El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.

La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no incluye a organismos y excluye, además, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.

ANSES, por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.

Qué requisitos deben cumplir los empleados

Los principales requisitos y condiciones son los siguientes:

• Pertenecer a la planta permanente o tener un contrato laboral por tiempo indeterminado: el régimen está dirigido a empleados alcanzados por la Ley 25.164 y a quienes mantengan un vínculo por tiempo indeterminado en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a contratados transitorios ni a personal vinculado bajo contratos del artículo 9 de la Ley Marco.
• Trabajar en la administración pública nacional centralizada: la medida se aplica a las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. Esto deja fuera a organismos descentralizados, entre ellos ANSES, que cuenta con una estructura jurídica propia.
  • Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación única o el cobro del 60 % del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
  • Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, con los topes del decreto, más cinco remuneraciones adicionales.
  • Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según acumulen menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
• No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes: no podrán ingresar quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La prohibición también alcanza a agentes sometidos a sumarios que puedan derivar en cesantía, exoneración o un perjuicio fiscal.
• Desistir de reclamos laborales contra el Estado, si los hubiera: los empleados con demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados con su relación laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse.
• No estar en disponibilidad ni haber presentado una renuncia pendiente de aceptación: tampoco podrán incorporarse quienes se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.

La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Quienes ingresen al régimen no podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años.

Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si la baja afecta la prestación de servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver; sin aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.

A tres años de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, y a tan solo unos meses para que comience la carrera electoral que pondrá a prueba la gestión libertaria, las principales consultoras comenzaron a analizar la situación política y muestran no solo cuál es la visión de la sociedad respecto del oficialismo, sino también cuáles continúan siendo los reclamos y preocupaciones.

Tal es el caso de la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que realiza periódicamente el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA).

En octubre, este estudio reveló que el 67% de las personas consultadas rechaza “la marcha general” del país, mientras que solamente el 30% se mostró satisfecha. Pese al balance negativo, las cifras son mejores que las que tuvieron Mauricio Macri y Alberto Fernández a esta misma altura de sus respectivos mandatos.

El trabajo fue elaborado sobre una base de 1.000 encuestados, todos mayores de edad y de diferentes regiones argentinas, los cuales fueron relevados entre el 5 y el 13 de este mes y respondieron preguntas sobre la situación económica personal y algunas de las políticas públicas.

En lo que respecta estrictamente al desempeño del Gobierno, los niveles de aprobación y desaprobación se mantienen sin cambios significativos respecto del mes anterior, del 36% y el 60%, respectivamente, respectivamente.

Sobre este punto, el respaldo para el jefe de Estado es exactamente igual al que tenía Macri en el mismo momento de su mandato y superior al registrado por Alberto Fernández para esta etapa.

Si se discrimina el dato por el género del encuestado, se descubre que los hombres registraron una aprobación de la actual gestión nacional del 38%, cinco puntos por encima de las mujeres.

Por nivel socioeconómico, en tanto, los números más altos a favor del Gobierno se registraron entre quienes integran la clase alta y la media baja, con 41% en ambos casos, mientras que el peor resultado se dio en el sector de menores ingresos, con apenas el 29% de aprobación.

El respaldo también mantuvo una fuerte relación con la identificación ideológica y el voto anterior: en el electorado de Milei, el 74% aprobó al Gobierno, al igual que el 65% de los que acompañaron en 2023 a Patricia Bullrich y el 20% de los que votaron la boleta de Juan Schiaretti. Ese apoyo baja drásticamente en los votantes de Sergio Massa y de otros candidatos en los últimos comicios presidenciales.

Por edad, los mayores de 60 años fueron el grupo con mayor aprobación, con 44%. Los siguieron los menores de 27 años, con 39%. Entre los millennials, en cambio, alcanzó el 30% y fue el segmento que peor lo evaluó.

La situación económica e imagen de los dirigentes

Por otra parte, el estudio señaló que el 56% considera que la situación del país empeoró durante el último año, frente a un 18% que percibió una mejora. A la hora de mirar hacia adelante, el 43% pronosticó un deterioro, mientras que solo el 29% espera una evolución favorable.

La percepción sobre la economía personal fue incluso más negativa: el 52% afirmó que su situación empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 14% dijo que mejoró.

Si se toma solamente a los votantes de Milei, el 42% dijo que la Argentina está mejor que en el 2025, el 32% aseguró que está igual y únicamente el 23% consideró que empeoró. El 61% de ellos confió que el país va a mejorar.

Por otro lado, el 54% de los encuestados aseguró que los ingresos de su hogar no alcanzan y, dentro de ese grupo, el 35% respondió que tuvo que usar ahorros o recortar gastos y el 19% señaló que debió endeudarse.

Solo el 20% de los participantes del estudio manifestó que el dinero le alcanza bien y que tiene capacidad de ahorro, al tiempo que otro 21% indicó que puede cubrir los gastos mensuales, pero sin sobrantes.

