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El reclamo por la reelección de los intendentes del PJ llegó a la Rosada

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Unos 100 intendentes de la Provincia de Buenos Aires deberían dejar sus puestos en diciembre de 2023 porque la Ley Orgánica Municipal – que se modificó durante la gestión de María Eugenia Vidal- limita los mandatos comunales a dos períodos consecutivos. Varios de esos alcaldes pertenecen al Frente de Todos, administran municipios del Conurbano y fueron decisivos para que la diferencia de 4 puntos que Diego Santilli había conseguido en las PASO sobre Victoria Tolosa Paz se redujera a 1,3 en las legislativas del domingo.

La remontada electoral los empoderó y ahora reclaman su premio. Uno de ellos pasa justamente por revisar la normativa que les impediría ser reelectos en 2023. Es un reclamo que se escucha a uno y otro lado de la grieta,
pero en el que los jefes comunales del PJ pican en punta. Así se lo hicieron saber al presidente, Alberto Fernández, que en la noche del miércoles, después del multitudinario acto por el Día de la Militancia, recibió a unos treinta mandatarios de la zona norte y sur del Conurbano con un asado en la Quinta de Olivos. Fue una cena para repasar el resultado en las legislativas, en la que el jefe de Estado insistió en la necesidad de una PASO peronista y con la que buscó agasajar a quienes considera los hacedores de la recuperación electoral que el oficialismo festejó como una victoria. Los intendentes agradecieron el reconocimiento y, de paso, aprovecharon para “colar” eso que los inquieta
desde hace tiempo.

“Fue uno de los temas de debate y concluimos en generar un espacio donde podría surgir una propuesta que se discuta en la Legislatura”, reconoció el jefe comunal de Morón, Lucas Ghi, invitado al convite que Fernández compartió también con el Gobernador, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el titular de Diputados, Sergio Massa; el canciller Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Jorge Ferraresi (Hábitat). Estuvieron además el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, ambos intendentes con licencia.

También Katopodis, que antes de asumir en el Gobierno nacional fue jefe comunal de San Martín, se refirió a la posibilidad de la rereelección y señaló que “el Presidente ha manifestado estar de acuerdo en que ese tema se
pueda debatir”. Dijo además que “el Presidente, los intendentes y el Gobernador están analizando cuáles eran los mandatos que se podían ejercer de manera continuada para poner mayor claridad sobre la interpretación de
esa ley” y aclaró que “los intendentes que ya estaban en mandato pretenden que la ley no sea
aplicable en su caso”.

Es que la mayoría de los alcaldes, tanto delperonismo como de la oposición está atrapada por la ley que limita la posibilidad de permanecer en el cargo. De los 135 intendentes de la Provincia, 95 estarían impedidos de ir por
un nuevo período en 2023 porque la norma (la 14.836 sancionada el 21 de septiembre de 2016 durante el gobierno  de Vidal y en acuerdo con Massa) limita los mandatos comunales a dos consecutivos. Y como la norma se aplica en
forma retroactiva toma como primero el que empezaron a transitar en 2015, con lo que van por el segundo que arrancaron en 2019.

Una de las aspiraciones dentro del peronismo es derogar esa ley. En eso hay coincidencias con la mayoría de los jefes comunales opositores. En el ámbito de la Legislatura, el tema genera especial incomodidad en las filas opositoras porque hace cinco años varios de sus legisladores votaron poner un límite a las reelecciones. Y además, como el oficialismo no tiene mayoría, para reformar la ley necesitaría del apoyo de Juntos. Una de las propuestas en danza pasa por impulsar una modificación en la normativa para que no se tome al iniciado en 2015 como primer
mandato. Así, los alcaldes podrían presentarse para reelegir en 2023 por estar transitando el primer período de gobierno que arrancó en 2019. Aunque postergando su aplicación, esa reforma mantendría el límite a las reelecciones, una de las claves para que legisladores de Juntos levanten la mano.

Antes de que este debate volviera al seno de la Legislatura, intendentes del PJ comenzaron a tomar recaudos y, amparados en un artículo de la ley, pidieron licencia para asumir otros cargos. Con esa estrategia buscaron evitar
completar los dos años de mandato que les quedan y zafar de la prohibición. Pero esa interpretación podría ser cuestionada judicialmente y por eso vuelve la intención de avanzar con una reforma. Incluso, ya se menciona la posibilidad de que la Legislatura la trate (y quizá apruebe) antes de fin de año. Casi a modo de anticipo, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó ayer que la re-reelección “es algo que el Gobierno escucha
y va a tomar una decisión en algún momento”.

(ElDia)

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Presupuesto 2026: Kicillof “blindó” el gasto corriente para resistir el ajuste del Gobierno

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El proyecto de Presupuesto bonaerense 2026 que tomará estado parlamentario el miércoles próximo fue concebido por el gobernador Axel Kicillof como su principal arma política para confrontar el modelo de austeridad del gobierno de Javier Milei.

El mensaje que incluye la “ley de leyes” es claro y se constituye como una justificación política del gasto, pero no elude la confrontación y establece un diagnóstico lapidario de la situación.

“La economía argentina se encuentra transitando una situación de emergencia a partir de la crisis provocada por las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional desde diciembre de 2023”, arranca la herramienta presupuestaria con la que Kicillof se propone resistir al contexto de ajuste.

La necesidad de “blindar” el gasto social y la estructura estatal se basa en la premisa de que el territorio bonaerense es particularmente vulnerable a la recesión que atraviesa el país.

