Silva se fueron sucediendo una vez consolidado el resultado. Uno de los primeros en expresarse fue el chileno José Antonio Kast y también lo hicieron Santiago Peña (Paraguay), Keiko Fujimori (Perú), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), en las primeras horas.

Para completar, la distancia entre el resultado brasileño y la posición de Olivos terminó nutriendo también las tensiones en el mundo libertario. El dato más significativo lo produjo, otra vez, Patricia Bullrich, que eludió un saludo directo al presidente reelecto, pero destacó la necesidad de aceptar los pronunciamientos en las urnas. Está claro que esa pulseada en el oficialismo va más allá de este tema. Del mismo modo, el malestar libertario fue nutrido por mensajes de aliados y dialoguistas: el PRO -sobre todo, el mensaje personal de Mauricio Macri-, la UCR, referentes provinciales. No son días sencillos para Olivos. Se verá el martes 3 qué añade el frente externo: vota Estados Unidos.

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Con críticas al arco político y bajo un fuerte hermetismo, Javier Milei brindó una charla ante estudiantes

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Javier Milei

El presidente Javier Milei cuestionó en duros términos a la dirigencia política durante una clase magistral ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella, donde anticipó un libro sobre “la política como moral” y prometió una reducción impositiva si logra gobernar hasta 2031.

Milei sostuvo que una eventual continuidad de su gestión hasta 2031 permitiría devolver USD 500 millones mediante rebajas de impuestos. “¡Vaya que eso es liberarlos!”, exclamó al presentar esa proyección ante los estudiantes.

En esa línea, rechazó además el término “contribuyente” para referirse a quien paga impuestos e insistió en que “los impuestos son un robo”. Adelantó también que, de obtener la reelección, profundizará el proceso de desregulación económica. “No saben lo que se viene el 11 de diciembre de 2027, si reelegimos; hay gente que no va a reconocer más a la Argentina con todo lo que vamos a hacer”, afirmó.

Por otro lado, el mandatario anunció que su próximo libro, que saldrá en noviembre, llevará por eje “la política como moral” y tendrá tres tomos. El tercero reunirá una bitácora de los primeros 30 meses de gobierno en un punteo de 400 hojas, según detalló.

Ante los estudiantes, Milei consideró “raro” dialogar con alguien que no fuera un ministro y dirigió luego sus críticas a los dirigentes políticos, a quienes acusó de priorizar el triunfo electoral por sobre cualquier otro objetivo. “Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, sostuvo.

Durante la charla, el Presidente apuntó contra el exministro de Economía Domingo Cavallo, que había calificado de “burrada” el modo en que el Gobierno desarmó el cepo cambiario. “Este impresentable nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado y le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex, así estabiliza cualquiera; nosotros, en cambio, estuvimos remando para limpiar el balance del Banco Central”, señaló Milei.

La actividad estuvo restringida a alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella y se desarrolló bajo un operativo que incluyó móviles de la Policía Federal en el acceso, efectivos de Casa Militar en el playón central y controles con escáneres para quienes ingresaban al aula.

El encuentro se realizó en el salón del nuevo taller de diseño, un espacio alargado con varias entradas que se completó a medida que avanzaba el ingreso. Algunos estudiantes llevaron sillas desde otras aulas y otros permanecieron de pie detrás de una cinta dispuesta para mantener despejado un pasillo.

La disertación marcó la reaparición pública del Presidente tras el discurso que había dado en la Fundación Faro.

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Kicillof pidió ir a una PASO en el peronismo para definir candidaturas: “Que lo decida la gente”

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver las candidaturas del peronismo y planteó que las diferencias internas deben dirimirse en las urnas. “Lo mejor es que lo decida la gente”, sostuvo durante su visita a Jujuy, donde compartió una agenda institucional con el gobernador radical Carlos Sadir.

Kicillof afirmó que dentro del peronismo existe una coincidencia general sobre la necesidad de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei, aunque admitió desacuerdos sobre el camino para llegar a ese objetivo. “Pensamos, en lo general, que tenemos que ir para un lugar. Cómo hacerlo, hay diferencias”, expresó en una entrevista con El Tribuno.

El mandatario bonaerense sostuvo que las diferencias entre las distintas vertientes del justicialismo no deben impedir la competencia. “En el peronismo hay diferentes líneas, lo cual es lógico”, dijo, y agregó que el espacio debe sumar representación social y política para conformar una propuesta con alcance nacional.

“En la situación en la que estamos, tenemos que dejar que la gente elija”, dijo al cuestionar el proyecto del Gobierno nacional para eliminar las primarias. Según su interpretación, la iniciativa busca condicionar la organización de la oposición y evitar disputas internas en el oficialismo.

El mandatario planteó que la discusión no debe limitarse a las alianzas partidarias ni a la definición de una candidatura presidencial. En esa línea, habló de la necesidad de formar un frente político que reúna a organizaciones sindicales, sectores empresariales, estudiantes, trabajadores, productores rurales y representantes de las economías regionales.

“Un frente político tiene que ver con sectores, con laburantes, con estudiantes, con productores y con empresarios”, señaló. Para Kicillof, esa construcción podría derivar después en un frente electoral, una primaria amplia o una candidatura de consenso.

