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Política Nacional

Otro dolor de cabeza para Dietrich

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Esta vez no es el puerto local ni su presidente Donadío. El diario Perfil lo cuenta esta mañana en su artìculo Autopistas: Otra vez, el presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno están en la mira judicial por un posible conflicto de intereses que podría haber derivado en una defraudación al Estado. El Caso Autopistas está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli. PERFIL obtuvo y analizó durante las últimas dos semanas documentos oficiales y dialogó con los protagonistas. En este artículo redacta el detrás de escena de un negocio millonario: peajes. El caso se centra en la renegociación de contratos con las concesionarias de dos autopistas: Acceso Norte y Ausol (acceso oeste). Los contratos de concesión de las accesos vencían en 2023 pero en 2018 se extendieron hasta 2030. Además, el Estado le reconoció a la empresa una deuda de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. La empresa se comprometió a realizar inversiones y el Ejecutivo aumentó las tarifas de los peajes. La principal empresa involucrada es Abertis. En Ausol era socia de Sideco, empresa emblema de la familia Macri. Ninguna de las dos compañías quiso responder las consultas de este medio. El conflicto con las concesionarias nació tras la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Pero Abertis recién se presentó ante el tribunal internacional cuando supo que Macri había ganado las elecciones.

Con Balbín afuera de la Procuración, Vialidad solicitó al organismo que opine sobre la renegociación del contrato de Abertis en el Acceso Oeste. Saravia Frías emitió dos dictámenes sobre el caso, a los que accedió PERFIL. De allí surge que Vialidad se encontraba negociando con las concesionarias desde julio de 2016, amparada por un decreto del Presidente que autorizó la renegociación de este tipo de contratos. Entonces, los Macri todavía tenían el 7% de las acciones de la compañía y la empresa Abertis había iniciado una demanda multimillonaria ante el Ciadi. Javier Iguacel era entonces el director nacional de Vialidad y estuvo al mando de las primeras negociaciones con las concesionarias, según consta en los escritos oficiales. Iguacel dijo a este medio: “Una de mis preocupaciones era asegurarme de no caer en un conflicto de intereses. Es cierto que se venía hablando con la empresa pero la renegociación del contrato se dio después de que los Macri vendieran sus acciones”. “Fue un proceso largo –agregó Iguacel–, con recomendaciones de la Sigen, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro. Todos nos dijeron que convenía hacer el acuerdo con la empresa. Se evaluó que siga el juicio pero se decidió que era más conveniente para el Estado cerrar el acuerdo. Abertis ponía la cara en la negociación y mucha oposición y pretensiones”.

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El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad con los cambios que pidió la oposición

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El Senado sancionó esta tarde una nueva ley de discapacidad que dejaría atrás la emergencia en el área, la cual vence a fin de año. La iniciativa, que obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, sostiene la mayoría de los puntos del sistema actual que la Casa Rosada tuvo que conceder a la oposición en Diputados, como mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.

“La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, señaló el libertario y titular de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal), quien ofició de miembro informante. “No es un proyecto de un solo sector”, intentó justificar el porteño para disfrazar lo ocurrido en la Cámara baja y que, de manera insólita, el Gobierno buscó modificar días atrás en el Senado, antes que se dictaminara el texto.

“Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere decir que no falten cosas por hacer”, respondió la opositora y presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien manifestó su “preocupación” por la ejecución de las decisiones a través de oficinas de la ANSeS. En ese sentido, planteó que hoy existen “427 centros para todo el país” y advirtió: “No creo que tengan la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos”.

Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), un médico siempre atento a las partidas involucradas y costos fiscales -semanas atrás quedó muy mal parada la gestión local que tanto vanagloria por el alto impacto allí de Ingresos Brutos, uno de los peores tributos provinciales-, mencionó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y un gasto estimado de $600.000 millones para el corriente año, mientras que Monteverde citó al mismo organismo y habló de 1,2 billones de pesos para 2027.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en Diputados -el Gobierno cedió en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantiza que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclara que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo de la norma sancionada se introducen mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) dejó en claro que los inconvenientes por fondos mencionados por kirchneristas no fueron “solamente desde el inicio de este gobierno”. “Se han ido perdiendo paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años anteriores”, sentenció la experimentada legisladora.

