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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Karina Milei destacó la importancia de integrar a las pymes argentinas a los grandes proyectos de inversión: “Acá tienen que ganar todos”

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó hoy en Rosario, provincia de Santa Fe, de la primera Ronda de Negocios RIGI, que reúne a más de 2500 pymes y 43 grandes proyectos de inversión, y destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las grandes empresas y los proveedores nacionales. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: acá tienen que ganar todos”, expresó.

En ese sentido, Karina Milei remarcó que las pymes argentinas tienen la oportunidad de “integrarse a grandes cadenas mineras, generar nuevos negocios y crecer y crear más puestos de trabajo”.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, con el apoyo de la provincia de Santa Fe, contempla más de 2100 reuniones de negocios destinadas a promover la integración de proveedores nacionales a las cadenas de valor de grandes proyectos de inversión de minería, infraestructura e industria en todo el país.

La jornada comenzó con un panel integrado por Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También participan autoridades nacionales y provinciales, gobernadores, representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

Por su parte, Santilli destacó la participación de las empresas nacionales y afirmó: “Hoy estamos acá con 2500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”.

Asimismo, resaltó el carácter federal de la iniciativa y la participación de proveedores argentinos en los grandes proyectos de inversión. En ese sentido, mencionó el caso de una empresa minera que cuenta con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415, como ejemplo de la integración de la industria argentina a las nuevas inversiones.

En tanto, Caputo destacó la convocatoria y el carácter federal del encuentro: “El encuentro es un éxito porque tenemos más de 2500 pymes inscritas, 2100 reuniones organizadas y 50 rondas. Se trata de un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias, incluso de una que no ha adherido al RIGI como es Buenos Aires”.

El Ministro sostuvo que el Gobierno nacional busca que “todos los proyectos RIGI contribuyan al desarrollo de la industria y del interior del país” y remarcó que las inversiones anunciadas en el marco del régimen ya alcanzaron los USD 210.000 millones.

Además, señaló que actualmente “hay 20 jurisdicciones que tienen proveedores hacia proyectos RIGI” y afirmó que “se van a generar 250.000 empleos que son formales y bien remunerados”.

Por su parte, Pullaro remarcó el potencial industrial de Santa Fe y su vinculación con los sectores energético y minero. “Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético, del sector minero”, afirmó.

El Gobernador también hizo hincapié en la importancia de fortalecer la infraestructura logística y productiva para acompañar el crecimiento de las inversiones, así como en el rol de los puertos santafesinos para facilitar las exportaciones y promover la generación de empleo en la región.

La jornada continuará con rondas de negocios entre grandes empresas y proveedores nacionales, espacios de vinculación empresarial y paneles con gobernadores, representantes de cámaras empresariales y grandes operadoras mineras para abordar las oportunidades de desarrollo de la industria nacional y su integración a las cadenas de valor de los proyectos estratégicos.

También se realizarán encuentros de networking, charlas técnicas y presentaciones sobre herramientas de financiamiento y asistencia para pymes. En paralelo, se llevará adelante la Segunda Mesa Federal Minera, con la participación de autoridades nacionales y provinciales, mientras que los asistentes podrán acceder durante todo el día a los espacios institucionales de bancos y organismos de asistencia.

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Propiedad privada: se demora en el Senado el dictamen que incluye límites a la venta de tierra a extranjeros

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Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado, que comandan los libertarios Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente, demoró la firma de un dictamen de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que volvió, en segunda revisión, desde Diputados. En la Cámara baja se reincorporó la ley de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo, todas cuestiones se pensaban serían aceptadas esta tarde y, por ende, la iniciativa no quedó lista para ser sancionada.

Durante la jornada fue llamativa la falta de rúbricas dialoguistas, peronistas y hasta de cristinistas, tras el antecedente del amplio apoyo consumado en Diputados, la semana pasada. También hubo casos de integrantes de Legislación General que dieron quorum y luego partieron de manera muy veloz al momento de la definición, como la macrista pampeana María Huala. Las autoridades de las comisiones siguieron por pasillos a varios senadores; en un par de casos, sin éxito. No obstante, se estima que la situación sería saldada en las próximas horas y el dictamen estaría en condiciones de cara a una futura sesión.

