Clara Chevalier, secretaria General de CONADU, sostuvo que “no fue una oferta, fue una provocación”, y aseveró que asistieron a la convocatoria a paritarias “con la determinación de recuperar lo perdido”. Los gremios consideran que la deuda es del 31,2%, más agosto, más los salarios adeudados y el abordaje del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En esa línea, indicaron que “la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

La comitiva docente estuvo integrada por los representantes gremiales de las organizaciones Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica, Fedun, así como también por el presidente del CIN, Franco Bartolacci. Según el Gobierno, su “propuesta de recomposición salarial se inscribe en el marco del esfuerzo financiero continuo del Gobierno nacional para el sostenimiento del sistema de educación superior. Las partidas consolidadas para las universidades nacionales representan una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional”. Por delante, la Subsecretaría de Políticas Universitarias promovió la reanudación de las negociaciones para el jueves 17.

En paralelo, el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, dieron cuenta desde los gremios.

Fuente: Agencia DIB

El conflicto con las Pymes del interior

Como contó DIB, el proyecto genera fuerte resistencia entre las PyMES del interior bonaerense. Las empresas se reunieron por el tema con el gobernador Axel Kicillof, que les dio el apoyo contra la iniciativa.

El punto que genera mayor preocupación entre las empresas chicas es la reducción de la porción del mercado que tienen asegurada, en favor de plantas que pertenecen a grandes commpañías vinculadas a exportadoras de granos, ubicadas en Santa Fe, cerca de Rosario.

Las Pymes no integradas, que hoy cuentan con el 7,5% del mercado de biodiesel, irán perdiendo participación. El porcentaje bajará al 6,5% durante la transición, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y quedará en 3% desde 2031.

El 7% restante podrá ser negociado entre las refinadoras y las grandes empresas integradas. Las plantas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires temen no poder competir con los grandes grupos del polo agroexportador de Rosario.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que nuclea a las empresas bonaerenses emitió un comunicado durísimo, en el que directamente habla de que sus compañías “quedarían condenadas a la quiebra” si se aprueba el proyecto. Pusieron así sobre la mesa el peso de un sector que opera que diez plantas -están en Saladillo, Ramallo, Pilar, Daireaux, Junín y Bahía Blanca- sostienen 500 empleos directos y alrededor de 3000 puestos indirectos vinculados con transporte, logística, insumos y servicios.

El impacto alcanzaría además a la cadena de extrusado de soja. Según Cepreb, Buenos Aires concentra 96 establecimientos de ese tipo distribuidos en más de 50 localidades. Esas fábricas producen el aceite crudo que utilizan las elaboradoras de biodiésel y sostienen entre 750 y 960 puestos directos, de acuerdo con las estimaciones del relevamiento.

El informe empresario calcula que las plantas generan un valor generado cercano a los u$s 415 millones anuales y advierte que una caída de actividad también afectaría la recaudación municipal.

Fuente: Agencia DIB.

Los problemas económicos también se tradujeron en la imposibilidad de afrontar gastos cotidianos como las tarifas de los servicios públicos. Un 21,3% de los hogares con adultos mayores debió interrumpir el pago de algún servicio básico por falta de dinero, una cifra que asciende al 39,4% en los sectores de menor poder adquisitivo.

Pese a este panorama de vulnerabilidad, las estadísticas del relevamiento indican que la cobertura estatal mediante programas de transferencia o asistencia alimentaria descendió del 30% durante la pandemia al 26,8% en la actualidad, abarcando solo al 42,4% de los hogares del estrato más castigado.

Las carencias habitacionales completan el mapa de la situación social de los mayores. El 11,8 habita inmuebles con deficiencias estructurales, un porcentaje que escala al 27,5% en los sectores vulnerables.En paralelo, el 25,2% de la población mayor sufre privaciones vinculadas al acceso a agua corriente, gas o saneamiento, una falencia que afecta a cerca de la mitad de los hogares del estrato muy bajo.

El acceso a la salud pública y privada experimentó un retroceso evidente. El 35,2% de estos hogares postergó o directamente suspendió consultas médicas y la compra de fármacos por motivos presupuestarios, marcando el pico histórico de la serie con un incremento de casi diez puntos respecto al período previo.

Esta situación afecta al 55% de las familias del sector muy bajo. En cuanto al uso de PAMI durante 2025, el 74% de los afiliados lo empleó para la atención médica y el 70% para adquirir medicamentos, aunque las opiniones sobre las prestaciones mostraron divisiones: 61,7% aprobó la atención médica, en tanto que la cobertura de remedios cosechó una valoración positiva inferior al 50%, con valoraciones aún más reticentes entre los sectores de menores recursos.

Fuente: Agencia DIB.