Al final de su discurso, Juri enfatizó: “Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto -2027, aún en Diputados- tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”. Seguido a ella, su colega bonaerense Maximiliano Abad direccionó la mira hacia la “operatividad” que los beneficiarios “no terminen en la justicia”.

Otra sección importante del articulado es que establece que, si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días. Sobre estos ítems alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien además resaltó la necesidad de seguir de cerca las próximas auditorías.

Durante la discusión hizo uso de la palabra la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), quien dijo: “La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den confianza”.

Cierres

“La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento”, expresó el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones).

El macrista destacó que, en su provincia, que hay casi un 6% de habitantes que cobra, según datos oficiales, la pensión por invalidez. Más del doble del promedio nacional. Y destrozó al Frente Renovador -no es el massista- que maneja hace décadas el poder local -que defienden a rajatabla los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut–: habló de una estructura “clientelar” y puso el ejemplo de un municipio con cerca de 19% de certificados. Siete veces más la media en el país. Vergonzoso.

Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio (Buenos Aires) aseveró que el mileísmo, desde que comenzó su gestión, citó a auditoría al 91% del universo total y que sólo suspendió 141. “Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten”, bramó. Y observó que se le “deben casi 80.000 palos -en referencia a millones de pesos- a los prestadores”. Y finalizó: “Es un estado inútil o cruel. O ambas cosas”.

La última palabra fue la de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). “Sin duda que detrás de esta ley hay familias que han tenido situaciones difíciles, pero ha habido situaciones de falsedad”, sostuvo.

Bullrich puso énfasis en el “acuerdo político y social”, y deslizó: “Todos hablan del Papa -León XIV-, pero nadie puede desarmar la violencia en el discurso”. La porteña apuntó a condiciones “mucho más adecuadas de las votadas en emergencias y parches”, y reconoció que “ambas partes tenían una parte de la verdad”.

Guiño a los hermanos Milei

Tras meses de incertidumbre y dilación, el pleno aprobó el pliego que promueve el ascenso del -polémico- General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Es el jefe de la Casa Militar y persona de confianza de los hermanos Milei y, hace poco, tomó el control de la Quinta de Olivos. Logró 59 votos a favor, tres en contra -los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés– y la abstención de la salteña Flavia Royón.

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Cristina Kirchner: ordenaron a la ANSES frenar los descuentos a su pensión por viudez

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El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que deje de descontar a la ex presidenta Cristina Kirchner el 20% sobre la pensión de privilegio que recibe por el fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner, de más de tres millones de pesos mensuales.

La medida fue adoptada por la jueza Karina Alonso Candis, quien intimó a la ANSES a que efectivice esta decisión dentro de los próximos diez días, informó NA.

El reclamo de Cristina Kirchner

El planteo judicial se originó después de que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocara un fallo de la jueza Alonso Candis, ordenando el restablecimiento provisorio de la pensión por viudez, la cual comenzó a recibir nuevamente desde agosto pasado de este año.

Sin embargo, junto con la restitución del beneficio, la ANSES le aplicó una retención mensual del 20% “a los efectos del recupero de los fondos indebidamente percibidos”. Así, de los más de $15,6 millones que debía cobrar mensualmente, se le debían restar $3.136.630,81 “hasta alcanzar la suma de $660.052.338,87”.

Cristina empezó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después del fallecimiento de Néstor, ocurrido el 27 de octubre. Pero en 2024, después de que quedara firme la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, el Gobierno decidió dar de baja la jubilación como ex presidenta y la pensión de privilegio por viudez. En una resolución, ANSES cuestionó el merecimiento por su situación judicial.

“Durante el mandato del presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, argumentó el entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

Cristina Kirchner apeló esta medida y, en junio de 2026, la Justicia ordenó que se le restituya la pensión por viudez. La asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.

