Conecta con nosotros

Política Nacional

Máximo Kirchner recorre la provincia mientras crece el acuerdo para que presida el PJ

Publicado

en

La designación de Máximo Kirchner como presidente del justicialismo bonaerense contaría con gran consenso entre los intendentes del Frente de Todos.

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, continúa desde el 30 de diciembre y en lo que va del mes de enero con una serie de reuniones con los intendentes de la provincia de Buenos Aires para conocer la situación particular de la pandemia de Covid-19 en cada distrito, analizar la actividad económica e intercambiar información sobre la campaña de vacunación con Sputnik V.

La saga de reuniones coincide con una suba del perfil y un creciente protagonismo de Kirchner entre la dirigencia peronista del principal distrito electoral del país y tiene como correlato el acuerdo generalizado, a formalizar entre febrero y marzo, para que el jefe legislativo del FdT asuma al frente del PJ bonaerense mientras que el presidente Alberto Fernández encabece el justicialismo nacional.

Las recorridas por la provincia de Buenos Aires del fundador de La Cámpora y diputado nacional tuvieron un punto de partida en el asado que reunió a buena parte de la dirigencia del Frente de Todos, con la participación del Presidente, el gobernador Axel Kicillof y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, y que se realizó el 30 de diciembre en la localidad de José C. Paz, oeste del Gran Buenos Aires.

Tras aquella reunión, que en las filas del peronismo bonaerense fue interpretada como la concreción de una “foto de unidad”, le siguió la visita que el jefe de Estado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el hijo de la vicepresidente Cristina Fernández realizaron el miércoles pasado a la ciudad de Baradero para compartir un almuerzo con los jefes comunales de la 2º sección electoral (norte de la PBA).

Durante la visita a Baradero, los intendentes pudieron dialogar con el primer mandatario y con el jefe del bloque del FdT en el marco de un almuerzo celebrado en la sede local del gremio del sector automotriz Smata. El intendente anfitrión, Esteban “Tito” Sanzio, integra de hecho el consejo directivo nacional de Smata.

De la comida participaron los jefes comunales Ricardo Alessandro (Salto), Ricardo Casi (Colón), Cecilio Salazar (San Pedro), Carlos Puglelli (San Andrés de Giles), Sergio Dinardi (intendente interino de Carmen de Areco) y Ariel Ríos (interino de Zárate).

Además, la delegación del Gobierno nacional se completó con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, este último un hombre del peronismo porteño pero ligado en los últimos años a Baradero porque en el 2015 se mudó a esa ciudad –su lugar natal- y fue electo concejal.

Todos los participantes del almuerzo entendieron que la visita del presidente y del jefe del bloque del FdT expresaba en los hechos la estrategia de consolidar y cuidar la unidad del peronismo en el marco de un año que se presenta complejo, por el rebrote de la pandemia, y que además implicará el desafío de competir en las elecciones.

En relación al encuentro en Baradero, el intendente anfitrión contó a Télam que durante el almuerzo “se informó que el plan de vacunación espera que para marzo o abril haya 15 millones de argentinos vacunados, lo que vimos con gran satisfacción”.

Además, Sanzio, de 43 años, informó que durante la visita se acordó con el Presidente y con el jefe del bloque de Diputados poner en marcha una mesa de conducción de los intendentes y principales dirigentes del peronismo de la 2º sección electoral.

“En relación a lo que se está hablando de que Máximo lo pueda agarrar (al PJ bonaerense) no se entró puntualmente en ese tema, pero Máximo va a tener un ida y vuelta más fluido con cada uno de los intendentes, en este caso de nuestra región, y de la provincia de Buenos Aires”, añadió Sanzio en diálogo con esta agencia.

Y luego, en relación a la posibilidad de que Kirchner presida el PJ provincial, aseguró: “Lo discutimos en la organización a la que yo pertenezco, el Smata, y no vemos ningún impedimento para que Máximo pueda ser uno de los compañeros que conduzca el PJ en la provincia. Hay que hacer todo el proceso como corresponde, a través de la Carta Orgánica, para que no exista alguna complicación legal”, remarcó.

Sanzio, sin embargo, insistió en que más allá de las definiciones partidarias y la estrategia electoral lo que primó en la cumbre con el Presidente y el titular de la bancada fue la convicción compartida “de que hay que seguir fortaleciendo el cuidado (ante la Covid-19)”.

“La discusión sobre la vacuna sí o la vacuna no se está dando mucho mediáticamente pero la gente está esperando vacunarse y quiere vacunarse”, advirtió el jefe comunal, que fue el primer vecino de Baradero en inolucarse con la Sputnik.

Aunque en el corto plazo la atención esté puesta en el plan de vacunación, la dirigencia no se desentiende del debate sobre un eventual recambio en el PJ provincial.

