Política Nacional
Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS
Publicado
7 años haceen
El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.
El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.
Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.
El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.
La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.
Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.
La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.
Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.
Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.
El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.
El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.
Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.
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Milei no le suelta la mano a Adorni, el encuentro reservado de Karina y Bullrich y el gesto que esperaban los aliados
Publicado
3 horas haceen
15 junio, 2026Por
Mayra Pastor
El jueves, Patricia Bullrich había dicho en público, otra vez, lo que pocos se animaban a decir en voz alta: que la situación patrimonial de Manuel Adorni no era un error sino una omisión ética, y que la Justicia tendría la última palabra. Cuarenta y ocho horas después, Karina Milei apareció en el cumpleaños de Bullrich. El gesto no pasó desapercibido para nadie que siga de cerca la geometría del poder dentro de La Libertad Avanza.
El sábado a la noche, en la terraza del bar Uno —a metros del Congreso—, Bullrich festejó sus 70 años con un grupo de unas 50 personas entre amigos de la política y de la vida, según pudo confirmar Infobae. El salón fue alquilado por los propios invitados y los gastos se dividieron a la romana. Había sido un viernes intenso: el día de su cumpleaños real, lo había pasado con su familia extendida. El sábado era la noche de los suyos. En un momento de la velada llegaron Karina Milei y Pilar Ramírez. No fue una visita protocolar. En medio del escándalo Adorni, con el oficialismo en estado de crisis y una ofensiva opositora sobrevolando el Congreso —con el Senado forzando una citación anticipada y Diputados queriendo iniciar una interpelación y posterior moción de censura—, la secretaria general de la Presidencia eligió ese lugar para estar. Eso habló por sí solo.
Puertas adentro del oficialismo, el gesto fue leído como lo que era: una señal de que, más allá de las turbulencias, el vínculo entre Karina y Bullrich se mantiene intacto. Para los aliados que venían mirando con inquietud el nivel de tensión interna, fue exactamente el gesto que esperaban ver.
Milei sostuvo a Adorni desde las redes
Mientras la tormenta política sacudía los despachos de Casa Rosada, Javier Milei eligió el domingo para hacer pública su posición. Sin pronunciarse directamente sobre las explicaciones patrimoniales de su jefe de Gabinete, el Presidente reposteó en su cuenta de Instagram un mensaje de un militante libertario que auguraba que el mandatario saldría fortalecido por sostener a Adorni, como había ocurrido —según el texto— con otras operaciones en su contra. En X hizo lo propio con una columna del escritor libertario Leonardo Facco que enmarcaba el caso bajo el título “Adorni y la defensa del ahorro”. El mensaje presidencial era nítido: no hay marcha atrás.
La estrategia de Milei espeja la del propio Adorni. Desde que se conoció el salto patrimonial de más de 500.000 dólares en su última declaración jurada —justificado en operaciones con bitcoins realizadas entre 2013 y 2018 y en ahorros que, según sus propias palabras, nunca habían sido declarados formalmente— el jefe de Gabinete intentó encuadrar su situación como un caso de evasión antes que de enriquecimiento ilícito. La frase “ahorramos en negro como todos los argentinos” resumió esa estrategia y, tal vez, le costó más de lo que calculó.
En ese contexto, la diputada Lilia Lemoine —que responde de manera vertical a Javier y Karina Milei— fue la voz libertaria que salió públicamente a defenderlo, tanto en las redes sociales como en la televisión. A través de su cuenta de X, calificó a Adorni de inocente y atribuyó las denuncias a una operación política de Marcela Pagano, diputada que desde hace más de un año se convirtió en una de las voces más críticas del oficialismo dentro del propio Congreso. La aparición de Lemoine no fue casual: es la espada mediática que Milei reserva para las batallas que considera propias. Su salida pública a defender a Adorni fue, en ese sentido, una extensión de la misma señal que el presidente había dado desde sus redes.
La mesa política y el diálogo áspero
El jueves, horas antes del cumpleaños de Bullrich, la mesa política se había reunido en Casa Rosada con una atmósfera que nadie describió como distendida. Adorni encabezó el encuentro junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Eduardo y Martín Menem. Luis Caputo no estuvo. Lo que ocurrió en esa sala, según fuentes que hablaron con Infobae, tuvo un momento de tensión.