Sobre expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

Un último ítem de ese capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Para los desalojos, “si es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, se enfatiza.

Durante la discusión original en el Senado, los dialoguistas forzaron el adiós al capítulo completo sobre tierras -venta casi libre a extranjeros y luego tope de 25%, que tampoco se aceptó-, tras varios tropiezos del oficialismo senatorial y de la Casa Rosada vía el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. También fue a olvido la propuesta de modificaciones sobre el manejo del fuego -ley de Máximo Kirchner-, por lo que el articulado final quedó fileteado.

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En un documento para León XIV, movimientos populares y enviados del Vaticano convocaron a organizarse “contra la deshumanización”

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Reunidos en la Ciudad Papa Francisco, en el partido bonaerense de La Matanza, organizaciones populares de América Latina, de la Iglesia argentina y enviados del Vaticano, entre ellos la prefecta Alessandra Smerilli, representante del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano presentaron ayer el documento colectivo que harán llegar al papa León XIV en su visita a la Argentina prevista entre el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre como parte del Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026. Fue el corolario de dos jornadas intensivas que incluyó una peregrinación al asentamiento “Las 3T”, ubicado en el barrio Puerta de Hierro, y una misa presidida por el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, y el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, uno de los máximos responsables de la organización de la llegada de León XIV al país.

Puerta de Hierro, ubicada sobre la Avenida Crovara, es uno de los barrios populares con mayores necesidades ubicado en el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires y que atraviesa problemas de violencia, inseguridad, vulnerabilidad y narcomenudeo. “Frente a un sistema que pretende convencernos de que hay personas que sobran, asumimos un compromiso que atraviesa todas nuestras luchas: plantar bandera contra la deshumanización”, destaca el documento que recibirá el Vicario de Cristo. El texto de seis páginas, contiene un fuerte contenido político y social. “No aceptamos que el dios dinero se presente como la única manera posible de organizar nuestras sociedades. Reivindicamos la Justicia Social, la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y el destino universal de los bienes. Queremos una sociedad que ponga en el centro a los pobres, a los trabajadores, a las periferias y a quienes han sido descartados”, se describe en la primer carilla.

De Francisco a León XIV

El texto, bien leído, refleja la continuidad y la profundización que realiza León XIV de las transformaciones iniciadas por Francisco sobre la visión de una Iglesia que escucha, camina unida y se descentraliza. Porque si el papa argentino popularizó y propuso el concepto de una Iglesia cercana, desinstalada y “en salida”, su sucesor trazó una continuidad explícita para asentar y consolidar esa misma línea de acción pastoral.

Une los dos grandes pilares de ambos papados es la prioridad por los más postergados y la ecología integral, con el horizonte centrado en la paz global y la resolución de conflictos tal como lo viene haciendo el papa norteamericano al ofrecer al Vaticano como mediador en conflictos que sangran como la guerra entre Rusia y Ucrania a la que calificó como una “masacre sin sentido” y afirmó que “las guerras ya no tienen sentido”.

León XIV también cuestionó el aumento del gasto militar en Europa, señalando que esos recursos deberían destinarse a “resolver problemas urgentes como el hambre, la vivienda y el desempleo.”

Tierra, el Techo y el Trabajo, derechos sagrados

La jornada se desarrolló bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza” y retomó los ejes centrales de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares impulsados durante el pontificado de Francisco. La declaración final, elaborada colectivamente a partir de debates y reflexiones entre las organizaciones participantes, reafirma la Tierra, el Techo y el Trabajo como derechos sagrados y plantea compromisos concretos frente a la desigualdad, la precarización laboral, la concentración de la riqueza y las nuevas formas de exclusión.

