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Un 2020 del puerto con balances positivos

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Federico Susbielles destacó los logros de gestión obtenidos en plena pandemia y el compromiso puesto de manifiesto con el crecimiento de la ciudad.
“El desarrollo portuario tiene que darse en paralelo con el de la sociedad que lo rodea , no existe un desarrollo portuario que no este conectado con el de su comunidad” sintetizó Susbielles.

“En cuanto al movimiento marítimo fue superior a las 23.5 millones de toneladas con mas de 14 millones de toneladas de mercaderías varias en la que se destacan los granos”, de esta manera comenzaba el Presidente del CGPBB su testimonio.
El titular del Consorcio, durante la presentación del informe.que abordó su primer año de gestión al frente del ente portuario.

“El movimiento de mercaderías que creció y se diversificó produjeron una mirada de esperanza local y regional hacia el Puerto de Bahía Blanca como factor multiplicador del desarrollo económico, social y cultural de la comunidad.

“Sin embargo –agregó Susbielles–, hasta el presente, esto no terminó de ocurrir.

“El puerto no logró hacer crecer a la ciudad y a la región. Venimos a reparar esa fisura y a volver a unir esos destinos. Este es el objetivo más importante que tenemos por delante. El Puerto debe tener como misión esencial contribuir al desarrollo equitativo, igualitario y sostenible de los y las bahienses”, sostuvo.

El informe detalló que durante 2020 el movimiento de mercaderías en el estuario de Bahía Blanca fue de 23.636.687 toneladas, 14.471.549 de mercaderías varias y 9.165.138 de petróleo crudo.

En tal sentido, cabe destacar que hasta septiembre pasado, el puerto tuvo movimientos de granos muy por encima de las cifras habituales, lo cual también constituyó un logro de los equipos de trabajo.

Esta situación en el Paraná hizo que, por ejemplo, de 1.200 camiones diarios se pasara a 2.300/2.400 y sin que se originaran inconvenientes a la población.

Luego, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo hizo que esas cifras récords de embarques comenzaran a caer, las cuales incluso cayeron abruptamente en diciembre producto de la conflictividad gremial desatada en esa época del año.

Ahora, según cifras de febrero pasado, los números muestran incluso un repunte con relación a igual mes de 2020.
Acciones ambientales

En materia de puerto sustentable las acciones fueron: instalación de la primera de dos boyas de monitoreo ambiental, inclusión de un nuevo sector a la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, proyectos de ley Islote del Puerto y declaración como Area Protegida, funcionamiento de la estación de rescate de fauna marina, limpieza costera de la desembocadura del arroyo Napostá y adquisición de un sistema de monitoreo ambiental, entre otras acciones.

En cuanto a infraestructura, la labor incluyó dragados de mantenimiento, nuevas oficinas administrativas en Galván, sistemas contra incendios en sitios 5, 6 y 7, reparación sitio 17 (Muelle Cargas Generales), remodelación del edificio de Migraciones y del correspondiente al personal del CGPBB, reparación Dolfin 11 en la posta de Inflamables 2 y Centro de Contratación (ambas actualmente en ejecución).

Entre otras obras, está en proceso de adjudicación la remodelación de la dársena de pescadores, recambio Iluminación de calles internas del puerto de Ingeniero White.
Obras en la comunidad.

Sobre el Programa White 2030, el listado de obras en la comunidad incluyó: nuevo acceso al Museo Ferrowhite, remodelación del edificio del Proyecto Envión en El Saladero, reparación muelle del Club Náutico, la iniciación del gran proyecto de Avenida Dasso (junto al Municipio), pavimentación.

También se mencionaron mejoras en calle Reconquista, obras en el club Whitense, adaptación a la capacidad estructural comprobada del proyecto en el antiguo muelle de los elevadores de chapa, sala médica en el Saladero (pliego terminado), plazas Saladero y Bulevar (pliego en elaboración), proyecto de remodelación de la Usina Ferroviaria y mejoras y ampliaciones en el Hospital Menor de Ingeniero White (confección de pliegos).

Entre el sinnúmero de actividades desarrolladas se aludió al Proyecto Puerto Abierto, con foros de consulta y diálogo, protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, continuación de la iniciativa del Cluster Alimentario, canal de streaming Puerto Cultural con propuestas locales y Concurso de Freestyle.

También se destacó la firma de un Convenio con Poder Ciudadano poniendo en marcha una serie de acciones de integridad, de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, el lanzamiento de la aplicación denominada Monitor Puerto y convenios con las universidades locales.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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