El fallo de la Corte Suprema que este viernes repuso provisoriamente los límites para la venta de tierras a extranjeros no tomó a la oposición por sorpresa y sus principales referentes aseguran que ni siquiera contemplaron levantar el llamado a sesión para derogar el mega DNU 70 la semana que viene. “Es una cautelar interina que se puede caer en cualquier momento porque no resolvieron la cuestión de fondo, por eso tenemos que voltear el mega decreto de Milei, para que la venta de tierras no dependa de una medida judicial”, explicaron a Infobae desde la bancada de Unión por la Patria.

Para la oposición fueron justamente la convocatoria a la sesión en la Cámara de Diputados y la movilización social las que obligaron al Máximo Tribunal a volver sobre sus pasos y revertir la decisión de la semana pasada que había dejado firme el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley de tierras. Por eso remarcan la importancia de mantener la presión.

“La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, analizaron desde el peronismo. Sin embargo, diputados de algunos bloques del medio reconocen que ahora será muy difícil llegar al quórum para abrir el recinto.

Los sectores más duros de la oposición eran plenamente conscientes de que los votos clave los tienen los bloques provinciales y que los gobernadores -principalmente los del norte- no tenían demasiado entusiasmo en derogar el DNU 70, que además eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario. Por eso buscaron robustecer la convocatoria incluyendo otros dos temas sensibles ante la opinión pública como el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

El problema es que la Corte Suprema ahora volvió a limitar provisoriamente la venta de tierras a extranjeros y el oficialismo accedió a incluir nuevas limitaciones a la venta del territorio nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El plan del oficialismo es dictaminar el próximo miércoles tanto este proyecto como el de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) para incluir todo en una mega sesión el 21 de octubre, donde además se tratará la nueva ley de Discapacidad y el proyecto oficialista sobre Endeudamiento y Mora. De esta forma esperan que los aliados eviten dar quórum en la sesión opositora del 15 para así tratar virtualmente los mismos temas el 21, pero en su versión oficialista.

La convocatoria opositora cuenta con el aval de Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Mientras que el oficialismo ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Por eso, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Dado que los últimos dos participaron de la gira de Milei por París y se mostraron sonrientes junto a funcionarios del Ejecutivo, el panorma se presenta dificil para la oposición.

En las filas del peronismo algunos se mantienen escépticos y señalan que si no se consigue el quórum la derogación del DNU 70 podrá retomarse en otra oportunidad. En cambio, otros confían en que algunas novedades referidas al área de discapacidad podrían torcer las voluntades necesarias.

En principio, destacan que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que reúne representantes de las 24 jurisdicciones, ratificó el 8 de octubre que la mejor alternativa es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la misma línea, señalan que organizaciones de personas con discapacidad como REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH. de Córdoba, RALS y Andar rechazaron el dictamen del oficialismo por haberse elaborado sin la consulta que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidió al Ministerio de Salud el 5 de octubre que sostenga la prórroga.

“La división de tareas es marcada. El Presidente ya hizo su parte. No va a cerrar él mismo con los gobernadores. Habla, pero no se mete”, argumentó una fuente oficial para justificar la decisión del presidente Javier Milei de volcarse al plano internacional en una semana compleja para el oficialismo, marcada por indicadores económicos adversos y por las negociaciones con los aliados que el Gobierno necesita encauzar antes de que termine octubre.

En la previa a un nuevo viaje a Estados Unidos, el número 19 en lo que va de la gestión, y la determinación de visitar España, que transita un complejo clima social, desde el entorno del mandatario hablan de su creciente gravitación en el escenario global y la necesidad de potenciarla.

El reconocimiento y la aclamación internacional parecen ofrecerle a Milei un terreno más favorable que el frente interno, donde reniega de las disputas políticas, delega las negociaciones y arremete contra quienes cuestionan el rumbo de su gestión. Desde esa posición, el Presidente prefiere expandir la batalla cultural y consolidarse como uno de los principales referentes del avance de la derecha en la región.