El texto es contundente en su diagnóstico del momento histórico. “Hace once años el papa Francisco nos decía que este sistema no se aguanta más. Hoy las desigualdades se han profundizado y la deshumanización y la crueldad se han convertido en una marca de nuestro tiempo”, señala la declaración. Junto a ese diagnóstico, los movimientos identifican un desafío nuevo: “La tecnología y la inteligencia artificial avanzan a una velocidad inédita, pero la riqueza que generan queda concentrada y, muchas veces, estas herramientas se utilizan para controlar, vigilar y acumular poder”.

Para orientar esa lectura en el presente, el documento retoma dos imágenes bíblicas que el papa León XIV desarrolla en su encíclica Magnifica Humanitas. Por un lado, la torre de Babel, que expresa “el límite de una construcción fundada en la autosuficiencia, la homogeneización y la eficiencia cuando estas sacrifican la dignidad de las personas”. Por el otro, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, donde “la ciudad renace gracias a la responsabilidad compartida de todo el pueblo”, una obra que “reconstruye los vínculos antes que las piedras y encuentra un lenguaje común, no en la uniformidad sino en la comunión”. Frente a esas dos imágenes, la declaración es categórica: “No queremos una humanidad organizada únicamente en torno al dinero, la concentración del poder o un desarrollo tecnológico sin límites”.

El trabajo en plataformas digitales y la dignidad de los privados de libertad

La declaración organiza sus propuestas en ocho compromisos que van desde la defensa del trabajo y los bienes naturales hasta el rechazo de la narcoestructura y la reinserción de personas privadas de libertad.

En materia laboral, los movimientos plantean que “la tecnología debe estar al servicio del trabajador y no el trabajador al servicio de la tecnología”, y exigen “ingresos dignos, seguridad social y que los beneficios del progreso tecnológico mejoren las condiciones de vida de nuestros pueblos”. Incluyen explícitamente a quienes trabajan en plataformas digitales y rechazan que la precarización se presente como consecuencia inevitable del progreso.

En el plano territorial y ambiental, el texto sostiene que “no habrá transición ecológica justa si se construye sobre la destrucción de nuestra Casa Común y el desplazamiento de nuestros pueblos”, y defiende la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral, la agroecología y las semillas como “patrimonio de los pueblos”.

Respecto de las estructuras narcocriminales instaladas en los barrios populares, los movimientos sociales rechazaron que sus comunidades sean criminalizadas: “No aceptamos que nuestros barrios y nuestros pibes sean criminalizados mientras permanezcan intactas las estructuras que organizan, financian y protegen el negocio”.

El cierre de la declaración es un mensaje directo al pontífice. “León, queremos decirte algo: hace un año, cuando los movimientos populares llegamos a Roma, nos dijiste: ‘Estoy con ustedes’. Hoy, reunidos en Buenos Aires, queremos decirte también nosotros: estamos con vos”, expresa el texto. Y concluye con una síntesis que recorre toda la jornada: “Frente a Babel, elegimos comunidad. Frente al descarte, organización. Frente a la deshumanización, dignidad. Frente a la impotencia, esperanza”.

El Vaticano reafirmó el compromiso de la Iglesia con los movimientos populares

En representación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Flavio Lauria compartió las palabras de la prefecta Alessandra Smerilli, quien en su mensaje recuperó un episodio fundacional: el encuentro que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio mantuvo con los cartoneros de Buenos Aires hace dos décadas. “Bergoglio reconoció allí la acción del Espíritu Santo, que hace de los pobres no sólo destinatarios, sino protagonistas de la misión de la Iglesia. De aquella intuición nacieron, con el Papa Francisco, los Encuentros Mundiales de los Movimientos Populares”, escribió Smerilli.

El mensaje también incluyó una definición sobre el rol de la Iglesia institucional. “La Iglesia debe estar con ustedes: una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia que se acerca, que se arriesga, que es valiente, profética y alegre”, citó Smerilli, retomando palabras de León XIV. Y reafirmó el compromiso del Dicasterio: “Así quiere caminar la Iglesia con ustedes, y así se compromete a seguir haciéndolo el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral”.

