“Memoria contra el negacionismo”. Bajo esa consigna, organismos de Derechos Humanos junto a espacios políticos, desde el Partido Justicialista hasta la Unión Cívica Radical y sectores de izquierda, sindicatos, movimientos sociales y gente autoconvocada movilizaron y colmaron la Plaza de Mayo y sus alrededores este lunes 24 por el “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, 49º aniversario del golpe de 1976. Por primera vez en 19 años, las organizaciones y agrupaciones políticas marcharon unidas bajo un mismo reclamo.

Referentes históricos de los Derechos Humanos tomaron la palabra. Elia Espen y Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo; la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fueron los encargados de leer el documento consensuado. En la movilización estuvieron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y representantes del gobierno bonaerense.

“Seguimos buscando a nuestros hijos y nietos. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos. Nunca es tarde”, expresó Carlotto al dar inicio al acto, instando a quienes tengan dudas “que se animen a acercarse a la verdad”. Además, celebró los avances en la lucha por la identidad: “En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos”, dijo, provocando una ovación entre los presentes.

“El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas”, continuó la referente de Abuelas, en una crítica a la reducción de políticas públicas impulsada por la actual gestión. “Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad se sigue cometiendo”, remarcó.

Con el documento se recordó que se cumplen 49 años del inicio del “golpe genocida”. “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”. Por otro lado, se exigió el fin de los “despidos a los trabajadores del sector público y privado”, un aumento en las jubilaciones y la demanda de “justicia para Pablo Grillo”, el fotógrafo herido por un proyectil de gas lacrimógeno durante la marcha del 12 de este mes.

“¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!”, fue otro de los reclamos del discurso, que además solicitó la “urgente desclasificación de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983”, medida que horas antes había sido anunciada de manera sorpresiva por el Gobierno. Se destacó la necesidad de la desclasificación “para poder avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes, el destino de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan”. “Seguimos exigiendo que nos digan dónde están”, concluyó Carlotto. (DIB) GML

Por Andrés Lavaselli

El avance del año parece acelerar definiciones electorales en la política bonaerense.  Mientras en Unión por la Patria hay conversaciones -muy dificultosas y de resultado incierto pero activas- para intentar un acercamiento entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner que podría tener una primera expresión el jueves en la Legislatura, la rendición de Mauricio Macri ante sus propios coroneles habilitó un esquema de unidad entre La Libertad Avanza y PRO que pone en un lugar incómodo al radicalismo, inmerso en su propio laberinto interno.

La posibilidad de atemperar la pelea en el oficialismo está contemplada en una hoja de ruta que por estas horas sigue Kicillof. El plan consiste en alcanzar un primer entendimiento que permita suspender las PASO, lo que crearía las condiciones para una negociación, posterior, sobre la estrategia electoral integral. En la práctica, eso implica resolver la cuestión del desdoblamiento y la conformación de listas de unidad, un objetivo que todos los sectores reconocen como clave para asegurar la competitividad en las urnas, sobre todo si hay acuerdo LLA-PRO.

Kicillof habló con Massa jueves y viernes, luego de que el presidente de Diputados, Alexis Guerrera, confirmara una sesión el jueves próximo para tratar la suspensión de las PASO. La interlocución del gobernador con Cristina es mucho más compleja. De hecho, es indirecta: el exministro de Economía tercia. Pero se habilitaron otros dos canales: dos senadoras, una ultra K y otra que representa a Kicillof, y dos intendentes -uno de la tercera y otro de la primera sección- hacen de puente, llevando y trayecto propuestas y contrapropuestas.

En el kicillofismo son optimistas. En aquellas charlas, Massa habría prometido que sus diputados votarán favorablemente suspender las PASO. Sin embargo, no hay nada confirmado: altas fuentes del FR se limitaron a indicar a DIB que eso ocurrirá solo si hay un acuerdo integral encaminado. El camporismo, el otro sector importante del oficialismo en la cámara Baja, mantiene silencio. Solo indicaron que habrá sesión el jueves, pero ni siquiera dieron precisiones sobre si hay conversaciones o no.

La PASO quedó convertida en la clave del conflicto en UxP porque Kicillof ató su suspensión al desdoblamiento electoral, pieza clave de su intento de autonomización. Por eso, sin acuerdo cerrado, la semana que pasó Massa y Cristina ordenaron a sus legisladores no dar quórum a una sesión en Diputados en la que iba a tratarse la eliminación de las primaras. El kicillofismo respondió: hizo que sus legisladores bajaran al recinto -nació así el llamado Grupo de los 11, que responde al Gobernador- para mostrar la diferencia de criterios y presionar a sus rivales internos.

En ese escenario, la sesión del jueves funcionará también como test de la posibilidad de resiliencia en el peronismo. ¿Hay posibilidades de superar la foto de fractura del miércoles pasado, con todo el enojo larvado que contuvo? Al argumento de la necesidad de avanzar en un entendimiento para asegurar listas de unidad, un diputado agregó otro, en diálogo con DIB: “la mayoría de las segundas líneas estamos cansadas de la pelea de la cúpula y los ultras”. Sin embargo, nadie arriesga un pronóstico.

