En medio de las discusiones entre el Senado y la Casa Rosada por la generosidad hacia Diputados -en detrimento de la Cámara alta- con los fondos establecidos en el ahora sancionado y vigente Presupuesto 2026, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, activó el 16 de diciembre último un retiro voluntario “plata en mano” con un “cupo máximo de 50 beneficiarios, sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente”.

La decisión de la funcionaria se consumó tras meses agitados en el Senado y versiones espeluznantes sobre el accionar del principal gremio del Congreso, APL. Lo comanda el cristinista Norberto Di Próspero, quien mantiene una relación de respeto y odio con Villarruel, según la semana. Lo curioso es que nada se habla del vínculo del sindicalista con Diputados, donde pareciera no existir problema alguno. Así, quien suele pagar los platos rotos del Poder Legislativo suele ser la Cámara alta.

Veamos la letra chica del decreto 632/25, que se publicó varios días después de su fecha original en la web oficial. “El presente Régimen rige respecto del personal del H. Senado de la Nación de planta permanente, que cuente con una antigüedad en el Organismo de entre DOS (2) y VEINTICINCO (25) años, siendo la edad requerida para las mujeres hasta los CINCUENTA y CUATRO (54) años de ‘edad y para los hombres hasta CINCUENTA y NUEVE (59) años de edad”.

En el anexo del documento se detalla que “el incentivo consiste en una compensación económica no remunerativa, calculada sobre la base de la remuneración bruta, mensual, normal, habitual y permanente correspondiente al mes de noviembre de 2025”. La misma “se abonará un mes por cada año de servicio efectivo (excluyendo conceptos variables como viáticos, riesgos, comidas y S.A.C.) con un tope máximo de VEINTICINCO (25) años”.

Además, la cuenta “se hará por años completos de antigüedad, no siendo computable si se encuentra usufructuando licencia sin goce de haberes o bien bajo el régimen de adscripción”. En tanto, el pago “se efectuará una vez aceptada la renuncia”. Según consta en el texto, la solicitud de adhesión debió ser presentada “durante el mes de diciembre de 2025”, aunque la fecha de publicación del decreto es del 16 del mes pasado. Llamativo. Y Recursos Humanos puede “denegar la petición atendiendo a razones de servicio, presupuestaria o de oportunidad, mérito y conveniencia”.

En el artículo octavo del anexo se deja en claro que “la presentación de la solicitud de adhesión al presente régimen deberá incluir una renuncia irrevocable del personal a su empleo público con este H. Senado de la Nación quedando sujeta a la concesión del beneficio”. Y agrega que ello implicará la imposibilidad de “formular reclamos administrativos o judiciales por causas anteriores a la fecha de aceptación del beneficio”.

Quien logre desvincularse de la Cámara alta “no podrá ser designado en planta temporaria o permanente, ni incorporado bajo ninguna modalidad de contratación, con o sin relación de dependencia en este H. Senado de la Nación, por un plazo de 10 años a partir de su baja efectiva”.

Otro ítem a considerar es el de los excluidos. Allí se apunta que no será tenido en cuenta el “personal que se encontrare sometido a sumario administrativo del que pudiera surgir las sanciones de cesantía o exoneración”. Por ende, uno debiera suponer que, si existió un problema o falla grave con algún jerarca del gremio, se encontraría en esta condición. De mínima.

Tampoco podrán ingresar al sistema quienes hayan “iniciado algún reclamo administrativo o demanda judicial”, así como los que tengan “ausencias injustificadas por las cuales se le pueda aplicar la sanción de cesantía, aun cuando el trámite no estuviera iniciado, siempre que dichas ausencias hayan sido notificadas fehacientemente al interesado”.

La crisis en Venezuela ya empieza a sentir su correlato e impacto político en Argentina. Tras las primeras reacciones del arco dirigencial por la caída de Nicolás Maduro; la agenda y narrativa quedó instalada. En este marco, la posición del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionando la intervención militar de Estados Unidos sobre Caracas para detener a Maduro, despertó las críticas de todo el arco opositor en territorio bonaerense; puntualmente porque en su pronunciamiento el mandatario provincial aseveró que “La provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”. Ahora, buena parte de la discusión política en el corto y mediano plazo estará atravesado por la situación regional.

