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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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La Iglesia alertó por la crisis social entre los más vulnerables: “Se incrementa el número de personas que piden ayuda”

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se refirió este sábado a la situación social y advirtió sobre el aumento de la demanda de asistencia en el país. “Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas”, alertó.

“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó en diálogo con Radio Mitre, en el marco de la Semana Santa. En ese sentido, vinculó la coyuntura social con la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios.

Consultado sobre el contraste entre el desarrollo de sectores económicos y la situación cotidiana en las ciudades, el titular de la Conferencia Episcopal planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”. La referencia surgió tras una mención a la actividad en Vaca Muerta, que fue presentada como un ejemplo de crecimiento en determinadas áreas.

Durante la entrevista, el arzobispo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de distintos espacios. “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó.

En ese punto, detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.

La Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud en la que expresó su preocupación por la situación. Según Colombo, el tono del planteo reflejó la gravedad del escenario. “La empleo de esa frase marca la gravedad del emergente y la necesidad que tenemos que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, sostuvo.

En relación con ese reclamo, agregó que existían instancias de diálogo en marcha. “Creo que en estos días, Dios mediante, se van a encontrar algunos funcionarios con nuestra gente para ver esos datos y para chequear también los convenios en incumplimiento”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, Colombo se refirió a los posicionamientos institucionales de la Iglesia en el debate público. Consultado por un documento difundido en el marco del 24 de marzo, explicó que el objetivo fue plantear una reflexión general sobre el clima social. “Nosotros nos referimos a todos los comportamientos, cualesquiera sean los ciudadanos y las responsabilidades que tengan, esa violencia verbal”, indicó.

El arzobispo también hizo referencia a la necesidad de modificar los modos de comunicación en la vida pública. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar, de no ofender, pero sí de hacerse escuchar en cuanto tiene de justo lo que manifiesta”, expresó.

Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno, Colombo evitó plantear una confrontación directa y enmarcó los reclamos en el rol institucional de la Iglesia. “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”, afirmó.

En esa línea, insistió en que las preocupaciones planteadas tienen como eje las necesidades sociales. “La desatención que se haga de estos pedidos puede no solo repercutir en nosotros, sino sobre todo lo que más nos afecta, que no lleguen lo que pedimos por la gente”, sostuvo.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal remarcó que el objetivo principal es garantizar respuestas para quienes requieren asistencia. “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, afirmó.

En el tramo final de la entrevista, Colombo se refirió a la relación con distintos sectores y a la posibilidad de encuentros institucionales. Señaló que mantienen contactos a través de diferentes áreas del Estado y expresó su expectativa de que esas instancias continúen. “Vamos teniendo encuentros buenos a través de la Cancillería, a través de algunos funcionarios que se revelan muy sensibles a algunas de las preocupaciones”, indicó.

También planteó la expectativa de que esas gestiones se traduzcan en medidas concretas. “Ojalá que estas necesidades de la población que nosotros expresamos sean atendidas”, afirmó.

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El respaldo de Javier Milei a Santiago Caputo: “Soy yo quien decide las personas que me acompañan”

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En medio de la polémica por la denuncia sobre operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso, el presidente Javier Milei respaldó este sábado a su asesor Santiago Caputo, luego de afirmaciones de la periodista Laura Di Marco, de Radio Mitre, quien sugirió que el asesor se iba a ir del Gobierno. El intercambio comenzó la noche del viernes, cuando Caputo respondió en una red social a comentarios sobre los dichos de Di Marco.

“Laura es una viuda de Macri que quiere que me vaya del gobierno desde el primer año. Me voy a ir del gobierno el día que el Presidente lo decida. Porque nosotros servimos al Presidente de la Nación y a la sagrada causa de la Libertad”, expresó el consultor.

La periodista respondió a Caputo, asegurando que él dejaría próximamente el Gobierno: “Te vas a ir, Santi y lo sabes. Y no porque yo lo diga: no me importa que te quedes o que te vayas. Y además lo que yo piense es irrelevante. Es Karina Milei la que te quiere fuera del Gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Te vas a ir y lo sabés. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas. Y para los escépticos, guarden este tuit”, desafió Di Marco.

