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Política Nacional

Pese a la ley de paridad, más del 80% de las listas son encabezadas por hombres

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Cuando en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo el Gobierno reglamentó la ley de paridad de género en ámbitos de representación política, el objetivo ideal era que la norma tuviera un efecto directo sobre las elecciones legislativas nacionales de este año, y también, por qué no, en las postulaciones a puestos ejecutivos.

Pero la existencia de esa ley no cambió demasiado el panorama de la dirigencia política argentina ya que, más allá de que hay una sola precandidata a presidente sobre diez postulaciones (Manuela Castañeira, por el Nuevo MAS), además, el 82% de las listas legislativas son encabezadas por hombres, que también acaparan el 81% de las candidaturas para gobernaciones provinciales y la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Con la promulgación de la ley de paridad de género el Ejecutivo apuntaba a empezar a cerrar la desigualdad en el Congreso. Hoy hay 100 bancas ocupadas por diputadas sobre las 257 totales, lo que equivale a casi un 39%. Y si bien el número de mujeres es superior en el Senado, ya que son 30 sobre 72 (41,5%), todo parece indicar que a pesar de que el próximo Congreso será el más igualitario, la situación es muy distinta en los cargos ejecutivos.

De las 142 candidaturas para gobernar uno de los 24 distritos del país (entre las elecciones que ya sucedieron y las que restan por definirse), solo 29 corresponden a mujeres (20,4%), y esto es si son incluidas aquellas precandidaturas que perdieron contra otro u otra postulante o no superaron el umbral del 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Es cierto que la ley de paridad no tiene ninguna incidencia sobre las candidaturas a puestos ejecutivos, y tampoco sobre quiénes son los que encabezan las listas de postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados, pero los objetivos de este tipo de normas van más allá de lo que dicen los artículos que las componen.

“Este tipo de medidas de acción afirmativa son solo un comienzo y su efecto está lejos de ser lineal y directo sobre la representación: su efectividad depende también del compromiso de las dirigencias partidarias con la causa. Con un cumplimiento mínimo de la paridad, es decir, si las mujeres no encabezan listas, su impacto podría ser menor”, aseguró a Infobae Carolina Tchintian, doctora en Ciencia Política y directora del programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En esa línea, para Carolina Castro, la primera mujer en integrar el comité de la UIA y ex subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, “la implementación de la paridad de género es un paso importante. El parlamento representa a la sociedad en su conjunto y es positivo que esa representación se condiga con la realidad en términos de género”.

Por su parte, para María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, “sin leyes que garanticen cuotas de género la participación política de las mujeres en los poderes legislativos ha permanecido estancada. Las leyes de cuotas han sido eficaces en aumentar la representación”.

Pero la ley de paridad no es la línea de llegada, porque si el objetivo es el fin de la desigualdad en la política, hay un largo camino por recorrer ya que de las 285 listas legislativas en todo el país apenas 52 son encabezadas por mujeres, un 18,2%. Esta situación tiene ejemplos extremos, como en Entre Ríos, donde ninguna mujer es la primera en una lista de precandidatos a Senadores. Formosa, Salta y Tucumán también son un ejemplo de la desigualdad: las 24 listas (6 en Formosa, 9 en Salta y 9 en Tucumán) son lideradas por hombres.

Si bien estos números pueden parecer alarmantes, vale aclarar que Argentina está 18° en una lista que ordena a los países por el porcentaje de legisladoras mujeres en los Congresos nacionales, por delante de naciones como Islandia, Dinamarca, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Australia, Israel, Canadá, Estados Unidos y otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Brasil. Ese ránking lo elabora la Unión Interparlamentaria, una organización creada en 1889 que integran 179 Congresos de todo el mundo

Fuente: Infobae

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Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

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La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal tras la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de varios artículos de la Ley N°27.802 de Modernización Laboral. El fallo determina que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Competencia judicial y fundamentos legales

El Ministerio de Capital Humano, en representación del Estado Nacional, pidió la inhibitoria del Juzgado Nacional del Trabajo Nº63 argumentando que la controversia debía tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal, ya que involucra cuestiones de derecho público con el Estado como parte demandada. El tribunal analizó el marco legal, destacando el artículo 79 de la Ley N°27.802, que modificó la competencia laboral cuando el Estado es parte, y las disposiciones de la Constitución Nacional y leyes conexas que asignan estos casos a la justicia federal.

El fallo remarcó que la pretensión de la CGT se dirige directamente contra la legalidad de actos estatales y reformas estructurales, no sobre relaciones laborales individuales. Según la resolución, permitir que la Justicia Nacional del Trabajo de la CABA decida sobre la constitucionalidad de políticas nacionales alteraría el sistema federal y el control de los actos del Estado.

