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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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La provincia de Buenos Aires fue elegida Capital Mundial de la Salud Mental hasta 2029

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La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), en reconocimiento a las políticas implementadas para transformar el sistema público de atención, ampliar el acceso a los tratamientos y fortalecer los dispositivos comunitarios destinados a personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.

La distinción internacional surgió de la evaluación de la postulación y del Plan de Acción presentado por el Gobierno bonaerense, que puso el foco en los avances alcanzados durante los últimos años, especialmente en la incorporación de servicios de salud mental a los hospitales generales, la reducción de las internaciones prolongadas y el desarrollo de estrategias de prevención.

La Federación Mundial de Salud Mental es una organización fundada en 1948 que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Referencia internacional

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que el reconocimiento ubica a Buenos Aires como una experiencia de referencia internacional en la transformación de los sistemas públicos de atención, mediante un modelo que busca reemplazar progresivamente el aislamiento y las internaciones prolongadas por cuidados integrales dentro de las comunidades.

Uno de los principales avances señalados por la Provincia es la ampliación de la capacidad de atención en hospitales generales. Al comienzo de la actual gestión, solamente 11 establecimientos provinciales estaban preparados para atender urgencias e internaciones vinculadas con la salud mental y los consumos problemáticos. Actualmente, esa capacidad se extendió a los 100 hospitales generales de la red bonaerense.

Para alcanzar ese objetivo, se incrementó un 69,8% la cantidad de camas destinadas a internaciones por motivos de salud mental y se incorporaron más de 1.000 trabajadores especializados en esos establecimientos. Además, se impulsó la conformación de mesas de salud mental en los 135 municipios bonaerenses.

“La salud mental tiene que estar integrada al sistema de salud y no separada de él”, sostuvo el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, al destacar los resultados de las políticas desarrolladas.

Del encierro a la atención comunitaria

Otro de los ejes centrales de la transformación fue el proceso de desinstitucionalización, orientado a garantizar que las personas con padecimientos mentales puedan recibir atención y desarrollar sus proyectos de vida dentro de sus comunidades.

En ese marco, la Provincia pasó de contar con 74 viviendas con apoyo en 2020 a disponer de 227 en 2026. Actualmente, 743 personas reciben acompañamiento en casas integradas a la comunidad, como alternativa a las internaciones prolongadas en instituciones especializadas.

Según los datos oficiales, por primera vez la cantidad de personas externadas e integradas a la comunidad supera a quienes permanecen internadas en sectores crónicos de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales.

El proceso permitió reducir un 70% las internaciones en sectores de larga estadía y avanzar en el cierre definitivo de 28 de los 35 pabellones destinados a ese tipo de atención. Parte de esos espacios fueron reconvertidos en polos educativos y culturales abiertos a la comunidad.

La transformación también estuvo acompañada por un incremento del 37,5% en los recursos humanos destinados a tareas de atención, prevención, cuidado y acompañamiento.

En paralelo, se desarrolló una red territorial que actualmente cuenta con más de 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, a los que se suman 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

La expansión de estos servicios implicó la incorporación de más de 2.000 trabajadores a la red, con el propósito de acercar la atención a los lugares donde viven las personas y evitar que los tratamientos dependan exclusivamente de instituciones especializadas.

Prevención y acompañamiento de los jóvenes

Las políticas de promoción y prevención también ocuparon un lugar destacado en la evaluación internacional, particularmente aquellas destinadas a las infancias y juventudes.

A través del programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, el Gobierno bonaerense desarrolló actividades en 3.580 escuelas de los 135 municipios, que alcanzaron a 635.000 estudiantes.

La iniciativa incluyó más de 79.000 encuentros con 26.000 grupos y, según los relevamientos provinciales, el 94% de los estudiantes encuestados manifestó que recomendaría los talleres.

Las actividades buscan generar espacios de escucha, fortalecer los vínculos entre pares, prevenir situaciones de sufrimiento y promover el acompañamiento temprano, evitando la estigmatización de los problemas de salud mental.

En esa misma línea, durante 2026 se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, integrado por representantes de centros de estudiantes, organizaciones juveniles, universidades, escuelas secundarias y programas como Envión.

El objetivo es incorporar las experiencias y propuestas de los propios jóvenes al diseño de las políticas públicas destinadas a ese sector de la población.

La prevención del suicidio, entre las prioridades

Frente al crecimiento de la demanda de atención, la Provincia también fortaleció las estrategias de prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Más de 4.500 trabajadores del sector público participaron de instancias de formación sobre prevención y abordaje de esta problemática, mientras que se elaboraron herramientas destinadas a equipos de salud y gobiernos municipales.

Entre las medidas se encuentran una nueva guía clínica para servicios de urgencias, hospitales generales y centros de atención primaria, además de recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación para promover un tratamiento responsable de la problemática.