En ese ámbito, Adorni le reclamó a Bullrich que la exposición pública de las consideraciones sobre su situación podían perjudicar al Gobierno. La respuesta de la titular del bloque de senadores oficialistas no fue conciliadora: le marcó la diferencia entre las reglas que rigen el manejo del dinero privado y las obligaciones éticas que impone el ejercicio de un cargo público, y adelantó que en el Congreso la moción de censura podía prosperar. Karina Milei intervino para defender a su hombre de confianza. Santiago Caputo intentó bajar la tensión, aunque reconoció ante los presentes que las mediciones propias mostraban un daño enorme: un nivel de penetración negativa en la sociedad que, según los trabajos de campo que supervisa, no tenía antecedentes en la gestión.
El diagnóstico que circulaba en el entorno de Bullrich era más crudo todavía. Analistas especializados que siguieron la conversación en redes registraron que el 97% de las menciones sobre las explicaciones de Adorni eran negativas —un índice que, según le dijeron a Infobae, no tenía precedentes—. La paradoja central era que Adorni seguía convencido de que había actuado bien y de que lo que le ocurrió a él le ocurre a todos los argentinos. Pero hay una diferencia que el oficialismo no puede ignorar: Adorni es funcionario público. Y había dicho públicamente que no tenía nada que ocultar. Es una opinión que —dicen los que hablaron con ella este fin de semana— Bullrich comparte.
La propuesta rechazada y el fantasma de Kueider
Según pudo saber Infobae, en conversaciones reservadas se propuso que Adorni solicitara al menos una licencia hasta que el fiscal Gerardo Pollicita definiera los próximos pasos de la investigación por enriquecimiento ilícito y el panorama judicial se aclarara. La propuesta no tuvo recepción. Karina es, en este momento, el principal sostén político del jefe de Gabinete, y su posición no tiene fisuras visibles. “No es Karina la que lo sostiene, no se confundan. Es una decisión que tomó el Presidente que Karina ejecuta”, explicó a Infobae una de las personas que estuvieron sentadas en la mesa política.
Lo que sí tiene fisuras es el escenario parlamentario. En el Senado circula con insistencia la comparación con el caso Kueider: el senador entrerriano que iba a ser suspendido y terminó siendo expulsado en cuestión de horas, cuando el efecto cascada llevó a que nadie quisiera pagar el costo político de sostenerlo. La analogía inquieta a los propios: si la presión opositora se intensifica, sostener a Adorni en una votación podría volverse inviable para los aliados. La destitución requiere 37 votos en el Senado —mayoría absoluta— y el kirchnerismo ya presentó el pedido de interpelación como paso previo.
La fecha del 2 de julio para la presentación de Adorni ante la Cámara alta fue el resultado de negociaciones que Bullrich encaró con los bloques dialoguistas para ordenar los tiempos y reducir la presión. Un senador aliado confirmó a Infobae que la fijación de la fecha descomprimió bastante la situación e hizo menos probable una acción inmediata. El propio Diego Santilli pasó el viernes y el fin de semana al frente de las negociaciones con gobernadores y legisladores aliados para explicar la situación y consolidar apoyos, según supo este medio. Las señales que llegaban desde ese flanco eran, por el momento, más tranquilizadoras: los senadores y diputados que responden a los gobernadores habían comprometido no sumarse a la ofensiva que impulsa, principalmente, el kirchnerismo.
El miércoles hay Labor Parlamentaria y el caso Adorni tendrá protagonismo. En el oficialismo predomina una cautela que no alcanza para disimular la incomodidad: la estrategia es sostener, llegar al 2 de julio y ver cómo evoluciona el escenario judicial. Por ahora, la fecha funciona como válvula. Pero en el Senado saben que las válvulas, cuando la presión es suficiente, también ceden.
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En medio de días complejos, Adorni trabaja en el informe de gestión con el que busca cambiar el eje de la discusión
Publicado
3 horas haceen
15 junio, 2026Por
Mayra Pastor
Como anticipó en su cuenta de X, Manuel Adorni prepara el informe de gestión que espera dar durante el mes de julio en la Cámara de Senadores. Lo hace en medio de los complejos días que transita luego de la presentación de la declaración jurada, en la que intentó explicar su situación patrimonial en el marco de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, y la presión de la oposición a la que se plegaron los aliados.
