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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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La oposición rechaza la reforma política que Milei envió al Congreso: todos los puntos que buscarán negociar

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El presidente Javier Milei envió al Congreso una ambiciosa reforma política que incluye entre sus puntos principales la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos y el régimen de Ficha Limpia. La iniciativa puso en alerta tanto a la oposición dura como a algunos habituales aliados de la Casa Rosada ya que entienden que el proyecto está pensado “a la medida” de las necesidades electorales inmediatas del oficialismo.

“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, anunció Milei en las redes sociales.

Entre los opositores más duros interpretaron la iniciativa como un claro intento de evitar que se conforme un gran frente electoral “anti-Milei”. Esta interpretación se basa en que para armar una coalición lo suficientemente amplia que derrote al oficialismo -una idea que enarbolan dirigentes como Axel Kicillof o Miguel Pichetto- es fundamental con una herramienta como las PASO que permite definir candidatos y repartir lugares en las listas en base a parámetros objetivos.

Sin primarias, las negociaciones entre diferentes facciones -como el camporismo y el kicillofismo dentro del peronismo- o entre antiguos adversarios se vuelven mucho más complejas.

Sin embargo, la eliminación de las elecciones primarias también preocupa a eventuales aliados de La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR, ya que estos partidos anticipan que sin internas deberán someterse a un acuerdo de cúpulas que los dejará relegados en las listas.

En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, los referentes de ambos partidos, Cristian Ritondo y Maximiliano Abad, ya se expresaron en el pasado a favor de mantener las Primarias pero con una modificación: que no sean obligatorias y por lo tanto no compitan los frentes electorales que no tienen que definir candidaturas internas.

El principal argumento de la Casa Rosada es el gasto que implica organizar las PASO y el desgaste que implica para los ciudadanos sumar otra fecha electoral al calendario. “La democracia cuesta plata, si nos guiamos únicamente por el criterio del gasto deberíamos terminar con las elecciones y convertirnos en una dictadura o una autocracia”, ironizó un viejo dirigente que supo apoyar las principales iniciativas de Milei durante su primer año de gestión.

“El sistema actual es muy bueno, no tiene fraude. Gracias a este sistema con primarias y financiamiento público de las campañas hasta ganó un tipo como Milei”, recordó y señaló que el verdadero problema del oficialismo es que los efectos negativos del plan económico hicieron que “no haya ambiente reeleccionista”. “El Gobierno está perdiendo la generación de expectativas en la gente”, resumió.

Por otro lado, la oposición anticipa que la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados tendrán varias consecuencias inmediatas. Por un lado, una injerencia mucho más fuerte y directa de intereses económicos en el sistema político; por otro lado, el ingreso masivo de capitales provenientes del lavado y fundamentalmente del narcotráfico.

“Si bien el sistema actual de rendición de cuentas tiene muchos problemas y es verdad que en las campañas se utiliza dinero en negro, la eliminación del financiamiento público va a debitilar principalmente a los partido más chicos”, explicaron a Infobae. En esa misma línea, interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos (por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas) va a perjudicar directamente a los partido minoritarios.

La decisión de enviar el proyecto primero al Senado obedece a la intención del Gobierno de negociar principalmente con los gobernadores. De hecho, Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ya se han manifestado en el pasado en contra de las primarias.

Por eso, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, ya hizo saber que si en Diputados realizan modificaciones al texto, insistirá con la redacción original. El oficialismo optó por el Senado como cámara de origen porque anticipa un escenario mucho más adverso en la Cámara de Diputados, donde los bloques están muy atomizados y los gobernadores tienen menos influencia.

Los gobernadores podrían colaborar con la eliminación de las PASO nacionales ya que si deciden desdoblar las elecciones se regirán por el sistema vigente en cada provincia. Pero sí rechazan la modificación de la Boleta Única de Papel para incluir el casillero de lista completa. De hecho, el Gobierno tuvo que modificar el proyecto de ley en 2024 ya que las provincias no querían incluir el casillero de lista completa para impedir el efecto arrastre de la figura presidencial.

Ahora, el proyecto oficialista habilita que se incluyan los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección provincial concurrente con la nacional.

Por último, la inclusión de la Ficha Limpia fue interpretada por la oposición como una maniobra para forzar apoyos. “Incluyeron Ficha Limpia en esta ley omnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, denunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Y agregó: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción”. En los pasillos de la Cámara de Diputados incluso los aliados del PRO señalaban que hay cuatro proyectos sobre Ficha Limpia con estado parlamentario y que si el Gobierno realmente tuviera voluntad de avanzar con el tema podrían haber logrado consenso fácilmente para convocar a una sesión.

