Javier Milei convirtió un par de hechos que deberían ser rutinarios en un dato político. Volvió a la Casa Rosada después de más de tres semanas para encabezar una reunión de Gabinete, algo que no hacía desde el 9 de Julio. Eso mismo reforzó el mensaje, que fue claro y, sobre todo, dirigido a la interna: ratificó que la línea de gestión es intocable y transmitió que no hay margen para la diferenciación. Es un gesto que será continuado con la convocatoria de este miércoles a los legisladores nacionales del oficialismo. Y resulta, en conjunto, una señal de las inquietudes por la marcha de la economía en el propio frente libertario.

El encuentro ampliado con ministros y la cita a diputados y senadores de LLA coronan, de hecho, los últimos movimientos públicos del Presidente, que escaló en la descalificación de cualquier tipo de crítica, con pasajes realmente soeces, y pegó de lleno en el interior del oficialismo. En ese camino, pintó además un cuadro económico que desconoce las pinceladas de cifras oficiales. Primero ante el Consejo de las Américas y después en la Bolsa de Comercio de Rosario, había ido contra variadas versiones violetas que transmitían inquietud por la economía y las prioridades legislativas del Gobierno.

La reunión de gabinete, de acuerdo con lo que se hizo trascender, tuvo ese sentido. El contacto del Presidente con la primera línea de funcionarios fue resumido como la ratificación del camino económico y el rechazo a cualquier alternativa que pueda ser considerada “populista”, algo que en versión libertaria desconoce rasgos propios y apuntaría sólo al peronismo/K. Del mismo modo, fue reiterada la posición oficial sobre los niveles de morosidad con los créditos. Es un renglón creciente en el temario público.

Esa última cuestión podría ser planteada por legisladores de la oposición, incluso sin perspectiva de tratamiento, en el regreso a la actividad de Diputados. El oficialismo tejió acuerdos para avanzar el miércoles, en el recinto, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal. Confía en tener número suficiente para sancionar los dos proyectos y enviarlos sin demora al Senado. En la Cámara alta, entre tanto, LLA intentará acordar una agenda con sus aliados después del costo que pagó con el podado texto de inviolabilidad de la propiedad privada, elaborado por Federico Sturzenegger.

Las señales de respaldo presidencial al ministro de Desregulación constituyeron un adelanto de las definiciones que sacudieron la interna y, al mismo tiempo, buscan alinearla con límites rígidos. Milei abrazó especialmente al funcionario en al pasado acto de homenaje a San Martín. Fue cuidadoso en comparación con la defensa que hizo unos días después ante empresarios. Los insultos y frases agresivas fueron parte también de una renovada carga contra periodistas.

El tema de Sturzenegger descolocó a muchos. El ministro venía afectado por el costoso trámite del proyecto de ley sobre propiedad privada, que dejó en el camino la mitad de sus capítulos -en especial, el de venta de tierras a personas o empresas extranjeras-, y por el conflicto que había paralizado los puertos de manera sorpresiva, en rechazo a un decreto que llevaba su sello personal. Con ese cortinado de fondo, la “mesa política” del oficialismo, que encabeza Karina Milei, había difundido la decisión de convertirse en filtro de toda iniciativa del ministro.

Milei desarmó esa señal. Y también fue sin vueltas contra cualquier sugerencia de medidas para mejorar el clima económico a escala del común de la gente. Calificó como “imbecilidad” las referencias a una economía de “dos velocidades”, una expresión que circulaba entre libertarios y aliados para defender la gestión, no para cuestionarla. Pareció una respuesta a Patricia Bullrich, pero también a quienes consideran necesario dar algunos pasos para que -según otra versión del imaginario del “derrame”- la “macro” empiece a mostrar efectos palpables en la “micro”.

En reserva, incluso en el área económica, circulan pronósticos mucho más cuidados que los del Presidente. No se habla ya de un crecimiento anual de unos 5 puntos porcentuales, sino más bien de 2 ó 3. Algunos informes oficiales exponen una realidad lejana a la idea de la economía de “dos velocidades”. En rigor, no se trata de sectores que avanzan rápido y otros que lo hacen lentamente: lo que está a la vista es el contraste entre sectores que crecen y otros que caen. También, son notables los problemas en materia de ingresos y de consumo.

Los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica sobre la primera mitad de este año muestran varios contrapuntos. Tres meses terminaron con registro positivo: enero (0,4% intermensual), marzo (3,5) y junio (0,8). Otros tres meses dieron para abajo: febrero (-2,6), abril (-1,5) y mayo (10,5). No sólo eso. Hay rubros que crecen: minería, siempre; actividad agropecuaria, con distinto ritmo, y con algunos picos, la pesca, en los primeros lugares. Al revés, otros anotan caídas: en general la industria, bastante el comercio y según el mes, hotelería y gastronomía, todos sectores con mayor mano de obra.

En cuanto al consumo, el último informe del INDEC sobre ventas exhibe caídas amplias. El acumulado hasta junio, con respecto al mismo período del 2025, muestra -2,8% en supermercados, -3% en autoservicios mayoristas y –2,7% en shoppings. Un informe privado sobre consumo masivo en julio, de Scentia, anota una mejora respecto del mes previo (4,2%), aunque con un acumulado para abajo (-2,9%).