Con el respaldo del presidente Javier Milei, el ministro coordinador anticipó la fecha, prevista inicialmente para agosto, y espera presentarse durante los primeros días de julio. Según supo Infobae de fuentes que integran el equipo de Jefatura de Gabinete, la mesa política analiza la posibilidad de convocar la sesión el jueves 2 de julio o el martes 7 del mismo mes en la previa al receso invernal que inicia el 19. “Aún no lo cerramos, lo estamos evaluando”, confesó uno de sus integrantes.
Tanto la vicepresidenta Victoria Villarruel como sectores aliados y exponentes de la oposición reclaman que el funcionario se presente en lo que queda del mes de junio en cumplimiento de sus deberes como funcionario. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que “no dan los tiempos” para concretarlo. “Hay decenas de personas que trabajan en el armado: receptan las preguntas, las filtran, las dividen por ministerios. Es imposible y a ellos no les importa”, explicaron ante este medio.
De las conversaciones previas participan la senadora Patricia Bullrich, quien mantuvo fuertes críticas para con el accionar de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. A principios de esta semana, la Secretaría de Asuntos Estratégicos enviará la nota formal a la Cámara Alta para concretar la convocatoria y será la encargada de recopilar el listado de preguntas de los bloques.
Si bien el mandatario y la plana completa del Gabinete estuvieron presentes durante el primer informe del ministro coordinador en la Cámara de Diputados, que tuvo lugar el pasado 29 de abril, desde el entorno del exvocero descartan que se repita la asistencia de los integrantes del Poder Ejecutivo. “No tendría sentido”, argumentan.
Con la determinación por anticipar el cronograma, los libertarios buscan frenar el pedido de interpelación instrumentado por el Partido Justicialista que intenta avanzar con una ofensiva parlamentaria contra el funcionario en ambas cámaras. Con la firma de siete senadores, la bancada que lidera José Mayans reclama convocar a una única sesión para “interpelar y votar la destitución“. Como anticipó este medio, la bancada peronista aspira a tratarlo el miércoles en Labor Parlamentaria.
“Con esto estamos frenando el pedido del PJ de interpelación”, planteó un funcionario de la administración libertaria. “Ir directo busca desactivar los intentos de impulsar la moción de censura de algunos senadores con agenda propia como los radicales y los que responden a algunos gobernadores”, coincidió otra voz del espacio.
Lo cierto es que las explicaciones patrimoniales de Adorni, quien sostuvo que en 2013 ganó 300.000 dólares con inversiones en Bitcoin, reavivaron el tema que desde hace tres meses protagoniza las primeras planas de los principales medios de comunicación.
En Casa Rosada anticipan que, como en Diputados, habrá una instancia en la que el jefe de Gabinete hará referencia al contenido de su declaración jurada y después expondrá sobre la gestión. A posterior, responderá preguntas de las bancadas. También funcionará un equipo de seguimiento político coordinado por Ignacio Devitt con intención de organizar las respuestas de las consultas que surgen en tiempo real.
En Balcarce 50 redoblan esfuerzos por intentar dar vuelta la página de la polémica. Sin éxito, ven cómo el tema escala en el plano mediático y judicial. “Todo se subordinó a la estrategia judicial. Incluso, el Gobierno”, se sinceró un alfil violeta ante este medio. La fiebre mundialista parece no alcanzar y ya nadie desconoce la parálisis que la crisis genera en la gestión cotidiana y que el oficialismo intenta disimular mediante la agenda legislativa.
El Senado asoma como la próxima escala de una crisis que el oficialismo busca dejar atrás. Aunque el Gobierno apuesta a que el informe de gestión marque un punto de inflexión, por ahora la política sigue girando alrededor de los cuestionamientos a Adorni.
Destacado
Un año de Cristina Kirchner en prisión: los viajes de Máximo, la nueva consigna y otro “banderazo” en Parque Lezama
Publicado
3 horas haceen
15 junio, 2026Por
Mayra Pastor
El martes 17 de junio se cumple un año desde que Cristina Kirchner empezó a cumplir la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El kirchnerismo no llegó a esa fecha en silencio. Este domingo hubo una movilización en la puerta de su edificio. El sábado 20, Día de la Bandera, habrá un acto en el Parque Lezama. En paralelo, desde hace semanas, Máximo Kirchner recorre el interior del país —Santa Fe, Entre Ríos y lo que viene— en una dinámica que su entorno describió a Infobae como la actividad central de su nueva etapa política: llevar el mensaje del kirchnerismo a los sectores del peronismo que, en su diagnóstico, se sienten “huérfanos”.
