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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Gira presidencial: Milei se encontraría con Trump durante una sesión del Escudo de las Américas en la ONU

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(Enviado especial a Nueva York, Estados Unidos) Es probable que Javier Milei y Donald Trump se encuentren hoy en la sede de las Naciones Unidas durante una sesión extraordinaria de la iniciativa Escudo de las Américas, que fue creada por la administración republicana para enfrentar a los carteles regionales de la droga asociados a Irán y China.

La reunión está prevista para las 14.30 (una hora más en Argentina), y hasta ayer a la tarde, en lugar de Milei y Trump se había anunciado la participación del canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, asumiendo la importancia geopolítica que se asigna al Escudo de las Américas, tanto Trump como Milei decidieron participar de esta sesión extraordinaria en la ONU.

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Discapacidad: nuevo desafío para el oficialismo en Diputados y más sospechas en un área sensible

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El oficialismo busca rearmar en velocidad un acuerdo con aliados y dialoguistas sobre el área de discapacidad. Lo hace con la mirada puesta en la reunión de comisiones de Diputados prevista para este miércoles, aunque el tema desborda los límites legislativos. El proyecto de Presupuesto 2027 dinamitó la movida que avanzaba en la Cámara baja, además de desconcertar a los operadores de LLA y alimentar otro capítulo de la interna. Y ahora, esa tensión condiciona las tratativas, porque lo que aparece en juego es hasta qué punto puede ceder el Gobierno. Todo remite a un tema especialmente sensible, que acaba de añadir la renuncia del funcionario nacional del rubro y agrega sospechas a ese clima enrarecido.

De manera inesperada, en este marco y con un texto de tres líneas, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Dijo que su salida sería inmediata –“a partir de este momento”, escribió- y como es habitual, agregó que se trataba de una decisión tomada por “razones estrictamente personales”. No hubo explicaciones oficiales sobre esta nueva baja y más allá de las cuestiones de desgaste, que existen, el hecho fue vinculado a los cruces y malestares que produjo el ajuste en discapacidad incluido en el Presupuesto, aunque no sería lo único.

Como se sabe, la letra del proyecto oficial sacudió el tablero interno. La reacción visible fue protagonizada por Patricia Bullrich: sostuvo que el tema no había sido planteado previamente en la “mesa política” del oficialismo y advirtió que atentaba contra el armado de alianzas en el Congreso. Después, y a pesar del intento de Olivos por restarle trascendencia al cruce y aplacarlo, la senadora descalificó explicaciones de Diego Santilli, que buscaban distender el clima sin entrar en cuestiones de fondo.

En la misma línea para apaciguar las aguas internas, el Gobierno dejó trascender de inmediato que ese capítulo del Presupuesto no correría tal como fue redactado. Y reanimó las conversaciones con socios y aliados en Diputados. Prometió que será aplicado lo que sea acordado frente a la movida de la oposición y otros espacios, que impusieron el tratamiento de una respuesta sobre la emergencia en el área de discapacidad.

Se verá ahora el alcance de las tratativas para lograr dictamen en comisión. Por lo pronto, el malestar en filas libertarias fue generado no sólo por la falta de anticipo -que expuso incluso a la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem-, sino además por lo que algunos consideran un costo por el grado de insensibilidad en la materia y otros, como un error en la batalla discursiva.

En cualquier caso, la renuncia de Vilches agregó un ingrediente propio dentro de un ministerio que ya viene enfrentando otras tensiones, como ocurre con el manejo del PAMI. Un juzgado federal de Córdoba acaba de reponer el tema de las demandas judiciales: dispuso avanzar con una investigación sobre Lugones y el titular de la obra social de jubilados, Esteban Leguízamo, por presunto incumplimiento de una orden de regularización de pagos a proveedores de servicios de salud.

No es solo eso. La decisión del ahora ex funcionario impacta especialmente por la historia reciente del área, aun en el caso de se tratara de razones personales. Llama la atención que se haya concretado días después de que circulara un informe administrativo – es decir, impulsado por su gestión- con números que no cierran sobre la etapa de Diego Spagnuolo, procesado en la causa que investiga la existencia de un sistema de corrupción en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.

Vilches asumió como interventor de la ANDIS en agosto del 2025 -y siguió como secretario de Estado- luego de la crisis que generaron las denuncias sobre coimas en ese organismo. El referido informe analiza las cuentas hasta su llegada al cargo y registra inconsistencias millonarias en materia de deudas a proveedores. No extraña que la renuncia alimente especulaciones sobre la intención de dejar sentada su diferenciación de la primera etapa en esa área y las posibles estribaciones sistémicas.

El caso Spagnuolo es seguido de cerca por el Gobierno y recrea cada tanto inquietudes por su efecto público. El foco se correrá el miércoles hacia Nadia Beller, víctima de un ataque por el que su ex pareja, Fernando Cerimedo, sigue detenido en Bolivia como principal sospechoso. Está prevista una declaración por videoconferencia, desde Santa Cruz de la Sierra, ante el fiscal Franco Picardi. Beller dijo que tiene grabaciones en las que Cerimedo, de conocidos vínculos con el circuito libertario, habla de manejos de corrupción en la ANDIS.

La expectativa siempre abierta por este caso y la renuncia de Vilches agregan por distintas vías sus propios ingredientes al tema de discapacidad. De todos modos, al menos hasta ahora, el mayor sacudón fue producido por la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso. Las miradas estaban puestas como siempre en algunas previsiones centrales -PBI, superávit, inflación, dólar, inversiones-, que en algunos casos suelen ser desbordadas por la realidad, como viene ocurriendo este año con los pronósticos sobre crecimiento y evolución de los precios. Eran esperables negociaciones con aliados y disputas con opositores en cuestiones como discapacidad y universidades.