“Nos sorprende su proyección. Pocas veces hubo una figura así. Es lógico que surjan en China, Estados Unidos o algún país grande de Europa, pero en un país como Argentina, que somos reconocidos mundialmente por Messi y Maradona, sorprende. La idea es reafirmar ese clima internacional”, lo ensalzó ante Infobae un integrante del reducido entorno del mandatario.

El momento elegido para el viaje vuelve a poner en discusión sus prioridades. El libertario decide involucrarse en campañas electorales ajenas mientras el ala política se esfuerza por acelerar las gestiones para avanzar con la reforma electoral y cerrar acuerdos con los gobernadores con la mira en el 2027.

Una muestra de esa dinámica se observó el pasado lunes, cuando el libertario dedicó buena parte de la reunión de Gabinete a hablar de la ventaja que obtuvo el candidato de derecha, Flávio Bolsonaro, en Brasil, y a la compleja situación social que se vive en España, luego de que Pedro Sánchez anticipara las elecciones generales al 29 de noviembre.

Si bien hubo lugar para hablar del programa económico, no hubo mención alguna a la reforma electoral, cuya sanción comprometía a varios de los presentes, ni al Presupuesto 2027. Tampoco se habló de los próximos pasos para materializar el “operativo seducción” activado con los 13 gobernadores aliados ni se conversaron posibles estrategias para desarticular los intentos opositores por voltear el DNU 70/2023.

“Son temas de la mesa política”, argumentó una fuente que la integra. La delegación de esas discusiones se produce en un contexto de creciente presión económica, que obliga al Gobierno a mostrar resultados concretos en materia de gestión.

La semana concluyó con un “error de cálculo” señalado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe sobre los resultados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que arrojó la pérdida de 1.023 millones de dólares. El propio mandatario rechazó esa interpretación.

A ese dato se suman los interrogantes que planteó el economista Alberto Ades, quien participó de la reunión de Gabinete del último lunes. Pese a la catarata de elogios, Ades admitió que la economía “está planchada” y que crece a una tasa menor a la que esperaba el Gobierno. Además, reflexionó sobre el futuro del programa económico, en particular en materia de política monetaria, tipo de cambio y financiamiento.

Las dificultades también se reflejan en la economía cotidiana de los hogares. La senadora Patricia Bullrich volvió a advertirlo el viernes en la quinta de Olivos, al referirse al avance de la mora en las familias y alertar que la evolución de los ingresos y el costo de vida condicionan las expectativas de la población.

La dimensión del problema aparece en un informe de la Fundación Pensar y la consultora Casa Tres, según el cual el 54% de los argentinos aseguró haberse atrasado o haber dejado de pagar algún compromiso por motivos económicos durante los últimos meses, mientras que casi seis de cada diez tomaron un préstamo, utilizaron crédito o financiaron gastos recientemente.

La preocupación por el bolsillo convive con un cambio en las prioridades laborales. Una encuesta de Management & Fit reflejó que la desocupación pasó a concentrar el 19,8% de las menciones en septiembre, frente al 17,6% de julio, y desplazó parcialmente a los precios y las tarifas, que bajaron del 22,4% al 18,9%.

Ante ese panorama, Milei pasó de anunciar un nuevo recital en el Movistar Arena para celebrar la inflación cero a conformarse con remasterizar el último show, ante la posibilidad de que el Índice de Precios al Consumidor registre una suba que contradiga la narrativa libertaria.

El contraste es llamativo. Si bien el estado de situación doméstico se presenta complejo, Milei se esfuerza por internacionalizar la lógica de la motosierra y proyectarla al resto del mundo. “Javier (Milei) resultó ser una suerte de fenómeno que trascendió las fronteras”, le festejó un funcionario ante este medio.

Debido a los desafíos internos, Karina Milei resolvió —una vez más— permanecer en el país para seguir de cerca las negociaciones por las reformas pendientes, hacer frente a la presión opositora y empezar a delinear acuerdos con los aliados. Al parecer, las conversaciones demandan más esfuerzos de los que reflejaron las luces parisinas.

