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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Ante el amparo de la CGT, el Gobierno delinea la estrategia para frenar la judicialización de la reforma laboral

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Ante la ofensiva judicial lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la entrada en vigencia de la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei se prepara para sostener la norma en los tribunales. Aunque el Ministerio de Justicia se encuentra en pleno recambio de autoridades, el Ejecutivo había planeado semanas atrás el despliegue de un equipo legal dedicado exclusivamente a contrarrestar los recursos judiciales que buscaran bloquear la aplicación de la nueva legislación, especialmente en lo relativo al traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La CGT presentó un amparo ante el Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral. La central sindical argumenta que la medida, incluida en la ley sancionada durante las sesiones extraordinarias, no cumplió los requisitos constitucionales y advierte sobre el posible colapso judicial y la incertidumbre laboral para empleados y funcionarios judiciales. La CGT planea sumar más presentaciones cautelares en tribunales de primera instancia y en el fuero laboral.

En paralelo, la administración nacional anticipa que la judicialización del tema es inevitable. Según fuentes consultadas por Infobae, el Gobierno pone toda la responsabilidad en el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques como su flamante titular. “La estrategia depende de ellos, principalmente, aunque va a seguir habiendo coordinación”, afirmaron desde la anterior administración ministerial.

Aun así, por las particularidades del asunto, la sostenibilidad de la reforma laboral depende de la confluencia de distintas áreas del Gobierno. Además de la nueva conformación de Justicia, adquiere importancia la Procuración General del Tesoro, que engloba a los abogados del Estado, y que hoy anunció que su nuevo titular será el exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Antes de que se produjera el recambio en la cúpula ministerial, la estrategia trazada por la Casa Rosada también involucraba a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, liderada por María Ibarzabal Murphy. En ese entonces el equipo estaba coordinado bajo la órbita de Santiago Caputo, asesor presidencial. Semanas atrás, desde despachos afines habían marcado: “Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte”.

Entre los puntos más conflictivos identificados por el oficialismo, y que se esperan como eje de futuras demandas, se encuentran la prioridad otorgada a los convenios de empresa sobre los nacionales, la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos, y la redefinición del cálculo de indemnizaciones. Además, la decisión de transferir la Justicia del Trabajo a la CABA genera tensiones institucionales, ya que la disputa por el control de los tribunales laborales se arrastra desde la reforma constitucional de 1994. El Gobierno, a través del Decreto 95/2026, autorizó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar los acuerdos de traspaso, un punto que la CGT estima irregular por la falta de intervención de la Comisión Bicameral.

El conflicto no solo involucra a los sindicatos y al Ejecutivo. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó cuestionamientos al tratamiento legislativo, mientras que funcionarios porteños, como el procurador de la Ciudad, Javier Martínez Zabaleta, manifestaron la voluntad de que la transición del fuero laboral sea ordenada.

Desde el entorno de Milei apuestan a que la reforma superará el test judicial, confiando en antecedentes de la Corte Suprema que avalaron la reorganización del fuero laboral porteño. Uno de los involucrados en la estrategia había asegurado a Infobae: “Van a intentar discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”.

Mientras tanto, la CGT mantiene su ofensiva sindical, con movilizaciones y la amenaza de nuevos paros. El Gobierno insiste en que la modernización laboral “es irreversible”. “Juan Bautista [Mahiques] llegó hace muy poco tiempo, pero ya está en autos de que s un tema de especial prioridad para el Presidente“, comentó una fuente de acceso directo al despacho de Milei.

En ese mismo plano, Mahiques tomaría la decisión en los próximos días de llamar a veedores para que estén presentes en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “No vengo a tapar ninguna investigación“, ratificó ante LN+, debido a los contactos que ha tenido en el pasado con las autoridades del ente que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Una fuente de la mesa política afirmó esta tarde a Infobae que “el Gobierno va a seguir haciendo lo que tiene que hacer para investigar a esa manga de delincuentes, pero siempre en el marco de la ley”.

En ese sentido, marcó que está a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “No es que yo las valide. Hay una causa judicial en trámite que la Corte Suprema tiene que resolver por las SAD. Yo estoy a favor. Me gustaría que cada club elija si quiere tener eso o no. Que los clubes tengan la posibilidad, a traves de sus socios, si quieren ser una SAD o no. Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad o no”.