En cuanto a la consideración de los políticos, Patricia Bullrich se ubicó primera, con el 36% de imagen positiva y el 54% de negativa, seguida por Javier Milei, Myriam Bregman, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Jorge Macri y Victoria Villarruel. Todos, claro, tienen balance negativo en la valoración pública.

Si se tiene en cuenta solamente a los que previamente dijeron aprobar el Gobierno, la lista la lidera el actual Presidente, con el 84% de imagen positiva, superando a la senadora y el alcalde porteño.

Entre los integrantes del Gabinete, en tanto, el ranking lo encabeza el ministro coordinador Diego Santilli, seguido por la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Economía, Luis Caputo. En el último puesto está el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La Libertad Avanza y el peronismo, separados por dos puntos rumbo a 2027

De cara a las elecciones presidenciales en las que Milei buscará la reelección, la encuesta muestra que si fueran hoy, el 26% votaría a La Libertad Avanza y el 24% al peronismo, aunque otro 26% respondió que no sabe a quién apoyaría o prefirió no contestar.

El resto de las fuerzas aparece muy abajo en intención de voto: el Frente de Izquierda reúne 4%, mientras que el PRO y Provincias Unidas alcanzaron 3% cada uno. La UCR y los partidos provinciales están en el fondo de la tabla.

La evolución desde junio exhibe un crecimiento de La Libertad Avanza hasta 26%, luego de ubicarse en torno de 24% en los meses previos. El peronismo osciló entre 23% y 26% y terminó en 24%. La indecisión, en tanto, se redujo desde un pico de 22% y se ubicó en 21%, sin contar el 5% que prefirió no responder.

Un dato que remarca la Universidad de San Andrés es que, entre quienes aprueban la gestión de Milei, el 66% elegiría a La Libertad Avanza, pero solamente el 39% de los que lo desaprueban se inclinan por el PJ.

La fidelidad a los espacios también resulta desigual. El peronismo retiene 70% de los votantes de Massa de 2023. La Libertad Avanza conserva 64% de quienes eligieron a Milei, pero solo 41% de los votantes de Bullrich se inclina hoy por el oficialismo; 19% de ese grupo elegiría al PRO y 19% continúa indeciso.

El Ejecutivo es el poder mejor evaluado, aunque también tiene imagen negativa

La valoración de los poderes del Estado muestra una insatisfacción extendida. El Poder Ejecutivo reúne 25% de satisfacción y 66% de insatisfacción. El Senado llega a 18% de valoración positiva, el Poder Judicial a 16% y la Cámara de Diputados también a 16%.

El saldo más adverso corresponde a Diputados, con un diferencial de 60 puntos negativos, seguido por el Poder Judicial, con 58 puntos negativos. El Senado presenta un diferencial negativo de 55 puntos y el Ejecutivo, de 41.

Frente al mes anterior, el informe señala una suba de tres puntos en la satisfacción con el Senado y una mejora de dos puntos en el Ejecutivo. En contraste, cae la evaluación del Poder Judicial.

Los problemas del país y las políticas que aprueba la sociedad

Por último, consultados sobre los principales problemas que atraviesa el país, la falta de trabajo apareció como la principal preocupación, mencionada por el 39% de las personas; seguidos por los bajos salarios, con 35%; la pobreza, con 31%, y la corrupción, con 30%.

También figuran entre los problemas más mencionados la inseguridad, con 24%; los políticos, con 22%, y la inflación, con 19%.

En contraposición, las áreas con mejor evaluación fueron la política exterior y la de defensa, ambas con 34% de satisfacción, seguidas por la política energética, con 31%, y la de seguridad, con 30%.

De todos modos, ninguna de esas áreas obtuvo un diferencial positivo, ya que los niveles de insatisfacción superaron a los de satisfacción en todos los casos.

Los resultados más críticos se concentraron en las políticas de obras públicas e infraestructura, salud y educación, con 72% de insatisfacción en cada caso. La política social acumuló un 68% de opiniones negativas y la científica, un 64%.

Entre las decisiones puntuales evaluadas, la única que obtuvo mayoría de acuerdo fue la inhabilitación de las empresas que operen en las islas Malvinas para extraer recursos en Vaca Muerta o adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin aval argentino: el 53% se manifestó a favor y el 26%, en contra.

El alineamiento geopolítico con Estados Unidos recogió un 32% de opiniones positivas y un 52% de rechazo. El respaldo diplomático a Israel en el conflicto de Medio Oriente tuvo 22% de acuerdo y 58% de desacuerdo.

La posibilidad de presencia militar o de inteligencia de Estados Unidos en puntos estratégicos obtuvo 22% de aceptación y 62% de rechazo. La desregulación de la Ley de Tierras fue la medida con peor resultado: el 18% se mostró de acuerdo y el 68% en desacuerdo.

La encuesta de la Universidad de San Andrés fue realizada sobre una muestra estratificada por región, edad y nivel socioeconómico, con datos ponderados según el voto de octubre de 2025. El estudio estima un intervalo de credibilidad de aproximadamente ± 3,15 puntos porcentuales para los resultados generales.