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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Discapacidad y ley de Tierras: dos temas que vuelven a tensionar la agenda legislativa y superan los límites del Congreso

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El Congreso vuelve a girar sobre temas irresueltos. El oficialismo dedica sus principales esfuerzos en Diputados a desarticular la sesión motorizada por espacios opositores con la intención de bajar el famoso DNU 70, que entre sus muchos artículos incluyó la derogación de límites a la compra de tierras por extranjeros. Y a la vez, teje para armar una sesión que incluya su proyecto sobre Discapacidad, después del descalabro provocado por el propio Ejecutivo con el texto del Presupuesto 2027. En los dos casos, se trata de cuestiones con repercusión e ingredientes que superan a la política.

Los dos temas, además, fueron repuestos por la oposición, en un contexto más amplio que, de mínima, incomoda al Gobierno. La reposición del debate sobre la ley de Tierras fue gatillada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, al dejar sin efecto el amparo promovido por un grupo de ex combatientes de Malvinas que frenaba el artículo específico del referido Decreto de Necesidad y Urgencia. Y el nuevo capítulo sobre un área tan sensible como la discapacidad añade, de manera creciente, mensajes de la Iglesia cuando falta poco más de un mes para la visita del papa León XIV.

La más reciente señal de la Iglesia acaba de producirse y fue transmitida de manera directa al Gobierno. La semana comenzó con un encuentro entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, en especial integrantes de la Pastoral Social y, dentro de esa comisión, del área de discapacidad. Desde el Gobierno dejaron trascender que no se trató del primer contacto. La convocatoria, de todos modos, fue anunciada formalmente por canales de la Iglesia.

El diálogo fue calificado como cordial. Los funcionarios recibieron un documento con planteos vinculados a la situación de “muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad que están atravesando momentos particularmente difíciles”. No es poco en letra eclesiástica. La reunión fue evaluada como una señal positiva, aunque con una consideración que resumiría las urgencias: “Los gestos solos no alcanzan”.

Por supuesto, el hecho en sí mismo tiene vínculo directo con la visita del Papa y la relación del Gobierno con el episcopado local. El oficialismo viene haciendo esfuerzos para evitar la exposición de su malestar frente a los señalamientos sobre la situación social. Sin embargo, no oculta los cuestionamientos por la vía del trascendido. Y a la vez, potencia algunos temas, como el de la discapacidad, al dejar circular disgusto sobre la visita al Cottolengo Don Orione en el primer día de la actividad pastoral.

Esa señal no pasó inadvertida para nadie. El arzobispo de Córdoba, cardenal Angel Rossi, dijo en recientes declaraciones que León XIV encontrará una Argentina “cascoteada” en el plano social, lamentó mensajes políticos “triunfalistas” frente a ese cuadro y relacionó -como gesto a los sectores vulnerables- la visita al Cottolengo Don Orione con el viaje a la isla de Lampedusa realizado por Francisco para expresar solidaridad con los migrantes. Allí también estuvo su sucesor.

Con todo, los mayores enojos del Gobierno tienen como centro al arzobispo de Buenos Aires. Jorge García Cuerva habló de una “Argentina herida” por la intolerancia y “donde duele un porcentaje muy alto de hermanos que la están pasando mal”. Reiteró algunos de esos conceptos en la misa que coronó la peregrinación a Luján. La reacción libertaria fue visible en redes sociales. La casi totalidad de funcionarios mantuvo el silencio. Salvo Luis Caputo, que retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor suyo y director del BICE, que dijo estar “cansado de este tipo” y agregó: “Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.

En ese contexto, y después de buscar un acuerdo con aliados y dialoguistas para dejar de lado el duro ajuste incluido en el Presupuesto, el bloque de LLA buscará imponer en el recinto su proyecto sobre discapacidad. El punto es cuándo tratarlo y, más aún, cómo jugarlo en la pulseada para desarmar la convocatoria a sesión especial impulsada por espacios de la oposición en Diputados.

