Política Nacional
Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS
Publicado
7 años haceen
El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.
El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.
Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.
El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.
La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.
Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.
La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.
Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.
Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.
El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.
El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.
Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.
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Quirno reclamará hoy en la ONU que el Reino Unido acepte negociar con Argentina la soberanía de las Islas Malvinas
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4 minutos haceen
25 junio, 2026Por
Mayra Pastor
(Enviado especial a New York, Estados Unidos) La soberanía nacional en las Islas Malvinas es una reivindicación histórica que atraviesa las miradas ideológicas y las posiciones geopolíticas: a través de un minucioso proyecto de Resolución, los regímenes totalitarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela respaldarán hoy al canciller Pablo Quirno cuando exija en la ONU que el Reino Unido debe negociar con Argentina para resolver un conflicto territorial que se arrastra desde el siglo XIX.
“Tengo las mejoras expectativas”, adelantó el canciller tras participar de la inauguración de Argentina Way, un reconocimiento que hizo la ciudad de New York al país por los 80 años de la apertura del Consulado argentino en Manhattan.
Argentina Way está en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 56, a pocos metros de la Torre Trump. Durante la ceremonia de inauguración de Argentina Way, Quirno reivindicó la alianza estratégica entre Javier Milei y Donald Trump.
Trump tiene voluntad política de apoyar los reclamos históricos del país frente a Londres, y esa posición diplomática se exhibió durante la Asamblea General de la OEA que sesionó en Panamá.
En este contexto, la diplomacia argentina concurre –de nuevo- a la ONU para ratificar su posición histórica sobre las Islas Malvinas, mientras aguarda que la voluntad de Trump influya sobre el Reino Unido.
No será la primera vez que la ONU revisa el Caso Malvinas. Desde 1965 -gobierno de Arturo Illia-, la Asamblea General de Naciones Unidas votó diez resoluciones sucesivas reconociendo la existencia de la disputa territorial e instando a la Argentina y al Reino Unido a iniciar negociaciones.
Y a partir de 1989 -mandato de Raúl Alfonsín-, la compleja situación en las Islas del Atlántico Sur fue abordado por el Comité Especial de Descolonización, que convocó a las partes en conflicto a terminar con las diferencias territoriales en una mesa de diálogo diplomático.
Londres siempre rechazó la propuesta de la ONU, alegando el principio de libre determinación de los pueblos.
Ese argumento de la diplomacia inglesa no tiene sustento en las normas internacionales. El principio de libre determinación requiere la existencia de un pueblo bajo dominación extranjera, una condición sine qua non que no aplicaría en el Caso Malvinas: los pobladores que ocupan las Islas del Atlántico Sur nunca estuvieron a merced de una potencia colonialista, y menos con Argentina.
En realidad, Argentina y el Reino Unido protagonizan un caso especial de descolonización, y la única manera de resolver este conflicto es a través de negociaciones diplomáticas. Un escenario que Argentina propone y el Reino Unido rechaza, pese a las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas.
Quirno expondrá hoy a las 11 AM ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Este Comité tiene como miembros permanentes a Bolivia, China, Irán, India, Congo, Venezuela, Cuba, Chile y Costa de Marfil, entre otros países.
La misión argentina en la ONU hizo bien su trabajo y el proyecto de Resolución avalado por Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia será respaldado por consenso de todos los integrantes del Comité de Descolonización.
El Reino Unido se movió muchísimo en New York para aplacar la derrota diplomática que sufre todos los años en la audiencia del Comité.
Pero los derechos argentinos están probados a lo largo del tiempo, y el lobby británico poco pudo hacer frente a los antecedentes históricos y jurídicos que sostienen la soberanía nacional en las Islas Malvinas.
Los ciudadanos ingleses que ocupan las Islas Malvinas también expondrán en la audiencia del Comité de Descolonizacion.
Y además del canciller Quirno se aguardan las presentaciones de Paula Vernet y Guillermo Clifton, que conocen a fondo la historia del territorio argentino que Londres aún mantiene ilegalmente bajo su control.
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En una sesión incierta por el caso Adorni, el Senado buscará aprobar la ley de propiedad privada
Publicado
11 minutos haceen
25 junio, 2026Por
Mayra Pastor
En un encuentro que desde el inicio será más que delicado y que tendrá varias opciones con posibilidad de consumación, el Senado sesionará desde las 11 para definir si se habilita una votación y activar una eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras ello, aparecen en la bandeja pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que dialoguistas ya le desplumaron a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que hasta anoche no estaba del todo cerrada, tras largas semanas de intercambio de borradores.
