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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Milei, el llamativo giro por Malvinas y su propia señal de uso político doméstico

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Apenas 24 horas después de la cadena nacional por Malvinas, Javier Milei expuso una primera y fuerte pincelada de la utilización política del giro oficial, llamativo, para reponer el reclamo argentino. Lo hizo en referencia directa a la economía, con el objetivo que el oficialismo viene ensayando desde hace tiempo, es decir, correr el foco de los renglones más preocupantes, reivindicar las reformas y ratificar de manera cerrada la gestión. La combinación fue clara: el Presidente sostuvo que el plan económico “permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”. El articulado y cuidadoso mensaje -con exhortación a dejar de lado la competencia política en función de una causa nacional- quedó cruzado así por el trazo de campaña.

Esa asociación discursiva del Presidente había sido sugerida en la cadena nacional, con tono más medido y en compañía de la primera línea libertaria. Fue una frase, una forma de autocelebración, según las cual las medidas anunciadas resultan posibles “gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en que estaba”. El posterior discurso, ante ejecutivos de finanzas, fue más allá de modo explícito y anotó el tema Malvinas como recurso narrativo saliente para ratificar el rumbo económico. Algo que, claro, también apunta a la interna.

El giro del Gobierno tiene un antecedente cercano como elemento vinculado a la batalla discursiva antes que cultural: la clara intención de darle un toque nacionalista a las banderas violetas. Fue algo precipitado entre otras razones como efecto del Mundial y de haber quedado descolocado precisamente por Malvinas, frente a la imagen del “trapo” que bajó desde una tribuna y fue multiplicada por el gesto de los jugadores, después del triunfo ante Inglaterra en la semifinal. El oficialismo buscó explotar, especialmente en redes sociales, la idea de la existencia de una organizada campaña “antiargentina”. Milei vinculó entonces directamente a Brasil, apuntó a Lula da Silva y también incluyó, aunque con menos énfasis, a México.

Un trascendido, de repercusión mundial y atribuido a fuentes del Pentágono, señaló que Washington estaría estudiando modificar su posición sobre Malvinas, de hecho favorable a Londres bajo la formalidad de la neutralidad. Después, llegaron las declaraciones de Donald Trump dejando abierta la posibilidad de revisar esa postura. Tales mensajes no surgieron como señal a la gestión mileista, sino hacia Gran Bretaña, en el marco de las tensiones más amplias con Europa occidental. Tiene relación directa con la falta de acompañamiento en la guerra con Irán y la demanda de mayor presupuesto en defensa, con foco en la OTAN.

Desde el Gobierno destacaron la actitud e Trump, más allá de que esa ficha haya sido movida en un tablero en el que no juega Argentina. Pero a la vez buscaron contrarrestar las consideraciones sobre la velocidad con que se habría producido el anuncio de Milei. Dicho de otra forma: afirmaron que el Gobierno ya venía analizando respuestas a los avances del proyecto petrolera Sea Lion en aguas de las Malvinas. La discusión, de todos modos, no sería sobre el grado de sorpresa. Antes, están a la vista elementos contradictorios, improvisados según una mirada más ácida.

Dos elementos se destacan en relación con señales previas concretas, más allá de la polémica de arrastre por aquellos elogios de Milei a Margaret Thatcher, que desde las filas del oficialismo buscan ser restringidos a la economía. Difícil, al menos en este país. El punto, en sentido práctico, no es ese. Pesan en cambio las declaraciones sobre la intención de atender, se entiende que en negociaciones, el “deseo” de los habitantes de las islas. Es un término inadmisible, porque abre la puerta al planteo británico de autodeterminación, rechazado por la Argentina. Seguramente, fue anotado en su momento por Londres. Ahora, Milei habló de “población implantada en un territorio usurpado”.

Mucho más acá en el tiempo, hace menos de un mes, Pablo Quirno decía públicamente que soberanía es un concepto “anticuado”. El canciller utilizaba esa descalificación para rechazar los cuestionamientos a las modificaciones de la ley de tierras, que finalmente el oficialismo tuvo que dejar de lado para avanzar en el Senado con una recortada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

No fue una definición feliz, sobre todo en boca del encargado de las relaciones internacionales. El mensaje de Milei por cadena nacional incluyó 13 veces el término “soberanía”.

