Diputados del bloque Unión por la Patria anunciaron la creación del índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso, una nueva herramienta mensual que busca medir con precisión cómo la crisis económica afecta a los hogares argentinos, en un contexto donde la morosidad alcanzó en diciembre de 2025 el nivel más alto en los últimos dieciséis años. El propósito central del indicador, presentado este jueves, es aportar datos periódicos que den cuenta de la gravedad y evolución de las condiciones materiales de vida en el país. La presentación del índice estuvo a cargo de Nicolás Trotta, José Glinski, Cristian Andino, Jorge Chica, Guillermo Snopek y Santiago Roberto, quienes integran el espacio Primero la Patria dentro de Unión por la Patria, y remarcaron la necesidad de exponer la situación de los hogares ante la continuidad del deterioro social.

El primer informe del índice de Vulnerabilidad Familiar corresponde a diciembre de 2025, dado que se trata del mes más reciente con información completa y comparable para los parámetros evaluados. En esa medición, el índice registró un valor de 4,9 puntos– en una escala de 1 a 10 – una cifra que coloca a la Argentina en una zona de vulnerabilidad que confirma el agravamiento de la crisis y el impacto directo sobre la vida cotidiana. Entre los datos destacados del reporte figura que la morosidad de los hogares ascendió a 9,3 %, con una tendencia al alza que ya suma 14 meses consecutivos.

El deterioro del empleo y el tejido productivo

El informe presentado por el grupo de legisladores hizo énfasis en la destrucción de puestos de trabajo privados formales: solo en diciembre de 2025 se perdieron 12.399 empleos, con un saldo acumulado de más de 200.000 empleos destruidos desde noviembre de 2023. Asimismo, durante el mismo mes, 670 empresas cerraron sus puertas, y la cifra se eleva a 22.600 empresas desde ese mismo punto de partida, en el marco de un proceso de caída ininterrumpida que lleva 22 meses.

En términos salariales, el informe reveló una pérdida de 7,1 puntos en el poder adquisitivo del salario real desde diciembre de 2023, lo que refuerza la tendencia de debilitamiento de los ingresos frente al avance de la inflación. Los datos publicados por el grupo Primero la Patria suman cinco variables analizadas: morosidad, inflación real, empleo asalariado formal privado, dinámica de empresas empleadoras y salario real.

Causas y consecuencias de la crisis

El ex ministro de Educación y actual diputado Nicolás Trotta señaló que mientras “el Gobierno insiste con un relato de recuperación, en los hogares la situación se vuelve cada vez más difícil”; afirmó además que la nueva herramienta “viene a mostrar con datos lo que millones de argentinos ya sienten en su vida cotidiana”.

José Glinski, también diputado de Unión por la Patria, advirtió sobre la gravedad de los niveles de morosidad, al resaltar: “La morosidad en niveles récord refleja que cada vez más hogares se endeudan para cubrir gastos básicos. Ya no se trata de consumo, se trata de supervivencia”.

Por su parte, Cristian Andino vinculó la destrucción de empleos con el modelo económico vigente: “La destrucción de puestos de trabajo no es un dato aislado. Es parte de un modelo económico que ajusta sobre el trabajo y debilita el entramado productivo”.

Jorge Chica subrayó la importancia del tejido empresarial: “Cuando cierran empresas, no solo se pierden empleos: se rompe el tejido productivo y se apagan oportunidades en todo el país”.

Desde una perspectiva centrada en los salarios, Guillermo Snopek hizo hincapié en el impacto de la pérdida de poder adquisitivo: “La caída del salario real explica gran parte de la crisis. Si el ingreso pierde contra la inflación, la economía se paraliza y la desigualdad se profundiza”.

Finalmente, Santiago Roberto sintetizó el objetivo del índice al explicar que la publicación mensual busca “poner en evidencia lo que pasa en la economía real y aportar información seria para construir alternativas que permitan revertir esta situación”.

El Poder Ejecutivo concretó este jueves el envío al Congreso de la denominada “Ley de Hojarascas”, un proyecto orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentado en 2024, aunque concluyó aquel período legislativo sin ser sancionada por los legisladores nacionales. El objetivo es depurar el sistema legal eliminando un extenso listado de legislaciones que, según el funcionario, obstaculizan el funcionamiento contemporáneo del Estado y restringen innecesariamente derechos y actividades en la sociedad argentina.

Seis criterios para eliminar normativa

En este nuevo intento, el Poder Ejecutivo retoma los fundamentos expuestos en octubre de 2024, cuyo contenido perdió estado parlamentario. En los fundamentos se destaca que el análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación o modificación, agrupando más de 80 leyes, decretos y artículos individuales.

El texto oficial subraya que la acumulación de legislación inútil o superada no solo genera burocracia y sobrecostos para los ciudadanos y las empresas, sino que, en algunos casos, ha sido aprovechada históricamente para bloquear actividades legítimas, restringir libertades fundamentales o establecer privilegios inaceptables en un Estado de derecho. Ejemplos incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un “carnet de mochilero”, la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.

Entre las motivaciones expuestas para la eliminación de normas, el Ejecutivo detalla:

• Normas derogadas o superadas por otras más modernas, como la antigua ley sobre vacunación contra la viruela, que quedó sin efecto práctico tras la entrada en vigor de la Ley N° 27.491 sobre enfermedades prevenibles por vacunación, o la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas, invalidada tras la derogación del antiguo Código Civil.
• Leyes desfasadas por el avance tecnológico o los cambios económicos y sociales, como las que regulan la microfilmación de documentos en el Ejército y la Armada —consideradas ahora arcaicas frente a los sistemas digitales—, o la Ley N° 21.895, que autorizaba la televisión a color, una disposición que perdió todo valor en el contexto actual de redes sociales y comunicación digital.

