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Ley Bases: la lista de modificaciones opositoras obligó al oficialismo a patear el dictamen una semana

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El plenario de comisiones que trata de la ley de Bases y la comisión de Presupuesto y Hacienda, que estudia el paquete fiscal, entraron en cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la próxima semana, según especificó el senador y presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), quien también confirmó que darán respuestas en las próximas horas a los senadores que presentaron modificaciones.

“Algunos cambios son similares y otros no tienen nada que ver con al ley. Es necesario que se analicen todos las propuestas”, lanzó Abdala. Además, aseguró que en las próximas horas circulará un dictamen que les permita que ambos mega proyectos vayan tomando forma, a
partir de las modificaciones realizadas.

La intervención de Abdala se dio sobre el final del plenario de comisiones que trata la ley de Bases, bajo un mar de dudas con respecto a la firma del dictamen que La Libertad Avanza intentó apurar hoy, apalancado en un grupo de senadores aliados, entre ellos, el senador y líder del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta).

El oficialismo llegó esta mañana a la Cámara alta con el objetivo se llevarse las firmas, al menos en disidencia, de aquellos senadores que plantearon a lo largo de estas tres semanas profundas divergencias en algunos capítulos y artículos. Sin embargo, LLA volvió a dar un paso en falso y su planificación quedó enterrada.

Ayer, el paquete fiscal fue fuertemente cuestionado por el senador kirchnerista Fernando Salino(San Luis) y el radical Martín Lousteau (CABA). En este contexto, para responder las dudas del kirchnerismo y parte del radicalismo, el Gobierno tenía en carpeta enviar a funcionarios a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nadie del Ejecutivo se presentó.

Al reanudarse el cuarto intermedio del plenario de Bases, el senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), arremetió contra varios puntos. Entre ellos, Kueider apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra “disolución total o parcial”.

De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización.

Para defender su postura, aseguró que “no todos los organismos del Estado pueden dar superávit”. Solicitó que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau.

Tras finalizar el punteo con disidencias, el guante lo recogió el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) quien leyó otra extensa lista de cambios promovida por el sector de la UCR más propensa a acompañar el dictamen, pero en disidencia. Estos cambios dejaron aún más al Gobierno contra las cuerdas en su ansiedad por la firma de los despachos.

Zimmermann le pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas y sumó al Correo Argentino. No obstante, el chaqueño sostuvo que, de concretarse las privatizaciones, pidió que los eventuales dueños mantengan las rutas deficitarias.

Lo mismo para el Correo Argentino: “Es un tema central para los pueblos del interior”. En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que “sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario”. Los dardos siguieron para el RIGI, donde pidió claridad para las competencias provinciales.

En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: “Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes”. También tocó el tema previsional: “Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres”.

Por otro lado, en el Salón Gris, el vicejefe de Gabiente, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabla Murphy, continuaron esta tarde atendiendo las modificaciones y puliendo la letra chica del texto que, como dijo Abdala, comenzaría a correr mañana.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Muerte en el gym: la defensa asegura que el secuestro de celulares fue “un show innecesario”

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La Justicia de Garantías de Bahía Blanca rechazó un recurso de habeas corpus preventivo que había presentado uno de los defensores en la causa por la muerte en el gimnasio Sport Club.

Se trata del recurso formalizado por el abogado Agustín Robbio, quien asesora a los dueños de la franquicia que administraba las instalaciones ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100, donde a principios de junio falleció el cliente Juan Roberto Cafasso (68), al caer desde un entrepiso.

Robbio fue crítico con la decisión de la fiscalía, habilitada por el juez Guillermo Mércuri, de incautar (mediante presentación judicial y/o allanamiento) los teléfonos o tablets de los propietarios del comercio.

En el escrito consideraba que todo fue “un show innecesario” y que “no había razones” para la medida, “carente de motivación”, porque ni siquiera existe imputación y, por otro lado, que “pasó un mes y medio del hecho y no había urgencia”, teniendo en cuenta que la orden se dio en medio de las vacaciones de invierno.

“Sin perjuicio de ello nos hemos presentado a estar a derecho denunciando sus domicilios y estos letrados hemos asumido su representación”, dijo.

Robbio también explicó que algunos de los dueños están de receso y otros, como Germán y Gastón Decker, son empresarios y viajan periódicamente a Buenos Aires por temas comerciales, con lo cual pueden no estar presentes en la ciudad.

Con el secuestro de los teléfonos, el fiscal Cristian Aguilar -a pedido de la querella, encabezada por los abogados Martiniano Greco y Carlos Carnevale- busca determinar si los dueños y/o encargados del gimnasio intercambiaron mensajes previamente por los riesgos que existían en el lugar, ya que el entrepiso -que no estaba autorizado- carecía de paredes.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Se buscará determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

Fuente: La Nueva.

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La inflación de julio en Bahía fue 1,26%, según IPC Online

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IPC Online informó que en julio registró una inflación de 1,26%, medio punto menos respecto de junio, cuando había alcanzado 1,76%.

Detalló también que es la menor variación mensual observada en la serie presentada desde julio del año pasado. En efecto, la interanual dio 26,94% y la acumulada de este 2026 arrojó 14,14%.

