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Política Nacional

Iguacel y Dietrich: IMPUTADOS

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El fiscal Taiano investiga si se habilitó a algunas empresas a seguir cobrando peajes y obras por $30 mil millones cuando sus contratos habían vencido.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. La acción penal fue impulsada tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Según indica la presentación y el dictamen de la fiscalía a los que accedió este diario, sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.

Esta causa se suma a la otra investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación. En ese caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral busca determinar las condiciones en que el Grupo Socma se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA, empresa que, además, cobró 500 millones de dólares a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi contra el Estado. Suma que la administración pública pagó sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.

El sindicato denunció penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que las empresas continuaron con el cobro de peajes y certificados de obra millonarios, con contratos que fueron extendidos por una simple resolución y sin llamado a licitación, como lo indica la ley.

La presentación, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y que impulsó en las últimas horas el fiscal Taiano, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. En concreto, el escrito que ya inició su recorrido en Comodoro Py, con la firma de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, resalta que “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

La dirigente gremial ya declaró en el expediente en calidad de testigo y bajo juramento ratificó todos los puntos de la denuncia. En ese marco, explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores. “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, detalló Aleña.

Según detalla la denuncia, “por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”. Además, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

Rutas Argentinas
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil km de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.

El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. Por su parte, Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. Y por último, Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

El fiscal fundamentó su pedido para la apertura de la investigación en que es inusual en materia de derecho administrativo que se emita una resolución como la firmada por Iguacel “ad-referéndum” del Poder Ejecutivo y que defina, como en este caso, la prórroga de un contrato sin llamado a licitación, por encima de decretos firmados por el PEN. Como agravante, el Poder Ejecutivo ni siquiera llegó a expedirse y el dictamen de Vialidad, un organismo autárquico, se aplicó de todas maneras. “Es insólito”, dijo Aleña en su declaración. Específicamente, la denuncia señala que “los actos administrativos ad-referéndum carecen de todo efecto jurídico, toda vez que tienen la potestad de generar, modificar y/o abolir derechos, consecuentemente no son legítimos y no son ejecutables”.

Según pudo saber PáginaI12 ya hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están en marcha. Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene.

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Opositores logran votar dos emplazamientos sobre Universidades y Garrahan rechazados por el Gobierno

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Los bloques opositores lograron votar hoy en la Cámara de Diputados, con la ayuda de aliados de la Libertad Avanza (LLA), los emplazamientos a las comisiones para emitir la próxima semana dictámenes sobre los proyectos de aumentos de los recursos para las universidades y de declaración de emergencia del hospital Garrahan.

Uno de los datos de la sesión fue que el emplazamiento para tratar el aumento de las universidades fue avalado por dos diputados del PRO;  dos radicales “peluca” de Liga del Interior, la libertaria Marcela Pagano, Producción y Trabajo, de Independencia y de Innovación Federal.

La aprobación de estas medidas para acelerar el debate se produjo en medio de una tensa sesión que luego terminó en un escándalo, con empujones entre los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP), lo que obligó a levantar la sesión.

Uno de los primeros temas que se abordó fue el pedido de la diputada de UxP Blanca Osuna para tratar sobre tablas el presupuesto universitario que resultó negativo, ya que se obtuvieron 140 a favor y 90 en contra, con lo cual no se alcanzaron los dos tercios, pero luego el emplazamiento fue aprobado por 168 a 61.

Osuna dijo que lamentó que hace un año no se puedo insistir con el veto al aumento de los recursos a las Universidades y destacó que es prioritario “mejorar los salarios de los educadores del nivel universitario tanto docente como no docente”.

Los diputados del PRO que respaldaron el proyecto fueron Héctor Baldassi y Sofia Brambilla, quienes no solo lo hicieron para acelerar el debate de esa propuesta sino que respaldaron el tratamiento sobre tablas.

En cambio,  los radicales con “peluca” Martín Arjol y Mariano Campero se opusieron al tratamiento sobre tablas pero votaron a favor que se emita dictamen en las comisiones, mientras que la libertaria Marcela Pagano solo avaló el emplazamiento.