Quedó expuesto en las últimas horas cuando dos referencias directas de Karina Milei -el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el diputado nacional y titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja-, salieron a pedir la instauración de la Boleta Única en Papel en las provincias que aún conservan el modelo de boleta partidaria. Buenos Aires es una de ellas.

“Tenemos que seguir trabajando para tener Boleta Única de Papel en cada provincia y terminar con la trampa de las colectoras o los cientos de partidos en el mismo distrito que solo distorsionan la verdadera voluntad del electorado”, manifestó Menem en su cuenta X. Seguidamente, el armador libertario en PBA replicó el mensaje y planteó que “la Boleta Única de Papel es un éxito político y de implementación del gobierno de Javier Milei”, pero que “tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera y avala prácticas antidemocráticas, como las que hemos visto en los últimos días en relación con Venezuela”.

La apreciación de Pareja sobre el país que hoy se lleva la atención política y económica del mundo y cuyo impacto empieza a sentirse en la región, fue y, sobre todo, será bandera del discurso libertario. La analogía, acaso extrema, que comienza a circular en los círculos libertarios, consiste en alinear a Axel Kicillof con Nicolás Maduro. Pareja también planteó: “Nuestros bloques de Diputados y Senadores en la Legislatura van a trabajar sin pausa hasta que la Boleta Única de Papel sea una realidad en la Provincia de Buenos Aires”.

Como contó días atrás este medio, con el antecedente exitoso de las últimas elecciones a diputados nacionales, La Libertad Avanza impulsará para la agenda 2026 en la Legislatura bonaerense avanzar con una ley para que, en los comicios del 2027, todas las categorías electivas sean mediante BUP.

Para eso necesitará juntar votos no solo de los aliados del PRO, la UCR o la Coalición Cívica, que ya en 2024 presentaron un proyecto de ley para llevar adelante la aplicación de la Boleta Única de Papel. En el gobierno bonaerense interpretan que el modelo de boleta partidaria donde cada elector elige la boleta del espacio que desea votar no presenta inconvenientes, que es seguro y que mediante ese sistema han ganado distintas expresiones políticas, incluso el actual presidente Javier Milei.

Sin embargo, para el año que se inicia corre cierto clima para avanzar con una reforma política más estructural en la provincia de Buenos Aires, que podría incluir distintos temas, que precisará de un acuerdo político entre los diferentes espacios políticos y que, indefectiblemente, también estará atada a como se desenvuelva la interna del peronismo.

Para conseguir llevar al recinto de ambas cámaras el debate de la Boleta Única en Papel, La Libertad Avanza necesitará de mínima reunir 14 senadores de otros bloques y 27 diputados por fuera de los propios.

En su momento, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presentaron proyectos de ley para aplicar la BUP en la provincia de Buenos Aires. Con el recambio legislativo, esos espacios quedaron con menor representación; sin embargo, en la Cámara alta podrían aportarle a los libertarios —que tiene un bloque de diez integrantes— nueve votos más los bloques del PRO, de la UCR, y el flamante Hechos-UCR Identidad, que tiene el sello de los hermanos nicoleños Santiago y Manuel Passaglia. Por el momento, el peronismo se mantiene unido en el Senado, pero es incierto cuál será el desenlace de esa bancada que aún no definió presidente o presidenta de bloque ni a quién designarán al frente de la vicepresidencia 1° de la Cámara. Los senadores que ingresaron por la boleta de Unión por la Patria en 2023 y Fuerza Patria en 2025, juntan 24 bancas si finalmente asume Roxana López, para suplantar a Gabriel Katopodis, que pidió licencia.

En Diputados, para alcanzar el quorum y poder discutir la BUP el bloque de LLA que preside Agustín Romo debería conseguir 28 voluntades extras. El bloque libertario tiene 19 miembros. El PRO aporta 11 manos, la UCR —dividida en dos espacios— seis posibles votos, tres la Coalición Cívica y uno de Derecha Popular. Con este primer escenario hipotético le faltan nueve votos más; que están en el bloque peronista.

Como publicó Infobae, el gobierno de Kicillof podría insistir con la restitución de las reelecciones indefinidas de intendentes. Pero para eso —al igual que le sucede a LLA para impulsar la BUP- precisará de un acuerdo con otros bloques. Una salida posible y que al menos un sector de los libertarios están dispuestos a charlar es una reforma política macro que contenga ambas demandas, entre otros puntos.

