La avanzada del gobierno Javier Milei sobre el régimen laboral volvió a reordenar al sindicalismo y a los gobernadores opositores en un mismo frente de resistencia. A pocas semanas de que el Congreso empiece a debatir formalmente la reforma impulsada por el Presidente, el gobernador Axel Kicillof recibió en La Plata a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en una señal política que excede la coyuntura parlamentaria y apunta a consolidar una estrategia común frente a lo que definen como un cambio estructural “regresivo” para el mundo del trabajo. Antes se habían reunido con la CGT.

El encuentro, del que participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, se dio en un contexto que ilustran como “de creciente conflictividad social, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo” que, según advierten las centrales obreras, se ubica “entre los más bajos de América Latina”. En la mesa también estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo Walter Correa y dirigentes sindicales de peso como el Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA); Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; y Pablo Maciel, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Airesgremio (CICOP).

La lectura compartida fue contundente: la reforma laboral que promueve la Casa Rosada no es un ajuste técnico, sino “una ofensiva política que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y transferir riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores”.

Para Kicillof, se trata además de una amenaza directa al entramado productivo bonaerense, especialmente a las pymes industriales que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia.

La reunión se inscribe en una secuencia de movimientos coordinados. Antes de recibir a las CTA, el gobernador ya había encabezado encuentros con otros mandatarios provinciales críticos de la reforma, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), y más tarde hizo lo propio con empresarios pymes, a quienes instó a asumir un rol activo en defensa de la producción y el trabajo. También mantuvo una foto política con la conducción renovada de la CGT, que comparte el diagnóstico y el rechazo al proyecto oficial.

En ese marco, las centrales sindicales coincidieron en la necesidad de articular una doble estrategia: intervención institucional en el Congreso, buscando sumar a gobernadores y legisladores provinciales, y movilización en las calles. No es un dato menor: el antecedente inmediato fue la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales contra la reforma laboral y el rumbo económico del Gobierno, una demostración de fuerza que el sindicalismo pretende sostener en el tiempo.

Las críticas al contenido de la reforma se repiten y se profundizan. Yasky advirtió sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: la posibilidad de recrear un esquema similar al de las AFJP, utilizando fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto de cierres de pymes y caída del empleo industrial. Desde la CTA Autónoma, Oscar de Isasi planteó que el desafío no se limita a frenar una ley, sino a construir una intervención coordinada frente a un modelo que, según definió, combina ajuste, saqueo y transferencia de recursos.

El rechazo no es exclusivo de las conducciones nacionales. En Mar del Plata, la CGT regional, las dos CTA y abogados laboralistas fijaron una posición unificada contra lo que calificaron como una “contrarreforma”, alineada con el DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Allí, advirtieron que el proyecto no generará empleo, abarata los despidos, flexibiliza la jornada mediante figuras como el “banco de horas” y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva por actividad.

El documento difundido en General Pueyrredón puso el acento en el contexto macroeconómico: con un mercado interno contraído y crédito restringido, sostienen, ningún empleador tomará trabajadores aunque se degraden las condiciones laborales. Además, alertaron sobre una negociación colectiva “a la baja”, el fin de la ultraactividad de los convenios y una ampliación de las actividades esenciales que, en los hechos, vaciaría de contenido el derecho a protestar.

Más allá del rechazo puntual a la reforma laboral, en La Plata también se discutió el escenario político de mediano plazo. Las CTA plantearon la necesidad de ampliar la unidad del campo popular y convocar a los millones de argentinos que no participaron en las últimas elecciones, con vistas a construir una alternativa creíble frente al creciente descontento social. La coincidencia fue clara: la resistencia a las políticas del presidente libertario Javier Milei no puede limitarse a la defensa de derechos adquiridos, sino que debe traducirse en una propuesta política capaz de disputar el rumbo del país.

Con el debate legislativo previsto para febrero y un clima social en tensión, el mensaje que emergió de la Gobernación bonaerense fue inequívoco. Kicillof se muestra decidido a ocupar un rol central en el armado opositor al proyecto laboral del Gobierno, en sintonía con las centrales sindicales y los sectores productivos. Del otro lado, el sindicalismo vuelve a apostar a una combinación conocida: unidad, presión parlamentaria y calle. El 18 de diciembre fue una postal; lo que viene, advierten, será una secuencia.

