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Política Nacional

Pese a la ley de paridad, más del 80% de las listas son encabezadas por hombres

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Cuando en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo el Gobierno reglamentó la ley de paridad de género en ámbitos de representación política, el objetivo ideal era que la norma tuviera un efecto directo sobre las elecciones legislativas nacionales de este año, y también, por qué no, en las postulaciones a puestos ejecutivos.

Pero la existencia de esa ley no cambió demasiado el panorama de la dirigencia política argentina ya que, más allá de que hay una sola precandidata a presidente sobre diez postulaciones (Manuela Castañeira, por el Nuevo MAS), además, el 82% de las listas legislativas son encabezadas por hombres, que también acaparan el 81% de las candidaturas para gobernaciones provinciales y la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Con la promulgación de la ley de paridad de género el Ejecutivo apuntaba a empezar a cerrar la desigualdad en el Congreso. Hoy hay 100 bancas ocupadas por diputadas sobre las 257 totales, lo que equivale a casi un 39%. Y si bien el número de mujeres es superior en el Senado, ya que son 30 sobre 72 (41,5%), todo parece indicar que a pesar de que el próximo Congreso será el más igualitario, la situación es muy distinta en los cargos ejecutivos.

De las 142 candidaturas para gobernar uno de los 24 distritos del país (entre las elecciones que ya sucedieron y las que restan por definirse), solo 29 corresponden a mujeres (20,4%), y esto es si son incluidas aquellas precandidaturas que perdieron contra otro u otra postulante o no superaron el umbral del 1,5% de los votos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Es cierto que la ley de paridad no tiene ninguna incidencia sobre las candidaturas a puestos ejecutivos, y tampoco sobre quiénes son los que encabezan las listas de postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados, pero los objetivos de este tipo de normas van más allá de lo que dicen los artículos que las componen.

“Este tipo de medidas de acción afirmativa son solo un comienzo y su efecto está lejos de ser lineal y directo sobre la representación: su efectividad depende también del compromiso de las dirigencias partidarias con la causa. Con un cumplimiento mínimo de la paridad, es decir, si las mujeres no encabezan listas, su impacto podría ser menor”, aseguró a Infobae Carolina Tchintian, doctora en Ciencia Política y directora del programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En esa línea, para Carolina Castro, la primera mujer en integrar el comité de la UIA y ex subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, “la implementación de la paridad de género es un paso importante. El parlamento representa a la sociedad en su conjunto y es positivo que esa representación se condiga con la realidad en términos de género”.

Por su parte, para María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, “sin leyes que garanticen cuotas de género la participación política de las mujeres en los poderes legislativos ha permanecido estancada. Las leyes de cuotas han sido eficaces en aumentar la representación”.

Pero la ley de paridad no es la línea de llegada, porque si el objetivo es el fin de la desigualdad en la política, hay un largo camino por recorrer ya que de las 285 listas legislativas en todo el país apenas 52 son encabezadas por mujeres, un 18,2%. Esta situación tiene ejemplos extremos, como en Entre Ríos, donde ninguna mujer es la primera en una lista de precandidatos a Senadores. Formosa, Salta y Tucumán también son un ejemplo de la desigualdad: las 24 listas (6 en Formosa, 9 en Salta y 9 en Tucumán) son lideradas por hombres.

Si bien estos números pueden parecer alarmantes, vale aclarar que Argentina está 18° en una lista que ordena a los países por el porcentaje de legisladoras mujeres en los Congresos nacionales, por delante de naciones como Islandia, Dinamarca, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Australia, Israel, Canadá, Estados Unidos y otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Brasil. Ese ránking lo elabora la Unión Interparlamentaria, una organización creada en 1889 que integran 179 Congresos de todo el mundo

Fuente: Infobae

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Marcela Losardo se va del Ministerio de Justicia y Martín Soria sería su reemplazo

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El cambio en la titularidad del Ministerio de Justicia de la Nación es un hecho. La actual ministra, Marcela Losardo, deja su cargo y en medio de las versiones de quién ocuparía el puesto, surgió Martín Soria.

El diputado nacional Martín Soria, oriundo de Río Negro e hijo de Carlos Soria, ex gobernador de Río Negro y que fuera titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante la gestión presidencial de Eduardo Duhalde, sería el reemplazo de Losardo.

