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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Kicillof y el cristinismo pausaron la interna: Máximo Kirchner presidirá el Congreso del PJ bonaerense

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El peronismo en la provincia de Buenos Aires transitó las últimas 24 horas para definir los movimientos formales que el PJ bonaerense debía ejecutar como partido. Este miércoles, el gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión del Consejo en la que se ratificó que Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario. Se proclamará el próximo 21 de noviembre en La Plata, bajo una modalidad híbrida.

El entendimiento llegó luego de una reunión que Kicillof y Kirchner mantuvieron el martes en La Plata. También participaron la vicegobernadora Verónica Magario; los intendentes Mariano Cascallares, de Almirante Brown, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora; y el jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. Este miércoles se formalizó en un encuentro más amplio, con la presencia de los consejeros.

El encuentro previo permitió resolver la distribución de responsabilidades partidarias antes de la reunión del Consejo. Kicillof conserva la presidencia del PJ provincial y el líder de La Cámpora quedará al frente del Congreso, uno de los órganos de mayor peso en la estructura interna.

La decisión representó una tregua entre el Movimiento Derecho al Futuro, el sector político que responde al gobernador, y el cristinismo. El acuerdo no eliminó esas diferencias, pero evitó que se trasladaran a una reunión convocada para cumplir con requisitos estatutarios.

El gobernador explicó que el Congreso del PJ bonaerense se realizará el 21 de noviembre y tendrá una modalidad mixta. Parte de las autoridades estará en La Plata y el resto de los congresales participará de forma virtual.

“No va a ser de esos congresos multitudinarios, sino que una parte se va a hacer acá en La Plata, donde va a estar la mesa, y el resto va a ser virtual”, detalló.

La convocatoria tendrá como una de sus funciones centrales la designación de los congresales bonaerenses ante el Congreso Nacional del Partido Justicialista. Kicillof señaló que la reunión responde también a exigencias legales vinculadas al funcionamiento formal de la fuerza.

“Tenemos plazos y hoy estamos cumpliendo esos plazos también, con lo cual es muy importante para nosotros que el partido esté absolutamente dentro de la norma”, señaló el gobernador, quien presidió una mesa rectangular escoltado por el resto de las autoridades partidarias: Verónica Magario y Federico Otermín, como vicepresidentes; Mariano Cascallares como Secretario General y el intendente de La Plata, Julio Alak, en calidad de anfitrión.

El Consejo partidario avanzó, además, en la designación de autoridades que seguían pendientes en distintas secretarías. Kicillof también destacó el funcionamiento de una aplicación para realizar preafiliaciones. La iniciativa integra una campaña para fortalecer la estructura territorial y administrativa del PJ bonaerense, mientras las principales referencias del peronismo buscan ordenar la vida interna sin anticipar definiciones electorales.

La reunión del Consejo incluyó una evaluación de la situación económica, política y social del país. Luego de las intervenciones, el partido emitió un comunicado en el que se incluyó un reclamo para que Cristina Kirchner “recupere sus derechos políticos”.

El pronunciamiento fue una de las señales hacia el sector cristinista. La situación de la expresidenta ocupa un lugar central en la agenda de La Cámpora y de los dirigentes que la acompañan dentro del peronismo bonaerense.

La incorporación del pedido permitió que el documento final expresara una posición común entre sectores que mantienen diferencias respecto de la organización política y la proyección del espacio. El acuerdo institucional, de ese modo, combinó la definición de cargos con una declaración política que ratificó el respaldo a Cristina Kirchner.

Kicillof evitó presentar la reunión como el inicio de una alianza interna más amplia. Consultado sobre si se abría una nueva etapa de diálogo, respondió que existen diferencias y debates, aunque sostuvo que los distintos sectores comparten la necesidad de ofrecer una respuesta frente a la situación económica y social.

“Más allá de las diferencias, lo que hay que dar es una respuesta a nuestro pueblo, a la provincia y a la nación para generar una alternativa”, afirmó. Planteó además que el peronismo debe mostrarse “fuerte” frente al Gobierno nacional.

El tema electoral no formó parte del debate central del Consejo. Durante la reunión no se discutieron candidaturas, alianzas ni eventuales mecanismos para ordenar la competencia interna de cara a los próximos comicios.

Sin embargo, el gobernador sí se refirió a las conversaciones que mantiene con legisladores, gobernadores y dirigentes de distintos espacios opositores por la discusión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otros cambios electorales que pueda impulsar el Gobierno nacional. “El peronismo lo que está tratando de hacer es defender los derechos electorales de la gente”, expresó el gobernador en una rueda de prensa una vez finalizada la reunión.

También criticó la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. Sostuvo que la Nación redujo recursos destinados a las provincias para luego utilizar la asistencia financiera como una herramienta de negociación política. “Es látigo y billetera”, definió.

