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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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“Campaña permanente”: Bullrich profundiza su autonomía y expone la necesidad de los Milei por sostenerla

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“Con Patricia no alcanza, sin Patricia no se puede”, ilustró ayer, con cierto grado de humor por la alusión a Cristina Kirchner, un importante referente libertario. “Ni en pedo se va Patricia”, agregó, poco sutil, un alto funcionario de la Casa Rosada, dos horas después de que Patricia Bullrich volviera a desmarcarse de la bajada de línea de los Milei sobre Adorni

En la Casa Rosada ratifican a la ex PRO por pura necesidad de retener el voto huérfano amarillo que acaparó Milei, y en el entorno de la propia titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado la sienten intocable. Están convencidos no sólo de que no se va, sino que su figura es de alta importancia para el Gobierno, donde tiene una libertad de acción quizás inédita en el celoso y estricto reinado de Karina Milei.

De hecho, aseguran con confianza, Bullrich mantendrá intacto su esquema de “campaña permanente”, con frecuentes mensajes, tuits y spots para sacar provecho de los momentos políticos -aunque compliquen al Gobierno, como en el caso de la respuesta a Adorni. También tiene previstos viajes al interior: uno de los próximos es a Santa Fe, viene de Mendoza y Chile, y planea una nueva actividad en CABA. Y, sobre todo, sin consultar sus pasos y planes a nadie que no integre el círculo bullrichista.

Bullrich participa de la mesa política del Gobierno como una más, por debajo del liderazgo de Karina Milei y del propio Adorni, al que fustiga por su causa por supuesto enriquecimiento ilícito cada vez que tiene oportunidad. De hecho, ayer estuvo en la más reciente edición de esa instancia de decisiones que comanda el jefe de Gabinete a pesar de que minutos antes había emitido declaraciones contra Adorni y su falta de “ética”. Pero en paralelo Bullrich mantiene vigente, semana a semana, su propia instancia de decisiones estratégicas.

La mesa política de Patricia Bullrich se reúne todas las semanas, sin falta, y actúa en modo de “campaña permanente”, tenga o no un rumbo claro hacia un cargo específico. Está integrada por su Director de Comunicaciones y vocero histórico, Carlos Cortés, el ex diputado nacional Gerardo Milman y actual Damián Arabia, y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, junto al asesor en estrategias digitales, funcionario en el Ministerio de Seguridad, Lucas Palatnik, entre otros.

Esa mesa, por caso, diseñó el video con la canción “Se dice de mí” que difundió Bullrich en sus redes el lunes, y que cayó como un balde de agua fría en el karinismo, porque fue registrado como evidencia cabal de que Patricia coquetea con la posibilidad de presentarse como candidata a la Presidencia a pesar de que Milei ya manifestó sus intenciones de buscar la reelección y la quiere como jefa de Gobierno de la Ciudad. En el bullrichismo, en cambio, ven bien que la karinista Pilar Ramírez se quede con CABA. “Sería lo natural”, deslizan, mientras los libertarios niegan que esa sea una opción real.

Cuentan que fue “Gerry” Milman quien le susurró al oído y envalentonó a Bullrich con la posibilidad de apuntar nuevamente a la Presidencia, aunque en su entorno aseguran que no hay ninguna intención de su parte en ese sentido. Además, ella “no necesita que la convenzan de nada”, dicen.

Bullrich está en boga desde que se plantó con Adorni, se envalentonan en su círculo, donde la miden prácticamente todas las semanasSubió en las encuestas, recibe más invitaciones a eventos, y el nivel de atención que recibe en los medios y las redes es exponencial. De todas formas, en un ejercicio de realismo, algunos de los que trabajan con ella desde hace décadas no se dejan endulzar. “Ella tiene picos, pero también bajones. Y en general está estable. Pero nunca se va a la B”, dijo un colaborador.

El mencionado video con la versión de “La Joaqui” de la mítica canción de Tita Merello fue el segundo del año en tono de spot de campaña. En el verano, Patricia Bullrich había lanzado uno similar, con el tema Vogue, de Madonna, por la reforma laboral.

Ella y su equipo están abocados a la misión de que la tarea legislativa, que los políticos con ambiciones de liderazgo evitan, no apague a Bullrich. “En un lugar donde hay riesgo de transformarte en un dinosaurio hay que ser creativo”, deslizan. Pero se muestran confiados en su voluntad, férrea y diaria, de mantenerse en el centro de la escena, aunque le cueste ganar enemigos en el propio Gobierno. Por el momento, esos enconos internos en su contra están latentes, pero bien disimulados.

Sin ir más lejos, el Presidente le publicó ayer una dedicatoria por su cumpleaños número 70, a pesar de que todo el Gobierno daba por sentado que la senadora volvería a caerle a su protegido Adorni. Y una vez concretada la crítica de Bullrich, Karina Milei redobló las demostraciones de cariño, con una foto de Bullrich frente a una torta de cumpleaños en la mesa política. “Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia .¡FELIZ CUMPLE PATO!!“, escribió la secretaria general de la Presidencia.