Para acercar la lupa al inevitable conflicto de las próximas horas primero debe recordarse que, la semana pasada, Bullrich acordó con su par kirchnerista, José Mayans (Formosa), que la situación de Adorni podía habilitarse con mayoría absoluta, bajo una interpretación “operativa” del artículo 101 de la Constitución, que menciona la interpelación, censura y remoción. En realidad, al referirse a proyectos de resolución, si los mismos no cuentan con dictamen, están obligados a tenerlo de la comisión de Asuntos Constitucionales. Lo dice el reglamento, pese a llantos disfrazados de republicanos.
Tras varias recomendaciones de aliados, la porteña solicitó una nueva Labor anteayer y, con otros bloques, empujaron otra acta. Allí, se aclaró lo de los dos tercios. Se presumió, luego de ese convite, que la situación de Adorni quedaba suavizada. No obstante, la reciente iniciativa del presidente del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones), volvió a encender las alarmas. Para terminar de comprender todo esto, hay que remarcar que el jefe de Gabinete tuvo un ida y vuelta en cuanto si le correspondía asistir la semana próxima -2/7- a dar un informe de gestión. Anteanoche, cuando parecía resuelto que no, lanzó un tuit para dejar en offside a los legisladores. Algunos estallaron en furia y tomaron lo del funcionario como una provocación innecesaria.
Ahora, los pasos. En primer término, habrá que conseguir quorum. Sería delirante que esto no sucediera, aunque en una Cámara alta tan alocada, nunca hay que descartar nada. Pensemos que el kirchnerismo no suele bajar al inicio y deja todo en manos de libertarios y dialoguistas, aunque ahora le interesa interpelar a Adorni. De no prosperar, el cristinismo también habrá avalado para que se discuta propiedad privada más tarde.
Seguido a ello, se debatirá si se habilita con dos tercios, como plantea el acta de Labor Parlamentaria del martes. Sin embargo, la misma debe ser antes aprobada, por mayoría simple. ¿Y si esto no ocurriera? Bien podría proponerse la de la semana pasada. Por eso es importante el paso a paso. Bajo la suposición del nuevo entendimiento entre Gobierno y aliados, quedaría vigente la opción uno.
Lo más jugoso vendrá una vez ejecutada dicha acción. Es decir, la habilitación del tratamiento de los proyectos sobre interpelación. La gran pregunta es cuál será tomado, si el de Mayans o el de Goerling. ¿Esto se convertiría en un obstáculo para que no se analice, al final, ninguno de ellos? Difícil saberlo. Ambos coinciden en el jueves próximo para que asista el jefe de Gabinete. Por ende, casi que los acerca, en gran medida. ¿Y qué hará la UCR? La vivencia aún fresca de la expulsión del ex senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) agiganta las especulaciones y la moneda al aire.
El momento de la verdad, los dos tercios -de los presentes-, implica la contemplación de los siguientes parámetros. Lo lógico, ver la cantidad de sentados en bancas. Luego, si Bullrich tiene a todos sus soldados ahí. En las últimas horas corrieron rumores sobre legisladores que prefieren no estar o que, en el peor de los escenarios, no se hallarán por la Ciudad de Buenos Aires. El deber básico de quien comanda una bancada es tener entera a su tropa cuando lo precisa el Ejecutivo. Sería un papelón para la Casa Rosada y una mala señal para inversiones que miran cómo este episodio lima el control del Congreso.
La Libertad Avanza tiene 21 integrantes. En caso de ausencias, y si se visualizara un probable acompañamiento en conjunto para interpelar a Adorni del kirchnerismo y del PRO -como indican las iniciativas de Mayans y Goerling-, el radicalismo se enfrentará a un problema no menor, con gobernadores que tienen buen diálogo con Balcarce 50 y legisladores que prefieren que lo del funcionario lo resuelvan los hermanos Milei. Bajo la línea de flotación aparecen varios silvestres provinciales y dos o tres pícaros peronistas que -ahora- dicen no ser más cristinistas. Suelen moverse según el viento del día, si es que no hablaron antes con la administración central. Se presume lo último, aunque a veces puede no ser suficiente. Como le pasó a Kueider.