Milei contradice tales números. Y necesita alinear a sus filas para la batalla narrativa, antes que la llamada batalla cultural. En ese terreno asoman además tensiones de la interna “grande” en continuado, entre el bando de Karina Milei y el espacio de Santiago Caputo.

Con todo, la convocatoria a los bloques libertarios va en la línea de unificar el discurso y tratar de avanzar con la agenda del Ejecutivo. No queda claro, incluso para operadores del oficialismo, la última descarga ácida del Presidente sobre Mauricio Macri: lo puso casi al mismo nivel que Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a resultados de gestión. Complica las alianzas, ya bastante complejas además con los gobernadores. Importa el temario legislativo de esta semana, pero más sigue gravitando para el oficialismo el objetivo de voltear las PASO. Y los números son por ahora esquivos.

El Gobierno rechazó el pedido de la CGT y las dos CTA de que el Consejo del Salario delibere este viernes en forma presencial y no virtual, pero las tres centrales obreras, de todas formas, analizan movilizarse igual ese día ante la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650, en reclamo de una fuerte mejora del salario mínimo, que hoy alcanza los $376.600.

“No queremos que se politice un tema que no tiene un gran impacto en la recomposición de los ingresos”, dijo a Infobae una alta fuente oficial acerca de la ratificación de que el encuentro tripartito no se hará cara a cara, como reclama el sindicalismo, que visualiza la audiencia para resolver el aumento del salario mínimo como otro escenario del plan de lucha contra el Gobierno.

Según los funcionarios libertarios, “no se modificará el formato del Consejo de Salario Mínimo ya que se trata de reuniones que permiten mayor claridad de manera virtual” y agregaron: “Hoy se prioriza la virtualidad por la transparencia institucional adicional que brinda en los actos administrativos formales”.

El viernes pasado, la CGT y las dos CTA pidieron en sendas notas a la Secretaría de Trabajo que la reunión del Consejo del Salario convocada para el viernes 28 a las 12.30 sea presencial y no virtual, con el argumento de que allí se discutirá la suba del salario mínimo y de que esa definición impacta sobre ingresos laborales, prestaciones por desempleo y otros beneficios atados por ley a ese valor.

El reclamo se produjo mientras desde el Gobierno se difundieron estimaciones oficiales que relativizan la incidencia directa del salario mínimo sobre los ingresos: según esos datos, alrededor del 1% de la población asalariada del país cobra por debajo de ese piso, y entre los trabajadores asalariados registrados del sector privado y del sector público la proporción baja a menos del 0,2%.

En la práctica, agrega el informe oficial, para el conjunto de trabajadores con empleo registrado del sector privado o en la administración pública nacional “la función de establecer un piso salarial queda delegada en la negociación colectiva, dada su elevada cobertura y su impacto efectivo en las remuneraciones”.

No obstante, remarca, “el salario mínimo se utiliza principalmente con la finalidad de actualizar los ingresos de otros segmentos de la población distintos a los que están amparados por la negociación colectiva, aunque recientemente esa incidencia se recortó sensiblemente”.

En la nota enviada a la presidenta alterna del Consejo y subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, para pedir el cambio de modalidad, la CGT señaló que “la magnitud de las decisiones que corresponde adoptar exige el más amplio y genuino debate entre los sectores que lo integran (al Consejo del Salario)”.

En ese escrito, la CGT afirmó que “como quedó demostrado en las últimas sesiones, la metodología virtual no permite el real desarrollo de la misión de los actores sociales involucrados”. También advirtió: “Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país atraviesan una pérdida sostenida del poder adquisitivo de sus salarios, que compromete su capacidad de acceso a los bienes y servicios de la canasta básica todos ellos esenciales para llevar una vida digna”.

Agregó que a ese deterioro salarial se suma “la sostenida destrucción de puestos de trabajo registrados, que golpea de manera directa a miles de familias y agrava la precarización del mercado laboral”. En la misma nota mencionó la crítica situación del sector productivo, con caída de actividad, cierre de empresas e incertidumbre económica, como factores que inciden sobre el empleo y sobre la fijación del salario mínimo, vital y móvil.

Para la CGT, “asuntos de esta relevancia, con impacto directo sobre los ingresos de millones de trabajadores y sobre la sostenibilidad de miles de unidades productivas, requiere de un ámbito de deliberación presencial que garantice el intercambio directo entre las partes, la posibilidad de negociación efectiva y la debida transparencia y legitimidad de lo que allí se resuelva”. En el mismo sentido, remarcó que la modalidad virtual “si bien resulta admisible para cuestiones de trámite, no resulta adecuada para un debate de esta naturaleza y trascendencia institucional”.

En el último encuentro del Consejo del Salario, realizado el 26 de noviembre pasado, no hubo acuerdo entre el Gobierno, la CGT y los empresarios y por eso el Poder Ejecutivo estableció por decreto aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026: el salario mínimo pasó entonces a $334.800 en el primer tramo y llegó al nivel actual de $376.600.