Emiliano Yacobitti le respondió este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien había intentado minimizar la quinta Marcha Federal Universitaria poniendo por encima los incidentes que terminaron con 31 personas detenidas. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que “cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en favor de la educación pública y le recordó a la funcionaria que “nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, por lo que debería empezar por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Monteoliva compartió en redes sociales un video con imágenes de actos violentos durante la protesta frente al Congreso, indicó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y que “nadie está por encima de la ley”. Yacobitti respondió a ese posteo: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”.

Luego, en diálogo con TN, el vicerrector destacó la “movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes”, y desligó a quienes exigían el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de quienes protagonizaron actos violentos.

“El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes. Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos podamos manifestarnos con tranquilidad”, expresó Yacobitti.

Y profundizó: “La policía tiene que decir quiénes son, porque si no siempre hay una minoría que genera hechos de violencia y que pretende con eso manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas en todo el país se movilizó. Esta es la quinta Marcha Universitaria y en ninguna hubo ningún incidente”.

El representante de la UBA, si bien desligó a los estudiantes, repudió la violencia y pidió “identificar a los violentos y caerles con lo más duro de la ley”.

“Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras donde se puede identificar a cualquiera. Lo que tiene que hacer la policía es, si hay gente que tira piedras, identificarla y que le caiga el peso de la ley, así como le tiene que caer el peso de la ley al Presidente por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, insistió.

Para Yacobitti, los incidentes manchan un reclamo genuino por parte de la comunidad universitaria. “Es lo más funcional a lo que más reclamamos en contra. Nosotros estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía? Lo que tendría que hacer la policía, con toda la infraestructura que hay, es decir ‘estos son los responsables’“, señaló.

“Si en lugar de hablar de los cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país para defender las universidades, se habla de cinco gatos locos que fueron a tirar piedras al Congreso para provocar y ser funcionales a quienes no quieren defender las universidades públicas, les hace el juego. ¿Cómo puede ser que los violentos que tiran piedras nunca sean identificados?“, expuso el vicerrector.

Y concluyó: “El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?“.

El Gobierno ganó ayer en Diputados cuando logró blindar su DNU 70/2023, y algunos actores de la cúpula libertaria vieron en el resultado de la cruzada con la oposición dura una muestra de las perspectivas para el debate por la reforma política. Sin embargo, no todaños los diagnósticos post sesión convergen en el oficialismo y siguen las dudas sobre el nivel de apoyo que tendrán para suspender las PASO.

De hecho, aún no se atreven a ponerle fecha a la convocatoria de una sesión en el Senado para debatir el tema que más apremia, inquieta e interesa al Gobierno de cara a 2027.

Las miradas están divididas puertas adentro sobre lo que significa haber frenado la sesión opositora para esa discusión, que todavía está pendiente y que hoy es la más importante para la Casa Rosada. Quizás más aún que la defensa del DNU 70.

El Presidente siguió la jornada legislativa desde Estados Unidos junto a Karina Milei, que delegó las gestiones políticas para mantener en pie el DNU en Buenos Aires a su mano derecha, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Al final, la oposición no llegó a los llegó a 129 presentes para abrir el recinto. Y la diferencia la hicieron los diputados que responden a gobernadores con diálogo fluido con el oficialismo: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). La jujeña María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión, finalmente no bajó. Y ayudaron un fueguino del bloque Unión por la Patria que responde a Gustavo Melella y una diputada de Santiago del Estero, alineada con Gerardo Zamora.

En la mesa política, dicen que no fue “una victoria circunstancial”, aunque aclaran que todas las sesiones son particulares y tienen su lógica. De todos modos, en el ánimo triunfalista, ayer admitían en privado que lo tomaban como una señal de buena predisposición de los gobernadores, en especial el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el resto de las provincias que retiraron a sus diputados.

Para algunos referentes de la mesa política de Karina Milei, el desenlace de ayer, positivo para los violetas, fue una muestra de que se encuentran supuestamente más cerca de ganar la discusión por la PASO. “Estamos confiados en que sí”, dijeron en el bloque de LLA. Y redoblaron: “Antes de diciembre está aprobada”. En el bloque oficialista de Diputados agregaron con bastante seguridad: “En la última semana de noviembre se sesiona”.

Pero acotaron una obvia condición: “Esto, si logran sacarla del Senado antes de noviembre”. Y ahí aparece el primer motivo de duda. La relación con la Cámara alta no está aceitada después de los roces con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. La senadora aflojó bastante en el último tiempo con las críticas, después del encuentro del viernes con el Presidente en Olivos durante dos horas para volver a sintonizar, luego de los sucesivos señalamientos y desmarques que hizo en público.

El motivo de principal duda está en los propios gobernadores. Queda una pregunta: ¿fue una mala señal para la PASO que los tres diputados de Catamarca que responden a Raúl Jalil, un mandatario afín, se hayan sentado en el recinto cuando el Gobierno buscaba que no hubiera quorum? Lo mismo ocurrió con los de Gustavo Sáenz, de Salta, y con tres de los misioneros. En el caso de Jalil el ruido es mayor, y la incógnita es cuánto de ese respaldo puede dar por descontado el oficialismo cuando llegue una votación que más le interesa ganar.

En el Senado algunos senadores violetas no coinciden con amalgamar las dos sesiones y no se animan a decir que el resultado den una esté atada a la otra. Con más determinación que en Diputados, donde sí dejan abierta la posibilidad de que haya un vínculo de correlación, los senadores sostienen en off que este triunfo no los deja más cerca de lograr la reforma política. “No creemos que influya”, dijeron, sin ánimo.

