(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei fue invitado a la Gala Prosperidad Hispana, que se hará el 10 de febrero en Mar -a- Lago, el condominio que Donald Trump posee en Miami.

Pese a que los organizadores aseguran que el Presidente participará del evento exclusivo, la Casa Rosada aún no confirmó oficialmente su presencia.

Trump viaja todos los viernes desde Washington a Miami para evitar el frío que azota a la capital de Estados Unidos, y regresa el domingo por la noche a la Casa Blanca.

La Gala Prosperidad Hispana es el martes 10 de febrero.

Y en caso de concurrir, Milei será reconocido por su perspectiva del mundo y la economía, y los organizadores del evento aguardan un discurso del jefe de Estado.

Además de la Gala, si finalmente viaja a Miami, Milei disertará en el Council the las Americas, un foro de debate con muchísimo prestigio en Estados Unidos.

Al menos 150 empresarios locales han adelantado su interés en escuchar a Milei, tras explicitar su posición sobre la economía moderna en el Foro Económico de Davos.

“Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, planteó el jefe de Estado en Davos.

“Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente”, continuó Milei ante un auditorio que escuchaba en silencio.

Y completó: “Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto en su trabajo sobre la eficiencia dinámica, desde dicho punto de vista, la eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial”.

En su estrategia de utilizar todos los foros posibles para explicar su mirada ideológica, Milei también tiene previsto viajar en marzo a New York para protagonizar el Argentina Week, un evento de tres días (del 9 al 11) que reunirá a jugadores clave del sistema financiero de los Estados Unidos.

Los co-organizadores del evento, junto a la Embajada Argentina en EEUU, son los bancos J.P.Morgan Chase, el Bank of America, la AmCham, y Kaszek, una firma de desarrollo de inversiones fundada en 2011 por Hernan Kazah, Nicolás Szekasy cofundadores y , respectivamente, jefe de operaciones y de finanzas de Mercado Libre.

“Presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, escribió el embajador argentino Alec Oxenford en la red X.

Karina Milei -secretaria General-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Pablo Quirno -canciller- y Santiago Bausili -titular del Banco Central- acompañarían al presidente durante sus 72 horas en Manhattan.

Si no cambia su agenda oficial, tras su visita a New York, Milei viajaría a Santiago de Chile para participar de la asunción de José Antonio Kast, que reemplazará a Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió este domingo el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Antes del debate parlamentario, y frente a las críticas sobre posibles pérdidas de derechos de los trabajadores, el funcionario afirmó que la iniciativa mantiene y refuerza las garantías esenciales del sector.

“La modernización laboral que presentamos en el Senado tiene como primer beneficio la creación de empleo”, sostuvo. Además, explicó que el proyecto responde a la política económica aprobada por la mayoría de los argentinos, afirmando que otorga un rumbo que “está haciendo crecer la economía de una manera fantástica”.

Cordero señaló que el objetivo central es ordenar “elementos que han sido distorsionados con el tiempo” y destacó que la instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue “respetar y fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores”.

“No hay un solo lugar donde haya un detrimento de los derechos esenciales de los trabajadores. Por el contrario, se fortalecen”, remarcó Cordero. El secretario de Trabajo negó que la reforma esté orientada a reducir costos salariales para los empleadores y aseguró que el foco está en los “costos indirectos” que dificultan hoy la contratación formal.

Durante una entrevista con el programa No vale arrugar, que se emite por Radio Splendi, Cordero analizó temas puntuales que generan mayor polémica, como el de las vacaciones y la jornada laboral: “Es exactamente igual que como estaban. Lo único que permite, al trabajador en conjunto con el empleador, es decidir cómo tomarlas sin sanción”. Subrayó que el espíritu de la norma es “devolverle al trabajador la potestad de decidir sobre su propia vida”, mediante acuerdos en el marco legal.

Sobre la posibilidad de aumentar la cantidad de horas obligatorias, Cordero respondió: “¿Cómo se va a trabajar más? El que quiera trabajar más, trabajará más y ganará más porque trabaja más. El que quiere trabajar menos, trabajará menos”. Insistió en que los controles sobre salud y seguridad laboral se mantienen y que “la representación gremial sigue exactamente igual”.