El jefe de Estado viajó este sábado a Mendoza, para la Fiesta de la Vendimia, donde se vio con el gobernador radical Rodolfo Suarez, y la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Allí, a través de su teléfono, terminó de cocinar la definición del cambio en Justicia. Esta salida se puede parangonar con el pedido de renuncia a Ginés González García: Alberto corre a quien fuera su socia jurídica de toda la vida y una amiga personal.

Losardo deja en las próximas horas el Ministerio de Justicia. No se sabe aún si una actividad que tenía en agenda para el próximo lunes la encabezará o si ya será terreno de quien sería su sucesor: el diputado kirchnerista Martín Soria, de fluida relación con el Instituto Patria e interlocutor de los más allegados a Cristina en los temas judiciales, como son el senador Oscar Parrilli y el diputado nacional Leopoldo Moreau.

Soria mantiene también una asidua relación con Alberto Fernández. “El Presidente tiene muy buen concepto de Martín. Lo de Marcela es una etapa terminada”, aseguró a Clarín un ministro nacional.

Parte de ese vínculo es que el rionegrino es quien puso más energía en las denuncias contra el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, a quien el kirchnerismo quiere sacar de ese puesto, por las reuniones que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri. “Lo del juez Hornos con Macri es vergonzoso y obsceno”, señaló esta semana.

Dijo que Hornos “formaba parte de la mesa judicial de Cambiemos. Y sumó: “La Casa Rosada fue la sede oficial del lawfare durante el macrismo”, indicó Soria, en una frase que fue música para los oídos de Cristina Kirchner.

(Fuente: Clarín y Bahía Política)

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Derogaron el decreto que permitía la extradición rápida de delincuentes extranjeros

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El Gobierno le puso punto final a la política migratoria que fue establecida por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese momento se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. El rol de los organismos internacionales en esta decisión y la explicación del Presidente.

La Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años, en el caso de los residentes, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes.

En la publicación del Boletín Oficial se remarcó que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa”.

El Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del anterior gobierno, restableciendo la vigencia de las normas modificadas en 2017.

También se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria la cual tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871.

Esta decisión ya se venía estudiando desde el año pasado.

Al iniciar su mandato, Alberto Fernández sostuvo que esa norma lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena y agregó “Esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.

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Anses y Desarrollo Social financiarán proyectos productivos de jóvenes

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La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso, firmaron un convenio para colaborar en la implementación de Potenciar Inclusión Joven, un programa que impulsa proyectos productivos, laborales y comunitarios en los que que participen jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos deberán ser presentados por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que tengan congruencia con los objetivos del programa y, en caso de ser aprobados, recibirán un incentivo económico de $ 8.500 al mes para cada participante del proyecto.

Los proyectos tendrán una financiación de hasta 12 meses de duración y, en ésta primera etapa, el objetivo del programa es alcanzar a 100 mil jóvenes de todo el país.

La firma del convenio tuvo tuvo lugar en el Galpón Joven de Tecnópolis, donde las funcionarias estuvieron acompañadas por más de 60 jóvenes de los partidos bonaerenses de San Isidro y de La Matanza.

“Los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Necesitamos de su compromiso para dar lo mejor ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos”, expresó Raverta.

Potenciar Inclusión Joven es un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social, que será el responsable del otorgamiento, administración y gestión de las prestaciones, en tanto que la Anses realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y la puesta al pago.

“El programa financiará el desarrollo de estos proyectos y otorgará una beca de $8.500 para los jóvenes participantes, que se pagará a través de Anses. Es un gran paso que estamos dando en el enorme desafío de restituir derechos y construir el futuro que nos merecemos”, apuntó Alonso.

Entre los proyectos incluidos en el programa están los de tipo socio productivos, con posibilidad de desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros en carácter asociativo; los proyectos de tipo socio comunitarios, iniciativas de desarrollo territorial con instancias socioeducativas y de formación o bien de recreación y de acceso a los bienes culturales; y proyectos de tipo socio laborales, incluidos espacios asociativos orientados a las capacitaciones de formación para el trabajo.

Los interesados en inscribirse deberán enviar un correo electrónico a [email protected]

 

Fuente: Télam

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