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Alcances del armado anti Milei: el gesto que esperan de CFK, ansiedad por Kicillof y la necesidad de una PASO

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“Cuando no hay candidatos, hay bandas. Y eso es lo que está pasando. Nos estamos moviendo, hablando, escuchando y analizando”. Con esa frase simple, pero contundente, un dirigente peronista de largo recorrido en el Estado definió el momento que se está viviendo en el arco opositor, especialmente en el peronismo, donde están intentando encontrar el camino que los lleve a un armado electoral sólido el año que viene.

La referencia a la falta de un candidato tiene que ver con que hay muchos dirigentes de las provincias que no reconocen en Axel Kicillof a su candidato presidencial. Hay varios motivos para sostener esa postura. El principal es que el gobernador bonaerense demora su salida al interior del país para posicionarse, definitivamente, como la principal opción opositora para enfrentar a Javier Milei.

Ese no es el único motivo. Hay varios gobernadores, legisladores e intendentes a los que cuesta ver en Kicillof a una figura que pueda representar un proyecto político que, en el imaginario colectivo, no esté asociado a la figura de Cristina Kirchner y al pasado del kirchnerismo al mando del poder del Estado. “Si no arranca ahora y no habla de futuro, va a ser muy difícil que pueda instalarse”, analizó un jefe comunal bonaerense, que juega dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el propio Gobernador.

Existe cada vez más presión interna dentro de la agrupación política para que Kicillof acelere en la construcción de su armado y tome la delantera en el posicionamiento como figura presidenciable. Hay intendentes que esperan ese movimiento desde fines del año pasado y que empezaron a convertir esa ansiedad en resignación. “Si esto sigue así, nos empezamos a refugiar en los distritos y a ordenar los municipios para la elecciones locales. Algún día van a avanzar y nos van a llamar”, se sinceró uno de los pesos pesados que conduce un municipio grande del conurbano bonaerense.

En La Plata creen que el mandatario bonaerense tiene mucha capacidad para crecer en el centro del país, donde el kirchnerismo tiene una fuerte resistencia. Y que para eso es clave mostrar una nueva identidad vinculada a los temas que son preocupaciones de ese sector del electorado. En definitiva, se trata de sumar a la agenda de futuro los intereses postergados del interior y convertirlos en un eje de propuestas.

Tanto adentro como afuera del kicillofismo hay sectores que siguen creyendo en Kicillof como la apuesta principal para enfrentar a Milei, pero esperan una muestra de carácter contra el cristinismo superior a las que tuvo hasta ahora. Simbología más potente sobre su camino, sus límites, sus proyectos y sus decisiones. Piensen lo que piensen en todas las terminales opositoras, la realidad marca con claridad que el gobernador bonaerense es el único nombre propio que ha dado muestras de querer ser candidato a presidente.

Hace varias semanas que en las terminales políticas de la oposición visualizan la posibilidad de construir una coalición amplia que integre a distintos sectores que hoy caminan por separado. Desde el kirchnerismo al radicalismo más opositor a Milei, desde el peronismo federal al socialismo, pasando por los ex Cambiemos que no se convirtieron al liberalismo libertario.

Hay, en todos esos sectores, una vocación común: quieren armar un gran frente que compita con Javier Milei en un mano a mano. Polarización extremaSin terceras vías. Aquellos nombres propios que fueron parte de esos intentos en el pasado, hoy entienden que esa tercera posición puede mantener su postura pero bajo el mismo paraguas del kirchnerismo. Para no contribuir a un escenario opositor atomizado, deben ser parte de una gran interna e intentar imponer, a través de los votos, sus formas de llegar al objetivo central.

A esta altura del calendario ha quedado abolida la idea de un sector del peronismo de armar una propuesta electoral sin el kirchnerismo. Ese sueño de algunos anti K de edificar una propuesta sin la presencia de Cristina Kirchner y los suyos parece haber quedado sepultada en el pasado. Lo que está en discusión ahora es qué lugar debe y puede ocupar la ex presidenta y el sector más duro del mundo K en ese proyecto que se está conversando. Hay múltiples hipótesis pero una idea común: es con ellos adentro.

