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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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La tensión con la industria y las internas copan la agenda frente al descanso del Congreso

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El Congreso parece haberse tomado un respiro después de un mes a paso forzado, impuesto en febrero por el oficialismo para avanzar con sus principales proyectos en sesiones extraordinarias. Ese descanso legislativo coincide con una escalada en el frente industrial después de sucesivas cargas presidenciales y, también, potencia el efecto de la renovada interna violeta. La ofensiva de Javier Milei sobre empresas acaba de generar respuesta orgánica del sector, un dato político fuerte, hasta impensable no hace mucho. Y la pelea doméstica con Victoria Villarruel escribe un capítulo grave -con sospechas cruzadas-, mientras el recambio en el ministerio de Justicia expone un pico de tensión en la línea más próxima a Olivos.

El ruido político y mediático de estas horas no tiene los protagonistas centrales que seguramente imaginaba el Gobierno al elaborar el discurso y la actuación que marcaron la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, hace apenas cuatro días. Los pasajes más resonantes de Milei ante la Asamblea Legislativa tuvieron como eje las cargas sobre el kirchnerismo. Sin embargo, en buena medida por la crisis del peronismo/K y la fatiga del tema, el efecto más notable es la consagración de una franja empresarial como “enemigo” para la “batalla cultural”. Era previsible, después de algunos mensajes previos, y quedó ratificado en la cadena nacional.

No lo dicen las respuestas formales, pero resulta evidente que este giro del oficialismo se produce frente a algunos elementos de la economía preocupantes. Lo exponen registros diferentes, incluso algunos, como el último informe del EMAE, que muestran avances en algunos rubros y retrocesos en otros. Esos renglones de retroceso incluyen a la industria y el comercio interno, en la misma línea que estimaciones privadas. Y en paralelo con relevamientos sobre consumo (niveles y modificaciones de hábitos por cuestiones de ingresos) y empleo.

Milei había dedicado mensajes con descalificaciones a Paolo Rocca y, después, a Javier Madanes Quintanilla. Esa andanada sobre Techint y Fate/Aluar había generado malestar, contenido hasta ahora. El discurso presidencial en el Congreso terminó por precipitar una reacción medida, pero fuerte, más que por los términos por el hecho en si mismo de la respuesta, a cargo de la UIA y de AEA. Reclamaron “respeto” y “diálogo”, una manera también de contraponer mensajes. Se verá si abre una discusión de fondo sobre algunos trazos gruesos de la gestión económica.

Por lo pronto, en dos días seguidos, la UIA difundió el referido comunicado y el último informe de su Monitor de Desempeño Industrial, que anota otra vez una caída generalizada de la actividad. Resulta probable que dispare una confrontación de datos desde la vereda violeta, al estilo de las redes sociales, antes que una discusión sobre visión económica y desarrollo. Pero en términos prácticos, se trata de un dato también político.

Aunque tenga sentido paradójico, el discurso de Milei terminó corriendo el foco del Congreso -protagonista casi exclusivo de febrero- y a la vez dejó abierta una expectativa sobre el anuncio de decenas de reformas, sin precisiones y, por lo tanto, un interrogante sobre la actividad legislativa que realmente impulsará el Ejecutivo. En lo inmediato, viene más lento el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, que aprobó el Senado y recién empieza a moverse en Diputados. Habrá audiencias públicas y el desenlace quedaría para abril.

La tensión del oficialismo aparece ahora concentrada en la interna. El más repetido enfrentamiento -entre Olivos y la vicepresidente- agregó entregas y, sobre todo, añadió ingredientes mas fuertes: sospechas de operaciones y acusaciones graves. Los cruces más visibles acaban de sumar a Patricia Bullrich y registraron fragilidad de límites en el intercambio de Villarruel y Luis Petri. La vicepresidente pegó en tono de denuncia sobre la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión del ex ministro de Defensa. Y el ahora diputado la acusó de golpista.

Ese cruce y el arrastre del estado de no retorno con Karina Milei -recreado en la Asamblea Legislativa del domingo pasado- pusieron otra ves en primera línea las especulaciones sobre movimientos en el Senado. Es curioso, porque Bullrich retomó la exposición pública de la disputa con Villarruel, pero más allá de lo que se busca imponer como versión de distensión, está lejos de una buena relación con la hermana del Presidente. En ese clima, la vicepresidente dijo que van por su caída del cargo, algo que pareció anticipar capítulos más oscuros de esta pelea.

En el centro del Gobierno, la interna repuso titulares sobre las disputas de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. La designación de nuevas autoridades en el ministerio de Justicia no agota la historia, sino que provoca interrogantes sobre su proyección hacia otras áreas sensibles de Gobierno, la justicia federal y hasta la Corte.

