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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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El Gobierno negó un ajuste en salud y cuestionó la marcha convocada por asociaciones médicas

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El Gobierno negó que haya un ajuste en el área de Salud y criticó la marcha que hicieron sindicatos y trabajadores del sector, en reclamo de más fondos para el sector: “Tiene un tinte político”.

Saúl Flores, Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio liderado por Mario Lugones, dijo que “de ninguna manera” hay reducción de fondos para salud y habló de “tinte netamente político” de los organizadores de la movilización.

Flores destacó que “no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento. Sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

El funcionario de Salud dijo en declaraciones a Radio Mitre que, en el caso del Hospital Garrahan hubo una inversión de $30 mil millones “como producto del mejor manejo de los fondos”.

Flores habló además de “las transferencias en cuanto a atención de los pacientes” y ejemplificó: “En el 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que significa para este año, con respecto a ese monto, un 66% de aumento en el presupuesto. Obviamente, los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando da cuenta de eso».

El Secretario de Gestión Sanitaria de Salud destacó que Nación “va a financiar el aumento en esa cobertura, tanto de pacientes oncológicos y como aquellos con enfermedades poco frecuentes”.

Flores advirtió además que en el caso de los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), de financiamiento compartido entre Nación y Provincia, el gobierno de Axel Kicillof tiene una deuda de $644.700.000.000 hacia esos centros de salud.

Las claves de la marcha de sindicatos y trabajadores de la salud para pedir más fondos para el sector

  • Organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública en rechazo a lo que advierten que es un ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, con denuncias de deterioro en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.
  • La movilización central fue en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 13.00 desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, con la participación de gremios de la salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, residentes, estudiantes y colectivos vinculados al sistema sanitario público.
  • Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, los organizadores aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica por un recorte presupuestario, caída de programas nacionales, falta de insumos y medicamentos. Entre los principales reclamos, hablan de la reducción de partidas destinadas a hospitales públicos, las dificultades de acceso a tratamientos y ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

Fuente: TN

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Por el frío, subió la demanda de gas y volvieron a aplicar restricciones a estaciones de GNC e industrias

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Las bajas temperaturas volvieron a presionar sobre el sistema de gas. Con el consumo en aumento, que ya se ubica 20% por encima del promedio del año anterior, se retomaron las restricciones a industrias y estaciones de GNC en varios puntos del país.

Desde inicio de semana y “por tiempo indeterminado”, se registran cortes o límites de consumo a firmas con contratos interrumpibles -que pagan más barato el suministro, pero son las primeras que pueden tener las restricciones-. La intención es garantizar que no falte gas para los hogares, escuelas y hospitales (usuarios prioritarios).

La demanda de gas se ubica por estos días cerca de 150 m3 totales, con un consumo de hogares en torno a 70 m3. Y las previsiones apuntan a que en las próximas semanas siga en aumento por la época invernal.

Por eso, tanto desde el Gobierno como desde el sector energético monitorean de manera permanente los posibles pico de consumo.

Desde el sector de las distribuidoras aseguraron que las restricciones a expendedores de GNC e industrias interrumpibles son medidas habituales en los inviernos para garantizar que no haya faltantes de gas.

En esta oportunidad, la medida -que las distribuidoras aplican en varios puntos del país- comenzó a principios de semana y se mantendrá “hasta nuevo aviso”, según confirmaron a TN fuentes del sector.

En concreto, implica limitar el expendio de GNC en aquellas bocas de carga que no cuentan con contratos en firme, es decir, sin garantía de suministro continuo. En CABA, la mayoría de las estaciones de servicio tiene contratos firmes, por lo que desde el sector explicaban que no se sentirá especialmente.

En paralelo, también se aplicaron restricciones a consumos industriales bajo la misma modalidad interrumpible.

El consumo de gas entró en alta temporada

De acuerdo con los registros de Enargas, la demanda prioritaria, que incluye hogares, hospitales, escuelas y otras instituciones esenciales, se ubicaba en torno a 67 millones de metros cúbicos diarios, bien por encima del nivel de la misma semana del año anterior, cuando ascendía a 54,3 millones de metros cúbicos diarios. En comparación, la temperatura media también es menor en este mayo: 12,5° contra 13,6° de 2025.

Cerca de 30% de esa demanda corresponde al AMBA, la zona de mayor concentración de usuarios residenciales. De todos modos, las cifras están lejos de las que se ven en pleno invierno, cuando los usuarios residenciales puede llegar a demandar 100 millones de metros cúbicos por día.

