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Política Nacional

Las provincias petroleras llevarán a la Casa Rosada su reclamo por el congelamiento del precio de las naftas

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En medio de un clima de fuerte tensión política y de crisis económica, el Gobierno recibirá hoy a los mandatarios de provincias petroleras para consensuar una estrategia común alrededor del congelamiento tarifas de naftas bajo un ultimátum planteado por varios gobernadores: instarán a la Casa Rosada a modificar el esquema impositivo a los combustibles para que Nación y provincias compartan los costos de esta decisión o, en caso contrario, recurrirán a la justicia para frenar el decreto que determinó unilateralmente esa medida.

El ministro de Hacienda, Hernán lacunza, el de Interior Rogelio Frigerio y el secretario de Energía Gustavo Lopetegui recibirán a los gobernadores de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén y Salta con la idea de abrir el debate en torno al DNU que la semana pasada firmó Mauricio Macri para congelar el precio de las naftas para los próximos 90 días, en el marco del paquete de medidas adoptado tras la la derrota de Cambiemos en las PASO.

“Tenemos que encontrar una solución en la que las provincias no seamos las únicas perjudicadas con este congelamiento de tarifas y nosotros llevaremos una propuesta concreta”, explicó a Infobae el gobernador de Río Negro Alberto Weretineck.

En este sentido, el plan que llevarán hoy a la Casa Rosada los gobernadores de provincias petroleras consiste en modificar el impuesto a los combustibles o reformular el IVA a las naftas para que el costo fiscal que estableció por DNU el Gobierno al congelar el precio de los combustibles lo paguen en forma equilibrada la Nación y las provincias.

Desde el Gobierno admitieron a Infobae que la negociación con los gobernadores “no será nada sencilla y el panorama es muy complicado”. Desde la Casa Rosada aseguran que los aumentos de los combustibles se transmiten a todos los precios y que por eso Macri tuvo que emitir el DNU para congelar los precios de las naftas.

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La Justicia suspendió artículos de la reforma laboral, luego de una presentación de la CGT

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La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, una luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significtiva de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero.

El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores. Por ese motivo, indicó la suspensión provisoria de los artículos cuestionados, hasta el momento en que se dicte la “sentencia definitiva”.

En la misma línea, Ojeda aseguró que esta cautelar tiene fundamentos por la “verosimilitud del derecho calificada” y porque, en el caso de de aplicarse las normas establecidas en la ley, podría producirse una ruptura en los derechos laborales aquiridos.

En la cautelar, se asegura que la CGT “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, vinculados a los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”, teniendo en cuenta, también, los aspectos “individuales comunes y homogéneos”  de los grupos de trabajadores, “cuya prestación se encuentra regulada” por las normas vigentes en nuestro país.

Por el momento, esta suspensión continuará siendo de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto.

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AFA: procesaron a “Chiqui” Tapia y a Toviggino en la causa por presunta evasión fiscal de $19.000 millones

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El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha, el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Además, les sumó un embargo a ambos sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente $350 millones cada uno.

Amarante mantuvo también la prohibición de salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, y superan los $19 mil millones. Tapia y Toviggino se presentaron ante la Justicia, y el argumento de la AFA es que pagaron la deuda pero fuera de término, por lo que el delito se habría consumado.

Fuente: TN

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Por más presupuesto: arranca otra semana de paro en las universidades nacionales

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En reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento, este lunes comenzó una nueva semana de paro de docentes universitarios de todo el país. La jornada cerrará así un mes marcado por una seguidilla de protestas por parte del sector y que tiene en agenda una nueva semana sin clases para fines de abril.

El cese de actividades, impulsado por las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu y la Conadu Histórica, tendrá como eje el pedido por una recomposición salarial debido al “un atraso” significativo” que tienen frente a la inflación.

La medida, que se extenderá entre este lunes y el miércoles 1 de abril, forma parte de un plan de lucha impulsado por el Frente Sindical de Universidades, que desde hace tiempo comenzó a exponer “la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario argentino”. Como jueves y viernes es Semana Santa, se conformarán otros cinco días sin clases.

A esa medida, se sumará la marcha federal universitaria -con fecha tentativa para el 23 de abril- que buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público.

Asimismo, hay otros cinco días de paro prevista para la semana que comienza el lunes 27 de abril, aunque habrá que ver cómo llega la relación de los gremios con el Gobierno para esa fecha.

La protesta, que se sustenta en una pérdida en torno al 40% del poder adquisitivo de los docentes desde que asumió Javier Milei, afecta a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

A esto se suma que los auxiliares enrolados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales realizarán una huelga de 24 horas el próximo 31 de marzo. La medida se repetirá el 8, 17 y 23 de abril, según el esquema votado. Estas iniciativas impactarán no sólo en las facultades sino en los colegios dependientes de las universidades, ya que son los trabajadores no docentes los encargados de abrir las instituciones cada día.

La protesta universitaria en la UBA

En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) viene llevando adelanta un paro por tiempo indeterminado que impacta en el normal funcionamiento de varias facultades.

A principios de marzo, desde la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacaron que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

En este contexto, la AGD-UBA de esa casa de estudios remarcó que “sin convocar a paritaria (como desde hace dos años) y desconociendo la Ley de financiamiento universitario que implicaría un aumento de 55,4% del salario (para equiparar la deuda desde diciembre 2023 a la actualidad), el gobierno de Milei fijó de manera unilateral un incremento salarial de 2,5% para enero, 2,2% para febrero y 2% en marzo”.

“De pagarse este 6,7% –que aún no se cobró–, el gobierno nos debería ahora un 49% de aumento, según establece la ley que el gobierno no aplica. Por eso, del 30/3 al 1 de abril, la docencia de las universidades nacionales va al paro en todo el país”, expresaron.

Fuente: Agencia DIB

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