Indumentaria fue el capítulo de mayor aumento, con 3,59%, seguida por Atención médica y gastos para la salud, con 2,34%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,11%. En el extremo opuesto, Esparcimiento cayó 1,70% y actuó como el principal freno sobre el nivel general.

El capítulo Alimentos y Bebidas se ubicó en 1,56% a raíz de subas en minutas, con 8,10%; leche, 5,09%; verduras frescas y congeladas, 4,93%; cerveza, 4,29%; bebidas gaseosas, 3,41%; empanadas y pizzas, 3,05%; té, 2,85%; agua envasada, 2,77%, y quesos, 2,70%.

“La trayectoria confirma una desaceleración interanual, aunque con comportamientos muy heterogéneos entre capítulos y productos. Seguimos por debajo de todos los acumulados comparados. De continuar esta tendencia, no sería raro que nuestra estimación sea la primera en quebrar el piso de 1% mensual y de los 20% acumulados interanuales”, cierra el informe.

 

Fuente: Frente al cano.

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Un abogado de Milei habló sobre la presentación de CFK ante la ONU: “Puede abrir una revisión de la condena”

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La presentación que la defensa de Cristina Kirchner realizó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría abrir una nueva discusión judicial en la Argentina. Al menos esa es la interpretación del abogado Francisco Oneto, quien representa al presidente Javier Milei en distintas causas y sostuvo que un eventual pronunciamiento del organismo internacional habilitaría una vía extraordinaria para revisar la condena de la exmandataria, aunque aclaró que ello no implica que la sentencia pueda revertirse automáticamente.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, Oneto cuestionó una de las afirmaciones que más se repitió desde que se conoció la presentación internacional: que el trámite ante la ONU no tendría ningún efecto en el ámbito local.

Es desacertado afirmar que eso no tiene efectos”, sostuvo el abogado, antes de explicar que el Código Procesal Penal Federal contempla la posibilidad de promover un recurso de revisión cuando existe un pronunciamiento de un organismo internacional de derechos humanos en el marco de una comunicación individual.

La vía judicial que podría abrir un pronunciamiento internacional

Según explicó Oneto, el eventual debate comenzaría recién si el Comité de Derechos Humanos emitiera un pronunciamiento sobre el caso. En ese escenario, los tribunales argentinos deberían resolver si ese dictamen reúne los requisitos para habilitar una revisión de la condena y cuál es el alcance que corresponde otorgarle dentro del derecho interno.

Si hay un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, eso habilita la admisibilidad de un recurso de revisión conforme al artículo 366 del Código Procesal Penal Federal”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la apertura de esa instancia no garantiza un cambio en la situación judicial de Cristina Kirchner. “Que el recurso de revisión sea admisible no quiere decir que sea procedente. Son cosas distintas”, explicó.

Oneto sostuvo además que la defensa de la expresidenta no solo promovió el reclamo de fondo ante Naciones Unidas, sino que también solicitó una medida cautelar. A su entender, la redacción del artículo 366 permite que ese tipo de pronunciamientos sean considerados por la Justicia argentina. “La Corte Suprema tiene una jurisprudencia histórica según la cual donde la ley no distingue, no corresponde distinguir”, señaló.

El abogado agregó que, si eventualmente la revisión fuera admitida, el propio Código Procesal Penal Federal prevé que los jueces puedan analizar el alcance de determinadas medidas cautelares mientras se resuelve el planteo. Para Oneto, el verdadero interrogante no pasa por determinar si la ONU puede revocar una condena argentina, sino por establecer qué efectos procesales puede generar un pronunciamiento internacional dentro del sistema judicial local.

Los tiempos del trámite ante la ONU

Más allá del eventual debate judicial en la Argentina, Oneto explicó que el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos tiene etapas definidas antes de que exista cualquier resolución.

Según indicó, la Observación General Nº 33 establece que el Estado dispone de seis meses para responder sobre la cuestión de fondo una vez que la presentación es admitida. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner solicitó una medida cautelar, cuyo tratamiento sigue un trámite distinto.

El abogado advirtió además que los plazos podrían extenderse debido a la reducción de recursos que afectó el funcionamiento del organismo internacional y disminuyó la frecuencia de sus reuniones.

El impacto político de la estrategia

Además de las consecuencias jurídicas, durante el programa también analizaron el efecto político que podría tener la decisión de la defensa de Cristina Kirchner de acudir a un organismo internacional. Para Diego Iglesias, la estrategia busca mantener abierto el escenario político de la expresidenta mientras avanza el proceso.

Lo que buscan es volver a instalar la posibilidad de una candidatura de Cristina y sumar una herramienta de presión internacional para revertir la situación, más allá de los efectos jurídicos”, sostuvo.

Oneto coincidió en que el proceso puede producir consecuencias políticas incluso antes de que exista una resolución. “La incertidumbre abre una ventana para la negociación”, resumió, al señalar que la falta de definiciones mantiene abiertos distintos escenarios y fortalece la capacidad de negociación dentro del peronismo.

Por ahora, el expediente recién comienza su recorrido ante el Comité de Derechos Humanos. Si el organismo decide pronunciarse sobre el caso, la discusión dejará de ser exclusivamente política para trasladarse nuevamente a los tribunales argentinos, donde deberá resolverse una cuestión que prácticamente no registra antecedentes: cuál es el alcance que puede tener un dictamen de la ONU sobre una condena firme dictada por la Justicia nacional.

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