La frenética agenda de las sesiones extraordinarias continúa sin freno en el Senado, que buscará dictaminar esta tarde y dejar listo para el recinto la iniciativa que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El tema será tratado, desde las 14.30, por el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por Diputados, con votos del oficialismo libertario y bancadas dialoguistas que, al comparar con la Cámara alta, previsualizan una eventual sanción de la ley la semana próxima. No obstante, tras la mini crisis generada por el propio Gobierno con la reforma laboral, al menos dos bancadas aliadas deslizaron en las últimas horas que si bien acompañarán esta tarde con sus firmas en el plenario de comisiones, reclamarán precisiones sobre la letra chica del texto.

“Hay algunos puntos que, por ahora, no están del todo claros. Vamos a firmar mañana -en referencia a hoy- el dictamen, pero no queremos que pase lo de la reforma laboral y si no se resuelven los interrogantes hasta el día de la sesión, ya sea con un reaseguro preciso y anticipado en la reglamentación, evaluaremos los pasos a dar”, manifestaron a Infobae desde un despacho de peso. Bajo esta premisa no sería extraño que, en el encuentro de hoy, algunos avales sean en disidencia.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no sólo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Durante el debate en el recinto de la Cámara baja, la diputada libertaria -y miembro informante- Laura Rodríguez Machado (Córdoba) señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni da respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.

Guiño a embajador político

La comisión de Acuerdos del Senado analizará -desde las 11- el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea. En caso de luz verde -se esperan dardos de todo tipo desde el kirchnerismo-, también quedará listo para la semana próxima. La presidencia de este Cuerpo iría para el mileísta Juan Carlos Pagotto, quien ya comanda la de Justicia. Esto representa un inconveniente reglamentario.

Con la sesión preparatoria del martes 24 de febrero, los estrategas de la Cámara alta ya prevén dos convites más para el recinto: el jueves, con Iglesias, Régimen Penal Juvenil y -quizá- la ley de glaciares. La agenda en cuestión fue consensuada entre oficialismo y dialoguistas durante la mañana de ayer, en una reunión virtual.

En tanto, para el viernes quedaría la reforma laboral, siempre y cuando Diputados la modifique entre hoy y la madrugada de mañana y regrese, en segunda revisión, antes de un plenario ya convocado para las 10 de este viernes en el Senado. Esto agita el siempre denostado vicio del “rodillo parlamentario” con el que el kirchnerismo, en sus diversos gobiernos, se cansó de romper récords. No obstante, es el peor camino a imitar y será, de mínima, desprolijo. El otro tema será el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Gobierno asumió el costo de la marcha atrás con el artículo de las licencias por enfermedad, logró dictamen después de esa poda y apuesta a la sesión de este jueves en Diputados para aprobar la reforma laboral. Será un paso decisivo, pero no el último, porque la coronación del proyecto deberá esperar a la segunda vuelta del Senado, la semana que viene. Todo fue disparado por el impacto del artículo 44, que se sintió en el interior del oficialismo, descolocó a aliados y dejó una imagen pobre del grueso de los senadores, porque el tema pasó sin ruido en el recinto -al parecer, sin lectura- – y estalló unos días después por las declaraciones de Federico Sturzenegger. Alcanzó para darle aire a los duros de la CGT, que hoy va al paro total.

El oficialismo decidió dar de baja el grosero tema de las licencias por causas de salud cuando comprobó que, sin ese giro, no tenía asegurada la sesión de Diputados. Es decir, no contaba con los apoyos para garantizar el quórum. La amplia gama de socios y aliados no estaba dispuesta a acompañar si no era liquidado el artículo en cuestión, sin parche alguno, aunque eso determinara un nuevo capítulo en la Cámara alta. Lo registraron Martín Menem en los contactos con el armado del PRO, parte de la UCR y otros sectores; y Diego Santilli en diálogo con gobernadores. De manera pública, lo hicieron saber después Cristian Ritondo, como bloque, y Gustavo Sáenz, como señal de jefes provinciales.

Los recelos habían ganado terreno. La reacción inicial del Gobierno, cuando fue sorprendido por el oleaje que provocaron los dichos de Sturzenegger, fue tratar de dibujar alternativas que agotaran el trámite en Diputados: corrección en la reglamentación de la ley o un proyecto específico para anular después el artículo 44. El problema era más complejo. No pesaba sólo la evidente fragilidad o improcedencia de esas alternativas, sino, sobre todo, la desconfianza en el cumplimiento del Ejecutivo. Y además, el malestar por un costo inesperado y atribuido a la interna violeta.

