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Política Nacional

Pese a la ley de paridad, más del 80% de las listas son encabezadas por hombres

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Cuando en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo el Gobierno reglamentó la ley de paridad de género en ámbitos de representación política, el objetivo ideal era que la norma tuviera un efecto directo sobre las elecciones legislativas nacionales de este año, y también, por qué no, en las postulaciones a puestos ejecutivos.

Pero la existencia de esa ley no cambió demasiado el panorama de la dirigencia política argentina ya que, más allá de que hay una sola precandidata a presidente sobre diez postulaciones (Manuela Castañeira, por el Nuevo MAS), además, el 82% de las listas legislativas son encabezadas por hombres, que también acaparan el 81% de las candidaturas para gobernaciones provinciales y la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Con la promulgación de la ley de paridad de género el Ejecutivo apuntaba a empezar a cerrar la desigualdad en el Congreso. Hoy hay 100 bancas ocupadas por diputadas sobre las 257 totales, lo que equivale a casi un 39%. Y si bien el número de mujeres es superior en el Senado, ya que son 30 sobre 72 (41,5%), todo parece indicar que a pesar de que el próximo Congreso será el más igualitario, la situación es muy distinta en los cargos ejecutivos.

De las 142 candidaturas para gobernar uno de los 24 distritos del país (entre las elecciones que ya sucedieron y las que restan por definirse), solo 29 corresponden a mujeres (20,4%), y esto es si son incluidas aquellas precandidaturas que perdieron contra otro u otra postulante o no superaron el umbral del 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Es cierto que la ley de paridad no tiene ninguna incidencia sobre las candidaturas a puestos ejecutivos, y tampoco sobre quiénes son los que encabezan las listas de postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados, pero los objetivos de este tipo de normas van más allá de lo que dicen los artículos que las componen.

“Este tipo de medidas de acción afirmativa son solo un comienzo y su efecto está lejos de ser lineal y directo sobre la representación: su efectividad depende también del compromiso de las dirigencias partidarias con la causa. Con un cumplimiento mínimo de la paridad, es decir, si las mujeres no encabezan listas, su impacto podría ser menor”, aseguró a Infobae Carolina Tchintian, doctora en Ciencia Política y directora del programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En esa línea, para Carolina Castro, la primera mujer en integrar el comité de la UIA y ex subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, “la implementación de la paridad de género es un paso importante. El parlamento representa a la sociedad en su conjunto y es positivo que esa representación se condiga con la realidad en términos de género”.

Por su parte, para María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, “sin leyes que garanticen cuotas de género la participación política de las mujeres en los poderes legislativos ha permanecido estancada. Las leyes de cuotas han sido eficaces en aumentar la representación”.

Pero la ley de paridad no es la línea de llegada, porque si el objetivo es el fin de la desigualdad en la política, hay un largo camino por recorrer ya que de las 285 listas legislativas en todo el país apenas 52 son encabezadas por mujeres, un 18,2%. Esta situación tiene ejemplos extremos, como en Entre Ríos, donde ninguna mujer es la primera en una lista de precandidatos a Senadores. Formosa, Salta y Tucumán también son un ejemplo de la desigualdad: las 24 listas (6 en Formosa, 9 en Salta y 9 en Tucumán) son lideradas por hombres.

Si bien estos números pueden parecer alarmantes, vale aclarar que Argentina está 18° en una lista que ordena a los países por el porcentaje de legisladoras mujeres en los Congresos nacionales, por delante de naciones como Islandia, Dinamarca, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Australia, Israel, Canadá, Estados Unidos y otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Brasil. Ese ránking lo elabora la Unión Interparlamentaria, una organización creada en 1889 que integran 179 Congresos de todo el mundo

Fuente: Infobae

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Ránking de la obra pública: Kicillof invirtió el 6,6% y Milei el 3%

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La disputa entre Axel Kicillof y Javier Milei suma otro capítulo alrededor de la obra pública. Un informe del exsenador provincial Marcelo Daletto, a partir de datos del ministerio de Economía, ubica a Buenos Aires y a Nación entre los distritos que menor proporción de recursos destinaron a gastos de capital: 6,6% y 3%, respectivamente, del gasto total durante 2025.

