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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Más de una decena de despidos dejó la motosierra nacional en Bahía (hasta ahora)

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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado aseguraron que ya superaron largamente la decena de trabajadores cesanteados que tenían contrato en dependencias nacionales.

ATE enumeró no le renovaron el contrato a 2 empleados de ANSES, 3 de la Agencia de Seguridad Vial, 2 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y 9 de Vialidad Nacional.

Desde el gremio de los trabajadores estatales, además, sostuvieron que seguían atentos a la posible llegada de más telegramas de despido. En ese contexto confirmaron un paro para miércoles 3 de abril

Se recuerda que la administración de Javier Milei decidió en diciembre cambiar el esquema que venía de gobiernos anteriores. En consecuencia, en lugar de renovar contratos por un año, lo hizo por tres meses. Por eso ahora, fines de marzo, se observan estos recortes que podrían extenderse a lo largo de 2024.

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La ley Ómnibus Bis se discutirá en más comisiones y podría tener un trámite exprés en abril

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El llamado proyecto de ley Ómnibus, con el que el Gobierno volverá a la carga luego de la Semana Santa luego del fracaso del primer intento, será debatido en una mayor cantidad de comisiones y podría tener un trámite exprés durante abril.

De todos modos, la celeridad que se le imprima al debate estará subordinado al marco de acuerdos que el Gobierno pueda entablar con las provincias en una ventana de tiempo no demasiado grande.

Así lo entiende un diputado nacional de La Libertad Avanza con el que NA tuvo diálogo. “Es elemental lo que acuerden (el ministro de Interior, Guillermo) Francos y (el jefe de Gabinete, Nicolás) Posse con los gobernadores”, sinceró el legislador oficialista, temeroso de que esta ley ómnibus Bis corra la misma suerte que la primera edición si no se corrige el modus operandi.

Para este legislador oficialista, “si no hay acuerdo en el pacto fiscal con las provincias, no habrá Pacto de Mayo”.

“Lo que se tiene que entender desde el Poder Ejecutivo es que el recorte a las provincias fue necesario pero duro, y debe haber un alivio fiscal para las provincias”, opinó.

Los votos de los diputados que responden a gobernadores de la oposición será fundamental para saber cómo se inclinará la balanza.

La votación en general está garantizada sobre la base de los 144 votos que logró en la primera sesión de la ley ómnibus.

La experiencia enseña que el partido no termina allí, y sigue jugándose en la prórroga que es la votación en particular, donde el oficialismo deberá seguir metiendo goles y aguantando en su arco para evitar que le desguacen lo que consideran el corazón del proyecto, como ya sucedió en febrero pasado.

Durante el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno ingresó en la Cámara de Diputados un mamotreto de 664 artículos que fue desmalezado a partir del diálogo con bloques dialoguistas pero el nivel de acuerdos fue insuficiente.

El resultado dejó al desnudo la falta de muñeca del Gobierno, que depositó su confianza ciega en “las fuerzas del cielo”, creyendo que “la política” (como llama por momentos el Gobierno a la oposición) iba a interpretar ese mandamiento sumisamente.

Tras la votación en general positiva, sectores de la oposición impugnaron incisos clave para el Gobierno y se preparaban para otro embate en el capítulo de privatizaciones. Leyendo la partida en el tablero, y haciendo un cálculo de costo-beneficio, el presidente Javier Milei ordenó desde el exterior retirar el proyecto Bases, que volvió a foja cero.

Con esa frustración y ese aprendizaje en la mochila, el Gobierno ajustará tuercas en la negociación política y por lo pronto ya quitó de la redacción artículos que generaban interferencia y enturbiaban la posibilidad de llegar a acuerdos.

Con el apoyo garantizado del PRO, que a esta altura puede decirse que es una fuerza oficialista más, Francos se reunió con los líderes de los bloques dialoguistas (UCR y Hacemos Coalición Federal) y también con gobernadores para comprometer su apoyo a la ley ómnibus. Ese tipo de encuentros se repetirán porque la idea es que esta vez no queden cabos sueltos.

Una de las certezas que dejaron esos primeros encuentros es que el debate pasará por más comisiones que las tres que trabajaron durante el verano en torno a la ley Bases, que fueron Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto.

Según el diputado de La Libertad Avanza consultado por Noticias Argentinas, también podrían intervenir Finanzas, Seguridad Interior, Legislación Penal, Narcotráfico y Adicciones y Relaciones Exteriores.

Además podría acoplarse la comisión de Previsión y Seguridad Social en caso de que la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, que se adelantó a través del dictado de un DNU, tenga un reflejo legislativo y sea incluida dentro del combo de la ley Bases.

El otro tema de enorme sensibilidad tiene que ver con el impuesto a las Ganancias, que pasaría a denominarse impuesto “a los ingresos personales”.

La restauración de este tributo estaría incluida dentro del paquete fiscal, que volverá a entrar en escena en la ley ómnibus bis luego de que en la primera edición fuera extirpado por el Gobierno, para sorpresa de propios y ajenos.

Lo que queda claro para el legislador oficialista es que con una inflación acumulada del 60% el mínimo no imponible no podrá estar por debajo del millón y medio de pesos y podría ampliarse hasta un 1.800.000.

“No hay consenso acá (en el Congreso) para que se establezca en 1.300.000”, advirtió, poniendo en entredicho una versión que había dejado correr el Gobierno semanas atrás sobre la reposición de Ganancias.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Martín Menem sorteó su sueldo al estilo Javier Milei

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El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sorteó por primera vez su sueldo como legislador nacional, algo que había prometido durante la campaña. Al igual que lo hacía el ahora presidente Javier Milei, el diputado transmitió en vivo el sorteo.

El ganador recibirá $1.266.702,58, correspondientes del proporcional de diciembre, y se enteró por el propio Menem.

“Hola Nicolás. Saliste ganador de mi primer sueldo como legislador, que corresponde al proporcional del mes de diciembre”, confirmó el legislador a través de la transmisión por el canal Break Point en YouTube.

Asimismo, el receptor del sueldo reveló: “Estoy muy contento, gracias. Mi señora me anotó, pero no me acuerdo cuando”.

Se trata de una práctica que implementó Milei, en sus épocas como diputado, y que realizó hasta el 15 de diciembre del año 2023, luego de asumir a la presidencia. A través de la página www.mipalabra.javiermilei.com, el jefe de Estado sorteó veinticuatro sueldos desde el 12 de diciembre de 2022.

“El que actúa en política es un servidor público y tiene que entender que no es para siempre. Los tipos que estuvieron, están y se quieren quedar toda la vida… tal vez en algún tiempo funcionó, ya no funciona más. La política necesita oxigenarse, que surjan jóvenes”, expresó.

Fuente: Noticias Argentinas.

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