Bajo este escenario, lo único cierto es el riesgo de llegar al recinto con diversos senderos. Quien hizo bien alejarse de algunos primeros planos ayer -una de sus grandes obsesiones- fue la propia Bullrich, quien no quiere quedar señalada como la titiritera detrás de algo que podría terminar muy mal para La Libertad Avanza. En cambio, en otros despachos confiaban en señales relacionadas con que Balcarce 50 habría hecho su “tarea”. Se corroborará este mediodía.
De confirmarse los dos tercios, sobrará también para la mayoría absoluta y Adorni tendrá que asistir el próximo jueves. Si no, salvo que aparezca antes otra resolución a los ponchazos -¿convocar a Asuntos Constitucionales, por ejemplo?-, se continuará con la sesión. Pliegos judiciales, ascensos diplomáticos trabados hace meses, convenios internacionales y propiedad privada aparece en el acta de Labor.
La ley que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue fileteada a gusto por radicales. La ex ministra de Seguridad no puso reparos a esto y el articulado final recién se explicará durante la sesión. El texto modifica cuestiones no menores sobre expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y la quita de prohibiciones en la ley de manejo del fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la presidencia de su “compañero” Alberto Fernández. Todo esto estará en juego en el convite que liderará el titular provisional del Cuerpo, el oficialista Bartolomé Adala (San Luis), debido a que Victoria Villarruel ya reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo por el viaje al exterior del primer mandatario.
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“La Libertad Aguanta”: la defensa de Adorni suma complicaciones al Gobierno y genera dudas en el PRO
Publicado
19 minutos haceen
25 junio, 2026Por
Mayra Pastor
Manuel Adorni se convirtió, para propios y ajenos, en el símbolo de un capricho presidencial. La política ya no habla del jefe de Gabinete por la cascada, las jubiladas, la escribana o las criptomonedas: su incómoda permanencia en el Gobierno es, en sí misma, la que hoy irradia problemas para el oficialismo en todos los ámbitos.
“Estamos acá, sosteniendo”, soltó esta semana un ministro del gabinete. El factor Adorni tiene sumida a la gestión nacional en un sopor que provoca un hastío en todos. No es solo a Patricia Bullrich, que ya ni se gasta en disimular: numerosos funcionarios, legisladores y dirigentes del oficialismo están agotados de cargar con el tema.
Anoche, el Gobierno consiguió una victoria parlamentaria con la media sanción -ajustada- del Super RIGI en Diputados y con la aprobación del acuerdo con los holdouts. Fue solo una bocanada de oxígeno. El affaire Adorni se estiró tanto (pasaron más de cien días desde aquella primera foto de Bettina Angeletti en Nueva York) que la dinámica en el Congreso pasó a ser muy hostil para el oficialismo y la mayoría de proyectos del Poder Ejecutivo continúan trabados. No solo eso: los logros económicos siguen opacados, las redes libertarias no tienen guion y la estrategia electoral de cara al 2027 permanece en stand by. El clima interno, en definitiva, está cada vez más espeso porque todos los esfuerzos están en salvar al ministro coordinador. “La Libertad Aguanta”.
En ese contexto, esta semana cobraron enorme relevancia las negociaciones con los aliados del PRO para que no avanzara una moción de censura contra el jefe de Gabinete. El partido amarillo camina por el angosto sendero del republicanismo: dice que quiere avanzar con una interpelación a Adorni pero no quiere acelerar la burocracia para no quedar pegado al kirchnerismo.
El PRO tiene, además, sus propias fisuras. Están los colaboracionistas que, como Cristian Ritondo, le quieren dar más tiempo al Gobierno amparándose en lo institucional. El clásico “ayúdame a ayudarte”.
En cambio, aquellos que reportan más directamente a Mauricio Macri —como los diputados Fernando De Andreis o Darío Nieto— se muestran más determinados a avanzar con la interpelación. Son los que advirtieron en el comunicado del bloque PRO: “El caso Adorni se va a tratar”.
¿Y Martin Goerling? ¿A quién responde? Se trata del senador misionero y titular del bloque PRO en la Cámara Alta que ayer, sorpresivamente, presentó un proyecto de resolución para insistir con una interpelación de Adorni el 2 de julio. Hay quienes dicen que responde a Macri. Otros, en cambio, resaltan que en el fondo nunca dejó de responder a Patricia Bullrich, que supo ser su jefa política.