De hecho, está planteada una especie de contrapunto de sesiones. La oposición decidió motorizar la suya, para el jueves 15, con foco en la ley de tierras, pero añadió al temario otros dos puntos: discapacidad y morosidad (endeudamiento familiar). Parece realmente difícil el acompañamiento de legisladores alineados con sus gobernadores para voltear el mega DNU del 2023. Los cálculos opositores indican hasta ahora que no cuentan con número para lograr quórum.

El impacto de la decisión de la Corte que repuso del tema de la ley de Tierras -significativo incluso socialmente- y el añadido de la movida opositora alcanzaron para que el oficialismo se pusiera a estudiar alternativas propias para bajar o neutralizar el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Y para completar, apuntó a despegarlo del resto de los debates pendientes, entre ellos los motorizados por bloques de la oposición.

En esa línea, buscarían una sesión para el 21 de este mes, con un temario que colabore a “vaciar” la convocatoria opositora. De esta manera, el oficialismo incluiría morosidad y Discapacidad, junto al proyecto sobre biocombustibles, que viene del Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados con cambios negociados para la aprobación en la Cámara alta.

Por otras vías, aunque con los mismos interlocutores, el Gobierno busca definir un entendimiento sobre la reforma electoral, con eje en la anulación o suspensión de las PASO. Las conversaciones con los jefes provinciales, reavivadas durante el viaje a Partís junto a Javier Milei, aún no están cerradas. Pueden ir de la mano con los acuerdos que demanda el Proyecto de Presupuesto 2027, pero el punto central es la contraprestación de LLA en cada distrito para no complicar los planes reeleccionistas de los gobernadores. Las conversaciones pueden ser grupales -por espacios políticos-, aunque al final serían tratos individuales. Eso va a ocupar la agenda de Diego Santilli en estos días.

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Milei prioriza el plano internacional y el ala política se enfoca al máximo en construir puentes con los aliados

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Cuando el presidente Javier Milei comenzó a planificar su nuevo viaje a España, sabía que su visita tendría un fuerte tinte político, pero no se imaginaba que iba a coincidir con el momento en el que se empezarán a definir las candidaturas en el país europeo, con su amigo Sebastián Abascal como probable competidor de Pedro Sánchez, justo después de que otro de los dirigentes que apoyó, Flávio Bolsonaro, ganara la primera vuelta en Brasil.

El mandatario nacional, que busca mantenerse como uno de los referentes de la derecha mundial, no descarta ahora volver a respaldar activamente a los líderes de VOX y del Partido Liberal, ya en el tramo final de ambas campañas.

El libertario le confirmó a su círculo más cercano, en la última reunión de Gabinete, que partirá a Madrid el próximo 19 de octubre, y se quedará allí al menos dos días para participar de diferentes actividades.

Aunque no fue informado oficialmente, el jefe de Estado tendrá en esa ciudad un evento programado para el 21, misma fecha en la que se comenzarán a anunciar a los candidatos para los comicios españoles.

El otro foco está puesto en Brasil: Milei ya viajó a San Pablo para respaldar la campaña de Bolsonaro, que ganó la primera vuelta y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de este mismo mes.

El dirigente del país vecino anticipó en declaraciones televisivas que tenía previsto invitar al presidente argentino luego de la victoria y, aunque por el momento tampoco se anunció un nuevo encuentro entre ambos antes de la elección definitiva, en el Gobierno tampoco descartaban esa posibilidad.

Tras los buenos resultados para el bolsonarismo, el mandatario argentino y su entorno destacaron los triunfos de todos aquellos candidatos de derecha o liberales que respaldaron, como los de José Antonio Kast, en Chile; Daniel Noboa, en Ecuador; Keiko Fujimori, en Perú; Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Nasry Asfura, en Honduras, entre otros.

Mientras tanto, en Buenos Aires se suspendió la reunión de la mesa política que había sido convocada para este martes, desde las 13:00, en la que se planeaba debatir la estrategia legislativa, especialmente de cara a la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

Hasta la noche del lunes, varios de los integrantes del reducido grupo reconocían que todavía no era del todo seguro que se hiciera el encuentro debido a que algunos de ellos tenían “problemas de agenda” y estaban esperando las órdenes de la secretaria general, Karina Milei.

