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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Kicillof analiza una elección provincial unificada si el Gobierno no logra suspender las PASO

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En medio de la ola de desdoblamientos electorales que aplicarán la mayoría de las provincias en las elecciones del año que viene, Buenos Aires aparece, hasta el momento, como la excepción. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, observa cuál será el futuro de las PASO y, de continuar el sistema de primarias,las categorías de presidente, gobernador e intendente se votarían todas en un mismo y de manera concurrente. Es decir, sin desdoblar la fecha, en dos urnas y mesas distintas: una para presidente y diputados nacionales, mediante boleta única de papel (BUP), y otra con la boleta partidaria tradicional para elegir gobernador, intendente, concejales y consejeros escolares. Detrás de esa posible definición está la ley de PASO provinciales, que establece que deben ser el mismo día que las nacionales.

A medida que va transitando la construcción de su estructura política, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y la falta de votos del Gobierno para eliminar las PASO, también se ratifica que el año que viene Buenos Aires, la provincia de mayor peso electoral, votaría todo el mismo día. Otra línea argumental es que “muchas elecciones desalienta a la gente a participar”.

Hasta ahora, Tucumán y Santa Fe son las provincias con calendario electoral definido fuera de la elección nacional: la primera votará el 9 de mayo de 2027, mientras que la segunda prevé realizar sus PASO el 18 de abril y los comicios generales el 13 de junio. A ese grupo se suman distritos que ya anticiparon su voluntad de separar la contienda local de la presidencial, aunque todavía sin fecha oficial: Neuquén, Chubut, Río Negro, Chaco, Corrientes y Mendoza. En otros casos, como Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones, Jujuy y San Juan, los gobiernos provinciales evalúan esa alternativa, pero no han comunicado una decisión definitiva.

En lo que respecta a Buenos Aires, es facultad del gobernador la fecha elegida para los comicios provinciales. Una facultad que ostentó en los comicios del año pasado cuando decidió desdoblar la elección bonaerense de la nacional. Una determinación cuyo costo político aún se le sigue facturando desde el kirchnerismo. Una d las respuestas, desde un sector del MDF, es que la decisión sirvió para dar una señal clara de autonomía política. Ahora, superada esa instancia, el Ejecutivo bonaerense confía en seguir desplegando decisiones propias sin mayor dependencia de las necesidades políticas de sus socios: el kirchnerismo y el Frente Renovador. Si bien es cierto que la definición final será parte de una negociación con el resto de los sectores, la idea de Kicillof y de los armadores políticos del MDF va en esa línea. En el medio resta resolver un detalle nada mejor: candidaturas. Tanto presidencial como a la gobernación bonaerense.

Hoy las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) siguen vigentes. Ese escenario altera toda definición. El Gobierno dice estar cerca de conseguir los votos para eliminarlas o suspenderlas, pero de momento no logra llevar el texto al recinto. En paralelo, el peronismo hace esfuerzos para sostener un puente entre los diferentes sectores que permitan mostrar uniformidad. Kicillof, según supo Infobae, está “metido en el tema”. Al estar vigentes en Nación, siguen su curso en PBA.

La reunión en el Hotel Emperador que reunió a los gobernadores peronistas, a los jefes de bloque en el Senado, José Mayans, y en Diputados, Germán Martínez, además de Máximo Kirchner como representante del kirchnerismo y Sergio Massa, referenciado en el Frente Renovador, podría repetirse en los próximos días. “Hay diálogo”, asegura un dirigente del peronismo que sigue de cerca el tema.

La continuidad de las PASO permitiría al peronismo ordenar la discusión. En el plano ideal, sin acuerdo entre Kicillof y el kirchnerismo, la utilización de las Primarias podría servir para destrabar el conflicto. Si no hay PASO, no está claro aún cómo resolverá la discusión el peronismo. Y, en lo que se refiere a Buenos Aires, sin PASO no está descartado que vaya a darse un desdoblamiento. Todas las cartas están sobre la mesa.

Pero las primarias en la provincia de Buenos Aires también cobran relevancia dada la proliferación de candidatos y candidatas que hoy asoman para disputar la sucesión de Axel Kicillof. En ese lote aparecen, al menos, 11 dirigentes del peronismo bonaerense. Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda; Julio Alak, jefe comunal de La Plata; Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura; Carlos Bianco, ministro de Gobierno; Fernando Espinoza, intendente de La Matanza; Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; Federico Achával, intendente de Pilar o Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas.