Como se sabe, Mariano Cúneo Libarona actuó durante meses como pieza para evitar un conflicto grave en el tablero del poder. Había difundido su decisión de renunciar en los días amargos para el oficialismo por la derrota en la elección bonaerense y siguió en el cargo, en parte porque el cuadro se alivió con la celebración de octubre. En rigor, su salida venía escrita desde antes. Y la permanencia se estiró hasta ahora; termina con la designación de Juan Bautista Mahiques. La jugada incluye a Santiago Viola en el segundo escalón ministerial, desplazando a Sebastián Amerio.

La movida expresa un éxito de Karina Milei en detrimento de Santiago Caputo. El punto ahora es si este avance se extiende hacia cargos de peso que responden al asesor: ARCA y SIDE. Por lo pronto, los primeros pasos del designado ministro fueron claros. Visitó la jefatura de Gabinete y allí estuvo reunido con Karina Milei -a quien había agradecido su designación de manera especial y públicamente- y con Santiago Viola.

Este jueves, Milei tomará juramento a los nuevos funcionarios. Presencias, ausencias y gestos presidenciales también tendrán lectura en clave de interna.

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Tras las 90 reformas que anunció Milei, el peronismo quiere evitar que LLA se adueñe de la agenda del Congreso

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En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dejó claro que el Gobierno buscará ejercer un control total de la agenda legislativa con una andanada de proyecto de “reformas estructurales” que se sucederán hasta fin de año. En cambio, en las filas del peronismo oscilan entre cierta resignación y los planes para imponer una “agenda propia”.

Según explicó Milei, cada ministerio ya tiene en carpeta al menos 10 paquetes legislativos que enviarán al Congreso escalonadamente para “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”.

Entre los principales anuncios se destacaron la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial; la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Defensa de la Competencia; la reforma del Régimen Tributario y del Código Aduanero; la ratificación del Acuerdo con EEUU y suscripción de nuevos acuerdos internacionales; la eliminación de barreras ambientales; la reforma del Régimen Electoral y cambios en el financiamiento de los partidos políticos; una reforma judicial y del Código Penal; una reforma en los tres niveles educativos; una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.

Ante una propuesta tan ambiciosa, de las filas del peronismo surgen análisis dispares. Por un lado, algunos reconocen que el Gobierno “tiene los fierros” para mantener el control de la agenda parlamentaria, por lo menos en el corto plazo.

No solo se refieren sólo al apoyo de los gobernadores y de los bloques aliados, como el PRO y la UCR, sino al control del trámite legislativo. Cabe recordar que antes de llegar al recinto, cada proyecto de ley debe pasar por las comisiones correspondientes según los temas que abarque. Es por eso que el control de las presidencias de las comisiones cobra gran importancia.

Gracias al acuerdo de sus aliados, los libertarios se quedaron con las presidencias de todas las comisiones que se conformaron durante las sesiones extraordinarias. Esta son: Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Justicia (Álvaro Martínez), Trabajo (Lisandro Almirón), Juventud y Niñez (Maria Gabriela Flores), Recursos Naturales (José Peluc), Juliana Santillán (Relaciones Exteriores), Mercosur (Damián Arabia). Y todo parece indicar que la oposición quedará completamente relegada de las comisiones importantes.

“La agenda del Congreso la podés manejar si tenés alguna presidencia que te permita avanzar con los proyectos. Pero ellos hasta ahora se quedaron con todo y no hay perspectivas de que le dejen alguna importante a la oposición”, explicó un importante referente de Unión por la Patria.

“Además, los libertarios han aprendido rápido todas las malas técnicas y por más que te dejen la presidencia de alguna comisión, primero le van a dar giro a los proyectos para que pasen por alguna de las comisiones que controlan ellos, y ahí te la cajonean”, sintetizaron.

Ante este escenario, la única herramienta disponible serían los emplazamientos, un mecanismo que obliga a las comisiones a tratar los proyectos sin importar quién detenta la presidencia. Sin embargo, esta instancia, que fue utilizada muchas veces el año pasado, requiere de una mayoría en el recinto, algo que la oposición por el momento está lejos de alcanzar. “Mientras el núcleo de aliados dialoguistas se mantenga firme, va a estar muy complicado”, explicaron.

En cambio, sí existe un consenso entre los peronistas: el apoyo de los gobernadores tiene fecha de vencimiento y eso eventualmente dejará al oficialismo sin mayoría propia. La pregunta es cuándo ocurrirá. “Muchas provincias van a tener una lógica sumisa este año, pero el año que viene la lógica electoral va a empezar a imponerse desde muy temprano y los gobernadores se van a tener que diferenciar para no perder el control de sus territorios”, advirtieron.

Otros creen que la dinámica económica podría “dar vuelta” la situación mucho antes: “Los dialoguistas van a ir para donde vaya el viento, ya fueron para un lado en 2024 y después para el otro lado en 2025”.

