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Política Nacional

Pese a la ley de paridad, más del 80% de las listas son encabezadas por hombres

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Cuando en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo el Gobierno reglamentó la ley de paridad de género en ámbitos de representación política, el objetivo ideal era que la norma tuviera un efecto directo sobre las elecciones legislativas nacionales de este año, y también, por qué no, en las postulaciones a puestos ejecutivos.

Pero la existencia de esa ley no cambió demasiado el panorama de la dirigencia política argentina ya que, más allá de que hay una sola precandidata a presidente sobre diez postulaciones (Manuela Castañeira, por el Nuevo MAS), además, el 82% de las listas legislativas son encabezadas por hombres, que también acaparan el 81% de las candidaturas para gobernaciones provinciales y la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Con la promulgación de la ley de paridad de género el Ejecutivo apuntaba a empezar a cerrar la desigualdad en el Congreso. Hoy hay 100 bancas ocupadas por diputadas sobre las 257 totales, lo que equivale a casi un 39%. Y si bien el número de mujeres es superior en el Senado, ya que son 30 sobre 72 (41,5%), todo parece indicar que a pesar de que el próximo Congreso será el más igualitario, la situación es muy distinta en los cargos ejecutivos.

De las 142 candidaturas para gobernar uno de los 24 distritos del país (entre las elecciones que ya sucedieron y las que restan por definirse), solo 29 corresponden a mujeres (20,4%), y esto es si son incluidas aquellas precandidaturas que perdieron contra otro u otra postulante o no superaron el umbral del 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Es cierto que la ley de paridad no tiene ninguna incidencia sobre las candidaturas a puestos ejecutivos, y tampoco sobre quiénes son los que encabezan las listas de postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados, pero los objetivos de este tipo de normas van más allá de lo que dicen los artículos que las componen.

“Este tipo de medidas de acción afirmativa son solo un comienzo y su efecto está lejos de ser lineal y directo sobre la representación: su efectividad depende también del compromiso de las dirigencias partidarias con la causa. Con un cumplimiento mínimo de la paridad, es decir, si las mujeres no encabezan listas, su impacto podría ser menor”, aseguró a Infobae Carolina Tchintian, doctora en Ciencia Política y directora del programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En esa línea, para Carolina Castro, la primera mujer en integrar el comité de la UIA y ex subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, “la implementación de la paridad de género es un paso importante. El parlamento representa a la sociedad en su conjunto y es positivo que esa representación se condiga con la realidad en términos de género”.

Por su parte, para María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, “sin leyes que garanticen cuotas de género la participación política de las mujeres en los poderes legislativos ha permanecido estancada. Las leyes de cuotas han sido eficaces en aumentar la representación”.

Pero la ley de paridad no es la línea de llegada, porque si el objetivo es el fin de la desigualdad en la política, hay un largo camino por recorrer ya que de las 285 listas legislativas en todo el país apenas 52 son encabezadas por mujeres, un 18,2%. Esta situación tiene ejemplos extremos, como en Entre Ríos, donde ninguna mujer es la primera en una lista de precandidatos a Senadores. Formosa, Salta y Tucumán también son un ejemplo de la desigualdad: las 24 listas (6 en Formosa, 9 en Salta y 9 en Tucumán) son lideradas por hombres.

Si bien estos números pueden parecer alarmantes, vale aclarar que Argentina está 18° en una lista que ordena a los países por el porcentaje de legisladoras mujeres en los Congresos nacionales, por delante de naciones como Islandia, Dinamarca, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Australia, Israel, Canadá, Estados Unidos y otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Brasil. Ese ránking lo elabora la Unión Interparlamentaria, una organización creada en 1889 que integran 179 Congresos de todo el mundo

Fuente: Infobae

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Milei sobre el dato de inflación: “Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas»

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El Presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el INDEC y afirmó: «Retornando a la normalidad».

Y agregó: «A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente».

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6 por ciento quebrando la racha alcista del índice.

También se hizo eco el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que «la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en cinco meses».

«El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre», continuó en X.

Y agregó: «Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente».

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La inflación de abril fue de 2,6%, cortó una racha de diez meses seguidos sin bajar y acumula 12,3% en el año

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La inflación de abril fue 2,6% y acumuló 12,3% en el primer cuatrimestre del año, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se desaceleró 0,8 puntos porcentuales con respecto a marzo. El IPC nacional acumuló un aumento de 32,4% en los últimos 12 meses.

Así la inflación en abril cortó una racha de 10 meses consecutivos sin bajar, en línea con lo que anticipaba el Gobierno y las consultoras privadas. Además, fue el menor dato en los últimos cinco meses.

Sin embargo, el acumulado en el primer cuatrimestre superó el total de inflación que el Gobierno esperaba para todo el año en el Presupuesto 2026.

La división de mayor aumento en el cuarto mes de 2026 fue Transporte (4,4%), explicada por el aumento de los combustibles. En segundo lugar se ubicó Educación (4,2%). En el extremo opuesto, los dos rubros con menores aumentos fueron Recreación y cultura (1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%).

Pese a ello, los alimentos fueron la división de mayor incidencia en la variación mensual de precios de las regiones Noreste, Noroeste y Pampeana. En cambio, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor peso en GBA, por el aumento en alquileres y tarifas de energía eléctrica. Finalmente, Transporte fue la división con más incidencia en Cuyo.

A nivel de las categorías de precios que releva, el informe del Indec destacó que los regulados tuvieron el mayor incremento del mes, con 4,7%, debido al aumento de transporte y electricidad.

Por su parte, el IPC núcleo (que excluye las variaciones de precios estacionales y regulados) marcó un alza de 2,3% por los aumentos en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar.

Finalmente, los precios Estacionales tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas, por lo que no mostraron ningún movimiento en abril.

Fuente: TN

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Batalla con las universidades: la cerrazón del Gobierno tensiona a la Corte y no destraba el tema en el Congreso

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La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.

Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.

En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio RosattiRicardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.

El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.

Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.

La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.

El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.

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