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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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La impronta de Santilli en el Gabinete: de la negociación con gobernadores a la presencia mediática

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Ya abocado a la transición, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabaja en la conformación de los equipos de trabajo y define la impronta que espera darle a lo que calificó como “el desafío más importante de su vida”, luego de que el presidente Javier Milei comunicara su designación en reemplazo del saliente Manuel Adorni.

Este lunes, “El Colo” atravesó el salón de los Bustos de Casa Rosada, pasadas las 11.20, luego de protagonizar una serie de apariciones en los medios de comunicación por pedido expreso del mandatario. Su desembarco en la coordinación de los ministerios va en línea con la idea del Gobierno de reimpulsar la comunicación de la gestión, empantada en los últimos 110 días por la causa abierta que investiga al exvocero por presunto enriquecimiento ilícito.

El primer desafío, además del equilibrio que deberá hacer para combinar su desempeño en la función con sus deseos electorales para 2027, pasa por terminar de diagramar el equipo que lo acompañará en la diaria y plasmar los cambios en el organigrama que concretarán el pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Como contó este medio, la administración libertaria volverá al esquema que utilizó tiempo atrás, en épocas de Guillermo Francos, que consiste en la desaparición del Ministerio del Interior, cuyas competencias quedarán absorbidas por la Jefatura de Gabinete.

Asimismo, volverá a crearse la figura de la Vicejefatura de Gabinete, que ocupará Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos. En el inicio de la jornada, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, se trasladó a las oficinas ubicadas en la planta baja de la Casa Rosada para comenzar el reordenamiento del organigrama.

Pese a que el exlegislador del PRO ya formaba parte del equipo de Gobierno, aún tenía vacantes algunos lugares en la cartera que lideraba hasta el pasado domingo. No obstante, se estima que se apoyará en sus principales colaboradores para avanzar en los objetivos fijados.

En ese esquema, distintas fuentes descuentan la continuidad de Gustavo Coria como secretario de Interior; del exintendente de Olavarría Ezequiel Galli al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores; y de Esteban “Larry” Garrido, un ex legislador porteño, que a principios de año fue nombrado subsecretario de Relaciones con las Provincias.

Desde el entorno de Santilli garantizan que se mostrará activo en los medios de comunicación, y apuestan a aceitar la coordinación con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Esta mañana, Santilli brindó una serie de entrevistas al canal de televisión A24, pero también a Radio La Red y Radio Mitre.

“La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril, baja de inflación en mayo, viene junio pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente”, expresó, y remató: “Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”.

Tras su jura prevista para este martes, el jefe de Gabinete se prepara para protagonizar una semana de reuniones con ministros para retomar y apuntalar la tarea diaria, además de encuentros con gobernadores en post de conquistar los apoyos necesarios para la sanción de las reformas que diseñó el Poder Ejecutivo.

Si bien desde su entorno evitan dar nombres de los mandatarios provinciales porque sostienen que las actividades aún no están confirmadas, anticipan que varios podrían participar del acto de jura que tendrá lugar el martes a las 17.30 en el Salón Blanco. Las invitaciones fueron cursadas a todos los que alguna vez mantuvieron encuentros con el funcionario, a excepción de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Desde la Jefatura anticiparon además que el funcionario continuará al frente de las negociaciones legislativas, responsabilidad que ejercía desde el Ministerio del Interior y dará continuidad a la mesa política que creó el libertario. “La agenda está aún en construcción, pero la idea es que continúe con las negociaciones con los gobernadores y el Congreso en coordinación con la mesa política”, precisaron fuentes del área que por estas horas trabajan en la transición con los equipos del saliente Adorni.

Bajo esa premisa, este miércoles, Santilli escoltará a Javier y Karina Milei en el intercambio con diputados y senadores de La Libertad Avanza que se realizará a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada para ordenar las prioridades legislativas del bloque. También estarán presentes Ignacio Devitt y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

Pese a que los equipos técnicos ya se encuentran activos para acelerar el traspaso, Santilli, que aspira a transformarse en el candidato libertario para disputar la provincia en 2027, recibirá este martes a Manuel Adorni para avanzar en una transición “ordenada y responsable”, como describió este lunes.