Una opción potable es armar una gran PASO opositora en la que se resuelvan las diferencias con los votos. Y que, los caídos en las urnas acompañen, voluntaria o involuntariamente, a los ganadores de la disputa. “En un escenario tan polarizado como el de la Argentina y como el que propone Milei, hay que ganarle a CFK, pero en una PASO, para después llegar a un mano a mano con el Gobierno”, proyectó un legislador del peronismo anti K.

La decisión tiene un argumento lógico que es central y que la sostiene. El kirchnerismo sigue teniendo una gran cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano bonaerense. Pensar un proyecto nacional sin ellos, como representantes de una parte importante del electorado bonaerense, tiene un futuro muy limitado y riesgoso. Sin unidad, el triunfo libertario es casi un hecho.

En ese sentido, existen coincidencias entre distintos actores sobre cómo afrontar la construcción de un esquema político con CFK. Empieza a crecer la idea de que el principal objetivo de la ex presidenta tiene que ser no obturar con su figura encandilante la ramificación de una eventual coalición. Eso es lo que esperan. En los hechos, eso implica mantener el perfil bajo, evitar la híperpresencialidad en la escena pública, y articular, desde su rol de líder de un sector importante del peronismo, el tejido de una red política que contenga la diversidad dirigencial e ideológica. Su tiempo en la primera plana pasó, pero la primera que lo tiene que admitir es ella. En esa idea está basada la hipótesis de varios dirigentes opositores.

“La Cámpora fantasea con que CFK es Lula (Da Silva) y que va a ser protagonista de un proceso similar. Pero eso no está pasando. Ahí está inscripta la preocupación permanente que tiene el cristinismo porque Axel hable de CFK”, reflexionó un legislador progresista que está inmerso en las conversaciones cruzadas que subsisten en el terreno de la oposición. La referencia está linkeada al enojo de Mayra Mendoza por la ausencia del reclamo de libertad por la líder peronista durante el discurso de Kicillof en la Legislatura bonaerense.

Las limitaciones que tiene Cristina Kirchner por su detención y su incapacidad de ser candidata, le crearon una barrera que no puede esquivar. Ni los mensajes en las redes sociales -donde lleva más de un mes sin escribir nada- ni sus salidas al balcón para abrazar a la militancia a la distancia y mantener su centralidad mediática, alcanzaron para sostenerla en el centro de la rosca política. Una conversación que no puede llevar a cabo con naturalidad después de la decisión judicial de limitar la cantidad de visitas que recibe en su casa.

Uno de los encuentros de más alto impacto que tuvo CFK en los últimos días fue con Miguel Pichetto. Esa reunión bien podría ser considera un hito dentro de las distintas charlas abiertas que hay entre nombres propios como Sergio Massa, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Axel Kicillof, Ricardo Quintela o Guillermo Moreno, por citar solo algunos dirigentes que están activos y con los teléfonos abiertos.

Un paso previo a esa reunión fue la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para otorgar créditos que sirvan para el desendeudamiento de las familias argentinas, en un contexto de aumento en la tasa de morosidad. La iniciativa fue liderada por Michel, pero la clave estuvo en los legisladores que acompañaron con su firma ese trabajo que buscó ser una señal de articulación entre distintos sectores de la oposición que están dispuestos a trabajar juntos.

El proyecto fue firmado por la cordobesa Natalia de la Sota, el puntano Ernesto “Pipi” Alí, el mendocino Emir Félix, la entrerriana Marianela Marcley y el chubutense Juan Pablo Luque, más Pichetto, Massot y Tolosa Paz. Todos protagonistas de la negociaciones cruzadas, además de potenciales candidatos a gobernador en sus provincias. Es decir, nombres propios que van a intentar hacer pie en sus distritos y traccionar desde el territorio para una opción nacional.

Esa iniciativa fue cuestionada internamente por sectores del cristinismo a los que todavía les cuesta digerir que Pichetto haya sido el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las elecciones del 2019. “Ahora que lo recibió Cristina, no dicen nada”, se quejó, con ironía, uno de los legisladores del interior que empuja el armado opositor.