Quejas y advertencias de la industria por el costo del gas importado

En paralelo, en lo que va de mayo llegaron dos barcos con GNL para regasificar en el buque de Escobar. Se estiman que inyectarán 10,6 m3 al sistema en las próximas jornadas.

Además, Enarsa -que quedó a cargo otro año del negocio del GNL luego de que el Gobierno desistió de privatizar la importación por los altos precios globales- licitó 9 buques para junio para reforzar la oferta en temporada invernal.

La semana pasada, la empresa estatal vendió a industrias y distribuidoras esos cargamentos. La operatoria generó quejas entre industrias por el “sobrecosto” de ese gas importado.

Es que el valor que le puso Enarsa fue superior a la ofertas que habían hecho los privados en la licitación de la que el Gobierno desistió.

Los agroexportadores, nucleados en Ciara-CEC, reclamaron a las autoriddes explicaciones por esa diferencia, que implica mayores costos para las industrias.

El secretario coordinador de Energía, Daniel González, buscó este miércoles llevar tranquilidad: “Nos vamos a asegurar de que cuando tomemos el invierno completo, el costo total no sea mayor al que hubiéramos tenido con el sector privado”.

Fuente: TN

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El PJ suma adhesiones a favor de las PASO y busca un acuerdo para terminar con las intervenciones

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En la fría tarde de este martes se llevó a cabo el congreso del PJ Nacional en una modalidad mixta, que unificó la presencialidad con la virtualidad en un mismo debate político. Una parte importante de los congresales acudieron a Matheau 130 y otros se conectaron a través de una videoconferencia. Fue un revival de la etapa pandémica.

El congreso comenzó cerca de las 18, en el segundo llamado dispuesto por el consejo. El primero, que era a las 16, fue pasado por alto con absoluta naturalidad. En el peronismo la puntualidad no es un bien preciado. Los primeros en llegar a la sede partidaria fueron el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos; el director del BAPRO, Rodrigo ”Rodra” Rodríguez, la ex legisladora Fernanda Raverta, el senador José Mayans, el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli y la diputada nacional Teresa García.

Con el correr de los minutos se sumaron Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Lucía Corpacci, Gustavo “Tano” Menéndez, Eduardo Valdés, Carlos Linares, Mariel Fernández, Juan Manzur, Emir Félix y Emilio Neder. La presencialidad fue para pocos y la virtualidad para muchos.

La presencia de Olmos, Michel, Félix y Luque, como congresales por CABA, Entre Ríos, Mendoza y Chubut respectivamente, fue, tal vez, el único dato de color que tuvo la tarde. Integrantes del armado federal que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo confluyeron en el PJ junto a una enorme mayoría de dirigentes que responden a la conducción política de CFK. Una convergencia, de algunas horas, de dos sectores del peronismo que en la actualidad arman un programa y una plataforma política por separado. A ese encuentro de rostros y posturas se sumó el diputado provincial e intendente, con uso de licencia, de Almirante Brown, Mariano Cascallares, hombre fuerte del kicillofismo.

Un gesto de distensión en el medio de la grieta que atraviesa a todo el peronismo, dividido, por momentos ensimismado en las diferencias más que en las coincidencias Caras distintas que, si sale todo como tienen pautado, se reencontrarán en una gran PASO peronista. Por ahora, son representantes de tribus que arman entre sí.

Parrilli, mano derecha histórica de CFK, se refirió a su situación judicial y al proceso político que está activo de cara a las elecciones nacionales del año que viene. “Tenemos una democracia trucha e inconclusa. Estamos frente a unas elecciones presidenciales donde Cristina Kirchner, que representa la mayoría de la fuerza nacional y popular, está proscripta”, sostuvo en la puerta del PJ.

El dirigente neuquino resaltó también que “se mantenga la proscripción, estamos en una democracia injusta“ y aseguró que “la Corte Suprema tiene que anular y revocar el fallo” de la causa Vialidad por el que la ex presidenta está presa. Además, Parrilli dejó una definición polémica sobre el futuro candidato del peronismo, sea quien sea su nombre: “Va a ser un candidato trucho el que esté el año que viene, porque ella está proscripta”.