De todas formas, incluso en Diputados los más optimistas se recataban y trataban de evitar mostrarse demasiado triunfalistas por adelantado. “Cada sesión es distinta”, dijeron. También en Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo, que salió a festejar el resultado en la red X pero sin retuitear a Martín Menem. Como la mayoría, deslizaron que “son dos cosas distintas”.

Desde el entorno de Bullrich dejan ver que no son optimistas respecto de los apoyos para el fin de lsnla PASO. Sin embargo, en la Casa Rosada aclaran que ella no es la encargada de reunir los votos sino de hacer funcionar la sesión, y que la reforma política es algo más grueso, que se teje con acuerdos macro en los que intervienen directamente Karina Milei con los gobernadores, y Santilli y Menem. Es una lectura que no calza del todo con la confianza que se busca lograr en la mesa política.

El balance general que hacen puertas adentro tiene como eje la sesión de la semana próxima y lo que quieren mostrar como el verdadero triunfo: “Tuvimos muñeca política”.

Respecto de esa sesión, convocada por el oficialismo para frenar la de ayer, la oposición relativiza su alcance. Se discutirán, a grandes rasgos, la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y la restitución de la Ley de Tierras. “Todas las sesiones son particulares, ninguna es consecuente ni se correlaciona con otra o con algún futuro. La de la semana que viene será otra historia. De todos modos, no debería ser tan heavy, porque son dictámenes que fueron consensuados y firmados con aliados”, plantearon.

En paralelo, el Gobierno defendió el accionar en la calle y en privado. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que se reprimió a los violentos y nada más. Pero, igual que en la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras, hubo represión contra manifestantes que se expresaban de manera pacífica. Por lo bajo sostienen lo mismo que en público y no hay ningún mea culpa, porque no creen que las imágenes de gases lacrimógenos ni los incidentes influyan en el votante del Gobierno, ni en el del centro ni en los indecisos.

Por lo pendiente en los próximos días podría haber novedades. Santilli participa hoy de un evento sobre logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con una decena de gobernadores. Según pudo confirmar Infobae, estarán presentes los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; Santiago del Estero, Elías Suárez; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; Chubut, Ignacio Torres, y Río Negro, Alberto Weretilneck. El jefe de Gabinete apuesta a aprovechar el viaje de alguno de ellos a Buenos Aires para invitarlos a conversar mano a mano en la Casa Rosada y continuar un diálogo que consideran clave. La última vez que se vieron en persona con la mayoría fue en la Argentina Week de París, donde el oficialismo deslizaba, hace sólo dos, semanas que la discusión Sucre la Paso estaba prácticamente ganada. Hoy, la incertidumbre sigue.

La Iglesia Católica argentina mantiene los preparativos para recibir al papa León XIV, avanza con los acuerdos, las contrataciones y la organización de los actos multitudinarios, y continúa reuniendo fondos para financiar su visita al país. Hasta esta semana consiguió aportes empresarios y donaciones de los fieles equivalentes a unos USD 3,5 millones, una cifra que representa una parte sustancial del presupuesto previsto. Los trabajos siguen adelante pese a la internación del Pontífice en Roma, donde fue operado por un cáncer de pulmón, y a la posibilidad de que deba reprogramarse la gira sudamericana anunciada para noviembre.

Según pudo saber Infobae de fuentes eclesiásticas con conocimiento directo de la organización, los aportes empresarios alcanzaron USD 3 millones, mientras que las colectas realizadas en las parroquias y las contribuciones digitales de los fieles permitieron reunir otros $ 740 millones. Los responsables estiman que esos recursos representan aproximadamente el 60 % del costo previsto para la visita. La organización también cuenta con compromisos del Gobierno nacional, las provincias y los municipios para atender la seguridad, los traslados, la infraestructura y los servicios necesarios para recibir al Papa y a las miles de personas que participarán de las celebraciones.

La decisión de la Iglesia es mantener los preparativos y preservar el destino de los recursos reunidos, independientemente de las fechas en que finalmente se concrete la visita. La operación a la que fue sometido León XIV el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para tratar un adenocarcinoma, abrió interrogantes sobre su capacidad para cumplir con el itinerario programado del 8 al 11 de noviembre. Sin embargo, los organizadores trabajan con la perspectiva de que el Pontífice viajará a la Argentina cuando su recuperación y las indicaciones médicas lo permitan.

Esa posición coincide con la expresada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, el último argentino que mantuvo una audiencia privada con León XIV antes de la operación. “Si hay que reprogramar, se reprogramará”, sostuvo. Y agregó: “Realmente, nosotros lo que queremos es privilegiar la salud del Papa”. Mientras el Vaticano sigue la evolución clínica del Pontífice, la Conferencia Episcopal Argentina continúa desarrollando una estructura de financiamiento y organización que involucra a grandes empresas, donantes particulares, miles de voluntarios y distintos niveles del Estado.

El financiamiento tiene tres componentes principales: los recursos aportados por el sector empresario, las contribuciones de los fieles y los gastos que asumirán directamente el Estado nacional y los gobiernos provinciales y municipales. La combinación de esas fuentes permitió avanzar con una organización que comprende celebraciones multitudinarias, traslados, infraestructura, servicios y la movilización de miles de voluntarios.

Los aportes empresarios y de los fieles ya cubren cerca del 60 % del costo previsto

El aporte privado ocupa un lugar central. La Iglesia recibió contribuciones de compañías y empresarios que ofrecieron dinero, bienes o prestaciones concretas. Algunas firmas se comprometieron a cubrir necesidades específicas, como alojamiento, provisión de agua, alimentos y servicios. También hubo empresarios que realizaron donaciones a título personal y pidieron mantener su identidad en reserva, una condición aceptada por los responsables de reunir los recursos.