Según el documento oficial, “la provincia de Buenos Aires no es ajena a esta situación general, sino todo lo contrario: por sus propias características, las crisis se amplifican”. Esta emergencia obliga a la Provincia a destinar una porción abrumadora de sus recursos al funcionamiento diario.

Las planillas anexas confirman la estrategia: los gastos corrientes (destinados a salarios, servicios, transferencias sociales y funcionamiento de la estructura estatal) consumirán $39.86 billones, lo que representa el 92,6% del total presupuestado, una cifra récord que consolida el enfoque en el sostenimiento de servicios esenciales y la asistencia directa.

Este foco en el gasto corriente se da a costa de la inversión estructural: el gasto de capital (obra pública e inversión directa) apenas alcanza el 7,3% del total. Para poder suplir este déficit, la Provincia envió a la Legislatura el proyecto de endeudamiento, que ronda 3035 millones de dólares.

El gobierno de Kicillof justifica esta baja inversión con una crítica directa a la Casa Rosada. Al déficit económico, “se agrega el abandono del Estado nacional de sus funciones básicas, la interrupción de mil obras inconclusas en el territorio provincial y el recorte de transferencias obligatorias no automáticas”, plantea el presupuesto del Ejecutivo provincial.

El mensaje político de la Provincia insiste en que el foco del presupuesto está en paliar el daño social y productivo que genera la recesión.

El Ejecutivo bonaerense afirma que “el entramado productivo se deteriora a gran velocidad, el cierre de empresas se extiende en todo el territorio, el desempleo crece al mismo ritmo que se destruye la producción, los ingresos de las familias se derrumban y la vulnerabilidad social se multiplica”.

De esta manera, el Presupuesto 2026 queda definido como un “presupuesto de defensa“, un término que sintetiza la posición oficial, donde la mayor partida de gasto se explica por la obligación de sostener la red de contención frente a los efectos que la administración provincial atribuye directamente a las decisiones de la Nación.

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Reapareció Alberto Fernández: “Me costó un maltrato mediático que no merecía”

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El expresidente Alberto Fernández reapareció públicamente en el canal de streaming Blender, en el programa “Hay Algo Ahí”, y se refirió abiertamente al período de ostracismo mediático que experimentó tras dejar la presidencia, describiéndolo como un proceso de “cancelación”.

Fernández confesó que el trato recibido lo llevó a un aislamiento autoimpuesto, algo que nunca esperó.

“Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía, sinceramente, un proceso de cancelación mediático que nunca pensé que podía ser tan severo y que hasta me convenció a mí, que era mejor no salir,” declaró el exmandatario.

El expresidente relató que, poco a poco, fue recuperando “el aire” y las “fuerzas” para volver al debate público, motivado por la preocupación ante la situación actual de Argentina.

En tanto, Fernández explicó que dudó al aceptar la invitación al streaming, un formato que sentía “raro” para él, preguntándose si “quepo en ese lugar, tengo un lugar en ese lugar, no sé”.

La reaparición de Fernández en un medio de comunicación no tradicional marca un intento de recuperar su voz política fuera de los canales convencionales, tras haber pasado meses alejado del ojo público.

Sobre las acusaciones en su contra, el exmandatario reveló que entregó su teléfono y la clave al juez de la causa, pero denunció trabas para avanzar en la investigación.

“Los chats están manipulados. Yo entregué mi teléfono. Di la clave para que lo abran. Tuve que pedir que, por favor, que me lo periten. Porque no lo quería abrir el juez [Julián] Arcolini. Y lo abrieron y no existen esos chats,” aseveró Fernández.

El expresidente criticó duramente al juez a cargo de la causa, Julián Arcolini, calificándolo de “juez que da vergüenza que siga siendo juez”, y lo acusó de parcialidad al compararlo con su accionar en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

Respecto a su expareja, Fernández se mostró cauto, pero sugirió que fue manipulada para iniciar la causa, vinculando la situación a sus propias políticas de género.

“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada… La verdad es que yo soy cuidadoso de hablar con de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública. Pero la verdad es que yo lo que quiero es que ella lo explique, que ella lo aclare simplemente, que todo se aclare”, manifestó el expresidente.

Finalmente, Alberto advirtió que todo el material probatorio y la desmentida sobre la existencia de los chats se encuentra documentada en la causa judicial.

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Maxi Pullaro insiste en el reclamo de los fondos coparticipables y pide una “nueva redistribución de recursos”

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a expresar públicamente el reclamo de los fondos coparticipables al Gobierno Nacional y pidió una “nueva redistribución de recursos”.

El discurso se realizó en una fiesta local, donde el mandatario le solicitó al presidente Javier Milei, además del dinero que le corresponde a su provincia, “discutir” el sistema impositivo de la Argentina y apuntó contra la provincia de Buenos Aires.

“Santa Fe aporta cerca de 3.000 millones de dólares al Estado cada año, y lamentablemente, no recibe nada a cambio. Esos fondos terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires y, por eso, es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino”, aseveró Pullaro.

En la misma línea, y en referencia a las reformas que impulsa la gestión de Milei, en particular sobre la impositiva, el santafesino señaló que las retenciones, que cobra el Estado Nacional, son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina” y remarcó que se deberían bajar “todos los impuestos”, ya sean nacionales, provinciales y locales, “para poder producir más”.

Para finalizar, solicitó una redistribución “más equitativa” de los recursos porque sólo “se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires” y dejan de lado “el interior productivo”.

“Le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato”, concluyó.

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