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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Máximo Kirchner criticó la presentación de los F-16: “Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones”

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El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, participó este sábado de un debate sobre Derechos Humanos que giró en torno al reclamo por “Cristina libre”, aunque al ser el mismo día que el Gobierno nacional presentara seis aviones caza F-16 comprados a Dinamarca, el líder de La Cámpora aprovechó la agenda para criticar la decisión.

Según su perspectiva se trata de aviones “que se compran con la plata de prestamistas” y cuestionó que “esos dólares que nos prestan” no se utilicen para “hacer planes de vivienda federales, o para hacer un Procrear, o para generarle mayor competitividad a nuestros sectores productivos, al mundo del trabajo, a las Pymes” sino que “son para comprar aviones que seguramente ya les sobran”.

“Nosotros también tenemos que saber explicar los modelos económicos porque los modelos económicos modelan sociedades”, reflexionó Kirchner y recordó que durante el gobierno de Juan Domingo Perón el país fabricaba sus propios aviones de reacción, en referencia a la serie El Pulqui 1 y 2.

“Yo quiero una Argentina que crezca, que produzca conocimiento, que pueda llegar un día a aquello que incluso el mismo Perón allá por el 73 decía que le había faltado, que era producir fierros pesados en Argentina para no tener que importar tanto”, recordó.

Kirchner participó de la mesa “Con proscripción no hay Derechos ni Democracia” que pide por la libertad de Cristina Kirchner en el marco del Encuentro de Derechos Humanos llevado a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El referente de La Cámpora estuvo en el cierre del evento junto a al diputado nacional electo y ex secretario de DDHH Horacio Pietragalla, el militante de HIJOS Charly PisoniSergio Maldonado y la periodista Irina Hauser.

Kirchner cuestionó las restricciones recientemente impuestas a CFK después de que se reuniera con ocho economistas que fueron a San José 1111 -donde cumple prisión domiciliaria- a llevarle un documento de 500 páginas con propuestas para un futuro gobierno peronista.

“La verdad es que las restricciones sobre la figura de Cristina no fueron por estar cantando a dúo con el Indio Solari en el balcón del departamento. Tampoco yendo con el changuito al supermercado como los genocidas, fue recibiendo a economistas”, se quejó.

“Creo que en esta situación, donde muchas veces sentimos agobio por la realidad económica que se atraviesa, entendemos que necesitamos a Cristina libre, no para que pueda disfrutar con sus nietos, sino para que nos ayude, para que camine, para que invite a la gente a soñar”, dijo Máximo y concluyó: “Podrá tener más o menos votos, pero lo que es Cristina caminando, es un llamador a la discusión, al debate y a la participación. Y también a la rebeldía y a la irreverencia, y a no callarse jamás, hasta aún cuando algunos sectores muchas veces le terminan reclamando que afloje y no que siga”.

Kirchner aclaró que no considera “tontos” al sector de “la derecha” y destacó que “saben lo que hacen, siempre supieron lo que hicieron, por eso mataron, por eso torturaron, por eso desaparecieron, por eso persiguieron, por eso endeudaron”.

Saben, piensan, diagraman, planifican, y si tienen poder, abusan. Y después saben de haber cometido todo ese tipo de abusos que si hay algo que no pueden perder es el poder”, siguió.

Por eso el diputado nacional propuso que desde el peronismo sean “los primeros que tenemos que encargarnos, todos los días, de contar a la gente que nosotros queremos un país grande, con grandes empresarios, pero con Derechos Humanos. Que queremos un país con mucha seguridad para los que trabajan, y salen todos los días a la calle, pero con Derechos Humanos”.

En ese sentido le pidió a la militancia presente que “no les regalemos un centímetro, porque cuando les regalamos un centímetro, en nuestros argumentos y en las explicaciones nos avanzan 10 kilómetros para dentro de los lugares que realmente debemos proteger y proveer”.

