El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras. Según supo Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, y el personal conservará sus cargos hasta que se dicten las nuevas estructuras.

Organismos disueltos

Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.

Transformaciones y fusiones

Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.

También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.

Criterios y reasignaciones

Según los considerandos, las medidas se tomaron tras un diagnóstico que detectó un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. En algunos casos se identificaron irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones. Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.

Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.

El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Organismos disueltos y su destino

Organismos transformados y fusionados

Más de 250 jóvenes se graduaron en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en La Matanza, en un acto encabezado por el intendente Fernando Espinoza y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quienes destacaron la continuidad del apoyo a la educación pública frente al ajuste del Gobierno nacional.

El evento, realizado en González Catán, contó también con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario; la secretaria de Políticas Educativas local, Silvina Gvirtz; y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

“Hoy es un día de festejo para los 2 millones y medio de vecinos de La Matanza, porque este Centro Universitario que era un sueño, hoy es una realidad con más de 250 nuevos graduados”, remarcó Espinoza.

El CUDI ofrece carreras enfocadas en innovación tecnológica, biotecnología, programación, videojuegos, diseño industrial, alimentos y también en salud, con formación en enfermería y obstetricia. Además, se dictan diplomaturas en Desarrollo Web, Inteligencia Artificial y Diseño e Impresión 3D.

“Muchos de estos chicos antes tenían que viajar más de 30 kilómetros para ir a la universidad. Ahora pueden estudiar cerca de su casa en un edificio con todas las comodidades”, subrayó el jefe comunal.

Por su parte, Kicillof valoró el esfuerzo provincial para sostener el centro: “Donde antes había un descampado, ahora hay un espacio de desarrollo, de más dignidad y mejores trabajos. El CUDI representa el futuro”.

Espinoza informó que actualmente hay 77 mil estudiantes universitarios en el distrito, de los cuales 12 mil cursan en el CUDI. “Gracias a una decisión política con Axel y Verónica, a través del programa Puentes, salvamos este Centro cuando el Gobierno de Milei le quitó el financiamiento”, advirtió.

“La educación transforma vidas. No es lo mismo un país con pocos graduados que uno con muchos. Esto cambia La Matanza, cambia la provincia y cambia la Argentina”, concluyó.

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), así como la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ambos organismos descentralizados dependientes de la Secretaría de transporte del Ministerio de Economía.

En tanto, tal como se venía anunciando, ordenó la creación de un nuevo organismo, que pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte” y será la Autoridad de Aplicación a que refieren todas las normas y actos administrativos que se relacionen con la fiscalización de las concesiones viales.

Según indicó el Ejecutivo, la finalidad de esta resolución es mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre las funciones previstas para el nuevo esquema, se cuentan:

• Fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, en lo que respecta a las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, pudiendo realizar inspecciones in situ y solicitar a los operadores y concesionarios la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

• También fiscalizar los contratos de concesión vial, controlando su ejecución, en coordinación con el organismo competente en materia de procesos licitatorios, con el fin de asegurar la separación de funciones entre la fiscalización de los contratos y la administración de procesos licitatorios.

• A su vez fiscalizar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, y sus permisos de explotación, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las personas transportadas.
• Aplicar las sanciones previstas en las normas legales relacionadas con los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano, las concesiones ferroviarias y viales, así como las penalidades fijadas en los contratos de concesión, en caso de incumplimiento de las condiciones allí establecidas.
• Promover, ante los tribunales competentes, las acciones civiles o penales relativas al ámbito de su competencia y asistir a la Secretaría de Transporte, a su requerimiento, en todas las materias de su competencia.
• Velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de cargas y pasajeros que se desarrollen en jurisdicción nacional, mediante la recepción, gestión y seguimiento de quejas, reclamos y denuncias.
• Conducir o encomendar investigaciones técnicas, emitir los informes correspondientes e impulsar acciones o instrucciones de mejora en materia de calidad, eficiencia y seguridad operacional de los servicios de transporte de su ámbito de competencia, en coordinación con los entes públicos intervinientes.
• Percibir y fiscalizar el cobro de las tasas, derechos y aranceles por control o fiscalización en el marco de sus competencias. La determinación de las tasas deberá realizarse previa intervención de la Secretaría de Hacienda.
• Propiciar, cuando corresponda, la suspensión y caducidad de los permisos y licencias otorgados, para su posterior resolución por parte de la Secretaría de Transporte.
• Entender en la investigación de los accidentes ferroviarios que por su significación, gravedad o particularidades requieran su directa participación en el análisis y determinación de hechos, causas y consecuencias, e intervenir en los sucesos ocurridos en los cruces a nivel entre vías férreas y calles o caminos.
• Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Resolver los conflictos que se susciten por la implementación de la modalidad de acceso abierto, en el marco de las concesiones ferroviarias. n. Fiscalizar la ejecución de los programas de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y del material rodante en el ámbito de su competencia.Entre los fundamentos de la medida se menciona que el Poder Ejecutivo Nacional, puede adoptar medidas como la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos. (DIB) ACR