Se trata de la misma Bullrich que el martes negoció con los aliados en el Senado dar de baja el informe de gestión de Adorni previsto, justamente, para el próximo jueves. La cita se había fijado la semana pasada, pero se encaminaba a ser una carnicería: los senadores no enviaron preguntas al Poder Ejecutivo para no convalidar al ministro coordinador en su cargo. No quisieron prestarse a otra puesta en escena como la que tuvo lugar en Diputados a fines de abril, aquella presentación en la que el jefe de Gabinete dijo que no hubo “ocultación alguna” en sus declaraciones juradas.
En su afán por sostener a Adorni (como diría el politólogo Pablo Salinas, se da la anomalía de “un gobierno protegiendo a su fusible y no al revés”) el oficialismo incurre todas las semanas en papelones.
A Bullrich la escucharon insultar el martes a la noche cuando el jefe de Gabinete publicó un tuit para decir que él estaba a disposición del Senado. “Lo hago zafar de que no lo masacren, lo saco del centro de la escena para que empiece una comunicación distinta y él se mete de nuevo. No se puede trabajar así”, se quejó la senadora puertas adentro.
La intención de Adorni fue dejar en claro que él no “arrugó”, sino que fue el Senado el que prescindió de su informe de gestión. ¿Tiene sentido que siga cuidando su imagen con ese tipo de mensajes en redes sociales?
El tuit de Adorni, en tanto, hizo juego con el ánimo que hoy tiene Karina Milei de marcarle la cancha a Bullrich. Las reuniones en la Casa Rosada organizadas esta semana por la hermana del Presidente con los senadores de LLA estuvieron orientadas a ordenar la tropa y recordarles quién manda.
Coletazos
Si se amplía la mirada, los últimos movimientos en el Congreso se proyectan sobre el panorama electoral que seguramente crecerá apenas culmine la fiebre del Mundial: ¿PRO y LLA van a jugar juntos o separados en 2027? ¿Volverán los frenemies de centroderecha a sellar un acuerdo pragmático?
En el karinismo —donde suele imperar la lógica de la imposición— comenzaron a reconocer tímidamente que una alianza con los amarillos será necesaria para allanar el camino de la reelección de Milei. La ecuación en ese campamento es que LLA podría aceptar un acuerdo en la Ciudad (y además sellar una alianza atrás de Diego Santilli en la provincia) si eso garantiza que no habrá un candidato de PRO a la presidencia. “Aunque saquen cinco puntos, nos hacen daño”, reconoció un importantísimo referente cercano a la hermana presidencial. Y admitió: “Toda la estrategia electoral está paralizada. Así como estamos hoy, no nos podemos sentar a negociar con nadie”.
El factor Adorni se cuela en todas las esferas del Gobierno. El próximo lunes, el Ministerio de Justicia estará en condiciones administrativas de remitir al Senado los dos pliegos más trascendentes del año: el de los candidatos a camaristas de Comodoro Py en reemplazo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Tal como adelantó Infobae, en las ternas que tiene el Poder Ejecutivo hay seis nombres, pero la versión más fuerte es que los elegidos serán el propio Bertuzzi y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico. El problema para el titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, es que ahora se enfrenta a un recinto mucho más enrarecido que el que aprobó, por caso, el pliego de su padre Carlos “Coco” Mahiques a mediados de mayo.
La dinámica de las redes también se ve afectada. Ni siquiera los videos de Jesica Cirio, con una cantidad obscena de dólares en efectivo en un placard de Martín Insaurralde, lograron sacar los reflectores encima de Adorni. La consultora Ad Hoc midió que el 18 y 19 de junio, el volumen de conversación del caso Insaurralde-Cirio fue muy similar al generado por Adorni en ese mismo período.
Los tuiteros libertarios intentaron, tímidamente, extrapolar la corrupción de Insaurralde hacia todo el PJ. El diputado bonaerense y cabecilla de la estrategia digital de Las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo, resaltó una gorra de Juan Domingo Perón al lado de los fajos de billetes. Santiago Oria, el videógrafo elegido por Karina Milei como nuevo influencer estrella, apenas retuiteó un mensaje de Marcos Galperin, que subió los videos de Cirio y comparó: “Entre $20 y $40 palos. Pero Adorni tenía una cascada…”.
