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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Kicillof celebró la victoria de Lula: “Fue un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump, Milei y su motosierra”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como “un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump y Milei”, advirtió que el resultado representa un quiebre en la tendencia de avance de la ultraderecha en la región y analizó las consecuencias del triunfo para la Argentina.

El mandatario provincial enfatizó que la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil fue, también, un golpe directo para el gobierno argentino porque desactivó la narrativa del modelo exportable de políticas de ajuste, recorte de derechos y subordinación a intereses extranjeros.

“Fue un rechazo en el que influyó la motosierra de Milei, que pretende ser, incluso en otros países como España, un elemento de propaganda del sector de la ultraderecha para mostrarles que lo de Argentina es bárbaro, como que hay un éxito en esas políticas”, sostuvo el gobernador bonaerense en diálogo con El Destape.

En la misma línea, Kicillof destacó la capacidad de Lula para remontar una elección que muchos analistas daban por perdida. “Tomó una serie de decisiones, cambios en la campaña, en su propia forma de hablar con la sociedad. La verdad que generaron una movilización impresionante que terminó dando vuelta una elección que parecía imposible”, señaló. Para el gobernador, el triunfo no fue solo mérito de la campaña del líder del Partido de los Trabajadores (PT), sino también una decisión soberana del pueblo brasileño: “No estaban condenados a tener un presidente de ultraderecha”.

Una situación distinta para las elecciones en 2027

En otro momento de la entrevista radial, el mandatario bonaerense fue contundente al analizar el impacto geopolítico del resultado. “Si Brasil se pintaba de ultraderecha, la situación de la Argentina a partir de las elecciones del año que viene era muy distinta. Indudablemente, es un hito importantísimo que representa un quiebre”; para Kicillof, la victoria de Lula frena lo que parecía “una tendencia inexorable” del avance de la ultraderecha en el continente.

Luego, el gobernador subrayó que el resultado también constituye una derrota para la estrategia continental de Estados Unidos. “Hubo un intento de injerencia muy fuerte en la campaña electoral. A través de Milei, pero a través del propio Trump, trataron de manipular, de influir con instrumentos muy poderosos y fracasaron”, enfatizó.

Kicillof amplió sus cuestionamientos al vínculo entre el gobierno argentino y Washington. “La sumisión de Milei a la agenda norteamericana, a los intereses extranjeros, es clarísima, tanto en los votos de la ONU como en cada una de las decisiones que toma”, disparó. Mencionó la firma de acuerdos que, según su lectura, colocan a la Argentina “dentro de la agenda de Estados Unidos, de su doctrina Monroe”, con implicancias en el acceso a recursos naturales y la agenda militar.

El gobernador también recordó episodios recientes de presión externa sobre el proceso político argentino: “Tuvimos al propio Trump hablando de las elecciones, de cómo tenían que votar acá y cuáles eran las consecuencias de votar distinto. Al secretario del Tesoro comprando pesos argentinos desde Estados Unidos en una maniobra que no se vio nunca”.

De cara a las elecciones argentinas del año próximo, Kicillof no ocultó su preocupación: “Indudablemente hay una vocación, una predisposición de influir, de impactar, de incidir a través del apoyo, pero también de amenazas implícitas o hasta explícitas al votante”.

Las lecciones de Lula y el mensaje para Argentina

Consultado sobre las enseñanzas que deja la campaña de Lula para el peronismo, el gobernador destacó la convicción del líder brasileño y su capacidad de conectar con el electorado. “Lo que vimos en Lula es una voluntad arrasadora y una convicción. Un vínculo con su pueblo donde Lula decía: ‘Esto no le puede pasar a Brasil’, y Brasil comprendió que no había motosierra que le sirviera”, aseguró.

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Los motivos por los que Patricia Bullrich decidió no ir a la reunión de Gabinete y el posible conflicto por Brasil que se avecina

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El presidente Javier Milei reunió este lunes por la mañana a su Gabinete y llamó la atención la ausencia de Patricia Bullrich, que horas antes le había anticipado a las autoridades nacionales que no iba a poder asistir por cuestiones personales, aunque la decisión también fue motivada por el malestar que tiene con el resto de la cúpula del oficialismo y que cada vez oculta menos, en un contexto en el que, además, se especula con su futuro político.