En el plano de la geopolítica, el texto leído por Milei destacó especialmente las referidas advertencias de Donald Trump como una evidencia de que correrían “vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”. El punto, en esa lectura, es que resulta atada a una visión restringida al cuadro actual, es decir y básicamente, a la tensión entre Trump y la gestión laborista de Andy Burnham. En cambio, no parece importar la historia, los lazos políticos y económicos tradicionales, las alianzas estratégicas, en la visión más de fondo del poder.

En el paño doméstico, resulta forzado disociar el anuncio presidencial de los intentos por retomar el manejo del temario público. Es algo que se viene repitiendo, en medios del oficialismo, desde la etapa marcada por el caso Adorni. El Gobierno tiene la necesidad de correr del foco la economía y volver a la política, entendida sobre todo como discurso duro de confrontación, sobre todo con el peronismo/kirchnerismo -algo que por momentos expone signos de agotamiento- y también con cualquier posición crítica. En ese lote entran legisladores, economistas, artistas, periodistas.

En cuanto a la economía, la ratificación sin matices del rumbo, por parte de Milei, acaba de sumar el componente de Malvinas. Por supuesto, la intención política parece más amplia: colocar en el centro un tema realmente sensible para la sociedad podría restarle aire a la oposición para batallar con sus temas. Se verá con el correr de los días.

Es visible además el mensaje hacia el interior del oficialismo. Podría considerarse también el quiebre sin retorno con Victoria Villarruel, siempre activa con el tema Malvinas. La vicepresidente evitó comentarios sobre el mensaje presidencial y el viernes, como estaba agendado, asistió a un acto con ex combatientes. Pero en la interna, venían pesando otras preocupaciones.

La economía y las elecciones: ese es el tema. Circulaban inquietudes y, en espejo, eran públicas las reacciones para destacar, a veces exageradamente, medidas como el impulso a créditos hipotecarios, con fondos de la ANSES, o algo de flexibilización en las paritarias. “No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, dijo Milei. De un modo u otro lo venía diciendo, puesto otra vez en tarea de campaña. La novedad, también en este terreno, fue Malvinas.

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La agenda de reformas del oficialismo en el Senado choca con aliados que ya no garantizan mayorías

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El Congreso es la caja de resonancia de la política en general y el Senado de la relación entre el gobierno nacional y las provincias en particular. Y esto se está empezando a observar en el tratamiento de los proyectos que impulsa la Casa Rosada.

Mientras en Diputados se acumulan expedientes relacionados con la creciente morosidad de las empresas y las familias, en la Cámara Alta el deterioro de la relación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada está dificultando el tratamiento de varias iniciativas, incluso algunas que ya cuentan con media sanción.

Con la titular del Senado, y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, corrida de los debates, todo queda en manos del pragmatismo de Patricia Bullrich y la capacidad de prometer y cumplir del jefe de gabinete, Diego Santilli.

Pero esto que funcionó durante la primera mitad de año hoy no parece suficiente porque el Senado entró en un proceso de marchas y contramarchas que hace que la mayoría de los temas que empuja el oficialismo “se encuentra con muchas piedras en el camino”. Estos obstáculos son puestos principalmente por quienes hasta hace no mucho tiempo aportaban los votos para aprobar los proyectos oficiales.

Super RIGI, ley de salud mental, reforma electoral y eliminación de las PASO, ley Hojarasca, ley de sociedades y ley de carbono no avanzan en las comisiones. En las últimas horas se dictaminó la ley de biocombustibles pero hay reclamos de San Luis. Pero el mejor ejemplo del cuello de botella que se vive hoy en el Senado es que los proyectos de ley de Inocencia fiscal II y la modificación de la Carta Orgánica del BCRA recién fueron girados de Diputados, donde ya obtuvieron media sanción, el viernes pasado. Y a nadie le parecía extraña la demora.

La semana pasada, durante el debate del Super RIGI, el radical Maximiliano Abad, el macrista Martín Goerling y el senador de Provincias Unidas Carlos Espínola fueron quienes frenaron el dictamen exigiendo ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer siempre la importación. Y, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero en igualdad de condiciones”. “Si tienen tantos problemas, nos quedamos con el RIGI”, respondió la líder libertaria, Patricia Bullrich.

Pero lo mismo sucede con el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud Mental. Con un tema que está cada vez más presente, el oficialismo buscaba modificar de manera simple y ágil la norma que establece los parámetros de internación.

En este caso es el peronismo el que pone un freno al proyecto del oficialismo, pero lo hace con el apoyo implícito del resto.