Hoy el justicialismo provincial está a cargo del intendente Gustavo Menéndez (Merlo), quien desde 2017 se alterna en la conducción con su par Fernando Gray (Esteban Echeverría).Gray debería asumir el último año de mandato hasta diciembre de 2021.

Entre los intendentes del conurbano se percibe un apoyo mayoritario a que Kirchner sea el nuevo presidente partidario. La excepción parece ser Gray, aunque no se manifestó de manera directa, y algún otro que se mantuvo en silencio.

“Esto empezó porque hubo intendentes que le propusieron conducir el PJ (bonaerense) y hubo un operativo clamor para pedirlo”, confiaron a Télam fuentes del peronismo que mencionaron a Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) como quien inició la movida.

Una posibilidad es adelantar los comicios internos del sello provincial de diciembre a marzo, para hacer coincidir esa instancia con la renovación de autoridades del PJ nacional y consagrar, de manera simultánea, a Fernández y Kirchner como los nuevos conductores del peronismo: el primero en Nación y el otro en la Provincia.

Consultado por este punto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, valoró el perfil de Kirchner y lo definió como “un ordenador de la política” y “un dirigente que ocupa desde hace un año un rol central de la organización política bonaerense”.

Según el jefe comunal, las tensiones que surgieron en el último año en la provincia de Buenos Aires y que son propias de una coalición como el FdT “fueron todas atendidas y resueltas con la intervención de Máximo”, destacó en diálogo con Télam.

Por otro lado, Sujarchuk consideró que una eventual designación de Kirchner al frente del PJ provincial permitiría “organizar la política bonaerense, que necesita de una etapa en la que nos preparemos para la contienda electoral dándonos mayor contenido, con más cuadros, y atendiendo las distintas instancias de un frente que es heterogéneo”.

Advertisement

Destacado

Crearon el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales

Publicado

en

El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de consolidar y armonizar los datos de quienes reciben prestaciones o servicios sociales en todo el territorio nacional.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 23/2026 del Minsiterio de Capital Humano en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en la necesidad de contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a las personas que efectivamente acceden a beneficios sociales, así como las características y atributos específicos de cada caso.

De acuerdo con lo dispuesto, el registro funcionará en el marco del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que tendrá a su cargo la administración, resguardo y actualización de la base de datos.

El SIIS, creado en septiembre de 2024 por resolución del Ministerio de Capital Humano, actúa como repositorio central de bases de datos para la integración e interoperabilidad de información proveniente de distintas áreas del Estado. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es responsable de la custodia y cruce de datos, así como de la elaboración de estadísticas y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia.

La resolución que dio origen al RIB establece que el gasto para su implementación será cubierto por las partidas presupuestarias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se dispuso además la intervención de la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo correspondiente.

Desde el Gobierno, alegaron que la implementación del RIB permitirá contar con un panorama actualizado y preciso de la cobertura de las políticas sociales, facilitando la gestión de la inversión pública y la evaluación del impacto de las intervenciones.

En la práctica, el RIB integrará y consolida información que antes se encontraba fragmentada en distintas dependencias del Estado. De este modo, se busca evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, asegurando la integridad y trazabilidad de la información oficial. Según lo dispuesto, el registro se nutrirá exclusivamente de datos provistos por los organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.

El establecimiento de este registro responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las políticas sociales, así como de mejorar la coordinación interinstitucional.

A principios de marzo, la minsitra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que “no existen los planes sociales”; por el contrario sostuvo que se trata de prestaciones de la seguridad social y programas con reglas y objetivos diferentes.

“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, dijo la ministra en un video publicado en redes sociales.

“No dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”, aseguró.

“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54% de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100%. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema. Corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistida”, agregó.

Continue leyendo

Destacado

El Gobierno fusionó temporalmente dos secretarías clave del Ministerio de Economía hasta que designen un nuevo titular

Publicado

en

En el contexto de una reconfiguración administrativa en el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional resolvió reasignar temporalmente las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa a Pablo Lavigne, titular del área de Coordinación de Producción.

Esta decisión, que no conlleva gastos adicionales para el Estado, tiene como propósito garantizar la continuidad operativa de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo productivo del país.

La medida fue adoptada ante la vacancia en la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, lo que obligó a buscar una solución inmediata para evitar interrupciones en la gestión de políticas industriales, comerciales y de apoyo a las pymes.

El Decreto 215/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y Luis Andrés Caputo, especifica que la transferencia de funciones será efectiva hasta que se designe un nuevo titular para el cargo o se disponga un reemplazo específico para la firma de despacho.

Desde el Gobierno se detalló que esta reasignación no afectará el funcionamiento de otras áreas ni implicará superposiciones, ya que quedan exceptuadas aquellas materias para las que ya se haya previsto un reemplazo particular.