Por su parte, los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone se abstuvieron en el tratamiento sobre tablas pero luego votaron a favor.

También respaldaron el emplazamiento los radicales de la bancada de la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Unión por la Patria.

En contra estuvieron los legisladores de LLa -con excepción de Pagano-, la mayoría de los del PRO, Creo, Somos Fueguinos y una diputada del MID, Cecilia Ibañez.

Posteriormente, el diputado de UxP Pablo Yedlin propuso tratar sobre tablas la declaración de emergencia sobre el Garrahan y también resultó negativa por no tener los dos tercios, al conseguirse 146 votos negativos contra 85, pero luego el emplazamiento se votó por 164 a 66 votos.

Yedlin planteó la necesidad de acelerar el debate sobre la situación en el Garrahan ya que este proyecto “viene a asegurar un presupuesto digno al hospital y propone condiciones dignas para que el hospital trabaje”.

En tanto, el diputado y médico Facundo Manes señaló que no es que “falte plata” sino que hay un gobierno que “pone mas recursos en organismos de inteligencia para influir en periodistas y pagar trolls en redes sociales”.

En esta votación, los dos diputados del MID Zago y Falcone lo hicieron a favor del tratamiento sobre tablas, y lo mismo hicieron el misionero Alberto Arrúa y la salteña Vega.

En el caso de los radicales con “peluca” de la Liga del Interior, se sumaron a favor de tratar la situación del hospital Garrahan

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Los jubilados volvieron a marchar al Congreso y rindieron homenaje al fotógrafo Pablo Grillo

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Organizaciones de jubilados volvieron a marchar este miércoles en las inmediaciones del Congreso y brindaron un reconocimiento a Pablo Grillo, el fotoperiodista que había sido gravemente herido el 12 de marzo último durante la represión policial y que recibió el alta médica a comienzos de junio.

Como todos los miércoles, los jubilados se movilizaron en reclamo de un aumento en los haberes previsionales mínimos y la suba del bono de 70 mil pesos que otorga el Anses, además de la demanda por la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector.

La marcha estuvo fuertemente cuestionada por efectivos policiales, que interrumpieron el tránsito en la avenida Callao, y tuvo lugar mientras puertas adentro del Congreso, en la Cámara de Diputados, los legisladores protagonizaban un escándalo que tuvo como protagonista al libertario José Luis Espert.

El eje de la movilización de este miércoles fue la presentación formal de la “Campaña Un Millón de Firmas por los Jubilados”,  que apunta a reunir adhesiones para respaldar una serie de reclamos para el sector previsional.

“¡Se siente, se siente, Grillo está presente!”, corearon los jubilados durante la movilización, a la que se sumaron organizaciones de izquierda como el PTS y el Partido Obrero.

En efecto, el dirigente Nicolás del Caño se sumó a la marcha después de haber dejado su banca para Juan Carlos Giordano, en cumplimiento de la política de rotación del Frente de izquierda.

“Las bancas rotan, pero el compromiso con las luchas es permanente”, destacó el Frente de Izquierda desde sus redes sociales.

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Con Máximo Kirchner, Grabois y la izquierda, reclamaron la libertad de los detenidos por el escrache a Espert

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Con Máximo Kirchner, Juan Grabois y Myriam Bregman entre los asistentes, se realizó hoy una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para reclamar la liberación de los cinco militantes kirchneristas, entre ellos Alesia Abaigar, que fueron parte del escrache al diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert.

En el despacho principal de Unión por la Patria en el tercer piso del Palacio Legislativo, estuvieron los los abogados Diego Molea y Bienvenido Basalo, y familiares de los detenidos.

Molea, que además de letrado es rector de la universidad nacional de Lomas de Zamora, recordó que las detenciones de los cinco militantes, cuatro de ellos mujeres, tiene como antecedente el insulto furibundo de Espert contra Florencia Kirchner en una conferencia que tuvo lugar el 11 de junio en la Universidad Católica Argentina.