En Casa Rosada, hay quienes le restan dramatismo a la salida del mandatario y sostienen que no estila participar de las decisiones políticas. “Milei se fue sistemáticamente en los momentos más insólitos y nunca cambió el curso de los acontecimientos”, sostuvo una fuente que transita a diario Balcarce 50 para graficar que la división de tareas funciona.

Tic, tac: octubre acota el margen para los acuerdos legislativos

Mientras Milei cumple su primera escala internacional en Estados Unidos, la mesa política deberá definir los próximos pasos legislativos. Tras postergar la reunión prevista para el martes pasado, sus integrantes celebraron el fallo de la Corte Suprema que suspendió el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras.

Para frenar los intentos de la oposición de voltear el decreto, el oficialismo está dispuesto a habilitar el debate sobre los límites a la venta de tierras a extranjeros, si surge durante el tratamiento en comisiones de Diputados del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Sin embargo, consideran que la decisión del Máximo Tribunal le restó fuerza a la sesión convocada para el jueves 15, cuyo temario incluía también los proyectos sobre discapacidad y morosidad por endeudamiento familiar. En el plano social, distintos sectores convocaron a una nueva movilización universitaria para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario prevista para la misma fecha.

Con ese escenario como telón de fondo, en Casa Rosada ya trabajan en una mega sesión para el miércoles 21 de octubre con intención de tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, los proyectos alternativos sobre morosidad y discapacidad y alguna normativa de los aliados.

No obstante, el desafío de la administración libertaria pasa por la necesidad de avanzar en acuerdos electorales con los gobernadores aliados y, al mismo tiempo, reunir los apoyos necesarios para sancionar una reforma clave: la electoral, en particular la eliminación de las PASO.

“Es octubre o no es”, afirmó un funcionario. En sus propias palabras, al Poder Ejecutivo le quedan tres semanas para intentar llegar ordenados a 2027.

El tiempo se escurre con el Presidente de gira. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo sabe y se presiona. Por eso, activó los mano a mano con los gobernadores tras recibir a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y luego a Juan Pablo Valdés (Corrientes) sobre el cierre de la semana y agenda nuevos encuentros para la próxima.

En medio de los acercamientos con los aliados de Santilli y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, Milei le hablará al público latino estadounidense en el marco de la Official Hispanic Heritage Gala sobre las bondades del programa económico impulsado por Donald Trump, en la previa a las elecciones de medio término previstas para el 3 de noviembre.

También tenía intenciones de aprovechar la coincidencia geográfica para mostrarse a disposición del exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato carioca que deberá enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en segunda vuelta, el 25 de octubre. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) utiliza “la motosierra” para cuestionar a Bolsonaro y en el oficialismo lo destacan.

El acercamiento previsto quedó condicionado por la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de ordenar que Eduardo Bolsonaro cumpla una pena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia.

La vuelta de viejos debates y los gobernadores a la espera

Lejos de la arena internacional, el equipo político profundiza el debate existente en torno a los criterios necesarios a la hora de cerrar los entendimientos con los aliados y la sanción de la reforma electoral, clave para el objetivo de la reelección de 2027. Los tiempos y las condiciones de negociación parecen dividir las posturas del reducido círculo.

Por un lado, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sellar un entendimiento con urgencia, mientras que la plana de funcionarios que responden a Karina Milei maneja otros tiempos.

“Somos los más ansiosos en querer cerrar y en tener la foto. Ahora, espero ver que la economía funcione”, desafió un alfil libertario del entorno de la funcionaria ante este medio. “Toto administra la economía no la política. Como nosotros no opinamos de economía. Se le atribuye un lugar que no tiene en la discusión política”, señaló uno de los miembros del reducido círculo.

Cuando los problemas de fondo continúan sin resolverse, las diferencias internas vuelven a emerger. Los funcionarios libertarios retomaron así una discusión que atravesó al oficialismo durante 2025, aunque ahora con objetivos electorales de peso.