Aunque el tema no se trató en la reunión formal, Kicillof sí admitió que forma parte de las conversaciones políticas. “Hay muchísimos casos de intendentes que habían estado un período, dos períodos, lo que sea, y no los votaron de nuevo y perdieron”, afirmó. El gobernador agregó que espera que avance una discusión legislativa sobre el tema, aunque evitó involucrarse en el mecanismo que podría utilizarse para modificar la normativa.

La cuestión es relevante para numerosos jefes comunales de distintos espacios políticos. En el peronismo hay varios intendentes que reclaman revisar los límites vigentes para sostener la continuidad de sus gestiones. Sin embargo, el Frente Renovador de Sergio Massa viene reiterando su rechazo a la modificación de la legislación vigente.

La reunión del Consejo definió una distribución de responsabilidades que permite sostener la convivencia entre los principales sectores del peronismo bonaerense. Kicillof seguirá al frente del PJ provincial, Kirchner presidirá el Congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará en la Junta Electoral.

La fórmula no resuelve las diferencias entre el kicillofismo y el cristinismo, pero establece un esquema institucional que evita una confrontación inmediata. La próxima prueba será el Congreso del 21 de noviembre, donde el PJ bonaerense deberá designar a sus representantes ante la conducción nacional del partido.

Hasta entonces, la prioridad de los sectores internos será sostener el acuerdo alcanzado en La Plata y evitar que la disputa por el liderazgo vuelva a ocupar el centro de la escena, con un Kicillof sin mayores alternativas que disputar una candidatura presidencial el año que viene.

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Bullrich se interpone en el vínculo entre el Gobierno y el PRO, crece el malestar y se demora un acuerdo electoral

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En medio de una semana atravesada por los preparativos de la visita del papa León XIV, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabaja en la convocatoria a una nueva reunión de la mesa entre PRO y La Libertad Avanza. Si bien aún no hay una fecha definida, el encuentro podría postergarse para la semana próxima. Lo cierto es que el vínculo entre ambos espacios no atraviesa su mejor momento, una situación que demora la posibilidad de avanzar en acuerdos electorales.

En Casa Rosada le facturan al partido que lidera formalmente Mauricio Macri que sus demandas exceden el peso político que le reconocen en la negociación abierta con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027. “Están retrasando los acuerdos. Piden más de lo que pueden o de lo que estamos dispuestos a dar”, puntualizó un integrante de la mesa política.

No es la única crítica que le hacen al espacio. También están quienes consideran que sus dirigentes potencian los desafíos autonomistas de la senadora Patricia Bullrich con la intención de incrementar su poder de negociación en la discusión por las listas del año próximo. Hace algunas horas, la legisladora porteña Laura Alonso destacó las capacidades de la exministra y sostuvo que busca ser presidenta en 2027.

En Balcarce 50 parecen haber tomado nota. “El PRO no tiene candidato claro. Se sube a lo que plantea Patricia para desgastar a Milei y ella está cerca de pegar la vuelta y pagar un costo carísimo. Se va a quedar sin espacio”, sostuvieron desde Balcarce 50.

A contramano de Alonso, desde el partido amarillo rechazan esa posibilidad y toman distancia de su excandidata, actualmente afiliada a La Libertad Avanza. Además, recuerdan las críticas que la legisladora dirigió contra el espacio que supo integrar. “Nosotros con Patricia ni a medio centímetro. Ella nos dijo que no bancábamos todo, que éramos tibios. Ahora es ella la que no banca todo y los tibios somos nosotros”, arremetió un dirigente del PRO ante este medio.

Si bien esta semana debería concretarse un nuevo encuentro, de acuerdo con la periodicidad quincenal que suelen mantener, hasta ahora no llegó la confirmación. Por estas horas, Santilli trabaja en la coordinación de agendas y se muestra expectante ante la posibilidad de cerrar los entendimientos. “El Colo ve bien la relación y hasta ahora su optimismo siempre funcionó”, plantearon desde su entorno.

En ambos campamentos sostienen que el intenso cronograma previsto por la visita de León XIV, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre, complica los planes y coinciden en que todavía hay margen para avanzar en las conversaciones sin apurar los tiempos.

En los últimos días, el propio Macri cuestionó los intercambios al sostener que “no se ha avanzado en nada” en referencia a las reuniones que protagonizan Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, junto a los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem y Diego Santilli por la administración libertaria en Casa Rosada.

Algunas voces libertarias coinciden en el diagnóstico del exmandatario y adjudican las demoras a la decisión de La Libertad Avanza de no cerrar acuerdos con ningún sector, incluidos los gobernadores, para intentar mejorar sus condiciones a la hora de sentarse a negociar.