Ya en la tarde del sábado, el propio presidente Javier Milei intervino en la discusión y respaldó abiertamente a Caputo. “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa… además habla de reuniones privadas… creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió el mandatario.

Santiago Caputo es el principal asesor del presidente y, a pesar de los rumores que apuntan a una interna con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Milei afirmó su confianza en quien lo acompaña desde el inicio mismo de la gestión.

Tensión interna y apoyos del entorno presidencial

Mientras circulan versiones sobre tensiones internas, en particular por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Presidente busca mantener a su equipo cohesionado. En este marco, tanto Karina Milei como Santiago Caputo participaron en las muestras públicas de unidad.

Ambos cerraron filas para defender semanas atrás al jefe de Gabinete, cuando se generó polémica por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial a Estados Unidos y por el vuelo privado a Punta del Este durante los feriados de Carnaval.

La dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza hizo público su respaldo: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Siempre con vos”.

Poco después, el asesor presidencial, Santiago Caputo, también expresó su posición: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.

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Los gestos que preocupan en el Gobierno, el acuerdo con la oposición para 2027 y los próximos movimientos de Adorni

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Si no reaccionamos ahora, las posibilidades de que se vaya todo al carajo se van a incrementar con el paso del tiempo”. Con preocupación, una figura de primera línea que participa en las reuniones de mesa política le explicaba a Infobae que el Gobierno se encuentra ante un momento político bisagra, el cual hace vital que se tomen las decisiones correctas para poder cumplimentar el objetivo más importante del oficialismo: la reelección del presidente Javier Milei.

Esta figura considera que la gestión se encuentra en un momento de debilidad -tanto por flaquezas en la gestión como por ciertas alarmas preliminares en la economía- y que se hace preciso acelerar un acuerdo político con la oposición dialoguista.

El razonamiento es el siguiente: “Toda estrategia tiene que estar subsumida a asegurar un segundo mandato. La situación más adelante, a mi parecer, no va a ser mejor. Podemos relegar gobernaciones, pero no la Nación. Si mostramos voluntad de hacer alianzas más adelante, seguramente estemos más débiles. Tenemos que acordar lo antes posible y antes de que se empiecen a blindar en las negociaciones. Si aceleramos ahora, tenemos margen para sacar leyes hasta octubre de 2027 y más posibilidad de que Javier reelija”.

Las demostraciones de mayor apertura política que piden desde varias alas del Gobierno no se circunscriben solo a lo electoral y legislativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, estaría profundamente preocupado acerca de las señales que está dando la administración nacional sobre su funcionamiento político. Dos fuentes que conversaron con él dieron fe de esto a Infobae. “Considera que tiene que haber mayor voluntad política para generar credibilidad hacia los mercados”, afirman.

Uno de los indicadores que más miran en el Gobierno es el nivel del Riesgo País, que desde febrero no volvió a orillar los 500 puntos básicos. Las lecturas entre los libertarios son mixtas y hay quienes marcan que el factor político no es más importante que la suba global de las tasas, así como la expectativa de una política monetaria más agresiva de la Reserva Federal de Estados Unidos producto de los coletazos de la guerra.

Lo que es visto como una preocupación es que la oposición dialoguista le quite el apoyo al Gobierno antes de lo previsto y lo comprometa en frentes como el fiscal. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo a ejecutar las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario, que implica un gasto extra de 0,23 puntos del PBI o incluso más. “No hay margen para otra ley como esa”, afirman.

ARCA viene consignando 8 meses en el descenso de la recaudación y la sábana se vuelve más corta para toda la administración pública. Las Fuerzas de Seguridad ya dieron el primer aviso con una movilización días atrás. Las Fuerzas Armadas también muestran un amplio malestar. Entre los varios actores perjudicados por este factor también están los gobernadores, ya que la recaudación impacta sobre los fondos de coparticipación, que en algunas provincias implica dos tercios de sus presupuestos.