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Senado: el kirchnerismo apuesta a blindar sus 28 votos, en medio de fuertes reclamos sobre “un nuevo orden”

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El Gobierno libertario se prepara para las sesiones extraordinarias, ante un kirchnerismo senatorial que apuesta a blindar sus 28 votos -de 72, lo que significa más de un tercio del pleno-, en medio de fuertes reclamos para que haya “un nuevo orden” en el interbloque del Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans. El embrollo mayor es conocido: un puñado de legisladores se hastió de cumplir las órdenes que Cristina Kirchner emite, sin ninguna posibilidad de objeción, desde su prisión domiciliaria.

Venimos de perder tres elecciones bajo el lema ‘todos juntos’. Parece algo agotado, más allá de mantener un caudal de votos que nunca debe ser desconsiderado. Entonces, si el regreso de ‘volver mejores’ ya lo destruyó Alberto -en referencia al expresidente Alberto Fernández– y las quejas se amontonan, ¿por qué no con otro orden?”, sentenció un integrante del espacio kirchnerista.

Al acercar la lupa, aparecen bifurcaciones. Esto depende mucho del sitial desde donde se analice el panorama. Algunos son más cautos y aclararon a este medio que “un nivel son los acuerdos como cúpula PJ; otro, el de los gobernadores con la Casa Rosada; y un tercero, la convivencia interna”. Parece ser que, al quitarle la espuma a la ola generada con las recientes elecciones de octubre pasado, el último ítem se convierte, por ahora, en el más importante.

Yo no creo que haya tanto problema para rechazar, por ejemplo, la reforma laboral. Sobre todo, si el Gobierno pretende sacarla rápido. Podría cometer un gran error. Lo que ya no es agradable es entrar a una reunión de bloque y que dos o tres compañeros -en referencia a Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti- acaparen la centralidad en todo. No hay respeto hacia exgobernadores que no pierden en sus provincias, ni espacios para ganadores en comisiones importantes. Al Consejo de la Magistratura van siempre los mismos. Para la AGN -Auditoría General de la Nación- quisieron traficar a un postulante que ni siquiera tenía el aval de todos nosotros. Siempre en exceso”, manifestaron con desazón desde el Frente de Todos.

Desde otro despacho, un senador que responde a un mandatario provincial fue tajante: “Nadie quiere ser el primero en romper. Ahora, si la semana que viene sigue la misma situación, no sé cuánto va a aguantar. Ya no es más ‘hacé esto’ o ‘apoyen lo otro’. Y pensar que hay peronistas distanciados hace mucho del kirchnerismo que sondearon los últimos días para ver si hay agua y generar algo distinto. Somos un sinfín de ocasiones mal pensadas y ejecutadas de la peor manera”.

En el Frente de Todos surge otro temor: Patricia Bullrich. No tanto por el trato en el día a día, sino por su posición de interlocutora única del Gobierno con la Cámara alta. El pedido de auxilio llegó a los oídos de la Vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que mantiene excelentes vínculos con varios legisladores cristinistas y fue recibida con afecto por Gildo Insfrán en Formosa.

“Básicamente, le dijimos que no le regale el manejo de la Cámara a Bullrich. Pero como ya le cuesta con sus cuestiones, no pongo mucha esperanza. Mientras no quieran arrasarnos, sobreviviremos”, reflexionó un soldado peronista sorprendido por el reciente acto que promocionó esta semana Villarruel, junto a libertarios hoy enemigos acérrimos de Karina Milei, para criticar -por su extensión y consecuencias- la cuarentena kirchnerista durante la pandemia Covid. “Una estrategia muy atinada de su parte. Ya sé a quién no pedirle un consejo”, opinó, con risas, una senadora.

Con la confirmación del santiagueño Gerardo Zamora y su participación con el Frente Cívico -en principio- dentro del interbloque peronista, las miradas pasan ahora a Convicción Federal, que diferenció tiempo atrás, sin romper con Cristina Kirchner. Son cuatro. Las idas y vueltas con constantes. “No hay apuro. Vamos a ver qué pasa y cómo corre el agua la semana que viene”, aseguró uno de éstos a Infobae.