Los primos Menem saben que deben ordenar la estrategia para la reelección de Milei, pero procuran no descuidar la estructura partidaria. Santilli, por su parte, tiene la misión de cerrar acuerdos con los gobernadores aliados, una tarea en la que cada día sin avances limita el margen de negociación. Caputo enfrenta el desafío de sostener un programa económico que acumula cuestionamientos.

Ajeno al debate de sus alfiles, Milei concluirá la misión internacional el 19 de octubre con una visita programada a España, que cobró relevancia en las últimas horas. Días más tarde de su paso por Estados Unidos, el libertario se acercará al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la previa de las elecciones anticipadas, la visita a Madrid refuerza el acercamiento de Milei a los referentes de la derecha española, en un escenario de descontento social que la administración libertaria observa como una oportunidad para disputar el rumbo político del país.

En paralelo a los esfuerzos del libertario por expandir su influencia en el mundo, el frente interno acumula desafíos legislativos y electorales y enfrenta los cuestionamientos económicos. La tarea quedó en manos de un equipo que todavía debe resolver sus diferencias sobre los tiempos y las prioridades.

La agenda global de Milei avanza mientras la política doméstica sigue pendiente de acuerdos que el oficialismo se esfuerza por cerrar antes de que termine octubre. La advertencia de Virgilio cobra actualidad: el tiempo huye irreparablemente.

El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir una nueva instancia en la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El próximo lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. A partir de entonces, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar disponga medidas provisionales para evitar que el emprendimiento avance antes de que comience la extracción de crudo, proyectada para 2028.

Según reconstruyó Infobae a partir de información oficial y consultas con especialistas en derecho internacional, la presentación aún no tiene una fecha definida. La estrategia se inscribe en el procedimiento anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría derivar en una primera resolución durante noviembre.

La distinción jurídica es central: la Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización de Sea Lion. El objetivo oficial es pedir la intervención de una instancia internacional que, tras escuchar a las partes y evaluar los fundamentos, pueda dictar medidas provisorias, imponer restricciones o rechazar el planteo.

La estrategia combina dos vías. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la conformación de un tribunal arbitral. Por otro, una intervención previa del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que puede resolver pedidos urgentes mientras se constituye aquel órgano.

El arbitraje de fondo puede extenderse durante años. El trámite de las medidas provisionales es más veloz, por lo que concentra las expectativas inmediatas del Gobierno.

La decisión fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y ejecutada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El comunicado informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje contemplado en el Anexo VII para impedir las actividades hidrocarburíferas de Sea Lion y otras medidas que, según la posición argentina, puedan agravar la controversia, como nuevos permisos de explotación.

El documento también señaló que la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. En caso de incumplimiento, anticipó que recurriría al Tribunal para solicitar medidas destinadas a preservar sus derechos.

El Presidente ratificó el anuncio en su cuenta de X. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei. Luego agregó: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

El canciller Quirno también confirmó que el país notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje previsto en la CONVEMAR. Además, advirtió que quienes exploren o exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina deberán enfrentar consecuencias.

Qué puede pasar a partir del lunes

El vencimiento del ultimátum constituye un hito diplomático, pero no activa de manera automática la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina deberá presentar el pedido, exponer sus fundamentos y demostrar la urgencia de las medidas solicitadas.

El procedimiento está regulado por el artículo 290 de la CONVEMAR. Su párrafo quinto establece que, antes de que se constituya un tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede disponer medidas provisionales si considera, en principio, que el futuro tribunal tendría jurisdicción y que las circunstancias requieren una intervención urgente.

La norma prevé un plazo de dos semanas desde la notificación a la contraparte de una solicitud de medidas provisionales cuando los Estados no acordaron otro órgano para examinarlas. Ese requisito procesal debe diferenciarse del ultimátum diplomático formulado por Buenos Aires. Para establecer si ambos plazos comenzaron en forma simultánea será necesario conocer el contenido completo de las comunicaciones entre los gobiernos.

Lo confirmado es que la Argentina notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje y trabaja en una presentación para obtener medidas provisionales. Si el pedido se formaliza durante octubre, una primera decisión podría conocerse en noviembre, de acuerdo con los plazos que exhiben antecedentes del Tribunal. No se trata, sin embargo, de un término fijo ni automático.