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Continúa la ayuda de Argentina a los afectados por los terremos en Venezuela: desde la misión consular a una tonelada de donaciones

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Desde el fin de semana una misión humanitaria argentina se desplegó en suelo venezolano para brindar asistencia y colaborar con los equipos de rescate para la incesante búsqueda de desaparecidos. Según notificó Cancillería, las solicitudes de asistencia aumentaron en las últimas horas y se suma una persona más a la lista de buscados.

“La misión, compuesta por funcionarios diplomáticos, se encuentra presente en el terreno y, aun en las difíciles circunstancias imperantes, está llevando a cabo acciones de asistencia y acompañamiento a los damnificados y sus familiares, así como también tareas de gestión documental”, escribió Pablo Quirno a través de X.

El balance oficial, que incluye el soporte de la Dirección General de Asuntos Consulares desde Buenos Aires, también registra siete personas en situación de especial vulnerabilidad: cuatro grupos familiares con niños y dos individuos, además de un caso de menor no acompañado y un ciudadano hospitalizado.

En el plano documental, la misión completó 12 gestiones entre pasaportes de emergencia, autorizaciones de viaje para ciudadanos indocumentados y otras tramitaciones para connacionales que perdieron sus papeles durante el desastre. Todas las cifras corresponden al período comprendido hasta el 29 de junio, inclusive.

En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del país, como es el caso de Córdoba, se pusieron en marcha colectas de artículos y elementos de asistencia para los damnificados por los terremotos del 24 de junio, los cuales dejaron hasta el momento más de 1.700 muertos y 5.034 heridos según el balance oficial. Esta cifra irá en aumento, según advirtieron las autoridades venezolanas.

A través de las redes sociales, Casa Venezuela informó un total de 1 tonelada de insumos médicos recolectados para enviar a su país, en la sede de Combate de los Pozos 1055. La organización clasificó el cargamento durante todo el fin de semana y este lunes con la colaboración de voluntarios y donantes que se acercaron al lugar, enviaron dos camiones repletos de cajas hacia el centro de acopio en Avenida Las Heras 2416 en CABA.

Según indicaron, la propia entidad los vehículos partieron con insumos médicos y antibióticos en cajas enumeradas, fechadas y clasificadas por categoría y fecha de vencimiento. La Asociación de Enfermeros de Argentina (ASOENVEAR) fue la encargada de reunir todas las donaciones recibidas. Esta semana partirá en un avión humanitario el primer lote de importancia en insumos y medicamentos, un total superior a la tonelada, según indicaron.

La misión mantiene activo un canal de comunicación de emergencia para coordinar la asistencia tanto con los argentinos en Venezuela como con sus familiares en el país. Las tareas de acompañamiento a damnificados, gestión documental y búsqueda de paradero continúan sobre el terreno.

Por otro lado, una colecta solidaria liderada por la Fundación Pastoral San Lucas, la Pastoral Universitaria y la UADE recaudó 21 millones de pesos para asistencia. De acuerdo a la información que trascendió, los fondos serán destinados a la compra de insumos médicos que se enviarán principalmente a hospitales de La Guaira, la zona costera al norte de Caracas donde colapsaron más de 100 edificios.

La campaña, que permanecerá abierta hasta el jueves 2 de julio, habilitó el alias bancario UADE.AYUDA para recibir donaciones y el dinero recaudado será transferido a Cáritas Venezuela y su trazabilidad estará garantizada gracias a una auditoría internacional a cargo de PwC (PricewaterhouseCoopers). El mecanismo prevé la conversión de los pesos a dólares, así como el seguimiento de cada aporte.

El padre Guillermo Marcó, presidente de la Pastoral Universitaria, explicó que la red de organizaciones mantiene desde hace años programas de ayuda y que la transparencia será un eje central de esta campaña solidaria. La iniciativa cuenta con respaldo institucional y experiencias previas en la gestión de emergencias humanitarias.

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La CGT cree que el ascenso de Santilli puede abrir una negociación con el Gobierno: cómo incidirá en el plan de lucha

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No hay garantías de nada, pero sí expectativas: en la CGT creen que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete puede abrir un espacio de negociación con el Gobierno, aunque advierten que aún no se produjo ningún contacto con él y que es “irreversible” el nuevo plan de lucha decidido la semana pasada, que consistirá en paros sectoriales y rotativos en forma prolongada.

