Mauricio Macri se refirió este jueves a la polémica en torno a los pliegos judiciales que se trataron hoy en el Senado, y celebró la aprobación de la totalidad, incluido el de Verónica Michelli, la candidata a jueza que el presidente Javier Milei quiso vetar. “Tienen un rol clave para generar confianza, porque respetan la Constitución Nacional y dentro de eso los derechos de propiedad”, afirmó el exmandatario.

El líder del PRO sostuvo que el nombramiento de magistrados debe estar guiado por criterios institucionales y no por afinidades personales. “Tenemos que nombrar los mejores jueces y estar seguros de que no necesitamos ser amigos de ninguno, porque cada uno tiene bien claro qué dice la Constitución y la va a hacer respetar”, sostuvo al ingresar a la Legislatura porteña, donde fue homenajeado por haber participado del °76 campeonato sudamericano de Bridge, una iniciativa del legislador radical Francisco Loupias, que responde a Daniel “Tano” Angelici.

Al acto asistieron, entre otros, los legisladores Waldo Wolff, Laura Alonso, Gimena Villafruela, Rocío Figueroa, Pablo Donati, Patricia Inés Glize, Aldana Belén Crucitta, Silvia Lospennato e Ignacio José Parera. También el Secretario Administrativo, Christian Gribaudo. El que no concurrió fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La sesión que se desarrolló esta tarde en el Senado dio a entrever cómo las descoordinaciones entre diferentes facciones del oficialismo terminan produciendo dinámicas políticas indeseadas en momentos clave.

El bloque de La Libertad Avanza había acordado con la oposición ayer en la reunión de Labor Parlamentaria que este jueves se debatieran en el recinto diferentes iniciativas como la aprobación de 50 pliegos de jueces y fiscales, así como el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Lo curioso es que cuando se tenía amplia expectativa sobre la media sanción de esta última, el oficialismo terminó pidiendo el aplazamiento del mismo en el medio de la sesión.

El proyecto que fue diseñado por el ministro Federico Sturzenegger tuvo una ardua discusión en las comisiones del Senado. Esta implicó cambios en decenas de artículos, dejando como esencia una iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la ley de tierras rurales y la normativa sobre manejo del fuego.

Vale la pena recapitular. El bloque libertario, que es presidido por Patricia Bullrich, venía de días de tensión mediática producto de que su jefa de bancada se había opuesto públicamente a rechazar el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal, algo que habían solicitado los hermanos Milei producto de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien hizo coberturas extendidas en causas que compromenten al oficialismo como $LIBRA. Su pliego tenía casi todas las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para poder tratarse fácilmente en el recinto.

En paralelo, había otras 73 nominaciones provenientes del Poder Ejecutivo que estaban en condiciones de pasar al recinto. Bullrich y los jefes de bloque de la oposición acordaron ayer no tratar el de Michelli, hacerlo la semana próxima y que se avance con una primera tanda de 50 concursos en la sesión de este jueves. En el transcurso entre Labor Parlamentaria y el inicio de la sesión no se logró dar con un criterio claro que estableciera quiénes de los 73 eran pasibles de integrar esa primera tanda. Es ahí donde comienzan los cortocircuitos al interior del oficialismo.

“Es completamente discrecional que haya 50 y no todos”, afirmaron en el karinismo. ¿Por qué el oficialismo aplazó su tratamiento si es que contaba con los votos? Al menos dos importantes fuentes del Gobierno reconocen que se debió a una negociación a último momento con la oposición por los pliegos judiciales.

En la lista preliminar que se sugirió para la sesión de este jueves no estaban dos nombres sugerentes. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien tiene terminales políticas con el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Asimismo, tampoco figuraba la candidata Yamile Susana Bernan, quien es esposa de Diego Guerendiain, mano derecha y primer jefe de Gabinete que tuvo el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Quienes conocen los posicionamientos del karinismo sobre la política judicial acusan de al ala del asesor presidencial Santiago Caputo por haber tenido intenciones de que no fueran incluidos en la convocatoria de esta sesión. Algo que es rechazado de manera tajante por el sector aludido: “Nos operan porque tienen que justificar sus manejos”.