Un importante referente libertario en la provincia reconoció con resignación: “Teniendo a Adorni adentro, no podemos salir a decir nada de Insaurralde. No nos da la cara”. Si se tiene en cuenta que para Milei la moral es una política de Estado, el paralelismo es muy incómodo.
La preocupación de Milei
Tras varios meses de desasosiego por la caída de la actividad y aceleración de la inflación, por fin los indicadores económicos están mostrando signos de repunte (la economía creció un 0,7% en el primer trimestre). Esos datos de la macro son la base mínima para hablarle a un ciudadano de a pie que no siente alivio en la micro y que sigue padeciendo el ajuste en el bolsillo. El affaire Adorni no está permitiendo reconstruir esas expectativas.
Milei tomó nota y mostró una reacción a medias con el nombramiento de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa. El martes, en el evento de la Fundación Faro, quedó en claro cuál es la mayor preocupación del Presidente cuando dijo sobre su flamante portavoz: “La experiencia de Adrián como divulgador económico es fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión puedan llegar a todos los argentinos”.
El jefe de Estado también tiene en claro que quiere preservar del barro a Luis “Toto” Caputo. Milei dejó saber internamente que el mensaje económico tiene que ser coherente y prolijo en esta etapa. “Muy cuidado diría”, dijo un colaborador de la Casa Rosada al tanto de ese pedido, que busca no entorpecer la labor del equipo económico.
La otra novedad que arrojaron los nuevos nombramientos en la Casa Rosada es que fue Milei quien seleccionó a los nuevos funcionarios. “Fue una decisión de Javier y él se lo comunicó a Karina. Le avisó, no la consultó”, dijo a Infobae alguien que conoce de cerca a los dos hermanos. El Presidente —que tiene paciencia para Adorni, pero está harto de la puja de poder entre Santiago Caputo y su hermana— quiso que las designaciones no quedaran entrampadas en la interna.
Según informó Infobae, tanto Ravier como Fernández tuvieron, durante sus primeras horas en Balcarce 50, largas reuniones con Karina y con Caputo por separado. La hermana del Presidente se aseguró de mostrarse con ellos en sociedad durante el evento de la Fundación Faro. Pero el asesor presidencial da por descontado que, al final del día, son de su palo.
El cocktail de la Fundación Faro de esta semana tuvo lugar, una vez más, en el Yacht Club de Puerto Madero, que pertenece al Grupo Neuss, holding liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos de la infancia de Caputo y cuyos negocios se expandieron al calor de la era Milei. Esta vez no fue un evento de recaudación.
Por cierto, en el Gobierno aseguran que es “caso cerrado” el emplazamiento que le hizo la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Fundación Faro para que le informe quiénes fueron los donantes que le aportaron casi $5000 millones en 2024. El think tank es coordinado por Francisco Caputo, el hermano del asesor presidencial. Y la IGJ responde a Mahiques, del riñón de Karina. “Al otro día se presentaron los papeles. Está terminado ese tema. Pasó a ser un expediente más”, aseguró un colaborador de ese ministerio.
Fabián Fernández, en tanto, venía trabajando en la comunicación institucional de YPF de la mano de Guillermo Garat, ex socio de Caputo en la consultora Move Group. En la prehistoria, el flamante funcionario trabajó en la comunicación de Néstor Grindetti, en Lanús. Tiene, así, el expertise de lo conurbano mezclado con lo corporativo, sumado a un amplio abanico de vínculos acumulados a lo largo de los años.
Milei apeló a la pecera de Caputo para seleccionar a los funcionarios, pero todo ocurrió en la charla de seis horas que tuvo con Adorni el viernes pasado en Olivos. No sorprende que el jefe de Gabinete haya recomendado a Fernández: el ministro coordinador no llegó con un equipo propio. Importantes colaboradoras suyas, Aime “Meme” Vazquez o Belen Stettler, también vienen referenciadas de Move Group.
Esa es una gran diferencia entre los casos de corrupción que invadieron la agenda política. Insaurralde hoy es un fantasma que conserva mucho poder en la provincia de Buenos Aires. Adorni, en cambio, figura en todas las fotos oficiales, pero no tiene un dispositivo propio. Si dejara el cargo, no generaría mayores huecos en el organigrama.
Un referente libertario analizó: “Nosotros somos bomberos piromaníacos apagando el incendio de Adorni. Insaurralde, al menos, se fue el mismo día que se destapó lo del yate en Marbella”.







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