Respecto al trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad, destacó que la nueva normativa regula la opción de trabajar menos horas con remuneración proporcional. Agregó que los bancos de horas ya se emplean en diversos convenios colectivos, y que en actividades como la minería mejoran los tiempos de descanso sin afectar el salario.

Uno de los puntos más discutidos, el fondo de asistencia laboral, también fue abordado por Cordero. Explicó que el mecanismo fue desarrollado por equipos técnicos del Estado y del Ministerio de Economía. “De las contribuciones patronales, que son cargas indirectas muy altas, se detrae solo un tres por ciento, que va a un fondo pensado para que las pequeñas y medianas empresas puedan enfrentar desvinculaciones”, afirmó. Precisó que “no se reducen las indemnizaciones por despidos, se ordenan”. Según el secretario, este sistema no implica recorte de derechos y busca un equilibrio entre todos los trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa.

En relación al clima de discusión parlamentaria y sindical, Cordero valoró el intercambio en el Senado y expresó que “permite a la opinión pública enterarse de la realidad de las cosas”. Sobre la posición de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la posibilidad de que se judicialice la reforma, afirmó: “El sindicalismo es extremadamente necesario en una democracia” y destacó el diálogo permanente con los gremios. Recomienda distinguir los aspectos políticos de la defensa real de los derechos laborales.

Ante señalamientos de que el proyecto ataca al sindicalismo, respondió: la reforma “no es una ley antisindical”.

Según Cordero, la propuesta procura ordenar el sistema laboral para que todos —trabajadores, empleadores y organizaciones gremiales— se beneficien dentro de un esquema que busca el desarrollo colectivo de Argentina.

El tratamiento parlamentario

Con la inminencia de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias que se iniciará este lunes y se extenderá hasta finales de febrero, el Gobierno libertario intensifica gestiones para lograr que la reforma laboral sea votada antes del 13 de febrero en el Senado y remitida rápidamente a Diputados. Esta estrategia, orientada hacia un objetivo político mayor, busca allanar el camino para que Javier Milei concrete un comienzo vigoroso del período ordinario de sesiones el primero de marzo, cuando está prevista su presentación en el Congreso.

En este escenario, la definición del proyecto se encuentra atravesada por negociaciones de último momento sobre la distribución de la coparticipación, un tema que ha cobrado relevancia en las discusiones recientes. Voces cercanas al oficialismo destacaron la urgencia de solucionar este punto, mientras un referente del sector privado advirtió a Infobae: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”, en alusión al deterioro de la obra pública y la necesidad de activar recursos para mitigar riesgos en infraestructura vial. Esta postura se tradujo en solicitudes explícitas dirigidas a Patricia Bullrich y peticiones al ministro de Economía, Luis Caputo, para que revise prioridades en áreas críticas.

El trayecto parlamentario de la reforma no ha estado exento de obstáculos. En diciembre se obtuvo el dictamen de mayoría, pero la falta de acuerdos plenos entre el oficialismo y los sectores dialoguistas ha provocado demoras. Ahora, el eje de las demandas gira en torno a la potestad conferida al Ministerio de Economía para reglamentar aspectos clave del proyecto, especialmente el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y otras herramientas tributarias vinculadas al artículo 212 del dictamen. Según confirmaron fuentes de dos despachos parlamentarios a Infobae, “Eso ya se sacó”, apuntando a la búsqueda de consensos sobre los mecanismos reglamentarios que acompañarían la ley una vez aprobada.

Otro punto central es la negociación con gobernadores, cuya relevancia trasciende el articulado puntual de la reforma. Para La Libertad Avanza, lograr acuerdos con mandatarios provinciales es clave para asegurar los votos que permitirían aprobar el texto. Algunos pactos ya se lograron, aunque persisten resistencias de legisladores independientes que aprovechan el contexto para exigir concesiones adicionales. Los dialoguistas insisten en establecer plazos más claros en la aplicación de la normativa, particularmente en lo referente a beneficios por Ganancias para grandes empresas, mientras que prefieren una clasificación más amplia que no excluya a otros sectores.

