Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

También se establece la capacitación docente obligatoria en esta materia y la actualización de protocolos de actuación ante la aparición de casos concretos en las escuelas. Además, amplía el concepto de violencia, que ahora incluye la difusión no consentida de material íntimo (sextorsión o pornovenganza), el ciberbullying, el hostigamiento, y los discursos de odio misóginos en entornos virtuales, entre otras novedades.

La nueva norma se aprueba en medio de la repetición de nuevos casos videos realizados con inteligencia artificial en el que aparecen imagenes manipuladas de alumnas de colegios, realizados por sus compañeros de cursadas.

La regulación de las pantallas

En tanto, también se hizo ley un proyecto para regular el uso de las pantallas en los colegios secundarios, que fue presentado por el diputado Martín Rozas. Dispone que los alumnos pueden llevar sus teléfonos a la escuela, pero no pueden utilizarlos durante las horas de cursada. La idea es definir un “uso responsable” que contemple la no utilización de estos dispositivos en la jornada educativa.

La norma tiene excepciones pedagógicas y de salud: El uso de pantallas solo se permite cuando exista una finalidad pedagógica expresa y autorizada por el docente, o bien por cuestiones de salud específicas del estudiante.

Articulación con la primaria: con esta sanción se incorpora el nivel secundario a la Ley provincial N° 15.534. Esta normativa ya regulaba y limitaba el uso de dispositivos en el nivel primario -presentada por el senador Emmanuel González Santalla-, y unifica así los criterios para ambos niveles.

Fuente: Agencia DIB.

Las PASO y la Boleta Única Papel

Bianco vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos. “No se puede modificar el sistema solo para ganar una elección”, dijo.

En ese sentido, afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

Fuente: Agencia DIB