La Secretaría de Coordinación de Producción tiene entre sus funciones asistir al Ministro de Economía en la definición de políticas para la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y la economía del conocimiento. Por este motivo, se consideró que es el área más adecuada para asumir de manera provisoria las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaría de Coordinación de Producción será responsable de coordinar la gestión operativa de las áreas transferidas, garantizar la continuidad de los programas y políticas en curso, y asistir al Ministro en la toma de decisiones vinculadas a la industria y el comercio.

El puesto se encuentra vacante desde agosto del año pasado, cuando la cartera económica sufrió dos grandes salidas. Por un lado, el ex titular de la secretaría en cuestión, Marcos Ayerra, y Esteban Marzorati, quien estaba a cargo del área de Industria y Comercio.

De hecho, ya en ese momento, habían anunciado que Lavigne se haría cargo de ambas funciones hasta que se designe a un nuevo titular. De acuerdo con el comunicado emitido en agosto, “ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, destaca el esfuerzo, dedicación y talento al servicio del país que tanto Marcos como Esteban demostraron durante su ejercicio del cargo”.

En el caso de la Secretaría Pyme, ya había perdido gran parte de sus programas y fondos, en el marco del plan de ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei.

La secretaría que manejaba Ayerra cuenta con tres subsecretarías: la de Pymes, a cargo de Christian Bauab; la de Emprendedores, que dirige Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, cuyo titular es Santiago Pordelanne. En el caso de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene cuatro subsecretarías: la de Política Industrial; la de Gestión Productiva; la de Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Continue leyendo

Destacado

El Congreso busca prohibir los celulares en cárceles tras la extorsión que derivó en la muerte de un soldado en Olivos

Publicado

en

El Congreso de la Nación pone bajo la lupa el uso de celulares en las cárceles, esta vez con un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Silvana Giudici, que busca prohibirlos de manera total y con rango legal, en un contexto marcado por el crecimiento de las extorsiones digitales, las bandas que operan desde el interior de los penales y el caso de una extorsión desde penales bonaerenses que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino, destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

La iniciativa propone modificar la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad —incluidos sus derechos, obligaciones y el funcionamiento del régimen penitenciario—, para establecer de manera explícita la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos carcelarios de todo el país. “Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados”, planteó Giudici. Y agregó: “Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales”.

El proyecto cuenta con el respaldo de más de 50 diputados y apunta a cerrar una brecha que permitió la expansión de delitos complejos con base en las cárceles.

lejos con base en las cárceles

Prohibición total y sanciones más duras

El texto legislativo propone la incorporación del artículo79 bis que establece: “Prohíbase la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación, por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios”.

El mismo artículo dispone: “Queda exceptuado el equipamiento informático instalado y expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria competente, en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado.”

Es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena”, sostuvo Giudici ante una consulta de este medio.

La única excepción prevista en el proyecto de ley que impulsará el bloque de diputados de La Libertad Avanza es el uso de equipamiento informático autorizado para fines educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo control de las autoridades penitenciarias.

Del control a la expansión del delito

El proyecto también repasa los antecedentes recientes. Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. Sin embargo, en 2020, en el marco de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas.

Según la autora de la iniciativa, esa decisión derivó en un cambio profundo: “Se alteró el sistema de control y eso generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles”.

Entre los antecedentes se mencionan desde estafas telefónicas hasta la continuidad de operaciones de bandas criminales desde prisión, incluso en casos vinculados al narcotráfico.

El caso que expuso el problema

El punto de inflexión fue el caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos.

Gómez atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia. En ese contexto, inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como “Julieta”, de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro.

Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.

Según se informó oficialmente, la extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de allí, se estableció un contacto destinado a generar confianza con la víctima, mediante mensajes y el envío de imágenes genéricas que no mostraban rostros.

Una vez consolidado ese vínculo, se activaba el mecanismo central de la estafa: la aparición de una supuesta “madre alterada” y la difusión del denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años y se la increpaba con insultos y amenazas.

El siguiente paso incluía un llamado telefónico de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguraba que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales graves. Para dotar de verosimilitud al engaño, los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad, identificado como M. N. C., cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.

La escena era completamente falsa, pero estaba diseñada para generar pánico inmediato. Las transferencias de dinero exigidas se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo.

Lejos de concluir tras los primeros pagos, la presión continuaba. Las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias económicas bajo amenazas reiteradas, con el argumento de que la causa judicial seguía avanzando o que había nuevos costos para “cerrar el problema”.

Según la investigación encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se trató de una maniobra de extorsión sexual organizada desde el interior de las cárceles, replicada con distintas víctimas.

En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir, documento que fue central para comprender el alcance del daño provocado por la banda.

La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así, se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.

Para la diputada Giudici, el episodio marca un límite: “Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos”.

En ese marco, la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) insiste en la necesidad de una solución estructural: “Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares”.

Continue leyendo
Advertisement

Trending