Ese último fue un ingrediente fuerte. Desde las filas de LLA nunca aclararon del todo cómo había sido incorporado el texto, cuyo efecto se añadió a la lista de daños autogenerados. En filas del PRO y entre legisladores que juegan como aliados por indicación de sus gobernadores -del PJ o provinciales- cargaron contra la “mala praxis” violeta. Una explicación más bien exculpatoria, porque el texto estuvo en poder de sus senadores y pasó la votación. Es más, trascendió que un señalamiento sobre el tema habría llegado al bloque amarillo de diputados.

Como sea, no resultó un dato menor que aliados del oficialismo hicieran pública su posición -dar de baja sin más vueltas el artículo de las licencias por enfermedad-, además de haberla anticipado en las conversaciones con Martín Menem y, de manera más informal, con Santilli. Ritondo lo expuso como decisión del espacio o interbloque. Y la suma terminó de dar negativo para el titular de Diputados cuando llegó el mensaje de Sáenz. El gobernador salteño difundió en X la decisión del conjunto integrado también por legisladores que responden a los jefes provinciales de Tucumán, Catamarca y Misiones.

El malestar con Sturzenegger en el interior del oficialismo venía de arrastre. Fuentes libertarias dejaban circular que el ministro había sido apartado del tema cuando se conversaba en reserva con negociadores cegetistas para moderar las reacciones frente a la reforma laboral. Eso explicaba la decisión de bajar del proyecto los puntos que podrían afectar a las estructuras sindicales, como las cuotas para los gremios y la reducción de aportes a las obras sociales.

El impacto primero mediático y después político de las declaraciones del ministro sobre el recorte de licencias por cuestiones de salud también fue registrado en la interna sindical. Los más críticos con los secretarios de la CGT -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello- apuntaban ácidamente a una suerte de entendimiento para dar por cumplida la protesta con la marcha de la semana pasada. Latía también la posibilidad de algunas demandas judiciales una vez sancionada y promulgada la ley. Y se hablaba de contactos con algunos jefes cegetistas, por vía de Santiago Caputo y, al menos en este terreno, en la misma dirección que Karina Milei.

El nuevo capítulo en el trámite de la ley dio oxígeno a los gremios más duros de la CGT. El paro total no estaba planteado como alternativa real hace apenas una semana. Por supuesto, la dirigencia sindical arrastra el deterioro de su imagen. El punto, en todo caso, es que la exposición y caída del artículo 44 impactaron en la agenda pública -la conversación, en sentido amplio- muy por encima de lo que venía ocurriendo con la reforma laboral como título.

Fue notorio en las redes sociales. Y a ese cuadro se sumó el cierre de Fate. El Gobierno decidió imponer una conciliación obligatoria, para tratar de contener la situación, y además asoció la decisión empresarial con el clima de paro. En esa línea, Javier Milei no ocultó su enojo. Y vía trascendidos sobre la evaluación de Olivos y a través de las redes, la carga apuntó centralmente sobre el empresario Javier Madanes. También, sobre el sindicato.

Es sabido que Fate arrastra una situación crítica de años y también que es duro el conflicto gremial, en los últimos meses por el ajuste de salarios. Por supuesto, el otro factor -de mercado, por las importaciones- fue destacado en el mensaje de la CGT -tal vez, menos relevante en otro contexto- y por la UIA, tensionada por diferencias en su interior y últimamente más expuesta. Fue sacudida por el cruce del Gobierno con Techint y viene de un encuentro con Luis Caputo, que habría dejado poca respuesta a sus planteos.

El oficialismo confía en celebrar el paso de la reforma laboral por Diputados, aunque le reste el ultimo impulso en el Senado. Dará además batalla comunicacional por el paro de la CGT. De todos modos, lo más inquietante en ese frente sería hasta qué punto se impondrán respuestas duras desde la estructura sindical. En estas horas, renacen las especulaciones sobre judicialización de la ley o de algunos artículos, incluso más allá de movidas cegetistas. Pero por ahora, el foco sigue puesto en Diputados. El oficialismo revisa las cuentas de apoyos y espera superar cuestionamientos a otros puntos sensibles, como la creación del FAL. Javier Milei espera atento, en comunicación desde Washington.