“Todos los gobernadores estamos administrando pobreza y por eso las paritarias están abiertas. Y en unos meses se vienen los aguinaldos”, expresa uno de ellos. Por eso, este lunes se hará oficial un decreto con adelantos de fondos coparticipables que Milei le hará a 12 jefes provinciales, incluso a algunos a los que detesta como a Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Un dialoguista explica cuánto margen le dará al mileismo: “Nosotros miramos nuestro electorado y vemos que sigue siendo importante la voluntad de cambio del anterior régimen. Seguiremos apoyando hasta que veamos lo contrario”.

No es menor esto último. Quienes tienen olfato político al interior del Gobierno creen que algunos de sus colegas se están durmiendo en los laureles. “Yo puedo negociar con las provincias y con los legisladores. Pero siempre si puedo vender futuro y que puedo pagar con lo que prometo”, afirma una fuente del oficialismo.

En el armado de La Libertad Avanza, liderado por Eduardo “Lule” Menem, prevén una estrategia más concesiva que la hecha el año pasado. Seguramente se repitan las alianzas realizadas y se sumen conversaciones con gobernadores que le aseguran votos en ambas cámaras: habría intención para acordar en Catamarca, Salta y Tucumán, por mencionar solo algunos casos. En el entorno de la hermana presidencial afirman que pondrán candidatos a diputados y senadores en todas las provincias y que algunas gobernaciones pueden negociarse si es que les perjudica el primer objetivo.

También hay miradas nuevas. Esta semana se escuchó a una importante voz libertaria -que no es del karinismo- dar una propuesta impensada semanas atrás: “Deberíamos dejarle la Ciudad al PRO”.

¿Señal de época? En más de un despacho del Gobierno consideran que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tiene perspectivas de mejorar su imagen para dentro del año próximo y competir para el puesto de Jorge Macri. No lo catalogan como un muerto político. El plan principal es sostenerlo todo lo que se pueda. Tiene la bendición más importante de todas: la de los hermanos Javier y Karina Milei.

Parece paradójico, pero en la medida en la que se publican cada vez más revelaciones periodísticas al respecto del otrora vocero presidencial, Milei termina confirmando su sesgo de que los medios de comunicación conspiran contra su funcionario y su propia gestión. En los últimos días -y al calor de los trascendidos de una campaña de desinformación liderada por agentes rusos-, el libertario se dedicó a repetir incontables veces la sigla “NOLSALP”, que significa “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”.

Hay quienes marcan que no habría problema en convivir con un Adorni disminuido por varios meses. “Superamos ANDIS, podemos superar esto”, afirman sus sostenes. El dilema es si en algún momento ese esquema puede volverae insostenible. Quienes vieron la degradación de Guillermo Francos afirman que la única posibilidad de que la hermana presidencial cambie de opinión sobre Adorni es que la influencien desde su propio sector, algo altamente improbable.

Las revelaciones que den las investigaciones del fiscal Gerardo Pollicita serán centrales para determinar su sonrevida. Este miércoles será el turno de su escribana, Adriana Nechevenko. La gran prueba final será el Informe de Gestión en la Cámara de Diputados, donde debe responder por escrito unas 4800 preguntas. ¿Cabe la posibilidad de que deba comparecer en Comodoro Py antes de esa fecha? No es algo que descarten distintas fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Es por eso que Adorni comenzó a elaborar su estrategia legal. El funcionario les ha dicho a más de un miembro del Gabinete que tiene pruebas para mostrar su inocencia y que las va a presentar. “Si era tan fácil hubiera estado genial que muestre todo antes así nos evitábamos el chasco”, dice con cierto escepticismo un integrante del Gobierno que dialogó con él recientemente. Su rol de vocero se verá anulado por un tiempo largo si es que quiere sostener su hoja de ruta judicial.