Fuente: Agencia DIB

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Un Gobierno en apuros: Karina Milei anudó pactos políticos y Bullrich le puso el cuerpo a las PASO

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“No me voy a convertir en la casta que vine a combatir”. La frase que ayer Javier Milei eligió para explicarle a Eduardo Feinmann, en A24, por qué no tomará medidas económicas expansivas rescató del archivo una palabra que el Presidente no pronunciaba desde hacía tiempo. “Casta”, aquel concepto que lo catapultó en 2023 y que usó hasta el cansancio contra la clase política que “hace lo que sea por defender sus privilegios”, había desaparecido de su boca en los últimos meses.

Si se mira la praxis política que tuvo el Gobierno durante esta semana, la frase de Milei resulta, por lo menos, irónica. Es que, apenas León XIV se fue de la Argentina, La Libertad Avanza (LLA) se enfrascó en uno de los peores vicios de la casta: el de cambiar las reglas electorales en función de su propia conveniencia.

La dinámica de los últimos días mostró a una Casa Rosada muy urgida políticamente. El plan por la reelección derivó en actos de desesperación. El lunes, Milei le hizo promesas al empresariado para 2031 y Luis Caputo brindó una extensa entrevista radial para hablarle a los decisores económicos tras la seguidilla de encuestas que marcaron una nueva caída en la imagen del Gobierno.

Karina Milei, por su parte, hizo algo inédito: levantó ella misma el teléfono para negociar con varios gobernadores (en particular, los de la UCR). Y también telefoneó más de una vez a Mauricio Macri. Se metió en el barro para juntar los votos para suspender las PASO en 2027 y empujar la reelección de su hermano.

“Rosquea fuerte la señora”, dijo alguien de su primer anillo a Infobae. La hermana del Presidente trabajó palmo a palmo con Diego Santilli y con su lugarteniente, Eduardo “Lule” Menem, para amasar los acuerdos. Patricia Bullrich, que hasta acá se había declarado prescindente en la materia, terminó por ponerle el cuerpo al proyecto en el Senado.

La exministra sacó pecho cuando anunció que finalmente no se incluiría el engendro de las colectoras en la reforma electoral. Le ahorró la incomodidad a muchos que en el pasado habían vilipendiado el mecanismo y que ahora tenían que votarlo con la nariz tapada.

¿Cómo fue el toma y daca? La cuestión se destrabó, sencillamente, porque la Casa Rosada aceptó adelantar el pacto electoral nacional con los gobernadores de la UCR. Alfredo Cornejo (Mendoza) allanó la firma en el dictamen del senador Rodolfo Suárez. Y los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) habilitaron la rúbrica de Eduardo Vischi e, indirectamente, de Carlos “Camau” Espínola, que se hizo desear hasta el final.

En rigor, el sistema de adhesiones o colectoras (dos listas legislativas colgadas de un candidato presidencial) funcionaba únicamente como un reaseguro para los gobernadores aliados. Y se explicaba sólo por la desconfianza que en el pasado había sembrado LLA a la hora de repartir lugares en las nóminas. Algo así como “si Karina va a monopolizar la lapicera y no es generosa, quiero tener la posibilidad de colgar a mis candidatos”. En la Casa Rosada decían que era un pedido de los gobernadores. Y en las provincias aseguraban, en cambio, que la idea fue de “Lule” Menem. Nadie quiso cargar con el muerto.

La promesa del karinismo es que, más allá de lo que ocurra en las contiendas provinciales, en las nóminas de diputados y senadores nacionales habrá casilleros para que los gobernadores cuelen a los suyos entre los violetas. “Fue la magia de la negociación, se generó la confianza”, dijo una alta fuente del oficialismo.

Transpirando, el Gobierno consiguió anoche las firmas de once senadores en la comisión de Asuntos Constitucionales para obtener dictamen. Es apenas el primer paso: falta votar el proyecto en el recinto en la Cámara alta (la semana que viene) y todo el trámite en Diputados. Aunque hay esfuerzos por disimularlo, el proyecto quedó lejos de ser una transformación superadora para el sistema democrático y se convirtió en un traje a medida de la necesidad de cada uno.