La nómina no se agota allí. El kirchnerismo, el Frente Renovador y otros sectores del peronismo bonaerense también pretenden gravitar en la definición de una candidatura que, hoy, está lejos de tener dueño. La posibilidad de una PASO permitiría ordenar esa competencia si no hubiera una síntesis política previa. Además, abriría una vía para medir la fuerza propia de cada sector en el distrito que concentra cerca del 40% del padrón nacional.

La discusión por la gobernación está atada a la estrategia presidencial. Kicillof trabaja para que el Movimiento Derecho al Futuro tenga presencia nacional y para llegar a 2027 con una estructura que respalde una eventual candidatura a la Casa Rosada. Esa aspiración es uno de los focos de tensión con el kirchnerismo, que mantiene su propia red de dirigentes, legisladores e intendentes y busca conservar influencia sobre la definición de la oferta electoral del peronismo.

Por eso, la continuidad de las PASO tiene una dimensión que excede el mecanismo electoral. Para Kicillof, sostenerlas permitiría contar con una herramienta para procesar una interna que involucra la sucesión bonaerense y su propia proyección presidencial. Para el resto del peronismo, será una instancia de negociación sobre el reparto de poder en la antesala de 2027. Si las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueran mañana, se elegiría todo en un mismo día y en dos urnas separadas.

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Movimientos populares de América Latina debatirán en La Matanza la encíclica de León XIV junto a representantes del Vaticano

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Movimientos populares de toda América Latina se reunirán en Buenos Aires para debatir la primera encíclica de León XIV y entregarle un mensaje conjunto antes de su llegada al país.

El Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026 se realizará el martes 27 y el miércoles 28 de octubre en la “Ciudad Papa Francisco”, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”. La cita reúne a delegaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), TECHO, Cáritas, los Hogares de Cristo, el mundo sindical y organizaciones hermanas de la región, entre ellas el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra y el MTST de Brasil.

Llegarán desde Roma representantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral —organismo de la Santa Sede que acompaña desde el comienzo el camino de los movimientos populares— con presencia de su prefecta: Alessandra Smerilli. Los acompañarán integrantes de la Pontificia Comisión para América Latina. Participarán también el padre italiano Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP).

Doce años después de que el papa Francisco convocara al primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma, las organizaciones de la región se congregan una semana antes de la llegada de León XIV a la Argentina, en lo que definen como una continuidad de ese camino abierto en 2014. El propio lema del encuentro, “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”, retoma el título de la primera encíclica del Pontífice y busca ponerla en diálogo con la agenda histórica de Tierra, Techo y Trabajo, las “3T” que Francisco definió como “derechos sagrados” en la exhortación Fratelli tutti.

Un espacio nacido de la invitación de Francisco a no resignarse

El Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) es, según define su propio dossier de presentación, “un espacio de hermandad entre organizaciones de base de los cinco continentes”, construido en torno a la invitación de Francisco a que “los pobres y los pueblos organizados no se resignen y sean protagonistas del cambio”.

El documento sostiene que esa cita “responde a la necesidad de promover la organización de los excluidos para construir, desde abajo, la alternativa humana a esta globalización excluyente que nos arrebata hasta los derechos sagrados al techo, al trabajo y a la tierra”.

El primer encuentro se celebró en Roma en octubre de 2014 y reunió a un centenar de representantes de los cinco continentes para debatir con Francisco la realidad de los trabajadores precarizados y excluidos, desde la perspectiva de la exhortación Evangelii gaudium.

Le siguieron Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en 2015, donde más de 1.500 delegados de 40 países redactaron la Carta de Santa Cruz, y un tercer encuentro en el Vaticano en 2016, con 170 delegados de 65 países.

Durante la pandemia, Francisco envió una carta a los movimientos el 12 de abril de 2020 en la que propuso “un salario universal para los trabajadores más humildes y sin derechos”, y en 2021 se realizó un cuarto encuentro virtual centrado en el impacto de la COVID-19.

El quinto capítulo, ya con León XIV como Pontífice, se celebró en Spin Time, Roma, entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Fue la primera audiencia del nuevo Papa con las delegaciones del movimiento, recibidas en el Aula Pablo VI, y culminó con una multitudinaria peregrinación jubilar en el Vaticano. Allí, León XIV les dijo a los representantes de los cinco continentes: “Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, por los que vale la pena luchar, y quiero que me oigan, que me escuchen decir, ¡estoy con ustedes!”.