El dato aparece en un ranking que mide el peso de la inversión y la obra pública en los presupuestos provinciales. Lo lidera Santiago del Estero, con el 28,8%, mientras que la última provincia es Santa Cruz con el 1,1%.

Ese documento señala que, en promedio, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinaron 9,5% de sus gastos a erogaciones de capital durante el año pasado. Buenos Aires quedó por debajo de ese umbral y, según el informe, en una situación en la que se priorizan en mayor medida los gastos corrientes y operativos. En el extremo superior del ranking aparece San Luis, con 28,8%, seguida por Santiago del Estero, con 19,8%, y Catamarca, con 19%.

Buenos Aires, entre lo que recibe y cómo lo distribuye

Los porcentuales forman parte de la discusión política entre Milei y Kicillof. Mientras el Presidente sostiene que las provincias deben revisar sus estructuras de gasto y reducir el peso del Estado, el gobernador bonaerense reclama al Ejecutivo nacional una recomposición de los recursos que recibe el distrito y cuestiona el recorte de las transferencias y de la inversión nacional.

El informe de Daletto reconoce la dimensión del reclamo bonaerense: señala que la Provincia aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe el 21,2% de la masa coparticipable. Sin embargo, el documento plantea que ese reclamo no exime a la administración provincial de revisar cómo distribuye sus recursos.

El ranking agrega otro dato que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar la gestión de Kicillof: aunque el gasto de capital bonaerense creció 10% en términos reales durante 2025, su participación sobre el gasto total siguió siendo baja. Además, el informe advierte que durante el primer trimestre de 2026 esa proporción cayó a 4,4%, por debajo del 6,6% registrado en el cierre del año pasado.

Armendáriz y Duhalde, máximos niveles de obra pública

El informe realiza una comparación histórica desde el retorno de la democracia. Indica que los máximos niveles de gasto de capital en la provincia de Buenos Aires se registraron bajo las gestiones de Alejandro Armendáriz (14,4%) y Eduardo Duhalde (13,4% y 13,7%).

En este último período, el impulso de la inversión pública -sostenido por la creación del Fondo del Conurbano- se dio en paralelo con el proceso de descentralización educativa, que obligó a la Provincia a absorber el financiamiento del sistema escolar y elevó de forma permanente la carga del gasto corriente. Sin perjuicio de ello, la gestión de Duhalde alcanzó el máximo histórico posterior al retorno de la democracia en 1997, con un 17,6%.

El informe no se limita al diagnóstico y propone una salida que implica modificar la matriz presupuestaria provincial: plantea establecer por ley que el 20% del gasto bonaerense se destine a erogaciones de capital, con un sendero gradual que llevaría la inversión al 10% en 2027, 13% en 2028, 16% en 2029 y 20% en 2030.

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Un politólogo analizó el malestar social rumbo a las elecciones de 2027: “El 69% está insatisfecho con la marcha del país”

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La aprobación del Gobierno se ubica en el 35% y acumula una caída de 20 puntos desde el comienzo de la gestión, según la última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. El dato fue presentado por el politólogo y director de la encuesta, Diego Reynoso, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Reynoso explicó que el oficialismo logró mantener durante su primer año un nivel de aprobación cercano al 50%, pero comenzó a perder respaldo de manera sostenida desde fines de 2024.

Se mantiene la aprobación del Gobierno en 35 puntos. Si yo lo comparo desde que llegó el gobierno hasta ahora, perdió 20 puntos de respaldo. Los 55 que tenía son más o menos lo que sacó en el balotaje, el primer mes de gestión”, señaló.

El politólogo aclaró que la caída no se produjo de manera abrupta, sino que fue acumulándose a lo largo de los meses. “Si yo medía mes a mes, no había diferencia estadísticamente significativa, porque el margen de error es de 3,16. Pero en la tendencia general, finalmente se acumulan 20 puntos de erosión de la gestión”, explicó.

Según Reynoso, el deterioro estuvo vinculado a un cambio en las expectativas y a una sucesión de conflictos que fueron afectando al oficialismo. Mencionó, entre otros episodios, el caso Libra, las denuncias vinculadas a la ANDIS y los audios que involucraron al Gobierno.