Karina y Mauricio

El camino para el Gobierno, no obstante, empezó a allanarse cuando el PRO publicó el comunicado informando que acompañaría la suspensión de las PASO. “Al final del día, Mauricio cumplió”, comentaron Santilli y Karina Milei durante la reunión de mesa política del martes en Balcarce 50. La decisión de los amarillos se resolvió el lunes, en un Zoom que reunió virtualmente a Macri con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y los jefes de los bloques, Cristian Ritondo y Martín Goerling. Este último quedó descolocado: siempre dijo que no apoyaría un cambio en las reglas de juego electorales.

En el PRO alegaron que la decisión pasó por cuidar la estabilidad económica. “Macri entendió que en este momento sería una muy mala señal que Milei no pueda suspender las PASO”, apuntaron en el partido. Tiene sentido el argumento: en su obsesión por inclinar la cancha en 2027, el Gobierno terminó por convertir a la reforma política en un test de gobernabilidad a los ojos de los mercados.

Pero hay algo más importante que Karina le dio a Macri en estas horas: el reconocimiento. La hermana del Presidente volvió a validar al exmandatario como su principal interlocutor político. No es poco, teniendo en cuenta las voces que la alientan para cerrar acuerdos con Jorge Macri en la Ciudad, con los gobernadores del PRO y con Ritondo en Buenos Aires, dejando al calabrés fuera de la foto.

En sus sucesivos llamados telefónicos, Karina Milei aceptó dejar para febrero o marzo la negociación en la Ciudad. Mauricio Macri ya dejó trascender que su vínculo político con su primo es irreconciliable. No parece casual que Fernando De Andreis, lugarteniente del expresidente, haya anunciado en una entrevista radial que quiere disputar la Capital Federal.

La decisión del PRO con la reforma electoral tiene un alcance mayor que lo puramente parlamentario. Implica ir zurciendo un gran pacto entre partidos. Y deja algo huérfano a Hernán Lacunza que, lanzado a la presidencia, había defendido a las PASO. “Hoy mi partido eligió otro camino. Lo respeto”, dijo el economista.

Javier y Patricia

Con el acercamiento al PRO, la secretaria general de la Presidencia sintonizó con un mandato que transmitió Javier Milei. El jefe de Estado delega la cuestión política en su hermana, pero de tanto en tanto baja el martillo. Así fue que pidió que incluyeran a Mauricio Macri en el encuentro con el Papa en el Palacio Libertad. La invitación se envió apenas un día antes.

Algo parecido ocurre con Patricia Bullrich: Milei dijo ayer que la quiere conservar como su “socia política”. Ahuyentó así a aquellos que, cerca de Karina, hablaban de buscar una “solución definitiva” al affaire con la senadora. La idea era pedirle a Bullrich que se ordenara o, caso contrario, que se fuera del espacio. Pero nada de eso pasó en el reencuentro de la mesa política de este martes. Tras un mes sin verse las caras, todos hicieron lo que mejor saben hacer con sus peleas intestinas: fingir demencia.

Con su repentina colaboración en el Senado, Patricia Bullrich buscó mandar un mensaje hacia adentro. Dejó en claro que ella no planeaba, como tantos especularon, reclamarle una PASO a Milei ni hacerle un atraco electoral. La senadora se lo dijo a su equipo esta semana: “Yo no voy a hacer un contrapunto con la reforma política porque a mí lo que me importa es cómo llega la economía. Esto no es una interna por el poder”.

Esta semana, de hecho, Bullrich dijo públicamente que “el rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”. “Para que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios para que la gente lo sienta dentro de un año”, abundó. El Presidente, en cambio, siguió machacando con que no hará corrección económica alguna.

Así las cosas, un eventual ofrecimiento a Bullrich para que integre una fórmula presidencial con Milei no saldará la cuestión de fondo con la “socia” presidencial.