De reojo también observa todo el justicialista Daniel Bensusán. Dos semanas atrás, este medio contó que si bien no tiene intenciones de sacar los pies del plato y aguardará la decantación kirchnerista, sí es cierto que, ante imposiciones delirantes, armaría su propio bloque: PJ La Pampa, en línea directa -uno de los pocos- con su gobernador, Sergio Ziliotto. En caso de cumplirse, reeditaría la butaca con la que hizo magia años atrás Carlos Verna, uno de los últimos “lúcidos” -reconocido por sus pares- que tuvo el Senado. Y ya parte otro, el salteño Juan Carlos Romero.

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El Gobierno analiza insistir con la reforma electoral: financiamiento partidario, BUP y el futuro de las PASO

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Con la mente puesta en la reelección en 2027, el Gobierno estudia la posibilidad de insistir con algunos cambios contemplados en la ya existente reforma electoral que fue diseñada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y enviada al Congreso Nacional en noviembre de 2024. Una importante fuente confesó a Infobae que la idea de sancionar varios puntos del proyecto durante el 2026, año en el que no habrá elecciones, madura en varios despachos de la Casa Rosada, lo que daría pie a modificaciones en el sistema que están pendientes.

Como contó este medio, en un sector de la administración libertaria circula la intención de impulsar el debate que permita implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la nueva modalidad rija tanto para las elecciones nacionales como las provinciales. “No hay coincidencia en los sistemas electorales. Nosotros apuntamos a simplificarlos y a unificar los procesos para no complicarle la vida a la gente“, argumentó un libertario a este medio.

Al momento, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con sus particularidades, ya hacen uso de la BUP, lo que esperanza a la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, a implementarla en el resto del territorio. Asimismo, también se baraja la chance de añadir un nuevo casillero a la papeleta actual que le permita a los electores tildar la lista completa para evitar descuidos u olvidos en la elección por categorías. En Casa Rosada saben de antemano que las modificaciones serán resistidas por los gobiernos locales, por lo que apuntan a dar las discusiones de cara a la sociedad.

Otro de los cambios en mente gira en torno al mecanismo de elección de los Parlamentarios del Mercosur, que actualmente combina un sistema mixto. De introducir las modificaciones, el método dejará de ser directo y pasará a ser indirecto. De esta forma, los legisladores decidirán de acuerdo a la representación de cada espacio. Para eso, deberán modificar la Ley 27.120, eliminar el sistema actual, derogar la elección directa por voto universal e incorporar un mecanismo de elección indirecta.

El cuarto punto estima modificaciones en el régimen de partidos políticos, una de las obsesiones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos durante su paso por la gestión, con el objetivo de “mejorar la calidad institucional”, lo que supondrá una revisión estructural del sistema de financiamiento de cada sello para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido”.

El proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, cuyo tratamiento legislativo no prosperó, contemplaba el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

El futuro de las PASO

“Desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, supo definir Manuel Adorni en traje de vocero presidencial cuando anunció en conferencia de prensa el envío del proyecto de ley que se vio frustrado.

Por estas fechas, la administración libertaria debate internamente la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) rumbo al 2027.

Si bien a principios de marzo logró la suspensión de las mismas para el proceso electoral de este 2025, luego de que se aprobara la ley en Diputados y Senadores, aún hay dudas sobre la eliminación. “Es necesario revisar el tema de las PASO. Son innecesarias y suponen un alto costo para el Estado. Cada partido debería poder resolver sus dilemas internamente”, argumentaron en una de las tribus libertarias.

Otras voces sostienen que pese al gasto, las PASO “indefectiblemente ordenan la política” por lo que la resolución a la multiplicidad argumental quedará para el próximo año.

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