Los jueces deberán analizar si existe una base suficiente para entender que el tribunal arbitral podría tener competencia sobre el caso y si la continuidad de las actividades puede causar un perjuicio que justifique preservar los derechos discutidos.

Los argumentos argentinos apuntarán, entre otros aspectos, al carácter no renovable de los hidrocarburos. Una vez extraído, el petróleo no puede restituirse. El planteo también incluiría los efectos de las perforaciones sobre el lecho y el subsuelo marino.

Si los jueces admitieran el pedido, podrían ordenar medidas para impedir que el proyecto avance mientras se tramita el arbitraje. Las medidas provisionales son obligatorias para las partes, según el artículo 290.6 de la Convención. El tribunal arbitral que se conforme después podrá mantenerlas, modificarlas o revocarlas.

El antecedente de la Fragata Libertad

El caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción de acreedores de la deuda argentina, es el antecedente local que el Gobierno considera relevante. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina promovió un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para conseguir la liberación del buque.

La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2012. Tras las audiencias de los días 29 y 30 de ese mes, el Tribunal ordenó el 15 de diciembre que Ghana liberara de inmediato y sin condiciones a la fragata, permitiera la salida de su comandante y tripulación y garantizara las condiciones para que abandonara el puerto.

Entre el pedido argentino y la decisión transcurrió cerca de un mes. La medida permitió alcanzar el objetivo urgente sin esperar el resultado del arbitraje de fondo.

Los fundamentos de ambos casos son distintos. En 2012 se discutía la inmunidad de un buque de guerra; en el conflicto actual se debate la explotación de hidrocarburos en espacios marítimos relacionados con una controversia territorial. El mecanismo para requerir una respuesta urgente, en cambio, es comparable.

También existe un antecedente vinculado con la actividad petrolera. En 2015, Costa de Marfil recurrió a una sala especial del Tribunal en su controversia con Ghana por la delimitación marítima. El litigio incluía perforaciones y explotación de hidrocarburos en un área disputada.

Costa de Marfil pidió la suspensión de las actividades. La sala no aceptó esa pretensión en forma íntegra, pero ordenó a Ghana impedir nuevas perforaciones mientras se desarrollaba el proceso y dispuso otras medidas para proteger los derechos de las partes y el medio marino.

El caso muestra que una jurisdicción internacional puede restringir nuevas actividades hidrocarburíferas sin resolver el fondo de una disputa marítima. En Sea Lion, la primera producción comercial aún no comenzó y las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027, una circunstancia que incidirá en el análisis de la urgencia y el alcance de las medidas.

El abogado especializado en derecho internacional público Leopoldo Godio, doctor por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina y director del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), consideró positiva la decisión de recurrir al sistema de solución de controversias de la CONVEMAR. “Yo creo que la estrategia es buena”, afirmó a Infobae.

Sea Lion ya tiene inversiones comprometidas

El proyecto que el Gobierno busca detener dejó de ser una iniciativa exploratoria. Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028.

Las compañías a cargo son Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65 % y opera el desarrollo, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 % restante. Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010; Navitas se incorporó después y asumió el control operativo mediante una subsidiaria británica.

A fines de 2025, ambas empresas tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa. El plan contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO.

Las dos primeras fases utilizarían el Aoka Mizu, una unidad con una capacidad prevista de alrededor de 55.000 barriles diarios. Las compañías, además, impulsan una expansión a través de una segunda unidad flotante.

El 7 de octubre, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones para adquirir su participación proporcional del 35 % en la sociedad propietaria de la FPSO OSX-1. La operación integra los preparativos para acelerar el desarrollo de otra zona de Sea Lion. En septiembre, la firma había comunicado la obtención de USD 200 millones mediante mecanismos de ampliación de capital para financiar inversiones relacionadas con el proyecto.