En el encuentro institucional se votaron los normalizadores en los PJ de Jujuy y Salta, una figura que busca mantener la intervención partidaria en paralelo a la judicial, pero con una vocación de fondo: lograr un acuerdo entre la justicia, la dirigencia local y el PJ nacional para que haya elecciones, en ambos distritos, el 25 de octubre. En Jujuy estarán a cargo Teresa García y Máximo Rodríguez, que fueron interventores en el PJ Corrientes, y en Salta estarán Pablo Kosiner y Nora Cannuni. “Queremos llegar a un acuerdo para que se puedan hacer elecciones antes de fin de año”, explicaron en el partido.

El viernes de la semana pasada la resolución de la jueza federal, con competencia electoral, María Servini, de intervenir el PJ Salta, abrió un nuevo foco de conflicto entre la conducción nacional del partido y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quien hace tiempo reclama que haya elecciones en su distrito.

Servini desplazó a Pablo Kosiner, hombre de confianza de Juan Manuel Urtubey, que había reemplazado a Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, interventores designados CFK durante su etapa como presidenta del PJ Nacional. Kosiner había llegado a ese lugar con el aval de la ex jefa de Estado, que el año pasado retomó la relación política y personal con Urtubey, con quien no había hablado en la última década.

La histórica jueza federal colocó a José Luis Napoleón Gambetta, un dirigente salteño cercano a Sáenz, quien ya había tenido influencia en la designación de Ricardo Villada, ex ministro de su gobierno, como interventor del PJ Jujuy, que también tenía interventores que respondían a la conducción de CFK, como Aníbal Fernández y Gustavo “Tano” Menéndez.

En lo formal, el Congreso sirvió para regularizar la situación del partido, donde se deben presentar balances y el estado contable del partido, para que conste en actas que el partido está funcionando y en regla. Una forma de hacer desaparecer los fantasmas de intervención que siempre sobrevuelan sobre el PJ Nacional.

Un sector de la dirigencia que forma parte del partido cree que el esquema político norteño que integran los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), junto a la senadora nacional Carolina Moisés (Jujuy), tenían en sus planes pedir la intervención del partido nacional como parte de una afronta contra el kirchnerismo. Postales de la desconfianza que atormenta al peronismo de todo el país.

Durante el congreso no hubo un pedido unánime de libertad para Cristina Kirchner. La voz la levantó Fernanda Raverta, quien expuso la necesidad de seguir reclamando ante la justicia y en forma pública, las limitaciones que tiene la ex presidenta en sus condiciones de detención. El congreso fue más diverso y menos K de lo que se esperaba de antemano. Una señal de que los temas no se pueden imponer y el debate federal pasa por el futuro del conjunto más que por una figura central.

Un foco de conflicto se abrió en el PJ San Luis, que gobierna Alberto Rodríguez Saá, distanciado del kirchnerismo hace tiempo. Le hicieron llegar al congreso el pedido para que haya elecciones en PJ Nacional y se conforme una nueva conducción colegiada hasta que esos comicios se realicen. Aseguran que la conducción actual, que virtualmente es de Cristina Kirchner, no tiene legitimidad. ”Falta una conducción real. Faltan consensos hacia el interior. Reclamamos federalismo en la toma de decisiones“, explicaron a Infobae desde el partido en suelo puntano. El tema no fue tratado en el congreso.

Otro punto de tensión tiene que ver con las intervenciones judiciales en Salta y Jujuy. Entre los congresales y principales dirigentes del partido hubo coincidencia en rechazar la intervención que limitó el accionar partidario. “La justicia debería respetar el accionar del partido a nivel nacional. Los partidos políticos tienen la potestad de resolver sus problemas internos y organizativos”, afirmó José Mayans, que es vicepresidente primero del partido y es, en las funciones, el principal responsable del PJ, debido a la imposibilidad de Cristina Kirchner de estar a cargo.

El lunes por la tarde, tal como contó Infobae, hubo otra reunión en la sede histórica del partido para organizar una serie de actividades políticas y culturales en la antesala del primer aniversario de la condena de Cristina Kirchner. El kirchnerismo quiere mantener en alto el reclamo del pedido de libertad de la ex presidenta de la Nación.

En el tramo final hubo una suerte de catarsis política de varios congresales, que relataron la situación en sus distritos y que hicieron hincapié en que el peronismo necesita que los dirigentes que tienen voluntad de ser presidentes caminen y que las diferencias se diriman en unas PASO el año que viene. Y si no hay primarias, que sea en una interna. Pero la candidatura de consenso hoy no tiene apoyo. Existe un acuerdo amplio en la dirigencia sobre la necesidad de legitimar al candidato peronista con los votos en las urnas.

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