Finalmente, el Gobierno confirmó la suspención debido a que varios de los funcionarios viajarán por la mañana a Salta para supervisar el desarrollo de las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, una planta que tiene el objetivo de alcanzar 100.000 toneladas de productos de litio al año.

Sin embargo, el viaje también podría servir para seguir acercando posiciones, ya que participarán del acto el gobernador local, Gustavo Sáenz, y el de Catamarca, Raúl Jalil.

Además de Karina Milei y Santilli, a la provincia del norte también irán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, por lo que la mitad de la mesa política estará allá.

La cúpula libertaria tenía previsto analizar el resultado de las negociaciones que la funcionaria y Diego Santilli mantuvieron con los 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week.

“Es posible que se toque el tema, sobre todo después de las repercusiones positivas de Paris”, anticipaba uno de los miembros de la mesa antes de que se cancelara el encuentro.

La delegación oficial regresó de Francia con la expectativa de haber mejorado su vínculo con los mandatarios provinciales y de haber conseguido apoyos para avanzar con la reforma electoral, cuyo principal objetivo para el Gobierno es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A la mesa política también iban a asistir el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En tanto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que también integra habitualmente ese espacio, ya estaba en duda después de no participar de la última reunión de Gabinete porque se sentía mal.

En París, el Gobierno buscó fortalecer el diálogo con 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week. El primer paso fue una cena encabezada por Santilli en la embajada argentina, donde se combinaron las conversaciones sobre inversiones con la discusión por los proyectos que el oficialismo necesita aprobar en el Congreso.

Luego, Karina Milei mantuvo una reunión política con los mandatarios, acompañada por Santilli y Caputo. En la Casa Rosada consideran que ese encuentro permitió acercar posiciones con los dirigentes provinciales, especialmente después de que la secretaria general les transmitiera que La Libertad Avanza no buscará competirles con candidatos propios en sus distritos.

El oficialismo interpreta esa señal como parte de un principio de entendimiento para negociar la eliminación de las PASO y eventuales acuerdos electorales hacia 2027. Sin embargo, varios gobernadores evitaron hacer definiciones públicas y dejaron pendiente la discusión sobre la estrategia en cada provincia.

La agenda legislativa se volvió más compleja después del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y de la convocatoria que distintos bloques opositores hicieron para una sesión especial en Diputados el próximo 15 de octubre.

El temario incluye la derogación definitiva del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para atender la situación de los endeudados.

Para el Gobierno, la posible caída del mega decreto representa uno de los principales riesgos parlamentarios. La norma fue rechazada por el Senado en marzo de 2024, pero la oposición no había conseguido hasta ahora los votos necesarios para que Diputados completara su derogación.

La Casa Rosada analiza alternativas para evitar que los gobernadores y los bloques dialoguistas acompañen esa iniciativa. Una de las opciones es incorporar una regulación sobre la venta de tierras a extranjeros dentro de la ley de Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, para separar ese debate del resto del DNU.

En paralelo, el oficialismo intenta ordenar el tratamiento del Presupuesto 2027 y de la reforma política. La discusión sobre discapacidad ya obligó al Gobierno a modificar su propuesta inicial y a negociar con aliados para conseguir un dictamen que preserve el nomenclador único de prestaciones, las actualizaciones por inflación y la compatibilidad de las pensiones con el empleo.

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Milei se proyecta como el “impulsor de la derecha” en la región y busca un liderazgo compartido con Bolsonaro

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El día después de la ventaja en primera vuelta del senador Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, el Gobierno se ilusiona con la consolidación de un cambio de tendencia y vaticina un liderazgo compartido en la región. El planteo surge ante la posibilidad de que el hijo de Jair Bolsonaro se imponga en el balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva, lo que podría consolidar a otra figura de derecha con peso en el continente.