Resquemores en Diputados

Con tanto empeño para juntar las firmas para la reforma política en el Senado, el Gobierno descuidó su agenda en Diputados. Ayer se iban a votar dos proyectos que se presentaron como cruciales para la agenda libertaria: la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la cuestión Malvinas.

Los pases de factura no tardaron en llegar. Se habló de heridos por el reparto de sillas en el Consejo de la Magistratura. Pero la explicación de Martín Menem a la mesa política fue que los diputados de Provincias Unidas (PU), que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), no se sentaron en sus bancas porque reclamaban incorporar la ley de biocombustibles en la sesión. El proyecto beneficia a las grandes cerealeras de esas provincias, pero Cristian Ritondo no lo acompaña porque va en detrimento de industrias bonaerenses.

El repaso de presentes y ausentes en el recinto avivó las suspicacias internas. Todo el sistema tuitero que responde a Santiago Caputo acusó a Menem de un boicot contra el “proyecto Malvinas”, que tiene el sello del asesor presidencial porque incluye su soñado Consejo de Seguridad Nacional. “Es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”, saltó enseguida Daniel Parisini. La cuenta del streaming Carajo hizo un tuit apuntando a un diputado del PJ bajo el curioso título “el Cipayo de La Rioja”. Marcela Pagano metió el dedo en la llaga al hablar de dos diputadas del “staff de Menem” que no se sentaron en sus bancas. La lupa está en Rocío Bonacci (LLA), Lourdes Arrieta (PU) y los diputados del MID, todos con buena terminal en el oficialismo.

Contorsiones discursivas

Si la intención de Caputo el lunes fue programar las expectativas en el mercado asegurando que el kirchnerismo está muerto y que Milei ganará “en primera vuelta”, lo que siguió en los días posteriores mostró un agravamiento de la desconfianza. El riesgo país escaló otros 20 puntos y el dólar subió en todas sus cotizaciones.

El economista Fernando Marull —que habitualmente celebra los fundamentos del programa libertario— lo dijo claramente esta semana en Infobae en Vivo: “De acá a las elecciones no va a cambiar la economía, el mejor escenario para Milei es evitar una crisis”.

Milei, por su parte, volvió a hacer cherry picking de los datos económicos. En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central dijo que el PBI creció 10 puntos desde diciembre de 2023. Aseguró que creó “500 mil puestos de trabajo” y agregó que los salarios privados formales “subieron 10%” y los informales “un 55%”. El Presidente admitió, como en un paréntesis, que su evaluación es “al margen de lo que pueda estar pasando en un par de trimestres, y si se marca o no una recesión técnica”. Aludió así al dato en el que coinciden las consultoras privadas de que el país ya estaría en recesión técnica y que este año el país crecerá menos de 1%, mientras que el empleo privado registrado lleva 15 meses de caída. Fundar contabilizó que cerraron al menos 32.000 empresas en lo que va del gobierno actual.

Después de hacer varias contorsiones para explicar la caída del consumo y el aumento de la informalidad como una voluntaria reconversión laboral, Caputo terminó por reconocer, como al pasar, el problema de la actividad y el empleo. Cuando explicó que no puede subir las jubilaciones por prudencia fiscal, soltó: “Necesitamos dos cosas para recaudar más: que la economía crezca y que el trabajo se formalice”.

En la Casa Rosada aseguran que Milei está hoy entre los 35 y los 38 puntos. “Lo bueno es que no tiene contra quién perder”, apuntan. ¿Qué ocurre si, a partir de la eventual suspensión de las PASO, la oferta electoral adquiere una fisonomía distinta a la de la polarización que quiere diseñar el Gobierno, con más de una alternativa por derecha y por izquierda?

Mientras el ala política se trenza en una rosca a años luz de los problemas de la ciudadanía, el Presidente y su ministro de Economía intentan enmarcar la contienda de 2027 como una pelea de modelos. Pero no ofrecen una perspectiva de corto o mediano plazo. Un colaborador que orbita en el oficialismo explicó cuál será el concepto que atravesará la campaña por la reelección: “Milei no puede dar ahora prosperidad económica. Solo puede salvar al país de los ‘orcos’”.

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