• Normas que limitan libertades individuales o vulneran principios constitucionales, como la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes propiciaban sanciones políticas o económicas contra el país —incluyendo, potencialmente, a quienes denuncien violaciones a derechos humanos ante organismos internacionales—, o la Ley N° 20.120, que autoriza la supervisión estatal sobre las reuniones privadas y públicas en lugares cerrados, una disposición calificada de abiertamente inconstitucional.
• Leyes que suman cargas burocráticas o crean organismos inoperantes, como la obligación de informar al propio Estado Nacional sobre exploraciones estatales, la necesidad de registrar mapas oficiales para cualquier uso comercial (como su inclusión en etiquetas de vino), o la creación de comisiones y fondos repetidos en la estructura administrativa.

El proyecto afirma que el sorteo de premios entre espectadores de cine, regulado por la Ley N° 19.363, involucra apenas al 0,1 % del público, mientras que los costos de gestión superan el valor de los premios sorteados.

• Normas que refieren a organismos o procesos extinguidos, como los relativos al “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”, Ediciones Culturales Argentinas o el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión —todos disueltos hace décadas—.
• Leyes que crean organismos sectoriales con financiamiento del Estado nacional, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, entidades que, tras la reforma propuesta, deberán subsistir con recursos propios o de asociados, sin aportes nacionales.

Ejemplos de leyes a derogar: del privilegio al absurdo administrativo

El detalle de disposiciones a eliminar incluye normas que aún prescriben penas de prisión por causas ya superadas por la reforma constitucional —como la pena de azotes prohibida en 1853—, beneficios para padrinazgos presidenciales hoy carentes de aplicación por la gratuidad general de la educación pública, y regulaciones que condicionan la creación o promoción de actividades culturales, artísticas, científicas o deportivas a trámites y autorizaciones sin justificación vigente.

Entre los casos paradigmáticos citados por el Poder Ejecutivo, destaca la anulación de la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, medida vigente desde 1974, que fue impulsada en contexto de represión antisubversiva. Igualmente, se propone suprimir permisos exclusivos de libre circulación y estacionamiento para legisladores, la imposición de contenidos mínimos para la transmisión televisiva o radial, o la declaratoria como “de interés nacional” de actividades u organismos que nunca tuvieron operatividad o cuya utilidad desapareció con el tiempo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a más de 60 intendentes para anunciar una nueva demanda contra el gobierno nacional por el recorte de fondos del Pacto Fiscal del 2017 y su actualización del 2023. Además, también aseguró —y fue lo más atractivo para los intendentes— que coparticipará el 16% de los fondos que lleguen a recuperar de las ocho demandas que Buenos Aires inició desde 2024 a esta parte contra la administración de Javier Milei y que por ahora se encuentran en estudio en la Corte Suprema de Justicia.

La decisión es una respuesta política que planteó el mandatario provincial, acaso como respuesta a la batería de proyectos de ordenanzas que La Libertad Avanza presentó en los distintos concejos para intervenir en el esquema de tasas municipales. Al acto de este jueves fueron invitados los 135 intendentes. Asisiteron 62. Los del PRO -con la excepción de María José Gentile de Nueve de Julio- rechazaron el convite. Tampoco se hicieron presentes en La Plata distintos jefes comunales del peronismo de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno). Algunos de ellos plantearon problemas de agenda como la quilmeña, Fernández y Menéndez. Los últimos dos transitan momentos de conmoción en sus distritos tras los incendios y explosiones en depósitos.

Sí fue una comitiva de intendentes de la UCR. Por el peronismo, referentes tanto del Frente Renovador como de La Cámpora, además de quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también se hicieron presentes.

Los intendentes aplaudieron con cierta efusividad cuando Kicillof anunció que iría a coparticipar los fondos que pueda llegar a recuperar y vayan al Fondo de Recupero creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Se trata de fondos que no eran coparticipados, pero ahora -de aparecer- una parte irá a las cajas municipales. Sin embargo, todo está atado a la voluntad de la Corte Suprema; que el máximo tribunal falle favorablemente y que luego, efectivamente, la Nación termine por girar los recursos.

Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo bonaerense, dejaron trascender que en las últimas horas la Nación habilitó un endeudamiento por $1 billón.

En su discurso, Kicillof volvió a confrontar contra la política económica de Javier Milei y caracterizó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste. El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.

Ahora, en caso de que obtener fallos favorables, los intendentes deberán adherir vía sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero establecido en el Presupuesto bonaerense. Así lo anunció el mandatario provincial: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”.

En lo procedimental, como contó Infobae, Buenos Aires cree que puede tener un fallo favorable en una de las demandas presentadas ante la Corte. Se trata del reclamo por la deuda previsional que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La demanda provincial se articula como el cuestionamiento más fuerte y concreto al recorte dispuesto desde la Casa Rosada a partir del Decreto 280/2024, que derogó los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701. Esos artículos garantizaban la transferencia automática de fondos nacionales a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional. El impacto presupuestario del recorte fue inmediato en Buenos Aires, que sostiene que la Nación no está cumpliendo con sus obligaciones legales. La gestión de Kicillof busca revertir esa decisión y restablecer el mecanismo, argumentando que el perjuicio “no es solamente fiscalmente para la provincia de Buenos Aires”, sino que compromete la sustentabilidad de su Caja de Jubilaciones.

La semana pasada hubo una audiencia entre las partes y el próximo 21 de abril se volverán a ver las caras los representantes bonaerenses y de la Nación. “Mientras hay un intento deliberado de parte del Gobierno nacional por transferir la crisis a provincias y municipios, quiero agradecer el enorme esfuerzo que hacen los intendentes de todos los partidos políticos para hacer frente a una situación tan compleja. Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”, planteó Kicillof este miércoles.