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La CGT, ante el dilema de rediseñar su estrategia: el regreso a la calle, convenios con la universidad y apuesta a unificar al PJ

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¿Hacia dónde va la CGT? La pregunta sobrevuela el mundo político y sindical luego del nuevo revés cegetista en el intento de frenar la reforma laboral en la Justicia y antes de la movilización del jueves próximo hacia la Plaza de Mayo con motivo del Día del Trabajador.

Resignada, la cúpula de la CGT sabe que debe recalcular su estrategia para no quedar desdibujada en un escenario socioeconómico que hoy está dominado por datos críticos en materia de salarios y de empleo.

Pero, a la vez, es consciente de que sólo podrá modificar la realidad actual si Javier Milei pierde las elecciones de 2027. Por eso algunos de sus líderes promueven convertirse en el eje de la reconstrucción del peronismo: ante las peleas y diferencias que se generalizan en el PJ, quieren reunirse con todos los eventuales candidatos presidenciales del partido, o que tengan afinidad con él, con la idea de unirse para tratar de ganar los comicios del año que viene.

Imaginan que la CGT es una marca tan poderosa que logrará superar la barrera de los enfrentamientos internos y ayudar a forjar consensos para ganarle a Milei en las urnas, e, inclusive antes, en el ánimo de la sociedad.

El primer encuentro con sabor electoral fue el que un grupo de directivos cegetistas mantuvo este martes con el influencer evangélico Dante Gebel, que después del Mundial de Fútbol podría confirmar que será candidato presidencial con el aval de un pelotón de sindicalistas reclutados por Juan Pablo Brey (aeronavegantes).
De todas formas, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), aclaró que “es bueno escuchar a todos” y que “Dante Gebel es uno más, escuchamos su posición”, mientras resaltó que “la CGT aún no tiene candidato para el año que viene” y anticipó: “Vamos a discutir un criterio para generar un reordenamiento”.

Hay una mayoría de dirigentes de la CGT que apoyan el proyecto político de Axel Kicillof, otros respaldan a Gebel e incluso hay algunos que apuestan a la postulación del ex gobernador y actual senador del PJ Sergio Uñac.

Sin embargo, los máximos líderes de la CGT están convencidos de que sólo tendrán chance de ganarle a Milei en 2027 si evitan el fantasma de la ruptura.

Mientras, este lunes debatirán cómo seguirá la ofensiva judicial contra la reforma laboral tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revocó la cautelar que frenaba la ley y restableció la validez de 83 artículos.

El Gobierno no quiere perder la iniciativa en este rubro: considera que la Ley 27.802 de Modernización Laboral está plenamente vigente, por más que la sentencia no resuelve la cuestión de fondo y todo terminaría en la Corte, y apura la elaboración del decreto reglamentario para no dilatar la instrumentación de los cambios.

Una vez más, la CGT llevará a la calle su rechazo a la reforma laboral y un homenaje al Papa Francisco cuando marche este jueves, a las 15, a Plaza de Mayo para conmemorar el Día del Trabajador. Según prometen, habrá una apuesta fuerte a movilizar mucha gente y a endurecerse, aunque sea en lo discursivo: se montará un escenario desde el que hablarán los 3 cotitulares cegetistas, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

¿Se sumarán los sindicatos del ala dura a la concentración? Se da por descontado, aunque mantienen una postura muy crítica de la CGT respecto de la estrategia elegida para tratar de frustrar la reforma laboral. Desde el combativo Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), lo explicitó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar: “Siempre fue un error que el plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”, dijo en un nuevo ataque a la CGT.

Integrada en enero pasado por la UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos y las dos CTA, entre otros, el FRESU fue sumando organizaciones gremiales y sociales que discrepaban con la actitud más moderada de la CGT y coincidían en que había que salir a la calle a pelear contra el Gobierno.

Los integrantes de este sector aseguran que ya son 150 los sindicatos que militan en sus filas, pero en las últimas horas lograron ganar poder de fuego al sumar a dirigentes de dos gremios clave del transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los metrodelegados.

El promotor de esos pases fue Horacio Otero, dirigente de confianza del líder de la UOM, Abel Furlán, y gestor de un encuentro que mantuvo con el secretario de Organización de la UTA, Alberto Patiño, al frente de una comitiva de delegados del sector, más los metrodelegados Carlos Sfara y Jorge Pisani, secretario de Acción Social y de Cultura de ese sindicato, respectivamente.

En las últimas horas, el FRESU sumó el apoyo del titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, otra incorporación que va delineando a esta agrupación como una suerte de CGT alternativa y ultraopositora.

El FRESU, que hará el 1° de mayo un plenario para elaborar un “programa del movimiento obrero”, ya lanzó sus mediciones propias sobre inflación y canasta básica, mientras que la CGT prepara algo similar: un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, que, como si fuera un INDEC propio, elaborará números “confiables” para confrontar con las cifras que elaboran desde el gobierno de Milei.