En su discurso, Smerilli también desarrolló el marco teológico que sostiene la encíclica papal. Sobre el “síndrome de Babel” descripto por León XIV, explicó que se trata de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único —incluso digital— capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos”. Frente a esa lógica, propuso la imagen de Nehemías: “Ustedes son Nehemías”, dijo a los movimientos populares, que “ante las ruinas de la exclusión, no se resignaron, se organizaron, rezaron y pusieron manos a la obra, cada una con su tramo de muralla”. Citó la encíclica para recordar que “ninguna mano es tan débil como para no poder ofrecer su contribución”, y que el Papa ha llamado a los movimientos “defensores de la humanidad, testigos de la justicia, poetas de la solidaridad”.

El rol de los movimientos “como sujetos y no como objetos”

El sacerdote italiano Mattia Ferrari, coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, subrayó la centralidad del trabajo que realizan las organizaciones: “Agradecemos a todos los movimientos populares de la Argentina y la región latinoamericana por el trabajo, la lucha y el servicio que ustedes hacen, que a veces es invisible pero es tan importante”. Ferrari recordó el vínculo que el papa Francisco construyó con los cartoneros argentinos y señaló que “sólo a través de los movimientos populares los pobres y excluidos se convierten en sujetos, y sólo cuando ellos son sujetos y no objetos es posible caminar hacia la justicia social”. Sobre el encuentro de Buenos Aires, expresó: “Me imagino al papa Francisco sonriendo con este encuentro. Y creo que el papa León XIV estará muy contento”.

Los arzobispos argentinos también tomaron la palabra. Carrara subrayó “el pedido del papa Francisco y del papa León de que la Iglesia y los movimientos populares hagan su camino juntos”, y lo definió como “el camino de cuidar fragilidad, de defender la dignidad de los pueblos”. Colombo, por su parte, llevó el saludo de los obispos argentinos y destacó que su presencia buscaba “testimoniar la necesidad de establecer un vínculo permanente y recíproco en la interacción entre la Iglesia y los movimientos sociales”, y señaló que la visita de León XIV “es una oportunidad para señalar la riqueza de este intercambio y expresar con sencillez la importancia del servicio a los pobres”.

La prefecta visitó una cooperativa cartonera

En el marco del mismo encuentro, la delegación del Vaticano encabezada por Smerilli recorrió la planta de Amanecer de los Cartoneros, en el barrio porteño de Saavedra. La visita respondió a una invitación que Sergio Sánchez, referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), le había cursado al papa León XIV para que conociera de cerca el trabajo de las cooperativas de reciclado y los barrios populares.

La recorrida tuvo lugar mientras las cooperativas cartoneras de la Ciudad de Buenos Aires atraviesan un momento crítico: desde las organizaciones estiman que alrededor de 6.500 empleos están en riesgo a raíz de cambios en los pliegos de higiene urbana, y reclaman que el sistema de reciclado reconozca formalmente el lugar de los recuperadores urbanos en la gestión de residuos y el cuidado del ambiente.

Para los organizadores de la visita de Sor Alessandra Smerilli a la planta de reciclado del Amanecer de los Cartoneros reafirma la importancia de conocer de cerca las experiencias de organización popular y el trabajo de quienes sostienen cotidianamente el reciclado. “Los cartoneros son trabajadores esenciales para el cuidado del ambiente y la construcción de una sociedad más justa”, sostuvieron.

El documento que se le entregará al papa León XIV durante su visita a la Argentina, al que accedió Infobae, cierra con una frase que invita a una profunda reflexión dirigida a su santidad: “Cuando visites nuestra región, queremos recibirte con nuestras luchas, nuestras preguntas y nuestras esperanzas. Y queremos seguir caminando junto a una Iglesia que escucha la voz de los pobres y reconoce a los pueblos organizados como protagonistas de la construcción del bien común. Nos quieren hacer creer que el futuro ya está escrito. Que la tecnología, el dinero y el poder decidirán por nosotros. No lo aceptamos. Frente a Babel, elegimos comunidad. Frente al descarte, organización. Frente a la deshumanización, dignidad. Frente a la impotencia, esperanza. Tierra, Techo y Trabajo siguen siendo derechos sagrados. Y el futuro también es un derecho de los pueblos.”

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