Uno de los jefes del sector dialoguista de la CGT dijo a Infobae que el ascenso del ministro del Interior “cambia la matriz más dura del Gobierno y abre la posibilidad de tener una conversación menos rígida y tirante”, pero aclaró: “Tenemos nuestras reservas porque una sola persona no puede modificar el estilo (oficial)“.

¿Se propone Santilli buscar una tregua con la CGT? Cerca del dirigente proveniente del PRO aseguraron a Infobae que ese tema aún “no está en agenda” y que la prioridad pasa por objetivos oficiales como la reforma política, el pacto fiscal y el esquema de relación con los ministros, pero estimaron que “se va a meter” para intentar desactivar el conflicto con el poder sindical.

En la central obrera no se olvidan que Santilli mostró una actitud conciliadora ante la dirigencia gremial cuando en la conferencia industrial de la UIA, en noviembre último, se cruzó con los cotitulares cegetistas Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (Seguros) y fue insistente en dos puntos: que el Gobierno los iba a convocar para hablar sobre la reforma laboral y que no creyeran en las versiones sobre el tema porque había voluntad de llegar a un acuerdo.

“El Colo tenía cierto margen de maniobra dentro del Gobierno, pero siempre bajo el ala de Martín y Lule Menem”, añadió el dirigente cegetista acerca del rol negociador que desempeñó el designado jefe de Gabinete antes de que la reforma laboral llegara al Senado y sufriera algunos cambios que pedía la CGT.

Entre esas modificaciones concedidas por el Gobierno, que en total fueron 28 respecto del proyecto original y que permitieron su sanción en la Cámara Alta, figuraron la continuidad de las cuotas solidarias, que financian a los sindicatos mediante aportes compulsivos pactados en los convenios colectivos de trabajo, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2 por ciento de los salarios, y la eliminación del artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.

En este trámite parlamentario, en la CGT admiten que, además de Santilli, los Menem y Caputo, la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, jugó un papel crucial para moderar el proyecto oficial en función de los reclamos sindicales.

En noviembre pasado, los líderes dialoguistas de la CGT perdieron un nexo clave con la Casa Rosada cuando Guillermo Francos renunció a la Jefatura de Gabinete y fue reemplazado por Manuel Adorni, alineado con Karina Milei y de un perfil duro contra los sindicalistas.

Por eso ahora, en la CGT esperan que se restituya un mejor canal de diálogo con el Gobierno a través de Santilli, que podría potenciar la relación que existe con los Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La relación entre la Casa Rosada y el poder sindical pasa por su peor momento. El decreto reglamentario de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, según la CGT, va más allá incluso que la propia norma respecto de restricciones a la negociación colectiva, el incentivo a la creación de sindicatos de empresa y la actividad de los delegados en las empresas, entre otros puntos.

La CGT denunció al Gobierno por violación de los derechos laborales en la última conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que deliberó en Ginebra, Suiza, y la semana pasada, como anticipó Infobae, decidió avanzar con un plan de lucha basado en paros sectoriales y rotativos en un período extenso que concluiría con una huelga general, en un esquema conocido como protestas “a la francesa”.

La modalidad elegida por la CGT es similar a la aplicada por los sindicatos franceses en 2023 para protestar contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron. ¿Qué características tuvieron esas acciones? En lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada. Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones callejeras diarias, hasta llegar a una medida nacional que abarcó a todos los gremios.

Ese tipo de plan de lucha desataría una guerra con el Gobierno, que con la Ley de Modernización Laboral tiene más herramientas para ponerles límites a las protestas “a la francesa”: la norma reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de actividades.

Santilli tiene viejas relaciones con los dirigentes sindicales desde que militaba en el peronismo y luego reforzó cuando, ya en las filas del PRO, fue ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires -donde cultivó un fluido vínculo con el Sindicato de Camioneros- y luego vicejefe de gobierno porteño.

Ahora, aunque su gestión estará claramente condicionada por la estrategia política que definan los hermanos Milei, Santilli es conocido por una impronta negociadora que puede ayudar a que se pacifique una relación con la CGT que continúa signada por los enfrentamientos.

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