Tres movimientos distintos. Una misma lógica: el kirchnerismo, decidido a mostrarse en actividad, pese a la detención de Cristina.
La cronología judicial del caso tiene una precisión que en el cristinismo manejan con cuidado. La condena quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La detención efectiva llegó una semana después: el Tribunal Oral Federal N.º 2 le otorgó un plazo de cinco días hábiles y, antes de que venciera, resolvió concederle la prisión domiciliaria por razones de edad —72 años— y de seguridad. La decisión fue comunicada el 17 de junio de 2025. Desde entonces, la ex presidenta cumple la condena en el departamento de Constitución.
Fuentes con acceso directo al entorno de la ex presidenta cuestionaron ante Infobae las condiciones que el tribunal impone para el cumplimiento de la pena. Las restricciones son estrictas: reuniones de dos horas como máximo por semana, con hasta tres personas por encuentro. Para un espacio que construye buena parte de su identidad alrededor de su figura, esas limitaciones no son solo un problema logístico. Son, en la lectura kirchnerista, una forma de silenciamiento político que excede la lógica penitenciaria. Y ese argumento —la inhabilitación perpetua como “proscripción”, la “persecución” como continuación de la condena— es parte central del relato que el espacio lleva a la calle, a los actos y, desde este domingo, a la nueva consigna.
La movilización del domingo la encabezó Mayra Mendoza, ex intendenta de Quilmes y actual diputada bonaerense. Empezó a la tarde y terminó entrada la noche. La militancia cubrió la esquina de San José y Humberto Primo con banderas, luces y cánticos. Cristina Kirchner salió a saludar desde el balcón del piso dos de su departamento. Desde ese balcón desplegaron una bandera argentina con la leyenda que el kirchnerismo estrena de cara a las elecciones de 2027: “De San José a La Rosada. Cristina libre y gobernando”.
La consigna “De San José a La Rosada”
La frase no surgió de la improvisación. Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes con acceso al núcleo político que rodea a la ex presidenta, la consigna fue discutida durante las últimas semanas y respondió a una decisión estratégica concreta: llevar la situación judicial de Cristina Kirchner al plano de la disputa electoral, sin quedarse solo en la denuncia por persecución. San José es el departamento de Constitución donde cumple la condena. La Rosada es el horizonte que el kirchnerismo declara abierto.
Hay, sin embargo, un dato fáctico que la consigna no puede ignorar. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión efectiva e inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Bajo el régimen legal vigente, esa inhabilitación le impide ser candidata a cualquier cargo. Para que eso cambie, debería producirse algún tipo de reversión de la condena, algo que, en el estado actual del proceso judicial, resulta fácticamente imposible. El kirchnerismo lo sabe. La consigna no es, entonces, un programa electoral en sentido estricto: es una declaración política, una forma de sostener la centralidad de Cristina Kirchner en el espacio y de presentar su situación judicial como una proscripción antes que como una condena firme.
La elección no está exenta de debate interno. En distintos sectores del peronismo —incluido el entorno de Sergio Massa, como pudo reconstruir este medio en los últimos días— circula la lectura de que la consigna “Cristina inocente” sería más eficaz que “Cristina libre”, porque interpela menos a la interna judicial y más a la legitimidad política de la condena. La nueva consigna va por otro camino: no solo reivindica la inocencia, también proyecta a Cristina Kirchner como candidata y como presidenta. Es una apuesta más alta, con más exposición y con más potencia movilizadora para la base militante. En el cristinismo, la calcularon así.
El 20 de junio y la amplitud que busca La Cámpora
Esta semana no se prevén actos masivos —aunque no se descartan movilizaciones de organizaciones políticas y sociales, sobre todo el martes 17— y el momento de mayor concentración llegará el sábado 20 de junio. La Cámpora tiene organizado un acto en el Parque Lezama —el mismo escenario del año pasado, cuando el kirchnerismo convocó a días de que la condena quedara firme— con convocatoria a las 15. Se espera la presencia de militancia, dirigentes, intendentes, diputados y senadores nacionales y provinciales de todo el país. El orador principal será Máximo Kirchner. Y, aunque fuentes de la organización admitieron a Infobae, que una comunicación en vivo de Cristina Kirchner será difícil de concretar dadas las restricciones judiciales, no se descarta que haya un mensaje grabado dirigido a la militancia.