De hecho, si no hay acuerdo, anida en un despacho una idea polémica. Acaso explosiva. Atar, en el proyecto de Ley PASO, la fecha de elección general en la provincia a la de las legislativas nacionales. Sería la muerte del proyecto de desdoblamiento y, seguramente, el quiebre definitivo en el oficialismo. Quienes lo impulsan, amagan con una advertencia: a la oposición podría convenirle, por el arrastre que supondría la participación de Milei en la campaña, más allá de que los diputados nacionales se votarán con boleta única y los legisladores provinciales y concejales, con lista partidaria.

Las otras internas

En la oposición, la novedad es la rendición de Macri ante sus coroneles Cristian Ritondo y Diego Santilli: el expresidente se repliega a la pelea con los libertarios en la ciudad de Buenos Aires y deja abierta la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza en la Provincia. El hecho de que Ritondo y Santilli hayan avanzado por su cuenta en una foto con Karina Milei, a cargo del armado electoral libertario, tres días antes de que Macri aceptara la posibilidad, da cuenta de hasta qué punto se trató de un paso que se dio más allá de su opinión.

En el entorno de Ritondo y Santilli advierten que ahora se abre un período de negociación respecto de las características que tendrá el acuerdo. Ambos dicen que deberán contemplarse las estructuras que comandan. Y admiten que José Luis Espert es el número puesto para encabezar la lista de diputados nacionales. Los libertarios solo imaginan que algunos PRO se sumen a una lista violeta, sin la creación de otra identidad. Pero quizá no sean primeras líneas: por caso es difícil, aunque no imposible, que Santilli, acepte ser tercero en una nómina.

Por ahora, no habrá rupturas con la estructura amarilla. Y, dato importante para el escenario bonaerense, tampoco modificaciones en la bancada de diputados de PRO, donde Santilli comanda un grupo relativamente novedosos. Sin embargo, en el partido amarillo advierten que la elección porteña del 18 de mayo será un mojón: el resultado para PRO -adverso o favorable- repercutirá en la Provincia, empoderando o desdibujando definitivamente a Macri. Solo en ese momento, la negociación por el esquema bonaerense entrará en su fase definitiva.

Para el radicalismo se abre una incógnita: el acuerdo LLA-PRO plantea desafíos nuevos. Al sector más alejado del mileísmo, proclive a construir una tercera vía, le quita socios potenciales. Y al más afín al Presidente, le suma competidores nuevos a la hora de pensar en un acoplamiento a una lista amarilla. Los radicales, de todos modos, están sumidos en su propio laberinto interno. Los sectores que lideran Maximiliano Abad y Martín Lousteau negocian en una mesa política integrada por cuatro dirigentes una salida política al conflicto abierto tras la elección de autoridades para el Comité Provincia. No es una cuestión menor: ese organismo partidario es clave a la hora de elegir autoridades partidarias. (DIB)

El bloque de Unión por la Patria, tres diputados de Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, presentaron, por separado, proyectos de ley para iniciarle juicio político al presidente Javier Milei por su implicación en el lanzamiento de la criptomoneda Libra, que en cuestión de pocas horas provocó pérdidas de dinero para miles de personas, en lo que fue interpretado como una “estafa” a gran escala.

El juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución Nacional que le otorga al Congreso nacional facultades extraordinarias para investigar las responsabilidades políticas de un funcionario público de alto rango por la posible comisión de delitos en el ejercicio de las funciones (o de crímenes comunes) como causal de destitución.

La Cámara de Diputados se constituye como acusadora a través de la comisión de Juicio Político, la cual debe estar conformada por 31 integrantes de forma proporcional a la representación de cada una de los espacios parlamentarios.

El artículo 53 de la Constitución nacional prevé que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema”.

El artículo 59 de la Carta Magna, en tanto, indica que “al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, y aclara que “cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema”.

El artículo 60 de la Constitución sostiene que el fallo del Senado “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.

“Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”, agrega.

La conformación de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados está prevista en el reglamento del cuerpo, el cual define las competencias para “investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución”.

El primer paso que debe resolver la comisión es la declaración de admisibilidad de las denuncias a partir del relato de los hechos y la formulación de los cargos que conforman la acusación.

A la lectura del informe de admisibilidad, que debe contener un análisis detallado de cada una de las denuncias que configuran los presuntos delitos, sobreviene la votación.

Para aprobar la admisibilidad, se requiere la mitad más uno de los votos de los integrantes de la comisión, es decir, 16 votos.

Con la declaración de la admisibilidad, se procede a la apertura formal de la investigación, que incluirá la formulación de los cargos, la citación de testigos y requerimientos de informes al Poder Judicial.

De esa manera, se sustentará la producción de la prueba tendiente a dar cuerpo a la acusación.

Finalizado el proceso probatorio, se continúa con la emisión de un dictamen de acusación, que exige la firma de la mitad más de los votos de los miembros de la comisión, para luego ser sometido a votación en el recinto de la Cámara baja con dos tercios de los votos.

Superada esa instancia, la trama continúa en el Senado de la Nación, el órgano que debe definir sobre la destitución o absolución del acusado con las dos terceras partes de los votos.

La última vez que se realizó un juicio político fue en el 2023, y tuvo como acusados a los jueces de la Corte Suprema, en el marco de un trabajo realizado por la comisión homónima que demandó varios meses de actividad.

El trabajo se coronó con la firma del dictamen acusatorio, pero nunca se votó en el recinto ya que el entonces oficialismo no tenía los votos suficientes para aprobarlo.