El Congreso ya se prepara para el receso de enero y esta noche terminan las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei entre el 10 y 30 de diciembre. El Gobierno libertario puede mostrar un panorama optimista: armó un temario acotado -seis proyectos- y sancionó un tercio del mismo y dictaminó tres iniciativas que esperarán, junto a la que ni siquiera aterrizó aún -Código Penal-, a un potencial llamado para finales de enero o febrero próximos, con la última opción como la preferida por la mayoría de las bancadas tras un vertiginoso diciembre.

Desde el 10 al 26 del corriente mes -16 días-, el oficialismo consiguió los despachos en Diputados, su aprobación en el recinto y un mismo sendero en el Senado para el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. Es decir, el primer plan de gastos anual sancionado por el Congreso de la era Milei -tras dos prórrogas del de 2023- y la iniciativa para intentar recuperar dólares del colchón, al elevar los más que desfasados pisos para ser considerado un evasor, ya sea simple o grave.

Las normas que se dictaminaron y no arribaron al recinto de la Cámara alta fueron la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares. El texto relacionado con el mundo del trabajo era el más desafiante y los acotados tiempos del período extraordinario complejizaron su tratamiento, No obstante, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, abrazó la granada y avanzó.

Una serie de tropelías de la Casa Rosada, en medio de la confección de la versión final del Presupuesto 2026 -se debatía en Diputados-, sirvió de excusa perfecta para que la oposición dialoguista en la Cámara alta sugiriera patear la reforma laboral para otro momento. El inconveniente es que podría llegar rápido dicha instancia, si es que el envalentonado oficialismo apura en febrero. Por eso es trascendental no trasladar los votos de la última sesión no sólo a este proyecto, sino a cualquiera que sea delicado.

En el Senado, Bullrich maneja un interbloque de 21 legisladores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37. Por ende, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la Unión Cívica Radical (UCR), que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración libertaria a la hora de hablar del Congreso.

Durante la pasada sesión, la maquinaria oficialista funcionó muy bien. A modo de ejemplo: para las 15 del viernes -varias horas antes de las definiciones-, no había legislador que no afirmara que las dos leyes en discusión -Presupuesto 2026 e inocencia fiscal- pasarían con un mínimo de 40 adhesiones. Sólo quienes deseaban que saliera mal operaron hasta la resignación. La yapa apareció desde una subsección del peronismo -Convicción Federal-, que se diferenció del cristinismo y un puñado votó en general el Presupuesto 2026.

Para la segunda quincena o fines de enero se presume que Bullrich continuará con el “pulido” de la iniciativa laboral. Haría bien, ya que dejar las cosas para último momento en el Congreso nunca representa la mejor opción. O no hacer nada, como también sucedió. Lo ocurrido hasta las elecciones de octubre es el ejemplo más claro. El daño -y no por el contenido de las mismas, debido a que algunas tenían fundamentos sólidos- fue incalculable y la Casa Rosada lo sabe.

Las dudas que persisten en Diputados sobre el articulado del proyecto de estabilidad monetaria -ya despachado- no preocupan ni al oficialismo ni a la oposición. Sí el Código Penal, ya que estuvo incluido en el temario y no se presentó en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad. El oficialismo deslizó a través de una bicameral, algo no aceptado por diversos bloques. Lo más probable es que, al ser un texto pesado y que llevó mucho tiempo calibrarlo, se debata con tranquilidad desde el período ordinario que Milei abrirá el 1 de marzo, cuando asista al Congreso.

Joaquín Benegas Lynch es uno de los integrantes del oficialismo que puede jactarse de tener relación personal y estrecha con el presidente Javier Milei. Forma parte, por caso, “La Banda Presidencial”, el conjunto musical con el que el primer mandatario realiza, cada tanto, recitales para sus seguidores.

Además, es empresario pyme. Posee un emprendimiento agrícola. Aplica allí los conocimientos que obtuvo estudiando Administración de Empresas. Tiene también una maestría en la materia (MBA – Master of Business Administration). Tras vencer el 26 de octubre, llegó a una banca en el Senado.

En su rol de integrante de la comisión de Trabajo, adelantó a Infobae que el oficialismo abordará una nueva ley de trabajo agrario. “Será para hacer algo más puntual en la reforma” de la normativa. Avanzar en este sentido dependerá de la sanción de la iniciativa laboral que comenzará a debatirse en el recinto en febrero.

En ese orden, el representante de Entre Ríos puntualizó que ya empezó a “tender puentes” con quienes tienen interés puntual en la materia. “Generamos reuniones con la Cámara de medianas empresas y con la Federación de exportadores citrícolas, entre otras”, mencionó.