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Manuel Adorni en su hora más difícil: el fuego amigo, la presión de los aliados y el respaldo de Milei

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Desde hace tres meses, el Gobierno repite una y otra vez la misma secuencia que tiene como protagonista a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras la Casa Rosada multiplica sus esfuerzos por cambiar la agenda, la oposición, pero en particular los propios y aliados, tensionan al oficialismo y vuelven a posicionar el tema en la primera plana de los principales medios de comunicación.

Indiferente a la presión, el presidente Javier Milei evita correr a su jefe de Gabinete y asume el costo político por mantenerlo, aun cuando la causa continúa erosionando la imagen de su gestión.

“Nadie decide nada y las cosas van ocurriendo”, planteó una fuente que transita Balcarce 50 para explicar la permanencia del ministro coordinador en la plana mayor del poder, pese al desgaste que suponen los constantes movimientos en la investigación judicial. “Milei no piensa como cualquier político. No le importa que caiga. Tampoco lo político del tema”, matizó un funcionario.

Tras la reaparición mediática de Adorni, la valoración de la performance varía en función del despacho al que se recurra. En el entorno del afectado se convencen de que logró que la sociedad “empatizara” con su explicación del ahorro en negro y sostienen que su inocencia ante las acusaciones fue bien receptada. “No es un chorro y eso quedó claro. Estuvo hiper sólido”, destacaron.

No obstante, hay otras lecturas no tan optimistas. Pese a las marcadas diferencias, una coincidencia unifica al Triángulo de Hierro: la entrevista a LN+ fue un mensaje en clave judicial y, según detectan, logró su cometido. “En Tribunales sirve esta explicación”, plantearon desde el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo“Solo importa lo judicial y fiscal”, coincidieron desde el karinismo.

Ante la persistencia del tema, hay quienes detectan -con marcada resignación- el impacto de la causa en la gestión diaria, aunque no esperan una definición del Presidente sobre el tema. “Lo de ayer fue la presentación en vivo de una estrategia judicial. Todo se subordinó a eso, incluso el Gobierno”, admitió un alfil violeta ante este medio.

Lo cierto es que Adorni dedicó la semana a emprolijar la declaración que presentó ante la Oficina Anticorrupción -que se hizo pública en la web a la misma hora en la que iniciaba el Mundial 2026- y ensayó una explicación mediática de la misma con la ilusión de pasar definitivamente la página de una historia que le trajo más de un dolor de cabeza.

En esta oportunidad no hubo operativo clamor en redes, más allá de las historias de Instagram que le dedicó el mandatario para respaldarlo, sino todo lo contrario. Las únicas expresiones públicas de ajenos, propios y aliados apuntaron a cuestionar la versión sobre las Bitcoin y terminaron por acorralar a la administración libertaria que mantiene -al menos por ahora- su postura de sostener al ministro coordinador.

Como era de esperar, Patricia Bullrich volvió a tomar distancia y complicar los planes del oficialismo al calificar las explicaciones como una “omisión ética”. Las declaraciones de la legisladora no sorprendieron en la mesa política que, pese a la rudeza de sus palabras, volvió a fingir demencia y a festejarle los 70 en la reunión del jueves.

Entre bizcochuelo de vainilla con crema y cafés, los interlocutores -casi todos en tensión- realizaron un repaso de la agenda legislativa y el status de cada proyecto como si nada más pasara. “Martin Menem y Caputo se mataron y fingieron demencia. Con esta boludez, tampoco pasa nada”, minimizó un integrante del reducido círculo ajeno a las pujas.

Al principio, la foto de la insólita escena no fue difundida, pero, unas horas después, fue Karina Milei quién la hizo pública en sus redes. También fue la primera en saludar a Bullrich, seguida por Adorni. Todo un intento de querer mostrar una unidad forzada. Al término de la reunión, el ministro coordinador comunicó que cumpliría con su obligación de presentarse ante el Senado en una nueva ratificación de su lugar en la gestión.

A contramano de las gestualidades, la tensión de la legisladora con varios integrantes del Poder Ejecutivo no merma. “Le está complicando el laburo a todo el mundo. A Toto (Caputo), a Federico (Sturzenegger), al Presidente”, afirmó un ministro. “Patricia tiene otra lógica, la de la vieja política. Ella tira, tensa y muestra que tiene capacidad de daño, pero no rompe. Igual, como todo, va a pasar”, vaticinó un funcionario.

Detrás de las afirmaciones se esconde la determinación de la administración libertaria de sostener a la legisladora. La decisión no responde a su alineamiento ni a su trabajo en “el resurgimiento que hará grande a la Argentina nuevamente”, como expresó Milei en el saludo cumpleañero, sino a su volumen político y su peso propio en el Senado.

“Es cierto que antes los fletábamos por menos, pero acá no se puede echar a nadie que esté adentro. En el Congreso tiene un monopolio de senadores”, admitió una voz del ecosistema. Bullrich lo sabe y se mueve en consecuencia.