Mientras, discursivamente, los libertarios apuntarán al peronismo por no querer avanzar con la eliminación del sistema tradicional de votación, como ocurrió a nivel nacional. Uno de los argumentos prácticos que esgrime el peronismo para rechazar el modelo de BUP para las próximas elecciones es la extensión que tendría la papeleta, ya que incluiría, gobernador y vice, legislador, intendente, concejal, consejero escolar con todas las expresiones políticas en una misma boleta.

En medio de la feria del Congreso de la Nación la oposición y el oficialismo retoman contactos para la conformación de una de las comisiones que hoy está bajo la lupa: la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

Como esta es una comisión permanente, es decir, que funciona cuando las Cámaras (Diputados y Senadores) están en receso, se asegura la continuidad de los Diputados y Senadores que tienen mandato hasta el 2027 y sólo se selecciona el recambio de aquellos que terminaron su mandato el 10 de diciembre pasado.

En este esquema, de los 16 miembros que tiene la bicameral, hay 11 que continúan en funciones y quedan por nombrar 5 que deberían repartirse entre los diferentes bloques. Por el Senado falta nombrar 3 de los ocho miembros y por Diputados solo 2 para completar los 8 miembros por cada una de las cámaras. Una vez resuelto esto, se debería votar a las autoridades de la misma que, como hasta el año pasado la presidencia estuvo en manos de un Senador, este año le tocaría a Diputados.

En la conformación actual, La Libertad Avanza tiene dos diputados -Gabriel Bornoroni y César Treffinger- y una senadora -Beatriz ávila-, el PRO tiene un senador -Enrique Martín Goerling Lara- y un diputado -Cristian Ritondo-. El radicalismo no tiene representantes ya que Martín Lousteau culminó su mandato como senador -ahora es diputado- y, salvo Mariela Coletta que lo hace por Provincias Unidas. También continúa la senadora Edith Terenzi de Despierta Chubut y cercana al gobernador del PRO y de Provincias Unidas Ignacio Torres.

El peronismo tiene presencia con el senador Eduardo De Pedro, María Florencia López y los diputados Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade. En este caso, terminaron su mandato Leopoldo Moreau, Oscar Parrilli y José Glinski. La comisión es central para LLA que ve a los Decretos de Necesidad y Urgencia como la principal herramienta.

La comisión es central para LLA que vía los Decretos de Necesidad y Urgencia como la principal herramienta modificó en varias ocasiones el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado nacional y, en las últimas semanas, modificó la ley de Inteligencia Nacional dándole mayor capacidad de acción a la SIDE con autorizaciones que permiten, entre otras cosas, la detención de personas.

Respecto de los cambios publicados en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero, la Casa Rosada busca aprovechar al máximo los plazos que establece la ley por lo que no llama a la conformación de la bicameral para que se nombren a esos 5 legisladores que faltan. Lo mismo hace con la otra comisión que tiene que tratar sobre la legalidad o no del DNU que es la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

La Ley 26.122 que el Congreso sancionó en el 2006 establece que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conformada por 16 miembros, ocho por cada Cámara, cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación. Es por eso por lo que la oposición solicitó su integración y de esta manera ponerse a trabajar en el análisis del DNU para luego expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

En el caso de esta comisión hay 9 miembros que continúan y faltan la designación de 7. Acá LLA tiene 3 miembros – Lisandro Almirón, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni- tres socios circunstanciales como Luis Juez, Carlos Espínola y Oscar Zago. Por el lado del peronismo continúan María Teresa González, Anabel Fernández Sagasti y Ramiro Gutierrez. Por el nuevo bloque de Provincias Unidas queda Nicolás Massot.

En este caso la UCR perdió al senador Victor Zimmerman y a Francisco Monti, el PRO a Diego Santilli, el peronismo a Vanesa Silley, Carolina Gaillard, Mariano Recalde. La oposición le exige al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su par del Senado, Victoria Villarruel, que termine de conformar la comisión de Trámite Legislativo y la convoque para debatir el decreto que modifica la ley de inteligencia.

En el medio, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al socialista Esteban Paulón presentaron un amparo contra el DNU que reformó la SIDE y solicitan que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable.

Según los plazos de la ley, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene tiempo hasta el 16 de enero para expedirse. Una vez cumplido ese plazo el mismo puede ser llevado al recinto en cualquiera de las cámaras. Para que sea rechazado, debe tener el voto negativo del Senado y de Diputados. Si alguno no lo trata o lo aprueba, queda efectivo.