Si bien la jefa del bloque de La Libertad Avanza no integra formalmente el grupo de funcionarios que acompañan al mandatario en la gestión diaria, suele participar de estos encuentros en la Casa Rosada, igual que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sin embargo, en esta oportunidad, y luego de nuevas declaraciones televisivas que hizo en contra de algunas actitudes del líder libertario, la legisladora optó por no presentarse y aumentó el ruido interno.

“La realidad es que los motivos fueron un 50/50. Es cierto que tenía cuestiones personales, pero también estaba muy molesta con algunas actitudes de Milei, principalmente con lo de quemar a los periodistas en la hoguera. Eso no le gustó porque, además, ya había tenido una charla con él al respecto”, reveló a este medio una persona del círculo más íntimo de la dirigente.

La referencia es a las declaraciones que el Presidente realizó durante un evento de la Fundación Faro en el que buscó recaudar fondos para su campaña del año próximo y volvió a cuestionar a determinados comunicadores.

“Como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, sostuvo el jefe de Estado en esa oportunidad.

Según el dirigente bullrichista consultado, la senadora ya le había manifestado su desacuerdo con ese tipo de expresiones durante una reunión a solas en la que “le dijo que no puede atacar la prensa así”,

Si bien la fuente consultada negó que se trate de “un punto de quiebre en la relación”, sí reconoció que el episodio “generó mucho enojo” dentro del espacio que conduce la ex ministra de Seguridad.

Según reconstruyó este medio, la senadora no está pensando en romper con La Libertad Avanza, sino que su estrategia continúa siendo la de marcar diferencias puntuales con el Gobierno para posicionarse como una alternativa de cara a las elecciones de 2027, sin descartar tampoco la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta si recibe una propuesta formal del Presidente.

En ese sentido, en el entorno de Bullrich señalaron que no descarta integrar una fórmula conjunta con el Presidente, pero insisten con que el eventual acuerdo deberá incluir condiciones claras sobre el rol que ocuparía la senadora dentro de una futura gestión, con injerencia en áreas sensibles como Seguridad y Economía, y bajo un esquema que ella misma describe como necesario para evitar roces constantes con el resto de la administración.

A esa tensión se sumó otra diferencia, esta vez vinculada con la agenda internacional: la ex ministra siguió de cerca el resultado del balotaje presidencial en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva se impuso finalmente a Flávio Bolsonaro, y le preocupaba que desde el Gobierno argentino se plantearan dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.

“Patricia entiende que hay que asumir que perdió Flávio, que todos los gobiernos democráticos del mundo salieron a reconocerlo con un mensaje y todavía la Argentina no. Aunque, la verdad, es mejor que mantenga el silencio antes que decir que Lula hizo trampa”, señaló la misma fuente de su entorno.

Según había revelado este medio, Milei evitó referirse de manera directa al triunfo de Lula durante la reunión de Gabinete de este lunes y concentró su exposición en la defensa del programa económico, además de cuestionar las medidas que, según la lectura oficial, le permitieron al mandatario brasileño consolidar su victoria.

El único representante libertario que viajó a Brasil para seguir los comicios fue el diputado Damián Arabia, cercano a Bullrich, quien estuvo presente en el búnker de Bolsonaro, donde incluso se fotografió con el candidato derrotado, aunque decidió no exponer esas imágenes en sus redes sociales luego de conocerse el resultado adverso para el espacio de derecha.

En el plano internacional, la senadora también tiene diferencias con el resto de su espacio y considera que está bien apoyar a los sectores más liberales e incluso conservadores, pero no coincide cuando se trata de fuerzas más extremas.

Por caso, valora el vínculo con el Partido Popular español, en sintonía con el encuentro que Milei mantuvo durante su viaje a España con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no comparte la cercanía con Santiago Abascal, líder de VOX.