Si bien hay quienes sostienen que la proyección del dirigente del Partido Liberal (PL) supondrá una competencia directa para Milei por el lugar de principal nexo regional con Donald Trump, en la Casa Rosada relativizan esa posibilidad y plantean que ambas figuras podrían coincidir y potenciar al conservadurismo.

Para eso, aspiran a consolidar al libertario como el impulsor del despliegue ideológico en la región, dado que fue uno de los primeros gobiernos de la nueva ola de derecha en asumir. Con ese objetivo, el oficialismo comparte un mapa comparativo de la Sudamérica de 2023, con fuerte predominio rojo, con el escenario actual, marcado por el avance de expresiones conservadoras.

En Balcarce 50 anticiparon la estrategia, que les permitirá sintetizar las contradicciones entre los deseos genuinos del libertario y los diagnósticos internos en torno a la elección de Brasil, la tercera economía más grande del mundo y el país con mayor peso del continente.

“Milei se va a subir al triunfo de Bolsonaro para vender que es por su influencia en la región y algo de eso hay. Para Argentina no es necesariamente bueno porque perdés singularidad e importancia dado que para Trump sos un socio estratégico clave, pero estando Brasil vales un poco menos”, admitió ante Infobae una fuente en estricta reserva.

En paralelo, el propio mandatario salió al cruce de quienes plantearon que el triunfo de Bolsonaro “era malo” para el país y apuntó contra “las mierdas humanas con micrófono” y a “los analistas zurdos y progres”. “El odio los tiene ciegos. Se van a seguir peleando con la realidad por exceso de odio, envidia y resentimiento”, planteó en X.

Tras los vientos positivos para la derecha brasileña, en el Poder Ejecutivo fantasean con un liderazgo compartido y no lineal, que se construya en relación con otro referente de peso como Bolsonaro. Según exponen, Brasil fue históricamente reconocido por su peso económico en la región, mientras que la Argentina buscó ocupar un lugar de referencia “política y cultural”.

“Puede seguir habiendo un liderazgo dialéctico, porque Milei resultó ser una suerte de fenómeno que trascendió las fronteras”, enfatizó un hombre que transita a diario Casa Rosada.

Sin haber sido conversada, la postura es compartida en otra de las tribus del espacio. “Néstor (Kirchner) y Lula (da Silva) convivieron durante casi 8 años porque tenían particularidades distintas y economías complementarias. Milei fue a Brasil, se peleó con Lula, retiró el embajador y demostró estar dispuesto a poner el cuerpo por Flávio como no lo hizo ningún otro político”, ejemplificó un funcionario del entorno del mandatario.

Luego de publicar una serie de mensajes en respaldo del carioca y contra Lula da Silva, y de celebrar la victoria derechista con el Gabinete, en el oficialismo se muestran cautelosos ante los comicios definitorios del 25 de octubre y aseguran que la participación de Milei estará supeditada a las necesidades de campaña del candidato brasileño. “No está previsto que vaya, pero va a depender de lo que necesite Bolsonaro”, sostuvieron desde la mesa chica de Milei.

El mayor de los hijos de Bolsonaro parece apoyarse en el libertario: el domingo invitó al Presidente a Brasil, luego de pronunciar la frase “viva la libertad, carajo”, popularizada por el argentino. Este mediodía, el exdiputado federal y hermano del candidato, Eduardo Bolsonaro, calificó de “profeta” a Milei por su trabajo en la región desde su cuenta de X.

En Balcarce 50 tampoco desvinculan la agenda española del nuevo escenario geopolítico. No es casual que el libertario tenga en agenda un nuevo viaje a España, previsto para el 19 de octubre, ni que lo confirmara a horas de que Pedro Sánchez, con quien mantiene una pésima relación, convocara a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de una crisis social.

Pese a que la sintonía de Milei es con VOX, en la administración libertaria anticipan que un eventual triunfo del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que actualmente aventaja en las encuestas también sería bien recibido.

“Es una buena noticia sobre todo si gana la derecha después de que Milei vaya y se involucre. Es loco lo que pasa con el Presidente”, destacaron desde el karinismo, luego de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hiciera referencia a la “motosierra” de Milei.

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