Desde la cartera sanitaria señalaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia destinada a detectar tempranamente situaciones de riesgo y fortalecer las redes de acompañamiento comunitario.

Un reconocimiento y nuevos desafíos

La designación como Capital Mundial de la Salud Mental permitirá a Buenos Aires ampliar los intercambios internacionales, desarrollar instancias de formación y cooperación y compartir experiencias de gestión con otros gobiernos e instituciones.

Sin embargo, las autoridades provinciales remarcaron que el reconocimiento no implica que la transformación del sistema haya concluido, sino que representa un respaldo al camino recorrido y un compromiso para sostener los cambios.

“Este reconocimiento es una validación a un camino que venimos construyendo y, sobre todo, una responsabilidad para profundizarlo”, afirmó Kreplak.

En ese sentido, la Provincia buscará consolidar los avances mediante el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031, que establece como prioridades continuar con la desinstitucionalización, fortalecer la red pública de cuidados y ampliar las respuestas frente al suicidio y los consumos problemáticos.

El programa también contempla una mayor participación de usuarios, familiares y organizaciones sociales en la construcción de políticas sanitarias.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un parque eólico en Olavarría

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Parque Eólico La Rinconada, que se desarrollará a unos 40 kilómetros de Olavarría. La iniciativa, a cargo de la empresa Vientos La Rinconada S.A.U., contempla una inversión total de US$ 230,7 millones y una potencia instalada de 94,5 megavatios (MW).

Según establece la resolución, el parque tendrá como objetivo principal abastecer el proceso productivo de la siderúrgica Siderca S.A.I.C., ubicada en Campana. Para ello, se conectará al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) a través de la nueva Estación Transformadora La China, de Transba, situada en un predio lindero al Parque Eólico Viento de Olavarría.

Del monto total declarado, US$ 218,2 millones corresponden a inversiones en activos computables, cifra que supera el mínimo exigido por el RIGI para los proyectos del sector energético. La empresa también informó que destinará US$ 110,6 millones a esas inversiones durante el primer año y otros US$ 1,4 millones en el segundo.

La iniciativa cuenta con una prioridad de despacho de 91,5 MW adjudicada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Además, el organismo elaboró un informe sobre el impacto que tendrá el proyecto en la sustitución de importaciones de energía y combustibles para el Mercado Eléctrico Mayorista.

La resolución también establece que la firma deberá acreditar, durante el primer y segundo año desde la notificación de la medida, inversiones en activos computables equivalentes al menos al 40% del monto mínimo requerido para el sector energético. En tanto, fijó el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido.

La empresa, por otra parte, no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de las divisas provenientes de cobros de exportaciones, dado que el proyecto está destinado al abastecimiento energético de Siderca y no prevé exportaciones.

Fuente: Agencia DIB

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Cae la proporción de alcoholemias positivas en las rutas bonaerenses

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La proporción de alcoholemias positivas en los controles viales de la provincia de Buenos Aires bajó del 5% al 1,24%, según el balance difundido por el Ministerio de Transporte. Entre el inicio de 2025 y el 31 de octubre de 2026 se realizaron 622.834 testeos en 5.075 operativos, que permitieron detectar 7.745 conductores con alcohol en sangre.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Transporte bonaerense en el marco del Día Mundial sin Alcohol, como parte del balance de las políticas de prevención y seguridad vial implementadas en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos de la provincia.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los principales indicadores de la gestión de Martín Marinucci fue la reducción de la positividad en los controles de alcoholemia. El porcentaje pasó de aproximadamente el 5% a ubicarse en torno al 1,2%, desde que asumió ese funcionario a principios de 2025 hasta fines de octubre de este año.

Cabe recordar que desde principios de 2023 rige en la provincia de Buenos Aires la ley N° 15.402 de Alcohol Cero, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de todo tipo de vehículos que circulen en todo el distrito. En la actualizad, la multa por conducir alcoholizado puede costar entre $702.000 y $2.340.000.

El despliegue del Ministerio de Transporte

Como parte del despliegue territorial, el Ministerio entregó alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses para ampliar la capacidad de fiscalización local y fortalecer los controles en coordinación con los gobiernos comunales.

También incorporó cámaras digitales y puestos de monitoreo vial en corredores estratégicos, destinados a detectar infracciones y conductas de riesgo, como el uso del teléfono celular durante la conducción y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

El esquema se complementa con operativos dinámicos en distintos puntos del territorio, jornadas de concientización en establecimientos educativos y capacitaciones para agentes municipales.

En ese contexto, Marinucci sostuvo que la política de Alcohol Cerobusca modificar los hábitos de conducción y destacó la importancia de mantener los controles en las rutas bonaerenses. Según señaló, la prevención no depende únicamente de las fiscalizaciones, sino también de la educación vial y de la articulación con los gobiernos locales.

Fuente: Agencia DIB

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