En esa línea, un diputado que no responde al liderazgo de Cristina Kirchner analizó que la imagen de Milei se está deteriorando y que el tono agresivo y polarizante al que recurrió el domingo pasado es una consecuencia directa del deterioro de las expectativas. “Ya perdió todo lo que ganó en octubre y a pesar de que tuvo muchos éxitos durante el verano no está recuperando imagen”, señaló.

Por otro lado, sectores del peronismo insisten en que deben plantear una agenda propositiva que contraste directamente con el oficialismo, y si no se puede avanzar en el Congreso, tendrán que buscar visibilidad mediática y en las calles. “Una cosa es perder una votación en el recinto y otra es perder la agenda en la calle. El mejor ejemplo es lo que pasó con Macri, que ganó la votación de la reforma previsional pero después perdió la agenda de ahí en adelante”.

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Milei le dará inicio a una nueva etapa en el Ministerio de Justicia y luego se centrará en la gira clave por EEUU

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Javier Milei

Tras haber elegido al sucesor de Mariano Cúneo Libarona, el presidente Javier Milei le tomará juramento este jueves a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, para ponerlo en funciones antes de iniciar una nueva gira por los Estados Unidos, donde volverá a verse con Donald Trump.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes gubernamentales a Infobae, el acto en el que el mandatario nacional designará en su cargo al hasta ahora fiscal se llevará adelante al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

A este evento asistirá prácticamente toda la cúpula del Poder Ejecutivo, desde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior).

Quien sí estará entre el público es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales impulsoras de la designación de Mahiques y de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, como su segundo.

De hecho, la funcionaria recibió el miércoles por la tarde en Casa Rosada al futuro ministro para un encuentro junto también a Adorni y Viola, en la que repasaron los principales ejes que tendrá la gestión que inicia ahora.

Asimismo, también fueron invitados a la jura algunas figuras importantes del ámbito judicial, incluido su padre, Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

En los tribunales, varios magistrados estaban haciendo fuerza para ser de los pocos incluidos en la lista de la convocatoria, que hasta el miércoles por la noche todavía se seguía planificando.

“Seguro se llena de jueces y fiscales. Es lógico, porque nació y se crió en el ámbito de la Justicia. Arrancó a los 20 años como meritorio, para todo el mundo judicial hay mucha expectativa sobre quiénes van a ir”, explicó a este medio una fuente cercana al futuro funcionario.

A diferencia de otras ocasiones, el Presidente aceleró los preparativos para la toma de juramento, con el objetivo de que Mahiques quede formalmente al frente del Ministerio antes de iniciar una intensa agenda internacional, que le demandará estar fuera del país casi toda la semana.

El viernes, Milei tiene previsto abordar un vuelo privado que, en primer lugar, lo llevará hasta la Florida, en el sur de los Estados Unidos, donde volverá a encontrarse con Trump.

El líder republicano organizó una cumbre en su residencia de Mar-a-Lago para afianzar el vínculo con los mandatarios latinoamericanos de derecha y tratar de reducir la influencia de CHina en la región.

De este evento, que se realizará el sábado, participarán también los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

La comitiva argentina, en tanto, estará integrada por la secretaria general, el jefe de Gabinete, los ministros Quirno, Sturzenegger, Lugones y Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Tal como anticipó este medio, durante la reunión, el mandatario estadounidense conversará con sus invitados “para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la administración republicana.

Es probable que a lo largo de la jornada la lucha contra Irán, que en el continente tiene como socios a Cuba y Nicaruaga, sea uno de los principales temas de debate.La Casa Blanca busca establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista de Teherán.

Si bien todavía la agenda se está diseñando, lo más probable es que el Presidente no vuelva a Buenos Aires después de esa cumbre, sino que se traslade directamente hasta Nueva York, donde el lunes encabezará el Argentina Week.

Este evento se llevará adelante entre el 9 y 12 de marzo y tiene como principal objetivo conectar a las autoridades y empresarios nacionales con potenciales inversores interesados en sectores estratégicos como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y nuclear.

Asimismo, y como también adelantó Infobae, allí se le sumará a la comitiva oficial una delegación de gobernadores que fueron invitados por Cancillería a participar de estas rondas de negociación.

Entre los convocados están Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

También fueron llamados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero el primero rechazó el ofrecimiento debido a que regresó hace poco de los Estados Unidos, donde hizo una extensa gira, también en busca de inversiones, mientras que el segundo alegó problemas de agenda en su provincia.

El Presidente regresaría a Buenos Aires el martes, cuando para una posible reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, antes de volver a despgar rumbo a Chile con motivo de la jura presidencial de José Luis Kast, prevista para el 11 de marzo.

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