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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Ley de propiedad privada: aliados no saben si la Casa Rosada avala la última versión y piden claridad

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Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrichcuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.

No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.

“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.

Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.

El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.

A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.

En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

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Milei abre la puerta a un acuerdo con aliados para definir su compañero de fórmula en las elecciones de 2027

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“La política es dinámica, pueden ocurrir acuerdos y en función de eso se puede tomar una opción u otra”, admitió el presidente Javier Milei, el día después de haber revelado que había definido el nombre de su compañero de fórmula para 2027. Aunque el mandatario sostuvo que tenía un nombre elegido, esta mañana admitió que existen alternativas en carpeta y no le cerró la puerta a definir el candidato a Vicepresidente en función de un eventual acuerdo electoral.

Lanzado el operativo por la reelección del libertario, en Casa Rosada garantizan que una de las condiciones para definir al candidato es que responda políticamente al Poder Ejecutivo. En La Libertad Avanza aspiran a evitar un desenlace similar al generado con Victoria Villarruel, de nula relación con el Presidente, por lo que intentarán designar a una persona del entorno del libertario. “Después de lo que pasamos con Villarruel, no vamos a permitir que el Vice no responda a Casa Rosada”, plantearon desde el oficialismo ante este medio.

A diferencia de la estrategia adoptada en 2025, en Balcarce 50 se muestran receptivos a nuevos entendimientos electorales con mandatarios provinciales y con partidos aliados como el PRO y la UCR. En los dos últimos casos, la negociación es aún más compleja, en particular con el partido que lidera Mauricio Macri, donde la discusión sobre la Ciudad de Buenos Aires oficia de parteaguas.

Asimismo, algunos interlocutores violeta ven con buenos ojos contemplar la posibilidad de tener un Vicepresidente que provenga del interior del país, en la búsqueda por otros cuatro años de gestión de Milei, pero aseguran que todavía no hay definiciones al respecto.

Luego de contar que tiene resuelto quién será la persona que lo acompañará en la disputa por un nuevo mandato, Milei planteó que cuenta con un “conjunto de personas” que califican para el cargo, pero evitó dar mayores precisiones debido a que considera que “la política es dinámica”. “Tengo alternativas y tengo orden de preferencia, pero la política es dinámica y pueden ocurrir acuerdos”, precisó el Presidente en declaraciones a Radio Mitre.

Como contó este medio, entre los nombres que evalúa la administración libertaria aparecen la jefa de la bancada violeta en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, quien admitió sus intenciones por competir en 2027, y figuras alineadas con el libertario como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Si bien este medio consultó con esta última, no obtuvo respuesta.

Pese a que desde su entorno lo negaron, el nombre del actual titular de la Cámara de Diputados –Martín Menem- es otro de los mencionados en las filas oficialistas por su cercanía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por su alineamiento con el Presidente. También el de la menor de los Milei en lo que configuraría una fórmula estrictamente pura de “Milei-Milei”.

La discusión sobre el futuro compañero de fórmula cobra especial relevancia en medio del deterioro definitivo de la relación entre Milei y Villarruel, quien ya no oculta sus diferencias con el Poder Ejecutivo e incluso acusó al mandatario de tener “persecuciones imaginarias”. Esto llevó a que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le sugiriera dar un paso al costado.

Por su parte, el mandatario se hizo eco de las declaraciones de la Vice y evitó confrontar con la que supo ser su compañera de fórmula en 2023. “Cada vez que alguien cambió la realidad lo tildaron de loco. Entiendo que los enamorados del status quo, al que quiere cambiar las cosas, lo traten de loco”, sentenció.

Pese a ello, le facturó a Villarruel el intercambio con los gobernadores peronistas de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, y el homenaje en el Senado a la expresidenta María Estela Martínez de Perón.

“No es tan importante Victoria Villarruel”, arremetieron por los pasillos de Casa Rosada para desmentir que el anticipo del mandatario respondiera a los chispazos ocasionados en los últimos días. A poco más de dos años de gestión, el vínculo entre el Presidente y la Vice está completamente roto.

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Miguel Ángel Pichetto: “El Presidente va a tener una elección mucho más competitiva de la que imagina”

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Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales, el escenario político ya comenzó a moverse. La confirmación de Javier Milei de que buscará la reelección y de que ya tiene definido a su futuro compañero de fórmula aceleró una discusión que, para Miguel Ángel Pichetto, terminará ordenando nuevamente la política alrededor de dos grandes polos.

En esa construcción de que no hay nadie enfrente es falsa. Les conviene decir eso porque también les permite instalar que, como Milei no tiene con quién pelearse, se pelea con Lula”, afirmó el diputado nacional durante una entrevista con Infobae al Regreso. “Va a haber un escenario de polarización”, resumió.