También abrió la puerta a coincidencias con sectores ajenos al peronismo. Mencionó al radicalismo como una fuerza con la que podrían existir puntos de acuerdo en torno a la democracia, el desarrollo y la soberanía, en contraste con las políticas del Gobierno nacional.

La visita a Jujuy ofreció una señal en esa dirección. Kicillof y Sadir, dirigentes de fuerzas diferentes, firmaron convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Jujuy en seguridad, minería, empleo, desarrollo agrario, deportes y gobierno digital.

“Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar”, afirmó Kicillof.

La posición del mandatario bonaerense sobre las PASO coincide con lo expuesto por los principales sectores de Fuerza Patria en la reunión que mantuvieron el 22 de octubre en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires.

De ese encuentro participaron Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, los jefes de los bloques legislativos Germán Martínez y José Mayans, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y los gobernadores Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Los dirigentes coincidieron en sostener las PASO ante la posibilidad de que el Gobierno impulse su suspensión o eliminación. La herramienta es vista por buena parte del peronismo como un mecanismo para ordenar una competencia que, sin elecciones primarias organizadas por el Estado, podría derivar en una interna partidaria de difícil instrumentación.

En la cumbre hubo además acuerdo para coordinar una postura parlamentaria frente al Presupuesto 2027, con reclamos vinculados con la obra pública, el financiamiento universitario, las prestaciones para personas con discapacidad y los recursos para las provincias afectadas por el fenómeno climático de El Niño.

La discusión sobre las PASO expone una de las principales tensiones del peronismo. La dirigencia coincide en la conveniencia de sostener la unidad, aunque las diferencias entre el sector de Kicillof y el kirchnerismo persisten, en especial en la provincia de Buenos Aires.

En el sector de Cristina Kirchner promueven un acuerdo amplio, con la ex presidenta como figura de referencia en la etapa de reorganización. Esa posición quedó expuesta durante el acto que Máximo Kirchner encabezó en Lanús, en homenaje a Néstor Kirchner.

Allí, el diputado nacional recordó la fragmentación electoral del peronismo en 2003 y llamó a evitar una repetición de ese escenario. El mensaje fue leído dentro del espacio como un pedido para que la fuerza llegue a 2027 con una estrategia común y bajo una conducción política definida.

El kirchnerismo, además, consolidó en las últimas semanas un acercamiento con el Frente Renovador. Massa participó de actividades de La Cámpora y mantuvo reuniones con Cristina Kirchner, entre ellas una en San José 1111, donde analizaron el escenario legislativo y las posibilidades del oficialismo de avanzar con cambios sobre las PASO.

La estrategia de ese sector busca que la discusión sobre las candidaturas quede subordinada a la construcción de una unidad más amplia. En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo también pretende que cualquier negociación legislativa incluya otros asuntos, como la cobertura de las vacantes de la Suprema Corte provincial, el cronograma electoral de 2027 y proyectos propios sobre apuestas online.

En tanto, Massa dejó atrás el bajo perfil que sostuvo al comienzo de la administración de Milei y volvió a participar con mayor frecuencia de reuniones políticas, encuentros legislativos y actividades públicas. Su planteo apunta a construir una coalición opositora más amplia que el peronismo.

El ex ministro de Economía considera que la continuidad de las PASO permitiría contener las diferencias internas y legitimar una candidatura competitiva. Su mirada parte de una premisa: que la unidad requiere reglas de competencia aceptadas por todos los sectores.

El líder del Frente Renovador también busca incorporar a gobernadores y dirigentes que no integran Fuerza Patria. Entre los interlocutores mencionados en el peronismo aparecen el senador radical Martín Lousteau, el diputado Emiliano Yacobitti, Emilio Monzó, Miguel Pichetto y gobernadores como Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.

En paralelo con la estrategia de diálogo nacional, Kicillof refuerza el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que reúne a intendentes, ministros, legisladores, sindicatos y dirigentes sociales que responden a su conducción.

El jueves, antes de viajar a Jujuy, reunió en La Plata a más de 40 intendentes del MDF. Allí se discutieron las reelecciones de los jefes comunales, la defensa de las PASO nacionales y bonaerenses, la posibilidad de elecciones concurrentes en la provincia y el fortalecimiento de la estructura territorial del espacio.

La discusión por las reelecciones involucra a 81 intendentes que no podrían presentarse para un nuevo mandato en 2027 si no se modifica la Ley 14.836. De ese total, 52 pertenecen al peronismo y 28 están alineados con el MDF.

Kicillof necesita acuerdos con el kirchnerismo, el Frente Renovador y sectores de la oposición para avanzar con una reforma en la Legislatura bonaerense. La negociación incluye intereses electorales, institucionales y territoriales que atraviesan a todos los sectores de Fuerza Patria.

La visita a Jujuy se integró a ese proceso. Kicillof mantuvo una reunión con Sadir y lleva adelante actividades con dirigentes locales. Sus armadores avanzaron con la organización de un viaje a Santa Fe, donde buscan tomar contacto con distintos sectores del peronismo provincial sin intervenir en sus disputas internas.

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