Nadie esperaba un recrudecimiento de las internas en el oficialismo como la que disparó el capítulo de ajuste presupuestario en discapacidad. Impactaron especialmente cuestiones como la intención de borrar los ajustes por inflación de los montos del nomenclador o la vuelta a un esquema por “invalidez” mínimo (unos 300 mil pesos) que podría ser dado de baja si la persona consigue empleo formal o tiene ingreso como monotributista. Resultó indigerible para aliados y dialoguistas.

Las negociaciones son llevadas adelante por Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, de línea con Bullrich, que luego del temblor generado por el proyecto de Presupuesto tuvieron señales de respaldo expreso de Martín Menem y Diego Santilli. Es un interrogante hasta qué punto llegará la flexibilidad del Gobierno para avanzar con una “ley superadora” -así es mencionada- que asegure a los socios, del PRO y del bloque oficial del radicalismo, y recupere apoyos de legisladores alineados con gobernadores y otros espacios de buen trato con LLA.

El oficialismo enfrenta un nuevo round de la pelea motorizada por la oposición, que impuso el tratamiento de este tema y también el debate sobre la morosidad. Y espera que esta vez la interna no le juegue en contra. Doble desafío.

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En un clima de convulsión interna, el Gobierno se reúne hoy para resolver las tensiones por el Presupuesto 2027

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó la decisión de bajarse del viaje a los Estados Unidos y quedarse en Buenos Aires para, entre otras cuestiones, encabezar la habitual reunión de la mesa política que en esta oportunidad se dará en medio de un clima de tensión interna por las críticas de Patricia Bullrich ante la falta de coordinación alrededor del Presupuesto 2027 y la posterior renuncia del secretario de Discapacidad, el área que generó toda la polémica.

A partir de las 13:00, la cúpula libertaria volverá a encontrarse para limar asperezas y analizar qué fue lo que sucedió con el envío al Congreso del proyecto que tenía modificaciones que no conocían los propios referentes parlamentarios del oficialismo.

No solo la jefa del bloque en el Senado, sino que también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es quien recibió el texto la noche del 15 de septiembre, reconocieron que no estaban informados sobre los cambios.

“Bueno, técnicamente no es un recorte. Es un recorte solo si se lo compara con las expectativas que había, o con un dictamen que se está negociando”, argumentaron ante Infobae en uno de los despachos que intervinieron en la redacción de la norma.

Puntualmente, lo que desató el conflicto fue el capítulo VI, conformado por los artículos 36 a 41, que entre otros puntos deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, acusó Bullrich.

Luego de dar claras señales de malestar al interior del Gobierno, la senadora también le respondió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había intentado justificar la descoordinación asegurando que la ex ministra de Seguridad no se enteró de la medida porque se tuvo que retirar prematuramente de la última reunión de la mesa política, la semana pasada.

Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, contestó la actual legisladora nacional.

En esta misma línea, durante una entrevista televisiva, Bullrich anticipó con tono jocoso que esta vez “va a llegar antes” al encuentro y que se va a “quedar hasta el final”. Hasta ese momento, tenía dudas de si asistir o no a la convocatoria.

En el entorno de la secretaria general, sin embargo, continuaban minimizando la situación y negaban que haya una interna, sino que lo calificaban como “una diferencia de opiniones”.

Tampoco había un enojo con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a la que le reconocen una personalidad fuerte que se caracteriza por no disimular los enojos.

Aunque, como ocurre siempre, a los miembros del grupo no se les adelantó el temario de la jornada, varios ya daban por descontado de que esta interna iba a ser parte de la charla: “¿Te parece poco el dato de que haya renunciado el director de la ANDIS?”, resumió uno de los funcionarios que participarán de la mesa política.

La referencia era a Alejandro Vilches, quien dejó su cargo este lunes al mediodía mediante una carta en la que alegó motivos personales, y todavía no tiene reemplazante.

Mientras la cúpula decide quién será su sucesor, el área quedó en manos de Esteban Giler, actual subsecretario de Políticas de Accesos y Apoyos del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones.

“Todavía no nos dijeron nada, pero asumo que el tema va a salir en el transcurso de la conversación“, reconoció otro de los miembros de la cúpula libertaria.

Antes de eso, Santilli tendrá la difícil tarea de recibir en su oficina al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que organizó la cita antes de que estallara el conflicto en la Casa Rosada.

“El Colo” buscará que el mandatario provincial le dé su apoyo, justamente, para aprobar el Presupuesto 2027, que estiman que se comience a debatir a principios de octubre.

Vilches había asumido al frente del organismo, como interventor, luego de la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios que derivaron en una causa por presunta corrupción en las compras de medicamentos y servicios.

A la vez, mantenía funciones como secretario de Gestión Sanitaria y había tenido exposición pública en los últimos meses por la organización de la nueva evaluación para aspirantes a residencias médicas.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendoefectiva la misma a partir de este momento. Motivan mi desición razones estrictamente personales, agradeciendomis designaciones y la confianza que usted me depositara”, expresó el ahora ex funcionario en una carta dirigida a Lugones.

El Gobierno estaba trabajando desde hacía tiempo en un nuevo proyecto ”superador” para reemplazar la ley de emergencia en este sector y dejar conforme a los otros bloques en el Congreso.

El oficialismo pretende que los acuerdos que alcance con sus aliados queden reflejados en el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones, con el objetivo de conseguir un dictamen favorable y evitar que el capítulo de discapacidad derive en una nueva derrota parlamentaria.

Además de Karina Milei, Santilli, Bullrich y Martín Menem, la mesa política está integrada por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Quién no podrá estar esta vez será el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo -principal acusado por la senadora de no avisar de los cambios en el texto-, ya que se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei a la asamblea general de la ONU.

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