La agenda de dos jornadas en La Matanza

El Capítulo Argentina retoma ese impulso en las vísperas de la primera visita de León XIV al país, la tierra donde su predecesor forjó buena parte de su mirada pastoral.

La primera jornada, el martes 27, estará dedicada a talleres de reflexión e intercambio de experiencias entre las organizaciones participantes. Las mesas de trabajo debatirán cinco ejes: exclusión y dignidad humana, el futuro del trabajo, tecnología e inteligencia artificial, narcoestructura y vida en los barrios, y comunidad y organización. Entre las preguntas que se abordarán figuran qué ocurre con la dignidad humana y el trabajo en tiempos de plataformas y automatización, quién controla las nuevas tecnologías y qué lugar le queda al pueblo organizado en el mundo que viene.

El miércoles 28 se pondrán en común las conclusiones de los talleres y se redactará, de manera colectiva, un mensaje y un documento oficial que los movimientos populares entregarán directamente a León XIV durante su estadía en el país.

Esa segunda jornada cerrará con una peregrinación a pie hacia el predio “Las 3T”, en el barrio Puerta de Hierro, partido de La Matanza, donde se celebrará una misa de cierre a las 11:30 que presidirá monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata.

De la jornada final del encuentro participarán integrantes de TECHO y toda la mesa directiva de la UTEP, entre ellos Alejandro Gramajo y el secretariado completo de la organización: Norma Morales, Dina Sánchez, Johana Duarte y Vasco Berdesegar. También formará parte el diputado nacional Juan Grabois, quien funciona como nexo directo con Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Francisco había nombrado a Grabois como integrante de ese dicasterio.

La presencia de Smerilli (junto al sacerdote italiano Mattia Ferrari) destaca el peso que ocupa la religiosa en el vínculo entre el Vaticano y los movimientos sociales latinoamericanos: asumió la prefectura del organismo el 1 de septiembre, en sucesión del cardenal Michael Czerny, y ya había sido mencionada como interlocutora directa de las organizaciones argentinas en los meses previos a la gira papal.

La carta que la UTEP envió al Papa

La actividad del miércoles tiene un origen concreto. Según explicaron los organizadores del encuentro a este medio, la jornada responde a una carta que la UTEP y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores enviaron al Vaticano apenas se confirmó el viaje de León XIV a la Argentina. “Le habíamos mandado una carta al Papa cuando nos enteramos que iba a venir, que la hicimos pública. Le pedimos que, por favor, visite los barrios populares. Y este encuentro y el recorrido con los representantes del Vaticano a los barrios populares es una respuesta a ese pedido que con amor y respeto le hicimos a Su Santidad”, señalaron ante una consulta de Infobae.

La carta que la UTEP envió al Vaticano

También detallaron que: “El día miércoles se va a hacer una peregrinación por Puerta de Hierro para mostrarle a Alessandra Smerilli, que es la prefecta del dicasterio, la situación de la integración sociourbana y de los barrios populares. Y después culmina con la misa que presidirá monseñor Carrara”, detallaron.

En esa misiva, la UTEP le pedía al Papa que visitara barrios para constatar el estado de la integración sociourbana y que atendiera la situación de los cartoneros, además de solicitar un recorrido por cooperativas de la economía popular. “

La recuperación de León XIV

El encuentro se desarrolla en el tramo final de los preparativos del séptimo viaje apostólico de León XIV fuera de Italia, que también incluye Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Según el cronograma presentado por la Casa Rosada en septiembre, el Pontífice llegaría a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, tras su paso por Montevideo, Paysandú y Florida, para un homenaje al general José de San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El lunes 9, León XIV visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

La confirmación definitiva de ese itinerario depende todavía de la recuperación del Pontífice, de 71 años, operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Vaticano informó esta semana que los estudios posteriores a la cirugía descartaron la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales, al confirmar que el tumor se encontraba localizado. León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre y retomó de manera gradual sus actividades públicas: encabezó el Ángelus del domingo siguiente ante unas 15.000 personas y, el miércoles 21, volvió a presidir la audiencia general en la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil.

El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó en declaraciones recogidas por Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje” y estimó que el Papa podría estar “plenamente recuperado” en un plazo cercano a los diez días.

La Santa Sede no introdujo hasta el momento modificaciones en el programa de la gira sudamericana, mientras en la Argentina el Gobierno mantiene activa una unidad especial de coordinación de seguridad, logística y protocolo para la visita.

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