Esta mañana, los operadores judiciales del karinismo comenzaron a activar contactos con diferentes actores políticos de la oposición como para presionar a que se trataran la totalidad de los pliegos, entre ellos el de Rosatti. Media hora antes de que iniciara, Bullrich había ampliado el listado en dos oportunidades distintas: primero fue de 50, luego se pasó a 53 y más tarde se terminó en el número final de 73 candidaturas. El único que no estaba era el de Michelli.

Tras una tensa discusión en el medio del recinto, Bullrich tuvo que llamar a un largo cuarto intermedio para evitar que la sesión se le desmadrara. La pausa y la reunión con los referentes del recinto se extendió por más de una hora. Desde ese momento diferentes fuentes legislativas decían por lo bajo que corría peligro el proyecto desregulador que había pedido Milei.

El saldo final de la negociación fue la siguiente, según indicó una importante fuente del Gobierno: “El kirchnerismo y varios de la oposición vieron la desesperación del oficialismo y les dijeron que iban a aprestarse a votar solo si incluían sobre tablas el pliego de Michelli y daban de baja la discusión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Finalmente aceptaron”.

Una vez que se reanudó la sesión y se votaron todos los pliegos, el senador de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Agustín Coto, solicitó que el proyecto desregulador volviera a comisión, lo cual aplazará su discusión sin nueva fecha aparente.

Ahí es donde emergen las críticas de otros sectores del Gobierno hacia quienes manejan la política judicial del oficialismo. “Entregaron una proyecto que había costado mucho negociar y que era importante para Milei solo para apurar un par de pliegos”, esgrimen. Ahora mismo no hay prevista una fecha clara para volver a discutir esa normativa. En el karinismo se atajan diciendo que puede ser la semana que viene, pero la cercanía del Mundial de Fútbol implicará una baja significativa en la dinámica legislativa.

El episodio expone que la supuesta concertación que buscaron comunicar Karina Milei y Patricia Bullrich no se traduce al plano de lo real. En el entorno de la hermana presidencial acusaron a la senadora de haber realizado la primera selección de los 50 pliegos “porque quieren que la inviten a negociar los asuntos judiciales”. En cambio, quienes están con la jefa de bloque de La Libertad Avanza apuntan a la “desprolijidad” con la que se manejó el Ejecutivo en la administración de pliegos como el de Michelli.

La positiva noticia de que el Poder Judicial volverá a llenar vacantes judiciales después de cinco años de sequía terminó viéndose empañada por las desconexiones entre distintas huestes del oficialismo. En tanto, el presidente Javier Milei no tiene previsto convalidar la promoción de Michelli como jueza y está decidido que enviará una nueva candidatura en las próximas semanas, tal y como hizo con Juan Manuel Yalj a comienzos de 2012. La historia no es la misma, pero rima.

En una caótica sesión que se convirtió en carísima -por la falta de orden y control- para la Casa Rosada, el Senado pospuso la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La oposición dialoguista se la desplumó en comisiones a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, a quien se la vio con poca reacción en el recinto y, ante reclamos de más cambios y en medio del encuentro de esta tarde, se decidió frenarla.

“Hoy nos dedicamos a perder”, reconoció ante Infobae un ofuscado legislador libertario. Desde otros despachos apuntaron a solicitudes de modificaciones realizadas a último momento por el radicalismo, aunque otros aliados se plegaron a la idea de dilatar el tratamiento, que quedará para otra sesión.

¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

Durante esta tarde sí se votará, de lo poco que queda en pie, un acuerdo del Estado con dos holdouts que estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo. En total, UDS 171 millones.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En la sesión también se espera que avance la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. También, una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.