Sin embargo, nuevamente fue la oposición dialoguista la que frenó el tema acompañando al peronismo que se opone: “En la tarde del jueves el oficialismo mandó un dictamen en donde suman las observaciones que le hace el bloque del peronismo”.

Algo similar sucede con el debate por la reforma electoral. Aunque Bullrich había anunciado hace una semana atrás que iban a volver a debatir la norma durante el transcurso de la semana que viene, no hay llamado a ninguna comisión al respecto.

La relación de fuerzas está cambiando y no porque el peronismo se imponga porque, además, tiene muchos problemas internos; sino porque el oficialismo está en una interna que es más silenciosa pero más profunda y porque los gobernadores se están subiendo el precio en medio de un proceso electoral”, explicó una fuente parlamentaria.

Las internas en el peronismo quedan a la vista en cada votación. Se pudo ver en los pliegos de los jueces pero también en el debate sobre la ley de carbono o sobre la de biocombustibles.

Pero en el mundo libertario también hay varios cruces. Por un lado una Patricia Bullrich de la cual la Casa Rosada desconfía. Más precisamente, Karina Milei. En ese escenario cobra vuelo la neuquina Nadia Márquez. La “pastora”, como la denominan algunos porque profesa la religión evangélica, es la voz, los ojos y los oídos de la hermana del Presidente en la Cámara Alta.

Pero, además, en las últimas horas se sumó un pedido de Ivanna Arrascaeta que quiere cambiar la forma de trabajar para que haya reuniones de asesores. En la otra punta está el senador Agustín Monteverde que en las últimas horas citó a una reunión de comisión en su despacho y quiso firmar Super RIGI con una hoja en blanco.

El panorama en el Senado presenta una mayor complejidad que la esperada. La campaña para el 2027 empieza a acelerarse en las provincias y que La Libertad Avanza empiece a colocar candidatos complica el apoyo de los representantes de esas provincias que hasta ahora eran más permeables a los pedidos de La Libertad Avanza.

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Los debates electorales que resurgen en el Gobierno y la jugada detrás de la cadena nacional por Malvinas

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En medio de las jornadas de hiperactividad que intentó mostrar el Gobierno en las últimas semanas, se coló el debate electoral que concentra a la mesa técnica, compuesta por La Libertad Avanza y el PRO, abocada a trabajar en una construcción que permita garantizarle a Javier Milei otros cuatro años de gestión. Para eso, en el oficialismo se muestran abiertos a ampliar las alianzas y sumar espacios a la instancia de conversación, aunque bajo algunas condiciones y limitaciones.

“Vamos a tener en cuenta a todos los que coincidan y todos van a estar”, precisó un integrante de la mesa política a Infobae al respecto. En esa línea, los laderos que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encaran la negociación con tres sectores claves: el PRO, los gobernadores y la Unión Cívica Radical.

Sin embargo, la interna que atraviesa al radicalismo complejiza la posibilidad de sumar institucionalmente a una UCR que no descarta tener candidato propio en 2027. En voz de su titular, Leonel Chiarella, el sello planteó la necesidad de ofrecer “una propuesta alternativa a la grieta”.

En Balcarce 50, aseguran que mantienen un buen vínculo y conversan uno a uno con el sector que se muestra abierto a dialogar, entre los que identifican a Maximiliano Abad, Rodrigo De Loredo y los gobernadores del espacio, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. No corren con la misma suerte los referentes alineados detrás de la figura del senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes más críticos a la administración libertaria.

“Con la UCR como partido es difícil porque también contempla a los que responden a Lousteau”, explicó una voz del armado sobre la posibilidad de sumar un tercer actor a las fotos de los primos Menem, Diego Santilli y los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

Como contó este medio, el retrato que surge de las reuniones quincenales en Casa Rosada parece no reflejar al ecosistema libertario completo debido a que una porción de la militancia digital, que encuentra en el asesor presidencial Santiago Caputo a su principal referencia, está excluida de la instancia de definición que quedó reservada a los “políticos de carrera”.

La colección de fotos reactualiza un viejo debate sobre la construcción del espacio, que tuvo su punto más álgido en las legislativas de 2025 y que, con el triunfo de octubre, terminó inclinando la balanza en favor del ala karinista, con la consolidación de las lógicas territoriales más características de la política tradicional. Desde ese entonces, el caputismo y el karinismo coexisten, pero con el sector alineado con el consultor en un rol más pasivo.