En paralelo, la escasa participación del kirchnerismo en este tramo del debate —contrastada con lo sucedido en los últimos quince o veinte años— ha resultado en una estrategia de silenciosa observación desde ese espacio, cediendo protagonismo a los movimientos de Balcarce 50 y a los tironeos con posibles aliados. El clima de incertidumbre se potenciará el próximo martes a partir de las 15, cuando se realice una cumbre decisiva entre sectores dialoguistas y Bullrich en la oficina central de la bancada radical, a cargo del correntino Eduardo Vischi.

De prosperar la aprobación en el Senado, el proyecto de reforma laboral llegará fortalecido a la Cámara de Diputados, configurando un test definitivo sobre la solidez de la estrategia política del oficialismo, que sufrió la presión persistente de la oposición durante los años 2024 y 2025. Todo dependerá de los acuerdos logrados en los próximos días, tanto en torno al reparto de fondos como en la flexibilidad de los plazos que regularán nuevos regímenes para inversiones o beneficios impositivos. La expectativa general se instala sobre si los eventuales aliados cederán finalmente y cuál será el margen de maniobra de Caputo en la reglamentación de las medidas.

Luego de que el Gobierno nacional confirmara que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora nacional Patricia Bullrich volvieron a cruzarse en las redes sociales.

El disparador del debate fue la nota de opinión que el ministro publicó en Infobae, en donde planteaba que la modificación de la edad mínima de punibilidad en el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil no sería suficiente para resolver la problemática de los menores que delinquen. “Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo”, criticó.

Poco después, la postura sería compartida por el gobernador Axel Kicillof en su perfil en la red social X. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, ratificó, tras compartir el artículo.

Luego de haber leído la publicación de los representantes del Gobierno bonaerense, la senadora recriminó la postura de los dirigentes políticos. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas”, sostuvo al afirmar que la oposición se encontraba “siempre del lado de los delincuentes”.

“¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?“, profundizó Bullrich.

De la misma manera, la presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado chicaneó al gobernador por mantener la sección de los comentarios cerrados en su posteo. ”Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”, arengó.

Frente a estas declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires acusó a su ex par a nivel nacional de apropiarse “del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista”. Y reiteró que “la problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”.

“La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, apuntó Alonso, tras señalar que la manera de buscar una solución para el problema sería “como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”.

Así, el titular de Seguridad bonaerense reprochó a Bullrich que sería un paquete de medidas que nunca puso en marcha cuando tuvo la oportunidad. “Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo”, concluyó.

En el artículo de opinión publicado por este medio, el ministro había aseverado que “la Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”. Incluso, consideró que se trataba de una norma desactualizada, debido a que la actual legislación fue aprobada en agosto de 1980 por Jorge Rafael Videla.

“Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación”, sostuvo. Sin embargo, criticó la postura del Gobierno nacional, tras mencionar que en la Provincia de Buenos Aires se construyó una política de Estado para afrontar el problema.

Luego de aclarar que la actual ley permite encerrar a un menor que fuera considerado peligroso, Alonso remarcó: “Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común”.

Por este motivo, subrayó que “lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga”. No obstante, explicó que lo novedoso sería el Programa “Entramados”, que consiste en “programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana”.

“La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo”, resaltó el ministro de Seguridad al señalar que las escuelas serían un factor clave para disminuir la tasa de menores detenidos.

Según los últimos registros obtenidos en el marco de esta política, se descubrió que 5,2 millones de niños asisten a las escuelas todos los años. En contraparte, otros 5 mil menores son los que “se escurren” del sistema e inician una vida delictiva.

“Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes”, explicó Alonso al indicar que, en porcentaje, el fracaso representaría un 0,1%, contra 99,9% de efectividad.

A pesar de esto, el titular de Seguridad señaló que “el fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión”. Y concluyó: “Basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.