Desde esa mirada, sostuvo que el desafío del peronismo ya no pasa únicamente por resolver nombres propios sino por reconstruir una propuesta política capaz de competir con el oficialismo. “Estoy en el peronismo, estoy trabajando para un modelo de unidad, construcción de una candidatura”, aseguró.

En ese proceso ubicó a Axel Kicillof como uno de los dirigentes con aspiraciones presidenciales, aunque advirtió que cualquier proyecto deberá priorizar la cohesión interna. “El que quiere ser candidato a presidente tiene que hacer todos los esfuerzos para tratar de consolidar la unidad del conjunto, mostrar buena voluntad y generar expectativas”, señaló.

Pichetto tampoco descartó otras figuras. Mencionó al gobernador cordobés Martín Llaryora y sostuvo que Sergio Massa continúa siendo un actor con peso dentro del espacio. “No descartaría a Sergio Massa; está evaluando y analizando su destino. Kicillof ya anticipó su vocación de ser presidente”, dijo.

En ese tablero político también ubicó a Victoria Villarruel. Lejos de considerar que la ruptura con Javier Milei terminó con sus aspiraciones, evaluó que el conflicto podría fortalecer su perfil electoral.

Probablemente, en función del rechazo, del desprecio, del resentimiento y del odio que ha generado este vínculo, la señora Villarruel sea candidata a presidente”, sostuvo. A su entender, la vicepresidenta conserva un electorado propio, “de cierta afinidad nacionalista, católico y con base ciertamente militar”, que le otorga una identidad diferenciada dentro de la derecha.

Al mismo tiempo, consideró que la experiencia del actual Gobierno obligará a Milei a elegir un compañero de fórmula con otro perfil en caso de competir por un nuevo mandato. “El presidente tiene que encontrar un vicepresidente o una vicepresidente que le garantice cierta lealtad y solidaridad”, afirmó. Incluso deslizó, en tono irónico, una hipótesis sobre Karina Milei: “Yo veo en ese lugar a la hermana, pero bueno, anótenlo por ahí en algún rincón”.

Al hablar del futuro del peronismo, Pichetto también se refirió a Cristina Fernández de Kirchner. “Hace quince días fui a ver a Cristina, después de la operación. Charlamos de la situación judicial. Charlamos de una condena que a mí me parece disparatada en términos de la inhabilitación especial perpetua, que es una pena de otro siglo”, relató.

Consultado sobre las alternativas jurídicas que aún podrían quedar abiertas, explicó que, una vez agotadas las instancias locales, el camino posible son los tribunales internacionales. “Frente a una condena firme de la Corte, queda una instancia ante los organismos internacionales, porque eso está previsto en la Constitución y en el Código Procesal Penal”, indicó.

En ese contexto, defendió la continuidad de las PASO y cuestionó cualquier intento de modificar las reglas electorales en la recta final del mandato presidencial. “Creo que hay que mantener las PASO. Modificar la ley electoral en el último año de un proceso de gobierno me parece totalmente equivocado”, afirmó, al tiempo que recordó que el propio Javier Milei utilizó ese mecanismo para consolidar su candidatura presidencial. “Fue un instrumento válido”, agregó.

Como horizonte político para la oposición, volvió a insistir con la necesidad de construir un frente amplio. “Miro la experiencia de Lula, que después de la cárcel armó un acuerdo con Fernando Henrique Cardoso y con sectores de la derecha económica para derrotar a Bolsonaro. El peronismo tiene que pensar en una construcción de esa naturaleza”, planteó.

Además del análisis electoral, Pichetto dejó definiciones sobre algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno. Rechazó una eventual reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al considerar que modificar la ley sin cambiar la conducción del organismo carece de sentido. “Estoy en contra porque además es una trampa. Si mantenés a las mismas autoridades, no la toques, dejala”, sostuvo.

También respaldó la expulsión de extranjeros condenados por delitos, aunque tomó distancia del tono que, a su juicio, adoptó el oficialismo en el debate migratorio. “El extranjero que cometió delitos en la Argentina tiene que cumplir la condena y ser expulsado. Pero esta exageración, este chauvinismo, tampoco me lo compro. La prioridad deben ser los nacionales”, afirmó.

Finalmente, reiteró su rechazo a una eventual flexibilización de la Ley de Tierras. Advirtió que, si el Gobierno no consigue modificar la norma en el Congreso, podría intentar trasladar esa facultad a las provincias. “Estoy en contra. Si no tienen el número para cambiar la ley, van a buscar otro andarivel. Tan inconstitucional es como la ley de glaciares”, concluyó.

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