Cuando en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo el Gobierno reglamentó la ley de paridad de género en ámbitos de representación política, el objetivo ideal era que la norma tuviera un efecto directo sobre las elecciones legislativas nacionales de este año, y también, por qué no, en las postulaciones a puestos ejecutivos.
Pero la existencia de esa ley no cambió demasiado el panorama de la dirigencia política argentina ya que, más allá de que hay una sola precandidata a presidente sobre diez postulaciones (Manuela Castañeira, por el Nuevo MAS), además, el 82% de las listas legislativas son encabezadas por hombres, que también acaparan el 81% de las candidaturas para gobernaciones provinciales y la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Con la promulgación de la ley de paridad de género el Ejecutivo apuntaba a empezar a cerrar la desigualdad en el Congreso. Hoy hay 100 bancas ocupadas por diputadas sobre las 257 totales, lo que equivale a casi un 39%. Y si bien el número de mujeres es superior en el Senado, ya que son 30 sobre 72 (41,5%), todo parece indicar que a pesar de que el próximo Congreso será el más igualitario, la situación es muy distinta en los cargos ejecutivos.
De las 142 candidaturas para gobernar uno de los 24 distritos del país (entre las elecciones que ya sucedieron y las que restan por definirse), solo 29 corresponden a mujeres (20,4%), y esto es si son incluidas aquellas precandidaturas que perdieron contra otro u otra postulante o no superaron el umbral del 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Es cierto que la ley de paridad no tiene ninguna incidencia sobre las candidaturas a puestos ejecutivos, y tampoco sobre quiénes son los que encabezan las listas de postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados, pero los objetivos de este tipo de normas van más allá de lo que dicen los artículos que las componen.
“Este tipo de medidas de acción afirmativa son solo un comienzo y su efecto está lejos de ser lineal y directo sobre la representación: su efectividad depende también del compromiso de las dirigencias partidarias con la causa. Con un cumplimiento mínimo de la paridad, es decir, si las mujeres no encabezan listas, su impacto podría ser menor”, aseguró a Infobae Carolina Tchintian, doctora en Ciencia Política y directora del programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
En esa línea, para Carolina Castro, la primera mujer en integrar el comité de la UIA y ex subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, “la implementación de la paridad de género es un paso importante. El parlamento representa a la sociedad en su conjunto y es positivo que esa representación se condiga con la realidad en términos de género”.
Por su parte, para María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, “sin leyes que garanticen cuotas de género la participación política de las mujeres en los poderes legislativos ha permanecido estancada. Las leyes de cuotas han sido eficaces en aumentar la representación”.
Pero la ley de paridad no es la línea de llegada, porque si el objetivo es el fin de la desigualdad en la política, hay un largo camino por recorrer ya que de las 285 listas legislativas en todo el país apenas 52 son encabezadas por mujeres, un 18,2%. Esta situación tiene ejemplos extremos, como en Entre Ríos, donde ninguna mujer es la primera en una lista de precandidatos a Senadores. Formosa, Salta y Tucumán también son un ejemplo de la desigualdad: las 24 listas (6 en Formosa, 9 en Salta y 9 en Tucumán) son lideradas por hombres.
Si bien estos números pueden parecer alarmantes, vale aclarar que Argentina está 18° en una lista que ordena a los países por el porcentaje de legisladoras mujeres en los Congresos nacionales, por delante de naciones como Islandia, Dinamarca, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Australia, Israel, Canadá, Estados Unidos y otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Brasil. Ese ránking lo elabora la Unión Interparlamentaria, una organización creada en 1889 que integran 179 Congresos de todo el mundo
Fuente: Infobae
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