El peronismo se abroqueló todo lo que pudo en la antesala del debate por la reforma laboral que tendrá lugar este jueves en la Cámara de Diputados. Hizo lo que pudo en un contexto de divisiones marcadas y gobernadores divididos. Algunos de ellos concentrados en ayudar a Javier Milei en su gestión. Otros plantados para enfrentar sus políticas y sus proyectos de ley.

Los gobernadores peronistas que empezaron a construir un núcleo de poder nuevo el año pasado, lanzaron ayer un duro comunicado, en el que manifestaron su pleno rechazo al proyecto libertario, y le pidieron a las fuerzas políticas opositoras que no acompañen la iniciativa en la tarde de hoy.

La misiva fue firmada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), que fue el único convocado por la Casa Rosada para intentar acercar posiciones. El pampeano fue contundente y no dio lugar a especulaciones. En la visita al ministro del Interior, Diego Santilli, dejó en claro que no podían contar con su apoyo.

“La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, remarcaron en el comunicado.

Los mandatarios advirtieron también que “la propuesta oficial —presentada como “modernización”— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral”. En ese sentido, agregaron: “Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización”. Finalmente, sostuvieron que en este escenario económico, “lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”.

Al abroquelamiento del peronismo le faltará, una vez más, el respaldo de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes van a apoyar al Gobierno. “Nuestra idea es ayudar”, precisó a Infobae uno de los gobernadores que forma el trío peronista, que se ha transformado en un importante aliado táctico de Milei.

Los diputados tucumanos firmaron el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza (LLA), al igual que los legisladores de Inovacción Federal, que responden al salteño, quien en los últimos días sostuvo que los legisladores que están alineados a los tres mandatarios no iban a acompañar el artículo 44, sobre las licencias por enfermedades y el descuento del sueldo en esos casos. Artículo que el oficialismo, finalmente, decidió excluir para buscar un consenso más amplio entre los opositores dialoguistas.

Tal vez lo más extraño tenga que ver con lo sucedido un puñado de días atrás, cuando la reforma laboral se trató en el Senado y logró media sanción. En esa oportunidad dos Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, legisladores que responden a Jaldo y Jalil votaron en contra, mientras que Flavia Royón, quien está alineada con Sáenz, votó a favor. Ahora, los legisladores tucumanos y catamarqueños tienen la voluntad de apoyar la reforma.

En el día de hoy hay que prestarle atención a quienes se sienten en sus bancas y den quórum. Ese es el mensaje que baja el peronismo por estas horas. Esos movimientos marcarán hasta donde llegaron las negociaciones del oficialismo, que ha buscado votos por todas las terminales opositoras. En el peronismo creen que si hoy los libertarios logran quórum, el camino a la aprobación estará completamente liberado.

“Para estar atentos desde hoy al día de la sesión, esta ley se vota con el culo, no con la mano. Quienes se sienten en el recinto ese día para dar quorum estarán, votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención”, escribió en sus redes sociales la diputada cristinista Teresa García.

Uno de los nombres a los que le apuntan en la interna peronista es al de Alberto Arrúa, diputado misionero y dirigente del PJ provincial. El legislador firmó el dictamen de mayoría y dio una señal anticipada de respaldo. En el cristinismo recuerdan que dos semanas atrás el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, lo recibió para intentar acercar posiciones y sumarlo al armado federal que está construyendo Axel Kicillof.

Las rencillas internas del peronismo de la provincia de Buenos Aires se cuelan por cualquier lado, incluso por los debates legislativos. Arrúa fue uno de los dirigentes más critícos que apuntaron contra Cristina Kirchner cuando la ex presidenta, a cargo del PJ Nacional, decidió intervenir el PJ misionero, y desató la furia del peronismo disidente en la provincia.

“Con estos personajes la corren después a CFK, diciendo que hay que ampliar”, se quejaron cerca de la ex presidenta, quien ha intervenido algunos PJ como el de Misiones y Salta, porque legisladores del peronismo de esas provincias acompañaron a Milei en algunas leyes claves como la ley Bases.

El peronismo afronta un escenario de debilidad en la sesión de esta tarde en la Cámara baja. Tiene un panorama muy difícil por delante. Si no logra revertir la situación a través de los aliados tácticos que suelen tener, tratarán de dejar bien expuestos a los legisladores que acompañaron con su voto o con su quórum la iniciativa oficialista.