Lo que el kirchnerismo quiere mostrar el 20 de junio no es solo volumen de convocatoria: es amplitud. La semana pasada hubo una reunión en la sede del PJ Nacional que, según pudo saber Infobae, funcionó como instancia de organización y que en el cristinismo se presenta como señal de que el acto excede a La Cámpora: estuvieron la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el de Lomas de Zamora, Federico Otermín, dos dirigentes que no pertenecen a la estructura camporista, pero que reconocen el liderazgo de Cristina Kirchner y se comprometieron en actos de apoyo. Que intendentes del conurbano por fuera de La Cámpora puedan participar del acto no es un dato menor en el mapa interno del peronismo bonaerense, donde las tensiones entre el kirchnerismo y el kicillofismo siguen sin resolverse del todo.
Máximo Kirchner recorre el interior
En paralelo a esa agenda porteña, Máximo Kirchner desarrolla otra línea de acción. Este fin de semana estuvo en Paraná. Semanas atrás visitó dos localidades de Santa Fe. Y, según pudo saber Infobae a partir de fuentes con conocimiento directo de su agenda, el plan contempla recorrer gran parte del territorio nacional durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027. Incluso durante el tiempo que dure el Mundial.
Los viajes responden a un diagnóstico que dirigentes del kirchnerismo transmitieron a este medio: hay una parte importante del peronismo que se siente “huérfana”. Sin conducción clara, sin referente que la interpele directamente, sin un relato que la contenga en el nuevo escenario político que abrió el gobierno de Javier Milei. Máximo Kirchner sale a buscar a esos sectores. No con la lógica de la campaña electoral —las fuentes fueron enfáticas ante Infobae en aclarar que los viajes no tienen, por ahora, abordar cuestiones de candidaturas— sino con la del dirigente que lleva el mensaje donde el mensaje no llega solo.
Ese movimiento tiene un contenido concreto, una línea que viene desarrollando en cada encuentro y que puede leerse como una reformulación de consignas kirchneristas adaptadas al debate económico actual: hay que lograr justicia fiscal para lograr equilibrio fiscal. Es otra forma de decir que los números de la macroeconomía tienen que cerrar con la gente adentro, que el equilibrio no es un fin en sí mismo sino parte del desarrollo de un país que no deje a nadie afuera. La formulación actualiza una consigna que el propio espacio usó en 2023, pero le añade una carga de denuncia que se adapta al contexto del ajuste libertario.
Esta dinámica de recorrida nacional es algo que Máximo Kirchner no podía hacer el año pasado. Era presidente del PJ bonaerense, responsabilidad que lo ataba a la provincia y lo condicionaba en la gestión de las tensiones internas. Ese rol lo asumió Axel Kicillof, que es al mismo tiempo gobernador bonaerense, presidente del PJ provincial y tiene un proyecto presidencial. Máximo Kirchner es hoy, en términos formales, un diputado nacional. Y esa aparente reducción de estatus es, en los hechos, una liberación: puede moverse, viajar y hablar con dirigentes de todo el país sin la carga de tener que rendir cuentas por la conducción del peronismo bonaerense.
Hay una división de roles que el cristinismo construye para este tramo del ciclo político, aunque no la enuncia de manera explícita. Cristina convoca desde el balcón, graba mensajes y sigue siendo —como quedó demostrado este domingo en Constitución— la figura capaz de movilizar a un sector relevante de la militancia peronista. Máximo sale al país, lleva el mensaje y va a buscar a los que se sienten sin brújula. Él tiene la movilidad que ella no tiene. Ella conserva una centralidad que ningún otro puede reemplazar.
“Habla con todos. Está bien, está fuerte y está muy pendiente de todo”, resumió ante Infobae una fuente con acceso habitual a la ex presidenta.
A un año de la detención efectiva, el kirchnerismo tiene consigna nueva, un dirigente decidido a recorrer el país con su voz y un acto en preparación.







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