Es una hija de la gran puta”, vituperó aquel día el economista libertario en alusión a la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Por esos dichos agraviantes, Espert fue repudiado en el acto por estudiantes de la UCA y tuvo que retirarse para evitar que la situación escalara.

Cualquier persona de bien se ofusca por esas barbaridades. La verdad es que decir esas cosas de una mujer, de una joven, de cualquier persona, en un ámbito universitario, soy rector de una universidad, nunca lo he visto. Ante eso, se reacciona de una manera y hay otros que supuestamente reaccionan de otra manera”, dijo sobre el escrache por parte de los militantes que se organizaron para depositar bosta en la vereda de la casa de Espert.

El abogado señaló que ese hecho constituye a lo sumo una contravención, pese a lo cual el juzgado federal de San Isidro en cabeza de Sandra Arroyo Salgado tomó la acusación de Espert y dictó la detención de Alesia Abaigar.

“La justicia federal de San Isidro toma y se siente competente en una causa de tirar caca en la vereda en vez de ocuparse, como corresponde, de tratar otros temas y otros delitos federales que tanto preocupan y nos preocupan en este país, como el narcotráfico, por ejemplo”, cuestionó Molea.

Abaigar, de 36 años, licenciada en Ciencias de Comunicación, funcionaria en el Gobierno bonaerense, profesora de yoga y militante de la agrupación La Lealtad, la mantuvieron incomunicada en la cárcel de Ezeiza, con prisión preventiva.

El caso se agrava por el hecho de que la joven militante sufre una enfermedad autoinmune muy extraña que solo afecta a 50 personas en el país.

También fue detenida en las mismas condiciones que Abaigar, tras un allanamiento, la militante kirchnerista y concejal de Quilmes de 40 años Eva Mieri.

Luego quedaron detenidos por la Policía Federal con orden de la Justicia Candelaria Montes Cató, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi.

“No puede haber personas detenidas por este hecho de ninguna manera. Entonces lo primero que venimos a plantear, lo primero que venimos a sostener es que tienen que liberar a estas personas detenidas. Por eso hoy nos presentamos desde un lugar institucional, con las familias a exigir inmediatamente la libertad”, sostuvo Molea.

También anticipó que van a “investigar el abuso del poder” de la Justicia y pedirán al Consejo de la Magistratura que analice estas “conductas judiciales”.

“Alesia está en la cárcel de César. Hoy la llevaron y la trasladaron esposada, encadenada al piso, a tribunales para que le hagan una pericia sobre su enfermedad. Y no sabemos lo que pasa con los otros detenidos porque están incomunicados. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que nosotros venimos a plantear que se tiene que resolver de manera inmediata”, planteó el letrado.

Por último, Molea le dedicó unas palabras a Espert, de quien dijo que debería exigir la liberación de los militantes detenidos.

“El diputado Espert que dice ‘plomo, bala o a la cárcel’, que dice que hay que ”clavar cajones’, que dijo la barbaridad que dijo en una universidad, ¿se siente amedrentado porque le tiraron caca en la vereda? José Luis Espert tendría que estar acá también sentado pidiendo la libertad de estos detenidos”, insistió.

“Esto es algo de una gravedad institucional absoluta y no visto en los últimos años. Se están corriendo límites que no pensábamos o teníamos miedo de que alguien se atreva tanto”, remató.

En la conferencia de prensa estuvieron, entre otros dirigentes políticos, además de los mencionados Kirchner, Grabois y Bregman, los diputados nacionales Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau, Carolina Gaillard, Rodolfo Tailhade, Vilma Ripoll, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Mercedes de Mendieta, Carlos Castagnetto, Vanesa Siley, Agustina Propato, Eduardo Toniolli, Lorena Pokoik, Luana Volnovich, Matías Molle, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Sabrina Selva; las senadoras Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti; los dirigentes Nicolás del Caño, Martín Sabbatella, Leonardo Grosso y Pablo Miceli; y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

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