La ampliación que está en el ideario de algunos de los protagonistas incluye nombres como el del radical bonaerense Pablo Juliano o el socialista santafesino Esteban Paulón. Incluye también a gobernadores peronistas del PJ como el catamarqueño Raúl Jalil o el tucumano Osvaldo Jaldo, hoy cercanos a Milei. “Ellos tienen entre 30 y 40 puntos en sus provincias y todos son del peronismo”, advirtió una figura legislativa que tiene diálogo fluido con los mandatarios peronistas. Los límites van a quedar definidos a medida que avance el proceso de formación de la coalición que planean. Pero en ese micromundo repiten a menudo: “No sobra nadie. Hay que ampliar”.

La primera barrera que tienen que sortear los representantes de la oposición es lograr que el Gobierno no consiga la mayoría para eliminar definitivamente las PASO, una decisión que está tomada en el seno del Poder Ejecutivo y que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deslizó días atrás en el streaming de Infobae.

Las PASO son la principal herramienta a conservar por parte del peronismo y los bloques más chicos de perfil opositor. Porque allí reside la posibilidad que las diferencias que no puede saldar la política, las salde la gente con el voto. Por ese mismo motivo, el Gobierno hará todo lo posible para derrumbarlas y complicar de esa forma el accionar futuro de sus opositores.

El diputado Pablo Juliano, que integra el bloque de Provincias Unidas, donde convergen el radicalismo más opositor a Milei, el peronismo cordobés y almas sueltas del mundo legislativo, dio una muestra de pragmatismo durante una entrevista con Eco Medios“La construcción es con todos. A los que les agarre urticaria por la procedencia partidaria, les digo que Milei decía que Patricia Bullrich era una tira bombas, asesina de bebés. Y ahora es la dueña del bloque de senadores del oficialismo”.

Esa definición feroz y memoriosa de Juliano es una señal de que hay límites que se pueden romper dentro de la conversación opositora y que el paso siguiente es encontrar el eje de cinco o seis temas centrales de política pública donde haya una visión similar, pese a que es probable que las diferencias estén apoyadas sobre la forma de cómo llegar a ejecutar esas políticas.

En el entramado opositor se activó la temporada de construcción electoral. Un trabajo que lleva tiempo y capacidad de maniobra. Un trabajo donde hacen falta artesanos del toma y daca. La mayoría cree que la edificación de la propuesta integral se acelerará después del Mundial de fútbol de mitad de año. Un hito deportivo que va separar el debate extenso que genera el inevitable cambio de ciclo de la oposición nacional.

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Milei, la mira en la reelección y la fórmula repetida de la batalla con el kirchnerismo

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Javier Milei eligió una frase directa para intentar darle sentido casi dramático al discurso y la puesta en escena del domingo pasado en el Congreso. “No me van a llevar puesto como a Macri”, dice. El mensaje ante los legisladores, en cadena nacional, había sido dominado por la andanada de frases duras contra el kirchnerismo, que aprovechó el momento para ser parte de un cruce tribunero. Y el remate llega ahora en modo de entrevista. Asoma como motor del objetivo reeleccionista, frente al fantasma K. Esa sería el contrapunto, básico.

Milei va dando giros sobre la fórmula repetida de sostener como “enemigo” al kirchnerismo, que, en rigor, expone una crisis profunda, la más grave de su existencia, porque está marcada por el distanciamiento de jefes provinciales del PJ que se acomodan a la época y un quiebre en el núcleo K. Eso mismo hace evidente el esfuerzo por oxigenar a CFK -y según el momento y las encuestas, a Axel Kicillof-, a modo de alternativa amenazante. Va a contramano de la imagen que dejó el Congreso en sesiones extraordinarias, un mes en que el oficialismo logró sancionar proyectos y dejó aislada a la oposición más dura.

La frase referida a Mauricio Macri resultó la más destacada del adelanto de una nueva entrevista con Luis Majul. Y la referencia tiene, tal vez como reflejo y no tanto como giro estudiado, al menos dos sentidos claros. Por un lado, lleva implícita la intención -muy clara en las redes- de descalificar la “moderación” de la experiencia macrista, entendida como elemento determinante de su desgaste y la posterior derrota electoral en 2019, es decir, sin reelección. Y, por el otro, busca otorgarle al kirchnerismo capacidad actual para bloquear o golpear la gestión nacional.