“El intercambio fue espectacular. De hecho, gracias a esto se incorporaron (a la norma en debate) artículos”, acotó.

¿Qué pasará en febrero con la reforma laboral?

En la comisión de Trabajo del Senado se dictaminó en forma favorable el proyecto del Poder Ejecutivo. La Cámara lo tratará el 10 de febrero. El legislador sostuvo que por ahora es difícil saber si tendrá un paso rápido por el Congreso.

Sin embargo, estimó que “hay apoyo” en razón de las conversaciones que el oficialismo está teniendo con senadores aliados. Entre estos contó al PRO, a la UCR y a fuerzas provinciales. Estas bancadas “entienden que esta ley es el pedido que hacen empleadores y empleados”, sostuvo.

“La iniciativa oficial ataca el problema de que tenemos casi el 50% de la masa laboral en la informalidad, en negro y sin ningún tipo de beneficio”. La modernización reducirá los costos, flexibilizará la contratación. Se adecuará a las distintas realidades de cada ciudad y provincia. Quedará atrás esto que un sindicato nacional firma un acuerdo con una gran empresa y obliga a una pyme del interior a cumplir con los mismos requisitos”, señaló.

El referente de LLA cargó contra los dirigentes sindicales asegurando que trabajan “para sus propios intereses”. “No piensan en el trabajador sino en sus casas y campos en la provincia de Buenos Aires. La informalidad es culpa de ellos, de sus socios políticos y de las regulaciones”, consignó.

Incorporar al sistema el sector que está en la informalidad tendrá un efecto secundario, evaluó. Mejorará la relación aportantes – jubilado para que los pasivos puedan empezar a cobrar lo que deberían si toda la gente que trabaja en negro estuviera en la formalidad.

¿Cuál fue el impacto real de las elecciones en el nuevo Congreso?

El senador remarcó que en los comicios de octubre hubo un respaldo “contundente de los argentinos al Presidente Milei y los cambios que vino a plantear”. El efecto en la representación parlamentaria es que ayuda a que la transformación sea más rápida, que es lo que pide la gente.

Para esto es necesario “tender puentes con los aliados que entienden que las ideas de la libertad son el camino a la transformación de la Argentina, para tener un país más libre y próspero”.

En lo particular, subrayó que la aprobación del presupuesto 2026 “es una victoria de todos los argentinos”. “Es histórico. Defiende el déficit cero, elimina la posibilidad de emitir, que es inflación, de contraer más deuda y de aumentar impuestos”, agregó.

Otro adjetivo que utilizó para calificar la sanción del presupuesto del año próximo es que la votación fue “aplastante”. “Fue 46 a 25 de kirchneristas que siguen representando el pasado y que solo defienden sus cajas”, consignó.

Además, esta votación mostró la capacidad del oficialismo de generar una mayoría en el Senado que lo deja a las puertas de los 48 apoyos. Este es un «número mágico» porque representa los dos tercios del cuerpo, los suficientes para nombrar jueces de la Corte, por caso.

“Es una enorme oportunidad. Dependerá de cada integrante del Congreso definir de qué lado están: del de sus comprovincianos que votaron a Javier Milei o del pasado. Los dos tercios terminarán habilitando la posibilidad de que esta transformación sea más rápida y profunda. Sería fantástico para los argentinos de bien”, consignó Benegas Lynch.

¿Cómo es la relación con Villarruel y Bullrich?

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y la presidente del bloque oficialista, Patricia Bullrich, juegan una partida aparte en el recinto. Milei voló los puentes con su compañera de fórmula. Incluso llegaron a acusarla de haber facilitado derrotas legislativas. De allí que el rol de la exministra de Seguridad, como ariete político, sea fundamental para los intereses de la Casa Rosada.

Benegas Lynch dijo que, hoy por hoy, a Villarruel le cabe la calificación política de «independiente». Ni oficialista ni opositora.

“Es de esperar que como presidente del Senado tenga la imparcialidad, a la luz del reglamento, para poder llevar adelante la operación del cuerpo. Y que acompañe el voto del ciudadano”, planteó.

En ese sentido, agregó: “Y si en algún momento le toca votar para algo, espero que entienda que representa a los argentinos que votaron en su gran mayoría el proyecto del presidente Javier Milei”.

En cambio, para Bullrich solo tuvo elogios. “Por los resultados que consiguió, es una presidenta de bloque extraordinaria. En la bancada se trabaja en equipo y con buena coordinación y comunicación. Patricia está a la altura de lo que se necesita en el Senado”, concluyó.