Para eso se firmará un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que aportará la metodología y los expertos técnicos que, junto con los asesores cegetistas, elaborarán todos los meses un índice de inflación alternativo y datos sobre empleo y precios de la canasta básica, entre otros.

Al mismo tiempo, la CGT avanza en otro acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para crear una escuela de oficios, en otro de sus intentos por salir de la conflictividad permanente y hacer un aporte distinto, como para demostrar que va hacia varias direcciones al mismo tiempo y trata de redefinir su identidad.

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El Vía Crucis de la reforma electoral: la trampa de las PASO, el anzuelo Ficha Limpia y miedo al “Desdoblapalooza”

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Manuel Adorni abre la billetera y busca unos pesos para la limosna. A su lado, Diego Santilli busca la mano de Martín Menem para darle el saludo de la paz. A pocos metros, Axel Kicillof hace lo propio con Wado De Pedro. Más allá, un grupo de intendentes cuchichea con miembros de la CGT. De repente, un brevísimo saludo entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el referente libertario bonaerense Sebastián Pareja parece romper el clima de silencio tenso. Pero el gesto no se replica en otros rincones. Por lo bajo, algunos se preguntan dónde está Victoria Villarruel, que a esa hora declaraba ante los micrófonos de una capilla en Almagro que el evento de la Basílica de Luján estaba lleno de “lo peor de la casta”. Cada grupo llega y se retira del templo sin siquiera guiñar un ojo a los de enfrente. Ningún grupo cruza sonrisas. Nadie da señales de camaradería institucional.

“¡Si Bergoglio nos viera…!”, lamenta, irónico, un ministro oficialista ya en el auto de regreso a casa. “Hasta el Gordo Dan y Lilia Lemoine hubieran tenido mejor onda que todos nosotros”, bromea un referente peronista, más risueño.

Así, lo que tenía que ser una misa para homenajear al Papa Francisco, un líder religioso que tantas veces habló de misericordia y de amar al enemigo, se convirtió en una nueva postal de grieta y división política. Jorge García Cuerva lo destacó en su homilía, sin metáforas: “Ni siquiera somos capaces de sentarnos en el mismo banco de una iglesia”.

Ese es el clima espeso que enfrentará La Libertad Avanza cuando encare las arduas negociaciones a múltiples bandas que necesita aceitar para aprobar la ambiciosa reforma electoral que presentó en el Congreso y que pretende cambiar las reglas del juego en los cuartos oscuros del país.

El paquete que llegó al Senado tiene tres ejes centrales —la eliminación de las PASO, modificaciones en el esquema de financiamiento y la incorporación de Ficha Limpia— más una serie de retoques generales que van desde nuevos requisitos para armar partidos hasta la suspensión de la elección del Parlasur.

Pese a lo trascendental que es el proyecto para el ecosistema violeta, el Gobierno arranca con el marcador en contra. Es que, para avanzar con cualquier artículo, se necesita mayoría absoluta: 129 votos en la cámara baja y 37 en la alta. “¡Va a ser un Vía Crucis -conceden en Casa Rosada, abrazados al lenguaje cristiano-. No la vamos a tener fácil, ni siquiera en los aspectos en los que objetivamente tenemos más chances. Igual esto recién empieza: es obvio que al texto hay que masajearlo y tratar de que al menos quede en pie lo esencial”.

La apuesta central de los hermanos Milei para conseguir adhesiones incluye una jugada estratégica: atar en un mismo proyecto la muerte de las primarias con la prohibición de candidaturas para condenados en segunda instancia. El razonamiento es que si el PRO, la UCR y otros aliados eventuales rechazan la propuesta quedarán expuestos por no haber acompañado una iniciativa que ellos mismos impulsaron durante años. La legisladora Lilia Lemoine lo blanqueó sin rodeos: “Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”. Desde ya, nada dijo de un antecedente fresco y demoledor: fue el misionerismo de Carlos Rovira el que se encargó de hundir ese proyecto en el Senado el año pasado, un movimiento que todavía genera sospechas sobre si hubo o no un guiño desde la Quinta de Olivos para que naufragara.

La mesa política de Balcarce 50, que volverá a juntarse recién el próximo lunes, siempre fue consciente del hilo rojo que une a todos los espacios que no son el gobernante: las PASO son la herramienta ideal para ordenar coaliciones opositoras sin liderazgos definidos. Lo certifica Facundo Cruz, politólogo y coordinador del observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, que tiene numerosos estudios publicados sobre la implementación del sistema a partir de los comicios de 2011. “Lo que está haciendo La Libertad Avanza es ejercer el rol de espacio oficialista, que es buscar perjudicar a la oposición para que se unifique detrás de una única oferta y un único comando”, analiza.

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