Esta vuelta dramática también podría estar desvistiendo la percepción de la fatiga del discurso contra el kirchnerismo como eje central. Como sea, resulta evidente el intento de alimentar el imaginario sobre un recargado poder de daño del kirchnerismo, una capacidad que afortunadamente también parece disminuida como parte del deterioro político que arrastra después de la penosa gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, frases como esta última de Milei o la resumida como “riesgo kuka” no dejan de lado el señalamiento de las causas de ese desgaste kirchnerista —desde la corrupción a las consecuencias económicas de su gestión—, pero privilegian el recurso del temor. Y con ese fin, el kirchnerismo no puede ser entendido como un fenómeno en retroceso y, menos, como pasado.

El discurso mileista reduce lo que antes definía como “casta” al peronismo/K. Está dicho: los éxitos legislativos conseguidos en la última etapa por el oficialismo fueron fruto de tratativas con socios y aliados, y fundamentalmente, con gobernadores de diferente origen político. En esas negociaciones, se destacaron los jefes provinciales del PJ que, a la vez, lastimaron al kirchnerismo en el Congreso. También operaron de manera decisiva ex integrantes de JxC y espacios provinciales.

Milei cuidó ese frente al inaugurar las sesiones ordinarias. La dureza y hasta los insultos contra la ex presidente y todo el arco K fue dominante. Taparon un hueco discursivo si se compara con otros momentos violetas. No hubo alusiones a “la” política en general y menos descalificaciones a los legisladores. Al mismo tiempo, la andanada contra el kirchnerismo resultó útil para sostener el tono de confrontación, ruidoso pero limitado.

Sólo quedó como elemento nuevo la pelea con sectores de la industria y con un par de empresarios en particular, algo que reaparece en algún tramo de la entrevista referida. Y eso tiene relación directa con elementos preocupantes de la economía —no solo los cierres de empresas—, que también alimenta la necesidad de sumar blancos y descargar responsabilidades.

Es una cuestión política. Y resulta clara la intención de eludir cuestiones de fondo: desde comportamientos de algunos empresarios —posiciones dominantes de mercado, cartelización, por ejemplo— hasta el sentido y los alcances de la apertura económica. De hecho, no están en el debate cuestiones como la defensa del consumidor ni una razonable aplicación de medidas antidumping.

Algunas de las alarmas en este terreno aparecen en apartados cualitativos de muchas encuestas, incluidas las que consume el círculo más próximo a Milei. Pasado el último capítulo de los comicios —es decir, ya fuera de los efectos de campaña y las inseguridades de los períodos electorales—, se afirman temas de origen económico —inflación, empleo, ingresos— en el listado de preocupaciones.

La mayor preocupación tiene que ver con los precios. Esta semana será difundido el IPC de febrero. El registro viene en ascenso: arrancó en mayo con una persistente suba y desde septiembre no baja de los dos puntos porcentuales. En enero, marcó 2,9%, una décima por encima de diciembre. Según relevamientos de consultoras privadas y versiones de funcionarios, febrero giraría en torno de esas cifras. El número oficial será publicado el jueves por el INDEC, afectado en términos de imagen por la cancelada puesta en marcha de un nuevo índice de precios.

Como contexto, se añade la tensión con sectores industriales y la difusión de datos en ese terreno. El último: el Índice de Producción Industrial Manufacturero. En enero, registró una mejora de 3,1% respecto de diciembre, pero en un proceso más amplio de siete meses de caída. En este caso, la baja interanual fue de 3,2%.

Fuera de agenda y con sorpresa adicional por el protagonista, fue repuesto además en estas horas el tema del estancamiento o el descenso de las cifras de trabajadores formales registrados. Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno, intentó destacar el tercer lugar de Mendoza en un ranking basado en información del sistema integrado previsional. El punto es que el número provincial es negativo —un retroceso del 0,6%— en una tabla que ilustra que solo dos provincias —Neuquén y Río Negro— cuentan con crecimiento de empleo formal y los otros 22 distritos están en rojo.

Son renglones impensados en el temario, que no siempre maneja Olivos. El foco del oficialismo está puesto en otro lado. “Pido que sigamos trabajando. Tenemos que ir por la reelección de Javier Milei”, arengó Karina Milei, apenas pasadas las elecciones de octubre. Fue un llamado con mensaje también territorial: lo dijo ante legisladores y dirigentes libertarios de la provincia de Buenos Aires. Combina ambición y necesidad en la segunda mitad del mandato presidencial.

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