Alcance de la decisión y consecuencias procesales

La resolución establece que el fuero Contencioso Administrativo Federal tiene competencia exclusiva para conocer la demanda de la CGT contra el Estado Nacional sobre la Ley N°27.802. Se ordenó al Juzgado Nacional del Trabajo Nº63 remitir el expediente; en caso de negativa, la causa deberá ser elevada a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El fallo formaliza la exclusión de la Justicia Nacional del Trabajo para causas de impugnación de políticas públicas estatales o normas generales dictadas por el Estado Nacional. A partir de esta decisión, se consolida el criterio restrictivo sobre la competencia laboral en demandas de alcance general contra el Estado, mientras que los reclamos individuales de trabajadores seguirán en el fuero laboral.

La jueza Marra Giménez dictó el fallo en línea con el dictamen fiscal y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reforzando el papel de la jurisdicción federal en la revisión de la legalidad de políticas públicas y reformas a la legislación laboral.

El fallo

A fines de marzo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolvió suspender de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral tras el pedido de la CGT, con el objetivo de evitar posibles daños irreversibles en los derechos de los trabajadores hasta que la justicia determine la validez constitucional de la norma. El fallo, firmado por el juez Raúl Horacio Ojeda, establece que la medida afecta a todas las relaciones laborales alcanzadas por la Ley de Contrato de Trabajo y sus normas complementarias, en respuesta a los riesgos de vulneración de garantías fundamentales protegidas por la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por la Argentina.

El sindicato, representado por Jorge SolaOctavio Argüello y Cristian Jerónimo como cotitulares de la CGT, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una amplia franja de la reforma aprobada y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Entre los puntos cuestionados por la demanda figuran: la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, cambios en jornadas, vacaciones, representación sindical, negociación colectiva, la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555), la flexibilización de condiciones salariales y de protección ante despidos, la restricción de la tutela judicial y la limitación de la responsabilidad solidaria de empleadores.

En el análisis judicial, el tribunal consideró que la CGT acredita legitimación colectiva para promover este tipo de acciones de intereses difusos, habilitando la vía de la “acción declarativa” conforme al artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El juez Ojeda subrayó que la medida cautelar resulta necesaria porque “la posible aplicación de las normas atacadas, antes de que una sentencia definitiva determine su validez constitucional, podría causar daños irreparables a los derechos individuales y colectivos protegidos por la norma anterior”. El texto también aclara que esta suspensión es de carácter provisorio y “no afecta el debate de fondo”; ofrece, en palabras del tribunal, “mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”.

El fallo alcanzó múltiples aspectos de la reforma, entre ellos la exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general, la eliminación de la presunción de relación laboral por servicios prestados, la reducción de garantías para trabajadores tercerizados, la flexibilización de la jornada, la alteración de las vacaciones, la restricción de atribuciones sindicales, la modificación de mecanismos indemnizatorios y la creación de nuevos fondos laborales que, según la CGT, afectan la financiación de la seguridad social. La suspensión aplica a las modificaciones del ámbito de aplicación, condiciones salariales, la derogación de la ley de teletrabajo y la reforma de diversos estatutos sectoriales.

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Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

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La senadora nacional Patricia Bullrich se refirió este viernes a las denuncias que pesan sobre el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. En una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la ex ministra de Seguridad pidió respetar “el principio de inocencia” e invitó a “desjudicializar la política”.

“Sin duda que genera un impacto, pero nosotros hemos tomado una decisión. El presidente Milei ha tomado la decisión de siempre, que es no involucrarse en los procesos judiciales y que solo juzgue la Justicia. Que no juzguen los medios, que no juzguemos los políticos: que juzgue la Justicia. Es duro, para él y para todos, atravesar este momento, pero no queremos romper el principio de inocencia de nadie”, comenzó su larga respuesta al ser consultada sobre el espinoso tema que incomoda al Gobierno.

En ese sentido, recordó que esta semana, en el Senado, fue parte de “una jornada muy emocionante” relacionada al proyecto sobre falsas denuncias que impulsó Carolina Losada.

“El otro día, en el Senado, hubo una jornada muy emocionante, que lloramos todos, que fue el día de las falsas denuncias, y tuvimos los testimonios de todos aquellos padres, madres, chicos de colegios que habían recibido una falsa denuncia. Hubo chicos suicidados, padres que no pudieron ver a sus hijos durante 10 años, hasta que se comprobó que eran inocentes. Mientras tanto, se destruye la vida. Entonces, nosotros tenemos que desjudicializar la política. La política no puede cumplir el rol de la Justicia, y los medios no pueden cumplir el rol de la Justicia. Esperemos que la Justicia juzgue, y esto va también para nosotros, que no tenemos que hablar antes de tiempo sobre casos que la Justicia aún no decidió, porque le podemos destruir la vida a una familia y después eso no se reconstruye nunca más”, insistió Bullrich.