Por su parte, la Casa Rosada suele manejar las cuestiones de geopolítica en sintonía con Washington, su priincipal aliado global. En este sentido, recientemente Donald Trump calificó el proceso electoral en Brasil de “fraude” y cuestionó la prórroga de dos horas autorizada por la justicia de ese país.

“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, agregó en declaraciones realizadas antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Misisipi, donde tenía previsto un mitin.

El faltazo de Bullrich a la reunión de Gabinete se da en medio de un clima de tensión más amplio entre la senadora y la cúpula de La Libertad Avanza, que en las últimas semanas había quedado expuesto por otros gestos de la dirigente, como un video publicado en sus redes sociales que fue interpretado dentro del oficialismo como una señal de sus intenciones electorales de cara a 2027.

Mientras tanto, en la Casa Rosada continúan con la estrategia de no confrontar públicamente con la senadora y le restan magnitud a sus gestos de distanciamiento, a la espera de que la relación entre ambos dirigentes se mantenga estable de cara a la definición electoral del año próximo.

Por lo pronto, a pesar de que hay algunos desafíos importantes para el oficialismo en el COngreso, este martes no habrá reunión de mesa política, en las que la senadora suele verse de frente con el resto de la cúpula libertaria.

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El Gobierno limita las sanciones por Malvinas tras las advertencias de EEUU sobre sus empresas

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Javier Milei

El gobierno de Javier Milei incorporó una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, tras las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las sanciones originales podían tener sobre sus empresas, y en un intento por conseguir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16, aunque existen versiones de que podría modificarse porque al oficialismo aún le cuesta reunir las firmas necesarias.

La negociación quedó a cargo de la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantuvo conversaciones con los bloques cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes del encuentro. “En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, señaló una de las autoridades del plenario en declaraciones a un medio nacional. Desde el Congreso y la Casa Rosada sostuvieron que el tratamiento del proyecto sigue activo y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propias propuestas.

El texto original, que según aseguran fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, preveía un esquema de sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten de forma ilegal recursos argentinos en las Islas Malvinas. El viernes previo al plenario, el presidente Milei recibió en la Casa Rosada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante ese encuentro, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias que las sanciones del primer capítulo del proyecto podían generar para sus empresas.

Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas al proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a firmas asociadas con ellas en otros emprendimientos. En ese contexto, también tuvo un papel relevante el embajador Peter Lamelas.

Como resultado de esas gestiones, el Gobierno aceptó limitar las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos. De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras. “Había que poner un corte, porque si no el proceso jurídico iba a ser eterno y hasta podía llegar a complicar intereses de empresas nacionales”, justificó un funcionario al tanto de los cambios.

Pese al acotamiento de las sanciones, el proyecto mantiene la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el órgano que busca coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior, presidido por el jefe de Estado. Ese organismo tendrá la facultad de controlar, aceptar o rechazar las inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales del mismo origen en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

Para garantizar el respaldo de los bloques aliados, el Ejecutivo aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia de Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. La nueva redacción excluye de manera expresa al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

El cambio respondió a los pedidos de sectores cercanos al Gobierno, como la Unión Cívica Radical (UCR), y a los cuestionamientos de Unión por la Patria, entre ellos los planteados por la diputada bonaerense Agustina Propato. A su vez, se incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, aunque sin establecer una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.

Dividir el proyecto

Pese a las concesiones, persiste el reclamo de Unión por la Patria y de legisladores de Provincias Unidas, que vienen pidiendo separar el proyecto en dos tramos: por un lado, las disposiciones vinculadas con Malvinas y la defensa de la soberanía; por otro, las reformas a los sistemas de inteligencia, defensa, seguridad interior, protección de infraestructura crítica y los delitos de desinformación. El oficialismo, en cambio, defiende su tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026.

El plenario de este martes será la instancia decisiva para determinar si La Libertad Avanza reúne las firmas necesarias para un dictamen de mayoría y avanzar hacia el recinto, o si el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, debe convocar a un nuevo encuentro, lo que implicaría una nueva pérdida de impulso político para la iniciativa.

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