En sintonía, y en un sorpresivo movimiento, la mesa nacional del PRO resolvió hablar de “falta grave” y criticar el “error” que Adorni admitió en la confección de sus declaraciones juradas de 2023 y 2024. “No tiene ninguna justificación posible. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública”, se expidieron. Desde la dirección del espacio admitieron que se discutió un mensaje incluso más duro.

La primera en marcar la distancia fue Victoria Villarruel, que planteó que las explicaciones y el accionar del funcionario eran “una vergüenza”. Horas más tarde, presionó al Jefe de Gabinete para que anticipe su informe de gestión en el Senado previsto para julio. Lo que desconoce Villarruel es que el equipo del ministro coordinador planeaba la visita para el mes de agosto.

La contundente opinión de la vicepresidente sobre la entrevista de Adorni

“No vamos a responderle a Vicky”, plantearon desde el entorno del ministro coordinador, que prepara su estrategia de defensa para hacer frente a la moción de censura que la oposición presentó en la Cámara de Diputados.

La secuencia se repite: una nueva revelación da pie a otra explicación y a un nuevo intento oficial por dar vuelta la página. Sin importar el costo político ni las dificultades para capitalizar los primeros indicadores económicos positivos, el Presidente mantiene intacta su decisión de sostener a Adorni. La incógnita ya no pasa por conocer cuál será el próximo capítulo, sino cuánto tiempo más podrá el Gobierno convivir con una historia que, tres meses después, parece no tener fin. Porque en Balcarce 50, igual que en Macondo, el tiempo no pasa, da vueltas en redondo.

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Duro comunicado del PRO contra Manuel Adorni: “No tiene justificación posible”

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Manuel Adorni

El PRO salió este jueves a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la presentación de una nueva declaración jurada que el funcionario realizó ante la Oficina Anticorrupción, con correcciones que buscan justificar el incremento de su patrimonio. El partido que conduce Mauricio Macri calificó la situación como “una falta grave” y advirtió que un funcionario no puede sostener públicamente que no ocultó nada para luego admitir que sí lo hizo. “Eso no tiene ninguna justificación posible”, señalaron desde la fuerza opositora.

La declaración del PRO llegó horas después de que Adorni presentara una reconstrucción integral de la evolución económica familiar que incorpora activos no declarados en presentaciones anteriores. Entre ellos, aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, ingresos derivados de herencias y modificaciones en la composición patrimonial compartida con su esposa, Bettina Angeletti.

El comunicado del PRO no se limitó a señalar las contradicciones del funcionario: también enmarcó su crítica en lo que describió como una responsabilidad colectiva de quienes integran el espacio del cambio. “En un momento como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, expresó el partido. La fuerza advirtió que “no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública” y reclamó “actuar con la transparencia que la sociedad exige”.

La reacción en el PRO luego de la explicación de Manuel Adorni

La voz más tajante provino del ex ministro y legislador Esteban Bullrich, quien en su cuenta de la red social X resumió su posición en dos palabras: “Es un corrupto”. La frase, sin desarrollo ni matices, ironizó con el estilo provocador que supo identificar al vocero: “fin”.

Las rectificaciones presentadas por Adorni ante los organismos de control modifican de manera sustancial el perfil patrimonial que el funcionario había informado hasta ahora. Según la reconstrucción oficial, el capital originalmente invertido en criptomonedas rondó los USD 200.000 y, a partir de operaciones de compra y venta realizadas a través de ocho billeteras virtuales, se habría transformado en los USD 513.000 incorporados a las declaraciones rectificativas. Las fuentes de la Jefatura de Gabinete sostienen que esos movimientos pueden verificarse mediante las “llaves” de acceso asociadas a cada billetera.

A ese componente financiero se suman ingresos provenientes de herencias. Tras el fallecimiento de su padre, Jorge Eduardo Adorni, en 2022, el jefe de Gabinete habría incorporado cerca de USD 57.000 por la venta de una propiedad en La Plata y aproximadamente USD 22.000 por un lote en el partido bonaerense de Daireaux, lo que totaliza alrededor de USD 79.000 en bienes sucesorios.

Las rectificaciones también abarcan dos operaciones inmobiliarias realizadas en noviembre de 2025. La vivienda en el country Indio Cuá, que figuraba únicamente a nombre de Angeletti, pasó a declararse con una participación del 50% para cada cónyuge, con un valor de compra de aproximadamente USD 120.000 financiado mediante hipotecas sobre el inmueble familiar de la avenida Asamblea. El departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, fue adquirido mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, descrito como amigo personal del funcionario, con un anticipo de USD 30.000 y financiamiento adicional por cerca de USD 100.000.

Desde la Jefatura de Gabinete reconocieron que las declaraciones juradas originales presentaron fallas. “Hubo desprolijidad. Las declaraciones del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”, explicaron fuentes cercanas al funcionario. La posición oficial sostiene que “todo el patrimonio que tiene Adorni y Angeletti es previo a la asunción como funcionario público”.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción se produjo un día después de que Adorni adhiriera al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, y más de un mes después de que el propio presidente Javier Milei anticipara públicamente que la documentación sería entregada. El PRO, por su parte, cerró su comunicado con una advertencia que apunta directamente al Gobierno: “La actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

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