La interna que atraviesa al PRO, abierta entre los primos Jorge y Mauricio Macri, también interfiere en el escenario. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió inicialmente retomar el canal de diálogo con Mauricio Macri, pero en los últimos días dejó ver la buena sintonía que mantiene con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“A Mauricio le jode el coqueteo con Jorge, por eso sale a decir lo que dice”, expresó un funcionario del oficialismo. “Está bien incomodar un poco a Mauricio”, expresó otra voz con acceso al despacho del presidente Javier Milei.

No obstante, en el PRO piden prudencia y se muestran pacientes respecto de las conversaciones electorales. “Falta mucho de verdad. A principios de noviembre de 2022, Milei medía 6 o 7 puntos, Horacio (Rodríguez Larreta) era presidente y (Sergio) Massa no era candidato. En octubre del 2018, Alberto Fernández no estaba en la cuenta de nadie y Macri era reelecto”, ejemplificó un alfil amarillo.

La conveniencia de no apurar las definiciones también se discutió durante la última reunión de la mesa ejecutiva del partido fundado en 2015, que no sirvió para resolver el debate abierto en torno a la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), contemplada en la reforma electoral que impulsa el Gobierno. “Nada es fácil”, respondieron desde la administración libertaria, donde creen que, tarde o temprano, el PRO los acompañará en el Congreso.

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El embajador de EEUU ratificó el apoyo de Trump a la Argentina tras la derrota republicana: “Nuestro compromiso es firme”

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Luego de que se pusiera en duda la estabilidad del vínculo entre la Argentina y Estados Unidos, tras la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas, el embajador estadounidense Peter Lamelas afirmó que el resultado no alterará la relación bilateral con el Gobierno de Javier Milei.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, sostuvo Lamelas en un comunicado publicado este jueves en la red social X, después de que el Partido Republicano, liderado por el presidente Donald Trump, no obtuviera los votos necesarios para mantener las mayorías en ambas cámaras del Congreso.

Pese a esto, el embajador sostuvo: “Quiero transmitir un mensaje claro: nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo”.

De este modo, el diplomático enmarcó el vínculo en la sintonía entre Trump y Milei. “Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto al presidente Javier Milei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países”, señaló.

El comunicado emitido por el embajador estadounidense desde su cuenta en X

Por este motivo, remarcó que la relación entre Washington y Buenos Aires se sostiene sobre intereses que, según planteó, no dependen de las mayorías legislativas. “Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones”, afirmó.

En este contexto, Lamelas vinculó ese entendimiento con la agenda de inversiones, comercio, empleo y seguridad. “Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos”, enumeró.

También aseguró que continuará trabajando para que los acuerdos entre ambos gobiernos se traduzcan en medidas concretas. “Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos”, indicó, antes de cerrar el mensaje con una consigna: “¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”.

El pronunciamiento de Lamelas se produjo un día después de las elecciones de medio término que dejaron al oficialismo de Trump sin el control en el Capitolio. Desde la Casa Rosada habían señalado que el resultado no iba a suponer un giro en la relación geopolítica con Washington, aunque admitieron que podrían aumentar los controles políticos sobre las herramientas de asistencia financiera.

Según explicó el economista Marcelo Elizondo, el nuevo escenario puede acotar el margen del presidente estadounidense en la política interna, mientras que conservaría instrumentos propios en el terreno exterior. “Trump se va a dedicar ahora más a lo exterior”, planteó durante un diálogo en Infobae en Vivo.

A pesar de esto, advirtió que el dominio de los demócratas en el Capitolio podría interferir a la hora de sellar un acuerdo económico con la Argentina. “Si quisiera hacer un acuerdo de libre comercio con la Argentina, debería pasar por el Congreso”, indicó.

No obstante, el especialista diferenció el swap ya aprobado de eventuales recursos destinados a inversiones de compañías estadounidenses. Sobre estos últimos, mencionó anuncios por USD 7.000 millones, con la posibilidad de que el monto ascienda a USD 20.000 millones, aunque remarcó que todavía no estaba claro el grado de aprobación de esos fondos.

Fuentes del gobierno argentino consultadas por este medio ratificaron que el vínculo estratégico con Estados Unidos no está en discusión. Sin embargo, consideran que los demócratas podrían impulsar investigaciones y pedidos de información sobre operaciones previas de apoyo al peso argentino.

El Fondo de Estabilización Cambiaria, instrumento utilizado para ese tipo de asistencia, no requiere una aprobación del Congreso. La principal incógnita pasa por si un Congreso adverso para Trump puede volver más lentas o más exigentes las futuras decisiones vinculadas a la Argentina.

“Trump va a seguir entendiendo a Argentina como una ficha esencial, no solo por su amistad y coincidencia ideológica con Milei, sino también por cuestiones geoestratégicas. En ese punto no nos cambia, según mi punto de vista”, analizaron.

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