Fue acumulándose, acumulándose, acumulándose. Ahí perdió mucho el Gobierno hasta la elección de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Sin embargo, el resultado electoral bonaerense también produjo un efecto de concentración del voto oficialista. Reynoso señaló que parte del electorado que evaluaba alternativas, particularmente en el espacio de Provincias Unidas, terminó regresando al Gobierno ante el temor de un avance de otros sectores.

La economía vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones

Más allá de los escándalos políticos, Reynoso destacó un cambio en las principales preocupaciones de la sociedad. Los salarios y, especialmente, el empleo comenzaron a ganar peso en las respuestas de los encuestados.

A partir de ahí, entre escándalos y demás, empieza a aumentar en la demanda ciudadana la preocupación por los bajos salarios y por el empleo. Hoy el empleo está ganando a la preocupación por los salarios. Es la economía”, afirmó.

El dato se combina con otro indicador relevante de la ESPOP: el 69% de los argentinos se declara insatisfecho con la marcha del país. Para Reynoso, ese malestar también se refleja en las palabras utilizadas por quienes desaprueban al Gobierno.

Esperanza siempre fue la palabra dominante entre el núcleo de respaldo de Milei. Pero se fue achicando y lo que empezó a crecer del otro lado era asco, vergüenza, rechazo. Pero dentro del otro lado fue decepción e incertidumbre, que corresponden a los que switchearon en el respaldo”, explicó.

Bullrich, Kicillof y Bregman, entre las figuras que mejoraron su imagen

La caída de la aprobación presidencial no significó, sin embargo, que una única figura opositora haya capitalizado automáticamente el desgaste. “En principio nadie capitaliza esos 20 puntos de caída del Gobierno. Pero hay algunas señales de tendencias claras”, planteó Reynoso.

Entre los dirigentes que mejoraron su imagen mencionó a Patricia Bullrich, que pasó del 28% al 37% de imagen positiva. También destacó a Axel Kicillof, cuya valoración creció desde aproximadamente el 25% hasta el 36% en los últimos diez meses.

Para el gobernador bonaerense, esa mejora representa además un desafío político. “Son cargos de gestión que estructuralmente te posicionan como candidato. Tu imagen crece y vos tenés que administrar la definición de tu candidatura y la gestión. Y eso te complica hacia adentro y hacia afuera”, analizó.

El tercer caso fue el de Myriam Bregman, quien experimentó un fuerte crecimiento después de los debates presidenciales y logró mantenerse por encima del 30% de imagen positiva.

La aprobación del Gobierno cayó al 35% y perdió 20 puntos desde el inicio de la gestión, según la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés (Infobae en Vivo)

Reynoso, de todos modos, marcó una diferencia entre la valoración de un dirigente y su capacidad para convertirla en votos. “A la hora de votar hay una estructura muy fuerte de las identidades partidarias que derivan en voto”, explicó.

Cómo se perfila el escenario hacia 2027

En cuanto a la intención de voto, Reynoso describió un escenario relativamente estable y todavía abierto. Según las mediciones de los últimos meses, el peronismo concentra alrededor del 25% o 26% de las preferencias, mientras que el oficialismo reúne un porcentaje similar.

Otro cuarto del electorado todavía no sabe a quién votar o prefiere no responder, mientras que el resto se distribuye entre distintas fuerzas, como el PRO, el Frente de Izquierda, sectores radicales, Provincias Unidas y el voto en blanco.

Para Reynoso, ese electorado será determinante a medida que avance la campaña. Al mismo tiempo, descartó que el deterioro del Gobierno esté generando una ruptura generalizada con el sistema político. “No noto movimientos antisistémicos. No de desafección política final y total”, afirmó.

Según su análisis, los votantes que se alejaron del oficialismo todavía buscarán una alternativa dentro del sistema. “Ese 20% que se decepcionó a lo largo de este tiempo con Javier Milei va a tratar o se va a realinear con la opción que más le quede, dependiendo de su grado de antiperonismo”, sostuvo.

Con un Gobierno que conserva un núcleo de respaldo cercano a un tercio del electorado, una oposición que todavía no logra capitalizar todo el desgaste y un cuarto de los votantes sin una definición, el escenario hacia 2027 permanece abierto. La evolución de la economía y, particularmente, del empleo aparece como uno de los factores que pueden definir hacia dónde se moverá ese electorado.

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El freno de Karina Milei a Federico Sturzenegger y el giro hacia una agenda legislativa más controlada

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La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

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