Si bien apuntó que “el Presidente ha tomado una decisión, que es mantener a Adorni en su cargo”, admitió que el jefe de Gabinete “está, por supuesto, muy tocado, personalmente y en su familia”.

Ante el planteo de si el funcionario señalado debería pedir licencia hasta que se resuelva su situación judicial, consideró que esa decisión en realidad “tiene que ver con el impacto que le produce a él y su familia”, por lo que debería tratarse de “una conversación de él con el Presidente”.

“No es una conversación de la que yo pueda participar. El impacto es fuerte, él es una persona que no viene de la política. Los que venimos de la política tenemos el cuero más duro, nos hemos comido muchas operaciones, muchas denuncias, muchas cosas. Él está viviendo su primera vez. Esperemos que salga todo bien. Y si la Justicia decide otra cosa, se tomará la decisión correcta”, concluyó.

Los próximos testigos en la investigación sobre las propiedades de Adorni

Después del paso esta semana por tribunales de la escribana de AdorniAdriana Nechevenko, sin lograr en ninguna de las dos ocasiones en que compareció que mostrara su celular, la fiscalía ordenó notificar a los futuros convocados a declarar bajo juramento de verdad que deben llegar a Comodoro Py “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron”.

También tendrán que facilitar “la compulsa, extracción, copia, preservación y resguardo del contenido de sus teléfonos celulares vinculado con las referidas operaciones inmobiliarias”, incluyendo “chats, audios, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, documentos, registros de llamadas y cualquier otro archivo digital de interés, con la debida preservación de cadena de custodia”.

Se trata de Claudia SbaboBeatriz Viegas -las vendedoras del departamento que compró Adorni en Miró al 500 en Caballito-, Pablo Martín Feijoo -hijo de una de ellas- y Juan Consentino, este último vendedor de la casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

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Fuerte apoyo de EE.UU. al Gobierno por la expulsión del máximo representante diplomático de Irán

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El Gobierno de los Estados Unidos expresó un fuerte respaldo a la decisión de la administración de Javier Milei de expulsar al máximo diplomático iraní en el país y de avanzar con la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

A través de un mensaje oficial difundido en redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental destacó la “firmeza” de la Argentina frente a lo que calificó como amenazas de Irán.

“Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el valiente paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina”, publicó la oficina dependiente del Departamento de Estado en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el organismo agregó: “Agradecemos la firmeza de Argentina contra el terrorismo y las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto”.

El pronunciamiento se conoció días después de que el Gobierno argentino declarara “persona non grata” al diplomático iraní Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios en Buenos Aires. La medida implicó su salida del país en un plazo de 48 horas.

El canciller Pablo Quirno confirmó posteriormente que el funcionario iraní ya había abandonado el territorio nacional. “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex encargado de negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, comunicó a través de su cuenta en la red social X.

Según explicó la Cancillería, la decisión se tomó como respuesta a un pronunciamiento previo del gobierno iraní, que fue considerado por la Argentina como “falso, ofensivo e improcedente”. Ese comunicado había cuestionado la decisión de Milei de incluir al CGRI en el registro de organizaciones terroristas.

En ese contexto, el Palacio San Martín sostuvo que el país “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos” y que responderá “con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía”. Al mismo tiempo, remarcó la falta de cooperación de Irán con la Justicia argentina en las investigaciones por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, así como el incumplimiento de órdenes internacionales de detención.

“El Gobierno argentino reafirma su compromiso indeclinable con la memoria de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia”, señaló el comunicado oficial, en el que se reiteró la posición del país frente a esos ataques.

La medida se inscribe en un escenario de creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Teherán, que se intensificó tras la decisión argentina de avanzar contra el CGRI. Esa determinación habilita sanciones financierascongelamiento de activos y restricciones operativas para personas y entidades vinculadas a esa organización.

Desde Irán, en tanto, la reacción fue inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país calificó la decisión argentina como una “acción ilegal” e “inapropiada” y sostuvo que perjudica las relaciones bilaterales. Además, advirtió que la medida “establece un precedente peligroso” y atribuyó la decisión a la influencia de Estados Unidos e Israel.

En ese mismo comunicado, el gobierno iraní consideró que la declaración constituye un “error estratégico” y un “insulto injustificable al pueblo iraní”, y afirmó que tanto Milei como Quirno “se convirtieron en cómplices” al alinearse con Washington y Tel Aviv.

Frente a esas acusaciones, la Cancillería argentina respondió que las manifestaciones iraníes representan una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” y una “tergiversación deliberada” de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional.

El respaldo de Estados Unidos se suma al expresado previamente por Israel. El canciller Gideon Sa’ar calificó la decisión argentina como “valiente e inspiradora” y sostuvo que el país “se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo”.

Fuente: TN

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