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Política Nacional

Otro dolor de cabeza para Dietrich

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Esta vez no es el puerto local ni su presidente Donadío. El diario Perfil lo cuenta esta mañana en su artìculo Autopistas: Otra vez, el presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno están en la mira judicial por un posible conflicto de intereses que podría haber derivado en una defraudación al Estado. El Caso Autopistas está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli. PERFIL obtuvo y analizó durante las últimas dos semanas documentos oficiales y dialogó con los protagonistas. En este artículo redacta el detrás de escena de un negocio millonario: peajes. El caso se centra en la renegociación de contratos con las concesionarias de dos autopistas: Acceso Norte y Ausol (acceso oeste). Los contratos de concesión de las accesos vencían en 2023 pero en 2018 se extendieron hasta 2030. Además, el Estado le reconoció a la empresa una deuda de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. La empresa se comprometió a realizar inversiones y el Ejecutivo aumentó las tarifas de los peajes. La principal empresa involucrada es Abertis. En Ausol era socia de Sideco, empresa emblema de la familia Macri. Ninguna de las dos compañías quiso responder las consultas de este medio. El conflicto con las concesionarias nació tras la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Pero Abertis recién se presentó ante el tribunal internacional cuando supo que Macri había ganado las elecciones.

Con Balbín afuera de la Procuración, Vialidad solicitó al organismo que opine sobre la renegociación del contrato de Abertis en el Acceso Oeste. Saravia Frías emitió dos dictámenes sobre el caso, a los que accedió PERFIL. De allí surge que Vialidad se encontraba negociando con las concesionarias desde julio de 2016, amparada por un decreto del Presidente que autorizó la renegociación de este tipo de contratos. Entonces, los Macri todavía tenían el 7% de las acciones de la compañía y la empresa Abertis había iniciado una demanda multimillonaria ante el Ciadi. Javier Iguacel era entonces el director nacional de Vialidad y estuvo al mando de las primeras negociaciones con las concesionarias, según consta en los escritos oficiales. Iguacel dijo a este medio: “Una de mis preocupaciones era asegurarme de no caer en un conflicto de intereses. Es cierto que se venía hablando con la empresa pero la renegociación del contrato se dio después de que los Macri vendieran sus acciones”. “Fue un proceso largo –agregó Iguacel–, con recomendaciones de la Sigen, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro. Todos nos dijeron que convenía hacer el acuerdo con la empresa. Se evaluó que siga el juicio pero se decidió que era más conveniente para el Estado cerrar el acuerdo. Abertis ponía la cara en la negociación y mucha oposición y pretensiones”.

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Es ley la indemnización para los familiares de los submarinistas del ARA San Juan

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Se convirtió en ley el proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

Fue por unanimidad, durante una sesión especial en la Cámara de Senadores de la Nación.

El proyecto establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, “tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar”.

La misma será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, multiplicado por 100.

Según los cálculos actuales el beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

El proyecto señala que el cobro del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto.

También remarca que el otorgamiento del resarcimiento “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”.

El proyecto además establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

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Bartolozzi: “Que la ciudadanía llame al Enacom”

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Nicolas Bartolozzi, Titular del Enacom, habló con CNN Radio Bahía Blanca sobre los aumentos en los servicios de telefonia, Internet y cable.

“En caso de la telefonía celular, el Enacom autorizo un aumento del 7,5 en febrero  5 % en marzo, en la telefonía fija es 5%  no aplicable en febrero, sino aplicable a partir de marzo”, mencionó Bartolozzi.

Y agregó que ” Las prestadoras de Internet, la variación depende de la velocidad de megas y la cantidad de suscriptores que tenga la empresa, menos de 1.000 suscriptores 7%,  mas de 100.000 un 5% y los planes corporativos un 7,5%” .

El titular del Enacom sostuvo que quienes vean irregularidades en el cobro o aumento de sus servicios, que se empoderen y reclamen sus derechos “Que llame al Enacom”

Además agregó que, lo cobrado indebidamente en el mes de enero y febrero por las diferentes empresas, van a  tener que devolver la plata en el mes de marzo aunquesea con una nota de credito.

Bartolozzi también critico a las empresas que pertenecen al grupo Clarin quienes no están siguiendo lo que la ley indica, pero que tarde o temprano deberán devolver el dinero de lo aumentado indebidamente.

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El Senado elegirá a sus autoridades en una sesión especial

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El Senado de la Nación llevará a cabo hoy desde las 14 la sesión preparatoria para elegir a las autoridades de la Cámara alta, según lo establecen los estatutos reglamentarios y, una hora después, los legisladores celebrarán una sesión especial solicitada por el bloque oficialista del Frente de Todos.

La llamada “preparatoria” servirá para ratificar a las actuales autoridades de la Cámara alta: la peronista santiagueña Claudia Ledesma de Zamora como Presidenta Provisional; el opositor porteño Martín Lousteau como vicepresidente; el oficialista misionero Maurice Closs como vicepresidente primero; y la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado como vicepresidenta segunda.

Además, los legisladores votarán por mantener en sus puestos a Marcelo Fuentes como secretario parlamentario, a María Luz Alonso como secretaria administrativa y a Juan Tunessi como prosecretario parlamentario.

A continuación, de acuerdo con el Decreto Presidencial 07/21, los legisladores llevarán la segunda sesión especial del año para debatir una serie de proyectos de ley que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados, así como los acuerdos para designar a embajadores.

Previamente, el oficialismo pretende que se le tome juramento al reemplazante del fallecido senador riojano Carlos Menem: el exministro de Hacienda provincial Ricardo Guerra, luego de que la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, renunciara a ocupar la banca en el Senado.

Tras la negativa de López, la representación de esa provincia en la Cámara alta quedará a cargo de Guerra, el primer candidato suplente.

Sin embargo, podría abrirse en las próximas horas una controversia legal si la gremialista Ilda Lucero, que en 2017 fue la segunda suplente, reclama ese lugar ante la justicia -tal como adelantó que lo haría- con el argumento de que, al renunciar a tomar la banca la vicegobernadora, correspondería que la ocupe otra mujer.

Más allá de que se le tome o no juramento a Guerra, el Senado aprovechará para rendir un homenaje al expresidente Carlos Menem, quien falleció el 14 de este mes a los 90 años en el Sanatorio Los Arcos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encontraba internado debido a una infección urinaria.

Durante la sesión especial, los senadores debatirán proyectos vinculados con incentivos para el sector de la construcción y para la ciencia y la tecnología, el consenso fiscal firmado entre el Gobierno y las provincias, un resarcimiento para los familiares del submarino ARA San Juan y los pliegos con las designaciones de los embajadores de Cuba, Luis Ilarregui; de Bolivia, Ariel Basteiro, y de China, Sabino Vaca Narvaja.

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