Las acciones de Buenos Aires también tuvieron consecuencias empresariales. El 2 de octubre, la Oficina del Presidente anunció que Halliburton ratificó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto. Tres días más tarde, Navitas reconoció que las actuaciones argentinas afectaban ciertas contrataciones y que procuraba reemplazar a dos contratistas que, según informó, no cumplieron sus compromisos.

La empresa israelí sostuvo, de todos modos, que continuaba con el desarrollo con respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. Además, afirmó que, con la información disponible, no esperaba un efecto material adverso sobre el proyecto.

Los fundamentos jurídicos de la Argentina

El planteo de la Cancillería se apoyará en tres ejes: la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre espacios marítimos y recursos, y la exigencia de evitar modificaciones unilaterales mientras no se resuelva el conflicto.

La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.

La Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras siguiera pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General. La norma cumplirá 50 años en diciembre próximo. El Gobierno sostiene que el avance de Sea Lion contradice esa orientación.

La Argentina también buscará vincular el caso con las obligaciones de protección del medio marino y de los recursos ubicados en el lecho y el subsuelo. En ese marco aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que exige evitar acciones que obstaculicen o pongan en peligro una solución definitiva mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.

Su aplicación a Malvinas será una cuestión discutida. La disposición se refiere a controversias de delimitación marítima y no resuelve, por sí sola, disputas de soberanía territorial.

Esta es una de las principales dificultades de la estrategia argentina. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene una competencia general para decidir a qué país pertenecen las Islas Malvinas: el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR se limita a la interpretación y aplicación de la propia Convención.

Por eso, la Argentina deberá plantear una controversia sobre derechos y obligaciones marítimos sin pedir que el Tribunal resuelva la soberanía. El Reino Unido podría objetar que el reclamo exige definir antes quién ejerce soberanía sobre las islas.

Una discusión de ese tipo apareció en el caso del archipiélago de Chagos. En 2015, un tribunal arbitral examinó una demanda de Mauricio contra el Reino Unido por la creación unilateral de un área marina protegida. El tribunal rechazó algunas pretensiones porque requerían resolver previamente una disputa territorial, aunque concluyó que el Reino Unido incumplió otras obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con esa área.

Una argentina en la vicepresidencia del Tribunal

El anuncio oficial coincidió con una novedad institucional en Hamburgo. El 1 de octubre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar eligió como vicepresidenta a la jurista argentina Frida María Armas Pfirter para el período 2026-2029.

Armas Pfirter integra el Tribunal desde 2023. Entre 1997 y 2023 fue coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y actualmente integra el Comité Ejecutivo del CARI.

El Tribunal está formado por 21 jueces independientes de distintas nacionalidades y es presidido por Maurice Kamga, de Camerún. Un comunicado del 2 de octubre informó la reorganización de sus salas: Armas Pfirter también integra la Sala de Procedimiento Sumario, que puede disponer medidas provisionales en condiciones específicas, por ejemplo, si el Tribunal no está reunido o no cuenta con quórum.

La presencia de una argentina en la vicepresidencia es un dato institucional, pero no anticipa ventajas procesales ni el contenido de una eventual decisión. Los jueces actúan de forma independiente y no representan a sus gobiernos.

Una decisión que podría llegar en noviembre

La discusión inmediata se concentra en el vencimiento del plazo concedido al Reino Unido. La Argentina ya notificó el inicio del arbitraje bajo la CONVEMAR y prepara el pedido para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe medidas provisionales.

El Gobierno deberá definir cuándo presentará el escrito y completar los requisitos procesales. Si lo hace durante octubre, los antecedentes permiten contemplar una primera decisión en noviembre. El Tribunal tendrá que determinar si existe competencia preliminar suficiente y si las circunstancias justifican una intervención urgente.

Una resolución podría restringir nuevas actividades, disponer medidas para preservar los derechos en discusión o rechazar la solicitud argentina. No constituiría una definición definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El arbitraje de fondo continuará por otra vía y puede demorar años. La meta inmediata de la administración de Milei es conseguir que una instancia judicial internacional preserve la situación actual antes de que Sea Lion avance hacia las perforaciones y la extracción de petróleo.