Tal y como adelantó Infobae, el jefe de Gabinete será defendido por el penalista Matías Ledesma. De perfil bajísimo, quienes lo conocen afirman que “conoce y mucho” los pasillos de Comodoro Py. Fue abogado de Matías Kulfas en los albores del albertismo cuando hizo una acusación de presuntas irregularidades en una licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Su defensa fue un éxito: el juez Daniel Rafecas cerró la investigación a los 10 días de haberla iniciado.

Ledesma fue abogado de alguien que en los últimos meses incrementó su diálogo con diferentes terminales del karinismo: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que también lidera el Consejo de la Magistratura, el órgano que promueve y remueve a los jueces federales. El Gobierno prevé avanzar con el nombramiento de 62 pliegos en el corto plazo, pero quedan más de 300 vacantes por completar.

Es en ese marco que la reforma que impulsan del sistema de selección de jueces que promueven los cortesanos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti toma mayor relevancia. “Esperamos que logre aprobarlo a libro cerrado”, advierten en una de las vocalías, donde coquetean con un cambio de conducción en la Corte si no se cumple con esto. Desde la otra campana responden que “el Consejo es un mini-Congreso”, con sus propias lógicas y bloques. “Trabajar es buscar votos. Convencerlos. Como se hace todos los días para a conseguir los fondos para pagar los sueldos y hacer las obras de infraestructura en todo el país”, dicen en el Consejo.

De vuelta al ámbito del Ejecutivo, esta será otra semana clave para que Adorni pueda demostrar iniciativa y apoyo de los propios. El funcionario le habló en la mitad de la semana al Presidente para saber si lo autorizaba a convocar al Gabinete el lunes al mediodía. La respuesta fue afirmativa y, además, le indicó que era el momento para demostrar liderazgo. Pese a todo, Milei no irá, aunque no se conoce si alegó algún motivo en particular.

Se prevé que la asistencia sea prácticamente perfecta. Algunos irán arrastrados por las circunstancias, sin convencimiento de que internamente se estén dando los incentivos correctos. “Yo ya me harté de decir las cosas. Hacia adentro no se evalúa cómo es cada uno con la gestión. Al final del día, me parece un régimen stalinista en el que solo se evalúa cuánto te querés someter a ciertas personas”, indicó una fuente a Infobae.

Hay casos disímiles en el grado de autonomía que hay en el Gabinete. En el karinismo parecen haberle dado la bienvenida a su ala a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que fue visitada intempestivamente el jueves pasado por la secretaria general de la Presidencia. No hablaron de gestión, sino de asuntos triviales. Lo que realmente importó fue cuando la hermana le dijo de hacer una selfie. Monteoliva lo subió a sus redes. En esa ala festejaron.

En lo que a independencia refiere, el caso paradigmático es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El jueves a la noche vio un tuit que mencionaba que su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, había tomado un crédito hipotecario del Banco Nación. La funcionaria lo llamó al instante y le pidió la renuncia. “Se acumularon otras razones pasadas y esa fue la gota que rebalsó el vaso”, afirman cerca de la ministra. No porque sospechara sobre el mecanismo crediticio, sino porque cuando salió la controversia pública en los últimos días el funcionario no le contó que había aplicado meses atrás. “Su protocolo se rige bajo la regla de que el que hace ruido se va. Y más cuando se supone que debe ser de su círculo de confianza”, afirman.

Milei apoyó la decisión internamente a través de un tuit publicado este sábado. Minutos después lo hizo con Santiago Caputo. “Creo que soy yo quien decide las personas que me acompañan en la gestión”, le respondió a la periodista Laura Di Marco, quien sugirió que Karina quería afuera al asesor. En ese sector interpretaron ese gesto como una ratificación contundente. Días atrás, habían dicho estar siendo víctimas de una acción “psicológica” de parte de aliados de la hermana presidencial. “Siempre van a estar con esa famosa de que se van, se van. No son Tim Cook, que se va de Apple y las empresas se van a pelear por contratarlo. Es por eso que no se van a ir a ningún lado”, dicen muy cerca de Karina.

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