Con las Fuerzas del Cielo -casi- desarticuladas, hay quienes se muestran preocupados por la fuga de una porción de los votantes jóvenes, a los que definen como “no ideologizados”. Consideran que llegaron a Milei atraídos por su perfil anticasta y que -detectan- tomaron distancia de La Libertad Avanza cuando identificaron que el espacio se había transformado en “un partido más”.

“Hubo una cuestión de egos. Chapenado cargos, lo contrario a lo que era La Libertad Avanza. Cuando pasó eso, los jovenes empezaron a decir que no habían votado eso”, expresó un militante del sector. En la tribu digital consideran que “el activo” estaba en mantener conforme al votante que “en 2019 votó a Alberto Fernández y en 2023 a Milei”, y que hoy cuestiona tanto la presencia de militancia paga en los actos como las fotos entre políticos.

Otras voces del universo libertario parecen relativizar la merma juvenil y plantean que los jóvenes, en líneas generales, son quienes menos participan de las encuestas y constituyen uno de los segmentos “más demandantes”. “Pueden haber perdido el interés, pero no se han ido hacia ninguna otra fuerza política”, precisó una fuente en tema.

En esta oportunidad, el viejo debate parecería no tener asidero dado que, según supo este medio, no formó parte del temario de ninguna de las reuniones de la mesa política, la instancia designada por Milei para sintetizar las diferencias y procesar las definiciones de la administración libertaria. Además, en el entorno de la menor de los Milei, consideran que el Gobierno atraviesa una etapa nueva, distinta de aquella previa a su llegada al poder en 2023.

“Todos somos disruptivos en algún momento, pero después sos un Gobierno. Trabajas en Casa Rosada, usas camisa y corbata y tenes que gobernar”, rechazó de cuajo una voz del reducido círculo.

En medio de esas idas y vueltas, el libertario optó por mostrarse activo y decidió intervenir públicamente sobre un tema que, durante el Mundial 2026, dejó mal parado al Poder Ejecutivo, cuando el Ministerio de Seguridad acató una resolución de la FIFA que impedía el ingreso de la bandera de las Islas Malvinas al estadio en la semifinal contra Inglaterra.

Por aquel entonces, en varios despachos de Casa Rosada admitían que habían perdido “la batalla narrativa”, y advertían el impacto de esa derrota en el Congreso, en particular con la caída del capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La cadena nacional, que llegó luego del mensaje en sintonía de Donald Trump y del respaldo del mandatario chileno José Antonio Kast, apuntó a recuperar algo de lo perdido tras el gesto desafiante de la propia Selección Argentina, que expuso aún más la extraña jugada del Ejecutivo.

Con intención de reafirmar el reclamo por soberanía de las Malvinas, el mandatario anunció un paquete de medidas y sostuvo -a contramano de lo que había planteado meses antes- que los isleños “no tienen derecho legítimo” a la autodeterminación en el territorio usurpuado. En la comunicación trabajó Santiago Caputo en coordinación con varias áreas, entre ellas, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno.

Era inminente el pase de exploración a explotaciónSe venía abordando diplomáticamente, pero no iba a alcanzar”, argumentó una fuente que participó de la organización de la cadena para explicar los tiempos.

Detrás del mensaje, que concluyó con un llamado a la unidad nacional, se puede detectar la intención de la administración libertaria de retomar la iniciativa en un nuevo intento por recuperar el control de la agenda, combinada con el esfuerzo por “incomodar” a la oposición.

En la preparación del discurso, Milei retomó el estilo que caracterizó el primer tramo de su mandato y al que internamente le valoran “la audacia y la escenificación”. “¿Cómo hacés para oponerte a la sanción a empresas británicas o extranjeras en general o la concreción de una base militar en defensa de la soberanía de las islas? Es un lugar incómodo para el adversario“, explicaba un alfil oficialista.

No fue casual que, mientras el Presidente grababa la cadena, cuyo contenido se mantuvo en estricto hermetismo, Las Fuerzas del Cielo desempolvaran su cuenta de X para publicar un flyer que rezaba “las Malvinas son argentinas”, y se mostraran activos -luego de semanas de inacción- con intención de instalar en X el hashtag con la misma consigna.

El desafío para el oficialismo será encontrar el equilibrio entre ampliar la coalición y no diluir la identidad libertaria. Las fotos en clave electoral muestran hacia dónde se inclina hoy la construcción, pero los reclamos evidencian que hay quienes quieren saber qué queda de aquel Milei que llegó al poder cuestionando a la política tradicional.

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